Resolución 00172-2013

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare “1.- …con

lugar  en todos sus extremos la demanda contenciosa (sic)

administrativa interpuesta y consecuentemente, que se anulen los actos

administrativos impugnados: Resolución número 002-2008 dictada a las 8:00 horas

del 6 de agosto del 2008 por el Director Administrativo y Financiero del INCOP;

resolución de las 8:00 horas del 13 de agosto del 2008 dictada por la Dirección

Administrativa y Financiera del Instituto Costarricense  de Puertos del

Pacífico; resolución dictada a las 15:00 horas del 20 de agosto del 2008 por la

Gerencia General del INCOP; Acuerdo número 1 adoptado por la Junta Directiva

del INCOP en Sesión No. 3509 del 26 de agosto del 2008 y Oficio número

G.G.C.001427-2008 del 19 de septiembre del 2008. Esto a fin de restituir a la

empresa actora en el ejercicio de los derechos que le fueron violados. /

2.-

Que se ordene al INCOP devolver a Seguridad Camarias Sociedad Anónima la suma

de veintinueve millones ciento sesenta mil colones correspondiente a la

garantía de cumplimiento ejecutada en contra de la ley y del Derecho de la

Constitución, y que se ordene el pago de los intereses de ley respecto del

monto citado desde el momento en que se ejecutó la garantía de cumplimiento

hasta la fecha de su efectivo pago. /

Que se condene al INCOP y/o al Estado

al pago de los daños y perjuicios así como las costas procesales y personales

ocasionados con los hechos objeto de este proceso.

DAÑOS Y PERJUICIOS: /Se

concretan los daños, perjuicios y costas cuyo pago se solicita, con indicación

del motivo que los origina, en qué consisten y su estimación prudencial:

Daño Material: Solicitamos la

devolución del monto de la garantía de cumplimiento- ejecutada sin debido

proceso y las garantías que ésta comprendía, sin haber motivo para ello, según

ha quedado acreditado-, con los intereses legales devengados desde la fecha de

su liquidación hasta su efectivo pago. Siendo que prudencialmente fijamos sobre

estos rubros la suma de veintinueve millones ciento sesenta mil colones por

concepto de la garantía de cumplimiento ejecutada, más la suma de dos millones

quinientos un mil novecientos veintiocho colones.  Par (sic) un

total de colones treinta y un millones seiscientos sesenta y un mil

novecientos veintiocho colones. Monto que se actualizará en ejecución de

sentencia. /

Daño Moral : La ejecución de la garantía de

cumplimiento generó una imagen negativa para la empresa, pues su credibilidad

se vio cuestionada ante la opinión pública (potenciales clientes de la

empresa). Esto en virtud de que al efectuar la ejecución de tal garantía se

presume que la empresa ocasionó al INCOP daños y perjuicios que al menos

asciendan a la suma de veintinueve millones cientos (sic) sesenta mil colones,

siendo este hecho falso y altamente perjudicial para la imagen de la empresa.

Estimamos prudencialmente el monto correspondiente al daño moral en una suma de

treinta y cinco millones de colones. /

Perjuicios: Por los mismos

motivos señalados en el rubro de daño moral, la empresa ha dejado de percibir

las rentas provenientes de contratos de vigilancia que no se suscribieron

debido a la mala reputación de la empresa ocasionada por la actuación del

INCOP, en el sentido de ejecutar la totalidad de la garantía de cumplimiento,

dando por sentado el hecho absolutamente falso que señala que la empresa generó

daños y perjuicios al INCOP por al menos veintinueve millones cientos (sic)

sesenta mil colones. Estimamos estos perjuicios en la suma de doscientos

cincuenta millones de colones. /

Cosas (sic) Procesales:

Por concepto de honorarios por trámites y gestiones administrativas y

judiciales; cuyos montos se determinarán en la fase de ejecución de sentencia,

requerimos el pago de cuarenta y siete millones setecientos veinticuatro mil

doscientos ochenta y nueve colones. Siendo que se calculan los honorarios

de abogado sobre el importe total de la condenatoria pretendida, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Ejecutivo vigente número

DE-32493. /

Costas Personales : Estimamos éste rubro en la

suma de un millón quinientos mil colones .”

El

apoderado del Instituto demandado contestó negativamente e interpuso las

excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva.

Los días

18 de mayo de 2010 y el 9 de noviembre de 2010, se realizó la audiencia

preliminar. El Juez Tramitador declaró el asunto de puro derecho.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, integrada por la Jueza

Marianella Álvarez Molina y los Jueces Otto González Vílchez y Juan Luis Giusti

Soto, en sentencia no. 118-2011-VI de las 11 horas 30 minutos del 16 de mayo de

2011, resolvió: “Se rechaza la excepción de falta de legitimación activa y

pasiva. Se declara con lugar la excepción de falta de derecho. Se declara sin

lugar en todos sus extremos la demanda presentada por Seguridad Camarias

S.A. contra el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

Se condena a la parte actora al pago de las costas procesales y personales de

este proceso.”

El apoderado de la empresa actora formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

El 4 de agosto de

2009, la empresa Seguridad Camarias Sociedad Anónima, presentó demanda

contencioso administrativa contra el Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico (INCOP). Pretende la nulidad absoluta de las siguientes resoluciones y

actos administrativos, todos del INCOP: 002-2008 de las 8 horas del 6 de agosto

del 2008 del Director Administrativo y Financiero; de las 8 horas del 13 de

agosto de 2008 de esa misma Dirección; de las 15 horas del 20 de agosto de 2008

de la Gerencia General; acuerdo no.1 de la Junta Directiva, adoptado en sesión

no. 3509 del 26 de agosto de 2008; oficio G.G.C.1427-2008 del 19 de setiembre

del 2008. Solicita, se le ordene al demandado devolverle la suma de

¢29.160.000,00 que corresponden a la garantía de cumplimiento ejecutada, más el

pago de los intereses de ley sobre ese monto desde el momento en que se ejecutó

la garantía hasta la fecha de su pago efectivo. Requiere además el pago de los

daños y perjuicios por los siguientes importes: ¢31.661.928,00 daño material;

¢35.000.000,00 daño moral; ¢250.000.000,00 perjuicios; ¢47.724.289,00 costas

procesales; ¢1.500.000,00 costas personales.  Posteriormente, en la

audiencia preliminar celebrada a las 9 horas 13 minutos del 18 de mayo de 2010,

se ajustaron parcialmente las pretensiones en cuanto a los rubros por daño

material y daño moral, los cuales se ampliaron a ¢51.101.928,00 y ¢308.979.138,50

respectivamente. Asimismo, respecto de la afectación material, la actora

incorporó una nueva suma por ¢137.746.194,00, a fin de cubrir los costos de la

inversión ocasionada. El ajuste de dichos extremos fue ratificado en el

desarrollo de la audiencia de las 9 horas 19 minutos del 17 de marzo de 2011.

De oficio, se declaró la rebeldía de la parte demandada. El INCOP contestó

fuera de plazo negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y

legitimación activa y pasiva. El Tribunal resuelve en el siguiente sentido: “Se

rechaza la excepción de falta de legitimación activa y pasiva. Se declara con

lugar la excepción de falta de derecho. Se declara sin lugar en todos sus

extremos la demanda presentada por Seguridad Camarias S.A. contra el Instituto

Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP). Se condena a la parte actora al

pago de las costas procesales y personales de este proceso.” Esta última

formula recurso de casación. Esta Sala reformuló el orden de los agravios y

admitió parcialmente el recurso. Se rechazó de plano en cuanto a algunos

extremos.

Casación por violación de normas procesales.

La casacionista

realiza una exposición previa de los argumentos fácticos y jurídicos que

considera relevantes. Se refiere a los acontecimientos en sede administrativa y

judicial. Invoca dos agravios de esta naturaleza, que la Sala reordena de la

siguiente manera. Primero, aduce, se le causó indefensión. Estima,

existe incongruencia ya que la sentencia omitió transcribir los montos

sobre daños, perjuicios y costas, tal como fueron ajustados en la audiencia

preliminar. Según su dicho, en el primer resultando, el Juez ponente describió

sumas diferentes a las pretendidas por esos conceptos; con ello, asevera, pasan

desapercibidos los ajustes en los extremos de la demanda. Además, a la hora de

describir el objeto del proceso, en el considerando segundo, dice, el Tribunal

se equivoca respecto de las cantidades que pretende, le sean canceladas.

Lo que se acusa, no es

un vicio de tal magnitud que implique la nulidad del fallo. De ser cierto el

reproche, no se concreta en qué consiste el perjuicio que es la base del

recurso. En todo caso, si bien el primer resultando describe las pretensiones

que acompañaron el escrito de demanda, el Tribunal tomó nota de los ajustes en

las pretensiones, lo que se deduce de los resultandos tercero y sétimo, en los

cuales consta su ampliación, de acuerdo con los montos visibles a los folios

44, 45, 46 y 47 del expediente judicial. Asimismo, los considerandos segundo y

quinto contemplan los montos por daños y perjuicios debidamente ajustados y

sobre esa base, declaró sin lugar la demanda. Ahora bien, cualquier omisión en

la transcripción de esas sumas, constituye un error material que no tiene

por sí, la virtud de afectar en su esencia la resolución recurrida. Así las

cosas, el Tribunal resolvió partiendo de los extremos solicitados; hizo

referencia a los diferentes elementos de juicio que le fueron propuestos, sin

apartarse del objeto del proceso, tal y como fue dispuesto por la parte actora.

En el segundo

reparo endilga falta de motivación. Enfatiza, el Tribunal no se

pronunció sobre muchos de los argumentos. Advierte, la resolución tiene varias

faltas. Se lesiona seriamente el deber de fundamentación reconocido por la ley

y el Derecho de la Constitución como parte de la garantía del debido proceso

adjetivo. Acusa, se resolvió sobre una falacia de causa falsa. Se declaró con

lugar la excepción de falta de derecho sin la debida justificación. Conforme su

dicho, el yerro se produce al afirmar que el incumplimiento contractual (tema

que insiste, no es objeto del proceso), tiene como consecuencia directa y

automática la pérdida de los derechos de la empresa, particularmente la

garantía del debido proceso, la cual, según su parecer, implica cuantificar y

acreditar por medio de un informe técnico los montos que corresponden a los

daños y perjuicios que se generaron a raíz del incumplimiento contractual, como

requisito indispensable para ejecutar la garantía. Mantiene, el fallo adolece

de una errónea fundamentación pues afirma que el incumplimiento contractual,

tiene como consecuencia directa y automática, la pérdida de todos los derechos

que la ley y el Derecho de la Constitución le otorgan. Insiste, la

Administración debe observar la garantía del debido proceso, cuantificar y

acreditar los montos correspondientes a los daños y perjuicios producidos, como

requisito -sine qua non- para ejecutar la garantía de cumplimiento; sólo en el

monto que corresponde, lo cual debe ser acreditado mediante un informe técnico.

Prosigue, existe confusión con las resoluciones vinculantes de la Sala

Constitucional en materia de garantías de participación y cumplimiento. Exalta,

en el aparte del resultando, no se resumieron todos los hechos y

argumentos en los que fundamentó sus pretensiones. Menciona, la parte

dispositiva deviene falaz, sin que se le permitiera (de previo a la sentencia),

reclamar esa omisión, lo cual conduce a un por tanto que no se fundamenta en

los hechos ni en los argumentos de la parte actora. En similares términos,

enuncia, la resolución no valoró, todos los elementos probatorios aportados; ni

contiene los hechos no demostrados por el demandado. Señala, el INCOP nunca

acreditó que la empresa generara daños y perjuicios por el incumplimiento

contractual. Continúa, si bien el INCOP fue declarado rebelde, no procede

aplicar la ley en el sentido de que se tienen los hechos de la demanda como

probados, sin considerar para ello las argumentaciones de ambas partes.

Expresa, el Juez decide de mutuo propio y arbitrariamente sobre la prueba que

incluye o excluye. Adiciona, se declaró con lugar la excepción de falta de

derecho, sin considerar ninguno de los argumentos de la parte actora, a fin de

fundamentar su improcedencia.

Esta Cámara ya se ha

pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la falta de fundamentación como

motivo procesal. Este vicio se produce cuando las razones por las cuales el

juzgador adoptó su decisión no se encuentran plasmadas en el fallo, o bien, su

desarrollo resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma que se impida

tener claridad en cuanto a los razonamientos que le dan sustento a la parte

dispositiva de la sentencia. Pueden consultarse los votos no. 126-F-S1-2009 de

las 15 horas 45 minutos del 5 de febrero de 2009 y en forma más amplia el

137-F-S1-2010 de las 9 horas 31 minutos del 28 de enero de 2010. No debe

confundirse este tipo de reproche, con un mecanismo para entrar a discutir

sobre la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba, o con un medio

para atacar los criterios contemplados en la resolución. El cargo que describe

el artículo 137.1.d del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) no

aplica para efectos de determinar si el Tribunal se refirió sobre todas las

pruebas o los hechos planteados en el proceso, o si fue acertado o no, en

cuanto al fondo del asunto. Como ya se dijo, la fundamentación se encuentra

constituida por los razonamientos fácticos y jurídicos, que conforman el

basamento sobre el cual se asienta la parte dispositiva del fallo. El juzgador

habrá de subsumir los hechos relevantes del caso concreto en los preceptos

jurídicos que considera aplicables y que serán el soporte de su

pronunciamiento. En otro orden de ideas, los alegatos de las partes no obligan

a los juzgadores a pronunciarse sobre aquellos argumentos que se estimen

inconexos, impertinentes, irrelevantes, repetitivos o confusos. Resulta

suficiente consignar la deducción intelectiva a fin de verificar la procedencia

o en su defecto improcedencia de las pretensiones, a partir de sus elementos

relevantes. En ese sentido, no procede la causal de falta de fundamentación, ni

se genera indefensión alguna, en la medida que exista un razonamiento, fáctico

y jurídico. En la especie, ciertamente, el Tribunal no hizo uso de la totalidad

de pruebas aportadas por la actora a fin de tener por demostrados todos los

hechos de la demanda, ni se refirió en detalle a todos y cada uno de sus

argumentos; sin embargo, de un análisis de la sentencia, dicho pronunciamiento

deviene en innecesario. Sin entrar a valorar el fondo del asunto, lo que es

impropio con ocasión de un vicio procesal, los juzgadores sustentaron

ampliamente lo decidido. En lo que interesa, cimentó su pronunciamiento en el

desarrollo de las normas 14 y 34 de la Ley de Contratación Administrativa; 41 y

205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sobre la ejecución

de garantías de cumplimiento. Asimismo, resumió y desarrolló un análisis

ordenado sobre los acontecimientos en sede administrativa en relación a los

argumentos planteados, la naturaleza de la garantía, el procedimiento para su

ejecución y concluye que el incumplimiento del contrato por parte de la empresa

Seguridad Camarias S.A., apareja la ejecución de la totalidad del monto

depositado. En su recurso, la actora confunde el vicio de falta de

fundamentación como causal procesal con una serie de inconformidades generales,

o reproches de naturaleza sustantiva. No obstante, el planteamiento de las

partes no limita para que, en el ejercicio de sus competencias esta Sala los

valore en su correcta dimensión. De este modo, los razonamientos sustanciales

emitidos por la casacionista, se analizarán en conjunto con los motivos de esa

naturaleza, procediendo por ahora como en efecto se dispone a desestimar el

cargo.

Casación por violación de normas sustantivas.

VI- En el único

motivo, endilga, la resolución es contraria a la ley y al Derecho de la

Constitución por aplicar e interpretar indebidamente y/o desaplicar los

artículos 11, 33, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 49 de la Constitución Política; 58

siguientes y concordantes del CPCA; 1 a 14, 128 a 136, 158, 162, 163 al 172 de

la Ley General de la Administración Pública (LGAP); 1, 14 y 34 de la Ley de

Contratación Administrativa (LCA); 16, 40, 41 y 45 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa; 1, 2, 32 y 33 del Reglamento General de

Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico. En igual sentido, denuncia, el fallo viola el Derecho de la

Constitución, la garantía del debido proceso, los principios constitucionales

en materia de contratación administrativa, de legalidad, igualdad y

razonabilidad. Transcribe una serie de resoluciones del Tribunal Contencioso

Administrativo y de la Sala Constitucional. Mantiene, los fallos de esta última

son vinculantes para el Tribunal. Es falso, argumenta, que la garantía de

cumplimiento constituye una tasación anticipada de los eventuales daños y

perjuicios. Explica, la demandada debió actuar como en su oportunidad lo hizo

la Caja Costarricense del Seguro Social en el tratamiento de un caso similar de

cuya existencia aportó prueba. Arguye, la ejecución de la garantía de

cumplimiento sin un informe técnico que contenga la cuantificación de los

costos (daños y perjuicios), es una violación al deber de fundamentación. Si

bien el Tribunal aplica los artículos 34 y 14 de la LCA y 41 de su Reglamento,

afirma, no los valoró correctamente al resolver. Opina, se basó en una

resolución de la Sala Constitucional que trata sobre la ejecución de una garantía

de participación, a pesar de que el caso versa sobre una de cumplimiento. La

resolución, a su juicio, confunde ambas garantías, y resuelve sobre la base de

que el incumplimiento contractual es -por si mismo-, sinónimo de ejecución de

la totalidad de esa última. Argumenta, no se acreditó que el incumplimiento

contractual le generase daños y perjuicios a la Administración, por un monto

igual a la garantía de cumplimiento a fin de ejecutarla en su totalidad.

Precisa, a pesar de que la sentencia no contempló un elenco de hechos no

probados, se afirma que la actora no comprobó que se le causaran daños y

perjuicios; aún cuando, según lo enuncia, existe un nexo causal entre las

conductas impugnadas, los daños, perjuicios y costas que le fueron generados.

Añade, los Juzgadores se empeñan en acreditar el incumplimiento contractual,

aún cuando ese no es el objeto del proceso. Advierte: “…enfatizamos

verbalmente, y así lo entendieron claramente tanto el señor Juez Tramitador

como el representante del INCOP, que la parte actora no pretendía cuestionar

los hechos que sobre el incumplimiento contractual se produjeron…”.

Es falso, puntualiza, que el INCOP acreditara la estimación de los daños y

perjuicios, pese a que le corresponde la carga de la prueba sobre su generación

y cuantificación. El hecho de que se diera un incumplimiento contractual,

agrega, no exime a la Administración de ejecutar el monto preciso que

corresponda a los daños y perjuicios efectivamente irrogados, los cuales deben

ser acreditados por medio de un informe técnico. Recrimina, resulta contrario

al ordenamiento jurídico, ejecutar la totalidad de la garantía de cumplimiento,

sin cuantificar previamente la afectación patrimonial. El INCOP, recalca,

ordenó ejecutar la citada garantía sin que mediara una resolución debidamente

motivada. Asimismo, dictó una serie de resoluciones sin considerar los

argumentos fácticos, jurídicos y probatorios de la empresa. Concluye, no se

observó el debido proceso ya que no medió un informe técnico contable que

cuantifique los costos derivados del incumplimiento. El proceso de resolución

contractual, enfatiza, respetó los derechos del INCOP a fin de garantizar que

la cesación del contrato, no le generase ningún daño o perjuicio. Aún así, de

conformidad con el oficio G.G.C.001427-2008 del 19 de setiembre de 2008, el

Banco Lafise S.A. procedió a otorgar al INCOP el monto de ¢29.160.000,00 lo que

corresponde a la totalidad del importe depositado, con lo cual se le ocasionó

una disminución ilegítima al patrimonio de la empresa. Insiste, contrario a lo

que describe el Tribunal, la carga de la prueba sobre la existencia y

cuantificación de los daños le corresponde a ese Instituto.

Recapitulando sobre lo

acontecido en sede administrativa, Seguridad Camarias S.A. fue contratada por

el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico para prestar servicios de

vigilancia privada en Puntarenas, Caldera, San José, Golfito y Quepos

(licitación pública 2007LN-000001-01).  La contratista depositó una

garantía de cumplimiento emitida por el Banco Lafise el 6 de setiembre de 2007

por la suma de ¢29.160.000,00. Posteriormente, a raíz de la imputación de una

serie de incumplimientos, el Director Administrativo y Financiero emitió la

resolución 002-2008 de las 8 horas del 6 de agosto de 2008. En ese mismo acto

se trasladaron los cargos al contratista, se decidió resolver el contrato y

ejecutar la garantía de cumplimiento con base en los siguientes aspectos: los

vigilantes no cumplen con los requisitos para el desempeño de sus labores; no se

encuentran inscritos en el Departamento de Seguridad Privada del Ministerio de

Seguridad Pública; aún cuando manejan armas de reglamento, no tienen los

permisos de portación respectivos; no cuentan con la capacitación requerida ni

con los implementos básicos tales como linterna, vara policial, uniforme

completo, equipos de comunicación. Sobre la ejecución de la garantía indicó: “Siendo

que en la especie se ha determinado un incumplimiento evidente y manifiesto del

Contrato (sic) de vigilancia, ya que el mismo contratista ha aceptado que

existen aspectos que no han subsanado, que dicha actitud hace que la

Administración se vea en la necesidad de realizar una serie de investigaciones,

iniciar el proceso de resolución del presente contrato e iniciar un nuevo proceso

para la contratación del servicio de vigilancia incurriendo en gastos que no

estaba obligado a realizar por el incumplimiento contractual de que ha sido

objeto el CONTRATISTA, en perjuicio del INCOP, por lo que debe ejecutarse la

garantía de cumplimiento, sin que con ello se exima del cobro por la vía

judicial de daños y perjuicios que se puedan determinar al momento de la

finalización del contrato.”   La empresa presentó recurso de

revocatoria con apelación en subsidio. El primero se declaró sin lugar por

resolución de las 8 horas del 13 de agosto de 2008. Al ser las 15 horas del 20

de agosto de 2008, la Gerencia General anuló la resolución de las 8 horas del

13 de agosto de 2008. En acatamiento del acuerdo de la Junta Directiva número 2

de la sesión 3505 del 5 de agosto, determinó: “Resolver el Contrato de

Vigilancia firmado con la empresa de Seguridad Camarias sociedad (sic) Anónima

dentro de la licitación pública 2007LN000001-01 “servicios de vigilancia

privada para el INCOP” así como ejecutarle la respectiva garantía de

cumplimiento, conforme recomendación emitida por la Gerencia General mediante

oficio GGC 01049-2008 del 31 de julio de 2008…” Asimismo, manifiesta, para

no causar indefensión, se notifica nuevamente el acto administrativo 002-2008 de

las 8 horas del 6 de agosto de 2008. La empresa presentó un nuevo recurso de

apelación el cual se declaró sin lugar por acuerdo de la Junta Directiva no. 01

de la sesión no. 3509 del 26 de agosto del 2008. Por oficio G.G.C.001427-2008

del 19 de setiembre de 2008 la Gerencia General, solicitó al Banco Lafise, la

ejecución de la garantía por la totalidad del monto depositado.

En lo conducente, el

Tribunal desarrolló una exposición acerca de la naturaleza y propósito de la

garantía de cumplimiento. Indica, se trata de una tasación previa o anticipada

de los eventuales daños y perjuicios en que incurra el contratista. Explica,

consiste en un mecanismo de protección a favor del ente contratante. Continúa,

es un medio por el cual se cuantifica el monto básico de los detrimentos que

eventualmente, le ocasione el contratante. La causa para ejecutarla es

verificar el incumplimiento comprobado. Analizó los artículos 14 y 34 de la

LCA; 41 del Reglamento a dicha Ley. Considera, se debe dar el derecho de audiencia

previo a ejecutar la garantía, a fin de que el interesado presente sus pruebas

de descargo. Para los jueces, en la audiencia, le corresponde al contratista,

demostrar, hasta que punto, su incumplimiento causó un dañó a la

Administración, y cual será el monto a ejecutar por esta última. En ese

sentido, razona, la carga de la prueba, a efectos de justificar una ejecución

parcial, constituye una obligación del contratista. Se indica en el fallo, que

el monto depositado es una estimación mínima de los daños y perjuicios, y por

ello, al adjudicatario le compete demostrar que esa suma debe ser reducida. De

tal suerte, opina el Tribunal, a raíz de la demostración del incumplimiento, la

entidad pública tendrá derecho a liquidar la totalidad de la suma otorgada siempre

que se respete el debido proceso y se justifique de forma proporcionada, las

razones para su ejecución. Describe, el traslado de los cargos requiere

contener al menos: 1) el presunto incumplimiento y sus pruebas. 2) los daños

que fueron provocados. Denota, el numeral 42 de la RLCA no exige que se

demuestre, solo su estimación, y 3) la suma a liquidar, que será la totalidad

del importe otorgado en garantía. Según describe el fallo, dicho monto se

encuentra previamente definido en relación al precio total del contrato, en ese

sentido, el contratista lo conoció desde el momento que realiza el depósito, en

la fase de perfeccionamiento de la relación contractual. Interpreta, de frente

a la decisión de liquidar la totalidad del importe, no se requiere informar de

ello en el traslado de los cargos; reitera, el contratista ya conoce el monto

desde que realiza su depósito al inicio de la contratación. Aclara, tanto la

normativa aplicable como la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no

obligan a presentar un informe técnico contable que cuantifique el monto a

ejecutar. Enuncia, es ilógico que se deba gastar recursos para cuantificar los

daños y perjuicios cuando estos se encuentran tasados por anticipado. 4) los

argumentos de descargo y fundamente las razones para ejecutar la garantía. En

la línea del Tribunal: “…si la Administración cumple con la naturaleza

propósito y procedimiento de ejecución de la garantía de cumplimiento, en los

términos explicados anteriormente, no existirá ningún quebranto al ordenamiento

jurídico y la apropiación final de la suma dineraria de garantía de

cumplimiento será un acto legítimo y legal.”  A partir de lo dicho, el

Tribunal tuvo por demostrado el incumplimiento contractual de la parte actora,

y declaró la conformidad de los actos cuestionados con el ordenamiento

jurídico.

Tal como lo indica la

parte actora, los alcances del incumplimiento contractual no forman parte del

objeto de este proceso. En efecto, esta Sala concluye, que a pesar de que

Seguridad Camarias S.A. pretende la nulidad total de los actos administrativos,

lo cierto es que sus alegatos se circunscriben exclusivamente a censurar de una

manera parcial, el pronunciamiento del Tribunal sobre el tema de la ejecución

de la garantía. En ese sentido, aún cuando ambos extremos se resolvieron en el

mismo procedimiento, ese primer aspecto no fue objeto de debate en el

desarrollo del presente proceso, ni existe contención, controversia o

disconformidad alguna respecto de la resolución por incumplimiento. De tal

suerte, el análisis se limitará a la ejecución de la garantía, sin entrar a

conocer, se reitera, aspectos referentes a la validez de los actos

administrativos, en lo que se refiere a la resolución contractual.

En torno al punto de

interés, el artículo 14 de la LCA dispone: “Cuando un oferente o un

contratista incurra en incumplimiento, la Administración podrá hacer efectiva

la garantía correspondiente. La decisión administrativa de ejecutar esa

garantía debe ser motivada y se dará audiencia previa al interesado para

exponer su posición .”  (el subrayado no corresponde al

original) En esta línea, esta Cámara ha indicado: “… la ejecución de la

garantía de cumplimiento fue ordenada en forma automática y como consecuencia

directa e inmediata de la terminación anormal del contrato. Lleva razón el

recurrente al afirmar que esta tiene naturaleza resarcitoria, y no punitiva,

tal y como se desprende del numeral 34 de la Ley de Contratación

Administrativa, el cual establece que dicho instrumento se ejecutará hasta por

el monto necesario para resarcir los daños y perjuicios irrogados por el

adjudicatario. Esto confirma que se trata de un mecanismo mediante el cual se

procura asegurar, al menos en forma parcial, la lesión patrimonial aducida por

el ente contratante, sin necesidad de acudir a un proceso de conocimiento a fin

de generar un título para el cobro respectivo. El párrafo final de la norma

citada confirma lo expuesto, según el cual, cualquier saldo al descubierto

resultante no exime al contratista del pago respectivo. Asimismo, lo

manifestado resulta consecuente con el contenido del numeral 205 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa, en donde se establece la obligación de

la Administración de presentar, en el inicio del procedimiento administrativo

instaurado para resolver el contrato, la liquidación de los daños y perjuicios

causados por el contratista, en cumplimiento del principio del debido proceso,

en general, y el de intimación, en particular. No cabe duda que, en virtud

de la finalidad resarcitoria de la garantía de cumplimiento, la liquidación y

demostración, en procedimiento administrativo, del daño sufrido resulta un

requisito esencial para la legítima ejecución, por lo que, ante la ausencia de

dicho requisito, la decisión adoptada, sobre este aspecto específico, carece de

fundamento.”   (lo subrayado no corresponde al original)

(resolución 371-F-S1-2009 de las 11 horas del 16 de abril del 2009). Así las

cosas, para efectos de ejecutar la garantía, la Administración estará obligada

a determinar con precisión y claridad varios aspectos: las actuaciones u

omisiones del contratista, la certeza sobre la existencia del daño y/o

perjuicio, su cuantificación por los medios que resulten idóneos, y la relación

de causa efecto entre la afectación generada y el proceder del contratista a

fin de acreditar el nexo de causalidad que señala a este último como autor

responsable del detrimento patrimonial sufrido. Todo lo anterior se debe

comunicar al interesado en el desarrollo del procedimiento administrativo,

conforme lo establece el artículo 136 de la LGAP bajo pena de nulidad absoluta,

si se omitiere, por violación al derecho de defensa. Ahora bien, la cuantía de

los daños y/o perjuicios que es lo que en definitiva interesa, variará

dependiendo de las proporciones del daño causado y de ello dependerá, en los

términos del artículo 34 de la LCA. Tal como lo establece el artículo 41 del

RLCA la garantía “…se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el monto

necesario para resarcir a la Administración, por los daños y perjuicios

ocasionados por el incumplimiento del contratista.”  Contrario a lo

expuesto, la Administración y también la sentencia recurrida soslayaron este

aspecto. El Tribunal se limitó a redundar sobre los efectos del incumplimiento,

a indicar las razones por las que estima se causa un daño, que son las mismas

dispuestas en la resolución administrativa que dio traslado a los cargos, a

saber: “la necesidad de realizar una serie de investigaciones, iniciar el

proceso de resolución del presente contrato e iniciar un nuevo proceso para la

contratación del servicio de vigilancia incurriendo en gastos que no estaba

obligado a realizar por el incumplimiento contractual.” Finalmente, y con

base en la indicación de los detrimentos sufridos, validó la liquidación como

una consecuencia automática y directa del incumplimiento, lo cual es contrario

a los principios de legalidad, y el debido proceso. En esa lógica; por la

manera como se presente la carga probatoria en este caso, si la Administración

afirma que se le causó un detrimento patrimonial, está obligada a demostrarlo,

cuantificarlo e informarlo al eventual responsable, a fin de que este

fundamente su defensa con base en una estimación real y precisa. En otro orden

de ideas, si se parte de que el INCOP no informó sobre la suma precisa que

pretende ejecutar, no resulta procedente trasladarle al contratista la carga de

la prueba a efectos de que demuestre la menor magnitud o eventual inexistencia

del daño, en relación con el monto total previamente depositado. Eso implicaría

invertir la responsabilidad de la Administración, a quien compete en primer

término, determinar los daños, suscitando un estado de indefensión en perjuicio

del contratista. Asimismo, la no especificación de los daños causados podría

generar dos eventuales situaciones que resultan disconformes con el

ordenamiento. En un primer supuesto se podría presentar un enriquecimiento sin

causa a favor del ente público, en detrimento del patrimonio del contratista,

en los casos en que la magnitud del daño sea de menores alcances pecuniarios

con relación al monto depositado y automáticamente ejecutado. En un segundo

escenario, la Administración dejaría de recuperar las sumas que superen el

depósito, en los casos que el menoscabo patrimonial exceda ese monto, lo que

redundaría en un beneficio irregular para el infractor y una correlativa lesión

para el ente público, el cual recuperaría solo de manera parcial, los efectos

del daño, actuación que es contraria al principio de reparación integral cuyo

derecho y deber le asisten a la Administración. En ambas hipótesis se genera

una transgresión al marco jurídico de referencia. Con lo dicho, esta Cámara no

prejuzga sobre la existencia y cuantía de las eventuales afectaciones que

afirma el ente demandado haber sufrido, tema cuya determinación es de su

resorte exclusivo. De tal suerte, como responsable directo de los fondos

públicos que administra, le corresponde en este caso al INCOP demostrar, el

cuantum específico de los daños y perjuicios que se generan a raíz del

incumplimiento, los cuales pueden ser menores, iguales o mayores a la suma

depositada como garantía de cumplimiento. En esa inteligencia, deberá el

ajustar su conducta al ordenamiento, proceder como en Derecho corresponda,

determinando e imputando con claridad, la existencia, cuantificación y nexo

causal, entre los daños y/o perjuicios eventualmente causados y las actuaciones

u omisiones del presunto responsable, extremos que deberán ser expresamente

comunicados en el desarrollo del procedimiento administrativo que deberá

desarrollarse a efectos de que la empresa ejerza su derecho de defensa en el

marco de las garantías del debido proceso.

Por las razones

descritas, esta Sala concluye, que la resolución recurrida en lo que es objeto

del recurso, viola de manera directa, por indebida interpretación, los

numerales 11, 39, 41,  de la Constitución Política, 11, 128, 136 de la

LGAP; 14 y 34 de la LCA, 41 del RLCA en virtud de que consideró innecesaria una

cuantificación clara y precisa del monto a cubrir por concepto de daños y

perjuicios a efectos de proceder con la ejecución de la garantía de

cumplimiento depositada por la empresa Seguridad Camarias S.A. para garantizar

el contrato suscrito en la licitación 2007LN-000001-01.

Finalmente, debe

decirse que no se observan reclamos directos y formales en el recurso acerca de

los daños y perjuicios, por lo que al ser la casación un recurso en relación,

no tiene esta Sala competencia funcional para entrar a su análisis. En todo

caso, por la forma como se resuelve, procede su rechazo. No es posible

establecer un nexo de causalidad directo y adecuado entre los extremos

pecuniarios pretendidos por la empresa Seguridad Camarias S.A. a raíz de la

ejecución de la garantía, en tanto la Administración no corrija lo actuado y

ajuste su conducta al bloque de legalidad, en los términos que fueron

dispuestos, si es cierto que se le causa perjuicio.

Atendiendo a lo expuesto, el

recurso deberá declararse con lugar. En consecuencia, en lo que fue objeto de

impugnación, procede anular la sentencia recurrida que acogió la excepción de

falta de derecho y declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos e impuso

las costas a la actora. En su lugar, fallando por el fondo, se deberán rechazar

las defensas formuladas y se acogerá parcialmente la demanda en los siguientes

términos. De conformidad con los artículos 122.b del CPCA y 164.2 de la LGAP se

declarará la nulidad parcial de las resoluciones administrativas: 002-2008 de

las 8 horas del 6 de agosto del 2008 del Director Administrativo y Financiero;

de las 8 horas del 13 de agosto de 2008 de esa misma Dirección; de las 15 horas

del 20 de agosto de 2008 de la Gerencia General; acuerdo no.1 de la Junta

Directiva, adoptada en sesión no. 3509 del 26 de agosto de 2008, todas del

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, únicamente en lo que respecta

a la ejecución de la totalidad de la garantía de cumplimiento, quedan a salvo

esos actos en lo que se refiere a la resolución por incumplimiento contractual,

tema que no fue objeto de debate ni formó parte del contradictorio en el

desarrollo de este proceso. A partir de lo indicado, se mantiene el rechazo de

los restantes extremos de la demanda. Se ordena al INCOP actuar como

corresponde, a efectos de ajustar su conducta al ordenamiento jurídico. Se

imponen ambas costas del proceso al citado Instituto las cuales deberán

liquidarse en fase de ejecución (artículo 193 del CPCA).