Resolución 17397-2019

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:55 horas del

27 de setiembre de 2018, los accionantes solicitan que se declare la

inconstitucionalidad de la ley No. 9590 de 3 de julio de 2018 denominada

“Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano

y Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado”

.

Lo anterior, por estimarla contraria a lo dispuesto en los artículos 9, 50 y

89 de la Constitución Política, a los principios precautorio, de objetivación

y de no regresión en materia ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la

Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas

Escénicas Naturales de los Países de América, en el Convenio Regional

para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el

Desarrollo de Plantaciones Forestales del Sistema de Integración

Centroamericana, en los ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional

(Convenio Ramsar), en el ordinal 6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre

Pueblos Indígenas y Tribales y en los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas. Argumentan que mediante el artículo 1 de la ley (que, a su vez,

modifica el ordinal 18 de la Ley Forestal), se incluye una nueva actividad en

las zonas llamadas patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua

en sitios de alta fragilidad, en ecosistemas boscosos ricos en biodiversidad,

lo cual conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos

por donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes (v. gr.

embalses de captación, casetas de bombeo para impulsión del agua, etc.).

Acusan que tales obras implican una serie de impactos negativos en el

ambiente tales como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la

realización de obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, etc.. Alegan que

sobre dicha modificación no existe, en el respectivo expediente legislativo,

un solo registro donde consten todos los referidos sitios considerados

patrimonio natural del Estado, los números de áreas a impactar o bien

estudios técnicos que descarten los impactos negativos dentro de los sitios

de protección, los costos, las repercusiones en la biodiversidad, etc...

Afirman que no se contó con un soporte técnico que justificara y

cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de kilómetros o

de decenas de estos en sitios de protección. Manifiestan que se elaboró, sin

fundamento técnico o científico, una modificación legislativa que amplía un

uso que conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son

patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas. Sostienen que la

omisión anterior no se solventa al indicarse en el artículo 2 (que adiciona el

ordinal 18 bis de la Ley Forestal), que todas las obras “deberán ser

ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor

impacto

ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto

ambiental que corresponda”. Agregan que el hecho que no se solicite un

estudio de impacto ambiental para futuros acueductos dentro del

patrimonio natural del Estado de forma expresa y clara, genera una duda, en

el sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el instrumento

técnico apropiado. Alegan que lo anterior afecta colateralmente el proceso

de participación pública de la ciudadanía vinculado directamente con la

realización de los estudios de impacto ambiental. Indican que también era

necesario que se exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto

con los estudios de impacto ambiental, ya que por medio de la primera se

puede analizar el escenario de las necesidades, así como los impactos

regionales generados a partir de la instalación de acueductos en un sitio

considerado patrimonio natural del Estado o área silvestre protegida. De

otra parte, consideran que, sin justificación alguna, el artículo 2 (que crea el

ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son patrimonio natural del

Estado y que pertenecen a las administraciones públicas (a las

municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, etc.), no

será necesario solicitar una autorización al MINAE cuando se trata de

construir acueductos, hacer talas, eliminar sotobosque, alterar ecosistemas,

etc. Lo anterior, aducen, a pesar que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se

crea el artículo 18 de la Ley Forestal) dispone que en el patrimonio natural,

el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y

ecotorismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de

agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de esta

ley, una vez aprobadas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el que

definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto

ambiental, según lo establezca el reglamento de esa ley. En esencia, no

comprenden por qué se hace dicha distinción y, por ende, porqué las

referidas instituciones quedan exentas de solicitar autorización ante el

MINAE, el que, conforme el artículo 13 de la Ley Forestal, es el

administrador de todo el patrimonio natural del Estado. Estiman que no

medió una razón técnica o científica en dicha exclusión. Aducen que la

norma impugnada crea un conflicto de competencias entre el MINAE y el

resto de instituciones citadas. Añaden que el ordinal 18 bis le otorga una

competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(asegurar que no se altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le

corresponde. Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales

ecológicos le corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de

Áreas de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se

realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales

competencias. De otra parte, manifiestan que, conforme a la Ley Orgánica

del Ambiente, existen siete tipos de áreas silvestres protegidas. Alegan que,

pese a lo anterior, el ordinal 18 bis que se crea conforme el artículo 2 de la

ley impugnada, dispone que “En el caso de áreas silvestres protegidas de

protección absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas,

además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°

7554, Ley Orgánica del Ambiente”. De este modo, refieren que, sin

fundamento alguno, el artículo 18 bis crea un régimen especial que elimina

cinco tipos de áreas silvestres protegidas de la aplicación del ordinal 38 de

la Ley Orgánica del Ambiente. Explican que haciendo una interpretación

amplia y protectora de la biodiversidad, tanto los sitios que son patrimonio

natural del Estado como las áreas silvestres protegidas, quedan cubiertas

por el referido artículo 38 y, por ende, cuando hay reducciones de áreas o

cambios de uso de suelo, se debe acudir a la compensación. En otros

términos, afirman que, contrario a lo que dispone la normativa impugnada,

siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios protegidos, se debe

acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo, incluso, se debe

llevar a cabo la compensación de áreas. A modo de ejemplo, explican que

la normativa cuestionada excluyó a los humedales de la aplicación del

ordinal 38 de la Ley Orgánica del Ambiental, lo cual, claramente, deviene en

inconstitucional. En otro orden de consideraciones, manifiestan que

muchos sitios que son áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del

Estado se encuentran en territorio indígena. Pese a esto, aducen que los

pueblos indígenas no fueron consultados sobre la ley impugnada. Estiman

que lo anterior violenta su derecho a la información y a la participación.

Asimismo, consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el

ordinal 6.1.a., del Convenio 169 de la OIT. Manifiestan que si el agua que

se podría extraer de los territorios indígenas conlleva a instalar tuberías,

casetas de bombas de impulsión, talar bosque y sotobosque, entre otras

acciones, a los indígenas se les debió consultar de forma previa. Estiman

que paralelamente se quebranta su cultura y estilo de vida. Añaden que

por las mismas razones supra citadas, resulta inconstitucional el artículo 3

de la ley impugnada, por medio del cual se definió lo que es una reserva

forestal. Sostienen que, sobre estas reservas, tampoco fueron consultados

los pueblos indígenas.

A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover

esta acción de inconstitucionalidad, señalan que se interpone al amparo del

párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,

en el tanto se apersonan en defensa de intereses difusos (materia ambiental)

y en defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los

derechos de los pueblos indígenas.

Por resolución de las 08:23 horas del 04 de octubre de 2018, el

Magistrado Presidente de esta Sala Constitucional le dio curso a esta acción

de inconstitucionalidad, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General

de la República (PGR), al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), a la

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y al Sistema Nacional

de Áreas Conservación (SINAC).

Por escrito presentado el 18 de octubre de 2018, el señor Mario

Andrés Boza Loría, cédula de identidad No. 1-297-932, se apersona a

este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e

indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los

intereses difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política.

Indica que está de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo segundo de la

Ley No. 9590, en el sentido de que en los terrenos que hayan sido

adquiridos por los entes prestatarios de agua a los ciudadanos, de ahora en

adelante, se puedan construir las obras necesarias para llevar el agua hasta

las comunidades o ciudades vecinas. Manifiesta que la Ley No. 9590 se

puedo haber limitado a este párrafo, con lo cual los conservacionistas

hubieran estado satisfechos. Argumenta que el artículo 50 de la

Constitución Política dice que “toda persona tiene derecho a un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado”. Señala que el

“ambiente

ecológicamente equilibrado” debe existir un estado dinámico y de perfecta

armonía entre los seres vivos y su medio ambiente. Una alteración a este

equilibrio puede ser provocada por causas naturales o artificiales, tales

como el cambio climático, un incendio forestal, la caza o la pesca ilegal o

bien, la extracción del agua necesaria para la vida silvestre. Indica que

existen infinidad de ejemplos a nivel nacional e internacional sobre el

impacto en la fauna silvestre en la reducción de los niveles o fuentes de

agua. Cita ciertos ejemplos que dice haber extraído de la literatura, entre

ellos, el que afirma que debido al cambio climático entre los años 2070 y

2099, Costa Rica perdería hasta un 85% del agua originada en sus áreas

protegidas y que se aprovecha fuera de sus límites. Sostiene que esto

afectaría a la vida silvestre. Advierte que estos efectos ya comienzan a

observarse y según el Instituto Meteorológico Nacional para el año 2040 el

país experimentará un aumento en la temperatura del aire y variaciones en

los patrones de lluvia. Dice que si hay menos agua para los humanos,

también esto es para la vida silvestre, lo cual se acentuaría si se pretende

obtener agua dentro de las áreas protegidas. Cita el caso de los

hipopótamos. Expone el caso del rio Logone que atraviesa el Parque

Nacional Waza en Camerún, donde se han construido diques dentro del

Parque Nacional para propósitos de irrigación, lo que ha generado en la

eliminación de peces en algunas áreas de éste y en una drástica reducción

de la población de antílopes. Asimismo, señala el caso del Parque Nacional

Big Bend en los Estados Unidos de América, el cual se ha visto afectado

por el sobreuso que se hace al agua de los acuíferos fuera del parque, pero

lo cual ha reducido la tabla de agua de la zona. Señala que estos pocos

ejemplos demuestran el grave problema que se está presentando en Costa

Rica y en otros países del mundo, cuando se comienza a aprovechar agua

de la cual depende la vida silvestre de las áreas protegidas. Argumenta que

el problema se acentúa debido al impacto del cambio climático. Cuestiona

los artículos 1 y 2 de la Ley No. 9590. En cuanto al artículo primero, dice

que el Ministro de Ambiente y Energía autorizará, entre otras labores o

actividades, el aprovechamiento de agua para consumo humano en el

patrimonio natural del estado. Es decir, se trata de una decisión subjetiva, es

decir, propia de la manera de pensar o sentir de esa persona. Continúa

manifestando que también ese artículo dice que será el Ministro de

Ambiente y Energía quién definirá, cuando corresponda, la realización de

evaluaciones del impacto ambiental. Alega que de nuevo se trata de una

decisión subjetiva. Sobre el artículo 2 de la Ley No. 9590, sostiene que ese

numeral dice que el aprovechamiento de agua para abastecimiento de

poblaciones podrá ser autorizado por el Ministerio de Ambiente y Energía

“previa declaración por el Poder Ejecutivo, de interés público”

. Señala que

quienes tomarán las decisiones serán el presidente de la República y el

Ministro de Ambiente y Energía. Por ende, se recae en decisiones

subjetivas. Advierte de una supuesta contradicción entre los artículos

primero y segundo de la Ley No. 9590. Lo anterior, porque el artículo 1

dice que el ministro definirá la realización de evaluaciones de impacto

ambiental. Mientras que el artículo 2, párrafo segundo, reza que las obras

para extraer agua deberán ser ejecutadas siguiendo el instrumento de

evaluación de impacto ambiental que corresponde. Cuestiona cual de los

dos artículos prevalece. Añade que el párrafo segundo del artículo 2 habla

de los “criterios técnicos aplicables para la intervención de las áreas

silvestres protegidas contempladas en la Ley No. 7788, Ley de

Biodiversidad…”. Comenta que se trata de un concepto muy vago, por

cuanto la Ley de Biodiversidad no tiene ninguna sección o artículo que se

refiera a la intervención de las áreas silvestres protegidas. Indica que sí hay

artículos que hablan sobre definiciones y sobre la protección de las áreas

silvestres protegidas. Argumenta que el párrafo 4 del artículo 2 la ley

cuestionada sí menciona el concepto de “caudal ecológico”

, pero

únicamente referido a los terrenos que adquieran los entes prestatarios de

agua y no se refiere a las áreas silvestres protegidas del patrimonio natural

del Estado. Resalta que a su juicio la Ley No. 9590 no suministra suficientes

garantías de que en las áreas protegidas de Costa Rica -que forman parte

del patrimonio natural del Estado- se pueda lograr mantener un “ambiente

ecológicamente equilibrado”. Explica que desde el punto de vista

conservacionista dice que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ambiente en

el inciso e) indica que uno de los objetivos de las áreas protegidas es

“proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para

reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su mal

manejo”. Al proteger zonas acuíferas y cuencas se asegura la conservación

del agua que ahí nazca, la cual se podría aprovechar fuera del área

protegida. Manifiesta que eso es lo que sucede en la Reserva Forestal del

Río Macho, la cual protege las cuencas hidrográficas de los ríos que luego

nutren al embalse de Río Macho, el cual se encuentra fuera de los límites de

la reserva. Menciona que la protección de las fuentes de agua -muy escasas

en las áreas protegidas de Costa Rica- localizadas en el Pacífico Seco es

fundamental para que la fauna silvestre pueda sobrevivir a la estación seca.

Por otra parte, dice que la construcción de acueductos dentro de áreas

protegidas no se limita a instalar un simple tubo, ya que hay que construir

represas, lo que significa hacer caminos, cortar árboles y alterar la

vegetación. Adicionalmente, significará la presencia de personas que no

serían visitantes regulados. Alega que nada de eso es compatible con los

objetivos de los parques nacionales y las reservas equivalentes. Sostiene

que el espíritu de la ley No. 9590 va en una tendencia negativa lo que

perjudicaría a la vida silvestre. Con base en todo lo antes expuesto y con

base en el principio precautorio o in dubio pro natura, considera que existe

un peligro de afectación de los ecosistemas que protegen las áreas

protegidas, lo cual constituiría una violación al artículo 50 de la

Constitución Política. Por esa razón es que considera que la Ley No. 9590

deber ser considerada inconstitucional. Expone que existen varios

convenios internacionales que garantizan la conservación de la

biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, las

áreas protegidas, la conservación de los hábitats naturales, las aves

acuáticas que dependen del agua y los bosques productores de agua. Cita

cuatro de esos convenios: a) Ley No. 7416 denominado “Convenio sobre

la Diversidad Biológica y sus Anexos”, específicamente el artículo 2 y 8; b)

La ley No. 7224 denominado “Convención Relativa a los Humedales de

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves

Acuáticas”, con la especial mención del artículo 4; c) Ley No. 7572

Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales,

específicamente el artículo 3; y, d) el Convenio para la Conservación de la

Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América

Central, específicamente los artículos 4 y

Concluye que la Ley No.

9590 permite el aprovechamiento de agua en áreas protegidas, el cual es un

líquido vital para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de

las poblaciones de especies naturales. Además, que ese aprovechamiento se

daría con solo aprobar requerimientos mínimos, los cuales considera

subjetivos. Solicita que la Ley No. 9590 violenta lo establecido por los

convenios internacionales.

Por escrito presentado el 19 de octubre de 2018, el señor Jorge

Serendero Hülssner, cédula de residencia No. 11520011317, se apersona a

este expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo y

manifiesta que extraer el agua de un parque o de una reserva sin existir una

necesidad vital comprobada para la vida humana no es admisible, ya que

eso socaba las oportunidades de supervivencia de las futuras generaciones.

Menciona que la acción debe ser declarada con lugar, pues la ley no cumple

con los objetivos principales de las áreas silvestres protegidas de

regulación de la protección y regulación del régimen hidrológico del suelo

y la cuenca hidrográfica, así como que tampoco previene la preservación

del área de recarga acuífera, lo que asegura es vital para las presentes y

futuras generaciones. Considera inconcebible que a pesar de que el caudal

ambiental es competencia del Ministerio de Ambiente y Energía, en la

actualidad, por la nueva norma -artículo 18 bis de la Ley Forestal- esa

competencia se le haya traslado al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, a sabiendas que las oficinas especializadas son la Dirección

de Aguas y el SINAC. Argumenta que considera improcedente que se

fragmenten -sin justificación técnica- las competencias del ente de recursos

naturales en bosques y agua. Concluye manifestando que los diputados

dictaron una ley sin sustento técnico jurídico ambiental. Solicita se declare

con lugar la acción de inconstitucionalidad.

Por escrito presentado el 24 de octubre de 2018, Grettel Vega

Arce, en su calidad de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de

Conservación (SINAC), informa que la Ley No. 9055 habilita una nueva

actividad en el Patrimonio Natural del Estado, sea el aprovechamiento de

agua potable para el consumo humano. Dice que esta actividad con la

reforma legal es posible de manera excepcional al lado de la capacitación,

investigación y el ecoturismo ya reguladas por el artículo 18 de la Ley

Forestal. Comenta que la norma pondera el carácter excepcional de dicha

autorización, al regular una serie de requisitos que permiten asegurar esta

condición de última ratio en los diferentes componentes del Patrimonio

Natural del Estado. La norma establece el aprovechamiento del recurso de

agua estrictamente para el consumo humano con los siguientes requisitos: a)

evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el reglamente de

esta ley; b) previa declaración por el Poder Ejecutivo, de interés público, en

específico para un abastecimiento poblacional imperiosos y a favor de los

entes autorizados prestadores de servicio público; c) Estudios técnicos,

procurando el menor impacto ambiental posible según el instrumento de

evaluación de impacto ambiental que corresponda y en estricto

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dice que en el caso de las

áreas silvestres protegidas de protección absoluta deberán demostrar que

no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimeinto

de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad

y cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa,

con el aval técnico del ICAA. Estos supuestos constituyen restricciones y

sustento técnicos, requisitos necesarios para la actividad de

aprovechamiento del recurso hídrico en el Patrimonio Natural del Estado.

De ninguna manera es una autorización genérica, sino que debe cumplirse

lo anterior para cada caso en concreto, junto con lo que defina el

Reglamento a la Ley, como dice el artículo 1°. Esto, debido a que el deber

de proteger el Patrimonio Natural del Estado como bien medioambiental

recae sobre todas las instituciones estatales y los habitantes del país, y se

sustenta por el artículo 50 de la Constitución Política. Alega que tiene

carácter vinculante para los poderes públicos dentro de sus respectivas

competencias y limita la discrecionalidad de la Administración en el

otorgamiento de permisos y títulos para utilizar el dominio público que

constituye el Patrimonio Natural del Estado. El Patrimonio Natural del

Estado, al igual que el resto de los terrenos de dominio público, ostenta una

vocación pública, reconocida por nuestro ordenamiento desde el año

1969 con la Ley Forestal, y se encuentra en función de las presentes y

futuras generaciones como la generalidad de los bienes medioambientales.

La justificación técnica y jurídica que da pie a esta ley es el acceso al agua

potable y el saneamiento de aguas residuales, como derecho humano

fundamental, siendo que el Estado debe procurar el acceso universal a

dichos servicios, como parte de la tutela del derecho a la vida, la salud y el

goce de un ambiente sano. Al encontrarse la mayoría del recurso hídrico

disponible en terrenos que constituyen Patrimonio Natural del Estado,

incluso como en el caso de las zonas protectoras como la razón o fin por el

que fueron afectadas como área silvestre protegida; y además, al

contemplar la definición de Patrimonio Natural del Estado del artículo 13 de

la Ley Forestal, por su propia naturaleza los terrenos que adquiere el

Instituto de Acueductos y Alcantarillados y demás instituciones públicas

para fines de aprovechamiento de agua, es que al referirse a la

constitucionalidad de la Ley No. 9590 se hace necesaria una ponderación

de derechos humanos. Al analizar la constitucionalidad de la norma se debe

valorar la posibilidad de replantear las actividades permitidas por el artículo

18 de la Ley Forestal con ciertos parámetros de protección siempre que

sean en el marco de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y

basado en criterio técnico. En este caso, al encontrarse un aparente

conflicto de derechos humanos, debe imperar el principio pro homine

como criterio orientador ante la valoración de si la norma impugnada

permite la ejecutoriedad de estos dos derechos humanos reconocidos por

el Derecho Internacional (Derecho al Ambiente y Derecho al Agua). El

derecho humano al agua ha sido definido por el Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la observación general

No. 15 del 29 de noviembre de 2002. Además, sostiene que la Sala

Constitucional ha reconocido el derecho al agua, así como su carácter

fundamental para la realización de otros derechos humanos. Argumenta que

la norma debe valorarse para determinar si permitir el aprovechamiento de

agua para consumo humano es una decisión que por sí misma puede ser

dañina para el ambiente o si por el contrario el deber de tutelar el ambiente

radica en establecer los parámetros para que toda disposición normativa

sea racional y proporcional a la luz de la necesidad humana de acceso al

recurso hídrico con los efectos adversos del cambio climático y las

medidas de contención y conservación del mismo. La racionalidad y la

proporcionalidad de la decisión se miden con los fines de la norma

respectiva y con el grado en que la tutela de otros derechos o bienes

constitucionales pueden verse afectados de no realizarse la reforma, siendo

que en el presente caso ese otro bien o derecho constitucional es el derecho

al acceso al agua y a la vida. Al analizar la norma, obligatoriamente debemos

referirnos al concepto de desarrollo sostenible en tanto éste exige hacer un

uso racional de los recursos disponibles en función de las necesidades de

las generaciones futuras. En este caso, asegurar el acceso al agua potable a

las presentes y futuras generaciones considerando la conservación del

recurso hídrico para el aprovechamiento racional, sostenible y sustentable y

del Patrimonio Natural del Estado. Tanto a partir de los principios

anteriores, como del desarrollo sostenible, el aspecto clave sobre la

viabilidad constitucional de la norma radica en que exista criterio técnico

específico que dé sustento a la Ley en cuestión, así como los parámetros

técnicos de la forma, en que se dará el aprovechamiento del recurso, de

manera que se pueda valorar si hay o no afectación al ambiente. Refiere

que sobre el Patrimonio Natural del Estado, la Ley Forestal, No. 7575 de

13 de febrero de 1995, introduce en nuestro ordenamiento el concepto de

"patrimonio natural del Estado", administrado por el Ministerio del

Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por "los bosques

y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas

inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la

Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones

crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su

patrimonio." Añade que ha evolucionado a partir del concepto de

"patrimonio forestal del Estado", incorporado en la normativa forestal

anterior (1969), para referenciar la propiedad forestal pública en

contraposición a la propiedad forestal privada. Las áreas silvestres

protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo: parques nacionales,

reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida

silvestre, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales se

consideran incorporadas bajo este régimen de Patrimonio Natural del

Estado, en calidad de "áreas declaradas inalienables" en la Ley Forestal

anterior, desde las normas creadoras de las primeras áreas protegidas, y en

virtud del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de

octubre de 1995. (Ver Dictamen C-339-2004 del 17 de noviembre del 2004).

También forman parte del Patrimonio Natural, los demás bosques y

terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado y humedales, incluidas

las reservas nacionales y fincas pertenecientes a las instituciones

autónomas, municipalidades y demás organismos de la Administración

Pública, dentro de las que cobran interés para el caso aquellas

pertenecientes al AYA. La ley impugnada diferencia estos "tipos" de

Patrimonio Natural del Estado, al disponer que todas las obras o

actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos

deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el

menor impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de

impacto ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la

normativa ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios

técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas

contemplados en la Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de

1998, y sus reglamentos. Por lo que la norma no deja de lado las otras

categorías de manejo de áreas silvestres protegidas, sino que remite a los

criterios de la Ley de Biodiversidad. En el caso de las categorías más

restrictivas dispone un trato especial, es decir, que se afecte únicamente

mediante una ley de la República y con los estudios técnicos que lo

fundamenten: “en el caso de áreas silvestres protegidas de protección

absoluta, sea parques nacionales y reservas biológicas, además deberá

cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley

Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios

técnicos que se realicen deberán demostrar que no existe otra fuente

alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la

población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y cantidad y

las actividades propuestas deberán contar de manera previa, con el aval

técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilladlos

(ICAA)”

(Artículo 2 Ley N°9590). Esta condición refuerza el carácter

excepcional del aprovechamiento en áreas Silvestres Protegidas de la

norma, procurando que el aprovechamiento del recurso hídrico se realice

en las fincas pertenecientes a las instituciones autónomas, Municipalidades

y demás organismos de la Administración Pública, especialmente las

adquiridas y utilizadas en la realidad para ese fin. Lo anterior, permite

subsanar la contradicción legal del articulo 13 y los usos anteriores a esta

Ley N°9590 del artículo 18 de la Ley Forestal con respecto a la Ley

Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N" 2726

del 14 de abril de 1961. El artículo 5 de la ley N°2726 reza que para el

cumplimiento de los fines del AYA, dentro de los que sobresale proveer a

los habitantes de la república de un servicio de agua potable y promover la

conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica

(artículo 2), el AYA podrá adquirir propiedades inmuebles. Señala que estos

mismos terrenos al ser adquiridos por el AYA, por las disposiciones del

artículo 13, adquieren la condición de Patrimonio Natural del Estado, y sin

la reforma de la ley N°9590 impugnada, se veían sujetos a los únicos 3 usos

anteriores del artículo 18 de la Ley Forestal (Investigación, capacitación y

ecoturismo), imposibilitando el cumplimiento del fin público para el que es

creado el AYA. La ley N° 9590 habilitó que los terrenos que la ley del AYA

desde el año 1961 se puedan utilizar para asegurar a todos los

costarricenses el acceso a su derecho al agua potable y el saneamiento.

Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación

y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de

áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales

competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio

Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. La aplicación de la ley

impugnada encuentra sus límites a la arbitrariedad institucional y posibles

daños ambientales si en los estudios y criterios técnicos que de manera

integral, permitan encontrar el balance. Sobre el caudal ecológico la Ley N°

9590 reconoce la fragilidad ambiental de estos cauces y dispone las

siguientes regulaciones sobre este asunto: "EI Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal

ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, dentro y

fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo

un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le

corresponderá al Minae. En forma anual el ente autorizado prestador del

servicio público para el abastecimiento poblacional autorizado deberá

presentar ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la

Dirección de Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la

naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas”.

De ahí que se contemple de manera expresa la no alteración de estos

caudales, siendo la norma coherente con el deber de velar y gestionar

integralmente la conservación y manejo sostenible de los caudales

ecológicos, en coordinación con otras instituciones (Art. 2 Ley Constitutiva

instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726 del 14 de abril

de 1961). Por otra parte, indica que, respecto a los territorios indígenas, las

áreas silvestres protegidas son bienes de dominio público, concepto

incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen un régimen

de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas

que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a

nombre de la Asociación de Desarrollo integral que las representan, de

carácter inalienable o intransferible a los no indígenas (Ley 617211 977, arts.

2" y 3°, Convenio 107 OIT, aprobado por Ley 2330/1959, art. 11, Ley

5251/1973, art. 4°, inciso e; Convenio 1969 OIT, aprobado por Ley

7316/1992, art. 14). A lo interno, preservando la titularidad comunitaria, la

Asociación de Desarrollo Integral asigna la posesión o utilización individual

de la tierra entre los aborígenes o grupos de familias étnicas, de acuerdo

con sus necesidades. De ahí que no existe una vulneración a estos

territorios ni derechos de los pueblos indígenas al no incluir la norma los

territorios indígenas. Asimismo, sobre los estudios de impacto ambiental, la

norma impugnada sobre los estudios de viabilidad ambiental de SETENA

dispone: “Todas las obras actividades necesarias para el cumplimiento de

los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios

técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en

estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. (…)”. La

viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

(SETENA), debe cumplir con los requisitos establecidos en el

Procedimiento para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes

Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo (Decreto Ejecutivo N°

32967 del 20 de febrero de 2006). Es decir, que todo proyecto debe

integrar la variable ambiental, para lo cual, debe ser elaborado siguiendo el

procedimiento técnico establecido en el Decreto indicado. Así, la Secretaría

Técnica Nacional revisa los estudios técnicos que acompañan al proyecto y

determina si éste es ambientalmente viable. Por ende, no es de recibo el

reclamo de los accionantes al suponer que se debe exigir una Evaluación

Ambiental Estratégica en tanto ésta no aplica para proyectos concretos,

sino que ese tipo de evaluación consiste en el “Proceso de Evaluación de

Impacto Ambiental aplicado a políticas, planes y programas”. Es decir que,

es de interés al definir el instrumento de evaluación la característica y la

naturaleza del caso (Artículo 3.7 del Anexo I del Decreto Ejecutivo N°

32967). En el escrito de interposición, se citan como parte del

fundamento de la acción de inconstitucionalidad una serie de instrumentos

internacionales, sin embargo, existen otras disposiciones contenidas en

instrumentos internacionales adoptados por Costa Rica, que también son

de interés para la valoración de constitucionalidad de la ley impugnada. En

este sentido, señala que es importante citar la Declaración de Río sobre

Medio Ambiente y Desarrollo a la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (adoptada por la Asamblea General de

dicha organización mediante resolución A/RES/47/190 del 16 de marzo de

1993), en tanto reconoce que las consideraciones ambientales deben formar

parte obligatoria y esencial de cualquier política de desarrollo, pues en

ejercicio de este derecho, los Estados deben garantizar las necesidades

ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras

(principios 3 y 4). Solicita se declare sin lugar la acción.

Por escrito presentado el 29 de octubre de 2018, Yamileth Astorga

Espeleta, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, informa que la modificación

que opera en el artículo 18 de la Ley Forestal no conlleva quebranto a

principios ambientales, si bien se requerirá hacer obras para sistemas de

acueducto, no implica que las mismas constituyan un impedimento a los

ciclos naturales o a los ecosistemas inmersos en las áreas silvestres, pues

existen muchos métodos constructivos alternativos que pueden utilizarse de

manera que pueden convivir con los ecosistemas sin afectarlos, todas las

medidas ambientales que deriven de los estudios puntuales serán las que se

requiera implementar para efectos de lograr su compatibilidad, por lo que

asumir que solo existe una forma de hacer las cosas es desconocer los

alcances de las distintas ciencias y técnicas, por ejemplo, no solo existen

tuberías de hierro o de pvc, pues materiales como el polietileno de alta

densidad resultan ser flexibles, lo que facilita la conducción del agua

reduciendo de manera significativa la excavación y la corta de árboles.

Indica que no es cierto que exista reducción de área de todos los sitios que

son PNE en Costa Rica, de modo contrario, estamos ante la figura del

dominio público único o estatal; es importante tener presente que, al

tratarse de prestadores de servicio público, los inmuebles que éstos

adquieran se encuentran de igual forma afectos a dominio público, tal y

como lo estable el artículo 13 de la Ley Forestal y en el caso de las

ASADAS el DE- 32529-S-MINAE/ Reglamento de las Asociaciones

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados en su

artículo 22, inciso 11) al indicar: “inventariar, registrar e inscribir a su

nombre, todos los bienes muebles e inmuebles, los cuales para efectos

financieros, tarifarios y de responsabilidad se considerarán baja la

administración de la respectiva ASADA. La inscripción registral indicará en

forma expresa que dichos bienes quedan afectados a perpetuidad al

dominio público y al servicio del sistema de acueductos y alcantarilladlos

de la respectiva comunidad. Asimismo, al disolverse por cualquier

circunstancia la ASADA o terminar la administración del sistema, AyA

asume y conserva la titularidad sobre tales bienes para destinarlo a ese fin

de servicio público”. Manifiesta que tampoco resulta inconstitucional la

norma, en cuanto a permitir realizar actividades en zonas con características

ambientales particulares, sino que se trata de una legislación que guarda una

relación escalonada entre los distintos marcos legales, de tal forma que

cumple tanto con las disposiciones nacionales como con las normativas de

rango supraconstitucionales. La normativa obedece al cumplimiento de

convenios internacionales ratificados como lo es el Desarrollo Sostenible.

Señala que la ley aquí cuestionada no resulta incompatible con garantías

constitucionales, sino que, es una legislación ambiental entre cuyos

principios de diseño contempla no solo el de objetivación, sino que además

está presente el principio de democracia ambiental, por cuanto los

proyectos deben ajustarse al cumplimiento de la legislación ambiental, el

cual contempla la participación ciudadana como una manifestación del

ejercicio de ese principio, resguarda el derecho a la vida, el cual conlleva el

derecho a la salud y al ambiente sano, cuyo ejercicio implica la protección

al derecho humano más fundamental que es el del acceso al agua. Asegura

que esta Ley tiene un principio de sensibilidad y gobernanza ambiental

flexibles, en el tanto, es capaz de ser ajustada en su rendimiento, atendiendo

nuevas circunstancias ambientales, cambios en el conocimiento científico y

evolución de los valores sociales. Igualmente, tiene un principio de dignidad

de las futuras generaciones más profundamente dirigido a la sostenibilidad

por cuanto el uso de recursos renovables es permitido, porque ese uso de

aprovechamiento para consumo humano, está a una tasa que es menor o

igual que la tasa de la reposición natural, porque no se pretende arrasar con

los bosques o construir en ellos obras de infraestructura

desproporcionadas, sino que éstas deben adaptarse al entorno en el cual se

desarrollarán. Informa que no es cierto, que en las áreas silvestres

protegidas al día de hoy se prohíba la realización de actividades u obras, de

hecho en las zonas protectoras y en los humedales, es absolutamente

permitida la realización de éstas tal y como se deprende de lo que establece

el Plan de Ordenamiento Ambiental (DE-29393-MINAE). Más aún, la

creación de Zonas Protectoras, se da para el resguardo y aprovechamiento

de recurso hídrico, por lo que no resulta de recibo el argumento de

prohibición absoluta que pretende darse a las áreas silvestres. Resulta

válido incorporar a esta discusión la figura de la resilencia, la cual tiene

muchas definiciones, incluida la capacidad del sistema de planificar y

prepararse, absorber, responder y recuperarse de desastres y adaptarse a

nuevas condiciones. Este concepto puede tener enfoques diversos, pues no

solo involucra la capacidad de adaptación del ambiente a los cambios, sino

que incorpora a esta ley, en el tanto tiene la capacidad de ser flexible y

adaptarse a las circunstancias en que deba ser aplicada, pues sin perder

estabilidad, será capaz de resistir en cuanto a su eficacia con el auxilio de la

ciencia y de la técnica. Tampoco resulta de recibo el argumento de que

“(…)

ese nuevo uso del suelo en apariencia no significativo o inocente que

busca en apariencia solo beneficios, en realidad abre las posibilidades

infinitas para que todos los sitios que son PNE puedan ser modificados

para extraer agua de ellos alteraba ciclos biológicos dentro de esos

ecosistemas sin que mediara ni un solo estudio científico de los impactos

negativos dentro de los sitios de protección, costos, cambio climático y sus

repercusiones en la biodiversidad, así como de los beneficios sociales y

ambientales”. Resulta evidente y manifiesto que no es posible realizar un

estudio con todas las variables mencionadas de manera genérica, sino que

es necesario realizar un análisis casuístico dependiendo de las

características de cada ecosistema y del proyecto a realizar, de la

metodología constructiva, de las necesidades de aprovechamiento, en fin,

de un sin número de aspectos particulares que no pueden ser absolutos, ni

mucho menos generalizados, de hecho, el mismo accionante menciona

estudios de beneficio sociales y ambientales, los cuales se encuentran

previstos en el articulo 3 inciso m) de la Ley Forestal, que guarda relación

con lo dispuesto en el artículo 19 de la misma Ley, referente a los requisitos

que se requiere cumplir para una declaratoria de conveniencia nacional, la

cual se realiza de manera puntual, para cada proyecto, precisamente porque

ese tipo de estudios son necesarios considerando las particularidades de

cada proyecto. Por lo anterior, no existen imprecisiones en la Ley que aquí

se cuestiona, pues resulta claro y expresamente así lo establece el artículo

18 bis al indicar no solo que se requieren estudios técnicos, sino un estricto

apego a la normativa ambiental. De tal forma que no existe violación o

inobservancia de las garantías constitucionales en la legislación aquí

cuestionada. Continúa manifestando que la autorización de la ley no es un

camino abierto para la destrucción, sino que para su aplicación se deberá

tener en cuenta aspectos que deberán responder a criterios técnico

científicos, pues la ley como tal no puede ser rígida, sino que se requiere de

un manejo adaptativo. No existe incompatibilidad entre la norma y el

principio de objetivación, pues no se busca reducir áreas protegidas, tal y

como se manifestó esas zonas quedarían de igual forma cubiertas por el

dominio púbico único, el interés de los prestadores de servicio público es

de poder captar agua y realizar las obras para ese fin. Sería un

contrasentido, la reducción de las áreas para desprotección porque lo que

se necesita es que las fuentes se mantengan en calidad y cantidad, lo que

implica que la norma sea razonable en función de la protección de los

derechos humanos. En ningún momento estamos ante una reversión de

principios o de derechos, pues la situación del país en situaciones

nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa del

ambiente, es muy distinta a la que existía décadas atrás, lo que obliga a

replantear el esquema y enfocarse a la adaptabilidad y a la flexibilidad tanto

normativa como ambiental sin que ello implique dejar de ser cautelosos,

pues la incertidumbre es un tema presente. Alega que el Estudio de Impacto

para futuros acueductos dentro del PNE no se está obviando y eso es lo

importante. El hecho de que no se solicite en forma expresa, no significa de

ningún modo que la viabilidad ambiental futura no se vaya a realizar con el

instrumento técnico apropiado; menos aún que se omita todo el proceso de

participación pública vinculado con un EslA, pues la legislación aprobada

no deroga otras normas ambientales, sino que debe ser complementada por

estas, no se deriva de la intención del legislador el desproteger o desregular

las actividades en perjuicio del ambiente, sino el poder hacer estas en

equilibrio. De hecho, el artículo 19 de la Ley Forestal, haciendo referencia al

aprovechamiento del bosque de igual manera establece que: “en estos

casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los

fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de

preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la

posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo

establezca el reglamento de esta ley”. Por lo que, si bien el tema de la

valoración ambiental en el bosque no se establece en términos absolutos, en

este caso, la Ley 9590, si señala el cumplimiento absoluto a las normas

ambientales, resultando conforme con los principios ambientales de

protección. No es de recibo tampoco, que ello violente los numerales 9 y

50 constitucionales, y que se pretenda subestimar la evaluación de impacto

ambiental. Como puede observarse, esta ley no incumple la normativa

ambiental vigente, en especial el artículo 17 de la Ley Orgánica del

Ambiente (LOA) y su conexión con los numerales precitados de la

Constitución Política. Véase que el artículo 1 de la Ley No. 9590 establece

claramente que el Ministro de Ambiente y Energía, definirá, cuando

corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo

establezca el reglamento de esta ley. Ello significa que vía reglamento se

establecerán y ampliarán las condiciones y/o requisitos. Las normas de

técnica legislativa indican que la definición de los casos y el concepto de

"cuando corresponda" no quedarán a la libre sino todo lo contrario, serán

debidamente reguladas mediante el reglamento a esta ley. El accionante da

por un hecho que se está eliminando la participación de todos los

ciudadanos en la toma de decisiones en temas ambientales, lo cual no sólo

no es cierto, y; constituye una afirmación temeraria, sino que además, ello

sería jurídicamente improcedente. La variable de impacto ambiental a la

planificación del desarrollo económico del país no se está desaplicando en

la presente ley como lo afirma el accionante. Ésta es un eje transversal en

todo proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Así, su objetivo fundamental

es hacer que los proyectos o actividades sean ambientalmente satisfactorios

y que las consecuencias ambientales sean manifestadas en etapas tempranas

del desarrollo del proyecto o actividad. No es en sí mismo un instrumento

de decisión, sino que es un instrumento que genera un conjunto ordenado,

coherente, reproducible y sistemático de información. La introducción de

esa variable de impacto ambiental, que reiteramos no se está desaplicando,

es el enlace entre la gestión ambiental y la gestión técnica, económica y

administrativa que requieren los proyectos. Igualmente, es uno de los

instrumentos de gestión de los proyectos que aportan elementos para lograr

su viabilidad global. Por ende, entre los tipos de apoyo que ofrece están los

siguientes:

• Apoyo a la viabilidad ambiental: identifica los impactos del proyecto

sobre el ambiente y propone las acciones requeridas para su atención y

manejo. Así como el suministro de la información requerida por la

autoridad ambiental para otorgar la licencia ambiental y otros permisos. Por

lo tanto, es el insumo fundamental para lograr que el proyecto sea

compatible con el ambiente.

• Apoyo a la viabilidad técnica: mediante ésta se apoya o se verifica la

existencia y disponibilidad de los recursos naturales que requieren los

proyectos. Igualmente se determina la existencia de problemas ambientales

en la cuenca o en la zona de influencia del proyecto que puedan afectarlo. Y

se dan señales a los diseñadores del proyecto para ajustarlo o

replantearlo, con lo cual se apoya técnicamente el proyecto.

• Apoyo a la viabilidad social: posibilita la implementación de los

procesos de participación comunitaria, con lo cual se logra la vinculación

de la comunidad en el conocimiento del proyecto, sus impactos, las

medidas de manejo propuestas y de alguna manera en la toma de decisiones

del mismo. De esta forma se genera una percepción diferente por parte de la

comunidad y un clima más favorable hacia el mismo. Debido a que se les

tiene en cuenta y por lo tanto se abona el camino para que el proyecto sea

viable socialmente.

• Apoyo a la viabilidad legal: posibilita el cumplimiento de las normas

y regulaciones de tipo ambiental, incluyendo la obtención de la licencia

ambiental y otros permisos. Y posibilita la obtención de otras

autorizaciones que requieren. Todo esto permite que se apoye la viabilidad

legal del proyecto.

• Apoyo a la viabilidad financiera: un resultado importante además, es

la determinación del costo de las medidas de manejo que se requieren

implementar. Lo cual posibilita la inclusión de los costos ambientales dentro

de los análisis económicos o financieros del proyecto y por lo tanto se

apoya su viabilidad económica.

Finalmente, en cuanto a este punto, no es cierto que no se haya

aplicado el principio de progresividad (aspecto en el cual fundamentan la

inconstitucionalidad de la ley). Es todo lo contrario, pues el carácter

finalista del derecho ambiental y su objetivo de tutela de bienes jurídicos

esenciales como la vida, salud y equilibrio ecológico, a través de normas

jurídicas que busquen aumentar la biodiversidad y disminuir la

contaminación, conlleva ineludiblemente a sostener que éste únicamente

podrá ser efectivo cuando las modificaciones que le afecten conduzcan a

un medio ambiente mejor que el anterior. Ello es lo que definitivamente

promueve esta ley, tratando de asegurar que el nivel de protección

alcanzado sea respetado, no disminuido, y hasta incrementado, pues de

deberán considerar aspectos propios de cada categoría de manejo para los

estudios puntuales. Así, señala que el camino es hacia adelante, nunca hacia

atrás. La aplicación efectiva del principio de progresividad ambiental

implica una serie de obligaciones estatales dentro de las que se encuentran:

adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales aprobadas tras un

proceso que permita una participación pública informada. Comprometer

hasta el máximo los recursos disponibles, garantizar el disfrute de los

derechos ambientales y cerciorarse de que las medidas adoptadas sean

cumplidas. El imperativo de esta ley es hacer que el Estado se mueva hacia

adelante y genere progresivamente la ampliación de la cobertura y

protección ambiental mediante medidas sostenidas y escalonadas. Es por

ello, que el principio de progresividad actúa como una obligación

constitucional y convencional de carácter positivo, de garantizar, defender y

preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en

estricto y justo equilibrio con el resto de los derechos humanos. Señala el

accionante que el MINAE no intervendrá en sitios que son PNE y que

pertenecen a las Administraciones Públicas, ESPH, Municipalidades, entre

otras. No obstante, omite toda referencia a la esencia del artículo 18 bis:

“(…) Previa declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en

específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los

entes autorizados prestadores del servicio público ( ... )”. Esta es una

norma que reviste especial importancia, porque dichos entes autorizados

prestadores del servicio no son una ocurrencia de esta ley, sino que todos y

cada uno de ellos enmarcan dentro de sus competencias. Además, todas las

obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los fines aquí

establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos,

procurando el menor impacto ambiental que corresponda y en estricto

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Dichos estudios deben

demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el

abastecimiento de agua para la población en condiciones adecuadas de

calidad y cantidad. Ahora bien, en cuanto a la competencia que se otorga al

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en materia de

caudal se da claramente bajo la dirección del MINAE (monitoreo). Es

importante indicar que dicha competencia no es ajena a AyA, sino que su

Ley Constitutiva N°2726, establece para el AyA en el artículo 2 inciso c):

“Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección

ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas”

. De tal

forma que las competencias ambientales no resultan ser exclusivas de una

entidad, sino que trascienden de manera transversal el quehacer de muchas

otras, sin que ello implique un traslado o renuncia de competencias. Añade

que lo anterior, además de enmarcarse dentro de los parámetros legales,

también se da dentro de los constitucionales, pues de ningún modo se borra

o anula la rectoría del SINAC, ni la del MINAE. Los entes autorizados

prestadores del servicio público precitados (artículo 18 bis) deben

presentar en forma anual ante esas entidades, un informe de resultados de

los aforos, dada la naturaleza y la fragilidad ambiental de las áreas silvestres

protegidas. Lo que se pretende es desconcentrar la actividad hacia un ente

altamente especializado, como lo es AyA, que cuenta con la capacidad e

infraestructura necesaria, y, que además (de acuerdo a la ley) debe asegurar

que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento

del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas (uso y

aprovechamiento sostenible). El punto es, que el MINAE, de acuerdo con

el ordenamiento jurídico, sigue siendo el órgano rector del Poder Ejecutivo

encargado del sector ambiente y energía, y, por tanto, el responsable de

emitir las políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo

y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de

fuentes de energía renovables para el cumplimiento de los objetivos

encomendados por ley. No se está presente ante una desafectación

injustificada para algunas áreas silvestres protegidas, como pretende

interpretar el accionante o una supuesta exclusión. El accionante obvia

indicar lo dispuesto también en el párrafo previo del Artículo 18 bis, que no

puede verse de forma aislada: “(…) Todas las obras o actividades

necesarias para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán

ser ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor

impacto ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto

ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa

ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos

aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas

contemplados en la Ley N.° 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril

de 1998, y sus reglamentos (…)”. Lo anterior indica que para toda

clasificación de áreas silvestres protegidas, debe cumplirse de forma previa

los estudios necesarios a fin de orientar las actividades y obras de tal forma

que ocasionan el menor impacto ambiental, según el instrumento de

evaluación de impacto ambiental que corresponda, y adicionalmente en el

caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques

nacionales y reservas biológicas, además de los estudios anteriores deberá

cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.° 7554, Ley

Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, la norma

indica que, en todos los casos, los estudios técnicos que se realicen

deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa disponible para

garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaría en

condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas

deberán contar, de manera previa, con el aval técnico del instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Es decir, la norma

recalca la existencia de estudios que lleven a la certeza de que los impactos

no serán altos, de que las obras son necesarias, para que la población tenga

acceso al agua, como único medio de obtención posible, científica y

técnicamente. Agrega que no puede acogerse la tesis de que se está ante

una reducción de área o cambio de uso del suelo, porque en ningún

momento un proyecto de captación, va a reducir un área, desafectar o a

cambiar el uso del suelo, simplemente se tratará de colocación de tubería y

de obras de captación que hay que demostrar mediante estudio técnico que

no van a alterar el ecosistema, la obra que se coloque por sí misma no hace

desaparecer el área de la cual está conformada el área silvestre protegida, y

mucho menos cambiar el uso del suelo, reducir o desafectar y, por ende, no

aplica la compensación alegada. El terreno donde se coloque la tubería

sigue perteneciendo al Estado, no puede hablarse de una desafectación,

sino de la creación de autorización mediante ley de colocación de tubería

con ciencia y técnica que sean amigables con el ambiente, que no alteren el

ecosistema, cumpliendo con el bien supremo de protección a la vida y de

acceso al agua. Esa no existencia de desafectación ha sido desarrollada

también por la Sala Constitucional, mediante Voto No. 2004-08928 de 18 de

agosto de 2004, ante lo cual la Procuraduría General de la República emitió

el criterio C-289-2012 del 30 de noviembre de 2012. En Io que respecta al

alegato del accionante de que se pretenda “(…) determinar cuántos sitios

existen que son ASP, no se tiene ni la más

remota idea de cuántos, cuáles

y en qué condiciones están todos los que son PNE y por ello existió una

carencia de estudios de previo a la toma de lo decisión por la Asamblea

Legislativa de hacer esta nueva ley (…)”, considera que es necesario

aclarar, que precisamente se llega a materializar ese cuánto, cuáles y en qué

condiciones, cuándo se plasme la urgencia y necesidad de captar, cuándo

se configuren los hechos que justifiquen la única opción de captación, por

ello es que cuando ese momento surja, se cumple con el procedimiento

previo de generación de los estudios técnicos, de cuáles, cuántos y como

son las condiciones que tiene el PNE, donde se ubica la futura opción única

de captación, y se sometan esos estudios a valoración del Ministerio de

Ambiente, quién decidirá si emite una declaratoria de interés público, para

que se pueda proseguir con las demás etapas de valoración del proyecto,

según nuestra normativa. Esa exigencia de existencia de estudios técnicos

previos que dictamina la norma, que serán el fundamento para que el

Ministerio de Ambiente y Energía emita el Interés Público, se ubica en el

cumplimiento de lo normado en la normativa internacional también citada

por el accionante. Sin embargo, de esas normas citadas, el accionante

olvida que existen también otras a considerar, a nivel jurisprudencial, donde

la Cámara Constitucional en sus sentencias ha desarrollado que el agua es

un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud. Así,

señala algunas sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia sobre ese tema. Además, añade que en Materia de Derecho

Internacional, se ubica claramente la Observación General 15 del Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de NNUU (2002) que plantea

que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es

condición previa para la realización de otros derechos humano. Igualmente,

el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y

el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos

humanos. Asimismo, mediante Resolución del Consejo de Derechos

Humanos A/HRC/RES/18/1 el 28 de septiembre de 2011, el Consejo

dictaminó una nueva resolución que desarrolla además del derecho humano

al agua potable, el derecho a un saneamiento saludable. En síntesis, de las

sentencias mencionadas y del derecho internacional, considera que el fin

último es que, sin agua, no hay vida, por lo que aprovecharla de manera

racional en un balance entre las necesidades de las personas y la oferta de

los ecosistemas, permite continuar los ciclos de existencia, de otro modo

conservaría, sin poder aprovecharla atenta contra la vida. Por otra parte,

estima que, respecto al tema de los humedales que hace referencia el

recurrente, no son ciertas sus afirmaciones, dado que es necesario recordar

que los Humedales de categoría como los cita el accionante, forman parte

del Patrimonio Natural del Estado, y como Patrimonio que son, les aplica lo

que indica el artículo 18 bis- en su primer párrafo. Asimismo, esa

declaratoria que menciona esa norma, debe estar sustentada en estudio

técnicos previos, que arriben bajo la ciencia y la técnica a un estado de

certeza de que la actividad es amigable con el ambiente, con el recurso

hídrico. Aclara que ese Patrimonio Natural del Estado en dónde se ubican

los Humedales está dictaminado previamente en el año de 1942, con la Ley

de Aguas que establece áreas de protección en la zona costera, ríos,

lagunas, lagos, entre otros. Posteriormente en1977 con la Ley N° 6043

sobre la Zona Marítimo Terrestre establece una franja de 200 metros a partir

de la pleamar ordinaria que constituye parte del Patrimonio Natural del

Estado (PNE) cuya jurisdicción corresponde a las municipalidades costeras

y la divide en dos zonas: a. Pública (50 metros desde la pleamar ordinaria,

así como islotes, peñasco y todos los manglares y esteros litorales,

independientemente de su extensión) y b. Restringida (150 metros

posteriores a la zona pública, o en el caso de los manglares, a partir de la

línea de vegetación de los mismos y hasta su límite posterior). En 1992 la

Ley N° 7317 de Conservación de la Vida Silvestre, introduce el término de

"Humedal" a nivel legal y asigna dentro de las funciones de la Dirección

General de Vida Silvestre (ahora Sistema Nacional de Áreas de

Conservación al unificarse en la Ley N° 7788 de Biodiversidad en el

artículo 22), la responsabilidad de administrar, supervisar y proteger los

humedales. Luego 1991 se ratifica la Convención Relativa a los Humedales

de importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves

Acuáticas (Ramsar), adquiriendo sus disposiciones carácter de Ley de la

República, y entre 1993 y 1994 se declaran 13 áreas silvestres protegidas

bajo la categoría de Humedal. En otras palabras, la norma aplica a los

Humedales, no están excluidos, y si se llegara pretender realizar una obra de

captación, deberá someterse esa pre factibilidad al análisis técnico

–

científico que demuestre que no habrá riesgo, alteración del ecosistema,

daño al Humedal. Además, con la ratificación de la Convención relativa a

los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de

aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada mediante Ley N° 7224

de 7 de abril de 1991, vigente a partir del 8 de mayo de ese año, el

accionante omite indicar que además de haberse adquirido el compromiso

de la conservación, se adquirió el compromiso del uso racional de los

humedales mediante acciones locales y nacionales, con la cooperación

internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible. Así,

en el artículo 3.1.de la Convención Ramsar, se plasma la posibilidad del

uso racional velando por no alterar sus características ecológicas, logrado

mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del

contexto del desarrollo sostenible. El uso racional por tanto puede

considerarse como la conservación y el uso sostenible de los humedales y

todos los servicios que proporcionan, en beneficio de las personas y la

naturaleza. De conformidad con lo anterior, los humedales forman parte del

Patrimonio Natural del Estado y el Estado está llamado a poder generar un

uso racional sostenible, y en ese uso sostenible se ubica también la

posibilidad de captación de agua para abastecimiento poblacional, para

preservar la vida humana. Por último, respecto a la supuesta omisión de

consulta a los pueblos indígenas, señala que es necesario tener presente

que en esta Ley no se desarrolla un listado de proyectos futuros, se trata

de una autorización de ley, en la cual el Ministro de Ambiente mediante

Decreto otorgue a un futuro proyecto la declaratoria de interés público, que

faculta a que prosigan las siguientes etapas de valoración y autorización

para llegar a captar un área silvestre protegida (este es un hecho futuro

incierto en esta etapa, porque luego de ella debe superar las restantes

etapas, viabilidad ambiental, consulta pública, etc), esta declaratoria de

interés público, no exime del cumplimiento de los procedimientos existentes

y acatamiento de los requisitos documentales técnicos necesarios ante las

distintas instancias. De hecho, durante décadas el instituto ha construido

dentro de territorios indígenas muchos acueductos, y los ha realizado a

partir de la potestad y competencias que le da su Ley Constitutiva N°2726,

sin que ello implique una violación a sus derechos, pues la consulta para

esos proyectos se hace precisamente de manera puntual, para cada

proyecto en específico a partir de las variables intrínsecas de cada obra en

relación con la comunidad indígena. Siendo precisamente ese, el mismo

escenario ante la ejecución de esta Ley. La consulta al pueblo indígena, se

debería dar en el momento en que se tenga conceptualizado un proyecto

antes del nivel de pre factibilidad, en esa etapa de negociación se daría la

participación previa y efectiva a las comunidades indígenas para que se les

suministre toda la información necesaria y puedan formular las

observaciones y objeciones que estimen pertinentes, según así lo norma el

procedimiento del Decreto Ejecutivo N' 40932-MP-MJP y la Directriz 101 P

Implementación del mecanismo general de consulta a pueblos indígenas.

No es a este nivel de elaboración de una Ley, que lo que establece es un

procedimiento general de otorgamiento de interés público, que debe darse

la consulta. La futura autorización administrativa para el aprovechamiento

de fuentes y realización de obras de abastecimiento de agua potable, que

afecte territorios indígenas debe también cumplir con el Derecho

internacional de los Derechos Humanos, en particular, el Convenio No. 169

de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007, que protegen, tutelan y

aseguran a las comunidades indígenas su derecho de participación previo y

efectivo, de tal forma que el proyecto continúe con los siguientes procesos

de valoración y eventual aprobación. Es necesario enfatizar, que los futuros

Decretos de Interés Público no eximen del cumplimiento de los

procedimientos existentes y acatamiento de los requisitos documentales

técnicos necesarios ante las distintas instancias y etapas de valoración v

aprobación de un proyecto de captación. Por otra parte, explica que existe

una etapa previa de negociación, que es anterior a la pre factibilidad, en esta

etapa se definen los insumos y variables que requiere el proyecto, entre los

que se encontraría la viabilidad social - consulta indígena, así mismo no se

ha concluido a lo interno la definición de la cuantificación de los

requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes

de financiamiento, que permitan proyectar los resultados financieros y

calcular los indicadores que permitan evaluarlo para poder ser presentado

formalmente ante SETENA y cumplir con los demás procedimientos y

requisitos que dictamina la normativa vigente, y será precisamente durante

esa etapa que no se ha realizado, que se determinarán los posibles impactos

ambientales, si los hubiese, así como las medidas de mitigación que

corresponda, por lo que calificarlo desde ya como negativo al ambiente,

prejuzga sin ningún fundamento ni descargo probatorio. Asegura que el

proceso que se instaura con la presente ley apenas es el inicio de un insumo

documental, que es la declaratoria de interés público, que lo que daría paso

es al inicio del proceso de negociación, es decir el Decreto que emana con

fundamento en la ley es apenas un Subproceso anterior a la pre factibilidad

de un proyecto de posible captación, para luego pasar al subproceso de

negociación, y llegar a obtener la viabilidad ambiental, para luego poder

pasar a la fase de factibilidad de un futuro proyecto de captación, por lo

que resulta innecesaria la consulta a las poblaciones indígenas para efectos

de elaboración de la ley, no así para efectos de los proyectos que puedan

desarrollarse y afectar sus territorios. Aunado a lo anterior, es relevante

indicar que el artículo 1, de la ley 9590, en su párrafo final reza:

“Se

exceptúa de la aplicación de esta ley, las áreas silvestres protegidas que

coincidan geográficamente con territorios indígenas”.

Por escrito del 01 de noviembre de 2018, Yamileth Astorga

Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indica que el día 29 de

octubre del año en curso fue recibido en tiempo y forma el escrito

presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al

expediente No. 18-015287-007-CO, proceso Acción de

Inconstitucionalidad promovida por el accionante Benjamín Joel Mayorga

Mora y otra, contra la Ley No. 9590, "Ley para autorizar el

aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obra

conexas en el patrimonio natural del Estado". El escrito en la página 19,

párrafo final, tiene un error que distorsiona el argumento, motivo por el cual

ruego a los honorables magistrados de esta Sala Constitucional, no dar

lectura.

Por escrito presentado el 29 de octubre de 2018, Carlos Manuel

Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía,

informa que no se presenta violación de los principios precautorio, no

regresión y objetivación, pues la Ley N° 9055 efectivamente habilita una

nueva actividad en Patrimonio Natural del Estado, sea el aprovechamiento

de agua potable para el consumo humano. Esta actividad con la reforma

legal es posible de manera excepcional al lado de la Capacitación, la

Investigación y el Ecoturismo ya reguladas por el artículo 18 de la Ley

Forestal N°7575. El Patrimonio Natural del Estado, al igual que el resto de

los terrenos de dominio público, ostenta una vocación pública, reconocida

por nuestro ordenamiento desde el año 1969 con la Ley Forestal, y se

encuentra en función de las presentes y futuras generaciones como la

generalidad de los bienes medioambientales. La justificación técnica y

jurídica que da pie a esta ley es el acceso al agua potable y el saneamiento

de aguas residuales, como derecho humano fundamental, siendo que el

Estado debe procurar el acceso universal a dichos servicios, como parte de

la tutela del derecho a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano. Al

encontrarse la mayoría del recurso hídrico disponible en terrenos que

constituyen Patrimonio Natural del Estado, incluso como en el caso de las

zonas protectoras como la razón o fin por el que fueron afectadas como

área silvestre protegida, y además, al contemplar la definición de

Patrimonio Natural del Estado del artículo 13 de la Ley Forestal N°7575,

por su propia naturaleza los terrenos que adquiere el Instituto de

Acueductos y Alcantarillados y demás instituciones públicas para fines de

aprovechamiento de agua, es que al referirnos a la constitucionalidad de la

Ley N° 9590 se hace necesaria una ponderación de Derechos Humanos. Al

analizar la constitucionalidad de la norma se debe valorar la posibilidad de

replantear las actividades permitidas en el artículo 18 del Ley Forestal con

ciertos parámetros de protección siempre sea en el marco de los principios

de proporcionalidad, razonabilidad y basado en criterio técnico. Tanto los

actos y omisiones del Estado cuando puedan afectar al ambiente y la salud

humana, deben juzgarse a la luz reiterada en la jurisprudencia de este

Tribunal Constitucional, sea lo dicho en la sentencia número 2812- 99 del 20

de abril de 1992. En este caso al encontrarnos con un aparente conflicto de

dos derechos humanos, debe imperar el principio Pro Homine como

criterio orientador ante la valoración de si la norma impugnada permite la

ejecutoriedad estos dos derechos humanos reconocidos por el Derecho

Internacional (Derecho al Ambiente y Derecho al agua). El derecho humano

al agua ha sido definido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la

Observación General N° 15 de 29 noviembre de 2002, de la siguiente

manera: “2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer

de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso

personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es

necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo

de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las

necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y

doméstica”. En este sentido, la norma impugnada debe valorar si permitir el

aprovechamiento de agua para el consumo humanos es una decisión que

por sí misma puede ser dañina para el ambiente o si por el contrario el

deber de tutelar el ambiente radica en establecer los parámetros para que

toda disposición normativa sea racional y proporcional a la luz de la

necesidad humana de acceso al recurso hídrico con los efectos adversos

del cambio climático y las medidas de contención y conservación del

mismo. La racionalidad y la proporcionalidad de la decisión se miden con

los fines de la norma respectiva, y con el grado en que la tutela de otros

derechos o bienes constitucionales puede verse afectados de no realizarse

la reforma, en el presente caso ese otro bien o derecho constitucional es el

derecho al acceso al agua y a la vida. A la analizar la norma,

obligatoriamente debemos referirnos al concepto de desarrollo sostenible en

tanto éste exige debe hacer un uso racional de los recursos disponibles en

función de las necesidades de las generaciones futuras. En este caso,

asegurar el acceso al agua potable a las presentes y futuras generaciones

considerando la conservación del recurso hídrico con un para el

aprovechamiento racional, sostenible y sustentable y del Patrimonio Natural

del Estado. Tanto a partir de los principios anteriores, como de un

desarrollo sostenible, el aspecto clave sobre la viabilidad constitucional de

la norma radica en que existe un criterio técnico específico que dé sustento

a la Ley en cuestión, así como los parámetros técnicos de la forma, en que

se dará el aprovechamiento del recurso, de manera que se pueda valorar si

hay o no afectación al ambiente. Señala que, respecto a la elaboración de

estudios para futuros proyectos, la autorización de aprovechamiento de

agua en sitios catalogados de Patrimonio Natural del Estado, como

cualquier otra actividad, obras o proyectos va a generar impactos

ambientales, no obstante, ese es el sentido mismo de la Evaluación de

Impacto Ambiental a efectos de prever los mismos y establecer las

correspondientes medidas de prevención, mitigación o compensación que

se requieran según el tipo de obra a realizar. Al tratarse de áreas

ambientalmente frágil (Patrimonio Natural del Estado) como ocurre en la

actualidad con las actividades que ya establecía y autorizadas por el

artículo 18 de la Ley N° 7575, Ley Forestal, deben de someter a un

proceso de Evaluación Ambiental, según el instrumento de Evaluación que

corresponda. La norma lo que hace es incluir una nueva actividad para el

aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras

conexas, de manera que el procedimiento de Evaluación Ambiental es el

mismo regulado en la actualidad, debiendo someterse mediante el

formulario D1, para posteriormente determinar el instrumento de evaluación

que se requiere, de acuerdo a la calificación de Significancia de Impacto

Ambiental (SIA) y al Impacto Ambiental Potencial (IAP), proceso regulado

en la normativa vigente conforme las facultades otorgadas por el artículo 17

de la Ley Orgánica del Ambiente, que faculta a esta Secretaría a establecer

vía reglamento cuales actividades, obras o proyectos requieren de

Evaluación Ambiental y determinar cuáles instrumentos aplicar, de manera

que será la misma actividad y sus impactos potenciales en una Área

Específica, las que determinen el instrumento de Evaluación, siendo un

desacierto técnico pretender establecer a priori un solo instrumento de

evaluación cuando es la magnitud de las obras o impactos los que van a

determinar el mismo, en virtud que la Evaluación Ambiental corresponde a

un proceso Técnico Científico, de manera que no debe ser la norma legal la

que de previo imponga un solo instrumento de Evaluación, sino que debe

responder a criterios Técnicos, de manera que no es correcto como lo

pretende el acciónate pedir en forma indistinta para estas áreas siempre

como instrumento de evaluación el denominado "Estudio de Impacto

Ambiental (EsIA)", siendo correcto como lo establece el artículo 18 bis,

inciso D, de la norma cuestionada. Lo contrario significaría que cualquier

AOP en Patrimonio Natural del Estado, requeriría como instrumento de

evaluación el EsIA, situación que no ocurre en la actualidad por las razones

ya señaladas ya que no todos los proyectos aun y cuando sean para un

mismo fin tienen el mismo alcance, magnitud e impacto. Al respecto la Ley

de Biodiversidad en su artículo 7 inciso 18, define la Evaluación de Impacto

Ambiental de la siguiente manera: “Procedimiento científico-técnico que

permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente

una acción o proyecto especifico, cuantificándolos y ponderándolos para

conducir a la torna de decisiones. Incluye los efectos específicos, su

evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental un

programa de control y minimización de los efectos negativos, un

programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la

garantía de cumplimiento ambiental”. Por otro lado, de conformidad al

artículo 81 del Reglamento a Ley de Biodiversidad 34433-MINAE también

previo a otorgar la Licencia Ambiental, se deberá realizar la consulta técnica

al Área de Conservación. “Artículo 81.-Consulta técnica a las Áreas de

Conservación. Cuando se trate de actividades, obras o proyectos que

afecten la vida silvestre, áreas protegidas, recursos forestales y recursos

hídricos, la SETENA de previo a resolver, deberá consultar al Área de

Conservación del S/NAC lo que corresponda, para que emita criterio

técnico al respecto en el plazo que establece la ley”. En el escrito de

interposición, se citan como parte del fundamento de la acción de

inconstitucionalidad una serie de instrumentos internacionales, sin embargo,

existen otras disposiciones contenidas en instrumentos internacionales

adoptados por Costa Rica, que también son de interés para la valoración de

constitucionalidad de la ley impugnada. De esta forma, considera

importante citar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo

a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y

Desarrollo (adoptada por la Asamblea General de dicha organización

mediante resolución NRES/47/1 90 del 16 de marzo de 1993), en tanto

reconoce que las consideraciones ambientales deben formar parte

obligatoria y esencial de cualquier política de desarrollo, pues en ejercicio

de este derecho, los Estados deben garantizar las necesidades ambientales y

de desarrollo de las Generaciones presentes y futuras. Indica que, respecto

a la necesidad de Evaluación Ambiental Estratégica, es necesario aclarar que

el Decreto 32967 como Parte III del Reglamento General de Procedimientos

de la SETENA, define el procedimiento técnico de la incorporación de la

variable ambiental en planes de ordenamiento territorial bajo el concepto de

EAE, más no es una norma que podría resultar de aplicación para el caso

que plantean los accionantes pues no refiere a un plan de ordenamiento

territorial propiamente dicho. Por otra parte, respecto a lo que los

accionantes consideran es una desafectación injustificada y no razonada

aplicable solo para algunas áreas silvestres protegidas y a sitios que son

patrimonio natural del Estado, señala que la Ley Forestal, No. 7575 de 13

de febrero de 1995, introduce en nuestro ordenamiento el concepto de

“patrimonio natural del Estado”, administrado por el Ministerio del

Ambiente y Energía, y constituido, según su artículo 13, por “los bosques y

terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas

inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la

Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones

crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de

su patrimonio”. Explica que ha evolucionado a partir del concepto de

“patrimonio forestal del Estado”, incorporado en la normativa forestal

anterior (1969), para referenciar la propiedad forestal pública en

contraposición a la propiedad forestal privada. Las áreas silvestres

protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo: parques nacionales,

reservas biológicas, reservas forestales, refugios nacionales de vida

silvestre, zonas protectoras, monumentos naturales y humedales se

consideran incorporadas bajo este régimen de Patrimonio Natural del

Estado, en calidad de “áreas declaradas inalienables” en la Ley Forestal

anterior, También forman parte del Patrimonio Natural, los demás bosques

y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado y humedales, incluidas

las reservas nacionales y fincas pertenecientes a las instituciones

autónomas, municipalidades y demás organismos de la Administración

Pública, dentro de las que cobran interés para el caso aquellas

pertenecientes al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(AYA). La ley impugnada diferencia estos “tipos” de Patrimonio Natural del

Estado, al disponer que todas las obras o actividades necesarias para el

cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con

base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible

según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y

en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo

dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de

áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.° 7788. Ley de

Biodiversidad de 30 de abril de 1998 y sus reglamentos. Por lo que la

norma no deja de lado las otras categorías de manejo de áreas silvestres

protegidas, sino que remite a los criterios de la Ley de Biodiversidad. En el

caso de las categorías más restrictivas dispone un trato especial, es decir

que se afecte únicamente mediante una ley de la República y con los

estudios técnicos que lo fundamenten. En el caso de áreas silvestres

protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y reservas

biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de

la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.

Asimismo, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no

existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de

agua para la población beneficiaría en condiciones adecuadas de calidad y

cantidad, y las actividades propuestas deberán contar, de manera previa,

con el aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados (lCAA) (Artículo 2 Ley N°9590). Esta condición refuerza el

carácter excepcional del aprovechamiento en áreas Silvestres Protegidas de

la norma, procurando que el aprovechamiento del recurso hídrico se realice

en las fincas pertenecientes a las instituciones autónomas municipalidades y

demás organismos de la Administración Pública, especialmente las

adquiridas y utilizadas en la realidad para ese fin. Lo anterior, permite

subsanar la contradicción legal del articulo 13 y los usos anteriores a esta

Ley N° 9590 del artículo 18 de la Ley Forestal con respecto a la Ley

Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados N° 2726

del 14 de abril de 1961. El artículo 5 de la ley N° 2726 reza que para el

cumplimiento de los fines del AYA, dentro de los que sobresale proveer a

los habitantes de la república de un servicio de agua potable y Promover la

conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica

(artículo 2), el AYA podrá adquirir propiedades inmuebles. Estos mismos

terrenos al ser adquiridos por el AyA, por las disposiciones del artículo 13,

adquieren la condición de Patrimonio Natural del Estado, y sin la reforma

de la ley N° 9590 impugnada, se veían sujetos a los únicos 3 usos

anteriores del artículo 18 de la Ley Forestal (Investigación, capacitación y

ecoturismo), imposibilitando el cumplimiento del fin público para el que es

creado el AyA. Así, la ley N° 9590 habilitó que los terrenos que la ley del

AyA desde el año 1961 se puedan utilizar para asegurar a todos los

costarricenses el acceso a su derecho al agua potable y el saneamiento.

Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación

y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de

áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales

competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio

Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. La aplicación de la ley

impugnada encuentra sus límites a la arbitrariedad institucional y posibles

daños ambientales si en los estudios y criterios técnicos que de manera

integral, permitan encontrar el balance. Sobre el caudal ecológico La Ley N°

9590 reconoce la fragilidad ambiental de estos cauces y dispone varias

regulaciones sobre este asunto. De ahí que se contemple de manera

expresa la no alteración de estos caudales, siendo la norma coherente con

lo el deber de velar y gestionar integralmente la conservación y manejo

sostenible de los caudales ecológicos, en coordinación con otras

instituciones (Art. 2 Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y

Alcantarillados NO 2726 del 14 de abril de 1961). Por último, indica que

respecto a la no consulta a los pueblos indígenas, considera que no es

procedente, ya que áreas silvestres protegidas son bienes de dominio

público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que

constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las

comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de

la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral

que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los no

indígenas. Añade que, a lo interno, preservando la titularidad comunitaria, la

Asociación de Desarrollo Integral asigna la posesión o utilización individual

de la tierra entre los aborígenes o grupos de familias étnicas, de acuerdo

con sus necesidades. De ahí que no existe una vulneración a estos

territorios ni derechos de los pueblos indígenas al no incluir la norma los

territorios indígenas. La ley dispone expresamente que el aprovechamiento

del recurso hídrico no afectara el caudal ecológico, por lo que al ser el agua

un recurso fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Con respecto

a este tema, el único aspecto que considera este Ministerio, debe ser

tomado en cuenta por este Honorable Tribunal es el concerniente a que el

caudal ambiental en un PNE sea área silvestre protegida o no lo cual se

considera debe evaluarse mediante un metodología para establecer un

verdadero y efectivo régimen ambiental de caudales en función de los

ecosistemas presentes en el sitio. A pesar de que la Ley en cuestión lo

regula le otorga la competencia al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados que siendo un ente operador y beneficiario con ley, lo

convierte en juez y parte.

El 30 de octubre de 2018, el señor Julio Alberto Jurado

Fernández, en su calidad de Procurador General de la República contestó la

audiencia y señala que, en cuanto a la legitimación de los accionantes, no se

tiene reparos que hacer en cuanto a este extremo, ya que se alegó la tutela

de intereses colectivos y la defensa de intereses colectivos de las personas

indígenas. Menciona que es el artículo 13 de la Ley Forestal que define el

patrimonio natural del Estado. Además, que de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 58

de la Ley de Biodiversidad y numeral segundo de la Ley de Conservación

de la Vida Silvestre, las áreas protegidas también forman parte del citado

patrimonio. En cuanto al segundo componente, según lo dispuesto por el

artículo 15 de la Ley Forestal se ha considerado que cuando el Estado o

alguna institución pública adquiere un inmueble con cobertura boscosa o

que tiene aptitud forestal, existe una afectación inmediata al patrimonio

natural y, por tanto, ese terreno adquiere, de pleno derecho, todas las

características del patrimonio natural del Estado y, en consecuencia, debe

ser administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación

(SINAC). Argumenta que el Tribunal Constitucional en las sentencias No.

2008-16795 y No. 2013-12973 ha sostenido que los bosques y terrenos

forestales de las instituciones públicas tienen una afectación legal inmediata

al régimen del patrimonio natural del Estado. Este patrimonio es catalogado

por el artículo 14 de la Ley Forestal como un bien de dominio público, y

según el artículo 13 del mismo cuerpo normativo, así como del artículo 22

de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado por el SINAC.

Determina que el artículo No. 18 de la Ley Forestal antes de la reforma

practicada por la Ley No. 9590 era el siguiente: “En el patrimonio natural,

el Estado podrá realizar o autorizar labores de

investigación, captación y

ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro de Ambiente y Energía,

quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del

impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley”.

Expone que esa norma fue desarrollada por el artículo 11 del Reglamento a

la Ley Forestal (Decreto Ejecutivo No. 25721 del 17 de octubre de 1996),

que establece que en el patrimonio natural del Estado “solo se permitirá

realizar actividades de capacitación, ecoturismo e

investigación” y

desarrolla que tipo de actividades comprenden esos conceptos. Indica que

a propósito de las disposiciones normativas, la Sala Constitucional ha

analizado este tema en las sentencias No. 2012-12716, 2009-2020 y 2011-

1570. De conformidad con lo anterior, la necesidad que ha planteado en

varias ocasiones el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(ICAA), de aprovechar el recurso hídrico del patrimonio natural del Estado

para consumo humano, no encontraba cabida en el marco normativo

existente, pues el aprovechamiento de agua no estaba incluido como una

actividad permitida dentro de este régimen. Sostiene que con base en esa

normativa, si un ente prestatario del servicio público de abastecimiento de

agua potable adquiría un terreno boscoso o de aptitud forestal para

aprovechar una fuente de agua, ese terreno pasaba a formar parte del

patrimonio natural del Estado de manera automática. En consecuencia, no

podía llevarse a cabo el aprovechamiento proyectado ni cumplirse el fin

para el cual, justamente, había sido adquirido el terreno. Expresa que a

propósito de ese contexto normativo, es que surgió la Ley No. 9590, con el

claro objetivo de levantar la prohibición existente para aprovechar el recurso

hídrico en el patrimonio natural del Estado. Con esa finalidad, la ley reforma

el artículo 18 de la Ley Forestal, añadiendo, además, de las actividades de

capacitación, investigación y ecoturismo permitidas en el patrimonio natural

del Estado, la posibilidad de autorizar las actividades necesarias para el

aprovechamiento de agua para consumo humano e introduce un artículo 18

bis a esa misma ley, para regular más detalladamente las condiciones y

reglas bajo las cuales puede llevarse a cabo ese aprovechamiento. La Ley

también introduce el artículo 52 bis de la Ley Forestal, en el cual se

establece el concepto de las zonas protectoras, de forma similar al

concepto dado por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad

(Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008) pero añadiendo

dentro de sus objetivos, la preservación de las áreas de recarga acuífera y

las fuentes de agua, así como la necesidad de asegurar el abastecimiento

poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones. Sobre la Ley

No. 9590, el derecho fundamental de acceso al agua potable y el principio

de desarrollo sostenible, comenta que en el proyecto de ley que dio origen a

la norma impugnada, se alude a la necesidad de garantizar el derecho

fundamental al agua potable, y se indica que, por el cambio en las

condiciones climáticas y el crecimiento de la demanda, se requiere

aprovechar el recurso hídrico ubicado en el patrimonio natural del Estado.

En el informe integrado jurídico- socio ambiental del Departamento de

Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y en

los criterios del ICAA que constan en el expediente legislativo, se hace

referencia a la escasez del recurso y la existencia de varios proyectos

pendientes de realizar en terrenos integrantes del patrimonio natural del

Estado, que constituyen la única fuente disponible para abastecer a algunas

comunidades y con los cuales se estima satisfacer la demanda de agua a

futuro. Por lo indicado en el expediente legislativo, y por lo dispuesto

expresamente por la Ley No. 9590, es claro que su fin primordial es

garantizar el abastecimiento del agua potable para el consumo humano. El

acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho fundamental

por varios instrumentos internacionales, así como para la jurisprudencia

constitucional, que para tales efectos cita la sentencia no. 2006-5606 de las

15:21 hrs. del 26 de abril de 2006. Por lo anterior, existen razones de sobra

para indicar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio

público esencial, al que le son aplicables los principios generales de los

servicios públicos establecidos por el artículo 4 de la Ley General de la

Administración Pública. Comenta que el fin de la ley, encuentra justificación

en la necesidad de garantizar un derecho fundamental, pero el análisis de su

constitucionalidad no acaba allí, ya que, al introducirse cambios al régimen

de protección ambiental del patrimonio natural del Estado -el cual, a juicio

de los accionantes, puede ubicarse en territorios indígenas- es necesario

analizar si al pretenderse garantizar el derecho fundamental de acceso al

agua potable no se sacrifican otros derechos fundamentales, como el

derecho un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho

a la participación de los pueblos indígenas. Para ese análisis,

específicamente en lo que tiene que ver con el derecho a un medio ambiente

sano y ecológicamente equilibrado, es importante considerar el principio de

desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y

Desarrollo establece que los seres humanos constituyen el centro de las

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y promueve el

derecho a tener una vida saludable y productiva en armonía con la

naturaleza. Indica, además, que el derecho a desarrollarse debe ejercerse en

forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo de

las generaciones presentes y futuras. Dice que esa declaración promueve la

erradicación de la pobreza y el crecimiento económico, bajo un marco de

desarrollo sostenible, es decir, protegiendo el ambiente y usando en forma

racional los recursos naturales. A partir de ahí, se ha considerado que el

desarrollo sostenible es una forma de entender el desarrollo económico y

social en virtud de la cual, debe garantizarse la satisfacción de las

necesidades de las actuales generaciones, sin comprometer la capacidad de

las futuras generaciones para satisfacer las propias. Acota que en la

sentencia No. 2008- 15315 de las 14: 59 hrs. del 10 de octubre de 2008,

este Tribunal definió al desarrollo sostenible. Aunado a ello, a su criterio,

en la sentencia No. 1999-644 de las 11:25 hrs. del 29 de enero de 1999, la

Sala Constitucional, reconoció que el artículo 50 de la Constitución Política

perfila el Estado Social de Derecho, de ahí que el principio de desarrollo

sostenible se encuentra en la base del modelo de Estado. Entonces, el

principio de desarrollo sostenible como pilar del Estado Social de Derecho

constituye el marco bajo el cual se debe interpretar la normativa

infraconstitucional impugnada, porque si con base en este principio es

posible combinar el desarrollo económico con la conservación ambiente,

con fundamento en él, también debe armonizarse la tutela del ambiente con

la satisfacción de una necesidad básica y elemental de la población, como

lo es el abastecimiento de agua potable. Externa que si bien es cierto, la ley

impugnada modifica el régimen de patrimonio natural del Estado,

habilitando el aprovechamiento de agua dentro de sus límites, lo cierto es

que permite ese aprovechamiento únicamente para el abastecimiento

poblacional imperioso, es decir, cuando sea un aprovechamiento ineludible,

urgente o necesario, y además, lo sujeta a ciertas limitaciones y reglas que

procuran generar el menor impacto ambiental posible y permitir un

aprovechamiento racional del recurso. A su vez, debe considerarse que la

captación de agua potable no es una actividad contrapuesta a la protección

s los recursos existentes en los terrenos en los que se lleva a cabo. Por el

contrario, la protección del recurso hídrico depende, en gran medida, de la

cobertura forestal existente y de la conservación de las condiciones

naturales de los terrenos en los que se encuentra. Por tanto, permitir el

aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano dentro del

patrimonio natural del Estado, no implica como consecuencia inevitable,

una afectación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente

equilibrado. Con un mismo instrumento legal, es posible garantizar el

derecho fundamental de acceso al agua potable y a su vez, resguardar el

derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La

armonía entre ambos derechos y el mantenimiento del equilibrio ecológico

que tutela el artículo 50 de constitucional, depende de las medidas que

establezca la ley para garantizar un uso racional de los recursos y para evitar

la afectación de los recursos existentes en el patrimonio natural del Estado.

Añade que los accionantes estiman que la Ley No. 9550 es inconstitucional

porque violenta el principio de objetivación de la tutela ambiental, porque,

para su trámite y aprobación, los diputados no contaron con estudios

técnicos sobre los impactos ambientales que generará la medida adoptada,

que cuantifique y justifique los cambios de uso de suelo que se permitirán y

que indique cuántos terrenos forman parte del patrimonio natural del

Estado. Sostiene que el principio de objetivación de la tutela ambiental se

encuentra ligado al principio preventivo, recogido en el artículo 15 de la

Declaración de Río y en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad, el cual

exige la adopción por parte de los poderes públicos de aquellas medidas

destinadas a evitar, mitigar o corregir los efectos adversos para el ambiente

que generan las actividades o acciones humanas. Por la naturaleza la materia

regulada en la ley impugnada no sería viable ni razonable, realizar un estudio

técnico a nivel general como lo exigen los accionantes. Primero, porque la

ley no implica, como consecuencia inmediata, que se vaya a aprovechar el

recurso hídrico en todo el patrimonio natural del Estado y que, por lo tanto,

deban analizarse desde la aprobación de todos los impactos ambientales

que ese aprovechamiento generará. La ley establece una habilitación general

para que en los casos que resulte imperioso y necesario, el entre prestatario

del servicio público de agua potable correspondiente puede solicitar el

aprovechamiento de agua en un terreno patrimonio natural del Estado

determinado, y para cada caso específico, se realizarían los estudios

técnicos necesarios que abarcarán los aspectos particulares de cada

solicitud. Es decir, no tendría sentido hacer un estudio general, de alta

complejidad y duración indeterminada, sobre todo el patrimonio natural

del Estado, cuando en la práctica, las solicitudes de permiso de

aprovechamiento se harán sobre algunos terrenos específicos. En segundo

lugar, un estudio como el reclamado por los accionantes topa con un

impedimento práctico, pues no puede olvidarse que el patrimonio natural

del Estado se constituye, además de las áreas silvestres protegidas, por los

terrenos boscosos o de aptitud forestal que adquiera el Estado y las

instituciones públicas, y por tanto, no es posible conocer, a priori, cuáles

terrenos con esas condiciones serán adquiridos por los entes prestatarios

del servicio público de agua potable. Sostiene que no es posible realizar un

estudio técnico que abarque todos los terrenos que se verán impactados

por el texto de la ley. Expresa que los accionantes estiman que al no existir

el citado estudio técnico, la decisión de los diputados de permitir una nueva

actividad en el patrimonio natural del Estado es injustificada y discrecional.

No obstante, además de que ese estudio resulta inviable, y hasta imposible,

lo cierto es que en el expediente legislativo constan datos acerca de las

cuencas hidrográficas en las que se ubican las áreas silvestres protegidas y

de la demanda hídrica del país que justifican la necesidad de la medida

adoptada para satisfacer el abastecimiento de agua a la población. De ahí

que a su criterio, no puede afirmarse que la decisión es antojadiza y

arbitraria. La habilitación general para el aprovechamiento de agua en el

patrimonio natural del Estado responde a una imperiosa necesidad pública,

la cual, puede verse afectada si cada solicitud concreta de aprovechamiento

debe tramitarse por separado y sujetarse a plazos indefinidos para la

aprobación de una ley específica, como, a criterio de los accionantes,

debió haberse procedido. Y es que además, como ya se indicó, la Ley No.

9590 establece una posibilidad general de aprovechar el recurso hídrico en

el patrimonio natural del estado y sujeta cada solicitud, primero al carácter

imperioso del aprovechamiento, y luego, a ciertas medidas y estudios

técnicos, en los que se valorarán y determinarán los posibles impactos

ambientales que se generen en cada caso específico, según las condiciones

particulares del terreno, el tipo de aprovechamiento que se llevará a cabo y

las actividades necesarias. La Ley No. 9590 exige una autorización por

parte del Ministerio de Ambiente y Energía, la declaratoria de interés

público por parte del Poder Ejecutivo en cuanto al carácter imperioso del

abastecimiento y la evaluación ambiental de la actividad o proyecto.

Específicamente, se dispone que “todas las obras o actividades necesarias

para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser

ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto

ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto

ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa

ambiental vigente, en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos

aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas

contemplados en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad(…)”. Aunado a

ello, en cuanto a la exigencia de una evaluación ambiental, la ley dispone

que debe asegurarse que no se altera el caudal ecológico indispensable para

el funcionamiento del ecosistema y que, anualmente, el ente autorizado debe

presentar el informe de los resultados de los aforos. Consecuentemente, la

ley impugnada, al prever instrumentos técnicos a los cuales debe sujetarse la

actividad permitida para garantizar el aprovechamiento racional de los

recursos, es acorde con el principio de objetivación de la tutela ambiental y

el principio preventivo. De tal forma, los impactos que a criterio de los

accionantes conlleva el aprovechamiento de agua, serán evaluados y

mitigados en cada caso concreto. Y ello fue considerado en el Informe

Integrado Jurídico Socio Ambiental, al disponerse que el nivel de impacto

ambiental que genera la construcción de obras de captación y conducción

de agua dentro de áreas ambientalmente frágiles, dependerá del sistema a

construir y de la tecnología a utilizar y que, a partir de ello, la Secretaría

Técnica Nacional Ambiental señalará los aspectos que deben tenerse en

cuenta para que se lleve a cabo la obra con el menor impacto ambiental

posible y mitigando los que se puedan generar. Al tratarse de una actividad

controlada y limitada y sometida a estudios técnicos, no existe violación al

principio precautorio ni tampoco al principio de no regresión en materia

ambiental. Agrega que, en el caso bajo análisis, si bien es cierto se autoriza

una actividad distinta a las que ya estaban permitidas dentro del patrimonio

natural del Estado, debe considerarse que el artículo 11 del Reglamento a la

Ley Forestal para el desarrollo de las actividades capacitación, investigación

y ecoturismo dentro del patrimonio natural del Estado permite la

construcción de ciertas obras, y que además, el aprovechamiento de agua

no es una actividad contrapuesta a los fines de conservación del patrimonio

natural del Estado y que se someterá a estudios técnicos, limitaciones y

controles. Y además, debe reiterarse que la modificación hecha al régimen

del patrimonio natural del Estado responde a una necesidad pública de

garantizar el abastecimiento de agua potable a la población, y por tanto, se

trata de una modificación justificada y razonable. Otro de los argumentos

de los accionantes, es que en la ley no se dispuso expresamente que la

autorización de aprovechamiento de agua dentro del patrimonio natural del

Estado requiera la realización de un estudio de impacto ambiental y de una

evaluación ambiental estratégica. Al respecto, recuerda el artículo 18 de la

Ley Forestal antes de la reforma practicada mediante la Ley No. 9590 y

sostiene que con el artículo No. 1 de la Ley No. 9590, únicamente se

incluyó la frase “así como actividades necesarias para el

aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con el

artículo 18 bis de esta ley”. Es decir, lo dispuesto en ese artículo sobre la

evaluación de impacto ambiental es lo que ya indicaba antes de la reforma

hecha. Dado que ese artículo remite al artículo 18 para la autorización del

aprovechamiento de agua para consumo humano, debe observarse que el

numeral 18 bis establece que “todas las obras o actividades necesarias

para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser

ejecutadas con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto

ambiental posible según el instrumento de evaluación de impacto

ambiental que corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa

ambiental vigente”. La evaluación de impacto ambiental, a la que remite el

artículo 18 bis es un concepto general que hace referencia al procedimiento

administrativo técnico-científico que lleva a cabo la Secretaría Técnica

Nacional Ambiental para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre

el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y

ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3 inciso 39)

del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de

Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de mayo de 2004.

Este procedimiento es que el exige el artículo 17 de la Ley Orgánica del

Ambiental y según el Reglamento citado, abarca tres fases: a) la evaluación

ambiental inicial, b) la confección del estudio de impacto ambiental o de

otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda y c) el control

y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los

compromisos ambientales establecidos. Entonces, la evaluación ambiental

que exige la ley, puede llevarse a cabo a través de un estudio de impacto

ambiental o de algún otro instrumento técnico, según el impacto ambiental

potencial de la actividad u obra a desarrollar. Así, el hecho de que una

norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad, el

estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su

inconstitucionalidad, ya que no está excluyendo a ese proyecto del

procedimiento de evaluación del impacto ambiental exigido por la Ley

Orgánica del Ambiente. Advierte que de conformidad con la reforma

realizada a la Ley Forestal por la ley impugnada, las “actividades necesarias

para el aprovechamiento de agua para consumo humano”, que permite

el artículo 18, abarcan la autorización del aprovechamiento en sí, la

construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua, y además,

otras obras que en ciertos casos pueden considerarse menores, como las

necesarias para el mantenimiento y mejoras de los sistemas ya existentes. En

esos casos, dependiendo de la magnitud e impacto de las obras, la

Secretaría Técnica Nacional Ambiental puede valorar la necesidad y

pertinencia de requerir un estudio de impacto ambiental. En todo caso, debe

considerarse que según el Reglamento General sobre los Procedimientos de

Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas silvestres protegidas; áreas de

protección de cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o

manantiales; y las áreas con cobertura boscosa natural, son áreas

ambientalmente frágiles que, por sus condiciones, presentan una capacidad

de carga restringida y con algunas limitaciones técnicas que debe ser

tomadas en cuenta en el procedimiento de evaluación, y por ello, para las

actividades, obras o proyectos que se vayan a realizar en ellas, se requiere

la presentación del documento de evaluación ambiental D1, que es el

instrumento utilizado para las actividades, obras o proyectos de alto y

moderado impacto ambiental potencial. Además, debe considerarse que los

artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que todas las

personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, tienen derecho a ser

escuchadas por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y

en la fase operativa de la obra o el proyecto. Indica que la información

contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de

carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier

persona u organización. Con base en ello, el Capítulo VI del Reglamento

General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, de

conformidad con lo exigido por el artículo 22 de la Ley Orgánica del

Ambiente, establece mecanismos (como la presentación de escritos,

audiencias privadas y públicas) para garantizar la participación ciudadana en

cualquier etapa del proceso de evaluación de impacto ambiental y en la fase

operativa de las actividades, obras o proyectos. De conformidad con lo

anterior, la norma impugnada al no exigir expresamente la presentación de

un estudio de impacto ambiental, no niega ni deja sin efecto la normativa

que garantiza el derecho de participación y el derecho de acceso a la

información, y por tanto, no es contrario a los artículos 9 y 50 de la

Constitución Política, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y

Desarrollo y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

América Latina y el Caribe (la cual se encuentra en proceso de ratificación).

En otro orden de ideas, dice que los accionantes estiman que se debió

exigir una evaluación ambiental estratégica, porque a través de ese

instrumento es posible valorar los impactos regionales de hace un

acueducto en el patrimonio natural del Estado. El Reglamento General sobre

los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo

No.3 inciso 35) conceptualiza la “evaluación ambiental estratégica”.

Además, también encuentra regulación en el artículo

Ese instrumento de

evaluación de programas, planes y políticas generales no es aplicable a la

aprobación de las actividades concretas y localizas que permite la ley

impugnada. Señala que será la SETENA, en el ejercicio de las competencias

otorgadas por los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente, la

encargada de determinar, según la magnitud del proyecto a desarrollar, el

instrumento de evaluación a utilizar. Por ende, a su criterio, el hecho de que

no se exija expresamente la utilización de un instrumento particular de

evaluación ambiental no implica que se está excluyendo a las actividades

permitidas por la ley impugnada del procedimiento de evaluación de

impacto ambiental, y por tanto, no podría estimarse que la norma sea

inconstitucional. Continúa manifestando que los accionantes también

cuestionan el hecho de que en el artículo 18 bis no se exija la autorización

del MINAE para los aprovechamientos de agua a realizar por los entes

prestatarios del servicio de agua potable en los terrenos que adquieran para

ese fin, y permita a esos entes continuar administrando esos terrenos que

forman parte del patrimonio natural del Estado. Sin embargo, señala que la

ley impugnada establece una excepción para aquellos casos en los que uno

de los entes prestatarios del servicio público adquiera o haya adquiridos un

terreno con bosque o de aptitud forestal con el fin de aprovechar el recurso

hídrico y brindar el servicio público de abastecimiento de agua potable,

para que no sea necesario requerir la autorización del MINAE para el

aprovechamiento proyectado y para que ese mismo ente pueda autorizar el

bien, pese a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la

Ley Forestal, al ser terrenos boscosos o de aptitud forestal, pasarían a

formar parte del patrimonio natural del Estado administrado por el SINAC.

Lo anterior en virtud de que, antes de la reforma llevada a cabo, si un ente

prestatario del servicio público de abastecimiento de agua potable adquiría

un terreno boscoso o de aptitud forestal para aprovechar una fuente de

agua, este terreno pasaba a formar parte del patrimonio natural del Estado

de manera automática. Y consecuentemente, no podía llevarse a cabo el

aprovechamiento proyectado ni cumplirse el fin para el cual había adquirido

el terreno. Sostiene que la intención de la ley es no impedir o limitar el

servicio público esencial de abastecimiento de agua potable, y de tal forma,

armonizar el ejercicio de las competencias especiales de los entes

prestatarios de ese servicio, con el régimen de protección dispuesto para el

patrimonio natural del Estado. Al respecto, debe tomarse en cuenta que

para garantizar el acceso de la población al agua potable, el artículo No.1 de

la Ley Constitutiva del ICAA le ha encomendado a este instituto la función

fundamental y general de dirigir todo lo relacionado con el suministro de

agua potable, y para ese fin, en los incisos c) y e) del artículo No. 5 le

faculta a adquirir o expropiar bienes inmuebles para la captación,

conducción, tratamiento y distribución de aguas con el fin de establecer

poblaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 2 inciso

g) y según la Ley General de Agua Potable la administración y operación de

los acueductos puede estar a cargo de las Municipalidades en los lugares

donde el ICAA no ha asumido la administración de los acueductos por

deficiencias en el servicio. La prestación del servicio público también puede

estar a cargo de las asociaciones administradoras de los sistemas de

acueductos y alcantarillados (ASADAS). Según lo dispuesto en el artículo

No. 2 inciso g) de la Ley No. 2726 y el Reglamento de las Asociaciones

Administradoras de Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales.

Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia posee plenas

facultades para prestar servicios de agua potable. Para el ejercicio de esas

facultades, cuenta dentro de su patrimonio con los inmuebles afectos a los

servicios que presta y que se encuentren bajo su administración, y además,

está facultada para adquirir bienes inmuebles para el cumplimiento de sus

objetivos. Además, es importante considerar que el artículo No. 18 de la

Ley No. 2726 establece que todas las propiedades e instalaciones de los

organismos del Estado que estén destinadas a la prestación de servicios

relativos a la captación, tratamiento y distribución de aguas potables y

evacuación de aguas servidas o pluviales en el país son patrimonio

nacional. Y que según los artículos No. 1 y 2 de la Ley General de Agua

Potable, la ejecución de las obras necesarias para garantizar el

abastecimiento de agua potable a la población constituye una actividad de

utilidad pública, que es reafirmada por los artículos 60 y 267 de la Ley

Orgánica del Ambiente y de la Ley General de Salud. Precisamente porque

existe un marco normativo que permite adquirir inmuebles para captar el

recurso hídrico y que declara de utilidad pública los sistemas de

abastecimiento de agua potable, específicamente el artículo 18 bis de la Ley

Forestal establece una habilitación de índole legal para realizar el

aprovechamiento sin contar con la autorización administrativa del Ministro

de Ambiente y Energía. Tal y como lo indica la norma, los entes

prestadores del servicio deberán cumplir con los demás requisitos

establecidos en el artículo 18 bis y en la normativa nacional, y aunque se les

faculta a administrar los terrenos, éstos se encuentran sujetos a las

condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del

Estado, según lo dispuesto en la Ley Forestal. Lo anterior quiere decir que

la única autorización de la que se encuentran excluidos es de la exigida por

los artículos 18 y 18 bis de la Ley Forestal para el aprovechamiento de

agua. Al indicarse que se debe cumplir con toda la normativa nacional, no

puede entenderse, como lo hacen los accionantes, que no se requerirá

autorización para cualquier otra actividad. Al tenor de lo indicado, debe

entenderse que la administración del terreno por parte del ente prestatario

del servicio público, lo es únicamente en cuanto a la actividad específica de

aprovechamiento de agua, ya que la autorización de otra actividad, que solo

podría ser relativa a la investigación, capacitación y ecoturismo, se mantiene

en manos del SINAC. También, al establecerse que se deben cumplir el

resto de requisitos del artículo 18 bis, el aprovechamiento requerirá

someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según lo

indicado en el párrafo 3°. Además de que se tratará de un aprovechamiento

controlado, cuyos impactos serán valorados y mitigados mediante el

procedimiento de evaluación ambiental, deberá asegurarse que no se altere

el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema, lo

cual, debe ser asegurado por el ICAA y monitoreado por el Ministerio de

Ambiente y Energía, tal y como lo dispone en el párrafo

Menciona

que no es posible afirmar que la norma impugnada es regresiva porque

desprotege los terrenos boscosos y de aptitud forestal adquiridos por los

entes prestatarios del servicio de agua potable. Al contrario, si bien es

cierto, se hace una excepción en cuanto a la exigencia de la autorización por

parte del MINAE y en cuanto a la administración del terreno, el

aprovechamiento de agua será una actividad controlada y los entes

prestatarios estarán sometidos a la demás normativa aplicable para cualquier

otro tipo de actividad. Asimismo, debe tenerse presente lo ya dicho

anteriormente en cuanto a que, el aprovechamiento del recurso hídrico no

es una actividad contrapuesta al régimen de protección del patrimonio

natural del Estado, sino que, por el contrario, depende de la protección del

recurso forestal. No en vano, el artículo 31 inciso b) de la Ley de Aguas ha

establecido un deber de conservar y proteger la cobertura boscosa que

existe en los terrenos que bordean las captaciones, tomas o surtidores de

agua potable, lo cual asegura la preservación de la fuente captada para el

servicio público. A ese deber, y a cualquier otra disposición aplicable, se

encuentran sujetos los entes prestatarios de servicio público de agua

potable. Por lo expuesto, la ley impugnada no elimina la rectoría del

MINAE en temas ambientales y en asuntos hídricos. Y ello, contrario a lo

indicado por los accionantes, tampoco sucede en el párrafo sexto del

artículo 18 bis de la Ley Forestal. Si bien es cierto se dispone que el ICAA

debe garantizar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el

funcionamiento del ecosistema, la misma norma establece expresamente que

el monitoreo de ese caudal le corresponderá al MINAE, lo cual no

desconoce las competencias que le tocan a la Dirección de Aguas. Dice que

el artículo 18 bis, párrafo sexto, reconoce esas funciones al indicar que se

debe presentar un informe anual de los resultados de los aforos ante el

SINAC y ante la Dirección de Agua. Por otra parte, expone que, de

conformidad con los fines de conservación para que los parques nacionales

y reservas biológicas, establece la Ley de Creación del Servicio de Parques

Nacionales (No.6084), la cual tiene aplicación para las reservas biológicas

según el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad y la Convención para la

protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de

América. Indica que se ha considerado que las reservas biológicas y los

parques nacionales poseen un régimen de mayor protección que el

correspondiente a las demás categorías de manejo. Sostiene que la Sala

Constitucional en la sentencia No. 10484-2004 de las 09:52 hrs. del 24 de

septiembre de 2004, señaló que en los parques nacionales se deben permitir

únicamente actividades que en nada perturben la vida natural presente en

éstos. Inclusive, afirman que en la sentencia No. 2008-16975 de las 14:53

hrs. del 12 de noviembre de 2008, los parques nacionales y reservas

biológicas son áreas silvestres protegidas de conservación absoluta.

Manifiesta que el artículo 3° de la Convención para la protección de la

flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América prohíbe

la explotación comercial de los recursos naturales de los parques

nacionales, lo cual se ha estimado aplicable a las reservas biológicas por el

grado de protección absolutas que se les ha otorgado. Por ende, al tratarse

de áreas silvestres protegidas de conservación absoluta, en las que se

encuentra expresamente prohibida la explotación comercial de sus recursos

y la instalación de acueductos y otras obras destinadas a las del MINAE,

existe una justificación para no permitir el aprovechamiento de agua ni las

actividades y obras necesarias para ese fin en los parques nacionales y

reservas biológicas. De ahí que, al ser ese régimen de protección contrario

a ese tipo de actividad, la única posibilidad de permitir el aprovechamiento

de agua en un parque nacional o reserva biológica es disminuyendo sus

límites, desafectando el área específica que sea necesaria. Y ello, según el

artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y 3° de la Convención para la

protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de

América, solo es posible mediante una ley que cuente con un estudio

técnico que respalde la adopción de tal medida. El hecho de que la

desafectación no se exija para el caso de las demás áreas silvestres

protegidas es debido a que el aprovechamiento de agua no es incompatible

con el régimen de protección que éstas poseen, ni se trata de una actividad

expresamente prohibida dentro de sus límites. Por tanto, para el resto de

áreas silvestres protegidas no es necesario disminuir su área desafectando la

porción de terreno en la que se llevará a cabo el aprovechamiento y ello, en

consecuencia, no violenta la Convención para la protección de la flora,

fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, la Ley

Orgánica del Ambiente o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Alega

que tampoco se violenta el Convenio Regional para Manejo y Conservación

de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones

Forestales del Sistema de Integración Centroamericana ni la Convención

sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que no contienen

disposiciones relacionadas con los requisitos para disminuir el área de las

áreas silvestres protegidas, Asimismo, la ley impugnada, al permitir el

aprovechamiento de agua dentro de las áreas silvestres protegidas, bajo

ciertas limitaciones y controles, no es incompatible con las disposiciones de

esos convenios relativas a la promoción de la conservación del recurso

forestal y del patrimonio cultural según las posibilidades y el derecho

interno de cada Estado. La alegada afectación de parques nacionales que

han sido declarados patrimonio natural de la humanidad, deberá analizarse

en el supuesto eventual de que se pretenda la desafectación de uno de ellos

para el aprovechamiento de agua. En ese momento deberá valorarse la

viabilidad de dicha medida, mediante los estudios técnicos

correspondientes y la emisión de una ley específica para esos efectos. Pero

ese supuesto eventual no puede acarrear la inconstitucionalidad de la Ley

No. 9590. Por último, tampoco se violenta la Convención Relativa a los

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de

Aves Acuáticas (Convención Ramsar), pues si bien es cierto ese Convenio

insta a compensar, en la medida de lo posible, la pérdida de recursos de

humedales mediante la creación de nuevas reservas naturales, esa medida

está dirigida a aquellos casos en los que se retire un humedal de la lista de

humedales de importancia internacional o se reduzcan los límites de uno de

ellos. Advierte que la ley impugnada no reduce la medida de los humedales

ni de las demás áreas silvestres protegidas, exceptuando el caso de los

parques nacionales y las reservas biológicas. Por último, sobre lo alegado

en cuanto a la violación del derecho de participación de los pueblos

indígenas, indica que jurídicamente el régimen de patrimonio natural del

Estado y el de los territorios indígenas es incompatible. Comenta que el

patrimonio natural del Estado es de dominio público, y por tanto,

contrapuesto al régimen de las reservas indígenas, que constituyen un

régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades

indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad

Inmueble. Expresa que no sería posible que un espacio territorial sea

simultáneamente de dominio público estatal y reserva indígena, y por ello,

no es posible afirmar que la ley impugnada afecta a los territorios indígenas

porque permitirá el aprovechamiento del recurso hídrico localizado en ellos.

Pese a lo anterior, si una solicitud concreta de aprovechamiento de agua en

un área silvestre protegida, de algún modo llegare a afectar los intereses

legítimos de algún territorio indígena, en ese momento deberá valorarse si

es necesaria o no la consulta de la comunidad indígena involucrada, no

antes. No es posible alegar la inconstitucionalidad de la norma por haber

omitido la consulta de la voluntad de los pueblos indígenas sobre una

afectación eventual, aleatoria o circunstancial. Por lo anterior, no existe la

violación alegada a los artículos 1, 7, 50 y 89 de la Constitución Política y

al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En ese mismo

sentido, alega que tampoco es inconstitucional el artículo 3° de la Ley No.

9590 que adiciona el artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Ambiente,

definiendo la categoría de manejo de zona protectora. Sobre este aspecto,

los accionantes no argumentan detalladamente en qué consiste la

inconstitucionalidad alegada. Por ello, al vincularse el alegato de

inconstitucionalidad con la omisión de consulta a las comunidades

indígenas, debe reiterarse la inexistencia de esa afectación por la

incompatibilidad existente entre el régimen de patrimonio natural del Estado

y el de los territorios indígenas.

Por escrito del 30 de octubre de 2018, Juan Carlos Peralta

Víquez, en su condición de Presidente con facultades de Representante

Judicial de la Asociación para el Bienester y Amparo de los Animales del

Cantón de San José, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga

como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala

fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo

50 de la Constitución Política. Considera que la misma debe ser declarada

con lugar. Lo anterior, pues indica que con esta ley se autoriza, con tan sólo

un decreto ejecutivo de interés público, cualquier tipo de explotación de

agua potable proveniente de fuentes superficiales, así como la

construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de

abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el patrimonio natural del

Estado, dentro del cual están todas las de Áreas Silvestres Protegidas,

muchas de las cuales traslapan con los territorios indígenas. Es nuestro

criterio que este proyecto es una iniciativa altamente dañina y peligrosa,

pues permite al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a

las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua potable por

la Ley N.° 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de 1953, a la

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y a las Asociaciones

administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (entidades

conformadas por usuarios, debidamente constituidas para ese fin e inscritas

con ajuste a la Ley N.° 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939),

que puedan administrar y operar el sistema de acueducto de su comunidad

mediante un convenio de delegación suscrito con el ICAA, conocidas

como ASADAS), intervenir, afectar, realizar obras e inclusive destruir áreas

silvestres protegidas por otras leyes ambientales, lo que les permitiría

aprovecharse del recurso hídrico que se encuentra incluso en territorios

indígenas, irrespetando su autonomía. La nueva Ley hace una salvedad en

el caso de áreas silvestres de protección absoluta, sea Parques Nacionales y

Reservas Biológicas (las cuales están oportuna y sabiamente protegidas por

diversas leyes), de que además deberá cumplirse con lo dispuesto en el

artículo 38 de la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre

de1995, pero no lo establece así para el caso de los territorios indígenas,

muchos de los cuales traslapan con estas áreas, atropellando los derechos

de los pueblos originarios, y tampoco lo hace en el caso de los Humedales

RAMSAR sobre los cuales se han suscrito convenios internacionales. Otro

aspecto a anotar es que el artículo primero de la ley N° 9590 establece que,

las actividades para el aprovechamiento del agua cuando sea necesario para

consumo humano una vez aprobadas por el ministro de ambiente y Energía,

será el ministro quien defina cuando corresponda y según un reglamento,

las evaluaciones de impacto ambiental, por lo que se puede concluir que

básicamente dejaría una situación de vital importancia tratándose de PNE y

ASP bajo la posibilidad que sea modificado los procesos varias veces en

una misma administración y en diferentes, lo que abriría un portillo para

crear diferencias técnicas por motivos políticos o económicos y no

técnicos desde el punto de vista ambiental, la rigurosidad que amerita una

situación como la autorizada por dicha ley demanda que deba por ley

establecerse las actividades y los mecanismos técnicos para obtener un

visto bueno, lo cual puede afectar directamente la salud de la personas,

flora, fauna y, consecuentemente, los derechos fundamentales de las

personas en concordancia con el numeral 50 de la Constitución Política

trasgrediendo el principio de Reserva de Ley. Al respecto téngase lo ya

manifestado por la Sala Constitucional, que en la sentencia número 8409-11

señaló lo siguiente: “Así las cosas, en el presente caso se discute

concretamente si puede o no el Poder Ejecutivo disminuir vía

reglamentaria el perímetro de protección previamente dado por el

Legislador, a lo que debe responderse de forma negativa, ya que con

base en el principio de reserva de ley, una norma reglamentaria no puede

regular materia destinada con exclusividad a la ley formal, como lo es

toda aquella relativa al goce de los derechos fundamentales. Lo anterior

es soslayado el caso bajo estudio, en el que mediante una disposición

infralegal se estableció una disminución al área de perímetro de

protección contenida en la Ley de Aguas, siendo que una disposición

reglamentaria no puede venir a cambiar el criterio mínimo de protección

señalado por la Ley, degradando con ello la protección legislativa. Es

así, como un reglamento no puede limitar o disminuir la protección de un

derecho constitucional como lo es el derecho a disfrute de un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado, cuando ya existe una Ley que regula

el tema, teniéndose que su variación está reservada exclusivamente a la

Asamblea Legislativa, mediante el procedimiento constitucionalmente

establecido”. Añade que el derecho al agua potable limpia y al saneamiento

es un derecho humano que el Estado debe garantizar a las presentes y

futuras generaciones, según Resolución 64/292 emitida por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 28 de julio del 2010, ya que el agua es

fundamental o esencial para el desarrollo de todos los otros derechos

humanos. Sin embargo, severas amenazas se ciernen sobre el valioso

recurso hídrico de nuestro país, gracias a los serios problemas de

contaminación de muchos de nuestros ríos, los cuales siguen siendo

verdaderos botaderos y cloacas a cielo abierto, lo que sin duda repercute

en la calidad de vida de toda la población. De igual forma, el recurso

hídrico se desperdicia de forma alarmante según el mismo AyA, pues

existen fugas de agua por deterioro de tuberías y medidores, y la pérdida es

tan alta que se podría suplir a casi todos los habitantes que hoy atiende este

Instituto: unos 2,1 millones en una gran parte de los acueductos de todo el

país. De modo que el recurso hídrico del país es suficiente para atender las

necesidades de agua potable de la población sin afectar las áreas silvestres

protegidas, zonas que no deberían abrirse a ningún tipo de explotación

comercial o industrial. A nuestro criterio, permitir la extracción de agua en

las Áreas Silvestres Protegidas para "consumo humano", lejos de ser una

solución más bien agravaría el problema, porque no frena el desperdicio,

alcahuetea la ineficiencia administrativa y más bien compromete nuestras

reservas de agua potable. Además esta apertura representaría un precedente

negativo y peligroso, que afectaría el paradigma que ha imperado hasta

ahora con respecto a estas áreas, como sitios para la conservación de la

biodiversidad, y no para el desarrollo de obras de infraestructura de gran

escala y alto impacto ambiental. Agrega que la Procuraduría General de la

República ya emitió mediante dictamen C-151-2019 DEL 21 de junio de

2018, un pronunciamiento en el cual concluye que: “

no obstante que la

regla general —

prevista en el artículo 13 de la Ley Forestal- sea que los

terrenos boscosos propiedad de las instituciones públicas, pasen a

integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del Estado, lo cierto es

que dicha disposición no puede ser interpretada en el sentido de que haya

despojado de su efecto útil a los artículos 50 y 18 de la Ley No. 2726, los

cuales son normas que tienen una finalidad especial pero además

vinculadas a la protección de un derecho fundamental

—el acceso al

agua—

del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente,

el cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal. Es

evidente, pues, que por la naturaleza especial de las disposiciones de los

artículos 5°y 18 de la Ley No. 2726, debe entenderse que los terrenos con

cobertura boscosa que el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados adquiera para la captación de agua potable, no se

encuentran afectados por las limitaciones del artí

culo 18 de la Ley

Forestal y por el contrario, deben reputarse vinculados al fin público de

garantizar el disfrute del derecho fundamental al acceso al agua

potable”. Por ello consideramos innecesaria la autorización a los entes

prestadores del servicio para que: “realicen actividades del

aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la

construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean

necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo

humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen

parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos

mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de

abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger

el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras

generaciones”. También es inconveniente la adición de un artículo 52 bis a

la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, que cambia el objetivo de la

categoría de manejo denominada “Zona Protectora”. Además, estima que

esta ley atenta contra la autodeterminación de los pueblos originarios que

habitan en los territorios indígenas, violenta el derecho ciudadano a disfrutar

de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y vulnera los derechos

de todos los costarricenses sobre los bienes de dominio público,

patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones, que deben ser

resguardados por el Estado.

Por escrito presentado el 05 de noviembre de 2018, Patricia

Abaldía Rodríguez, en su condición de Miembro del Comité Organizador

del Movimiento Social sin personería jurídica, Marcha contra el Maltrato

Animal en Costa Rica, se apersona a este expediente y solicita que se le

tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala

fundamentado y legitimado en la protección de la biodiversidad y el apoyo

a los derechos de grupos originarios, fundamentada en los artículos 7, 50 y

89 constitucionales, así como el Convenio 169 de la OIT. Dice que

considera que esta Autoridad debe tomar en cuenta de forma muy

importante que el ministro del MINAE expuso al contestar la acción que

existía inconstitucionalidad con la fragmentación de competencias que se

trasladaban al ICAA en cuando al caudal ecológico. El MINAE como ente

rector en sitios que son PNE y ASP está viendo disminuida una

competencia sin un solo argumento que lo justifique y esto no es todo, sino

que el hecho se hace para trasladar esta competencia a quien no tiene

capacidad técnica, ni experiencia, ni personal. El asunto no se hizo con

criterios técnicos y ello no se suple diciendo que el ICAA aportará informes

al MINAE. La creación de una nueva competencia sin modificar la Ley de la

Biodiversidad que da esa competencia a SINAC, que es parte del MINAE,

es irracional y totalmente injustificada y así pido disponerlo. Esto de

trasladar competencias no es un mero formalismo, requiere una justificación

técnica y hasta la creación de un presupuesto, que no consta en ningún lado

y siendo que con ello se podría alterar el derecho a un ambiente sano,

tenemos que con el numeral 18 bis se pone en riesgo los sitios que son

PNE y ASP. Asimismo, creo plenamente que es jugar con fuego en lugares

que han sido reconocidos por ustedes mismos como de alta fragilidad

ambiental y necesarios. Por otro lado, creo, como han expuesto los

accionantes, que si es que se requería un acueducto dentro de una ASP, o

un sitio PNE se debió de haber hecho una ley específica, pero abrir todos

los sitios que son frágiles a un uso nuevo del suelo como lo dice ahora el

artículo 18 de la Ley Forestal, pues ello fue irresponsable de parte de los

diputados y de los funcionarios que ahora defienden la ley. Añade que los

estudios para determinar que existía necesidad de agua para consumo

humano nunca existieron y ello no lo han desmentido los funcionarios, por

lo que debe ser el argumento vital para ver que se violentó el principio de

objetivación y la no regresión. Tanto el MINAE, como el representante del

Estado dicen que los estudios no había que hacerlos, o que son imposibles

de hacer, pero ello esconde un argumento falaz de irresponsabilidad

administrativa y así pido que ustedes lo vean y acojan esta acción en todos

sus términos. Otro punto fundamental que debemos destacar es que desde

la Procuraduría General de la República se señala que con la acción se está

induciendo a error a la Sala al hablarse de traslapes entre ASP y sitios PNE,

con territorios indígenas, pero debe quedar claro de una vez que los

territorios indígenas traslapan no solo porque son zonas contiguas, sino

porque existen como uno solo y son contemplados oficialmente como uno

solo y el mismo Procurador lo sabe, pues dirigió SINAC por varios años.

Los que tratan de confundirlos ustedes ni siquiera observaron el oficio

SINAC-DE-1043 de 19 de julio del 2018 que señala que la reserva

QUITIRRISI, traslapa en un 100 por ciento con un área que es PNE.

Ustedes no observarán un estudio que justifique lo anterior, pero a pesar de

ello, todo se hizo sin estudio alguno, sino que únicamente medió la

discrecionalidad abusiva de los diputados y ahora de los funcionarios que

tratan de tapar el sol con un dedo. La inconstitucionalidad no debe ser

resuelta diciendo que la ley queda vigente y que se haga una consulta solo a

los indígenas huetares de Quitirrisí, pues eso crea desventajas para otros

pueblos originarios por traslapes desiguales y por ello pido la

inconstitucionalidad de toda la ley por falta de consulta. Por último, señala

que no existieron estudios que fundamenten la ley y el argumento de

defensa es que los mismos eran imposibles de realizar, pero la verdad es

que ello nunca figuró en el expediente legislativo y ahora se encontró como

excusa. Es manifiesto que se trasladó una competencia muy sensible al

ICAA sin razones técnicas y sin cambiar la ley de la Biodiversidad y por

ello sacar el caudal ecológico de ciertos casos del MINAE y SINAC

amerita la inconstitucionalidad. Debe quedar claro que al crear una nueva

oficina y competencia en ICAA nunca se estableció ni siquiera un

presupuesto y ello pone en riesgo a la biodiversidad por defender un

derecho al agua que no se sabe cuán urgente era.

Por escrito presentado el 05 de noviembre de 2018, Marcela

Aguilar Bruno, número de cédula 1-0664-0129, se apersona a este

expediente y solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que

se presenta ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses

difusos que emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Indica que

con la reforma de la ley Forestal se procedió a autorizar una clara

modificación negativa a nuestra legislación, en el tanto que se señala de

forma amplísima que se podrán hacer acueductos en todos los sitios

declarados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) y Áreas Silvestres

Protegidas, donde por ejemplo muchos de esos sitios traslapan al 100 por

ciento con territorios indígenas. Solicita que se tome en cuenta el caso más

dramático donde el 100 por ciento de la Reserva Indígena Huetar Quitirrisi,

que es un sitio Patrimonio Natural del Estado (PNE), son una misma cosa,

pero nunca fueron consultados los pueblos originarios, tal y como es

evidente y manifiesto por las respuestas de la Procuraduría y el MINAE.

Por lo anterior, solicito expresamente que la acción debe ser declara con

lugar porque se violentó el Convenio 169 de la OIT al no realizarse la

consulta previa. Los actores aportaron la información sobre lo anterior, tal

y como consta en oficio del mismísimo Sistema Nacional de Áreas de

Conservación, datos que no pueden ser ignorados. Por ello el artículo

citado arriba es absolutamente inconstitucional por violentar normas

internacionales expresas. Advierte que que la consulta debe ser previa a

hacer la ley y el error fue mayúsculo y acarrea la declaratoria de

inconstitucionalidad por falta de consulta. Añade que la realidad es

clarísima y nadie ha querido asumir el error y han preferido decir que una

cosa son los territorios indígenas y otra los bienes del Estado, pero eso no

es tan simple. Asimismo hay que ver que en la ley cuestionada se habla de

que el caudal ecológico estará a cargo del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados (ICAA) pero ellos no tienen ni la experiencia,

ni los funcionarios que si tiene el SINAC, o la Dirección de Aguas, y con

ello existe un error muy serio que fragmenta competencias del MINAE y

SINAC sin justificación y aunque desde el ICAA den informes anuales, o

quinquenales ello es fragmentar competencias sin justificación técnica.

Además, la inconstitucionalidad es también observable al crearse una nueva

competencia para ICAA sin asignar ni prever un presupuesto en el tema del

caudal ambiental. De hecho esto que digo lo ha reconocido el mismo

ministro del ambiente al contestar la acción y está en blanco y negro dentro

del expediente. Así, considera que el ministro no se atrevió a pedir la

inconstitucionalidad, pero por lo menos dijo que si exista una objeción,

pero ello se debe traducir como la innegable oposición a la ley y esto debe

ser tomado en cuenta declarando la inconstitucionalidad por este otro tema,

pues la creación de competencias y fragmentación y traslado a otras

instituciones requiere justificaciones que por supuesto no constan en el

expediente de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, indica que la

Procuraduría señala que para ellos es imposible hacer un estudio donde se

determinen las necesidades del agua de las comunidades, pero ello sirve de

fundamento de todo lo que he señalado por los accionantes. Incluso esta la

ley - señala el Procurador - debe respetarse porque existe el derecho

humano al agua para consumo humano, pero el punto de la

inconstitucionalidad es no fundamentar con estudios que existe esa

necesidad real de intervenir ASP y PNE y que cambia el paradigma sobre

protección estatal que se ha tenido, desde la Procuraduría todo lo quieren

hacer ver también como desarrollo sostenible, pero para que así sea debe

estar justificado bajo criterios científicos y no por pura discrecionalidad.

Por ende, en el expediente de la Asamblea Legislativa nunca existió la menor

intención de aportar estudios y esa falencia es una muestra de la violación al

principio de objetivación que conlleva a la regresión, al constituirse incluso

un nuevo uso del suelo en el artículo 18 de la Ley Forestal. Alega que los

representantes del Estado no supieron cómo justificar una ley que incluía la

incorporación de un nuevo uso en sitios que son PNE o ASP. Y ello es

imperdonable y merece una llamada de atención. Reitera la falta de estudios

que justifiquen la modificación de la normativa. Por último, solicita que se

establezca que se violentaron derechos de los pueblos indígenas al no

consultarles sobre un proyecto que evidentemente iba a traer consecuencias

en sus territorios al traslapar estos en sitios que son PNE y ASP, en

especial obsérvese el oficio SINAC-DE- 1043 de 19 de julio del 2018, en la

parte final cuando habla sobre la Reserva indígena Huetar Quitirrisi.

Por escrito del 07 de noviembre de 2018, Carlos Edgar Gutiérrez

Jiménez, en su condición de Presidente de la Asociación Administradora de

Acueductos de Tacares Sur de Grecia se apersona a este expediente y

solicita que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta

ante esta Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que

emanan del artículo 50 de la Constitución Política. Señala que se procedió a

autorizar una clara modificación negativa a nuestra legislación, en el tanto

que se señala de forma amplísima que se podrán hacer acueductos en

todos los sitios declarados como Patrimonio Natural del Estado (PNE) y

Áreas Silvestres Protegidas. Recuerda que el Parque Recreativo Los

Chorros, creado mediante Ley N° 6126, no tipificaba en ninguna de las

categorías de manejo establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente y, por

ello, esta Sala dispuso que era PNE y que en ese tanto debía protegerse, lo

cual fue señalado por la Sala Constitucional. Por ello, es que vemos que se

está ante una situación perjudicial a la biodiversidad al haberse aprobado la

ley cuestionada, puesto que permite talar bosque, sotobosque, hacer

represamientos nuevos y poner estaciones de bombeo en donde hasta

ahora solo estaba permitida la protección, capacitación, investigación y

ecoturismo. Aclara que el Parque Recreativo Los Chorros, opera en su

acueducto, pero el mismo fue construido desde hace muchísimos años,

desde antes de que existiera la Ley Orgánica del Ambiente y otras normas

vinculadas. Por ello consideramos que ahora, al permitirse el nuevo uso

modificando, la Ley Forestal se está ante una situación totalmente

inadecuada, puesto que deja abierta la posibilidad a que todos los sitios en

el país que sean PNE puedan tener pérdida de la biodiversidad y alteración

de los ecosistemas, asunto que no contribuye a mantener los ciclos

hidrológicos y sus interrelaciones en puntos de a la fragilidad, aspecto

donde la ciencia y la técnica pasó de lado en la ponderación de los

legisladores. Consideramos que si lo que se requería era cambiar la

normativa se pudo haber hecho una modificación específica en la ley de

nuestro Parque Recreativo Los Chorros, para permitir manera posible que

el acueducto se ampliara, pero la forma en que lo han hecho los diputados

es contraproducente y perjudicial para todos los sitios que son PNE. Señala

que jamás podrían estar de acuerdo que, por una ley que se hace sin

estudios, se permita talar en un sitio de alta fragilidad y menos cuando eso

se realiza con una pésima técnica legislativa. Advierten que en el expediente

legislativo no constan estudio, ni una lista completa y detallada de todos los

sitios que son PNE o de ASP que se abrieron con la reforma y esto

evidencia la violación al principio de objetivación y al de no regresión.

Reclama que en esa reforma a la ley se incluye una práctica que altera ciclos

vitales por invasiva, puesto que significa represamientos y talas que nunca

fue respaldada en algo más allá que la simple discrecionalidad y eso es

abusivo como lo dice la acción interpuesta. Agrega que en la ley

cuestionada también se habla de que el caudal ecológico estará a cargo del

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), pero dado

que ellos no tienen ni la experiencia, ni los funcionarios que si tiene el

SINAC, o la Dirección de Aguas, es claro que trasladar la competencia en

esa línea al ICAA es desmembrar las competencias especializadas que

tienen los actuales responsables y todo esto es un ejemplo de improvisación

legislativa. Y lo peor es que esto último señalado se hace sin ningún criterio

técnico, ni asignación de nuevos presupuestos financieros, para constituir

nuevas unidades dentro del ICAA y por ello solicitamos la declaratoria de

inconstitucionalidad, pues conlleva a poner en riesgo la biodiversidad y con

esto se transgrede el artículo 50 constitucional. Tal y como se dice en el

escrito de los accionantes, todo este asunto hace perder la rectoría al

MINAE y al SINAC y complica el escenario en el manejo de recursos

estratégicos lo cual no es racional. Por otra parte, indica que la nueva ley

señala otro error al decir en el artículo 18 bis:

“En el caso de áreas silvestres

protegidas de protección absoluta, sea parques

nacionales y reservas

biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 38 de

la Ley N.° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995”.

Lo anterior, pues es claro que con esta situación en sitios como el Parque

Recreativo Los Chorros ahora el Estado podrá romper la montaña y los

ecosistemas sin tener que reponer o compensar, los sitios por donde se

requiera poner nuevas tuberías de acueducto y esa exclusión sin

justificación técnica no tiene sentido. Véase que hablamos de exclusión sin

justificación, pues nuestro Parque es tan solo PNE, pero no un sitio de

protección absoluta y por ello es injustificable que se puedan hacer tala,

zanjas, estaciones de bombeo, sin que exista la obligación de tener que

compensar áreas, ni tener que proceder a cambiar los límites. Advierte que

la ley no resuelve una serie de interrogantes sobre las áreas silvestres

protegidas y el patrimonio natural del Estado, lo cual confirma la pésima

técnica legislativa usada al respecto. Aclara que el Parque es un sitio de alta

fragilidad y, por ello, no es justificable que no opere el numeral 38 de la Ley

Orgánica del Ambiente. Indica que el Ministro del MINAE reconoce el

problema-competencial de traslado de la competencia de sitios que son

PNE al ICAA. Lo anterior se hizo sin ningún estudio ni fundamento de parte

de los diputados y con ello se concreta la inconstitucionalidad en esa línea,

aunque la Procuraduría diga que no existe. Considera que los argumentos

del Procurador no son de recibo. Otro tema importante es que la

inconstitucionalidad es también observable al crearse una nueva

competencia para el ICAA sin asignar ni prever un presupuesto en el tema

de caudal ambiental. Situación conexa al hecho de que todas las áreas

protegidas son distintas en cuanto a su conformación biológica y nada de

esto se toca en la ley. Por ejemplo la ley 6126 de la creación del Parque los

Chorros, no se toma en cuenta y en el sitio es prohibido cortar árboles o

extraer plantas y otros, y estaría amenazada con esta ley. Nada de esto se

toma en cuenta y lesiona incluso la protección que esta Asada por años ha

efectuado en Los Chorros.

Por escrito del 06 de noviembre de 2018, Luis Diego Marín

Schumahcer, en su condición de Presidente de la Asociación Preserve

Planet, se apersona a este expediente y solicita que se le tenga como

coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta Sala fundamentado y

legitimado en los intereses difusos que emanan del artículo 50 de la

Constitución Política. Señala que los parques nacionales y las reservas

biológicas fueron creados con el fin de mantener en el estado más

inalterado posible muestras representativas de los ecosistemas. Añade que

son el último reducto inalterado dentro del territorio nacional, siendo que el

desarrollo de proyectos de infraestructura (acueductos, etc…) no es

compatible con la finalidad de un Parque Nacional o una Reserva Biológica.

Agrega que los impactos ocasionados son significativos y muchas veces

irreversibles, pues alteran el equilibrio natural, convirtiendo el área en un

ecosistema alterado, siendo que no constituye una zona donde la prioridad

es la conservación. Por otra parte, indica que, según diversos estudios

efectuados por el MINAE y el AyA, entre un 40% y un 70% del agua

potable se desperdicia gracias a fugas. Por tal motivo, no se justifica la

extracción del recurso hasta que todas las cañerías sean arregladas y se

evite el gran desperdicio. Por último, manifiesta que un gran porcentaje de

las áreas silvestres protegidas están dentro de reservas indígenas y durante

la discusión de esta ley en la Asamblea Legislativa estas comunidades no

fueron consultadas. Señala que el argumento de la Procuraduría General de

la República se cae al tener presente que la reserva indígena Quitirrisí,

ubicada en la Zona Protectora del mismo nombre, ocupa un 100%, es

decir, tanto el territorio de grupos originarios como la zona protectora que

es Patrimonio Natural del Estado son lo mismo. Así, es completamente

falso considerar que una cosa son las áreas silvestre protegidas o sitios

Patrimonio Natural del Estado y otra los territorios indígenas.

Por escrito del 19 de noviembre de 2018, Grigory Chaves

Chaverri, cédula número 1-873-910, se apersona a este expediente y solicita

que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta

Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del

artículo 50 de la Constitución Política. Señala que todas las áreas son

diferentes y requieren de un tratamiento y cuido especializado, lo cual no

toma en cuenta la ley impugnada. Manifiesta que, además, esta ley debe ser

considerada inconstitucional, ya que es claro que esa modificación al

artículo 18 de la Ley Forestal se hizo sin un estudio que justificara que

dentro de los sitios que son patrimonio natural del Estado, o áreas silvestres

protegidas, sea oportuno tomar agua que será sacada de los ríos.

Igualmente, no se ha solventado el problema de fugas existentes a nivel

nacional. Afirma que los sitios que son áreas silvestres protegidas

especialmente fueron creados por el legislador para protección, educación,

investigación y para preservar la biodiversidad, pero jamás para tomar agua

desde ellos, razón por la cual en esta ley se desnaturaliza la figura de las

áreas silvestres protegidas. Añade que esta ley no tiene estudios técnicos-biológicos para determinar cómo se va a alterar el medio ambiente en

cuanto a características biológicas que incidan en su diversidad y

biodiversidad. Considera que es correcto que al traslapar muchos territorios

indígenas con las áreas silvestres protegidas y sitios patrimonio natural

del Estado, se hacían obligatorias las consultas previas por la sola

modificación del artículo 18 de la Ley Forestal, siendo que esas consultas

nunca ocurrieron. Aclara que el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillas emitió un argumento falaz en su informe, ya que señaló que la

ley cuestionada prevé que los territorios indígenas estarán fuera del marco

regulatorio, lo cual es totalmente falso.

Por escrito del 29 de noviembre de 2018, Javier Rodríguez

Fonseca, cédula número 1-546-710, se apersona a este expediente y solicita

que se le tenga como coadyuvante activo, e indica que se presenta ante esta

Sala fundamentado y legitimado en los intereses difusos que emanan del

artículo 50 de la Constitución Política. Señala que los artículos 1 y 2 de la

Ley 9590 cambian el espíritu original del artículo 18 de la Ley Forestal, por

cuanto éste último consideraba actividades de bajo o muy bajo impacto

tales como ecoturismo, investigación y capacitación, mientras que la ley

9590 lo amplía a actividades de extracción de agua que pueden implicar

infraestructura y acciones de alto impacto. Asegura que esa norma también

viola el artículo 11 del Reglamento que regula la Ley Forestal. Añade que es

contradictorio que se establezca en el artículo 2 que para extraer agua de un

área protegida se requiera una declaratoria de interés público y conveniencia

nacional cuando la preservación de los recursos en las áreas protegidas

del país es de interés público y de conveniencia estratégica nacional.

Agrega que el artículo 18 bis es confuso, particularmente porque parece

contradecir la autorización de extracción de agua en áreas silvestres

protegidas. Afirma que el artículo 3 de ese cuerpo normativo no indica

explícitamente que en las zonas protectoras se pueda extraer agua dentro de

ellas, lo cual aumenta la confusión indicada. Manifiesta que la extracción de

los diferentes recursos que se salvaguardan en las áreas protegidas para las

presentes y futuras generaciones, debe ser in extremis y no una posibilidad

que, autorizada por ley, sienta un precedente que se prestaría para

diferentes justificaciones “sociales y comunitarias” y los consecuentes

abusos por las conocidas dificultades que tiene el país en el control y

vigilancia del uso sostenible de los recursos naturales. Asegura que sigue

existiendo un desperdicio de agua por casos de rupturas de tuberías de

suministro de agua. Explica que para cada proyecto de extracción de agua

en el Patrimonio Natural del Estado se requerirá del Estudio de Impacto

Ambiental, sin embargo estos son para ser aplicados en zonas fueras de las

áreas silvestres protegidas. Por último, señala que en algunos casos

problemáticos específicos, como Sardinal de Guanacaste o Grecia, entre

otros, los conflictos se han dado más por una inadecuada, incluso injusta

gestión del recurso hídrico y no por la escasez del mismo.

Por escrito presentado el 30 de noviembre de 2018, Nidia María

Vargas Picado, en su condición de Presidenta de la Asociación

Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San Carlos se

apersona al expediente y solicita una coadyuvancia. Señala que el derecho

humano de acceso al agua potable y al saneamiento, requieren ser tutelados

y garantizados por el Estado y sus instituciones, para lo cual se requiere no

solo del desarrollo de infraestructura que permita el abastecimiento, sino de

fuentes de agua que puedan ser aprovechadas para el cumplimiento de ese

fin público. Con este espíritu se tramita la Ley de la República No. 9590

con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, reconocido como

derecho fundamental por la jurisprudencia de la Sala Constitucional e

instrumentos internacionales vigentes en el país. Esta Ley regula la forma de

atender por parte de los entes autorizados prestadores de servicio público

legalmente constituidos el aprovechamiento del agua y el acceso a la misma

en áreas consideradas Patrimonio Natural del Estado, a fin de enfrentar los

problemas de las fuentes afectadas por el cambio climático. Esta Ley de la

República tiene su génesis en el dictamen C-134-2016 del 08 de junio de

2016, concluyendo de manera categórica: de lo expuesto se colige que AyA

no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de

las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, abastecimiento

poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, de la Ley 2726

de 1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa

que amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado

por el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones. EI

sustento jurídico tiene como base, varias sentencias emanadas de la Sala

Constitucional que ordenan brindar servicios públicos de agua potable a

comunidades en zonas rurales, pero se presenta el escenario de que muchas

veces las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se ubican en

áreas silvestres protegidas. Por este motivo, el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de la

República la consulta citada, referente a la posibilidad de autorización de

obras para captar dichas fuentes en esas áreas. Es relevante reiterar a esta

Sala Constitucional que, ante la falta de acceso de fuentes de agua para

consumo humano, en ciertas zonas del país, como es el caso de la ASADA

que representa, fue necesario que el AyA, en su rol rector, solicitara el

criterio de la Procuraduría General de la República, siendo que esa

institución respondió que el AyA no está legalmente autorizado a aprovechar

el recurso hídrico para abastecimiento poblacional dentro de esas áreas,

donde no rige el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726. Ante ello, la opción

viable que propone y fue atendida, es una reforma a la Ley Forestal para

realizar actividades de aprovechamiento de agua y construcción de

infraestructuras en las áreas silvestres protegidas, cuando no existe otra

fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento de agua para

la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad,

iniciativa que fue acogida para su trámite por 15 señores Diputados y

señoras Diputadas y se materializó como Ley de la República en su

votación en segundo debate en junio de 2018. En esta coyuntura, la

Procuraduría General de Ia República emitió el Dictamen del 18 de mayo de

2018 C- 103-2018 y C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del

principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales,

específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede

impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y

mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya

existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son

indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua,

así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad

suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. En el Dictamen del 21

de junio de 2018, se indica que los terrenos boscosos propiedad de las

instituciones públicas, pasan a integrar, de pleno derecho, el patrimonio

natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser

interpretada en el sentido de que se haya despojado de su efecto útil a los

artículos 5 y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una

finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho

fundamental -el acceso at agua- del mismo rango de protección que el

derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la

Ley Forestal. La modificación impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar

el medio ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios

para evitar el daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la

reforma propuesta busca garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o

proyecto en que se haga uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible

afectación o alteración al recurso hídrico, se haga un análisis integral de la

situación. La modificación pretende que los proyectos de abastecimiento de

agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar los

grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de

agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que

implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico

para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el

Patrimonio Natural del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590,

procura que se valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en

todos los factores o acciones que caracterizan a la actividad, obra o

proyecto de aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que

se haga un uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que

el recurso hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de

inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación

incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que esta

ley busca la protección y conservación del recurso hídrico, y un

aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo humano,

solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89 constitucionales. Para eso

se plantea el requerimiento previo de la declaración, por el Poder Ejecutivo,

de interés público, en específico para un abastecimiento poblacional

imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de servicio

público. El Principio Precautorio, mediante el cual se establece una

presunción en favor del ambiente, está contenida en la Ley de la República

No. 9590 y se desprende de una lectura integral del mismo, de manera que

en casos de requerir ingresar a un área de protección se debe cumplir con el

procedimiento establecido en este cuerpo normativo, este principio se

respeta. De la normativa cuestionada se deduce que cuando no exista

certeza científica sobre los efectos negativos que una actuación pueda

generar, se prohíba su realización, se le impongan limitaciones o se adopten

medidas protectoras, enunciado en el artículo 11 de la Ley de

Biodiversidad. Asimismo, señala lo indicado por este Tribunal en el voto

número 1220 de 14:48 horas del 6 de febrero del 2002, respecto a esta

situación. El Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo que pretende con la

modificación en cuestión, es que con fundamento en estudios técnicos

precisos que una determinada actividad o proyecto, no requiera los

estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente motivada y

fundamentada.

Por escrito presentado el 05 de diciembre de 2018, Roberto

Molina Ugalde, en su condición de Representante de SITRAMINAE, se

apersona al expediente y solicita una coadyuvancia activa a favor de los

argumentos que piden declarar inconstitucional la Ley no. 9590. Señala que

esta acción debe ser encontrada con lugar, pues como lo han señalado los

datos que se aportan y el informe del SINAC No. SINAC-DE- 1043 del 19

de julio del 2018, todos los territorios indígenas forman un solo

conglomerado con las Áreas Silvestres Protegidas, o sitios que son

Patrimonio Natural del Estado, incluido QUITIRISÍ, que es el 100 por

ciento reserva y territorio indígena. Siendo que el argumento de tener todos

esos sitios que son ASP y PNE no ha sido desvirtuado, por ser cierto, es

claro que esta Sala deberá resolver la acción teniendo como un hecho

verdadero y reconocido que a los pueblos originarios se les debió de haber

dado audiencia previa antes de hacer la ley. Lo anterior se debe hacer

porque el actual artículo 18 de la Ley Forestal agrega un nuevo uso, que es

invasivo y transgresor a territorios que, en parte, o al 100 por ciento, son

indígenas. Cualquier introducción de variantes de usos del suelo a

territorios indígenas implicaba una consulta. Para todos los efectos legales,

en Costa Rica a la fecha, es indiscutible que los territorios de pueblos

originarios están dentro de los límites de Áreas Silvestres Protegidas y

sitios Patrimonio Natural del Estado. Los territorios indígenas que están

totalmente vinculados a los sitios PNE y a las ASP en Costa Rica quedaron

indiscutiblemente afectados al nuevo uso y esa afectación, como se ha

dicho nunca fue consultada. La afectación de marras conlleva a una

imposición estatal para pueblos tribales de tener que soportar actos de

tomas de agua, construcción de casetas para bombas de impulso de agua,

al paso de tuberías, a tala de árboles etc. En sus territorios y ello, repito

nunca fue consultado, conforme al Convenio 169 de la OIT que lo exige.

Con base a lo señalado, se tiene una clara violación de rango constitucional

y al marco de la convencionalidad que emana del artículo 18 y del 18 bis de

la Ley Forestal. Añade que para hacer la modificación al artículo 18 de la

Ley Forestal se debió de haber contado previamente con estudios que

valoraran lo oportuno, las necesidades, el costo beneficio y todos los

aspectos técnicos dentro de la ciencia, pero como se ha señalado, nada de

ello existió y esto hace a la ley nueva, violatoria al principio de regresión y al

principio de objetivación y así pedimos declararlo. Lo que señala el

representante de la Procuraduría General de la República en la línea de que

los estudios eran imposibles es un criterio abusivo, que esconde fríamente

un abuso de poder indefendible. La verdad, lo señalado por el ente asesor

de esta Sala es sumamente peligroso, pues puede seguir siendo utilizado

para desnaturalizar el principio de objetivación en aspectos ambientales. Ese

criterio de la Procuraduría lo encontramos incluso poco serio, pues tiende

a fomentar la discrecionalidad administrativa y la legislativa y por ello

amerita una llamada de atención de parte de esta Sala. Señala que, además,

debe verse como un asunto muy serio, así como irresponsable también, el

hecho de que el propio Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados, señala que el artículo número 1 de esta Ley cuestionada,

reconoce que la norma no aplica para territorios indígenas. Esto se señala al

final de su informe. Ese argumento tendencioso es una clara mentira que

debe ser vista como un argumento que tiende a confundir a esta Sala de una

manera poco elegante y así pedimos que se disponga al acoger la acción de

inconstitucionalidad. Curiosamente tampoco el Instituto aporta prueba

alguna sobre la necesidad de tomar agua dentro de los sitios que son PNE,

o los que son ASP y esto es indicativo de la improvisación que medió para

hacer esta ley. El punto es que nada justificaba realmente una apertura al

nuevo uso como la realizada. No podemos dejar de señalar que también

consideramos que sería nefasto el quebrantar la competencia del MINAE

(Dirección de Aguas) y del SINAC en la protección del recurso hídrico para

traspasar todo lo relacionado al caudal ecológico al Instituto dicho, como

se señala en artículo 18 bis. Lo peor es que esto se hace sin mediar una

justificación técnica, ni jurídica que no encuentra respaldo jurídico, como lo

quiere hacer ver la funcionaria Astorga Espeleta, en el solo hecho de que se

diga en la Ley Constitutiva de ellos, pues esto no tiene relación con un

traslado de competencias específicas de un ministerio a una institución que

nunca ha manejado biodiversidad y menos caudales ecológicos dentro

sitios, vulnerables, frágiles ambientalmente como son las áreas silvestres

protegidas. Acá si se observa, que ni siquiera se asigna en la modificada

Ley o sus transitorios un presupuesto económico para esa nueva oficina y

ello confirma que el manejo de los caudales ecológicos no debe salir de la

Dirección de Aguas, ente adscrito al MINAE. Es importante aclarar que,

por su naturaleza demanial, el recurso hídrico goza de especial protección

de manera que no es susceptible de ser apropiado por parte de particulares.

El recurso hídrico es protegido, conservado y administrado como

corresponde por el MINAE a través del SINAC y del Departamento de

Aguas. El MINAE es el ente rector en la gestión de los recursos hídricos

del país, correspondiéndole con poder de imperio el disponer y resolver

sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y control y

vigilancia. Adicionalmente, el SINAC es otro ente del Estado Costarricense

que practica especial énfasis para que sus áreas silvestres protegidas y

reservas equivalentes aseguren la protección y conservación de sus

recursos hídricos. Por otro parte, con el Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, es probable que haya indicios graves de

sobre explotación de los nacientes y acuíferos, que están ubicados dentro

de las áreas silvestres protegidas ya que se estarían concesionando sin que

previamente se conozcan las condiciones de cantidad y calidad. Además,

con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no se

vislumbra una regulación de todas las actividades que puedan afectar la

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en

las fuentes y zonas de recarga acuífera. Adicionalmente, con el instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como no conoce a ciencia

cierta y científica sobre los caudales ecológicos, nunca podrá especificar

sobre su evaluación, esta medida no podrá llegar a definir claramente con

respecto a los caudales suficientes para el logro de los objetivos

ambientales y ecológicos. Por otra parte, el Estado Costarricense a través

del MINAE-SINAC-Departamento de Aguas, deben seguir garantizando la

conservación recuperación y manejo integral de los recursos hídricos,

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico

de las áreas silvestres protegidas. Por último, no podemos terminar sin

decir que las normas tanto de rango legal, como las de nivel convencional

establecen un espíritu de protección a la biodiversidad que está dentro de

las ASP y los sitios que son PNE, por ello, al agregarse un nuevo uso que

permite sacar agua dentro esas áreas, desnaturaliza la figura de los sitios que

hemos protegido y que son sumamente frágiles ambientalmente. Debe

quedar claro, que las instituciones que hacen posible llevar agua a las

comunidades bien pueden tomarla desde los inmuebles que están fuera de

las ASP, o de los sitios que son PNE, pero sobre esto no se dice nada y es

que ello es parte de hacer una ley sin estudios que justifiquen la necesidad

de abrir sitios que deben mantenerse para las futuras generaciones de la

mejor manera, donde se respete la biodiversidad y esto no quiere decir

desde ningún punto de vista que violenten derechos humanos, pues como

dijimos a la fecha no hay ningún estudio científico, exhaustivo que

demuestre que el agua debe ser tomada de las ASP o de terrenos PNE.

Por escrito presentado el 12 de diciembre de 2018, Mario Andrés

Boza Loría, en su condición de Apoderado Generalísimo sin Limitación de

Suma de The Leatherback Trust, se apersona al expediente y solicita una

coadyuvancia. Señala que su representada es una organización sin fines de

lucro, constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, cuyo

objetivo es la protección de la baula y otras tortugas marinas, cuyo plazo de

vigencia es perpetuo. Indica que la labor que realizan es tendiente a la

conservación de los ecosistemas que de alguna manera inciden en el fin

propuesto en sus estatutos. Manifiesta que su labor se ha desarrollado

principalmente en el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste,

territorio que contiene además del área marina, importantes áreas boscosas

como el Cerro Morro y otros, que sin duda se podrían verse afectados por

la aplicación de la normativa impugnada, por lo que considera que le asiste

un interés legítimo, ya que comparten el interés difuso que caracteriza el

tema en cuestión. Asegura que la acción debe ser declarada con lugar, pues

no existen estudios técnicos que respalden la medida adoptada aun cuando

constituye una reducción del contenido esencial del área natural. Añade que

no existe la realización de un estudio de impacto ambiental previo y mucho

menos integral sobre todas las áreas constitutivas del patrimonio natural del

Estado. Además, se autoriza al Ministerio de Ambiente tomar la decisión de

si realiza o no la evaluación. Agrega que esa normativa también menoscaba

la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía. Por último, señala que el

artículo 18 bis excluye otras áreas protegidas diferentes a parques

nacionales y reservas biológicas, lo anterior de la acreditación de que no

existan otras fuentes disponibles de aprovechamiento. Concluye que al no

solicitar el mismo requisito en las áreas de protección absoluta, se violenta

el principio de constitucional de razonabilidad y proporcionalidad.

Por escrito presentado el 13 de diciembre de 2018, Olga María

Rodríguez Herrera, en su condición de Presidenta de la Promotora de

Bienestar Animal, se apersona al expediente y solicita una coadyuvancia.

Señala que la presente coadyuvancia activa encuentra su fundamento en los

intereses difusos que emanan del tema y su vinculación con las normas 9,

50 y 89 constitucionales. Considera que la presente norma propicia una

discriminación contra la población indígena respecto a su derecho a la

gestión del recurso hídrico en los territorios protegidos. Advierte que en

Costa Rica hay traslapes catastrales entre territorios indígenas y áreas

silvestres protegidas y la ley no hace ninguna salvedad sobre estos

territorios. Por ende, estima que la afirmación de que esta normativa no

afecta territorios indígenas es totalmente falso, ya que el texto no excluye

los territorios indígenas, por lo que es obligatorio hacer la consulta a los

pueblos indígenas. Por último, manifiesta que existe un traslado de

competencia de la Dirección de Aguas y el SINAC al Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Mediante resolución de las 16:20 hrs. del 12 de diciembre de

2018, el Magistrado Presidente a.i. de esta Sala Constitucional le previno a

la gestionante Nidia María Vargas Picado, cédula de identidad n° 2 0419

0709, quien dijo acudir en representación de la Asociación Administradora

de Acueducto Rural de La Fortuna de San Carlos, que deberá aportar la

personería jurídica vigente de dicha asociación, donde se acredite la

condición que aduce ostentar con respecto a esa entidad.

Por constancia del 20 de diciembre de 2018 emitida por el

Secretario a.i. y la técnica judicial hicieron constar que la Presidenta de la

Asociación Administradora del Acueducto Rural de la Fortuna de San

Carlos no cumplió con la prevención realizada mediante resolución de las

16:20 hrs. del 12 de diciembre de 2018.

Mediante resolución de las 08:59 hrs. del 21 de diciembre de

2018, la Magistrada Presidente a.i. de esta Sala Constitucional resolvió las

solicitudes de coadyuvancias presentadas los días 18, 19 y 29 de octubre,

5, 6, 7, 19 y 29 de noviembre y 5 y 7 de diciembre, todos del 2018, y en los

que se solicitó ser tenidos como coadyuvantes activos por considerar que

tienen interés legítimo, dado que esta acción se trata de la defensa de

intereses difusos, por ser relativa al derecho a un ambiente sano. Así las

cosas, la Presidencia de la Sala Constitucional aceptó las coadyuvancias,

toda vez que la primera publicación del aviso se dio el 19 de noviembre de

2018. En consecuencia, se aceptaron como coadyuvantes a los siguientes

personas: Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad 1-0297- 0932,

Jorge Serendero Hülssner, cédula de residencia 115200011317,

Juan

Carlos Peralta Víquez, cédula de identidad 3-0229-0629, en su condición

de Presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los

Animales del Cantón de San José, cédula jurídica 3-002-248601,

Patricia Abadía Rodríguez, cédula de identidad 1-0490-0741,

Marcela

Aguilar Bruno, cédula de identidad 1- 0664-0129,

Luis Diego Marín

Schumacher, cédula de identidad 1-0753-0303, en su condición de

Presidente de la Asociación Preserve Planet, cédula jurídica 3- 002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad 2-0254-0769, en su condición de

Presidente de la Asociación Administradora

de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, cédula jurídica 3-002-247987,

Grigory Chaves Chaverri, cédula de identidad 1-873-910,

Javier

Rodríguez Fonseca, cédula de identidad 1-546-710,

Roberto Molina

Ugalde, cédula de identidad 5-195-152, en su condición de Secretario

General Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores del

Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de

Conservación, cédula jurídica 3-011-212127 y

Mario Andrés Boza

Loría, cédula de identidad 1-297-932, en su condición de apoderado

generalísimo sin limitación de suma de The Leatherback Trust, cédula

jurídica 3-013-292175, se apersonaron. Asimismo, se tiene como

coadyuvante en este proceso a Nidia María Vargas Picado, cédula de

identidad 2-0419-0709, en su condición individual y no como Presidenta de

la Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San

Carlos. Por otro lado, la Presidencia de la Sala rechazó la coadyuvancia

activa por extemporánea planteada por la gestionante Olga María

Rodríguez Herrera, cédula de identidad 2-269-129, en su condición de

Presidente de Promotora de Bienestar Animal. Asimismo, en esa

resolución se indicó que “se tienen por contestadas las audiencias

conferidas al Procurador General de la República, al Ministro de

Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Directora

Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en la

resolución de las 08:23 horas de 4 de octubre de 2018. Asimismo, se tiene

por no contestada, la audiencia conferida en la misma resolución al

Presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Asuntos

Indígenas, en virtud que no consta en el

Sistema de Gestión registro de

documento alguno aportado por esa parte a fin de contestar la audiencia

otorgada”. Por ende, se turno esta acción de inconstitucionalidad a la

oficina que actualmente está bajo el cargo de la Magistrada Esquivel

Rodríguez, a quien por turno corresponde el estudio de fondo de la misma.

Por escrito del 15 de marzo de 2019, Suzeth Espinoza Cruz, en su

condición de Presidenta de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos

Aires, Sur Jiménez, presenta coadyuvancia pasiva y sostiene que es

relevante reiterar a esta Sala Constitucional que, ante la falta de acceso de

fuentes de agua para consumo humano, en ciertas zonas del país, como es

el caso de la ASADA que represento, fue necesario que el AyA, en su rol

rector, solicitara el criterio de la Procuraduría General de la República,

siendo que respondió que el AyA no está legalmente autorizado a

aprovechar el recurso hídrico para abastecimiento poblacional dentro de

esas áreas, donde no rige el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726. Ante ello,

la opción viable que propone y fue atendida, es una reforma a la Ley

Forestal para realizar actividades de aprovechamiento de agua y

construcción de infraestructuras en las áreas silvestres protegidas, cuando

no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el abastecimiento

de agua para la población beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad

y cantidad, iniciativa que fue acogida para su trámite por quince señores

Diputados y señoras Diputadas y se materializó como Ley de la República

en su votación en segundo debate en junio de 2018. En esta coyuntura, la

Procuraduría General de la República emitió el Dictamen del 18 de mayo de

2018 C- 103-2018 y C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del

principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales,

específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede

impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y

mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya

existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son

indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua,

así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad

suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. En el Dictamen del 21

de junio de 2018, se indica que los terrenos boscosos propiedad de las

instituciones públicas, pasan a integrar, de pleno derecho, el patrimonio

natural del Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser

interpretada en el sentido de que haya despojado de su efecto útil a los

artículos 50 y 18 de la Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una

finalidad especial pero además vinculadas a la protección de un derecho

fundamental —

el acceso al agua—

del mismo rango de protección que el

derecho al medio ambiente, el cual es tutelado a través del numeral 13 de la

Ley Forestal. La modificación impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar

el medio ambiente, ni impedir que se elaboren estudios técnicos necesarios

para evitar el daño grave e irreversible al ambiente. Por el contrario, la

reforma propuesta busca garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o

proyecto en que se haga uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible

afectación o alteración al recurso hídrico, se haga un análisis integral de la

situación. La modificación pretende que los proyectos de abastecimiento

de agua potable son vitales para el presente del país y para poder solventar

los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la demanda

de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad

que implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico

para brindar servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el

Patrimonio Natural del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590,

procura que se valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en

todos los factores o acciones que caracterizan a la actividad, obra o

proyecto de aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que

se haga un uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que

el recurso hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de

inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación

incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que la Ley

No. 9590 de cita busca la protección y conservación del recurso hídrico, y

un aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo

humano, solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89

constitucionales. Para ello se plantea el requerimiento previo de la

declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para

un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados

prestadores de servicio público. Añade que, el Principio Precautorio,

mediante el cual se establece una presunción en favor del ambiente, está

contenida en la Ley de la República No. 9590 y se desprende de una lectura

integral del mismo, de manera que en caso de requerir ingresar a un área de

protección se debe cumplir con el procedimiento establecido en este

cuerpo normativo, este principio se respeta. De la normativa cuestionada se

deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos

que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan

limitaciones o se adopten medidas protectoras, enunciado en el artículo 11

de la Ley de Biodiversidad. Así, el Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo

que pretende con la modificación en cuestión es que, con fundamento en

estudios técnicos precisos, una determinada actividad o proyecto, no

requiera los estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente

motivada y fundamentada. No existe en la Ley cuestionada por los

accionantes, inobservancia del principio de objetivación. Muy por el

contrario, los elementos de juicio de conocimiento común no deben ser

incorporados en el dictado de una ley a manera de fundamentación. En el

presente asunto es claro que el Estado conoce y ha documentado la

creciente insuficiencia de los recursos hídricos necesarios para el consumo

humano, lo cual constituye la justificación última de la Ley promulgada.

Adicionalmente, existe toda una institucionalidad informada, que permite un

conocimiento amplio de las condiciones ecológicas de las zonas

protegidas, sus equilibrios y ciclos de desarrollo ambiental. Naturalmente,

resulta absurda la tesis de que cada proyecto a desarrollar en una zona

protegida, requiere de una ley particular y específica, lo cual sería ni más ni

menos que perpetuar la tensión existente entre el derecho humano a contar

con el recurso agua, y la restricción de uso de este recurso en dichas zonas

protegidas. O, dicho en otro modo, negar en los hechos la posibilidad de

establecer mecanismos sociales institucionales para garantizar de manera

oportuna, suficiente y sin menoscabo ecológico, el derecho humano al

recurso hídrico. Tampoco existe en la Ley objetada, violación al principio

de no regresión. Existe si una clara confusión en los accionantes con

respecto de los alcances de la Ley. En efecto, la misma no permite la

reducción de las zonas protegidas, el cambio de uso de suelo en los

territorios de interés, y en ese tanto, tampoco debe generar obligación

alguna de compensación de territorios, aunque las previsiones

reglamentarias deberán observar lo necesario con el objeto de permitir y

fomentar mecanismos de recuperación o compensación ambiental, cuando

tal circunstancia sea necesaria. En la misma línea de razonamiento, debe

considerarse que es en la planificación y ejecución de los proyectos

concretos e indispensables para garantizar el acceso al recurso hídrico para

consumo humano, cuando es posible verificar, de manera técnica y con

arreglo y sujeción a la ciencia y a la técnica, el cumplimiento del principio de

objetivación. De igual manera, debe considerarse con apego a la lógica más

elemental, que la aplicación del principio precautorio e in dubio pro natura,

no puede valorarse de manera abstracta, bajo la simple presunción de que

habrá un cambio de uso de suelo, deterioro o cercenamiento territorial de

zonas protegidas. Por el contrario, es de manera casuística como se debe

dilucidar si existe afectación eventual en una zona protegida. La presunción

de los accionantes, según la cual las actividades eco turísticas o de

investigación, (que por cierto no protegen un derecho humano de tal

entidad como el que está en juego para el acceso de las comunidades al

agua de consumo humano y por lo tanto a un ambiente sano y equilibrado),

son menos riesgosas que el uso del agua para consumo humano, carece de

todo fundamento científico. En consecuencia, debe reiterarse que

justamente lo que una previsión normativa general establece, es lo que en

buena técnica legislativa corresponde. Así como la valoración de cada

intervención en una zona protegida, es lo que permite verificar la no

infracción a los principios precautorio e in dubio pro natura. Si se asume lo

contrario, habría entonces que declarar inconstitucional también lo legislado

para permitir actividades científicas o ecoturísticas en las mismas zonas

protegidas, toda vez que podrían presumirse regresivas, peligrosas y no

sustentadas en el principio de objetivación, dado que evidentemente nadie

exigió un estudio nacional abstracto (y posiblemente inútil), para que se

promulgaran las normas correspondientes. En razón de lo señalado atrás,

resulta ocioso el análisis, en estos aspectos, de la eventual transgresión de

normas o convenios internacionales vigentes, habida cuenta que no existe ni

reducción, ni desafectación de las zonas protegidas en cuestión.

Por escritos recibidos de forma extemporánea, los días 04, 08,

12, 16, 22, 25, 26, 30 de abril de 2019 y 02, 03 y 17 de mayo y 21 de

agosto, todos de 2019, de forma separada, Jéssica Ramírez Fernández,

quien aduce ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto

Pueblo Nuevo; Norberto Jiménez Otarola, quien sostiene ser Presidente de

la Asociación Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, quien

manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto

Guamural; William Quirós, quien afirma ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, quien dice

ser presidente de la Asociación del Acueducto del Asentamiento

Manzanares de Dos Ríos de Upala, José Ángel Hernández Acosta, quien

alega ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San

Isidro, Patricia Vargas Estrada, quien alega ser Presidenta de la Asociación

Administradora del Acueducto de Marsella, Ronald Gamboa Ávila, quien

dice ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administrador del

Acueducto Rural El Pavón, Eduardo Montano Guzmán, quien sostiene ser

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa

Elena y las Nubes, Benjamín Ruíz Jiménez, quien afirma ser Presidente de

la Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala),

Ezequiel Ruiz Sequeira, quien dice ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto de San Rafael de Guatuso, Luis Ángel

Vásquez Castillo, quien señala ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto Rural de San Antonio (Cóbano), José

Giovanni Bejarano Badilla, quien afirma ser Presidente de la Asociación

Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de la Florida de

Guatuso, Olger Eliecer Aguirre Rodríguez, quien dice ser Presidente de la

Asociación de Acueducto y Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las

Delicias y Escaleras de los Chiles, David Isaí Menjívar Moreno, quien

afirma ostentar un cargo de Presidente de la Asociación Administradora de

Acueducto y Alcantarillado de Birmania, Dos Ríos, Upala, Armando

Montero Arce, quien dice ser Presidente de la Asociación Administrador del

Acueducto Los Llanos Santa Fe y la Gloria, Ana Gabriela Muñoz Mendoza,

en su calidad de Presidenta de la Asociación Específica Administradora del

Acueducto Integrado de El Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos

Aires, Roger Herrera Siles, Presidente de la Asociación Administradora del

Acueducto de Poasito de Alajuela, Orlando Rojas Rojas, quien afirma

ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administradora del

Acueducto Rural de Pital de San Carlos, Zobeida Mendoza Rojas, quien

manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto

Rural de Drake de Playa Grande, Adrián Guzmán Cascante, quien

manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto y

Alcantarillado Sanitario de San Vicente de Chiles de Puriscal, Ana Gabriela

Muñoz Mendoza, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación

Específica Administradora del Acueducto de El Carmen, Altamira y

Colorado, Biolley de Buenos Aires, Ana Vindas Elizondo, quien manifiesta

ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y

Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal, Asdrúbal Herrera

Zúñiga, quien manifiesta ser Presidente del Comité Administrador del

Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal, Julián Villegas Pérez,

quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del

Acueducto de Golfito, Cinthia Lineth Picado Mena, quien manifiesta ser

Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de La Palma

Jessica Ramírez Fernández, quien manifiesta ser Presidenta de la

Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario del

Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal, Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta

ser Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto de Guamaral

de Chires de Puriscal, Miguel Espinoza Quesada, quien manifiesta ser

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San Ramón

de Bagaces, Jorge Giovanni Bejarano, quien manifiesta ser Presidente de la

Asociación Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de

La Florida de Guatuso, Norberto Jiménez Otarola, quien manifiesta ser

Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 1 de

Chires de Puriscal, José Retana Jiménez, quien manifiesta ser Presidenta de

la Asociación Administradora del Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de

Puriscal, William Quirós Salas, quien manifiesta ser Presidente de la

Asociación Administradora del Acueducto Rural Naranjal de Chires de

Puriscal, Luis Ángel Vásquez Catillo, quien manifiesta ser Presidenta de la

Asociación Administradora del Acueducto Rural de San Antonio de

Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de los Chiles, Roger Herrera Siles, quien

manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de

Poasito de Alajuela; se apersonan a este expediente y solicitan que se les

tenga como coadyuvantes pasivos, e indican que la Ley No. 9590 se tramitó

con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable, el cual ha sido

reconocido como derecho fundamental por esta Sala Constitucional. Dicen

que esa la ley regula la forma de atención por parte de los entes autorizados

prestadores de servicio público legalmente constituidos en el

aprovechamiento del agua y el acceso a la misma en áreas consideradas

como Patrimonio Natural del Estado, a fin de enfrentar los problemas de las

fuentes afectadas por el cambio climático. Sostienen que la ley tiene su

génesis en el dictamen No. C-134-2016 del 08 de junio de 2016 de la

Procuraduría General de la República, que indican así concluyó:

“(…) de lo

expuesto se colige que AyA no está legalmente autorizado para

aprovechar el recurso hídrico dentro de las áreas silvestres protegidas, de

dominio público estatal, para abastecimiento poblacional, espacios

donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726 de 1961. A

fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que

amplíe las actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado

por el artículo 18 de la Ley Forestal, y fije los términos y condiciones”.

Comentan que el sustento jurídico tiene como base varias sentencias de

este Tribunal Constitucional que ordenan brindar servicios públicos de agua

potable a comunidades en zonas rurales, pero se presenta el escenario de

que muchas veces las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se

ubican en áreas silvestres protegidas. Indican que por este motivo, el

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planteó la consulta

ante la Procuraduría General de la República, sea con la referencia a la

posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas

áreas. Manifiesta que ante la falta de acceso de fuentes de agua para

consumo humano en ciertas zonas del país, como es el caso de la ASADA

que dicen representar, fue necesario que el ICAA en su rol de rector haya

requerido criterio de la PGR, quien respondió que el ICAA no está

legalmente autorizado a aprovechar el recurso hídrico para abastecimiento

poblacional dentro de esas áreas, en donde no rige el artículo 2° inciso f)

de la Ley No. 2726. Ante ello, la opción viable que propone y fue atendida

era una reforma a la Ley Forestal para realizar actividades de

aprovechamiento de agua y construcción de infraestructura en las áreas

silvestres protegidas, cuando no existe otra fuente alternativa disponible

para garantizar el abastecimiento de agua para la población beneficiaria en

condiciones adecuadas de calidad y cantidad, iniciativa que fue acogido por

quince diputados y diputadas, que terminó materializándose como ley de la

República en segundo debate. Argumentan que a propósito de la coyuntura,

la PGR emitió dos dictámenes, sea el C-103-2018 y C-151-2018 dirigido a

aclarar la aplicación del principio de primacía en la protección de los

servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican En esta coyuntura, la

Procuraduría General de la República emitido el Dictamen del 18 de mayo

de 2018 C- 103-2018, C-151-2018, dirigido a aclarar la aplicación del

principio de primacía en la protección de los derechos fundamentales,

específicamente el derecho de acceso al agua, por lo que no puede

impedirse que el Instituto pueda realizar las obras de reparación y

mantenimiento que sea necesario hacer en las obras de captación que ya

existen en terrenos del patrimonio natural del Estado y que son

indispensables para garantizar la continuidad del servicio público del agua,

así como para asegurar que sea suministrada en calidad y cantidad

suficientes para cumplir dicho derecho fundamental. El Dictamen del 21 de

junio de 2018 los terrenos boscosos propiedad de las instituciones

públicas, pasen a integrar, de pleno derecho, el patrimonio natural del

Estado, lo cierto es que dicha disposición no puede ser interpretada en el

sentido de que haya despojado de su efecto útil a los artículos 5° y 18 de la

Ley No. 2726, los cuales son normas que tienen una finalidad especial pero

además vinculadas a la protección de un derecho fundamental –

el acceso al

agua–

del mismo rango de protección que el derecho al medio ambiente, el

cual es tutelado a través del numeral 13 de la Ley Forestal. La modificación

impulsada en la Ley 9590, no pretende dañar el medio ambiente, ni impedir

que se elaboren estudios técnicos necesarios para evitar el daño grave e

irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca

garantizar, que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga

uso, y que, por ende, pueda suscitarse una posible afectación o alteración al

recurso hídrico, se haga un análisis integral de la situación. La modificación

pretende que los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales

para el presente del país y para poder solventar los grandes retos que se

avecinan, en vista del crecimiento de la demanda de agua potable, del

cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que implica a partir

del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar

servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el Patrimonio Natural

del Estado. Esta modificación contenida en la Ley 9590, procura que se

valore en forma integral, el impacto global al ambiente, en todos los factores

o acciones que caracterizan a la actividad, obra o proyecto de

aprovechamiento del recurso hídrico. Con ello, se intenta que se haga un

uso más eficiente de los escasos recursos y que se garantice que el recurso

hídrico no vaya a ser dañado. En forma errónea, la acción de

inconstitucionalidad planteada tiene su fundamento en una interpretación

incompleta y fragmentada del cuerpo legal en comentario, siendo que la Ley

No. 9590 de cita busca la protección y conservación del recurso hídrico, y

un aprovechamiento sustentable de las fuentes de agua para consumo

humano, solo con fundamento en el derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado consagrado en los artículos 50 y 89

constitucionales. Para ello se plantea el requerimiento previo de la

declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público, en específico para

un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados

prestadores de servicio público Añaden que, el Principio Precautorio,

mediante el cual se establece una presunción en favor del ambiente, está

contenida en la Ley de la República No. 9590 y se desprende de una lectura

integral del mismo, de manera que en casos de requerir ingresar a un área de

protección se debe cumplir con el procedimiento establecido en este

cuerpo normativo, este principio se respeta. De la normativa cuestionada se

deduce que cuando no exista certeza científica sobre los efectos negativos

que una actuación pueda generar, se prohíba su realización, se le impongan

limitaciones o se adopten medidas protectoras, enunciado en el artículo 11

de la Ley de Biodiversidad. Así, el Poder Ejecutivo vía reglamentaria, lo

que pretende con la modificación en cuestión, es que con fundamento en

estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto, no

requiera los estudios de impacto ambiental, por una decisión debidamente

motivada y fundamentada.

El 26 de abril de 2019, de forma extemporánea, Ronald Salmerón

Molina, quien dice ser Presidente de la ASADA de Chilamate de Sarapiquí,

Rafael Murillo Murillo, quien afirma ser Presidente de la ASADA de

Horquetas, Rebeca Alemán Ramírez, quien dice ser Presidenta de la

ASADA de Tapvientos, Fincas 2, Josué Campos Mejías, quien sostiene ser

Administrador de la ASADA Integrada de Sarapiquí, Henry González

Herrera, quien afirma ser Administrador de la ASADA de San Ramón de

Sarapiquí, Margarita Hernández Salazar, quien dice venir en representanción

de la ASADA Finca 5, Ricardo González Murillo, quien afirma acudir como

representante de la ASADA Pablo Presbere, Rafael Baltodano Baltodano,

quien dice venir en representación de la ASADA Huetares, Rosney

Villalobos Zamora, quien afirma ser representante de la ASADA La Llorona,

asimismo, se presenta Hellen Sánchez Álvarez, quien dice acudir en

representante de la ASADA San Bernardino y Orlando Amador Mendoza,

quien afirma ser representante de la ASADA Colonia San José, que acuden

a esta Sala a manifestar su “apoyo” a favor del proyecto de ley No. 20447,

con el objetivo de que los acueductos del país puedan captar agua potable

para brindar el servicio a los usuarios de las diferentes comunidades.

Por escrito del 21 de mayo de 2019, Yamileth Astorga Espeleta,

en su condición de Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, presenta una adición al informe presentado

en este asunto y señala que la protección de los derechos fundamentales

tiene un carácter sistémico e integral, por lo que los derechos humanos no

pueden ser considerados aisladamente, sino a partir de una interacción que

tiene como objetivo último la protección del ser humano. Afirma que este

principio de integridad supone que necesariamente la protección del medio

ambiente como derecho humano no puede estar disociada de la satisfacción

de otros derechos humanos de similar o mayor jerarquía como la vida

humana. Manifiesta que este principio ha sido ampliamente tutelado en los

últimos lustros por instrumentos y resoluciones de la Organización de las

Naciones Unidas, como por ejemplo la Cumbre del Milenio de las Naciones

Unidas del 2000. Asegura que existe la necesidad de satisfacer el fin último

del sistema de derechos fundamentales, como sería la vida humana y el

bienestar de las personas. Asimismo, señala una serie de ejemplos que

demuestran una tendencia internacional que concilia la protección del medio

ambiente y la satisfacción del derecho humano al agua y la vida, siendo que

buscan el aprovechamiento del recurso hídrico en zonas protegidas. Indica,

como ejemplo, que una tercera parte de las 100 ciudades más grandes del

mundo, incluidas Yakarta, Dar Es Salaam, Nueva Yor y Sidney dependen de

áreas protegidas para una recibir una parte sustancial del suministro de agua

doméstica. De esta forma, reitera la importancia de poder garantizar de

manera efectiva el derecho humano de acceso al agua potable para los

habitantes del país.

Por escrito del 21 de agosto de 2019, Yamileth Astorga Espeleta,

en su condición de Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados, señala que resulta de evidente importancia y

necesidad para el país, que este proceso sometido a su análisis sea resuelto

a la mayor brevedad, a fin de poder enfrentar el déficit de oferta hídrica

para el abastecimiento de agua potable, tanto en el área de cobertura del

acueducto metropolitano y sus zonas aledañas, así como para el resto del

país, incluyendo comunidades alejadas y en condiciones vulnerables.

Aclara que este proyecto tiene programada su entrada en operación para el

año 2025, por lo que su retraso o no ejecución, mantendría y aumentaría

condiciones de desabastecimiento muy serias, con afectación muy

importante en la calidad de vida y desarrollo de los habitantes de la GAM y

sus zonas aledañas. Indica que este Instituto ha manifestado en diversas

oportunidades e instancias, que la conservación del recurso hídrico es

fundamental, ligado a un aprovechamiento racional y sostenible que le

permita al Estado a través de sus Instituciones, garantizar la protección y

ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable, así como del

derecho de goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo

que no se vislumbra un perjuicio en la protección ambiental o una

afectación a su tutela, al permitir el aprovechamiento controlado de fuentes

en áreas creadas para fines ambientales. REitera la urgencia y necesidad de

brindar respuesta a la acción presentada contra la Ley, a fin de poder

garantizar de manera efectiva el derecho humano de acceso al agua potable

segura para los habitantes del país.

Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números

214, 215 y 216 del Boletín Judicial, de los días 19, 20 y 21 de noviembre de

2018.

Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional con base en la potestad que otorga a

la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta

resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia

de este Tribunal.

En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la

Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Sobre la admisibilidad de la acción y legitimación del

accionante. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con

determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la

Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad

para las acciones de inconstitucionalidad, y regula tres situaciones distintas.

En el párrafo primero, exige la existencia de un asunto pendiente de

resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas

corpus o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el

procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la

inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de

amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por

su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa,

aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a)

cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b)

cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la

colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el

Procurador General de la República, el Contralor General de la República,

el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos

de su competencia. En este sentido la Sala ha expresado:

“Esta Sala respecto a la legitimación para interponer una acción de

inconstitucionalidad ha considerado que el artículo 75 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional regula los presupuestos que determinan la

admisibilidad de las acciones de inconstitucionalidad, exigiendo la

existencia de un asunto pendiente de resolver en sede administrativa o

judicial en el que se invoque la inconstitucionalidad, requisito que no es

necesario en los casos de excepción previstos en los párrafos segundo y

tercero de ese artículo, es decir, que por la naturaleza de la norma no

haya lesión individual o directa; se fundamente en la defensa de intereses

difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto, o sea presentada

por el Procurador General de la Republica o el Defensor de los

Habitantes, en estos últimos casos, dentro de sus respectivas esferas

competenciales. A partir de lo antes dicho, se tiene que la regla general

apunta a la necesidad de contar con un asunto previo, siendo

excepcionales las posibilidades de acudir a la Sala Constitucionales

forma directa.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 13-778-04)

Ahora bien, en el presente caso, según lo señalado en la resolución de

curso de las 08:23 horas del 04 de octubre de 2018, los accionantes

fundamentan su legitimación en dos situaciones. En cuanto al primer punto,

la legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad tiene su

origen en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, cuando establece los presupuestos de legitimación como el

de los intereses difusos. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(…)

En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en

defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo

delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en

los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93,

de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres)

"… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil

identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta

Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad

se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan

concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente

identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya

legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos

que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de

intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende

reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos,

por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los

conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez,

de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una

doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una

generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal

carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad

pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas

a partir de una determinada necesidad social, una característica física,

su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el

consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se

encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no

identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el

miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo

2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones

que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a

los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio

ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial

del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. Al respecto

deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes

trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos,

ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad

nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta

apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto,

sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el

país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen

manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto

de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no

tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración

que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción

propia de su obligación –

como órgano jurisdiccional- de limitarse a

conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna

manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos

difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo

anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado

de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el

caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser

expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma

condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial.

Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la

colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en

las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los

mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la

República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir

a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción

popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos

bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en

este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración

taxativa” (véase la sentencia No. 2007-01145).

Según lo indicado, la Sala ha admitido dentro de los supuestos de

legitimación de los intereses difusos, la defensa del derecho a un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado o la defensa de la zona marítimo

terrestre, ambos derivados del artículo 50 constitucional, en la forma de su

uso y disfrute de toda la población actual o potencial que es, precisamente,

lo que las partes discuten con la impugnación de la “Ley para autorizar el

aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras

conexas en el patrimonio natural del Estado”, Ley No. 9590 de 3 de julio de

2018. Por consiguiente, la Sala tiene por bien admitida la acción por el

aspecto señalado.

Asimismo, como segundo punto de legitimación, esta acción también

es admisible debido que los accionantes igualmente se apersonan en

defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los

derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, en asuntos análogos al

presente, esta Sala ya ha admitido la legitimación directa para formular

acción de inconstitucionalidad, al tenor de lo previsto en el citado artículo

75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, párrafo segundo, en tanto

que el interés que detentan los accionantes y que los legitima para interponer

esta acción de inconstitucionalidad es el referido interés corporativo o que

atañe a esa colectividad jurídicamente organizada (véase, entre otras, la

sentencia número 2000-11530 de las 14:43 horas del 21 de diciembre de

2000 y la sentencia número 2011012975 de las 14:30 horas del 23 de

setiembre de 2011). En este sentido, al igual que lo manifestado en el

párrafo anterior, este Tribunal también tiene por admitida esta acción al velar

por la defensa de un interés que atañe a una colectividad, en este caso los

derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente, la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige el

cumplimiento de ciertas formalidades importantes que constituyen

requisitos de admisibilidad cuyo cumplimiento es necesario para poder

analizar la acción por el fondo. Algunos de esos requisitos son una

adecuada fundamentación de los motivos de inconstitucionalidad con cita

concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren

infringidos (artículo 78), la firma de quienes interponen la acción

debidamente autenticada por un profesional en Derecho (artículo 78 ), la

acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones),

y la certificación literal del libelo donde se hizo la reserva de

inconstitucionalidad en el asunto previo (artículo 79) (véase la sentencia

número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto de 2013).

En síntesis, la acción cumple los requisitos dispuestos en la

normativa vigente, concretamente responde a la defensa de intereses difusos

y colectivos, además de ajustarse a las demás formalidades exigidas por la

Ley de la Jurisdicción constitucional, razón por la que procede su admisión,

y la misma deberá discutirse por el fondo, como corresponde.

Sobre las coadyuvancias activas y pasivas. El artículo 83 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece:

“En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a

que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en

los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o

aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de esta, a fin de

coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o

improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de

inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa”.

Al respecto, en el presente asunto, la Magistrada Presidente a.i.,

mediante resolución de las 08:59 hrs. del 21 de diciembre de 2018, la

resolvió las solicitudes de coadyuvancias presentadas los días 18, 19 y 29

de octubre, 5, 6, 7, 19 y 29 de noviembre y 5 y 7 de diciembre, todos del

2018, y en los que se solicitó ser tenidos como coadyuvantes activos por

considerar que tienen interés legítimo, dado que esta acción se trata de la

defensa de intereses difusos, por ser relativa al derecho a un ambiente sano.

Así las cosas, la Presidencia de la Sala Constitucional aceptó las

coadyuvancias, toda vez que la primera publicación del aviso se dio el 19

de noviembre de 2018. En consecuencia, se aceptaron como coadyuvantes

a los siguientes personas: Mario Andrés Boza Loría, cédula de identidad

1-0297- 0932, Jorge Serendero Hülssner, cédula de residencia

115200011317, Juan Carlos Peralta Víquez, cédula de identidad 3-0229-0629, en su condición de Presidente de la

Asociación para el Bienestar y

Amparo de los Animales del Cantón de San José, cédula jurídica 3-002-248601, Patricia Abadía Rodríguez, cédula de identidad 1-0490-0741,

Marcela Aguilar Bruno, cédula de identidad 1- 0664-0129,

Luis Diego

Marín Schumacher, cédula de identidad 1-0753-0303, en su condición de

Presidente de la Asociación Preserve Planet, cédula jurídica 3- 002-519830, Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, cédula de identidad 2-0254-0769, en su condición de

Presidente de la Asociación Administradora

de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, cédula jurídica 3-002-247987,

Grigory Chaves Chaverri, cédula de identidad 1-873-910,

Javier

Rodríguez Fonseca, cédula de identidad 1-546-710,

Roberto Molina

Ugalde, cédula de identidad 5-195-152, en su condición de Secretario

General Adjunto de la Asociación Sindical de Trabajadores del

Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones Afines de

Conservación, cédula jurídica 3-011-212127 y

Mario Andrés Boza

Loría, cédula de identidad 1-297-932, en su condición de apoderado

generalísimo sin limitación de suma de The Leatherback Trust, cédula

jurídica 3-013-292175, se apersonaron. Asimismo, se tiene como

coadyuvante en este proceso a Nidia María Vargas Picado, cédula de

identidad 2-0419-0709, en su condición individual y no como Presidenta de

la Asociación Administradora del Acueducto Rural de La Fortuna de San

Carlos. Por otro lado, la Presidencia de la Sala rechazó la coadyuvancia

activa por extemporánea planteada por la gestionante Olga María

Rodríguez Herrera, cédula de identidad 2-269-129, en su condición de

Presidente de Promotora de Bienestar Animal. Ahora bien, respecto a

las coadyuvancias presentadas posterior a esa resolución, se tiene por

demostrado que las mismas fueron presentadas varios meses después de la

primera publicación, por lo que éstas serían extemporáneas. De esta

manera, se rechazan las siguientes coadyuvancias por la razón expuesta:

escrito recibidos los días del 15 de marzo de 2019, 04, 08, 12, 16, 22, 25,

26, 30 de abril de 2019 y 02, 03 y 17 de mayo y 21 de agosto, todos de

2019, los cuales corresponden respectivamente a Suzeth Espinoza Cruz,

quien indica ser Presidenta de la Asociación de Acueducto Rural de Buenos

Aires, Sur Jiménez, Jéssica Ramírez Fernández, quien aduce ser Presidenta

de la Asociación Administradora del Acueducto Pueblo Nuevo; Norberto

Jiménez Otarola, quien sostiene ser Presidente de la Asociación

Administrador de Gamalotillo 1; Miguel Corrales Sojo, quien manifiesta ser

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Guamural;

William Quirós, quien afirma ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto Naranjal; Juan Agustín Lara Lara, quien dice

ser presidente de la Asociación del Acueducto del Asentamiento

Manzanares de Dos Ríos de Upala, José Ángel Hernández Acosta, quien

alega ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de San

Isidro, Patricia Vargas Estrada, quien alega ser Presidenta de la Asociación

Administradora del Acueducto de Marsella, Ronald Gamboa Ávila, quien

dice ostentar la calidad de Presidente de la Asociación Administrador del

Acueducto Rural El Pavón, Eduardo Montano Guzmán, quien sostiene ser

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa

Elena y las Nubes, Benjamín Ruíz Jiménez, quien afirma ser Presidente de la

Asociación Administradora Acueducto Rural Los Santos (Upala), Ezequiel

Ruiz Sequeira, quien dice ser Presidente de la Asociación Administradora

del Acueducto de San Rafael de Guatuso, Luis Ángel Vásquez Castillo,

quien señala ser Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto

Rural de San Antonio (Cóbano), José Giovanni Bejarano Badilla, quien

afirma ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de

Acueducto y Alcantarillado de la Florida de Guatuso, Olger Eliecer Aguirre

Rodríguez, quien dice ser Presidente de la Asociación de Acueducto y

Alcantarillado Integrado Caño Castilla, Las Delicias y Escaleras de los

Chiles, David Isaí Menjívar Moreno, quien afirma ostentar un cargo de

Presidente de la Asociación Administradora de Acueducto y Alcantarillado

de Birmania, Dos Ríos, Upala, Armando Montero Arce, quien dice ser

Presidente de la Asociación Administrador del Acueducto Los Llanos Santa

Fe y la Gloria, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, en su calidad de Presidenta

de la Asociación Específica Administradora del Acueducto Integrado de El

Carmen, Altamira y Colorado, Bioley, Buenos Aires, Roger Herrera Siles,

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de

Alajuela, Orlando Rojas Rojas, quien afirma ostentar la calidad de

Presidente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Pital de

San Carlos, Zobeida Mendoza Rojas, quien manifiesta ser Presidenta de la

Asociación Administradora del Acueducto Rural de Drake de Playa Grande,

Adrián Guzmán Cascante, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Vicente de

Chiles de Puriscal, Ana Gabriela Muñoz Mendoza, quien manifiesta ser

Presidenta de la Asociación Específica Administradora del Acueducto de El

Carmen, Altamira y Colorado, Biolley de Buenos Aires, Ana Vindas

Elizondo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora

del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Arenal de Chipres de Puriscal,

Asdrúbal Herrera Zúñiga, quien manifiesta ser Presidente del Comité

Administrador del Acueducto El Plantel del MOP de Chipres de Puriscal,

Julián Villegas Pérez, quien manifiesta ser Presidente de la Asociación

Administradora del Acueducto de Golfito, Cinthia Lineth Picado Mena,

quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del

Acueducto de La Palma Jessica Ramírez Fernández, quien manifiesta ser

Presidenta de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado

Sanitario del Pueblo Nuevo de Chires de Puriscal, Miguel Corrales Sojo,

quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del

Acueducto de Guamaral de Chires de Puriscal, Miguel Espinoza Quesada,

quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del

Acueducto de San Ramón de Bagaces, Jorge Giovanni Bejarano, quien

manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del Sistema de

Acueducto y Alcantarillado de La Florida de Guatuso, Norberto Jiménez

Otarola, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora

del Acueducto Gamalotillo 1 de Chires de Puriscal, José Retana Jiménez,

quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del

Acueducto Gamalotillo 2 y 3 de Chires de Puriscal, William Quirós Salas,

quien manifiesta ser Presidente de la Asociación Administradora del

Acueducto Rural Naranjal de Chires de Puriscal, Luis Ángel Vásquez

Catillo, quien manifiesta ser Presidenta de la Asociación Administradora del

Acueducto Rural de San Antonio de Cóbano, Dos Aguas, Alto Reyes de

los Chiles, y Roger Herrera Siles, quien manifiesta ser Presidente de la

Asociación Administradora del Acueducto de Poasito de Alajuela.

Igualmente, por la misma razón, se rechaza el escrito recibido el 26 de abril

de 2019 por parte de Ronald Salmerón Molina, quien dice ser Presidente de

la ASADA de Chilamate de Sarapiquí, Rafael Murillo Murillo, quien afirma

ser Presidente de la ASADA de Horquetas, Rebeca Alemán Ramírez, quien

dice ser Presidenta de la ASADA de Tapvientos, Fincas 2, Josué Campos

Mejías, quien sostiene ser Administrador de la ASADA Integrada de

Sarapiquí, Henry González Herrera, quien afirma ser Administrador de la

ASADA de San Ramón de Sarapiquí, Margarita Hernández Salazar, quien

dice venir en representanción de la ASADA Finca 5, Ricardo González

Murillo, quien afirma acudir como representante de la ASADA Pablo

Presbere, Rafael Baltodano Baltodano, quien dice venir en representación

de la ASADA Huetares, Rosney Villalobos Zamora, quien afirma ser

representante de la ASADA La Llorona, asimismo, se presenta Hellen

Sánchez Álvarez, quien dice acudir en representante de la ASADA San

Bernardino y Orlando Amador Mendoza, quien afirma ser representante de

la ASADA Colonia San José

Objeto de la acción. En términos generales, los accionantes

solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la ley No. 9590 de 3 de

julio de 2018 denominada “Ley para Autorizar el Aprovechamiento de

Agua para Consumo Humano y Construcción de Obras Conexas en el

Patrimonio Natural del Estado”. Lo anterior, por estimarla contraria a lo

dispuesto en los artículos 9, 50 y 89 de la Constitución Política, a los

principios precautorio, de objetivación y de no regresión en materia

ambiental, a lo señalado en el numeral 5 de la Convención para la

Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de

los Países de América, en el Convenio Regional para el Manejo y

Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de

Plantaciones Forestales del Sistema de Integración Centroamericana, en los

ordinales 4 y 5 de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial,

Cultural y Natural, en los artículos 2.5 y 4.2 de la Convención Relativa a los

Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), en el ordinal

6.1.a. del Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en

los artículos 8.1, 25 y 32.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Normativa impugnada. Como se mencionó en el considerando

anterior, en la presente acción de inconstitucionalidad se cuestiona la

totalidad de la ley No. 9590 de 3 de julio de 2018 denominada “Ley para

Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y

Construcción de Obras Conexas en el Patrimonio Natural del Estado”

,

por considerarse que violentan el derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado y la autonomía de los pueblos indígenas. Así,

en esa normativa se dispone lo siguiente:

“

ARTÍCULO

Se reforma el artículo 18 de la Ley N.º

7575, Ley

Forestal, de 13 de febrero de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo

Autorización de labores. En el patrimonio natural, el

Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y

ecoturismo, así como actividades necesarias para el aprovechamiento de

agua para consumo humano, de conformidad con el artículo 18 bis de

esta ley, una vez aprobadas por el ministro de Ambiente y Energía, quien

definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto

ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO

Se adiciona el artículo 18 bis a la Ley N.º 7575,

Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996. El texto es el siguiente:

Artículo 18 bis Aprovechamiento de agua para abastecimiento de

poblaciones. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá

autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales

y la construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de

sistemas de abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el

patrimonio natural del Estado, previa declaración, por el Poder

Ejecutivo, de interés público, en específico para un abastecimiento

poblacional imperioso y a favor de los entes autorizados prestadores de

servicio público, que a continuación se detallan:

a) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(ICAA).

b) Las municipalidades que aún prestan el servicio público de

agua potable por la Ley N.º 1634, Ley General de Agua, de 18 de

setiembre de 1953.

c) La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y

Alcantarillados (Asadas), entidades conformadas por usuarios,

debidamente constituidas para ese fin e inscritas con ajuste a la

Ley N.º 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, pueden

administrar y operar el sistema de acueducto de su comunidad

mediante un convenio de delegación suscrito con el ICAA.

Todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de

los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios

técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en

estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo

dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de

áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º 7788, Ley de

Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea

parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con

lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del

Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se

realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa

disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población

beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las

actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval

técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(ICAA).

Se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para

que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de

fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y

las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento

poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural

del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan

sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del

servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano,

con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a

las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de

autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir

con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa

nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos,

que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones

y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo

dispuesto en esta ley .

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá

asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el

funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres

protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y

aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al

Minae.

En forma anual, el ente autorizado prestador del servicio público

para el abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar, ante el

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de

Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la

fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas.

ARTÍCULO

Se adiciona el artículo 52 bis a la Ley N.º 7554,

Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. El texto es el

siguiente:

Artículo 52 bis.-Zonas protectoras. Las zonas protectoras son áreas

silvestres protegidas, cuyos objetivos principales son la regulación del

régimen hidrológico y la protección del suelo y las cuencas hidrográficas,

así como la preservación de las áreas de recarga acuífera y las fuentes de

agua y la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional de agua

para las actuales y futuras generaciones”.

Sobre la metodología de análisis de la acción.-

Para facilitar el

estudio de la normativa impugnada, antes de analizar cada uno de los

argumentos expuestos por los accionantes, se procederá a realizar un

estudio pormenorizado de ciertas cuestiones relevantes, como serían el

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la normativa

ambiental internacional, los principios constitucionales ambientales, la

obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental, la rectoría del

Ministerio de Ambiente y Energía, así como la necesaria coordinación de

las diferentes instituciones en materia ambiental y, por último, la existencia

de un derecho fundamental al agua y la rectoría del Instituto Costarricense

de Acueductos y Alcantarillados. Lo anterior, para posteriormente analizar

con detalle los reclamos de los accionantes.

Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado.- Ha sido ampliamente reconocido por este Tribunal

Constitucional el deber de protección que merece el derecho a disfrutar de

un medio ambiente sano y armonioso, consagrado en los artículos 21, 50 y

89 de la Constitución Política. En este sentido, esta Sala mencionó que

“con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley

número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se

consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual

previamente había sido reconocido por este Tribunal ambiente como un

derecho fundamental

–

en particular pueden consultarse las sentencias

número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud),

69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89

(protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política.

Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se

reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho

fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es

individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz,

persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad

en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad

mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública

, que como

tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto,

condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acci

ón de

los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este

derecho fundamental. Así, se establece una verdadera

obligación del

Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones

formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se

traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos

naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida

del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación

natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la

persona que facilite su desarrollo integral –

físico, psíquico, mental

–. La

incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera

manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera

privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia

estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en

segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la

satisfacción de los intereses de la colectividad (…)” (véase la sentencia

número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).

Asimismo, en otra sentencia, específicamente la número 2012-13367,

este Tribunal indicó lo siguiente:

“Si analizamos de forma somera la estructura del artículo 50

constitucional, nos percatamos de que establece como fin fundamental y

valor esencial del Estado costarricense procurar “el mayor bienestar a

todos los habitantes del país”. De tal manera que esta finalidad y bien

jurídico esencial, es la fuente y a la vez condiciona y sirve de contexto, fin

y límite al ejercicio de las grandes potestades que el primer párrafo

señala: la de organización y estímulo de la producción por un lado y la

de reparto de la riqueza por el otro. Los siguientes dos párrafos forman

parte de la estructura de la norma, de manera que el “ambiente sano y

ecológicamente equilibrado” forma parte del contenido del mayor

bienestar de todos los habitantes. De tal manera que el “ambiente sano y

ecológicamente equilibrado” es causa, fin y también condición y límite

del ejercicio de las potestades y competencias públicas, no solo de las

señaladas en el párrafo primero, sino también de las indicadas en el

tercero (garantizar, defender, preservar, determinar las responsabilidades

y sanciones), y de la potestad legislativa en general, siempre que el

legislador con sus decisiones pueda impactar en el ambiente. Al igual que

el derecho de propiedad, el objeto sobre el que recae el derecho al

ambiente es externo a la integridad de la persona humana (a diferencia

por ejemplo del derecho a la vida), pero también diferente a lo que sucede

con el objeto del derecho de propiedad, la persona forma parte del

Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación

del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una

conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia

existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de

todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser

humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar

guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa

interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos

que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el

desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción

“naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso

único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y

simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia

supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620).

El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o

yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y

equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña

que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza

consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la

lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida

común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies

e individuos que se influyen mutuamente. Lo que la caracteriza es su nivel

de integración que hace que tengan su propia forma de regulación, toda

modificación de uno de los factores determinantes de esta, provocará

modificaciones en los otros, esto puede suceder por razones naturales o

por la intervención del hombre. Así que en la comunidad se da un cierto

orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera

la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema

se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también

porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema:

su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico,

comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la

Constitución. Existe una conexión umbilical entre la vida y el ambiente

hasta el extremo de constituir un único sistema. La vida depende del

ambiente, por tanto, debe velar para que esas condiciones que

garantizan la vida, se mantengan en el tiempo; para ello, la Constitución

exige que las medidas de cualquier índole deben desarrollarse de manera

que respeten las leyes naturales que informan los ecosistemas

independientemente del modelo de desarrollo que se adopte, al respecto:

“La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un

potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse

de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales,

tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su

productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el

patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas

ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos

naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico

que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales

cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan

lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de

regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población

resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que

redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el

objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un

desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es

un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no

menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación,

etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene

el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también

tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones

presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la

traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en

el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho

tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los

demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho

mismo. Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que

cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio para llenar

las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el

aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal

fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo,

especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire,

los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los

recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual

las demandas básicas -como espacio vital, alimentación, energía,

vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra

economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de

los recursos naturales. Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible

tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el

mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la

calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies. Hablar de

desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades

humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es

hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los

medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione

generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan

posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de

producción y de exportación. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº

601-2009).

En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra

Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos

conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión”

para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se

desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la

calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con

los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la

norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones

ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que,

en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la

Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las

actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden

contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de

lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del

país” (…) (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21

de setiembre de 2012).

Sobre la normativa ambiental internacional. Ahora bien, de

conformidad con lo establecido en el considerando anterior, es menester

señalar que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

también encuentra su sustento en la normativa internacional. Por

consiguiente, se procederá a precisar algunos de ellos relevantes para el

presente asunto:

- El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3

de setiembre de 1999 que señala que “

Toda persona tiene derecho a

vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

Los Estados partes promoverán la protección, preservación y

mejoramiento del medio ambiente”.

- El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático (Ley No. 7414 del 13 de junio de 1994),

indica que los Estados partes deben “tomar medidas de precaución para

prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y

mitigar sus efectos adversos”.

- El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No.

7416 de 30 de junio de 1994), establece como deber del Estado el

administrar los recursos “importantes para la conservación de la

diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para

garantizar su conservación” (inciso c), y promover

“la protección de

ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de

poblaciones

viables de especies en entornos naturales” (inciso d).

- El artículo 5 de la Convención para la Protección del Patrimonio

Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 16 de noviembre de 1976), obliga a

adoptar medidas jurídicas adecuadas para la protección y conservación

del patrimonio natural (inciso d).

- El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y

Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Ley No.

7433 de 14 de setiembre de 1994), menciona la obligación estatal de

tomar “todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la

biodiversidad” (artículo 10) ; entre éstas, las

“que contribuyan a

conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de

especies

naturales” (artículo 13, inciso c) ; y de priorizar la conservación de la

biodiversidad en sus estrategias de desarrollo (artículo 14 ).

- El Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones

Forestales (Ley No. 7572 del 1° de febrero de 1996), hace énfasis en el

compromiso del Estado de propiciar que los suelos se utilicen en

concordancia con su mejor aptitud; priorizar la rehabilitación de bosques

degradados y secundarios y detener o disminuir la presión para la

conversión del bosque natural primario a otros usos del suelo (artículo 3,

incisos b) y c)”.

Sobre los principios constitucionales ambientales.

Siguiendo la línea argumentativa acerca del derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrando, podemos constatar la existencia de una

serie de principios sobre el ambiente y que han sido ampliamente

desarrollados por este Tribunal. Así, la acción del Estado para garantizar

la efectiva tutela ambiental está condicionada por los principios

constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el

contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las

14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios

constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara

Constitucional y que son relevantes para el análisis de este caso,

encontramos los siguientes:

De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este

principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al

establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este

derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la

protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la

sentencia número 0644-99 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y

reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de

mayo de 2002).

Principio precautorio o principio de la evitación prudente

:

Este concepto ha sido desarrollado en las número 2806-98, 2003-06322,

2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, que se sustenta en

el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria

acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los

elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la

implementación de acciones tendentes a la debida protección,

conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de

todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la

posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma,

en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –

o una duda

objetiva al respecto–

, se debe adoptar una medida de precaución e

inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción

posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los

casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá

tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños

ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica

cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al

ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan

dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por el

contrario, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos

casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar

daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible

puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un

grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a

provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la

existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones

al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del

21 de setiembre de 2012).

En síntesis, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la

Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya

mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias

para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son

irreversibles.

Principios de progresividad y no regresión de la protección

ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional

de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se

encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas

normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de

sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos

humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al

ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas

del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.

Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del

principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos

adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral

34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de

irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. Este principio se

erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho

a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el

Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas

jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la

situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no

supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven

situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por

causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros

alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel

de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los

principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los

niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33

horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, encontramos relación

entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad

y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la

sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación

con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que

se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en

estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal

que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el

Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos

fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado.

Principios de la objetivación de la tutela ambiental o

principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica

. Este principio, el

cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005

de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad

de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia,

tanto en relación con la actuación de la Administración como de las

disposiciones de carácter general –

legales y reglamentarias

–, de donde se

deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", elemento

que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la

Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la

discrecionalidad de la Administración en su actuación –

en los términos

previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración

Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de

esos estudios técnicos –

tales como los estudios de impacto ambiental–

,

se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad

ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente,

los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que

obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto,

obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta

obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).

Principios de uso racional de los recursos naturales. Este

axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país

y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se

deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a

los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los

recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de

las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en

este principio, es que este Tribunal –

en sus diversas resoluciones- ha

establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los

mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al

ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus

elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y

de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el

patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras. Por

ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a

través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo

ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un

desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos

naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio”

(véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de

julio de 2003). Sin embargo, es necesario aclarar que, según la

jurisprudencia de esta Sala, el derecho al ambiente no puede ceder ante

consideraciones de índole económico, por tratarse de un derecho no

patrimonial y de indudable importancia no solo para los habitantes del

país actualmente, sino también para los sucesivos (véase la sentencia

número 1887-1995 de las 09:15 horas del 07 de abril de 1995).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el

principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el

derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos

naturales está directamente vinculada con un parámetro de

constitucionalidad de la conducta –

administrativa y de los particulares–

y

de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según

desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por

ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de

febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso

de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a

través de su “uso adecuado”; y en virtud de los cuales, como se

mencionó, queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a

la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones

naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello

salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones

presentes y futuras.

En síntesis, la Administración debe propiciar un uso sustentable de

los recursos naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse

económicamente, sin comprometer la integridad del medio ambiente ni el

patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras, así

como tampoco ceder ante consideraciones de índole económico.

Sobre la obligación de realizar estudios técnicos en materia

ambiental. Ahora bien, con fundamento en los principios explicados en el

considerando anterior, podemos afirmar que el Estado tiene la obligación de

realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto

ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las

14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que

determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental

aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite

identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos

que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta

Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38

horas del 10 de mayo de 2005, señaló:

“

El estudio de impacto ambiental como instrumento de

protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues

su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe

sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así

porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables,

el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento

científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental

que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de

Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento

administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles

efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto,

cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones

(…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente,

número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y

cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental

aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o

generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de

parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las

actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las

medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro

de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se

encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio

de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe

hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la

obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de

impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean

éstas administrativas o reglamentarias”.

Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente:

“(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con

toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el

derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están

en la obligación de hacer cumplir –

a los particulares y otros entes

públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben

ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares.

Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la

legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para

eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de

ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del

Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por

su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia

número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001).

En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en

materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al

principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a

criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico

del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios

técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito

material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis

científico e individualizado, el grado de impacto de la medida

correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a

menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica

un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro

la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias

necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del

21 de setiembre de 2012).

Sobre la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía, así

como la necesaria coordinación de las diferentes instituciones en

materia ambiental.- En el considerando anterior se afirmó que las

instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la

legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas

del cumplimiento de requisitos ambientales. Por consiguiente, en el presente

apartado se explicará la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la

materia ambiental. Además, se expondrá la necesaria coordinación que

debe existir entre las diferentes instituciones del Estado. En este sentido,

este Tribunal, en la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18

de agosto de 2004, ha mencionado que resulta evidente que el Estado

central es el ente primariamente encomendado para la defensa del medio

ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente, número

7554 del 04 de octubre de 1996, que delega en el Ministerio de Ambiente y

Energía buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los

otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. Igualmente,

para el caso en cuestión es importante aclarar que el Ministerio de Ambiente

y Energía también tiene la potestad de administrar los refugios nacionales y

los humedales, lo cual se deriva además de los artículos 82 y 84 de la Ley

de la Conservación Silvestre, 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 13 de la

Ley Forestal, y 58 de la Ley de Biodiversidad (véase la sentencia número

2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004).

Ahora bien, aunque la rectoría en materia ambiental recae en el

Ministerio de Ambiente y Energía, es menester aclarar que el Estado, en

sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y

los recursos naturales (véase la sentencia número 6922-2010 de las XX del

XX). Es decir, si bien el Estado central delega la defensa del ambiente en el

Ministerio en cuestión, esto no elimina la responsabilidad que tienen los

demás instituciones del Estado en esta materia. Al respecto, esta Cámara

Constitucional también ha expresado la necesidad de que exista una

coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la

protección del ambiente. De esta forma, mencionó que:

“En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha

indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a

todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado

–como

un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de

evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna,

uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el

(sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución

pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central

–

Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de

Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y

responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del

ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus

dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la

Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría

Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las

instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y

Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que

por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que

respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que

esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión

administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la

coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia,

la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión

de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que

se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre

las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones

descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder

llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas (…)” (véase

sentencia número 2009-000139 de las 08:53 horas del 13 de enero de 2009).

En síntesis, aunque el Estado delega en el Ministerio de Ambiente y

Energía buena parte de las competencias en esta materia, siendo que este

Ministerio ostenta la función de rectoría en materia ambiental y, por tanto,

es responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso

sostenible de los recursos naturales; también es cierto que existe la

necesidad de coordinar entre las dependencias públicas que garanticen la

protección del ambiente. Por ende, las instituciones del Estado, Poder

Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidades, así como

cualesquiera otras instituciones están, todas ligadas a la legislación

ambiental o aquella que esté relacionada con la protección del medio

ambiente (véase la sentencia número 8928 de las XX del XX y la sentencia

número 8713-2008 de las 09:06 horas del 23 de marzo de 2006).

Sobre el derecho fundamental al agua y la rectoría del

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.- Ahora bien,

en la presente acción de inconstitucionalidad se cuestiona una norma que

permite el aprovechamiento de agua para consumo humano en terrenos del

patrimonio natural del Estado. Por ende, es necesario explicar la existencia

de un derecho fundamental al agua, así como la rectoría del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al respecto. Al respecto,

este Tribunal señaló lo siguiente:

“

El acceso al agua potable como derecho humano.

Adicionalmente a lo señalado, y talvez (sic) el aspecto más relevante en

este tema, lo constituye la naturaleza y función del agua para la vida

humana. No es necesario detallar aquí una explicación sobre la realidad

evidente y notoria de que sin agua no puede haber vida, ni calidad de

vida, y que por lo tanto, con ley o sin ley de nacionalización, por su

propia esencia, este tema, no es ni puede ser un tema territorial o local.

La propia Sala en su jurisprudencia constitucional ha dicho que el

acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, en cuanto se

configura como un integrante del contenido del derecho a la salud y a la

vida

(…)

“V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un

derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos

fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y

la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en

Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art.

y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se

enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo

de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho

Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de

Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en

esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a

la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de

1988), el cual dispone que: “Artículo

Derecho a un medio ambiente

sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y

a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no

justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones

públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA

CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el

representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también

es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como

una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se

sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua

potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho

a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como

de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas

afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso

doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda

persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el

cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el

derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en

dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros

derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del

Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin

discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a

gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para

uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre

las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua

llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los

pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus

necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al

Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986

incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad

de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se

fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro.

En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los

recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las

necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual

forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de

Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear

todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el

monitoreo..... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin

que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera

para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen

decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente

tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las

personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su

naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de

su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las

15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al

agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al

medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las

personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los

servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la

vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido

catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos

internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia

constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente

transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los

artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al

agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un

pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta

forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de

cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al

agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente

accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente,

respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos

internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable,

entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción),

Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el

saneamiento ambiental (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992,

Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el

Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción),

Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el

Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de

Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18),

Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la

Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la

Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas,

en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento;

Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York,

2015, Objetivos 6 y 7), etc.

Ahora bien, siguiendo lo indicado en el voto en cuestión así como en

la normativa internacional mencionada, el denominado servicio público

universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con

la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el

suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y

oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua

potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la

vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la

posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el

Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre

todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias

favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este

modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la

continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente

servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más

elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de

agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables

también los principios generales de los servicios públicos establecidos por

el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto

por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen

funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia

número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006).

Por otra parte, este Tribunal también ha determinado que el recurso

hídrico es de naturaleza pública. De esta manera, en el voto parcialmente

transcrito, también se indicó lo siguiente:

“El artículo 18 de la Ley 2726, reformado por la Ley N° 5915 del 12

de julio de 1976, expresamente señala que todas las propiedades e

instalaciones de los organismos del Estado que estén destinados a la

captación, tratamiento y distribución de aguas potables son patrimonio

nacional, por lo tanto con carácter de dominio público, inalienables,

imprescriptibles e inembargables, fuera del tráfico jurídico privado y

como lo ha señalado esta Sala en su jurisprudencia (votos números 2000-10466 y 2002-03821), gozan de especial protección, de manera que no

son susceptibles de ser apropiados por particulares y ni siquiera por la

Administración Pública; ni ser destinados a fines distintos de los que

determinan su propia esencia y naturaleza, de tal forma que su protección

-en términos que resulten necesarios- y administración, corresponde al

Estado en nombre de la Nación. También en la sentencia 2004-01923

esta Sala hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza pública del

recurso hídrico con ocasión de la protección de los mantos acuíferos.

(…)

“Naturalmente que, si los bienes relacionados con la administración

de los acueductos y las propiedades que los contienen son de la Nación,

con mucho mayor razón lo son las aguas y sus fuerzas como está

expresamente regulado en los artículos 121 inciso 14) y 50 de la ley

Orgánica del Ambiente. El concepto de demanialidad del recurso hídrico

aparece consagrado en la Constitución Política en la citada norma que

señala que no podrán salir definitivamente del Estado: “las fuerzas que

puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio

nacional”, agregando al final del artículo que podrán ser explotados de

acuerdo con la ley o mediante concesión especial, otorgada por tiempo

limitado, y determinando sus condiciones y estipulaciones por ley

aprobada por la Asamblea Legislativa. De esta manera quedan

consagradas las aguas como bienes del dominio público, sometidas al

principio de reserva de ley para su afectación, no pudiendo salir del

dominio del Estado. Su explotación puede dar directamente por la

administración o por medio de concesión por parte de particulares.

(…)

El resto de la legislación vigente reafirma estos principios de

demanialidad del recurso hídrico.

(…)

“La demanialidad del recurso hídrico es retomada en la Ley

Orgánica del Ambiente que declara que el agua es de dominio público, su

conservación y su uso son de interés social (art. 50).Esta disposición

confirma el principio vigente de la demanialidad del recurso hídrico”.

En esta línea de argumentación, es necesario indicar que el acceso al

agua potable para consumo humano ha sido garantizado por el legislador en

la Ley de Aguas, Ley número 276 de 27 de agosto de 1942 y en la Ley

General de Agua Potable, Ley número 1634 de 18 de setiembre de 1953.

Además, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ambiente establece lo

siguiente: “

Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el

Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, darán

prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios

adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como:

a) El abastecimiento de agua para consumo humano (…)”

. En este

sentido, esa normativa determina la prioridad que debe darse al

establecimiento y operación de servicios adecuados de abastecimiento de

agua para consumo humano. Por otra parte, la Ley General de Salud, Ley

número 5395 de 30 de octubre de 1973 dispone, en su artículo 267, que

“todo sistema de abastecimiento de agua destinada al uso y consumo de

la población, deberá suministrar agua potable, en forma continua, en

cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de las personas y con

presión necesaria para permitir el correcto funcionamiento de los

artefactos sanitarios en uso”.

En síntesis, de la jurisprudencia mencionada, así como de la

normativa internacional y nacional analizada, se pude concluir que existe un

derecho fundamental al acceso al agua potable, en donde el Estado está en

la obligación de garantizar su suministro, siendo que el abastecimiento de

agua potable constituye un servicio público esencial.

Ahora bien, para garantizar este derecho fundamental, el artículo 1 de

la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados señala que:

“

Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar

normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo

y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y

recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos,

lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado

pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución

autónoma del Estado”.

Asimismo, el artículo 2 de la misma ley indica, en lo que interesa, lo

siguiente.

“Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados:

a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los

habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y

evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas

pluviales en las áreas urbanas;

b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los

diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar,

modificar obras de acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán

ejecutar sin su aprobación;

c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la

protección ecológica, así como el control de la contaminación de las

aguas;

d) Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las

actividades públicas y privadas en todos los asuntos relativos al

establecimiento de acueductos y alcantarillados y control de la

contaminación de los recursos de agua, siendo obligatoria, en todo caso,

su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus recomendaciones;

e) Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas

con los fines de esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas

que se relacionen con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según

lo determinen los reglamentos respectivos;

f) Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas

las aguas de dominio público indispensables para el debido

cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos

que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de

agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano

sustitutivo de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y

municipalidades;

g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y

alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en

cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que

actualmente están administrados y operados por las corporaciones

municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un

servicio eficiente.

(…)

i) Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y

alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la

mejor satisfacción de las necesidades nacionales; y

j) Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el

Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario”.

Por consiguiente, según esa ley, se le ha encomendado al Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la función de dirigir y vigilar

todo lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de

la república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes.

Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal

de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho

fundamental del acceso al agua potable.

De esta manera, este Tribunal ha determinado que la omisión por

parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en la toma

de medidas para solventar los problemas de desabastecimiento de agua

potable implican una violación a los derechos fundamentales al buen

funcionamiento de los servicios públicos y al de acceso al agua potable

(véase la sentencia número 8640-2010 de las 9 horas 4 minutos de 14 de

mayo de 2010). Igualmente, esta Sala también ha señalado que el servicio

público de abastecimiento de agua potable no solo debe ser continúo sino

que debe asegurarse que provea una cantidad y calidad suficiente del

recurso potable, pues las deficiencias que presente dicho suministro igual

podría

n, eventualmente, constituir un quebranto del derecho fundamental

al agua (véase la sentencia número 262-2009 de las 14:30 horas del 14 de

enero de 2009). Así las cosas, es claro que la prestació

n del servicio

público de abastecimiento de agua potable es indispensable para el

bienestar má

s elemental de la població

n.

Por lo tanto, de lo analizado hasta el momento se puede asegurar que

el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento

jurídico costarricense como un servicio público, el cual ha sido encargado

prioritariamente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(véase la sentencia número 2007-011190 de las 14:36 horas del 07 de agosto

de 2007). Es decir, el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados está llamado “a tener rectoría en el área de agua potable y

alcantarillado sanitario y su intervención en protección de la salud de los

habitantes debe ser activa y decidida, en especial cuando exista inacción

por parte de las entidades encargadas de velar por un adecuado

servicio” (véase la sentencia número 2001-12957 de las 16:29 horas del 18

de diciembre del 2001). No obstante, esta Sala también ha aclarado que

“el

AyA debe –por mandato legal y Constitucional

–

velar porque se brinde el

suministro de agua potable a todos los habitantes de la República, esta

obligación debe cumplirse en estricto respeto de las demás normas y

mandatos que integran el ordenamiento jurídico costarricense” (véase la

sentencia número 2001-2948 de las 14:06 horas del 24 de abril de 2001).

Por ende, es menester explicar que como se estableció en los

considerandos anteriores, la rectoría en materia ambiental recae en el

Ministerio de Ambiente y Energía, por lo que la rectoría del recurso hídrico

no se constituye una excepción a esta competencia. Ahora bien, es

necesario añadir que, después de un análisis detallado de la normativa que

regulan este asunto, por ejemplo, la ya mencionada Ley Constitutiva del

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, No. 2726 de 14 de abril

de 1961, la Ley Orgánica del MINAE, No. 7152 de 5 de junio de 1990, la

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9

de agosto de 1996, la Ley de Biodiversidad, No. 7788 de 30 de abril de

1998, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, No. 7799 de 30 de

abril de 1998 y el Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente y

Energía, Decreto 35669 de 4 de diciembre de 2009, que contiene las

funciones de la actual Dirección de Agua), se puede asegurar que la rectoría

en esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente Y Energía en conjunto y

con la debida coordinación con otras instituciones como el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ergo, la competencia en

materia hídrica recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía en

conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,

como institución encargada de suministrar el servicio de agua potable, así

como en coordinación con otras instituciones. Al respecto, es necesario

reiterar lo señalado acerca de exigencia de coordinación de los diferentes

departamentos del Estado en materia ambiental, no siendo una excepción el

recurso hídrico. Así, esta Cámara Constitucional ha indicado que

“hemos

de consentir el tema de que en materia ambiental existe la ineludible

necesidad de coordinación entre las dependencias públicas que busque

garantizar su protección. De esta forma, aceptada esta interpretación,

podemos afirmar que esta situación se debe aplicar al tema del agua y lo

referente a su suministro, administración y protección. Lo anterior porque

la cuestión del agua ha sido definida por este Tribunal como un derecho

humano fundamental, en cuanto se configura como un integrante del

contenido del derecho a la salud y a la vida, que por su esencia no puede

ser definido como un tema territorial o local, pues, es ampliamente

aceptado que sin agua no puede haber vida, ni calidad de vida (véanse

por ejemplo las sentencias números 534-96, 2728-91, 3891-93, 1108-96,

2002-06157 2002-10776; 2004-1923)”.

Sobre el concepto y naturaleza de bienes de dominio

público y su relación con el medio ambiente. Siguiendo con la redacción

anterior, al establecer que nos encontramos con el cuestionamiento de una

norma que permite extraer agua del patrimonio natural del Estado, es

menester desarrollar el concepto y naturaleza de los bienes de dominio

público y su relación con el ambiente. De esta manera, este Tribunal,

mediante la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de

agosto de 2004, estableció los parámetros relativos al concepto y naturaleza

de bienes de dominio público y su relación con el medio ambiente. Al

respecto, se indicó lo siguiente:

“En este marco de estricta protección del medio ambiente, la

Constitución Política también dispone reglas concretas relativas al

régimen jurídico aplicable a los bienes de dominio público. Así, el

artículo 121 inciso 14) lo regula en forma genérica, al disponer que los

bienes “propios de la Nación”, solo podrán salir definitivamente de su

dominio por medio de autorización de la Asamblea Legislativa. Se trata

de bienes que por su naturaleza jurídica y titularidad, en tanto

pertenecen a la Nación y están destinados a satisfacer el interés general,

gozan de una especial protección jurídica. Por ello, no son susceptibles de

ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración

Pública, para fines distintos de los que se derivan de su propia esencia y

naturaleza. Su tutela y administración corresponden al Estado, en

nombre de la Nación (cfr. tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional

Constituyente, Sesión número 168, pag. 468). En su jurisprudencia, esta

Sala ha sentado los principios básicos del régimen jurídico de los bienes

dominiales; en particular, en la sentencia número 2306-91 de las catorce

horas con cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil

novecientos noventa y uno, determinó las siguientes reglas, que han

seguido siendo aplicadas en forma consistente a partir de dicha

resolución:

"…El dominio público se encuentra integrado por bienes que

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de

servir a la comunidad, al interés público.- Son los llamados bienes

dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos,

que no pertenecen individualmente a los particulares y que están

destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del

comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y

vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el

sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y

que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas

características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles,

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en

los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los

interdictos para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio,

estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir

un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.-

El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la

Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del

particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el

dominio directo sobre la cosa…"

Corolario de lo anterior es que solamente por Ley se les pueda privar

del régimen especial que los regula, desafectándolos, separándolos del fin

público al que están vinculados. Se requiere de un acto legislativo expreso

y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del

legislador de sacar del dominio público un bien determinado e

individualizado. El artículo 14 de la Ley Forestal, número 7575, de trece

de febrero de mil novecientos noventa y seis, da a los terrenos forestales y

bosques el carácter de bienes dominiales:

“Artículo

Condición inembargable e inalienable del patrimonio

natural

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio

natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán

inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará

derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos

terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el

Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como

la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta

ley.”

Según la clasificación dada por la normativa ambiental, el

patrimonio forestal o natural del Estado está conformado por reservas

forestales, reservas biológicas, zonas protectoras, refugios de vida silvestre,

humedales y monumentos naturales (artículo 32 de la Ley Orgánica del

Ambiente, número 7554, de dieciocho de setiembre de mil novecientos

noventa y cinco). Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico

costarricense confiere una especial y calificada protección a los bienes

afectados al uso o disfrute público, y reviste dicha tutela de mayores

cuidados todavía al regular los bienes públicos ambientales. Se trata de

bienes pertenecientes a la Nación, por estar afectados a una finalidad de

innegable utilidad general, y que para ello ha sido encomendada su

administración, en los casos en que así lo determina expresamente la Ley,

al Estado central, con el objeto de que las políticas en materia de

ambiente sigan parámetros congruentes y acordes con la necesidad de

una integral y continua protección del ambiente. Aun cuando para efectos

registrales los bienes domiales pueden ser inscritos a nombre del ente

público encargado de su tutela, lo cierto es que estos bienes no le

pertenecen a ninguna entidad pública en particular, sino a la Nación

(…)”.

Asimismo, lo referente al concepto de bienes de dominio público fue

ampliado por este Tribunal en la sentencia número 2007-2063 de las 14:40

horas del 14 de febrero de 2007, que estableció lo siguiente:

“

DEL DEMANIO PÚBLICO.- Como lo ha considerado esta

Sala en diversos precedentes (sentencias número 5399-93, 3145-96,

5027-97, 2988-99, 2000-10466, 2002-8321; 2003-3480; 2005-7158),

el régimen jurídico de los bienes de dominio público es especial y

diferenciado en atención al tipo de bienes de que se trata. La distinción

entre bienes o cosas privadas y bienes y cosas públicas se hace depender,

en primer lugar, en la "titularidad" o "dominio" del bien, por cuanto de

este elemento se define su naturaleza y régimen jurídico diferenciados; y

en consecuencia, del derecho aplicable, en tanto el primero se sujeta al

derecho privado, y el segundo al derecho público. Es así, como por bienes

demaniales o dominicales deben de entenderse el conjunto de bienes

–

tanto inmuebles como muebles

– que tienen una naturaleza y régimen

jurídico virtualmente opuesto a los privados, en tanto se trata de bienes

que por expresa voluntad del constituyente o el legislador, se encuentran

afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés

público, y que por ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de

modo que están fuera del comercio de los hombres, es decir, no pueden

pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado

–en sentido

estricto–

, por cuanto éste se limita a su administración y tutela. Así, los

bienes de dominio público y los de dominio privado del Estado (fiscales)

se diferencian por su finalidad y el sujeto titular, en tanto lo que define la

naturaleza jurídica de los primeros es el destino que se da a este tipo de

bienes, sea, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, en

los términos previstos en el artículo 261 del Código Civil (En este mismo

sentido, se pueden consultar las sentencias número 2306-91 y 2988-99,

entre otras.) Es así como entran en esta categoría

–sin que se constituya

en una lista cerrada–

la zona marítimo terrestre

, el patrimonio forestal o

natural del Estado –áreas protegidas– (conformado por parques

nacionales, reservas forestales, reservas biológicas, zonas protectoras,

refugios de vida silvestre, humedales y monumentos naturales –artículo 32

de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de

setiembre de mil novecientos noventa y cinco–

), las zonas de protección

hidrográfica

–artículo 33 de la Ley Forestal

–

(contíguas a los

manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), las zonas limítrofes

(artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 13, de diez de enero

de mil novecientos treinta y nueve), el derecho de vía

, las líneas

ferroviarias, las reservas indígenas

,

el patrimonio histórico-arquitectónico

, los recursos mineros

, el patrimonio arqueológico, etc. Se

trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del comercio de

los hombres, de manera que son inalienables, imprescriptibles e

inembargables, de manera que no es posible su dominio o posesión, ni a

título gratuito ni oneroso; no pueden perderse por prescripción, así como

tampoco, ganarse por usucapión, de modo que son bienes que conservan

su vigencia jurídica permanentemente; y no son susceptibles de embargo;

además de que están sujetos al poder de policía

, en lo atinente a su

aprovechamiento y uso, ya que está condicionado al otorgamiento de las

respectivas licencias y permisos y al control y fiscalización de parte la

Administración.

(…)

CONTINUACIÓN.-

Tratándose de los bienes demaniales,

debe distinguirse los que lo son en carácter de la Nación

, precisamente

por su titularidad y por la fuente normativa de afectación,

en tanto la

determinación deriva de las propias normas constitucionales

–se tienen

aquellos que están definidos y determinados precisamente en la propia

Constitución Política, en los artículos 6, 50, 89 y 121 inciso 14) de la

Constitución, sea las aguas territoriales, las costas, el espacio aéreo, la

plataforma continental, el zócalo insular, los recursos y riquezas

naturales del agua del suelo y del subsuelo, las bellezas naturales, el

patrimonio histórico y artístico de la Nación, las fuerzas que puedan

obtenerse de las aguas del dominio público en el territorio nacional, los

yacimientos de carbón, las fuentes o yacimientos de

petróleo, sustancias

hidrocarburadas, depósitos de minerales radioactivos, servicios

inalámbricos –

lo que modernamente se conoce como espacio

electromagnético–

, los ferrocarriles, muelles y aeropuertos que estén en

servicio–

; y los que lo son por

disposición de la ley o decreto ejecutivo

–

en los casos previstos en la ley

–, donde es el decreto el que determina los

inmuebles que se incorporan al patrimonio forestal del Estado, su

categoría y la sujeción al respectivo plan de manejo, y según se anotó

anteriormente, también su sujeción a un fin público determinado, en

tanto marca el destino del bien al uso o servicio público o a otra finalidad

determinante que justifique su demanialidad. Es así como interesa

resaltar que los bienes dominicales o demaniales tienen ese carácter en

virtud de una afectación dada, o por una norma expresa de nuestra

Carta Fundamental o por disposición legal, que denota su sujeción a un

fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al uso o

servicio público o a otra finalidad determinante que justifique esa

demanialidad. En virtud de lo cual, siendo la afectación la vinculación

jurídica por el que el bien se integra a esta categoría de bienes, según su

destino y conforme a las correspondientes previsiones legales, ello implica,

como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar de

ese régimen especial que los regula, para separarlos de ese fin público

al que están vinculados (esto es, para su desafectación); y es en este

sentido que se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de

manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de

sacar del demanio público un bien determinado e individualizado;

motivo por el cual es que esta Sala ha estimado que no es posible una

desafectación genérica, y mucho menos, la implícita; es decir, en esta

materia no puede existir un "tipo de desafectación abierto", para que la

Administración, mediante actos suyos discrecionales, complete,

señalándolos; y en este sentido, es importante recordar que toda

desafectación, como debe provenir de acto legislativo, estará sujeta a los

controles jurisdiccionales correspondientes –

en este sentido, ver sentencias

número 2000- 10466 y 2002-8321. Asimismo, debe recordarse que para

la desafectación del patrimonio forestal –

lo que se traduce en la reducción

o eliminación del área silvestre protegida–

, sólo se puede hacer mediante

ley de la República, después de realizarse los estudios técnicos previos

(estudio de impacto ambiental) que justifique la medida, en los términos

previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. Por último es

importante resaltar que, tratándose de los bienes demaniales de la

Nación, su desafectación sólo podría darse por reforma constitucional, en

aplicación del principio del paralelismo de las formas, se repite, previo

estudio técnico que acredite la desafectación, según se indicó

anteriormente. Además, en lo concerniente a su uso y/o concesión sólo

puede ser aprobada por el Plenario Legislativo, no así por Comisiones

Legislativas Plenas, en los términos previstos en el artículo 124

constitucional (sentencias número 2002-8321 y 2004-8928)”.

Ahora bien, respecto al patrimonio natural del Estado, tema de

importancia para el presente caso, se ha mencionado, conforme con las

sentencias parcialmente transcritas, que es un bien de dominio público cuya

su conservación y administración están encomendadas, por la ley, al

Ministerio del Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de Áreas

de Conservación (Ley Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley

Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes

componentes: a)

Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su

categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas

forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas,

refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales

(Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del Ambiente

7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y sigts. y 58; Ley

del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 3° incs. d y f, en

relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y su Reglamento; Ley de

Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, artículo 82, inciso a). b)

Los

demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado e

instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una

afectación legal inmediata. Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley

6043 (artículo 73) excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y

las sujeta a su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de

aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración del

Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley

Forestal, artículo 13 y concordantes) (véase la sentencia número 2008-16975 de las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008). Además, también

este Tribunal ha señalado que las zonas protectoras juegan un papel

preponderante en el equilibrio del medio ambiente entendido este como el

conjunto de cosas que rodean al individuo tales como: clima, suelo, luz,

viento, lluvia, alimentación, frío, calor, hábitat, etc. y en el equilibrio del

ecosistema por la relación de intercambio que se da entre la parte viviente

de la naturaleza y la parte inherte de la misma. De ahí que deba protegerse el

suelo, la regulación del régimen hidrológico, la conservación del ambiente, y

la de las cuencas hidrográficas. Estas zonas son creadas por ley o vía

decreto del Poder Ejecutivo y en ellas, también por disposición legal, está

prohibido efectuar labores agrícolas o de destrucción de la vegetación

(véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de

febrero de 2007).

Por otra parte, conforme a las sentencias parcialmente transcritas, el

régimen tutelar contemplado en la Ley Forestal para el Patrimonio Natural

del Estado implica: que los terrenos son inalienables; su posesión por los

particulares “ no causará derecho alguno a su favor

” y la acción del

Estado para recuperarlos es imprescriptible; no pueden inscribirse en el

Registro Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación

es sancionada como delito; no cabe la corta, el aprovechamiento forestal ni

el cambio de uso del suelo, y solo pueden autorizarse labores de

investigación, capacitación y ecoturismo (artículos 1, párrafo 2°, 3 inciso

a), 14, 15, 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) (véase la sentencia número

2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012).

Por consiguiente, queda claro que la competencia que el Ministerio de

Ambiente y Energía, a través del Sistema Nacional de Áreas de

Conservación, es exclusiva, siendo este un asunto de interés nacional. En

este sentido, el artículo 13 de la Ley Forestal, ley número 7575, menciona

que

“

Constitución y administración. El patrimonio natural del Estado

estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas

nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a

su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones

autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto

inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario

Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del

Ambiente y Energía administrará el patrimonio (…)”

(el subrayado no es

del original).

Igualmente, el artículo 14 de la misma ley señala:

“

Condición inembargable e inalienable del patrimonio Natural. Los

terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del

Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e

inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno

a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es

imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro

Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la

ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley”.

En un sentido similar, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente

determina lo siguiente:

“

Clasificación de las áreas silvestres protegidas.

El Poder Ejecutivo,

por medio del Ministerio del Ambiente y Energía,

podrá establecer áreas

silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se

establezcan y en las que se señalan a

continuación:

a) Reservas forestales.

b) Zonas protectoras.

c) Parques nacionales.

d) Reservas biológicas.

e) Refugios nacionales de vida silvestre.

f) Humedales.

g) Monumentos naturales.

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro,

serán

administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las

establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben

colaborar en la preservación de estas áreas” (el subrayado no es del

original).

Esto ha sido avalado por la Sala mediante sentencia número 2012-2678

de las 14:30 horas del 29 de febrero de 2012.

Además, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad, ley número 7788,

indica lo siguiente:

“

Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante

denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un

sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y

participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida

silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el

fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la

sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica.

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la

Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales

ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia,

mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los

objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como

competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas

hidrográficas y sistemas hídricos”.

Igualmente, el numeral 28 de la misma ley señala que:

“El Sistema estará constituido por unidades territoriales

denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del

Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de

Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional,

según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de

fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de

conservación es una unidad territorial del país, delimitada

administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y

administración, debidamente coordinada con el resto del sector público.

En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales

en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las

Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en

materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica.

Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados

por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas

protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que

rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre,

No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13

de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y

la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24

de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el

Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que

técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del

país, así como sus modificaciones”.

En síntesis, es claro que el régimen jurídico creado por los

artículo

13 y 14 de la Ley Forestal tiene una finalidad protectora, pues, de

acuerdo con el texto de dicha norma, su objetivo es dar una protecció

n

demanial a los terrenos propiedad del Estado con bosque o terrenos

forestales, los cuales quedarían bajo administración

del Ministerio de

Ambiente y Energí

a. Ese patrimonio es catalogado por el artículo 14 de la

Ley Forestal como un bien de dominio público, que según los artículos 13

de la Ley Forestal y 22 de la Ley de Biodiversidad, debe ser administrado

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Así, la competencia en

esta materia la ostenta el Ministerio de Ambiente y Energía, a través del

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, competencia que es exclusiva,

siendo este un asunto de interés nacional. Además, según la normativa

indicada, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación unifica las

competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el

Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y

ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los

recursos naturales de Costa Rica.

Los motivos de inconstitucionalidad alegados por los

recurrentes. Ahora bien, una vez analizados los diferentes puntos

indicados, es menester establecer de forma clara y precisa los motivos de

inconstitucionalidad de la ley impugnada alegados por los accionantes. En

este sentido, los mismos pueden resumirse de la siguiente forma:

En primer término, los accionantes argumentan que el artículo 1 de la

ley incluye una nueva actividad en las zonas llamadas patrimonio

natural del Estado, sea, la extracción de agua en sitios de alta

fragilidad, en ecosistemas boscosos ricos en biodiversidad, lo cual

conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por

donde pasa la tubería y donde se harán obras permanentes (por

ejemplo, embalses de captación, casetas de bombeo para impulsión

del agua, etc.). De esta manera, acusan que tales obras implican una

serie de impactos negativos en el ambiente tales como la tala de

árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de obras dentro

de nacientes, ríos o quebradas, entre otros.

Segundo punto, señalan que en la presente norma no se contó con un

soporte técnico que justificara y cuantificara los cambios de uso de

suelo que podrían ser de kilómetros o de decenas de estos en sitios

de protección. De esta forma, se elaboró, sin fundamento técnico o

científico, una modificación legislativa que amplía un uso que

conlleva a la desafectación genérica de todos los sitios que son

patrimonio natural del Estado o áreas silvestres protegidas.

Tercer punto, agregan que no se solicita un estudio de impacto

ambiental para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del

Estado de forma expresa y clara, lo cual genera una duda en el

sentido que la viabilidad ambiental futura no se realice con el

instrumento técnico apropiado. Según los accionantes, lo anterior

afecta colateralmente el proceso de participación pública de la

ciudadanía vinculado directamente con la realización de los estudios

de impacto ambiental. Añaden que también era necesario que se

exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los

estudios de impacto ambiental, ya que por medio de la primera se

puede analizar el escenario de las necesidades, así como los

impactos regionales generados a partir de la instalación de

acueductos en un sitio considerado patrimonio natural del Estado o

área silvestre protegida.

Por otra parte, reclaman que, sin justificación alguna, el artículo 2

(que crea el ordinal 18 bis) establece que en terrenos que son

patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las administraciones

públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios Públicos

de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al

MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar

sotobosque, alterar ecosistemas, etc. Lo anterior, aducen, a pesar

que el ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley

Forestal) dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá

realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y

ecotorismo, así como actividades necesarias para el

aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad

con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el Ministerio

de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la

realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca

el reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden por qué se hace

dicha distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones

quedan exentas de solicitar autorización ante el MINAE, el que,

conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de

todo el patrimonio natural del Estado. Aducen que la norma

impugnada crea un conflicto de competencias entre el MINAE y el

resto de instituciones citadas. En un sentido similar, añaden que la

norma mencionada le otorga una competencia al Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se

altere el caudal ecológico), a pesar que esta no le corresponde.

Afirman que todo lo relacionado con temas de caudales ecológicos le

corresponde a la Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas

de Conservación del MINAE. Sobre el particular, sostienen que se

realizó un traslado irresponsable y sin fundamento alguno de tales

competencias.

Como quinto punto manifiestan que, sin fundamento alguno, el

artículo 18 bis crea un régimen especial que elimina cinco tipos de

áreas silvestres protegidas de la aplicación del ordinal 38 de la Ley

Orgánica del Ambiente. Explican que haciendo una interpretación

amplia y protectora de la biodiversidad, tanto los sitios que son

patrimonio natural del Estado como las áreas silvestres protegidas,

quedan cubiertas por el referido artículo 38 y, por ende, cuando hay

reducciones de áreas o cambios de uso de suelo, se debe acudir a la

compensación. En otros términos, afirman que, contrario a lo que

dispone la normativa impugnada, siempre que se vaya a realizar un

acueducto en sitios protegidos, se debe acudir a la desafectación por

cambio de uso de suelo, incluso, se debe llevar a cabo la

compensación de áreas.

Por último, reclaman que muchos sitios que son áreas silvestres

protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en territorio

indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron

consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta

su derecho a la información y a la participación. Asimismo,

consideran vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal

6.1.a., del Convenio 169 de la OIT.

Por ende, siguiendo la misma línea argumentativa de la presente

sentencia, se analizarán los reclamos de los accionantes.

Sobre la nueva actividad autorizada en el patrimonio

natural del Estado y la supuesta falta de estudios técnicos. Como se

explicó en el considerando anterior, los accionantes alegan que el artículo 1

de la norma impugnada incluye una nueva actividad en las zonas llamadas

patrimonio natural del Estado, sea, la extracción de agua en terrenos que

conforman el patrimonio natural del Estado. Añaden que esta situación

conlleva a un claro cambio de uso de suelo en aquellos trayectos por donde

pasa la tubería y donde se harán obras permanentes. Por ende, acusan que

tales obras implican una serie de impactos negativos en el ambiente tales

como la tala de árboles, la eliminación de sotobosque, la realización de

obras dentro de nacientes, ríos o quebradas, entre otros. Afirman que, sin

embargo, en la presente norma no se contó con un soporte técnico que

justificara y cuantificara los cambios de uso de suelo que podrían ser de

kilómetros o de decenas de estos en sitios de protección. Lo anterior,

deriva en que siempre que se vaya a realizar un acueducto en sitios

protegidos, se debe acudir a la desafectación por cambio de uso de suelo,

incluso, se debe llevar a cabo la compensación de áreas, lo cual no

establece la ley. En síntesis, reclaman que la norma se elaboró una

modificación legislativa que amplía un uso que conlleva a la desafectación

genérica de todos los sitios que son patrimonio natural del Estado o áreas

silvestres protegidas, lo cual se realizó sin fundamento técnico o científico.

Asimismo, añaden que no se solicita un estudio de impacto ambiental

para futuros acueductos dentro del patrimonio natural del Estado de forma

expresa y clara, lo cual genera una duda en el sentido que la viabilidad

ambiental futura no se realice con el instrumento técnico apropiado. Según

los accionantes, lo anterior afecta colateralmente el proceso de participación

pública de la ciudadanía vinculado directamente con la realización de los

estudios de impacto ambiental. Inclusive, indican que era necesario que se

exigiera una evaluación ambiental estratégica, en conjunto con los estudios

de impacto ambiental.

No obstante, este Tribunal considera que los accionantes no llevan

razón en cuanto a estos reclamos. Lo anterior, debido a las siguientes

razones.

Previo a la promulgación de la norma cuestionada, el artículo 18 de la

Ley Forestal mencionaba que “en el patrimonio natural, el Estado podrá

realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una

vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá,

cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental,

según lo establezca el reglamento de esta ley”. Ahora bien, la ley número

9590 modificó dicho artículo y añadió una autorización en los terrenos de

patrimonio natural del Estado. En este sentido, el artículo 18 modificado

por esta ley quedó establecido de la siguiente manera:

“en el patrimonio

natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de

investigación,

capacitación y ecoturismo, así como actividades necesarias para el

aprovechamiento de agua para consumo humano, de conformidad con

el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el ministro de

Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realizaci

ón

de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el

reglamento de esta ley” (el subrayado no es del original). Por consiguiente,

es cierto que ésta ley habilitó una nueva actividad en el Patrimonio Natural

del Estado, sea el aprovechamiento de agua potable para el consumo

humano.

Al respecto, tal como menciona la Procuraduría General de la

República, en el informe integrado jurídico- socio ambiental del

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la

Asamblea Legislativa y en los criterios del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados que constan en el expediente legislativo, se

hace referencia a la escasez del recurso y la existencia de varios proyectos

pendientes de realizar en terrenos integrantes del patrimonio natural del

Estado, que constituyen la única fuente disponible para abastecer a algunas

comunidades y con los cuales se estima satisfacer la demanda de agua a

futuro. De esta manera, se constata que la presente ley tiene su justificación

en el deber del Estado de garantizar el derecho fundamental al agua potable.

Recordemos que, según se indicó en el considerando XI de esta sentencia,

que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los

derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre

otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de

acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda

vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo,

el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano

fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido

reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Igualmente, el

denominado servicio público universal de suministro de agua potable se

relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua

potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un

servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en

materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la

protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos

derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado,

ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios

públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones

sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas.

De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así

como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y

eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos

fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el

abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al

que le son aplicables también los principios generales de los servicios

públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la

Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el

derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos.

Además, se le ha encomendado al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados la función de dirigir y vigilar todo lo concerniente para

asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la república de un

servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes. Lo anterior, con

la finalidad última de garantizar el servicio público universal de

abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho

fundamental del acceso al agua potable.

En síntesis, el Estado debe garantizar el acceso al agua potable para

así defender este derecho fundamental. Por eso, al habilitar esta norma el

aprovechamiento de agua en el patrimonio natural del Estado para garantizar

el servicio de suministro de agua para consumo humano, es en este aspecto

en donde la normativa impugnada encuentra su justificación.

Siguiendo esta línea, en su artículo 2 la ley número 9590 también

introduce el artículo 18 bis de la Ley Forestal para regular más

detalladamente las condiciones y reglas bajo las cuales puede llevarse a

cabo este aprovechamiento. Al respecto, ese artículo establece lo siguiente:

“

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) podrá autorizar el

aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la

construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras de sistemas de

abastecimiento de agua, en inmuebles que integran el patrimonio natural

del Estado, previa declaración, por el Poder Ejecutivo, de interés público,

en específico para un abastecimiento poblacional imperioso y a favor de

los entes autorizados prestadores de servicio público, que a continuación

se detallan:

a) El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).

b) Las municipalidades que aún prestan el servicio público de agua

potable por la Ley N.º 1634, Ley General de Agua, de 18 de setiembre de

1953.

c) La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

d) Las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y

Alcantarillados (Asadas), entidades conformadas por usuarios,

debidamente constituidas para ese fin e inscritas con ajuste a la Ley N.º

218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, pueden administrar y

operar el sistema de acueducto de su comunidad mediante un convenio

de delegación suscrito con el ICAA.

Todas las obras o actividades necesarias para el cumplimiento de los

fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas con base en estudios

técnicos, procurando el menor impacto ambiental posible según el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en

estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo

dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la intervención de

áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º 7788, Ley de

Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

En el caso de áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea

parques nacionales y reservas biológicas, además deberá cumplirse con

lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del

Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Asimismo, los estudios técnicos que se

realicen deberán demostrar que no existe otra fuente alternativa

disponible para garantizar el abastecimiento de agua para la población

beneficiaria en condiciones adecuadas de calidad y cantidad, y las

actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el aval

técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

(ICAA).

Se autoriza a los entes prestadores indicados en este artículo para

que realicen actividades del aprovechamiento de agua proveniente de

fuentes superficiales y la construcción, la operación, el mantenimiento y

las mejoras que sean necesarias para el sistema de abastecimiento

poblacional para consumo humano, en los terrenos patrimonio natural

del Estado que no formen parte de áreas silvestres protegidas y que hayan

sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro ente prestador del

servicio público de abastecimiento poblacional para consumo humano,

con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de este servicio a

las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el trámite de

autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán cumplir

con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa

nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos,

que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones

y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo

dispuesto en esta ley.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá

asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el

funcionamiento del ecosistema, dentro y fuera de las áreas silvestres

protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y

aprovechamiento sostenible. El monitoreo de este le corresponderá al

Minae.

En forma anual, el ente autorizado prestador del servIcI0 público

para el abastecimiento poblacional autorizado deberá presentar, ante el

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y la Dirección de

Aguas, el informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la

fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas”.

En este sentido, se puede observar que la normativa cuestionada

establece una serie de requisitos y restricciones a la hora de realizar la

actividad de aprovechamiento del agua en el patrimonio natural del Estado.

Para un mejor análisis, se expondrán estos requisitos y restricciones.

Primero que todo, el articulo le otorga al Ministerio de Ambiente y

Energía la potestad de autorizar el aprovechamiento de agua proveniente de

fuentes superficiales y la construcción, operación, mantenimiento y mejoras

en los sistemas de abastecimiento de agua en inmuebles que integran el

patrimonio natural del Estado siempre y cuando se cumplan los siguientes

requisitos:

La existencia de una declaración previa de interés público emitida

por el Poder Ejecutivo;

La existencia de un abastecimiento poblacional imperioso a favor

de los entes autorizados prestadores del servicio de agua como son

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las

Municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y las

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y

Alcantarillados;

Las obras deberán ser ejecutadas con base en estudios técnicos,

procurando el menor impacto ambiental posible según el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y

en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en

especial

Las obras deben realizarse con lo dispuesto sobre los criterios

técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres

protegidas contemplados en la Ley No. 7788, Ley de

Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos.

Igualmente, este artículo determina una protección mayor a las áreas

silvestres protegidas de protección absoluta como son los parques

nacionales y las reservas biológicas. Estos requisitos adicionales son los

siguientes:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N.º 7554, Ley

Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995;

Los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar que no

existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el

abastecimiento de agua para la población beneficiaria en condiciones

adecuadas de calidad y cantidad

Las actividades propuestas deberán contar, de manera previa, con el

aval técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados.

Por otra parte, este mismo artículo autoriza a los entes prestadores

indicados para que realicen actividades del aprovechamiento de agua

proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación, el

mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de

abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos

patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres

protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro

ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para

consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación de

este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será necesario el

trámite de autorización ante el Minae, pero los entes prestadores deberán

cumplir con los demás requisitos establecidos en este artículo y en la

normativa nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos

terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones,

limitaciones y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según

lo dispuesto en esta ley. Es decir, en estos terrenos adquiridos por los entes

mencionados se mantienen los requisitos indicados, excepto por el trámite

de autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el cual no será

necesario. Este punto será analizado con detalle posteriormente.

Asimismo, este artículo le encomienda al Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados la función de asegurar que no se altere el

caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema,

dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga

bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. Igualmente,

establece que el monitoreo del caudal ecológico le corresponderá al

Ministerio de Ambiente y Energía.

Como último requisito, este artículo 18 bis señala otra obligación en la

labor de aprovechamiento de agua en terrenos del patrimonio natural del

Estado: que en forma anual los entes prestadores del servicio indicados

están en la obligación de presentar de forma anual ante el Sistema

Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de Aguas un informe que

establezca los resultados de los aforos, lo anterior dada la naturaleza y

fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas.

Por último, en el artículo 3 de la ley número 9590 también se adiciona el

artículo 52 bis a la Ley Orgánica del Ambiente, en el cual se establece el

concepto de las zonas protectoras. Al respecto, señala esta norma lo

siguiente:

“

Las zonas protectoras son áreas silvestres protegidas, cuyos objetivos

principales son la regulación del régimen hidrológico y la protección del

suelo y las cuencas hidrográficas, así como la preservación de las áreas

de recarga acuífera y las fuentes de agua y la necesidad de asegurar el

abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras

generaciones”.

Así las cosas, ese artículo introduce el concepto de zonas protectoras

en un sentido similar, según lo informado por la Procuraduría General de la

República, al concepto dado por el artículo 70 del Reglamento a la Ley de

Biodiversidad (Decreto Ejecutivo No. 34433 de 11 de marzo de 2008), pero

añadiendo dentro de sus objetivos, la preservación de las áreas de recarga

acuífera y las fuentes de agua, así como la necesidad de asegurar el

abastecimiento poblacional de agua para las actuales y futuras generaciones.

Como se puede observar la ley impugnada habilita al Estado para

aprovechar el agua para consumo humano en los terrenos del patrimonio

natural del Estado, pero para hacerlo establece una serie de requisitos y

restricciones que buscan la protección al derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado. Al respecto, como se mencionó, nótese que se

exige una declaración previa de interés público, la constatación de la

existencia de un abastecimiento poblacional imperioso, la necesidad de

estudios técnicos que procuren el menor impacto ambiental posible según el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en

estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial.

Además, las obras deben realizarse con lo dispuesto sobre los criterios

técnicos aplicables para la intervención de áreas silvestres protegidas

contemplados en la Ley No. 7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de

1998, y sus reglamentos. En este sentido, la norma subraya la existencia de

estudios que lleven a la certeza de que los impactos no serán altos, además

de que las obras a realizarse son necesarias para que la población tenga

acceso al agua, como único medio de obtención posible. En otras palabras,

el aprovechamiento del agua en terrenos del patrimonio natural del Estado

se dará únicamente cuando ese aprovechamiento sea necesario y sujeto a

ciertas limitaciones y reglas que procurarán generar el menor impacto

ambiental posible y permitir un aprovechamiento racional del recurso.

Además, respecto a las áreas silvestres protegidas de protección especial se

le exige el cumplimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente

que establece que “la superficie de las áreas silvestres protegidas,

patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo,

sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los

estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

Igualmente, los estudios técnicos que se realicen deberán demostrar

que no existe otra fuente alternativa disponible para garantizar el

abastecimiento de agua para la población beneficiaría en condiciones

adecuadas de calidad y cantidad, y las actividades propuestas deberán

contar, de manera previa, con el aval técnico del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados. De esta manera, esta condición refuerza el

carácter excepcional del aprovechamiento en áreas silvestres protegidas de,

procurando cumplir siempre con la normativa ambiental vigente. Por

consiguiente, es falso que la norma exija requisitos mínimos para el

aprovechamiento del agua en terrenos del patrimonio natural del Estado o

que esta actividad se pueda desarrollar sin la existencia de estudios

técnicos.

Lo anterior, nos lleva a desmentir otra de las afirmaciones de los

accionantes: que en la ley no se dispuso expresamente que la autorización

de aprovechamiento de agua dentro del patrimonio natural del Estado

requiera la realización de un estudio de impacto ambiental y de una

evaluación ambiental estratégica, lo cual permite cualquier tipo de

explotación en el patrimonio natural del Estado. Al respecto, es menester

aclarar que la presente norma lo que hace es incluir una nueva actividad para

el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de

obras conexas pero procurando siempre el menor impacto posible según

el instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y en

estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Es decir, se incluye

una nueva habilitación en el patrimonio natural del Estado pero respetando

la normativa vigente en materia ambiental y sin desafectar el bien público.

En otras palabras, esta ley sí ordena el cumplimiento absoluto a las normas

ambientales, resultando conforme con los principios ambientales de

protección, esto, al indicar que “todas las obras o actividades necesarias

para el cumplimiento de los fines aquí establecidos deberán ser ejecutadas

con base en estudios técnicos, procurando el menor impacto ambiental

posible según el instrumento de evaluación de impacto ambiental que

corresponda y en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente,

en especial lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables para la

intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley N.º

7788, Ley de Biodiversidad, de 30 de abril de 1998, y sus reglamentos”.

Así, esta Sala comparte la posición expresada por la Procuraduría General

de la República, en el sentido de que la evaluación de impacto ambiental a la

que remite el artículo 18 bis es un concepto general que hace referencia al

procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la

Secretaría Técnica Nacional Ambiental para identificar y predecir cuáles

efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto,

cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones

(artículo 3 inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de

Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 31849 de 24 de

mayo de 2004. Es decir, esta ley no incumple la normativa ambiental

vigente, en especial el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente que

establece que “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos

del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán

una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica

Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de

este organismo, será requisito indispensable para iniciar las

actividades,

obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto

ambiental”. Por ende, esta nueva actividad deberá cumplir con el

procedimiento de evaluación ambiental regulado en la normativa ambiental

vigente. Nótese que el artículo 17 recién transcrito faculta a la Secretaría

Técnica Nacional Ambiental a establecer vía reglamento cuales actividades,

obras o proyectos requieren de Evaluación Ambiental y determinar cuáles

instrumentos aplicar, de manera que será la misma actividad y sus impactos

potenciales en una área específica, las que determinen el instrumento de

Evaluación.

En cuanto a este punto también es importante aclarar que el artículo 1

señala que será el Ministro de Ambiente y Energía quien definirá, cuando

corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental. Sin

embargo, esto no se puede prever como una discrecionalidad absoluta del

Ministro, sino que, como se indicó, la misma ley establece que ese

Ministerio está obligado a cumplir con la normativa ambiental vigente, en

especial con el instrumento de Evaluación Ambiental que corresponda,

según esa normativa. Igualmente, recordemos que el artículo 83 de la Ley

Orgánica del Ambiente señala que “se crea la Secretaría Técnica Nacional

Ambiental, como órgano de

desconcentración máxima del Ministerio del

Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros

armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos”

. Además,

el artículo 84 de ese mismo cuerpo normativo establece las funciones de

esta Secretaría Técnica, entre las que cabe exaltar las siguientes:

“a)

Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de

los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública (…)

b) Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre

el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo”. De

esta manera, según la normativa mencionada, será la Secretaría Técnica

Nacional Ambiental, en el ejercicio de sus competencias, la encargada de

determinar, según la magnitud del proyecto a desarrollar, el instrumento de

evaluación a utilizar. Así, esta Secretaría Técnica señalará los aspectos que

deben tenerse en cuenta para que se lleve a cabo la obra con el menor

impacto ambiental posible y mitigando los que se puedan generar. Por

consiguiente, se reitera que la ley cuestionada no excluye la obligación de

cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni de los

demás requisitos establecidos en la normativa ambiente.

En síntesis, esta Cámara Constitucional no encuentra confusión al

respecto en la norma impugnada, sino que es vehemente al afirmar que esta

ley sí exige el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por lo que

requiere la realización de estudios técnicos y de la aplicación del

instrumento de evaluación de impacto ambiental correspondiente.

Ahora bien, de los reclamos de los accionantes se desprende que

consideran que era oportuno realizar estudios técnicos antes de la entrada

en vigencia de la ley. Sin embargo, tomando en cuenta lo explicado, este

Tribunal también comparte la posición de la Procuraduría General de la

República en el sentido que por la naturaleza de la materia regulada en la ley

impugnada no sería viable ni razonable realizar un estudio técnico a nivel

general. Lo anterior, pues lo que establece la ley es una habilitación general

para el aprovechamiento de agua en terrenos del patrimonio natural del

Estado, el cual, como se indicó, debe cumplir con varios requisitos, sin

embargo, esto no implica que como consecuencia inmediata se vaya a

aprovechar el recurso hídrico en todo el patrimonio natural del Estado y

que, por lo tanto, deban analizarse desde la aprobación de todos los

impactos ambientales que ese aprovechamiento generará. Por lo tanto, será

para cada caso específico se realizarían los estudios técnicos necesarios y

la aplicación del instrumento de evaluación ambiental respectivo que

abarcarán los aspectos particulares de cada solicitud. Es decir, no tendría

sentido hacer un estudio general, de alta complejidad y duración

indeterminada sobre todo el patrimonio natural del Estado, cuando en la

práctica, las solicitudes de permiso de aprovechamiento se harán sobre

algunos terrenos específicos. Así, no es posible conocer, a priori, cuáles

terrenos cumplirán con las condiciones establecidas, sino que eso se verá

en cada caso concreto. De esta manera, la ley número 9590 lo que establece

es el procedimiento para la posibilidad de aprovechar el agua en los

terrenos del patrimonio natural del Estado, es decir, es una habilitación para

iniciar el proyecto en este sentido, por lo que cuando se presente un

proyecto en concreto el mismo deberá cumplir con ese procedimiento, el

cual, como se indicó establece el cumplimiento de estudios técnicos y la

aplicación del instrumento de evaluación de impacto ambiental. Además,

debe considerarse que los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del

Ambiente establece que todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o

privadas, tienen derecho a ser escuchadas por la SETENA, en cualquier

etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de la obra o el

proyecto. Así, la información contenida en el expediente de la evaluación de

impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser

consultada por cualquier persona u organización. Es decir, la normativa

impugnada tampoco deja en indefensión a la población para expresar su

posición sobre un proyecto en concreto, sino que, como se mencionó, será

en su momento cuando se tenga que aplicar el instrumento de evaluación

ambiental que se deberá cumplir con el procedimiento establecido en la

normativa vigente.

Además, respecto al reclamo de los recurrentes que actualmente existe

un alto desperdicio de agua, es menester indicar que, tal y como lo afirma la

Procuraduría General de la República, en el expediente legislativo constan

datos acerca de las cuencas hidrográficas en las que se ubican las áreas

silvestres protegidas y de la demanda hídrica del país que justifican la

necesidad de la medida adoptada para satisfacer el abastecimiento de agua a

la población. Por ende, la decisión no es antojadiza ni arbitraria.

Adicionalmente, con respecto a la identificación, clasificación, delimitación

y administración del Patrimonio Natural del Estado, el Sistema Nacional de

Áreas de Conservación, en coordinación con los demás entes estatales

competentes, tiene a disposición en el CENIGA el mapa de Patrimonio

Natural del Estado y de Áreas Silvestres Protegidas. Igualmente,

recordemos que la norma cuestionada exige una declaración de interés

previa para el abastecimiento poblacional imperioso y, para las áreas

silvestres protegidas de protección absolutas, la necesidad de estudios

técnicos que demuestren que no existe otra fuente alternativa disponible

para garantizar el abastecimiento de agua. Por ende, será en el momento en

que se presente esta declaración que se debe justificar que no existen otras

opciones para garantizar el servicio de agua a las poblaciones en cuestión.

Por otra parte, como se analizó, la ley también dispone que debe

asegurarse que no se altera el caudal ecológico indispensable para el

funcionamiento del ecosistema y que, anualmente, el ente autorizado debe

presentar el informe de los resultados de los aforos. Por consiguiente, la

normativa impugnada, al prever instrumentos técnicos a los cuales debe

sujetarse la actividad permitida para garantizar el aprovechamiento racional

de esos recursos, es acorde con los principios de la tutela del derecho

ambiental a cargo del Estado, principio precautorio o principio de la

evitación prudente, principios de progresividad y no regresión de la

protección ambiental, principios de la objetivación de la tutela ambiental o

principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, principios de uso

racional de los recursos naturales, explicados en el considerando VIII de

esta sentencia. Esto, ya que, según la línea argumentativa, de la normativa

cuestionada se deduce que cuando no exista certeza científica sobre los

efectos negativos que una actuación pueda generar, se prohíba su

realización, se le impongan limitaciones o se adopten medidas protectoras.

Lo anterior, conforme al artículo 11 de la Ley de Biodiversidad que

establece son criterios para aplicar el “criterio preventivo: Se reconoce que

es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la

pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

Criterio precautorio o

indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o

inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado

con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como

razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.

3.-

Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la

biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras

generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los

ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la

calidad de vida de los ciudadanos.

Criterio de integración: La

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán incorporarse

a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e

intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de

desarrollo”. Recordemos que la presente ley no excluye el cumplimiento de

la normativa ambiental vigente, inclusive refiere al cumplimiento de la Ley de

Biodiversidad mencionada. Por consiguiente, la exigencia de estos

requisitos y restricciones son acordes a los es conforme a los principios

ambientales señalados.

Por lo tanto, según lo establecido por este Tribunal hasta este

momento, tampoco es cierto que esta ley permita cualquier tipo de

explotación en el patrimonio natural del Estado, ni que se permita

construcciones de alto impacto ambiental que perjudicarían los

ecosistemas. Como se explicó en los párrafos anteriores, la ley número

9590 exige que se cumpla con los estudios técnicos respectivos, el

instrumento de evaluación de impacto ambiental que corresponda y con la

normativa ambiental vigente, lo anterior para procurar el menor impacto

ambiental posible. Es decir, existe, al momento de realizar alguna obra para

aprovechamiento del agua para consumo humano, habilitación establecida

en esta ley, estas obras deberán procurar el menor impacto ambiental

posible. Al respecto, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados informa que las obras para sistemas de

acueducto no implica que las mismas constituyan un impedimento a los

ciclos naturales o a los ecosistemas inmersos en las áreas silvestres, pues

existen muchos métodos constructivos alternativos que pueden utilizarse de

manera que pueden convivir con los ecosistemas sin afectarlos, todas las

medidas ambientales que deriven de los estudios puntuales serán las que se

requiera implementar para efectos de lograr su compatibilidad, por lo que

asumir que solo existe una forma de hacer las cosas es desconocer los

alcances de las distintas ciencias y técnicas, por ejemplo, no solo existen

tuberías de hierro o de pvc, pues materiales como el polietileno de alta

densidad resultan ser flexibles, lo que facilita la conducción del agua

reduciendo de manera significativa la excavación y la corta de árboles.

Ahora bien, es menester aclarar que es al momento de presentar el proyecto

de aprovechamiento de agua en algún terreno en específico que se deberán

establecer las pautas para lograr una obra que procure el menor impacto

ambiental.

Asimismo, al no permitir la ley cualquier explotación o una obra de alta

impacto ambiental que destruya los ecosistemas, tampoco nos encontramos

ante una reducción de área o cambio de uso del suelo de los terrenos de

patrimonio natural del Estado, como erróneamente señalan los accionantes.

Esto es así, ya que en ningún momento un proyecto de captación, va a

reducir un área, desafectar o a cambiar el uso del suelo, simplemente se

tratará de colocación de tubería y de obras de captación que hay que

demostrar, mediante estudio técnico, que no van a alterar el ecosistema, la

obra que se coloque por sí misma no hace desaparecer el área de la cual

está conformada el área silvestre protegida, y mucho menos cambiar el uso

del suelo, reducir o desafectar y, por ende, no aplica la compensación

alegada. El terreno donde se coloque la tubería sigue perteneciendo al

Estado. Por ende, en la ley cuestionada no puede hablarse de una

desafectación, sino de la creación de autorización mediante ley de

colocación de tubería con ciencia y técnica que procuren el menor impacto

ambiental posible, por lo que se buscar que no alteren el ecosistema. En

efecto, se debe reiterar que ésta ley es una habilitación para el

aprovechamiento del agua para consumo humano en terrenos del

patrimonio natural del Estado, pero en ningún momento permite la

reducción de las zonas protegidas, el cambio de uso de suelo en los

territorios de interés y, por lo tanto, tampoco debe generar obligación

alguna de compensación de territorios. En síntesis, la autorización de la ley

no permite cualquier explotación ni una destrucción de los ecosistemas,

sino que para su aplicación se deberá tener en cuenta aspectos que deberán

responder a criterios técnico científicos y respetar la normativa ambiental

vigente, procurando el menor impacto ambiental posible. Por consiguiente,

no existe incompatibilidad entre la norma impugnada y los principios

ambientales señalados, pues no se busca reducir áreas protegidas, sino que

esas zonas quedarían de igual forma cubiertas por el dominio púbico,

respetando las disposiciones de estos terrenos señaladas en el

considerando XII de esta sentencia.

Igualmente, en un sentido similar, tampoco se cambian las categorías

de manejo de áreas silvestres protegidas ni se permite una mayor

explotación en las mismas, sino que, tal y como menciona la Directora

Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la ley

número 9590 remite a lo dispuesto sobre los criterios técnicos aplicables

para la intervención de áreas silvestres protegidas contemplados en la Ley

N.° 7788. Ley de Biodiversidad de 30 de abril de 1998 y sus reglamentos.

Por lo que la norma no deja de lado las otras categorías de manejo de áreas

silvestres protegidas, sino que remite a los criterios de la Ley de

Biodiversidad. Asimismo, como se explicó anteriormente, en el caso de

áreas silvestres protegidas de protección absoluta, sea parques nacionales y

reservas biológicas, además deberá cumplirse con lo dispuesto en el

artículo 38 de la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre

de 1995.

Por último, conforme a lo expuesto, este Tribunal no comparte la

posición de los accionantes de que con la normativa en cuestión exista una

violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado o que

exista un conflicto entre este derecho y el derecho fundamental de acceso al

agua. Así, esta Sala no suscribe la tesis acerca de que al pretender

garantizar el derecho fundamental al acceso de agua potable se sacrifique el

derecho al ambiente de las presentes o futuras generaciones. Como se ha

explicado reiteradamente, esta norma exige que se cumpla con los estudios

técnicos respectivos, el instrumento de evaluación de impacto ambiental

que corresponda y con la normativa ambiental vigente, lo anterior para

procurar el menor impacto ambiental posible. Es decir, existe, al momento

de realizar alguna obra para aprovechamiento del agua para consumo

humano, habilitación establecida en esta ley, estas obras deberán procurar el

menor impacto ambiental posible. Por ende, permitir el aprovechamiento del

recurso hídrico para consumo humano dentro del patrimonio natural del

Estado no implica como consecuencia inevitable una afectación al derecho

a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que,

respetando los requerimientos establecidos en esta normativa es posible

garantizar el derecho fundamental de acceso al agua potable y a su vez,

resguardar el derecho fundamental de un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado. Recordemos que esta Sala ha mencionado que los Tribunales

Constitucionales no deben actuar aislados de su realidad histórica, política

y sociocultural y más aún, que están obligados a valorar el derecho de la

Constitución como una unidad sistémica de valores, principios y normas,

que, en consecuencia, deben ser interpretados y aplicados no aisladamente,

sino con criterio sistemático, en armonía unos con otros, los cuales resultan

así, indivisibles e interdependientes (véase sentencia número 2012-016074

de las 16:00 horas del 21 de noviembre de 2012). De esta forma, ambos

derechos fundamentales (derecho al agua y derecho a un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado) deberán de interpretarse de forma armónica.

Por eso, en la ley cuestionada se establece la posibilidad de aprovechar el

agua de los terrenos del patrimonio natural del Estado siempre y cuando se

cumpla con una serie de requisitos tendientes a respetar el ambiente. Así, el

objetivo de la ley es garantizar un uso racional de los recursos y para evitar

la afectación de los recursos existentes en el patrimonio natural del Estado.

Así, como ya se indicó en los considerandos anteriores, el artículo 50

constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los

habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto

equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida

y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la

utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro,

precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con

otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda,

haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del

ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que,

también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente

para las generaciones presentes y futuras -principio de desarrollo sostenible

(véase la sentencia número 2019-0011273 de las 09:30 horas del 21 de junio

de 2019).

En virtud de lo expuesto, se concluye que la modificación impulsada

en la ley número 9590 no pretende dañar el ambiente, ni impedir que se

elaboren estudios técnicos necesarios para evitar un daño grave e

irreversible al ambiente. Por el contrario, la reforma propuesta busca

garantizar que en todo tipo de actividad, obra o proyecto en que se haga un

uso racional del recurso hídrico en función de las presentes y futuras

generaciones. Así, debe considerarse que es en la planificación y ejecución

de los proyectos concretos e indispensables para garantizar el acceso al

recurso hídrico para consumo humano, cuando es posible verificar, de

manera técnica y con arreglo y sujeción a la ciencia y a la técnica, el

cumplimiento de los principios ambientales mencionados en el

Es decir, la ley impugnada habilita al Estado para

aprovechar el agua para consumo humano en los terrenos del patrimonio

natural del Estado, pero para hacerlo establece una serie de requisitos y

restricciones que buscan por un lado garantizar el consumo de agua potable

de la población y por el otro garantizar la protección al derecho a un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las presentes y futuras

generaciones.

Sobre el supuesto conflicto de competencias entre el

MINAE, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y

el resto de instituciones respectivas. Por otra parte, tal y como se indicó

en el considerando XIII, los accionantes también reclaman que, sin

justificación alguna, el artículo 2 (que crea el ordinal 18 bis) establece que

en terrenos que son patrimonio natural del Estado y que pertenecen a las

administraciones públicas (a las municipalidades, a la Empresa de Servicios

Públicos de Heredia, etc.), no será necesario solicitar una autorización al

MINAE cuando se trata de construir acueductos, hacer talas, eliminar

sotobosque, alterar ecosistemas, etc. Lo anterior, aducen, a pesar que el

ordinal 1 de la Ley (por el cual se crea el artículo 18 de la Ley Forestal)

dispone que en el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar

labores de investigación, capacitación y ecotorismo, así como actividades

necesarias para el aprovechamiento de agua para consumo humano, de

conformidad con el artículo 18 bis de esta ley, una vez aprobadas por el

Ministerio de Ambiente y Energía, el que definirá, cuando corresponda, la

realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo establezca el

reglamento de esa ley. En esencia, no comprenden por qué se hace dicha

distinción y, por ende, porqué las referidas instituciones quedan exentas de

solicitar autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía, el que,

conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, es el administrador de todo el

patrimonio natural del Estado. Aducen que la norma impugnada crea un

conflicto de competencias entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el

resto de instituciones citadas. En un sentido similar, añaden que la norma

mencionada le otorga una competencia al Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados (asegurar que no se altere el caudal

ecológico), a pesar que esta no le corresponde. Afirman que todo lo

relacionado con temas de caudales ecológicos le corresponde a la

Dirección de Aguas y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del

MINAE. Sobre el particular, sostienen que se realizó un traslado

irresponsable y sin fundamento alguno de tales competencias.

Al respecto, es menester aclarar los siguientes puntos: primero, no es

cierto que exista un conflicto de competencias entre el Ministerio de

Ambiente y Energía y el resto de instituciones citadas. Lo anterior, pues

reiteramos que la ley número 9590 obliga al cumplimiento de la normativa

ambiental vigente. Ahora bien, como se explicó en el considerando X, el

Estado delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las

competencias en esta materia, siendo que este Ministerio ostenta la función

de rectoría en materia ambiental y, por tanto, es responsable de emitir las

políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos

naturales. Por ende, esto es respetado en la normativa en cuestión al remitir

al cumplimiento de leyes ambientales, además de establecer una serie de

requisitos que debe cumplir este Ministerio a la hora de proponer un

proyecto para el abastecimiento de agua en terrenos del patrimonio natural

del Estado, así como ejercer el monitoreo en ciertos puntos. Sin embargo,

también es cierto que existe la necesidad de que exista una coordinación

entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del

ambiente. Por ende, esta ley también buscar la coordinación del Ministerio

del Ambiente y Energía con las diferentes instituciones que ahí se

comentan, pero sin perder su condición de rector en esta materia.

Por otra parte, tampoco es cierto que se le otorgue una competencia al

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al determinar que

es esta institución la que debe asegurarse que no se altere el caudal

ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema. Esto, pues

si bien es cierto que efectivamente la ley impugnada señala que ese instituto

“deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para

el funcionamiento del ecosistema”

, también señala que

“el monitoreo de

este le corresponderá al Minae”. En este sentido, como se pude observar,

esta normativa respeta el ordenamiento jurídico vigente, pues, al

encontrarnos ante una actividad para garantizar el consumo de agua potable

para la población, el Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados es el encargado de velar por el cumplimiento de esta

actividad. Así, recordemos que tal y como se dispuso en el considerando

XI, se le ha encomendado a ese Instituto la función de dirigir y vigilar todo

lo concerniente para asegurar que se pueda proveer a los habitantes de la

república de un servicio de agua potable en calidad y cantidad suficientes.

Lo anterior, con la finalidad última de garantizar el servicio público universal

de abastecimiento de agua potable y, por tanto, la satisfacción del derecho

fundamental del acceso al agua potable. De esta forma, el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados está llamado a tener rectoría

en el área de agua potable y alcantarillado sanitario y su intervención en

protección de la salud de los habitantes debe ser activa y decidida, en

especial cuando exista inacción por parte de las entidades encargadas de

velar por un adecuado servicio. Por ende, la ley cuestionada no contradice

esta posición.

Igualmente, también es cierto que la jurisprudencia

mencionada de este Tribunal ha indicado que la competencia en materia

hídrica recae sobre el Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución

encargada de suministrar el servicio de agua potable, así como en

coordinación con otras instituciones. Sin embargo, esta situación también

se establece en la ley impugnada, pues como se indicó, el mismo artículo

señala que “el monitoreo de este le corresponderá al Minae”

. Por lo tanto,

se puede concluir que la norma busca la coordinación del Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente

y Energía, respetando sus competencias y procurando que se garantice el

acceso al agua potable así como el respeto al ambiente.

En un mismo sentido, estas competencias son respetadas en el último

párrafo de ese artículo al señalar que en forma anual los entes prestados del

servicio de agua potable (AyA, municipalidades, ESPH, ASADAS) deberán

presentar ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección

de Aguas, un informe de los resultados de los aforos, dada la naturaleza y la

fragilidad ambiental de las áreas silvestres protegidas. Sin embargo,

respecto a este punto, esta Cámara Constitucional considera que es

menester realizar una aclaración, la cual se efectuará en el próximo

considerando. Así, siguiendo con la línea argumentativa, como se puede

observar, la normativa respeta las competencias de las instituciones

respectivas pero buscando la coordinación de las mismas para garantizar el

consumo de agua así como la protección del ambiente. Eso sí, como

establece la misma norma, la rectoría recae sobre el Ministerio de Ambiente

y Energía y sus dependencias, como en este caso el SINAC y la Dirección

de Aguas.

En síntesis, no se constata que la ley impugnada elimine competencias

a las instituciones mencionadas o que estipule un conflicto de

competencias.

Ahora bien, este Tribunal considera que los accionantes sí tienen

parcialmente razón en cuanto a este punto. Esto es que el párrafo 4 del

artículo 2 de la ley número 9590 (que adiciona el artículo 18 bis en la Ley

Forestal) señala lo siguiente: “

se autoriza a los entes prestadores indicados

en este artículo para que realicen actividades del aprovechamiento de

agua proveniente de fuentes superficiales y la construcción, la operación,

el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias para el sistema de

abastecimiento poblacional para consumo humano, en los terrenos

patrimonio natural del Estado que no formen parte de áreas silvestres

protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos mismos o por algún otro

ente prestador del servicio público de abastecimiento poblacional para

consumo humano, con el fin de proteger el agua y asegurar la prestación

de este servicio a las futuras generaciones. En estos casos, no será

necesario el trámite de autorización ante el Minae, pero los entes

prestadores deberán cumplir con los demás requisitos establecidos en este

artículo y en la normativa nacional. Los entes prestadores continuarán

administrando estos terrenos, que en los demás aspectos seguirán sujetos

a las condiciones, limitaciones y protecciones propias del patrimonio

natural del Estado, según lo dispuesto en esta ley” (el resultado no es del

original).

Al respecto, esta Sala considera que la disposición señalada de eximir

del trámite de autorización ante el Ministerio de Ambiente y Energía para

esas instituciones carece de justificación. Además, tal indicación no toma en

cuenta la rectoría de ese Ministerio en materia ambiental y su obligación de

garantizar un derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Nótese que si se exime de la autorización previa ante ese Ministerio, el

mismo pierde la posibilidad de ejercer de forma adecuada sus funciones de

rectoría. Asimismo, no sería posible la exigencia de coordinación entre esas

instituciones y el Minae, lo cual podría dejar en vulnerabilidad a la

población al eximir de obligaciones tendientes a la protección del ambiente.

Igualmente, recordemos que este Tribunal ha mencionado que cualquier

regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada.

El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que el

cambio es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de

una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una

transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la

protección en los términos explicados supra y una violación material del

principio de inderogabilidad singular de las normas. Así las cosas, la falta

de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio

(véase la sentencia número 2012-13367). Por eso, si tal decisión carece de

justificación dentro del marco de una política desarrollo sostenible, no es

posible eximir de la autorización previa del MINAE, pues, como se indicó,

dicha situación podría vulnerar el derecho de la población a un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado Lo anterior, conforme a los principios

ambientales señalados en el

VIII.

Por ende, eximir a esas instituciones de esa autorización presupone

una amenaza al derecho al ambiente, pues no se podrían mantener los

controles y coordinación respectiva. Por lo tanto, lo que corresponde es

anular la frase “no será necesario el trámite de autorización ante el

Minae” del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590

. En este sentido,

esta norma debería leerse de la siguiente forma: “se autoriza a los entes

prestadores indicados en este artículo para que

realicen actividades del

aprovechamiento de agua proveniente de fuentes superficiales y la

construcción, la operación, el mantenimiento y las mejoras que sean

necesarias para el sistema de abastecimiento poblacional para consumo

humano, en los terrenos patrimonio natural del Estado que no formen

parte de áreas silvestres protegidas y que hayan sido adquiridos por ellos

mismos o por algún otro ente prestador del servicio público de

abastecimiento poblacional para consumo humano, con el fin de proteger

el agua y asegurar la prestación de este servicio a las futuras

generaciones. En estos casos, los entes prestadores deberán cumplir con

los demás requisitos establecidos en este artículo y en la normativa

nacional. Los entes prestadores continuarán administrando estos terrenos,

que en los demás aspectos seguirán sujetos a las condiciones, limitaciones

y protecciones propias del patrimonio natural del Estado, según lo

dispuesto en esta ley”.

En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar la acción

únicamente respecto a este reclamo y se anula la frase indicada.

Ahora bien, al respecto, es menester añadir que descartado el conflicto

de competencias -que, además, es un tema de legalidad y no de

constitucionalidad-, es importante tener presente que las entidades

autorizadas deben de obtener la autorización del órgano o ente rector en

materia ambiental, en aras de un ambiente saludable y ecológicamente

equilibrado, el que, en este momento, es el MINAE; empero, lo anterior no

es óbice para que el legislador, conforme al principio de libre configuración,

otorgue esa rectoría a otro órgano o ente.

Sobre la relación del patrimonio natural del Estado y los

territorios indígenas y la falta de consulta previa a los pueblos

indígenas. Por último, los accionantes reclaman que muchos sitios que son

áreas silvestres protegidas y patrimonio natural del Estado se encuentran en

territorio indígena. Pese a esto, aducen que los pueblos indígenas no fueron

consultados sobre la ley impugnada. Estiman que lo anterior violenta su

derecho a la información y a la participación. Asimismo, consideran

vulnerado lo dispuesto, sobre el particular, por el ordinal 6.1.a., del

Convenio 169 de la OIT. Manifiestan que si el agua que se podría extraer

de los territorios indígenas conlleva a instalar tuberías, casetas de bombas

de impulsión, talar bosque y sotobosque, entre otras acciones, a los

indígenas se les debió consultar de forma previa.

Al respecto, este Tribunal considera que los accionantes no llevan

razón por las siguientes razones. Primero que todo, la Directora del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación señala que,

“respecto a los territorios

indígenas, las áreas silvestres protegidas son

bienes de dominio público,

concepto incompatible con el de las reservas indígenas, que constituyen

un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las

comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público

de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo

integral que las representan, de carácter inalienable o intransferible a los

no indígenas (Ley 617211 977, arts. 2" y 3°, Convenio 107 OIT,

aprobado por Ley 2330/1959, art. 11, Ley 5251/1973, art. 4°, inciso e;

Convenio 1969 OIT, aprobado por Ley 7316/1992, art. 14)”. De esta

forma, estima que no existe una vulneración a estos territorios ni derechos

de los pueblos indígenas al no incluir la norma los territorios indígenas. Por

otra parte, pero en un igual sentido, el Ministro de Ambiente y Energía

informa que “respecto a la no consulta a los pueblos indígenas, considera

que no es procedente, ya que áreas silvestres protegidas son bienes de

dominio público, concepto incompatible con el de las reservas indígenas,

que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas

para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro

Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de

Desarrollo Integral que las representan, de carácter inalienable o

intransferible a los no indígenas”. Asimismo, estas posiciones son

avaladas por la Procuraduría General de la República, pues en su

contestación indicó lo siguiente: “sobre lo alegado en cuanto a la violación

del derecho de participación de los pueblos indígenas, indica que

jurídicamente el régimen de patrimonio natural del Estado y el de los

territorios indígenas es incompatible (…) el patrimonio natural del

Estado es de dominio público, y por tanto, contrapuesto al régimen de las

reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada

colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan,

inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble (…) no sería

posible que un espacio territorial sea simultáneamente de dominio

público estatal y reserva indígena, y por ello, no es posible afirmar que la

ley impugnada afecta a los territorios indígenas porque permitirá el

aprovechamiento del recurso hídrico localizado en ellos”. En este sentido,

esta Cámara Constitucional estima que tienen razones las instituciones

consultadas, pues este mismo Tribunal, en la sentencia número 2010-14772

de las 14:35 horas del 01 de setiembre de 2010 afirmó esta posición. Así,

en ese voto se indicó lo siguiente: “el régimen jurídico de protección de la

propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas y las Reservas Indígenas son

distintas, toda vez que mientras en la primera es propiedad Estatal, la de

las reservas indígenas pertenecen a una forma de propiedad comunitaria,

de modo que, aunque éstas últimas son una forma especial de propiedad,

inscrita a nombre de una Asociación de Desarrollo Integral, no son

equivalentes y no pueden asimilarse a las formas de protección de la

propiedad de bienes del Estado, especialmente aquellas integradas al

Patrimonio Natural del Estado. La Sala en su jurisprudencia sobre los

bienes demaniales (…)”.

Por consiguiente, esta Sala comparte la posición expresada por las

instituciones consultadas respecto a la incompatibilidad entre patrimonio

natural del Estado y territorios indígenas. Por lo tanto, se descarta la

violación a los derechos de los pueblos indígenas reclamado por los

accionantes.

Ahora bien, tomando en cuenta que como se indicó en considerandos

anteriores, la presente ley lo que hace es habilitar para presentar proyectos

para elaborar obras para lograr el aprovechamiento de agua para el

consumo humano en terrenos del patrimonio natural del Estado, por lo que

será en la presentación de cada proyecto, que debe cumplir con los

requisitos establecidos, que se valorará específicamente en cual terreno en

particular se podrá realizar tal función. Por ende, este Tribunal también

comparte lo señalado por la Procuraduría General de la República, respecto

a que, a pesar de lo señalado acerca de la incompatibilidad del régimen de

patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas, si una

solicitud concreta de aprovechamiento de agua en un área silvestre

protegida, de algún modo llegare a afectar los intereses legítimos de algún

territorio indígena, en ese momento deberá cumplirse con lo estipulado

referente a la consulta a las comunidades indígenas, conforme a la

normativa vigente y a la jurisprudencia de esta Sala (sobre la Consulta a los

Pueblos Indígenas y el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional

del Trabajo, véase, entre otras, la sentencia número 2017-014522de las

12:19 horas del 08 de setiembre de 2017).

Conclusión. Corolario de lo expuesto, lo correspondiente es

declarar parcialmente con lugar la acción y, en consecuencia, únicamente se

anula la frase "no será necesario el trámite de autorización ante el Minae”

del párrafo 4 del artículo 2 de la ley número 9590. Lo anterior por ser una

amenaza al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al

eximir a las instituciones respectivas del control y rectoría del Ministerio de

Ambiente y Energía. Por ende, se procede a anular esa frase. En lo demás,

se declara sin lugar la acción.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

.

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel,

así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o

producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del

despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la

notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel

material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011,

artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero

del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del

Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012,

artículo LXXXI.