Resolución 00652-2015

Mediante sentencia N°

0321-2014, dictada a las quince horas y cincuenta minutos del

veintiséis de junio del dos mil catorce, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, resolvió:

“POR

TANTO: Por Mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la

representante del Ministerio Público. El co-juez Porras Villalta salva el voto.

NOTIFÍQUESE.-

Marianela Corrales Pampillo Gustavo Jiménez Madrigal Mario

Alberto Porras Villalta Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Penal Juvenil Sección

Segunda” (sic).

Contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Michael Steve Morales Molina, en su

condición de representante del Ministerio Público, interpuso Recurso de Casación.

Se realizó la audiencia oral y pública a las quince horas del siete de octubre del dos mil

catorce

Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el

recurso.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el magistrado Arroyo Gutiérrez; y,

El licenciado Michael Steve Morales Molina, representante del Ministerio Público,

presenta recurso de casación contra la sentencia No. 2014-0321, de las 15:50 horas, del 26

de junio de 2014, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, del

Segundo Circuito Judicial de San José. Por cumplir con los requisitos exigidos en los

artículos 467, 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal, mediante sentencia de esta Sala

No. 2014-01474, de las 11:03 horas, del 5 de septiembre de 2014, se admitió para su

trámite el recurso de casación interpuesto.

En el primer motivo reclama la existencia de precedentes contradictorios,

concretamente entre la sentencia impugnada y los votos No. 214-2004, de las 11:07 horas,

del 4 de marzo de 2004, del Tribunal de Casación Penal de San José; y No. 2013-1252, de

las 11:10 horas, del 13 de septiembre de 2013, de la Sala Tercera. Concretamente, señala

que el voto de mayoría de la sentencia impugnada consideró que, ante la imputabilidad

disminuida de la persona imputada menor de edad, no era posible aplicar supletoriamente el

procedimiento especial para la imposición de medidas de seguridad, regulado en el Código

Procesal Penal; pues dicha omisión en la Ley de Justicia Penal Juvenil no es un error sino

que el instituto es contrario a los principios que rigen la materia penal juvenil. Indica que en

sentido contrario, el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José,

en sentencia No. 214-2004, de las 11:07 horas, del 4 de marzo de 2004, resolvió que en

estos casos lo procedente era declarar la nulidad de la sentencia de sobreseimiento

definitivo. De esta sentencia cita los votos independientes de dos de los jueces, cuyos

argumentos principales son: i) que la imputabilidad disminuida justifica una disminución

del reproche pero no la supresión de la culpabilidad, por lo que anula el sobreseimiento y

ordena el reenvío; ii) y que el grado de reproche a causa de la imputabilidad disminuida

debe determinarse en debate. Luego invoca como contradictoria con el fallo impugnado, la

sentencia de la Sala Tercera No. 2013-1252, de las 11:10 horas, del 13 de septiembre de

2013, por haber indicado: “…con respecto a la aplicación supletoria del Código Penal y

Procesal Penal de adultos en materia penal juvenil, véanse las resoluciones N°

00145-2013 y 01203-2012 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de

Goicoechea, en que se admite el procedimiento abreviado; así como la N° 00917-2009, en

que aprueban medidas de seguridad curativas.” (f. 139). De seguido el impugnante

cuestiona los que estima fueron los principales argumentos empleados por el Tribunal de

Apelación: a) En cuanto a la afectación de principios esenciales (mínima intervención,

interés superior y protección integral, y la finalidad de evitar la judicialización de los

conflictos protagonizados por personas menores de edad); considera el planteamiento del a

quo es superficial y vacío, pues no explica concretamente por qué la aplicación de medidas

de seguridad violenta dichos principios. Aduce que contrario a lo expuesto por el ad quem,

el procedimiento especial para imponer medidas de seguridad coincide con los fines y

principios del derecho penal juvenil, en tanto busca educar y reinsertar al autor de un hecho

con una capacidad de culpabilidad disminuida. Agrega que la finalidad de evitar la

judicialización de los conflictos no justifica la impunidad ante la comisión de un hecho

delictivo, e invoca los principios de legalidad y lesividad. Señala que tampoco se violenta el

principio de protección integral, pues el procedimiento para la imposición de medidas de

seguridad es respetuoso de todas las garantías procesales. Sobre el interés superior

argumenta que el procedimiento especial para aplicar medidas de seguridad no sólo da una

respuesta penal al hecho delictivo, sino que busca mejorar las condiciones mentales, físicas,

educativas, familiares y sociales de la persona menor de edad; por lo que estima es

compatible con aquel principio. En relación al principio de desjudicialización, argumenta

que este se puede cumplir en un procedimiento especial de medidas de seguridad, pues no

hay impedimento legal para aplicar los instrumentos con que cuenta la legislación penal

juvenil. b) En cuanto a la aplicación del proceso especial de protección contemplado en el

Código de la Niñez y adolescencia, asegura que dicha posibilidad está restringida a los

casos de remisión por aplicación de un criterio de oportunidad reglado. Agrega que fuera de

esta hipótesis no es posible desaplicar el proceso penal juvenil, y reemplazarlo con el

procedimiento de protección del Código de la Niñez, por ser normativa especial; además de

que en éste no se cuentan con las garantías del proceso penal. Califica esta propuesta como

un retroceso del paradigma tutelar. c) Sobre el señalamiento de que el proceso penal juvenil

es diferente al de adultos, aduce que esto no significa que no haya institutos del derecho

procesal penal de adultos que puedan aplicarse supletoriamente, como lo autoriza el artículo

9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Agrega que no existe impedimento alguno para que al

imponer una medida de seguridad, se apliquen los supuestos del artículo 122 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil. d) En relación a los criterios de peligrosidad y reincidencia que

justifican una medida de seguridad, asegura que no son estigmatizantes porque: (i) son solo

aspectos orientadores del tipo y duración de la medida; (ii) es más bien una garantía

adicional, pues puede beneficiar a la persona menor de edad si se determina que no volverá

a delinquir; (iii) las medidas se adecuan a la persona menor de edad y su contexto, y deben

ser proporcionales y razonables al hecho. e) Sobre el carácter indefinido de las medidas de

seguridad, afirma que ello no es así, pues la duración máxima sería la misma que establece

la Ley de Justicia Penal Juvenil, de quince años para los mayores de 15 y menores de 18

años; y de diez años para los mayores de 12 y menores de 15 años. f)

Por último señala que

ante la ausencia de regulación específica sobre las medidas de seguridad, lo que

corresponde es aplicar el instituto supletoriamente, adaptándolo a las exigencias

especializadas de la materia penal juvenil. En el segundo motivo alega errónea aplicación

del artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como múltiples artículos del Código

Procesal Penal, por no haber aplicado la regulación relativa al procedimiento especial para

la imposición de medidas de seguridad. En el tercer motivo reclama inobservancia del

artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil así como múltiples artículos del Código Penal,

por no haber aplicado la regulación relativa a la imposición de medidas de seguridad.

A efectos de abordar este tema, procederemos a deslindar los diferentes criterios

esbozados por los juzgadores para sustentar la posición que está siendo impugnada por el

Ministerio Público, haciendo algunas observaciones. En el siguiente considerando se

expondrá la posición de la mayoría de esta Cámara. A.- En primer lugar se aduce que, en

forma expresa, el legislador que promulgó la ley 7383, Ley Tutelar de Menores, derogó el

numeral 99 del Código Penal que regulaba la aplicación de las medidas de seguridad a los

menores de veintiún años y mayores de diecisiete, “norma inspirada en el modelo del

paradigma de la situación irregular, no volviéndose a regular en forma expresa sobre el

tema” (folio 120); justificando, de esta forma, que en nuestro país, la intención del

legislador de 1994 –año de promulgación de la ley 7383- fue desaplicar estas medidas en la

población con minoría de edad. Esta premisa contiene una serie de errores que contradicen

la conclusión que se pretende derivar de la derogatoria mencionada, como se dirá de

seguido. El Tribunal omite analizar que con la promulgación de esta ley –número 7383- se

modificó en numeral 17 del Código Penal que establecía: “Este Código se aplicará a las

personas que en el momento del hecho fuere mayores de diecisiete años. La ley especial de

menores determinará con qué extensión se aplican las disposiciones de este Código”;

introduciéndose a partir de ese momento el siguiente contenido: “Artículo

-

Este Código

se aplicará a las personas de dieciocho años cumplidos”; disposición que se mantiene hasta

la fecha. La modificación de las dos disposiciones se encuentran estrictamente relacionadas

con el modelo tutelar que se implementaba, el cual se caracterizaba por:

El menor era

considerado como objeto y no como sujeto activo de la intervención jurídica.

2-

El joven

era concebido como inimputable, por el simple hecho de ser menor de edad, por lo que no

podía atribuírsele responsabilidad penal ni ser sujeto activo en el proceso.

3-

Se buscaba

solucionar la situación irregular del menor, justificándose la intervención del juez, en su

doble función: órgano acusador y órgano decisor –de carácter paternalista- para tomar las

medidas necesarias en aras de solucionar esa situación.

No se reconocían las garantías

del derecho penal de adultos.

Las medidas adoptadas eran indeterminadas y tenían como

fin la adaptación del menor a la sociedad.

Se basaba en un sistema de peligrosidad

. Otras

características en esta misma línea pueden derivarse del modelo tutelar, que se reforzaba

con la promulgación de esta Ley -Tutelar de Menores- la cual venía a modificar la Ley

Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores –número 3260 del 21 de diciembre de

1963-, que se amparaba en el sistema dicho. En nuestro país, como en muchos otros de

Latinoamérica que en esa época impulsaron legislaciones basadas en el modelo tutelar, cuyo

sustento teórico-dogmático era la situación irregular del menor, la competencia para

conocer de los asuntos derivados de la Ley 7383 recayó en los jueces de familia y tutelares

de menores . En este sentido, el numeral 14 establecía: “

Artículo

La jurisdicción

establecida en esta Ley corresponderá a los jueces de familia y a los tutelares de menores.

En tanto no se establezcan esos juzgados ni los tribunales superiores de la misma materia,

corresponderá a los juzgados y a los tribunales superiores civiles conocer de los asuntos

tutelares de menores. Se deberán crear los juzgados y tribunales superiores de familia y

tutelar de menores que sean necesarios, de conformidad con los estudios que realice la

Corte Suprema de Justicia”. Dentro de las medidas que eran aplicables se pueden citar:

amonestación, libertad asistida, depósito en un hogar sustituto, colocación en un trabajo u

ocupación e internación en establecimiento reeducativo. (Artículo 29). En el caso de los

menores con “limitaciones físicas y mentales” , se disponía que debía procurarse que la

internación se cumpliera en “establecimientos especializados, que permitan remediar su

condición”. (Artículo 41). Como se observa, la derogatoria de la que hacen eco los

juzgadores para derivar la decisión de los legisladores de no regular las medidas de

seguridad para menores de edad no encuentra sustento alguno, toda vez que para ese

modelo no era determinante el tema de la imputabilidad o inimputabilididad de la persona

sujeta a esa jurisdicción. El postulado de peligrosidad del anterior modelo, era lo que

permitía la intervención estatal, sin que fuese determinante establecer la capacidad penal

–en términos de la culpabilidad- del menor encausado, por esa razón es que las dos

modificaciones apuntadas –del numeral 17 y 99 del Código Penal- eran necesarias para

fortalecer el modelo tutelar desligado de la jurisdicción penal, que le negaba al joven todas

los derechos y garantías prescritos en materia punitiva. Esta, precisamente, ha sido la crítica

que se le hacía a la Ley Tutelar de Menores. “Un principio que viene a ser de los más

importantes en el DPJ, en precisamente el principio de legalidad. En el antiguo sistema

tutelar, el Juez podía imponer, con amplio margen de discrecionalidad, las sanciones a las

personas menores de edad, aunque la conducta ni siquiera se considerara delito o no

existiera un tipo penal, que estableciera una conducta como delito”. (Tiffer, Carlos. Ley de

Justicia Penal Juvenil, comentada y concordada con exposición de motivos del proyecto de

ley, tercera edición, Editorial Jurídica Internacional, Costa Rica, 2011, p. 50-51). Como se

observa, durante el período que dominó la corriente tutelar, el legislador no reparó en dotar

de garantías la normativa, todo lo contrario, obviando el principio de legalidad, las medidas

especiales eran dictadas indiscriminadamente sin que la capacidad de culpabilidad del

menor fuera objeto de análisis, como tampoco, los demás elementos de la teoría del delito.

Bajo esta perspectiva, la eliminación del numeral 99 del Código Penal, evocado por los

jueces, y la modificación del 17 de ese mismo cuerpo normativo, resultaban necesarios para

el cumplimiento de la ley tutelar, no porque la intención era prohibir la aplicación de las

medidas de seguridad en caso de menores, como sostiene el fallo, sino de desligar el

proceso de la normativa penal y con ello liberarse de las “ataduras” de los derechos y

garantías que proscribe esa materia; a efectos de que el juez tutelar de menores no

encontrara “limitaciones” en su proceder. B.- Por otra parte, se aduce que la

omisión de

regulación de las medidas de seguridad en la actual Ley de Justicia Penal Juvenil no es un

error. Esta afirmación carece de sustento, pues no hay evidencia de que exista una

motivación en la alegada omisión (como referencia a la discusión en las actas del legislador,

por ejemplo). A criterio de esta Cámara, la voluntad explícita del legislador no abona la

tesis del fallo, por el contrario, lo que dispuso el parlamentario y se plasmó en el enunciado

9 de la actual legislación es que, todo aquello que no se encuentre regulado en forma

expresa en esa ley, deberá aplicarse supletoriamente la legislación penal y procesal penal de

adultos. En efecto, el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil reconoce la

especificidad del derecho penal juvenil, el cual podrá ser completado con las normas

penales y procesales de adultos, siempre y cuando no contradigan una disposición expresa

de esa normativa. Lo anterior, se basa en el principio de especialidad, que resuelve la

disyuntiva que se presenta ante la concurrencia de dos normas, una de carácter general y

otra especial, en cuyo caso lo que corresponde es aplicar la ley especial. En este sentido, la

omisión de la que se apoyan los juzgadores para sugerir la deliberada decisión de no reglar

las medidas de seguridad en menores de edad, no supera el nivel de suposición que se

contradice con el mandato inteligible en el ordinal 9 de cita. C- El siguiente criterio del

Tribunal de Apelación se sustenta en los instrumentos internacionales en materia de

menores y el cambio en la legislación nacional que acogió el modelo de protección integral,

el que posicionó al menor como un sujeto de derecho. Bajo esa filosofía se promulgó la Ley

de Justicia Penal Juvenil, erradicando el paradigma de la situación irregular que se mantuvo

vigente bajo la Ley de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Sin embargo, pese al desarrollo

dogmático que se realiza de dicho modelo, los juzgadores no logran concretizar cuál es la

colisión de la declaratoria de inimputabilidad de un menor y su consecuencia –medida de

seguridad-, con los derechos y garantías reconocidas a todas las personas en conflicto con la

ley penal, adultos o menores; si por el contrario, en respuesta a esa misma normativa

nacional e internacional desarrollada por el órgano de alzada, es que se requiere enfrentar,

abordar y dar solución al alto grado de vulnerabilidad que enfrentan las personas menores

de edad inimputables o con imputabilidad disminuida. Lo anterior, bajo las garantías del

debido proceso y derecho de defensa, así como los principios rectores que rigen la materia

penal juvenil. Debe recordarse que al encontrarnos frente a una posible comisión delictiva,

el legislador otorgó exclusiva competencia al Juez Penal Juvenil y no a la jurisdicción de

familia ni ninguna otra. D.- Esto nos lleva al cuarto argumento esbozado por los juzgadores,

en el sentido de que consideran que lo procedente es la aplicación de las medidas especiales

de protección contempladas en el numeral 135 del Código de la Niñez y Adolescencia.

Afirman que dicho proceso especial está regido por el principio de interés superior de la

persona menor de edad, derecho de defensa y debido proceso; obviando que éstos –y otros

más- son las garantías que se contemplan en la legislación especializada penal juvenil. Por

otra parte, esta posición entra en colisión con el principio de legalidad, pues la competencia

del juez de familia contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia está limitada a los

procesos especiales de protección de personas menores de edad que no se encuentren en

conflicto con la ley penal o más bien, excluye de manera expresa los que sí lo están. En este

sentido, el numeral 116 de ese cuerpo normativo establece lo siguiente: “Artículo 116°-

Deberes de los jueces de familia. En la vía judicial, corresponderá a los jueces de familia:

a) Conocer, tramitar y resolver, por la vía del proceso especial de protección, las

denuncias o los reclamos contra toda acción u omisión que constituya amenaza o violación

de los derechos humanos de las personas menores de edad y los demás derechos

reconocidos en este Código, salvo lo relativo a la materia penal

. b) Conocer de las

denuncias sobre hechos irregulares en entidades de atención pública o privada, que causen

o puedan ocasionar perjuicio a las personas menores de edad, y aplicar o recomendar las

medidas correspondientes. c) Aplicar las sanciones establecidas en este Código en los

casos de incumplimiento de normas de protección a las personas menores de edad”. (El

destacado no es del original). En síntesis, el juez de familia no tiene competencia para

resolver la situación del menor inimputable. E.- Otro argumento en el que se apoya el

ad

quem tiene relación con la diferencia existente entre la sanción penal en adultos y en el

derecho penal juvenil. Aducen que: “por sí misma la sanción no tiene valor en la justicia

juvenil, como sí lo tiene en materia de adultos, la sanción en materia penal juvenil tiene un

fin socioeducativo” (folio 124); agregando que “

si bien se comparten con el derecho penal

de adultos todas las garantías del debido proceso, ambos, el derecho penal de adultos y el

penal juvenil, son diferentes formas de reacción estatal frente a las conductas penalmente

relevantes, no simplemente una adecuación ante la diferencia de edades de los sujetos de

imputación” (Folio 124). Ciertamente, el reconocimiento de la especificidad de las

diferentes ramas del derecho permea la adecuación de la reacción Estatal, pero no se puede

desconocer que la Ley de Justicia Penal Juvenil dentro de su amplio abanico de sanciones,

entre las que se determinan las de tipo socio-educativas y de orientación y supervisión;

también cuenta con la privación de libertad, por un período de quince años para las

personas menores entre los quince y dieciocho años; y de diez años para aquellos en edades

comprendidas entre los doce y quince años. (Artículos 121 en relación con el 131 de dicha

ley). En este sentido, no podemos obviar que el poder punitivo del Estado está también

presente en los asuntos penales en contra de la persona menor de edad, aunque

reconociendo que se trata de una medida que debe ser la última opción dentro del catálogo

de sanciones y encaminada a cumplir un fin de prevención especial positiva. En este

sentido, podemos concluir que la sanción como tal tiene diferente valor según se trate del

derecho penal de adultos o del penal juvenil, y en ese contexto no se encuentra sustento

para justificar la inaplicabilidad de las medidas de seguridad a las personas menores de

edad. F.- Por otra parte, los juzgadores citan el principio rector en esta materia de la mínima

intervención del Estado como obstáculo para la aplicación de las medidas de seguridad.

Ciertamente, la tendencia a la mínima intervención estatal encuentra su máxima expresión

en el derecho penal juvenil, sin desconocer que el derecho penal de adultos también

comparte este mandato. Ahora bien, tanto la dogmática como la normativa internacional

especializada que citan los jueces de alzada, conminan a los Estados a abordar

integralmente la problemática de la población menor de edad, reconociéndolo como un

sujeto de derecho. El modelo de responsabilidad es el que adopta nuestro país mediante la

Ley de Justicia Penal Juvenil; esta corriente reconoce en los jóvenes menores de edad su

capacidad para infringir la ley penal, y como consecuencia, la posibilidad de reacción

Estatal de imponerle una sanción con una connotación negativa; pese al reconocimiento de

los diferentes tipos de sanciones con que cuenta esa legislación. El grado de injerencia

estatal, aspecto que preocupa a los jueces y que los decanta por rechazar la posibilidad de

aplicación de una medida de seguridad a una persona menor de edad, no encuentra sustento

desde que, esa intervención existe con o sin la aplicación de dichas medidas, porque las

sanciones no privativas y privativas de libertad están reguladas en esa legislación especial,

como también la decisión del Estado de actuar conforme a los principios rectores del

Derecho Penal Juvenil. La interacción entre el poder punitivo del Estado y los límites a la

intervención es una pugna que podemos observar a través de la historia; esta lucha

encuentra en el reconocimiento de los derechos humanos –en todas las materias y ramas- el

equilibrio que debe imperar. G.- Al final del fallo encontramos un tema que ya había sido

expuesto, pero que merece otro análisis. El ad quem aduce que el numeral 6 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, regula la capacidad penal en relación a la edad, excluyendo a los

menores de doce años, población que sin embargo, debe ser remitida al Patronato Nacional

de la Infancia para que se le brinde la atención que corresponda. Consideran que la remisión

del niño es con el objetivo de que se lleve a cabo el proceso de protección contenido en el

ordinal 135 del Código de la Niñez y Adolescencia. Concluyendo que: “La persona menor

de edad que no posea capacidad penal en razón de una discapacidad o enfermedad, sea

esta temporal o permanente, no debe ser sujeta a un procedimiento ajeno a los fines y

principios de la justicia penal juvenil, que parte del criterio de peligrosidad del imputado

en función de la reincidencia en la comisión delictiva, conceptos absolutamente impropios

y contrarios a la naturaleza de la justicia juvenil; sino que, por el contrario, éste debe ser

tratado como una persona menor y aplicársele aquellos institutos y procedimientos propios

de su condición”. La evidente contrariedad contenida en este criterio nos obliga a plantear

las siguientes acotaciones. En primer lugar debemos partir de que, como ya se expuso la

normativa internacional especializada conmina a los Estados a abordar la problemática de

las personas menores de edad, de acuerdo a los fines de la justicia penal juvenil. En

segundo lugar, los que están exentos de responsabilidad penal son las personas menores de

doce años, por disposición legal. En ese sentido no resulta correcta la comparación

efectuada entre la carencia de responsabilidad penal en un niño menor de doce años, con la

inimputabilidad acaecida a raíz de un trastorno mental en un joven que sí es susceptible de

ser sometido al proceso penal. En tercer lugar, también se mencionó que la pretensión de

que sea el Juez de Familia, encargado del procedimiento especial regulado en el Código de

la Niñez y Adolescencia, el que conozca de los casos de los inimputables colisiona

frontalmente con el principio de legalidad; en la medida en que esa misma legislación

establece que los deberes del Juez de Familia en sede judicial se circunscribe a lo siguiente:

“a) Conocer, tramitar y resolver, por la vía del proceso especial de protección, las

denuncias o los reclamos contra toda acción u omisión que constituya amenaza o violación

de los derechos humanos de las personas menores de edad y los demás derechos

reconocidos en este Código, salvo lo relativo a la materia penal. b) Conocer de las

denuncias sobre hechos irregulares en entidades de atención pública o privada, que causen

o puedan ocasionar perjuicio a las personas menores de edad, y aplicar o recomendar las

medidas correspondientes. c) Aplicar las sanciones establecidas en este Código en los

casos de incumplimiento de normas de protección a las personas menores de edad”.

(Artículo 116). La salvedad que hace la normativa de la materia penal, resulta provenir de

que, la persona menor de edad que entre en conflicto con la ley penal deberá ser sujeta a un

procedimiento que respete su condición de minoridad legal, el cual está desarrollado en la

normativa especializada penal juvenil, pues de lo contrario, el Estado estaría desconociendo

su compromiso de atender esta población según la problemática que presente. En tratándose

del derecho penal, la Ley de Justicia Penal Juvenil es la norma especial cimentada en los

fines de la justicia penal juvenil. Esta Sala concuerda con la afirmación de los juzgadores,

de que la persona debe ser tratada como un menor y aplicársele los institutos propios de esa

condición, por lo que no puede aceptar que no se haga desde la normativa especializada que

contempla el supuesto que nos ocupa, es decir, de personas menores de edad procesados

penalmente. Pretender aplicar otra regulación, que aunque especializada, no es la

competente para conocer de los asuntos penales en donde se involucre a una persona menor

de edad, solo tiende a la negación e inaplicación de los fines y principios en que se basa la

doctrina, los instrumentos internacionales y la legislación nacional en esta materia. En

síntesis, esta Cámara llega a la conclusión de que la posición asumida por los juzgadores en

el voto de mayoría no encuentra sustento, sin embargo, ello no es suficiente para derivar la

tesis contraria, por lo que a continuación se esbozará el criterio que sostiene la mayoría de

esta Sala.

Por mayoría, el reclamo se declara con lugar. En primer término, debemos indicar

que para su estudio de fondo se admitieron los motivos planteados en el recurso de casación

formulado por la representación fiscal. De acuerdo con el orden de motivos planteado por el

gestionante, es necesario informar que con respecto al motivo por la existencia de

precedentes contradictorios, esta Cámara observa que, ciertamente, se presentan distintas y

contradictorias líneas de análisis sobre el tema de la aplicación de medidas de seguridad

para la población penal juvenil, por parte de las diferentes integraciones que en apelación

han intervenido. Por ello, se requiere abordar el tema con profundidad y amplio análisis,

integrando la normativa nacional e internacional, la doctrina y los principios rectores que

rigen la materia especializada. Así, esta Sala de Casación, en su función nomofiláctica de la

jurisprudencia, procederá a definir el criterio que cumple con nuestro sistema de Derecho y

la protección integral de la persona menor de edad. De esta forma, al resolver el primer

reclamo planteado, se cubrirán todos los motivos expuestos por el representante del

Ministerio Público, pues se ahondará en cada uno de los puntos presentados por el

recurrente. Los temas propuestos versan sobre la procedencia o no de la aplicación de las

medidas de seguridad a personas menores de edad. En esa línea se desglosaron tres

motivos, a saber: i- precedentes contradictorios, ii- inobservancia a la norma procesal

contenida en el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con los ordinales

388, 389, 390, 483, 484, 485, 486 y 487 del Código Procesal Penal, y; iii- la inobservancia

a normas sustantivas, aludiendo al artículo 9 citado vinculado con el 1, 15, 42, 43, 51, 97,

98, 100, 101 y 102 del Código Penal. Dada la vinculación de los motivos con el tema

propuesta, esta Cámara decidió conocerlos conjuntamente. Iniciaremos abordando los

alcances del postulado del numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil referente a la

supletoriedad de las leyes, para posteriormente ahondar en la naturaleza y fines de las

medidas de seguridad, tema que nos conduce hacia los principios que informan la

legislación penal juvenil, pues debe sopesarse la procedencia de este instituto dentro del

modelo de responsabilidad y protección.

La supletoridad de las leyes

. Ya esta Sala de

Casación Penal ha resuelto que en caso de vacío legal, procederá la aplicación del numeral

9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establece que: “

En todo lo que no se encuentre

regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la

legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el

Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los principios del Código

Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de esta ley.” (Véase en este sentido

el voto 2013-1252, de las 11:10 horas, del 13 de septiembre de 2013). En esta situación nos

encontramos con respecto al tema de la inimputabilidad, pues la legislación especializada es

omisa en este aspecto, en consecuencia, aquellos casos en que el acusado sea una persona

menor de edad que al momento de la acción u omisión sancionada en la ley penal, tenga

comprometida su capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse

de acuerdo con esa comprensión, como consecuencia de una enfermedad mental o de una

grave perturbación de la conciencia, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 42,

siguientes y concordantes, del Código Penal. Véase que, conforme lo dispone el numeral 1

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el ámbito de competencia según los sujetos se extiende

a todas aquellas personas que “al momento de la comisión de un hecho tipificado como

delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales”, tengan entre los doce y

diecisiete años de edad. Es decir, la esfera de aplicación de la ley está debidamente definida

en razón de la edad del sujeto activo, rango dentro del cual se presume la capacidad de

culpabilidad penal, lo que resulta consecuente con el modelo de responsabilidad en que se

asienta esta normativa, pues es precisamente lo que se negaba en el anterior sistema de

corte tutelar. En ese sentido, como se indicó en el anterior considerando, la voluntad

explícita del legislador sobre los aspectos no contemplados en la ley especializada, consiste

en que fuesen suplidos con la legislación penal y procesal de adultos. Corresponde

cuestionarnos entonces, en un primer plano ¿es posible la supletoriedad en el tema de la

inimputabilidad?; lo mismo sería plantearnos ¿de qué forma el instituto de la

inimputabilidad contraviene la ley especializada?; si este aspecto es propio del análisis de

imputabilidad del sujeto activo el cual se desarrolla en el tercer nivel de la teoría del delito;

es decir, es un aspecto inherente a la aplicación de la ley penal, de adultos o de jóvenes.

Como se ha indicado: “Este análisis se realiza en el entendido de que para que exista

culpabilidad, para que pueda reprocharse una conducta ilícita a una persona, es necesario

que el autor de la misma haya tenido una capacidad psíquica que le permita disponer de

un cierto grado o ámbito de autodeterminación, o sea, es necesario que sea imputable. La

determinación de si existe o no una enfermedad mental o un grave trastorno de la

conciencia, es relevante en el tanto que esos fenómenos inciden en la capacidad de

comprensión y en la capacidad de voluntad del sujeto en relación a un ilícito penal. Sin

capacidad mental no existe autodeterminación, y por tanto no puede haber juicio de

desaprobación por realizar un ilícito penal. Por eso puede decirse que la imputabilidad en

el derecho penal posee dos niveles de análisis:

El primero de ellos en el cual se requiere

el diagnóstico o determinación psicológica o psiquiátrica sobre la existencia de

enfermedades mentales o de graves trastornos de conciencia;

El segundo se refiere a la

incidencia o no de estos fenómenos en la capacidad de comprensión y voluntad respecto de

los prohibido y penado por el derecho. Es decir que el sujeto pueda desde sus facultades

psíquicas comprender el carácter ilícito del hecho, y pueda dirigir su comportamiento de

acuerdo con esa comprensión. (Así BACIGALUPO (Enrique), Manual de Derecho Penal

,

Bogotá, Editorial Temis, 1ª edición, 1994, pp.156-157; ROXIN, Derecho Penal..., Op.Cit.

pp.823 y 848)”. (Voto número 920-2004 de las 10:55 horas, del 30 de julio del año 2004).

En este sentido, esta Cámara estima que, la aplicación supletoria de las normas del Código

Penal que regulan las diferentes formas de imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad

disminuida, que resultan necesarias para determinar la capacidad de culpabilidad del sujeto

activo dentro del análisis de la teoría del delito, es correcta y necesaria. Esta primera

conclusión nos traslada al tema de las medidas de seguridad que está íntimamente

relacionado con la declaratoria de la inimputabilidad o imputabilidad disminuida.

2.

Medidas de Seguridad. Con respecto a las medidas de seguridad, esta Cámara ha señalado

que: “También debe destacarse que la medida de internamiento en centro psiquiátrico, por

definición, no puede ser tenida, como erróneamente lo hacen los miembros del Tribunal a

folios 238 y 239, como una pena. Si el imputado cometió la conducta típica y antijurídica

que se le atribuía en un estado de capacidad de culpabilidad o imputabilidad disminuida,

debe entenderse que, por lo tanto, tal como lo establece la lectura sistemática de los

artículos 42, 43, 98 inciso 1 y 102 inciso a, del Código Penal, y la propia jurisprudencia de

esta Sala de Casación Penal, dicho encartado no puede ser declarado como penalmente

responsable por sus actos. Quien actúa ilícitamente bajos las circunstancias arriba

descritas, no es penalmente responsable por sus acciones típicas y antijurídicas. Es

precisamente por ello que se le debe imponer una medida de seguridad y no una pena”.

(Voto número 2011-934, de las 11:38 horas, del 29 de julio de 2011). Como se observa, la

determinación de la medida de seguridad como una sanción no es correcta, pues esta tiene

una naturaleza curativa, lo que implica que para la imposición de la misma no es posible

acudir a los parámetros establecidos en el numeral 71 del Código Penal. En este sentido, se

ha señalado que el criterio para la aplicación de la medida es la proporcionalidad. (Puede

consultarse la resolución número 2005-1049, de las 15:15 horas, del 12 de septiembre de

2005 y 2008-1118, de las 9:25, del 10 de octubre de 2008). Esta tesis también es

compartida por la Sala Constitucional que ha indicado: “Las medidas de seguridad tienen

una naturaleza jurídica diferente de las penas. Las primeras son medidas preventivas que

responden a necesidades preventivas y curativas. La pena es la privación o restricción de

bienes jurídicos, impuesta conforme a ley, por órganos jurisdiccionales competentes, al

culpable de un delito, esta restricción puede dirigirse a bienes de su pertenencia, a la

libertad personal, a la propiedad, entre otras. La pena es la justa retribución del mal

ocasionado por el ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del imputable. Sin negar la

posible finalidad resocializadora y en alguna manera preventiva de la pena, su esencia

radica en la retribución, retribución que no se traduce en reproche o venganza; sus fines

son más amplios y elevados: mantener el orden y el equilibrio, fundamento de la vida

moral y social, para protegerlos y restaurarlos en caso de quebranto. Las medidas de

seguridad tienen otro régimen jurídico, es decir, no son penas, razón por la cual los sujetos

sometidos a ellas no pueden ser objeto del tratamiento y beneficios, tales como el indulto,

el beneficio del artículo 55 del Código Penal, la libertad condicional, que se otorgan a los

reos, porque se trata de medidas eminentemente curativas y preventivas…” (Resolución

número 1993-2583, de las 15:36 horas, del 8 de junio de 1993). De igual manera, mediante

resolución número 2586-93 de las 15:36 horas del ocho de junio de 1993 dispuso en cuanto

a las medidas, lo siguiente: “VII. La imposición de la medida de seguridad presupone la

comisión de una infracción penal, que en razón de la inimputabilidad del sujeto que la

comete y el grado de peligrosidad del mismo, no se reprime con pena, sino que posibilita la

imposición de una medida de seguridad. Como ya se dijo, las medidas de seguridad que se

imponen a los inimputables, son las que se aplican a los sujetos que al momento de la

comisión del hecho se hallaba en estado de incapacidad psíquica de delito. Se trata de

medidas administrativas que sólo son procesal y jurisdiccionalmente penales, pero en

modo alguno, materialmente penales. Por esto no pueden ser llamadas "sanciones" pues no

constituyen sanción a ninguna conducta, por lo que de conformidad con el inciso 3.) del

artículo 320 del Código de Procedimientos Penales, pueden ser aplicables incluso a

supuestos en los que ni siquiera hay conductas o acciones, ya que su naturaleza es

netamente administrativa y su objetivo expresamente asistencial, pero para su imposición

se requiere se acredite la existencia de un hecho injusto (típico y antijurídico), ejecutado

materialmente por el sujeto a quien se le impone la medida. No a todos los inimputables se

les impone este tipo de medidas, pues ello depende de su necesidad, de las condiciones

personales del sujeto, con miras a la mejoría de su estado psíquico anormal, de ahí la

necesidad del informe del Instituto Nacional de Criminología en el que se establezca la

posibilidad de que se vuelva a delinquir en razón del estado de inimputabilidad

… .

”.

Como se observa, de larga data, los diferentes tribunales han definido claramente la

naturaleza y fines de las medidas de seguridad, haciendo la distinción con respecto a las

sanciones penales que son las que proceden aplicar cuando el reproche de responsabilidad

penal es completado. Este orden de ideas nos lleva a concluir que no podemos equiparar las

sanciones establecidas, que se aducen taxativas, de la Ley de Justifica Penal Juvenil, a las

medidas de seguridad que contempla el Código Penal. Por lo tanto, los que sostienen la

posición según la cual no es posible ni procedente agregar otras sanciones

a las instituidas

en la ley especial y que por ende, no son de aplicación las medidas de seguridad, no

encuentra sustento jurídico. Tampoco existe colisión con el principio de legalidad, como se

acusa, porque no estamos ante una sanción. Como es sabido, la imposición de las

sanciones

se efectúa cuando se ha demostrado el juicio de responsabilidad penal en los tres niveles de

la teoría del delito, es decir, cuando se comprobó que la persona menor de edad adecuó su

conducta al contenido de la norma penal sin que le asistiera una causa de justificación, con

la plena demostración de la capacidad de culpabilidad. Sólo bajo estos supuestos es que el

juez penal juvenil está facultado para aplicar el régimen sancionatorio. Al respecto el

numeral 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en su primer párrafo establece: “Verificada

la comisión o participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil

podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones (…)”. Esto quiere decir que, de no contarse

con el análisis en los tres niveles de la teoría del delito, resultaría improcedente recurrir a

dicha disposición. En conclusión, esta Cámara sostiene que no se pueden equiparar las

sanciones, desarrolladas en la ley especial, con las medidas de seguridad, pues su naturaleza

es diferente. La definición de este aspecto, nos permite señalar que la normativa

especializada no cuenta con regulación en lo concerniente a la condición de inimputabilidad

–total o parcial, permanente o temporal- ni a su consecuencia, las medidas de seguridad; por

lo que ante el vacío legal y sin norma expresa que se oponga, corresponde aplicar la regla

de supletoriedad del ordinal 9 de la LJPJ.

Interés superior del menor

. Como resultado

de la promulgación de la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos

internacionales, análogos y complementarios, se superó el modelo tutelar adoptándose en

un nuevo paradigma en el que la persona menor de edad es considerada un sujeto de

derechos y obligaciones, surgiendo lo que se conoce como el modelo de responsabilidad,

adoptándose, en definitiva, la doctrina de la protección integral. Bajo esa tesitura, se

reconoce que al menor se le deben respetar los derechos y garantías del derecho penal de

adultos, pues cuenta con capacidad para responder por los actos ilícitos que cometa,

mismos que deben ser ventilados en la jurisdicción penal especial, y de llegarse a encontrar

responsable de la comisión de un delito, se cuente con la gama de sanciones –que se basan

en principios socio - educativos- que reduzca al máximo la posibilidad de aplicar una

medida privativa de libertad, reconociéndose además los derechos de las víctimas. El fin es

evitar la judicialización de la persona menor de edad, pero en caso de no ser posible, debe

ser tratado con todas las garantías propias del derecho penal. Para efectos de esta decisión,

interesa rescatar el postulado del interés superior el menor, el cual lo ubicamos en la

Declaración Univesal de los Derechos del Niño, que consideró lo siguiente: “Principio 2:

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física,

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño

. Principio 7: ….

El interés

superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su

educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus

padres…”. (El destacado no es del original). En nuestro país, este criterio lo encontramos

desarrollado en el numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual señala:

“Toda

acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá

considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un

ambiente físico y mental sano, en procura de su pleno desarrollo personal. La

determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de

derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento

y demás condiciones personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se

desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social.”. No obstante

existe referencia de este principio en los instrumentos internacionales y en la legislación

común de los países que han adoptado esta corriente, los expertos coinciden en que el

contenido de dicho concepto es difícil de precisar, por lo que se acude a otros postulados y

garantías para una mejor conceptualización. Sobre el tema, esta Cámara ha señalado que:

“Tratándose de personas menores de edad en conflicto con la ley penal, el principio de

interés superior implica no solo el pleno reconocimiento y posibilidades de ejercicio

legítimo de sus derechos dentro del proceso penal, sino además la finalidad primordial que

informa la materia penal juvenil, cual es el pleno desarrollo de las capacidades de la

persona menor de edad y su reinserción social y familiar”. (Voto número 2012-1436, de

las 10:25 horas, del 7 de septiembre de 2012). En efecto, la búsqueda de la reinserción

social y familiar del joven se ve reflejada en la ideología que subyace en el fin educativo –y

de prevención especial positiva- de las sanciones que caracterizan este Derecho (artículos

121 y siguientes de la LJPJ). Esto nos lleva a destacar otro mandato que tiene relación

directa con el anterior y le sirve de complemento. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3

de la Convención sobre los Derechos del Niño: “1. En todas las medidas concernientes a

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño

.

Los Estados Partes se

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas

legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados Partes se asegurarán de que las

instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los

niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,

especialmente

en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en

relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

El mandato internacional

conmina a los Estados a adoptar las medidas necesarias en atención al interés superior del

niño y de asegurar la adecuada protección y cuidado del menor. Bajo esta tesitura, un

Estado que ignore la situación de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal

que hayan sido declaradas inimputables o con imputabilidad disminuida, es decir, en un

estado de vulnerabilidad mayor, está incumpliendo el mandato internacional, y sin duda

alguna también el nacional. La necesidad de protección del menor –rechazando

tajantemente que hacemos eco del modelo de la situación irregular-, junto a la búsqueda de

su interés, es el norte que debe tener toda institución que tenga la competencia de la

atención de la persona menor de edad, en esta categoría se encuentra el sistema judicial en

general, y el penal en particular. La interacción de las instituciones que velan desde

distintos planos por el bienestar de los menores, y que tiene experiencia acumulada en esta

materia, resulta de utilidad para ampliar el marco en un tema tan sensible y que debe tener

una respuesta desde la legalidad. El Patronato Nacional de la Infancia, órgano que por

mandato legal es la institución rectora en la materia de niñez y adolescencia (artículo 1 de la

Ley Orgánica del PANI), apersonada en esta causa para velar por el interés del menor en

conflicto con la ley penal, es del criterio que: “Es imperativo para la Institución que

represento, que exista un cambio en cuanto a la forma en que se ha venido resolviendo por

parte de la Justicia Penal Juvenil, las causas penales en donde el imputado es una persona

menor de edad y es declarado inimputable en virtud de sufrir retardo, indistintamente si es

leve o severo y por consiguiente, se le ordena al PANI que asuma la atención de esta

población. No obstante, considera esta representación que, si se parte de la naturaleza,

principios, atribuciones y fines que enmarca el actuar del Patronato Nacional de la

Infancia; dadas tanto por normativa internacional como nacional, deviene en necesario

que ante la supuesta comisión de un delito por parte de personas menores de edad, éste

hecho sea ventilado en sede penal y no a instancia administrativa, claro está, aplicándose

en la vía judicial penal las correspondientes medidas de seguridad; lo anterior acorde con

la función constitucional de proteger a las personas menores de edad, en condición de

vulnerabilidad y especialmente el interés superior de las mismas”. (Folio 177). Según el

ente rector, en atención al deber de las instituciones del Estado de acuerdo a sus

competencias asignadas por ley y anteponiendo el interés superior del menor, el sistema

judicial penal debe dar respuesta a la persona menor de edad procesada, aún en aquellos

casos en que se demuestre que no posee capacidad de culpabilidad, ordenando las medidas

de seguridad necesarias; pues considera improcedente que se pretenda sustraer de la vía

penal estos casos y se remitan a otra sede por ser violatorio del ordenamiento jurídico. En

este sentido indicaron: “En conclusión,

a la luz de la normativa supra-citada, de las

pretensiones del Recurso de Casación en cuestión y anteponiendo en todo momento el

interés superior de la persona menor de edad, considera esta representación que, ante la

supuesta comisión de un delito, debe la persona menor de edad ser procesada penalmente,

con la consecuente aplicación de las medidas de seguridad pertinentes y en resguardo del

Debido Proceso, caso contrario, se violenta la normativa sustantiva de la Ley de Justicia

Penal Juvenil y las de aplicación supletoria del Código Penal, especialmente lo dispuesto

en los ordinales 97, 98, 99, 100 101 y 102, de tal suerte, que se remite estos supuestos al

proceso especial de protección, a pesar de la indicación expresa de la ley, de que la

jurisdicción de familia no es competente para resolver hechos delictivos de personas

menores de edad, violentado el Principio de Legalidad. Siendo precisamente un aspecto a

destacar, el hecho que el proceso penal permite garantizar los derechos de la persona

menor de edad, lo cual no se cumpliría a cabalidad, si el caso se ventila

administrativamente. Entonces, impedir la aplicación del proceso penal juvenil, a personas

menores de edad inimputables, bajo el argumento de que corresponde a la Jurisdicción de

Familia y al Patronato Nacional de la Infancia, tomar las medidas que considere

pertinente mediante el proceso especial de protección, es violatorio del ordenamiento

jurídico y por ende, violenta el Principio de Legalidad, ya que como quedó acreditado con

la normativa pre-transcrita que informa en materia de niñez y adolescencia, no tiene

competencia el PANI para conocer y juzgar a las personas menores de edad, con edad

comprendida entre los 12 años y menos de 18 años, que se acusen de haber cometido

hechos delictivos, sino que es competencia única y exclusiva de los Juzgados Penales

Juveniles, instancia que vendría a garantizar el interés superior de las personas menores

de edad imputadas por la supuesta comisión de un delito”. (El destacado es del original).

(Folio 193 a 194). Esta posición, que comparte esta Cámara, encuentra sustento en lo

dispuesto por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la Observación

General N° 10, que señaló: “90. A fin de garantizar la plena aplicación de los principios y

derechos enunciados en los párrafos anteriores, es necesario establecer una organización

eficaz para la administración de la justicia de menores y un sistema amplio de justicia de

menores. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 40 de la Convención, los Estados

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes,

procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños en conflicto con las

leyes penales”. Al respecto cabe señalar que la determinación de las competencias está

debidamente regulada en nuestra legislación, tanto tratándose de las autoridades

administrativas como las judiciales que atienden la materia de menores, con la

determinación de que, todas deben respetar los principios rectores de la niñez y

adolescencia y adoptar las medidas necesarias para adaptarlas a sus respectivos procesos.

Así lo ha concebido la Sala Constitucional, en resolución 2008-15461, de las quince horas y

siete minutos, del quince de octubre de dos mil ocho, que reza: “…como principio general

reconocido y plenamente aplicable, al interés superior del niño no le es oponible norma o

decisión alguna –administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias

determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general del

mayor nivel, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación

y al rol de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principal

del interés superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que

involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los reconocimientos que sobre

el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez que da margen para situarse

en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del artículo 2 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, las autoridades administrativas y

judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar el principio general del interés

superior del niño, en perfecto acatamiento de su carácter de principio, de los mandatos

establecidos por el Derecho de la Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y

soluciones consecuentes de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la

Convención Americana.”. En síntesis, esta Sala es del criterio de que, por razones de

legalidad, reconociendo además, la normativa internacional y los principios rectores en el

tema de los menores de edad, especialmente el interés superior del niño, la aplicación de las

medidas de seguridad a las personas inimputables resulta procedente para cumplir a

cabalidad con dicho postulado. Una posición en contrario incurre en la desprotección de la

población menor que se encuentre en dicha condición. Sobre esta temática, el voto de la

Sala Constitucional número 2586-93 de las 15:36 horas, del ocho de junio de 1993, nos

ilustra sobre el propósito de atención de la persona con sus capacidades superiores

disminuidas o comprometidas, señalando lo siguiente: “III. Las medidas de seguridad son

medios especiales preventivos, privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por

las autoridades judiciales a aquellas personas que nuestro ordenamiento jurídico penal

califica de 'inimputables', con el fin de 'readaptarlos' a la vida social, sea con medidas de

educación, de corrección o curación. Son medidas de internamiento en centros

hospitalarios o centros técnicos especializados en la atención de discapacitados mentales.

Así lo establece el artículo 101 del Código Penal: 'Las medidas de seguridad son curativas,

y de vigilancia. Son medidas curativas: 1.) El ingreso a un hospital psiquiátrico; y 2.) El

ingreso en un establecimiento de tratamiento especial y educativo.'Suponen la separación

del 'inimputable' de la sociedad, como una medida preventiva en razón de la protección de

la misma y como medida 'curativas' para el inimputable. Así, el internamiento del

enajenado en un establecimiento psiquiátrico responde a estas necesidades, por el bien de

la comunidad y del mismo inimputable, por cuanto es necesario y preferible, tratar al

discapacitado mental con una medida adecuada a su personalidad”. La necesidad de

atender a una población, sin duda, vulnerable, resulta ineludible en una sociedad solidaria,

respetuosa y protectora de los derechos de sus ciudadanos.

Protección a la víctima y

tutela judicial efectiva . Ya dijimos que la doctrina de la protección integral es el modelo

adoptado en los instrumentos internacionales en materia de menores, posición de la que

nuestro parlamentario se basó para promulgar la legislación especializada. Bajo el criterio

de responsabilidad de la persona menor de edad como sujeto de derecho, éste es

responsable de los acciones u omisiones ilícitas que ejecute, debiendo como corolario,

asumir las consecuencias de su accionar. En consecuencia, el modelo posiciona a la víctima

como un sujeto con derecho de la reparación del daño. El resurgimiento de la persona

perjudicada por el hecho delictivo tiene relación con la aplicación del principio de tutela

judicial efectiva. En este sentido, es importante señalar que dentro de los principios rectores

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se aborda el tema de la víctima y la garantía de

protección de sus derechos e intereses de la siguiente forma: “ Artículo ARTICULO

7.-

Principios rectores. Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del

menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la

reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no

gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos

fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho

”. Como se

observa, la Ley de Justicia Penal Juvenil no sólo procura garantizar la protección de la

persona menor de edad acusada sino también extiende del principio de protección a la

víctima, respetando y procurando su participación en el proceso penal. Esta posición

encuentra asidero en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las

víctimas de delitos y abuso de poder, documento de la Organización de Naciones Unidas

(Resolución 40/34 de la Asamblea General), que define como víctima a “las personas que,

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”,

reconociéndosele el derecho al acceso a la justicia y un trato justo, así como a la reparación

del daño sufrido, al indicarse que: “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto

por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta

reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Se

establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos

que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u

oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas

de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos”. En este orden de

ideas, debe recordarse que el reconocimiento que se ha dado, en el proceso penal, a los

derechos y garantías a las que también tiene acceso la víctima, donde ha adoptado de

manera progresiva, un papel más protagónico en el proceso penal. Cuenta con su derecho a

ser escuchada e informarse de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo, así como que

se considera su posición y los daños ocasionados a raíz de las actuaciones delictivas. El

derecho a una tutela judicial efectiva también está garantizado para la parte afectada.

Partiendo de que ciertamente, se trata de la persona que recibe el daño, el sistema penal

pasa de convertirse en un fin en sí mismo, a una forma de encontrar reparación a los

perjuicios ocasionados para la persona agraviada. A partir de esta perspectiva penal

victimológica, se logra determinar que el Tribunal de Apelaciones, en su análisis inobserva

lo dispuesto en el numeral número 41 de la Constitución Política con relación a las víctimas

del proceso penal, que dispone: “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.

Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con

las leyes”. En este sentido, dispone la Declaración sobre los Principios Fundamentales de

Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en su apartado 4 supracitado.

El

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en diferentes estatutos, ha dado un mayor

cubrimiento normativo a las garantías procesales y resarcitorias de las personas afectadas de

una conducta típica, sin que ello impida o colisione con la posibilidad de aplicar medidas

alternativas para la solución del conflicto. Queda claro, que la tesis que ha sido desarrollada

en este análisis por parte de esta integración, concilia tanto los derechos de las víctimas y su

necesidad de encontrar una respuesta por parte del Estado ante los daños ocasionados, como

la necesidad de brindar protección integral y efectivo cumplimiento al principio de interés

superior del menor de edad.

Criterio unificador de la jurisprudencia. Con base en todo

lo expuesto, esta Cámara de Casación, en su función nomofiláctica, procede a unificar la

jurisprudencia estableciendo que, atendiendo los principios rectores del Derecho Penal

Juvenil, así como la normativa nacional e internacional, particularmente, los numerales 7 y

9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el 42, 97 a 102, del Código Penal, la

aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil es correcta y legalmente

procedente. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de casación del Ministerio

Público. Se anula la resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil,

Sección Segunda del Segundo Circuito Judicial de San José, de las quince horas cincuenta

minutos del 26 de junio de 2014. De igual manera se anula el Sobreseimiento Definitivo

dictado por el Juzgado Penal Juvenil de San José, de las catorce horas cuarenta minutos del

19 de setiembre del 2013. Se ordena el reenvío de la causa ante el Juzgado Penal Juvenil de

San José, el cual con integración diferente, debe proceder a resolver el proceso, conforme a

lo dispuesto en esta sentencia.