Resolución 00284-2025

Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia planteado por el Ministerio Público. Notifíquese. Flory Chaves Zárate Jorge A. Camacho Morales Gustavo A. Jiménez Madrigal Jueces y Jueza de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. (sic)”.

Contra el anterior pronunciamiento la representante del Ministerio Público, master Ericka Chaves Jiménez, interpuso recurso de casación.

Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Informa el Magistrado Alfaro Vargas; y,

Por mayoría, se declara con lugar el recurso de casación promovido por la representante del Ministerio Público. Se reitera el criterio previamente unificado según el cual resulta procedente imponer medidas de seguridad en el proceso penal juvenil en aplicación supletoria de la legislación penal de adultos. Se decreta la ineficacia de la sentencia N° 2024-0188, de las 15:30 horas, del 29 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José. Asimismo, se anula la resolución N° 130-2024, de las 09:26 horas, del 24 de julio de 2024, dictada por el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Se ordena el reenvío de la causa al Juzgado Penal Juvenil de Alajuela para que, previa observancia de las formas legales que disciplinan la materia, y en aplicación de lo dispuesto en esta sentencia, determine la procedencia de aplicar, en el caso concreto, una medida de seguridad a la persona menor de edad acusada. La magistrada Vargas González salva el voto. Notifíquese.  Patricia Solano C.  Jesús Alberto Ramírez Q.                                                                   Gerardo Rubén Alfaro

Sandra Eugenia Zúñiga M.                                                                            Patricia Vargas G.Voto salvado de la magistrada Vargas González Por las razones que de seguido indicaré, de manera respetuosa disiento de la posición adoptada por la mayoría de la Sala. Tal y como indiqué en el voto salvado contenido en la resolución 2024-00187, dictado por esta Cámara a las 9:50 horas del 29 de febrero de 2024, en materia penal juvenil no aplican las medidas de seguridad: «El principio de especialidad de la materia penal juvenil establece una diferenciación importante con la legislación penal y procesal penal ordinaria, sin perjuicio de la posibilidad de aplicar tal normativa supletoriamente en lo no regulado, cuando ello no implique contravenir de forma expresa la legislación especializada, inobservar sus principios rectores, o violentar los derechos y garantías consagrados en el derecho convencional. La aplicación supletoria de las normas que regulan las medidas de seguridad al proceso penal juvenil, no se ajusta a dicha posibilidad, debido a que su falta de regulación en la normativa especializada, obedece a una decisión consciente del legislador en apego a los principios de protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral, la inserción, integración y restauración individual y social de la persona menor de edad en su familia y la sociedad (artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). En ausencia de norma expresa que faculte la aplicación de medidas de seguridad curativas a personas menores de edad su aplicación violenta de forma grosera el principio de legalidad, por resultar una aplicación extensiva de regulaciones que sólo tienen cabida en el proceso penal ordinario aplicable a personas adultas. El tema ha sido ampliamente analizado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil: “Es claro que el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil remite supletoriamente a la legislación penal de adultos en todo aquello en lo cual no haya norma expresa, debiendo respetarse las fuentes autónomas que nutren y rigen al derecho penal juvenil, donde los tratados internacionales suscritos por el país, los criterios de los organismos internacionales de derechos humanos de los que se es parte y los principios rectores que regulan la materia, tienen preponderancia.  La Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CDN, en su artículo 43 creó el Comité de los Derechos del Niño, que entre tiene por finalidad examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados suscribientes.  En este artículo se desarrollan no solo las funciones del Comité de los Derechos del niño, sino que las obligaciones que frente a este Comité tienen los Estados.  Este, el Comité de los Derechos del Niño, es uno de los siete órganos creados en virtud de tratados de los derechos humanos, siendo uno de los denominados "Órganos de los Tratados",  y tiene una labor esencial a partir de la interpretación del contenido de los derechos reconocidos en la Convención y de la supervisión de su implementación real por parte de los Estados.  Este Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos de la niñez, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas, siendo la observación general número 24, que sustituye a la número 10, la relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Esta Observación General cuya emisión es del año 2019, posterior a las resoluciones de la Sala Constitucional y de la posición de la Sala Tercera que no han referencia a este instrumento, en su introducción señala lo siguiente: "1. La presente observación general sustituye la observación general núm. 10 (2007) relativa a los derechos del niño en la justicia de menores. Refleja los cambios que se han producido desde 2007 como resultado de la promulgación de normas internacionales y regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos conocimientos sobre el desarrollo en la infancia y la adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a la justicia restaurativa. Asimismo, se hace eco de temas que suscitan preocupación como las tendencias relativas a la edad mínima de responsabilidad penal y el recurso persistente a la privación de libertad. La observación general abarca cuestiones concretas, como las relativas a los niños reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, incluidos los clasificados como grupos terroristas, y los niños en sistemas de justicia consuetudinaria, indígena o de otra índole no estatal.

Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables.

El Comité reconoce que el mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo del sistema judicial, incluido el sistema de justicia juvenil. Sin embargo, los Estados partes deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según se indica claramente en el artículo 40 de la Convención, todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, debe recibir siempre un trato acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Las pruebas demuestran que la prevalencia de los delitos cometidos por niños tiende a disminuir tras la adopción de sistemas acordes con esos principios.

El Comité acoge con satisfacción la gran labor realizada para establecer sistemas de justicia juvenil que se ajusten a lo dispuesto en la Convención. Se encomia a los Estados que tienen disposiciones más favorables a los derechos del niño que las que figuran en la Convención y en la presente observación general, y se les recuerda que, de conformidad con el artículo 41 de la Convención, no deben adoptar ninguna medida regresiva. Los informes de los Estados partes indican que muchos de ellos siguen necesitando inversiones considerables para lograr el pleno cumplimiento de la Convención, en particular por lo que respecta a la prevención, la intervención temprana, la elaboración y aplicación de medidas extrajudiciales, un enfoque multidisciplinario, la edad mínima de responsabilidad penal y la reducción de la privación de libertad. El Comité señala a la atención de los Estados el informe del Experto Independiente que dirige el estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad (A/74/136), presentado de conformidad con la resolución 69/157 de la Asamblea General, que había iniciado el Comité.

En el último decenio, diversos organismos internacionales y regionales han aprobado varias declaraciones y directrices que promueven el acceso a la justicia y una justicia adaptada a los niños. Esos marcos abarcan a los niños en todos los aspectos de los sistemas de justicia, incluidos los niños víctimas y testigos de delitos, los inmersos en procedimientos de bienestar social y los que comparecen ante tribunales administrativos. Dichos avances, si bien tienen mucho valor, quedan fuera del alcance de la presente observación general, que se centra en los niños de los que se alegue que han infringido la legislación penal o a los que se acuse o se declare culpables de haber infringido esa legislación"-. En razón de lo anterior, es evidente que esta Observación General se convierte en un criterio de interpretación de la CDN en relación con la población menor de edad en conflicto con la ley, al trato que debe dársele a las personas menores de edad infractores y las obligaciones que como Estado, garante de los Derechos Humanos, tiene frente a su población menor de edad.  Esta observación emitida por uno de los órganos técnicos de la ONU, constituye una fuente de derecho que debe ser tomada en cuenta por las personas juzgadoras al dar una respuesta al delito juvenil.  Debe recordarse que en una materia tan sensible como lo es la relativa a los derechos humanos de las personas menores de edad en conflicto con la ley, el control de convencionalidad es una obligación de todas las personas juzgadoras. Este deber ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en el caso “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de setiembre de 2006, en el que expresamente se indicó: “123... […] cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin…”, lo anterior permite afirmar, que existe para las personas juzgadoras en materia penal juvenil una obligación, devidada además del artículo 48 de nuestra Carta Magna, de aplicar la CDN y las observaciones generales, en particular la 24, que emite el Comité sobre los Derechos del Niño, no solo porque Costa Rica es parte de los Estados suscribientes de este tratado internacional, por lo que es parte de nuestro derecho interno, pero al ser parte de la Organización sobre los Derechos Humanos, y ser el Comité de los Derechos del Niño parte de sus órganos, reconocemos fuerza normativa a sus instrumentos y resoluciones. Debe recordarse que el derecho internacional de los derechos humanos, en atención del derecho a los tratados, parte del principio de buena fe, que implica que los Estados tienen obligaciones frente a la comunidad internacional de cumplir lo que pacta y a lo que se compromete, lo cual tiene íntima relación con la norma pacta sunt sevanda.  En su artículo "El valor jurídico de las recomendaciones de los comités de derechos humanos y el bloque de constitucionalidad", Fernando Nieto- Navia, señala: "La norma pacta sunt servanda está íntimamente ligada al principio de la buena fe. El Preámbulo de la Carta de Naciones unidas, su artículo 2.231 y el ya citado artículo 26 de la Convención de viena se refieren a ello.32 La ya mencionada Resolución 2625 (XXv) dice:  Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos. En otras palabras, los Estados se comprometen frente a la comunidad internacional a cumplir de buena fe las obligaciones que han asumido, incluidas algunas que no aparecen en el artículo 26 del Estatuto de la CIj, como ciertas decisiones de organizaciones internacionales que, en sus estatutos, tengan carácter vinculatorio (law-making resolutions); o las que derivan de ciertos actos unilaterales de un Estado que, por su naturaleza lo obligan,  como el consentimiento a vincularse por un tratado36 o las reservas a los mismos, etc., actos unilaterales que, cuando son aceptados –otro acto unilateral– por otro Estado, crean un cierto tipo de “acuerdo” del cual el primer Estado solamente se puede desvincular con el consentimiento de la otra parte interesada. […] Esto implica, que existe un deber el Estado a través de sus órganos de dar fiel cumplimiento no solo a los Tratados Internacionales suscritos por el país, sino que a la interpretación que hagan los órganos creados para ese fin por la propia Convención.  A diferencia de la Observación General número 10 emitida en el año 2007, la Observación General número 24 en forma expresa trata el tema de las personas menores de edad en conflicto con la ley inimputables o con imputabilidad disminuida, indicando lo siguiente: "Niños que no tienen responsabilidad penal por motivos relacionados con retrasos en el desarrollo o con trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico"

Los niños con retrasos en el desarrollo o con trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico  (por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro alcohólico fetal o lesiones cerebrales adquiridas) no deben enfrentarse en modo alguno al sistema de justicia juvenil, ni aunque hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Si no se excluyen automáticamente, esos niños deben ser evaluados individualmente". La fuerza de estas recomendaciones alude directamente a la vulnerabilidad de las personas menores de edad y adolescentes con problemas del desarrollo o neurológicos, a ser víctimas de violación al derechos (sic) a ser tratados de manera diferente, a ser excluidos del sistema punitivo y a ser valorados de manera especializada e individualizada. Se recoge en esas recomendaciones, lo que precisamente en reiterados fallos ha expresado esta Cámara acerca de inexistencia de una previsión especializada que permita dar un trato y/o una respuesta especializada para el caso de las personas menores de edad o adolescentes que no tienen capacidad de culpabilidad y de los riesgos asociaciones a extender la aplicación analógica en este terreno, de las previsiones de la justicia ordinaria de las personas adultas ya de por si no exentas de serios conflictos y lesiones a los derechos humanos implicados en la ejecución de las medidas de seguridad.  Así que lo que para algunas interpretaciones se reduce a una omisión o error del legislador, es en realidad el reconocimiento de la CDN y los principios fundamentales de la justicia juvenil y del principio de especialidad y de legalidad. Los principios rectores de la materia penal juvenil, entre los cuales privan el principio de legalidad, el interés superior de la persona menor, el desarrollo integral y mínima intervención, analizados de cara al contenido de la CDN en contraposición con la naturaleza de las medidas de seguridad en materia penal para personas adultas, permite concluir a partir de la lectura armónica del derecho internacional de los derechos del niño, que las medidas de seguridad aplicadas en el derecho penal ordinario a personas con condiciones diversas a las personas menores de edad, no pueden ser aplicadas a las personas  menores de edad, sin violentar la CDN y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, es decir, normativa con valor supraconstitucional y de los estándares definidos por los organismos de control y supervisión de esos principios y la aplicación supletoria regulada en el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil  no legitima esa aplicación analógica en contra de los derechos de las personas menores de edad o adolescentes en conflicto con la ley. Es claro que si a una persona menor de edad se le sigue causa por una conducta tipificada como delito, las consecuencias que se deriven de ello están sometidas a límites y control. También es claro que las víctimas requieren respuesta, sin embargo, el tema que debe cuestionarse es qué tipo de respuesta debe darse ante una persona menor de edad inimputable y si el abordaje debe ser desde el control social punitivo o desde salud, desarrollado de manera muy concreta en la CDN.  Si el proceso penal debe ser la última opción aún estando frente a conductas delictivas, si debe según la CDN acudirse a las otras formas de control y articulación social antes de ingresar al sistema jurídico penal, precisamente porque se reconocen los efectos nocivos que supone la estigmatización de un proceso penal, con mayor razón debe cuestionarse el sistema jurídico si se requiere resolver el conflicto desde el aparato punitivo”.(Sentencia 2021-27, de las 14:05 horas, del 5 de febrero de 2021, integración Corrales Pampillo, Ulloa Ramírez y Segura Bonilla). Por otra parte, nótese que aún en el caso de mayores de edad, la imposición de una medida de seguridad es posible “solamente a las personas que hayan cometido un hecho punible, cuando del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca la posibilidad de que vuelva a delinquir” (art. 97 del Código Penal). Al respecto, con integración parcialmente distinta, el mismo Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil expuso: “Efectivamente, la legislación penal de adultos en nuestro país opta por dos vías de reacción punitiva para la conducta penalmente relevante, puesto que establece penas como consecuencia de la declaración de culpabilidad, y las medidas de seguridad que tienen como fundamento la prevención ante la peligrosidad del sujeto. Los objetivos de las medidas de seguridad son educar y reinsertar a aquel sujeto que, si bien cometió un hecho típico y antijurídico, no tiene capacidad de culpabilidad plena. Las medidas de seguridad se encuentran reguladas en el Título VI del Código de Penal, estableciéndose un procedimiento especial para su imposición. El artículo 97 establece la necesidad de que exista un informe emitido por el Instituto de Criminología en el cual se deduzca la posibilidad de reincidencia del evaluado, estableciéndose en el artículo 101 las clases de medidas de seguridad curativas que pueden ser impuestas, siendo éstas el ingreso a un hospital psiquiátrico, el ingreso a un establecimiento de tratamiento educativo y someterse a un tratamiento psiquiátrico. De la lectura de las normas antes dichas, es posible determinar que se está frente a una decisión de política represiva, según la cual una persona que se considera peligrosa en virtud de la prognosis de comisión de hechos punibles futuros, si bien no puede ser sancionada porque no tiene capacidad de culpabilidad, sí debe ser sometida al control del Estado, de manera que se puedan evitar nuevas comisiones de hechos punibles. El legislador expresamente por la Ley 7383 de 16 de mayo de 1994, derogó el artículo 99 del Código Penal en el cual se regulaba la posibilidad de imposición de medidas de seguridad a las personas menores de veintiún años pero mayores de diecisiete, norma inspirada en el modelo del paradigma de la situación irregular, no volviéndose a regular en forma expresa sobre el tema, por lo que no existe norma que faculte la imposición de medidas de seguridad en materia de personas menores con capacidad penal disminuida, ni en el Código Penal ni en la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual no solo no es una omisión sino que tampoco es un error, ya que dicho instituto es contrario a los fines y principios de la justicia de menores, claramente desarrollados tanto en el derecho internacional de los derechos humanos de los niños, en el derecho convencional y en el derecho positivo costarricense, siendo innecesaria para el derecho penal juvenil. (…) La doctrina de la protección integral parte de que toda persona menor, llamada niño, niña o adolescente, tiene el derecho a la protección del Estado, sociedad y familia, y a un desarrollo pleno de sus capacidades, así como a que sus necesidades económicas, físicas, afectivas, emocionales, educativas, médicas, entre otras, sean satisfechas. Si bien la regulación de la condición de la niñez se bifurca en dos caminos, "protección" y "responsabilidad", estableciéndose diferentes vías y procesos para el trato al niño víctima de violación de derechos en relación al niño en conflicto con la Ley Penal, en ambos casos se trata de personas menores de edad, ambas poblaciones se encuentran en condición de vulnerabilidad en razón de la edad y dependencia frente a los adultos, pero principalmente son poblaciones que están bajo el amparo del sistema de protección integral, regidas por los principios de interés superior de la persona menor, desarrollo integral y mínima intervención. Lo anterior implica que, independientemente de que se trate de un niño víctima o un niño infractor, una persona menor tiene, por su condición propia de ser menor de edad, el derecho de exigir del Estado y la sociedad el acceso real a sus derechos. En Costa Rica, la regulación jurídica de las personas menores de edad, producto de las obligaciones contraídas con la suscripción y aprobación de la Convención sobre los derechos del niño, está contenida en dos normas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Justicia Penal Juvenil, normas que regulan protección y responsabilidad, lo cual no implica que aquellos niños que se encuentren bajo la regulación de la segunda se encuentran excluidos de los derechos, garantías y protección de la primera. Toda persona menor de edad, independientemente de que se encuentre en conflicto con la norma penal, tiene derecho a la protección de las leyes especiales que regulan su condición. El artículo 1 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia establece: "1°. Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de éste Código"; el artículo 3 del mismo cuerpo normativo regula su ámbito de aplicación y es claro en indicar que no existe ningún tipo de exclusión o discriminación en ésta, considerando los derechos y garantías para las personas menores irrenunciables, intransigibles y un asunto de interés público. Expresamente el artículo 3 indica lo siguiente: "Artículo 3°: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigible". Si bien el juzgamiento de las conductas delictivas por parte de una persona menor no está regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino por la Ley de Justicia Penal Juvenil, las personas menores sometidas a proceso no están fuera del marco de protección integral que brinda el Código de Niñez y la Adolescencia. En el capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, titulado Proceso Especial de Protección, se regula el procedimiento administrativo y judicial tendiente a proteger, incluso hasta de sus propias conductas, a las personas menores cuyos derechos y garantías fundamentales podrían estar siendo violentadas. El proceso especial de protección se encuentra regido por el principio de interés superior de la persona menor, pero debe garantizar el principio de defensa y debido proceso. Las medidas de protección que se dispusieron en el artículo 135 del Código en mención, van orientadas a lograr el desarrollo integral de la persona menor, puesto que se establecen, entre ellas, orientación y apoyo a la familia, formación educativa, inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, tratamiento para personas en consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Expresamente dice el artículo 135 del cuerpo normativo citado: "Art135.- Medidas de protección.    Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán: a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. b) Matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos oficiales de enseñanza. c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad. d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o tratamiento ambulatorio. e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. f) Cuida provisional en familia sustitutas. g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas". Estas medidas son conocidas a nivel administrativo y se someten a control jurisdiccional por parte del Juez de familia o de la Niñez y la Adolescencia, quien debe señalar audiencia donde deberá encontrarse la persona menor presente, se escuchará al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, los representantes de otras instituciones, terceros involucrados, especialistas, médicos, psicólogos u otros que conozcan de los hechos, y los padres, tutores o encargados. En esta audiencia, donde debe garantizarse el debido proceso, podrá recibirse prueba, tanto la ofrecida por las partes, como la que el juez considere que sea necesaria para resolver el asunto. Evacuada la prueba y valorada según las reglas de la sana crítica, tal cual dispone el artículo 164, el Juez deberá dictar en un plazo máximo de cinco días, la resolución final en la cual podrá confirmar, sustituir o revocar las medidas de protección fijadas a nivel administrativo, pudiendo delegar lo correspondiente a la ejecución de lo resuelto al Patronato Nacional de la Infancia. Del análisis armónico del Código Penal, se desprende que efectivamente y como se indicó, el legislador costarricense se decanta por dos formas de reacción ante un ilícito penal. Las medidas de protección que, según la propia letra de la Ley, son de naturaleza curativa, buscan la reinserción social del infractor que no tiene capacidad de culpabilidad, pero que resulta peligroso por su propensión a reincidir en conductas delictivas, lo cual debe ser determinado por un informe del Instituto Nacional de Criminología. Las medidas se seguridad establecidas en el artículo 101, buscan curar y/o educar al sujeto imputado, así como contener, eliminar y/ o minimizar los efectos de una condición o enfermedad, que es la que lo o la lleva a delinquir. La justicia juvenil no es justicia penal adaptada a la edad, es, o al menos debe ser, un sistema penal especializado que considera valora y regula las diferencias que existen entre una persona menor y un adulto. Es un sistema estructurado de forma diferente desde sus principios y fines, diferencias que se encuentran también en los institutos procesales y principalmente en la forma en la cual el Estado reacciona ante el delito juvenil” (2014-321, de las 15:50 horas, del 26 de junio de 2014, integración Corrales Pampillo, Jiménez Madrigal y Porras Villalta).  Coincidentemente con tales criterios, cabe concluir que, la aplicación de medidas de seguridad en el presente caso, violenta de forma flagrante el principio de legalidad por una aplicación supletoria improcedente, pero también por desatender el criterio técnico vertido por el Instituto de Criminología, que quienes suscribimos entendemos ineludible, cual es la necesaria determinación de una propensión a delinquir que no se da en este caso.» Desde mi óptica, dada la claridad de los argumentos antes expuestos, es innecesario incluir nuevas consideraciones. Basta entonces con concluir que mi voto es por declarar sin lugar el recurso que formuló el ente fiscal.  Patricia Vargas G.                                                                                                    N° interno. 950-4/10-4-24paa