Resolución 00628-2016

Se declara inadmisible el recurso de apelación presentado por la ofendida Jessica Matarrita, contra la sentencia 757-2014, de las ocho horas treinta minutos del nueve de octubre del dos mil catorce dictada por el Tribunal de Juicio de Cartago. Notifíquese. Rosibel López Madrigal Jorge A. Rojas Fonseca Rónald Cortés Coto Jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. (sic)”.

Contra el anterior pronunciamiento la ofendida y el representante del Ministerio Público, licenciado Julián Martínez Madriz, interpusieron recurso de casación.

Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Por mayoría, se declara sin lugar los dos motivos del recurso de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público. La Magistrada Arias Madrigal salva el voto y declara con lugar el primer motivo del recurso de casación incoado por la representante del Ministerio público. Notifíquese.               Carlos Chinchilla S.  Jesús Alberto Ramírez Q.                                                                      José Manuel Arroyo G.                                                                                                           Doris Arias M.                                                                                                 Celso Gamboa S.Voto salvado de la Magistrada Arias Madrigal              La suscrita Magistrada, con el respeto debido, disiente del criterio de mayoría, y emito mis propias consideraciones. En el primer motivo expuesto por el licenciado Martínez Madríz, fiscal del Ministerio Público y la agraviada Matarrita Martínez, alegan “Inobservancia de un precepto legal: Violación al debido proceso por quebrantarse el derecho a recurrir”.   Fundamenta  su recurso  en los artículos 71 incisos 3.b.c.d, 468 inciso b) del Código Procesal Penal con relación  en los numerales 439 y siguientes  del mismo  cuerpo legal; artículo 33 y 41 de  la Constitución Política y artículo 8 inciso 2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explica el gestionante que el derecho de recurrir (comúnmente conocido como la doble  instancia)  es  una  garantía procesal, cuya  finalidad es otorgarle a las partes  la posibilidad  de discutir ante un superior,  la decisión jurisdiccional. Al  respecto señala que  tanto  la Sala Tercera  como  la Sala Constitucional, le han  otorgado tal  carácter (para estos efectos citó las resoluciones de  No. 658-2015 y 781-2014, ambas  de la Sala Tercera  y la  resolución No. 8591-2002 de la Sala Constitucional). Sin embargo,  a  pesar  del reconocimiento constitucional y legal de dicha garantía, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago procedió a resolver   en  franca violación  a esta, en virtud de que  los jueces de apelación decidieron  rechazar el  recurso  de apelación ad portas, con fundamento  en que  el recurso de apelación  de sentencia fue presentado por la víctima, sin que esta hubiere realizado la instancia  al Ministerio Público, conforme lo  previsto en el numeral 441 del Código Procesal  Penal. Considera  el recurrente que  esta  decisión  no solo le impidió  a la víctima  su derecho de  recurrir  la sentencia,  sino que  además,  le impidió  ser escuchada  en la vista  señalada  el  15 de abril del  año en curso, toda vez que la citada  audiencia  fue dejada  sin  efecto,  por  parte de los mismos jueces de Apelación. De  tal  modo que, el  ad quem con dicho  actuar quebrantó  las  garantías del debido proceso:  de ser   oído y de recurrir sin exclusión, y con ello,  las garantías  constitucionales  de igualdad, de acceso a la justicia y  tutela judicial  efectiva.  Además, invoca que al Ministerio Público se  le causó  agravio,  al limitarle  sus intenciones  punitivas.  Pues, pese a que en  la etapa de  juicio solicitó la condenatoria para la acusada y contra esa resolución la víctima impugnó. El Tribunal de Apelación se limitó a declarar la inadmisibilidad del  recurso por  falta de legitimación de la víctima,  a pesar  de que  el Ministerio Público se  presentó  a la audiencia oral  convocada en apoyo del recurso de apelación presentado por esta. Solicita que se declare la admisibilidad  del  recurso, y  consecuentemente,  su declaratoria con lugar.   El motivo se declara con lugar.  En el presente asunto, la ofendida Jéssica Matarrita Martínez,  no figura como querellante ni actora civil, en razón de lo cual, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago indicó que no tiene legitimación para formular el recurso de apelación, por falta de instancia al Ministerio Público, según lo establece el artículo 441 del Código Procesal Penal, razón por la que declaró su inadmisibilidad, decisión que se respalda según nuestro ordenamiento jurídico.  Sin embargo estimo que existe una desigualdad procesal, violación de los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso en contra de la persona víctima en el proceso. En cuanto a los Derechos consagrados de la víctima en el Código Procesal Penal vigente. Imposibilidad de plantear recurso de casación: Dentro de los derechos más relevantes que tiene la víctima en los delitos de acción pública se encuentran: i) provocar la persecución penal, adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su ejercicio (artículo 75 del C. P. P.) en los casos en que el ente acusador aplica un criterio de oportunidad; ii) solicitar un sobreseimiento (numeral 300 ibídem) o desistir de la acción (ordinal 82 del mismo cuerpo legal); iii) si la víctima se constituye en querellante puede interponer los recursos que el Código le autoriza a la Fiscalía (norma 80 del Código de rito); iv) caso contrario será informada de las resoluciones que finalicen el procedimiento, apelar la desestimación o el sobreseimiento definitivo (artículos 71 y 315 del mismo cuerpo de Leyes); v) presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes.  En este caso, cuando el órgano requirente no presente la impugnación, explicará por escrito, dirigido al solicitante, la razón de su proceder (numeral 441 del C. P. P.).  vi) También, el ordinal 306 del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima de domicilio conocido que haya pedido ser informada de los resultados del procedimiento, a fin de que manifieste si pretende constituirse en querellante, caso en el cual deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes (ordinal 306 ibídem) y vii) cuando la víctima hubiere formulado querella, el Ministerio Público también deberá ponerle en conocimiento la acusación, para que con vista en ésta y en el plazo de los diez días siguientes, amplíe o aclare la relación de hechos contenida en la querella y la fundamentación jurídica y ofrezca nueva prueba (artículo 307 del Código de rito).  A pesar de estas facultades que el legislador le ha otorgado a la víctima, en realidad ésta no es asimilada como “parte” dentro de un proceso penal, sino, hasta que se constituya como querellante o actora civil.  Conforme está dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, los numerales 70, 71, 72 a 80, 111 a 116, 282 y 340, todos del Código Procesal Penal (C. P. P.), a pesar de que facultan expresamente el derecho de la víctima a recurrir el dictado de la desestimación y el sobreseimiento definitivo en todas las etapas del proceso penal, la excluyen tácitamente de plantear el recurso de apelación.  No obstante, el artículo 441 ibídem prevé que cuando la víctima no está constituida como parte “…podrán presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes…”. En ese sentido, si el ente acusador no presenta la impugnación, explicará por escrito, dirigido al solicitante, la razón de su proceder.  En otras palabras, la persona directamente perjudicada con la conducta delictiva, no puede presentar recurso de apelación o casación en contra de una sentencia absolutoria cuando el ente acusador haya recurrido, únicamente de manera inversa, es decir, cuando el Ministerio Público le ha comunicado su decisión de no recurrir.  En el presente caso, el Ministerio Público incluso, en apoyo a la tesitura que aquí se sostiene, acudió en casación junto con la víctima, presentando el recurso de forma conjunta, lo cual demuestra que la posición procesal del ente fiscal no se ha visto perjudicada de forma alguna.  Por otra parte, se debe recordar que la persona ofendida directa tiene derecho a ser escuchada en todas las etapas del proceso y ninguna decisión del órgano requirente puede estar por encima del derecho de acceso a la justicia de la víctima, derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política.  Asimismo, para que la víctima pueda recurrir en casación es necesario que se haya constituido en querellante, tal y como se desprende del artículo 80 del Código de rito, en donde se le confiere la posibilidad de interponer los mismos recursos que a la Fiscalía pero no así a la víctima, quien, al no haberse constituido en querellante o actor civil, no es parte, y en consecuencia no se ajusta al requerimiento de impugnabilidad subjetiva que contempla el numeral 437 del mismo cuerpo normativo.  Estas limitantes impuestas por el legislador obstaculizan la posibilidad de que la víctima pueda recurrir en sede de apelación. Recordemos que la condición socioeconómica también puede resultar un impedimento para que la parte agraviada opte por un patrocinio letrado y se pueda constituir en querellante o actora civil, a quienes expresamente se les concede el recurso de casación, al expresarse en el párrafo segundo del ordinal 80 del C. P. P. lo siguiente: “…El querellante podrá interponer los recursos que este Código autoriza al Ministerio Público…”.  Y con respecto al actor civil, la norma 116 ibídem señala: “…El actor civil podrá recurrir contra las resoluciones únicamente en lo concerniente a la acción por él interpuesta…”.  De manera que, en el caso en particular, la señora Matarrita Martínez, al no ser querellante ni estar constituida como actora civil no procede admitir su recurso de apelación, pues no cuenta con la legitimación subjetiva que se requiere.  También es importante acotar que los recursos, en esencia, permiten corregir yerros, aplicar rectamente el Derecho y plasmar la justicia en el caso concreto, máxime que conforme lo establece el artículo 459 del Código Procesal Penal, “… el recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del fallo…”  Igualmente, son verdaderos instrumentos de control, derivadas del derecho que tiene todo ser humano, de recurrir aquellas resoluciones que le causen perjuicio, cuyos orígenes devienen del artículo 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.   En el mismo sentido, el principio constitucional de tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política citado, implica que toda persona insatisfecha con un fallo debe tener acceso a todos los instrumentos jurídicos establecidos para recurrir una sentencia penal y no sólo al de apelación, al que sí puede interponer la víctima cuando se dicte un fallo de sobreseimiento, pero, en tanto no es parte no puede ejercer otros derechos impugnaticios como en el presente caso resultando evidente, la lesión al derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima.  Desigualdad procesal y discriminación entre la víctima y el imputado para recurrir ante apelación: En el sub-exámine, el Tribunal de Apelación de Sentencia se apegó a la normativa vigente interna, la cual priva del derecho que tiene la parte perjudicada de acceder a la justicia, tal y como se le ha otorgado a las demás partes.  Es necesario recordar, que la Sala Constitucional ha impulsado el protagonismo de la víctima dentro del proceso penal y sistematizaron los derechos de ésta como corolario de su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva de sus intereses legítimos derivado del artículo 41 de la Constitución Política, reafirmando el derecho de la víctima a la instancia privada y a la revocatoria de ésta, a modo de “poder de disposición” sobre la persecución penal (Resoluciones números: 7497 del 21 de octubre de 1998, 2326 del 6 de marzo de 2002 y 1920 de 25 de febrero de 2004).  De esta manera, el derecho de instar la persecución penal en ciertos delitos y de revocar dicha instancia, constituyó una forma de impulsar la intervención de la víctima en el proceso penal.  Así se pretende que la persona ofendida, a quien sus derechos les eran prácticamente ignorados en el sistema procesal penal anterior, asuma ahora un papel protagónico, considerando para ello, que detrás del conflicto jurídico que se produce con la comisión de un hecho punible se encuentra un conflicto interpersonal y social, donde se vulneran los derechos y bienes más preciados para el ser humano.  Estimo por ello, que dentro del ámbito penal, la víctima, no sólo está legitimada para plantear una acción con el objeto de ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del delito, sino también, merece ser oída y debe contar con la posibilidad de participar activamente en todas las etapas del proceso en aras de una tutela judicial efectiva de sus derechos.  Asimismo, mediante el dictado de la sentencia Nº 5751-1993, a las 14:39 horas, del 09 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el numeral 450 del Código de Procedimientos Penales, el cual limitaba el derecho del actor civil para recurrir las sentencias de sobreseimiento o absolutorias, actuación que estaba condicionada al Ministerio Público.  Actualmente, la exigencia legal de que la parte ofendida se constituya como actora civil, tampoco le permite ejercer plenamente el derecho de recurrir, por cuanto sólo lo puede hacer en lo concerniente a su interés civil y no con respecto a la acción penal, en virtud del carácter accesorio que posee la acción civil resarcitoria.  Es por ello, que esta concepción de accesoriedad no permite que los intereses de la víctima, cuando se constituya como actora civil, sean representados al mismo nivel que los del imputado, por lo tanto existe una desigualdad procesal entre ambos.  En otra oportunidad, la Sala Constitucional mediante resolución número 719-1990 dictada a las 16:30 horas, del 29 de junio de 1990, declaró inconstitucional el artículo 474 incisos 1) y 2) del Código de Procedimientos Penales, en acatamiento a los requerimientos del artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana, el cual limitaba la posibilidad del encartado para recurrir una sentencia penal ante un Tribunal Superior, eliminando obstáculos que impedían el derecho de defensa y acceso a la justicia del justiciable, lo cual viene a demostrar que el camino que se ha seguido, pretende eliminar las barreras del derecho que tienen las personas a recurrir.  Antecedentes de la Sala III con respecto al derecho de las víctimas a recurrir el sobreseimiento, así como interponer recurso de casación: Esta Sala en anteriores resoluciones se ha pronunciado en torno al derecho que tiene la persona agraviada para intervenir en el proceso penal aunque ésta no querelle. Así lo determinan las disposiciones constitucionales e internacionales de derechos humanos que garantizan a toda persona el derecho de ser oída, de solventar sus diferencias y conflictos y obtener justa reparación de sus daños, en forma pronta y cumplida, garantías que integran el debido proceso, desde la óptica de la víctima y que están al lado del derecho de defensa que goza el imputado.  Es necesario entender que el querellar es una opción de la víctima y no un requisito para que continúe siendo “víctima” y merezca ser oída en juicio, especialmente si media acusación del Ministerio Público (Voto N° 572-2000 de las 09:35 horas, del 2 de junio de 2000).  También se ha hecho alusión acerca de la legitimidad que tiene la parte ofendida para recurrir en casación cuando se constituya como parte, es decir como querellante (Resolución número 1047-2000 de las 09:25 horas, del 18 de agosto de 2000).  Normativa internacional que protege el derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de la víctima: En el plano convencional, contamos con variados tratados e instrumentos internacionales que se refieren al tema de interés. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos, establece mecanismos para su protección y garantía, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976 y ratificado por nuestro país el 29 de noviembre de 1968, contiene el ordinal 14 que afirma en lo que interesa: “Observación general sobre su aplicación.

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”; los artículos 4, 5 y 6, de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985: “…4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas…”; y, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convenio de Palermo, 2000), ratificado por Costa Rica mediante decreto ejecutivo N° 31270 de 01 de julio de 2003, en su numeral 24 refiere: “Protección de los testigos. 1º Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 2º Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales, en: a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información relativa a su identidad y paradero (…) 3º Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo. 4º Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el caso de que actúen como testigos.” y la norma 25 estipula: “Asistencia y protección a las víctimas. 1º Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 2º Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución. 3º Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.”  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en nuestro país el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1 apartado primero: “Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”, el numeral 8 párrafos 1 y 2 prescriben lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal…” (lo que se resalta no pertenece al original), mientras que el ordinal 24 acota: “Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” y la norma 25 dispone: “Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”  Asimismo, el numeral 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, apunta que: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”.. Toda la anterior normativa internacional de protección de los derechos humanos señalada, resguarda el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho de toda persona a ser oída en un proceso judicial, con las debidas garantías para la determinación de sus intereses legítimos y el acceso a la justicia.  Además, nuestra Carta Magna en su ordinal 41 asegura como derecho fundamental de todas las personas la justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.  Por consiguiente, resulta incuestionable que uno de los derechos básicos de la persona está constituido por la posibilidad de acceder a la justicia.  No basta con que el ordenamiento jurídico contemple una serie de derechos y garantías, sino que resulta necesario que los órganos o funcionarios estatales actúen de forma tal que permitan el ejercicio de esos derechos. Sólo de esta manera se cumple verdaderamente con dos de las obligaciones básicas que el Estado asume frente al administrado y a la comunidad internacional: respetar y garantizar los derechos humanos, atendiendo a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a las normas 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El reconocimiento de muchas de las condiciones que perjudican a la mayor parte de la población, dieron lugar a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana y aprobadas por la Corte Plena y asumidas como un compromiso institucional de primer orden, mediante sesión extraordinaria N° 17-2008, de las 8:30 horas, del 26 de mayo de 2008.  Una de esas condiciones es, precisamente, la condición de víctima. Al respecto, en el numeral 12 se preceptúa: “Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de  intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante  un período de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.”   También en el capítulo II denominado “Efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos”, específicamente en el apartado 25, expresa lo siguiente: “Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad.”.  Mientras que en la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia indica en la regla número 33: “Se revisarán las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin.

Medidas procesales. Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actuaciones que afectan a la regulación del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación, como en relación con los requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales.”.  En la regla 34 refiere acerca de los requisitos de acceso al proceso y su legitimación: “Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de  favorecer el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas personas.”.  Además la regla 75 menciona la seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad, apartándose el siguiente extracto: “Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas  en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la  víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.”.  (la negrita no es del original).  Aunado a ello, la regla 76 refiere: “Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja.”. También resulta relevante mencionar que, las condiciones económicas en las que se pueda encontrar la víctima, nunca pueden constituir barreras que nieguen o dificulten el acceso a la tutela judicial efectiva, específicamente, por la imposibilidad del perjudicado en contar con los servicios profesionales de Otra de las condiciones que resulta importante destacar, es precisamente, la pobreza (sección segunda, apartado 7).  En ese sentido, el sistema judicial debe estar en capacidad de atender las necesidades de acceso a la justicia de personas que enfrenten especiales condiciones económicas adversas, de no hacerlo sería inútil el reconocimiento de derechos formales que no tendrían una efectividad práctica por los impedimentos que estas personas enfrentarían para hacerlos valer. Es sabido que las personas que tienen especiales condiciones de vulnerabilidad arrastran dificultades mayores, que los ubican en un papel de profunda desigualdad frente al aparato de la justicia como en el presente caso, donde la ofendida Jessica Matarrita Martínez no se constituyó en querellante. Es por ello, que los sistemas judiciales deben procurar entender, atender y mitigar estas desigualdades, de tal manera que se favorezca la cohesión social. En la Sección Segunda de estas Reglas de Brasilia, en concreto en su numeral primero, contiene la definición de las personas que determina en condiciones de vulnerabilidad, haciendo referencia a que estas Reglas serían aplicables a: “…aquellas personas que, por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.”.  (la negrita es suplida).  En el numeral tercero y cuarto se consigna: “(3) Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,  étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.” (la negrita es suplida).   Por último, la Corte Plena, en sesión N° 14-12, del 16 de abril de 2012, articulo XIV, aprobó la “Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas”, que en su artículo 3.2 indica: “La víctima tiene derecho a participar activamente en todas las etapas del proceso, por lo que se le debe garantizar ser escuchada, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones de la investigación de los delitos, interponer los recursos contra las resoluciones que menoscaben sus derechos, particularmente aquellas que pongan fin al proceso, participar en las audiencias de fijación y modificación de las medidas privativas de libertad, facilitar elementos de prueba, así como recibir información sobre la liberación del autor del delito. […]” (la negrita es suplida). La finalidad de estas disposiciones internacionales y del derecho interno, es garantizar la adecuada administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales como la igualdad ante los Tribunales de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley.  De conformidad con las normas transcritas, las cuales aluden al principio de tutela judicial efectiva, que probablemente resulte discriminatorio y lesivo para quien impugna en el presente asunto, su derecho de acceso a la justicia, pues, tal y como se indicó supra, la víctima dentro del proceso penal debe ejercer el derecho de intervenir en todas las etapas del proceso, de ser informada, de apelar la desestimación y el sobreseimiento, además, de plantear el recurso de apelación de sentencia, derecho que en nuestra ley, lo ostenta el acusado y no la persona víctima, cuya desigualdad resulta evidente. Protección de víctimas por el control de convencionalidad: Por otra parte, queda sentado que, la normativa, la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del sistema jurídico costarricense y son vinculantes en la interpretación y aplicación de los alcances, contenido y límites de los derechos humanos, según lo señaló la Sala Constitucional mediante los fallos Nº 16860-2005, de las 14:44 horas, del 06 de diciembre de 2005 y reiterada en la número 5813-2007, dictada a las 10:37 horas, del 27 de abril de 2007.  Incluso se ha establecido que en tanto brinden mayor cobertura o protección de los derechos humanos, priman por sobre la Constitución (véase las sentencias Nº 1682-2007 de las 10:34 horas, del 09 de febrero de 2007 y  4276-2007 de las 14:49 horas, del 27 de marzo de 2007).  Dentro de esa idea de protección, desarrollo y expansión, la Corte Interamericana creó en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile (sentencia de 26 de septiembre de 2006), lo que se conoce como “control de convencionalidad”, cuyo fundamento se encuentra en el principio de la buena fe que opera en el derecho internacional, consistente en que los Estados deben cumplir las obligaciones impuestas por ese derecho de buena fe y sin poder invocar para su incumplimiento la normativa interna, según la regla del artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados. Este control consiste sintéticamente en un cotejo entre las normas jurídicas internas y leyes (lo que comprende las disposiciones generales, los actos administrativos de alcance general, decretos y reglamentos) y la Convención Americana de los Derechos Humanos, considerando tanto el Tratado como la interpretación que del mismo ha hecho la Corte (último intérprete de la Convención).  Esta vigilancia y cotejo está a cargo, en primer término de los órganos del Poder Judicial, sea los juzgadores y Tribunales internos, ordinarios o constitucionales, y además, de todos los órganos del Estado, y opera tanto a instancia de parte como de oficio (cfr. sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México).  Conclusiones: De lo anteriormente expuesto, la limitación está prevista en la misma normativa; concretamente, en el artículo 441 del Código Procesal Penal, en donde se tiene previsto que la víctima debe gestionar ante el Ministerio Público para que éste interponga los recursos impugnaticios que sean pertinentes, constituye una discriminación por omisión del legislador, al no otorgarle a la parte ofendida el derecho de recurrir en vía de apelación la sentencia absolutoria, lo que le permitiría tener acceso a un recurso que permite el examen integral del fallo, al no considerarla parte por no constituirse en querellante.  De ahí que se da un trato desigual totalmente injustificado, vulnerándose el derecho de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 41 de la Constitución Política porque la víctima no siempre tiene la posibilidad de contar con un apoderado judicial, e interponer todos los recursos que se autorizan al Ministerio Público y al imputado; y en caso de que no querelle, sus derechos de recurrir nunca deben de depender del órgano requirente.  La participación de la víctima en el proceso, ya sea directamente o por medio de un patrocinio letrado que defienda sus derechos o intereses, tiene como objetivo principal el que el proceso cumpla uno de sus fines esenciales: la efectiva reparación del daño sufrido por la persona ofendida y de su posible restitución al estado ex ante.  No hay que perder de vista que con el delito se produce un conflicto interpersonal que debe resolverse, aunque técnicamente se hable solo de la lesión de bienes jurídicos.  Dentro del derecho fundamental a la justicia se debe garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional que tiene toda persona que accede al sistema judicial con el fin de que los órganos competentes estudien su pretensión y emitan una resolución motivada, conforme a derecho.  Lo anterior determina que la garantía de tutela jurisdiccional deba ser efectiva, por lo que no resultan admisibles los obstáculos que puedan estimarse excesivos, que sean producto de un simple formalismo, o que no sean justificados y proporcionados a las finalidades adecuadas a esa garantía constitucional.  De acuerdo con lo que se ha dicho, la víctima del delito tiene un interés legítimo y digno de protección en el proceso penal.  Sin embargo, en nuestra ley procesal, para que se pueda dar una tutela jurisdiccional efectiva, en la forma en que se regula el proceso penal actual, debe el ofendido constituirse en parte o querellante para ser considerado en el proceso.  Es contradictorio que, tal y como se detalló en líneas anteriores, las nuevas tendencias mundiales en materia penal busquen rescatar el papel de la víctima a través de mecanismos que permitan defender sus intereses en forma adecuada, mientras que nuestra normativa procesal penal interna queda estancada, manteniendo sesgado su derecho impugnaticio al recurso de apelación e incluso el de casación.  Por todas las razones anteriormente expuestas, en virtud del principio fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, declaro con lugar el primer motivo de casación interpuesto, por lo que anulo la sentencia número 2015-277, dictada por el Tribunal de Apelación de Cartago, ordenando el reenvío de la causa, a efectos de que se conozca y resuelva, el recurso de apelación de sentencia incoado por la ofendida Jéssica Matarrita Martínez.  En virtud de lo resuelto, se omite pronunciamiento sobre el segundo motivo de casación interpuesto.   Doris Arias M.N° interno. 870-4/9-4-15paa