Resolución 00127-2022

Que la Asociación accionante compareció ante esta jurisdicción a solicitar según se desprende del escrito de demanda interpuesta el 30 de enero del 2020 y según las pretensiones fijadas en audiencia preliminar celebrada el 2 de junio del 2021, lo siguiente: "1. Desistida.

Desistida.

Desistida.

Desistida.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Rock Málaga San Rafael S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Rosa Carmona Castillo, por daño material por la suma de diecinueve mil dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de cuatro mil setecientos cincuenta dólares.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Rock Málaga San Rafael S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Rosa Carmona Castillo, por daño moral por la suma de mil novecientos dólares moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y a Rock Constructìons and Development S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Marisol Marín López, por daño material por la suma de once mil cuatrocientos dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de dos mil ochocientos cincuenta dólares.

Que se condene al Estado y a Rock Constructions and Development S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Marisol Marín López, por daño moral por la suma de mil ciento cuarenta dólares, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Marisol Marín López, por daño material por la suma de once mil cuatrocientos setenta y cinco dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de dos mil ochocientos sesenta y ocho dólares con setenta y cinco centavos de dólar.

Que se condene al Estado al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Marisol Marín López, por daño moral por la suma de mil ciento cuarenta y siete dólares con cincuenta centavos de dólar, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Iría Baldi Alvarado, por daño material por la suma de dieciséis mil cincuenta y tres dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de cuatro mil trece dólares con veinticinco centavos de dólar.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A, en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Iría Baldi Alvarado, por daño moral por la suma de mil seiscientos cinco dólares con treinta centavos, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Josué Gamboa Picado, por daño material por la suma de trece mil ochocientos dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de tres mil cuatrocientos cincuenta dólares.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A, en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Josué Gamboa Picado, por daño moral por la suma de mil trescientos ochenta dólares, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Olman Madrigal Pastor, por daño material por la suma de veintinueve mil setecientos dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de siete mil cuatrocientos veinticinco dólares.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A, en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Olman Madrigal Pastor, por daño moral por la suma de dos mil novecientos setenta dólares, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Denise Cisneros Vargas, por daño material por la suma de veintiocho mil setenta y cinco dólares, moneda de Estados Unidos de América, junto con los intereses legales que se estiman de forma provisional en la suma de siete mil dieciocho dólares con setenta y cinco centavos de dólar.

Que se condene al Estado y a Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A, en forma solidaria, al pago de la indemnización por la responsabilidad objetiva gubernamental y de consumo respectivamente, a favor de Denise Cisneros Vargas, por daño moral por la suma de dos mil ochocientos siete dólares con cincuenta centavos de dólar, moneda de Estados Unidos de América, por el sufrimiento humano que tuvo que enfrentar ante la angustia de no recibir su casa de habitación.

Que se condenen en ambas costas a todos los demandados". Las pretensiones indemnizatorias 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 que se pretenden resarcir en el presente proceso, con respecto a las empresas demandadas privadas, se trata de daños materiales, cuyo motivo que lo origina es la pérdida de dinero del bolsillo de cada consumidor señalado, al entregar sumas de dinero a la empresa demandada, para la compra futura de una vivienda, que nunca fue recibida, toda vez que el desarrollador dejó en abandono el proyecto y no terminó las construcciones. Las pretensiones indemnizatorias 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 que se pretenden resarcir en el presente proceso, con respecto al Estado, se trata igualmente de daños materiales, cuyo motivo que lo origina, es el incumplimiento de deberes del Ministerio de Economía, toda vez que el MEIC no cumplió con su obligación establecida por ley consistente en exigir a las empresas vendedoras de ventas a plazo de viviendas demandadas, una forma eficiente de demostración de la solvencia económica del futuro proyecto habitacional en condominio. Tampoco exigió a las empresas vendedoras de ventas a plazo de viviendas en condominio demandadas, que rindiera ninguna garantía o caución, en la forma en que lo exige la ley costarricense. El MEIC no suspendió los proyectos habitacionales por medio de ventas a plazo, del Grupo Rock Constructions sin inscribir. Las pretensiones indemnizatorias de la demanda enumeradas con números pares, a saber: 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, se trata de daño moral, por el sufrimiento humano vivido por cada consumidor, ante la pérdida de su dinero y de su expectativa de tener casa propia, ante el incumplimiento contractual de la empresa privada demandada y del incumplimiento del MEIC de deberes. (Imágenes 1-51, 58, 344-347 del expediente judicial formato electrónico)

Conferido el traslado a las demandadas, rechazan los hechos, e invocan las defensas de indebida de acumulaciones, falta de legitimación activa y falta de derecho. Las demandadas Grupo Rock Constructions y Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., fueron declaradas rebeldes en resolución interlocutoria. (Imágenes 95-110, 118-138, 279 del expediente judicial formato electrónico).

Que la audiencia preliminar se realizó el 2 de junio del 2022, en ella se fijaron las pretensiones, se resolvió la defensa de indebida acumulación de pretensiones, se admitió prueba y se ordenó remitir este asunto a la Sección de Juicio. (Imágenes 344-347 del expediente judicial)

El juicio oral y público fue celebrado el 1 de diciembre del 2022, con la presencia de todas las partes, se evacuó la prueba de interés y las partes rindieron sus conclusiones. Se declaró el proceso de naturaleza muy compleja de conformidad con lo dispuesto en el numeral 111 del CPCA.

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación.

Redacta la jueza Gómez Chacón, con el voto afirmativo de la jueza Miranda Alvarado y el juez Mejías Rodríguez.

I.

Se tienen como tales, por tener el correspondiente sustento, los siguientes:

La Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero y Afines, cédula 3-002- 734590, tiene como objeto defender los derechos de los consumidores y adherentes de contratos de adhesión frente a acciones y/o omisiones del Estado, Superintendencias e instituciones públicas que ofrecen productos o servicios públicos en masa y o que vulneren la tutela especial en consumo. (Personería Jurídica APRODECO, Carpeta de prueba de la parte actora);

Las señoras Denise Cisneros Vargas, Iría Baldi Alvarado, Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, y los señores Josué Gamboa Castillo, Olman Madrigal Pastor, se encuentran afiliados a la Asociación Pro Defensa del Consumidor Financiero y Afines. (Carpeta afiliaciones, disco de prueba de la parte actora);

Mediante resolución DAC-DPVM-RE-074-2016 del 3 de marzo del 2016, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de su Departamento de Políticas y Verificación de Mercado, conoció la solicitud de la empresa Rock Constructions and Development S.A. para autorizar contratos de ventas a plazo o ejecución futura de servicios de bienes inmuebles. En la cual se dispuso: "Autorizar la solicitud de contrato para las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles a la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., cédula jurídica número 3-101-485552, como empresa desarrolladora inmobiliaria o responsable de planes de ventas a plazo o prestación futura de servicios de desarrollo específicamente los proyectos: Condominio Horizontal Residencial Málaga City Aqua. Se acreditan a las empresas Rock Constructions and Development S.A., cédula jurídica 3-101-485552, y Condominio Málaga City S.A. cédula jurídica 3-101-695848, como co-responsables en la ejecución del Condominio Horizontal Residencial Málaga City Aqua”, en virtud de convenio comercial entre ambas empresas, tal y como se acredita en el expediente administrativo visible a folios del 403 al 416. Se previene a las empresas Rock Constructions and Development S.A. y Condominio Málaga City S.A., que el contrato autorizado, no puede ser modificado ni se pueden incorporar adendas de conformidad con los incisos c) y e) del artículo 42 de la Ley N. 7472, asimismo se le indica que, en caso de requerir modificar el contrato autorizado mediante la presente resolución, debe cumplir con el procedimiento, establecido en el artículo 226 del Decreto N°37899-MEIC. Esta autorización, no eximía del cumplimiento de los requisitos legales que corresponden para la operación de la actividad, ni limitaba en forma alguna el derecho que en todo momento pueda ejercer el consumidor para impugnar las condiciones que considerase lesivas a sus intereses. (Imágenes 145-149 del expediente judicial);

Mediante resolución DAC-DECVP-RE-030-2017 del 7 de febrero del 2017, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a plazo, conoció la solicitud de la empresa Rock Constructions and Development S.A. para autorizar contratos de ventas a plazo o ejecución futura de servicios de bienes inmuebles, en la cual se dispuso: "Autorizar la solicitud de contrato para las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles a la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., cédula jurídica número 3-101-485552, como empresa desarrolladora inmobiliaria o responsable de planes de ventas a plazo o prestación futura de servicios de desarrollo específicamente el proyecto: CONDOMINIO RESIDENCIAL MÁLAGA SAN RAFAEL/CONDOMINIO RESIDENCIAL MÁLAGA LA FORTUNA. Se previene a la empresa de ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., que el contrato autorizado, no puede ser modificado ni se pueden incorporar addendums [sic] de conformidad con los incisos c) y e) del artículo 42 de la Ley N°7472, asimismo se le indica que, en caso de requerir modificar el contrato autorizado mediante la presente resolución, debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 226 del Decreto N°37899-MEIC. Esta autorización, no exime del cumplimiento de los requisitos legales que corresponden para la operación de la actividad, ni limita en forma alguna el derecho que en todo momento pueda ejercer el consumidor para impugnar las condiciones que considere lesivas a sus intereses. La empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., cédula jurídica número 3-101-485552, deberá incluir la siguiente leyenda en los contratos de la presente autorización "Contrato Autorizado por el MEIC, número DAC-DECVP-RE-030 -2017". (Imágenes 156-159 del expediente judicial);

La sociedad Desarrollos Rock Málaga San Rafael S.A. y Rosa Carmona Castillo suscribieron el 18 de abril del 2017, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Residencial Málaga San Rafael, por el precio de $98.000, a cancelar un primer pago de $500  por concepto de reserva, un segundo pago de $14.200 por concepto de prima y un último pago de $83.300 . Sobre la base de dicho contrato, la señora Rosa Carmona Castillo canceló el monto de $16.400  por concepto de prima y un pago de $2.600 de abono al principal. (Imágenes 1-10, Carpeta Prueba Rosa Carmona Castillo, Carpeta Estados de Cuenta, Disco de Prueba de la parte actora);

La sociedad Condominio Málaga City S.A y la señora Marisol Marín López, suscribieron el 19 de mayo del 2017, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Horizontal Residencial Málaga City Plaza, por el precio de $81.000 a cancelar un primer pago de $500 por concepto de reserva, $11.650  por concepto de prima, y un último pago de $68.850. Sobre la base de dicho contrato la señora Marisol Marín López canceló el monto de $10.125. (Imágenes 1-7, Carpeta Prueba Marisol Marín López, Carpeta Estados de Cuenta, Disco de Prueba de la parte actora);

La empresa Rock Constructions and Development S.A y la señora Marisol Marín López suscribieron el 19 de mayo del 2017, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra, en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Residencial Málaga La Fortuna, por el precio de $76.000 a cancelar un primer pago de $500 por concepto de reserva, $10.900 por concepto de prima, y un último pago de $64.600. Sobre la base de dicho contrato la señora Marisol Marín López canceló el monto de $9.690. (Imágenes 1-9, Carpeta de prueba Marisol Marín López, Carpeta Finiquito de contrato y Estados de Cuenta, Disco Prueba de la parte actora);

La sociedad Desarrollos Málaga La Valencia Magno S.A y la señora Iría Baldí Alvarado suscribieron el 24 de junio del 2017, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Residencial Málaga La Valencia 2, por el precio de $107.000 a cancelar un primer pago de $500 por concepto de reserva, $1.550 por concepto de prima, y un último pago de $90.950. Sobre la base de dicho contrato la señora Iría Baldí Alvarado canceló el monto de $16.053. (Imágenes 1-17, Carpeta Prueba Iría Baldí Alvarado, Carpeta Estados de Cuenta, Disco de Prueba de la parte actora);

Mediante resolución DAC- 002-2017 del 14 de julio del 2017, emitida por la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio resolvió tener por registrada a la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines. (Resolución de inscripción de APRODECO, Disco de prueba de la parte actora);

La empresa Rock Constructions and Development S.A y el señor Olman Madrigal Pastor suscribieron el 25 de agosto del 2017, un contrato de reserva de Condominio Residencial Málaga en el proyecto inmobiliario denominado Málaga La Valencia, sobre el precio de $114.200, a cancelar un primer pago de reserva $500 y $16.630 de prima. Sobre esa base el señor Olman Madrigal Pastor canceló un monto de $16.350  por concepto de prima y un monto de $13.350 de abono al principal. (Imágenes 1-2, Carpeta de contrato de reserva, Carpeta Finiquito de contrato y Estados de Cuenta, Disco Prueba de la parte actora);

Mediante resolución DAC-DECVP-RE-220-2017 del cuatro de setiembre del 2017, del Ministerio de Economía Industria y Comercio, del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, se conoció solicitud de la empresa Rock Constructions and Development S.A, a efectos de autorizar contratos para las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles. En dicha resolución se dispuso: "Al no cumplir la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A, cédula jurídica 3-101-485552, con la prevención realizada el día 16 de agosto de 2017, referente al oficio DAC-DPVM-OF-741-2017, emitido por esta Dirección -visible a folios del 00736 al 00746 se procede al archivo de la solicitud de autorización como desarrolladora inmobiliaria o responsable de planes de ventas a plazo o prestación futura de servicios de desarrollo sobre el Proyecto Condominio Málaga Valencia, conforme a artículo 234 del Decreto Ejecutivo N°37899- MEIC y del artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública". (Imágenes 161-167 del expediente judicial);

La sociedad Desarrollos Málaga La Valencia Magno S.A y el señor Josué Gamboa Picado, suscribieron el 9 de setiembre del 2017, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Residencial Málaga La Valencia 3, por el precio de $112.000, a cancelar un primer pago de $16.800, y un último pago de $95.290. Sobre la base de dicho contrato el señor Josue Gamboa Picado canceló el monto de $13.800. (Imágenes 1-10, Carpeta Prueba Josue Gamboa Picado, Carpeta Estados de Cuenta, Disco de Prueba de la parte actora);

Mediante resolución DAC-DECVP-RE-039-2018 del 13 de febrero del año 2018, del Ministerio de Economía Industria y Comercio, del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, conoció de la solicitud de la empresa Rock Constructions and Development S.A, cédula jurídica 3-101-485552, a efecto de autorizar contratos para las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles. En dicha resolución se dispuso: "Al no cumplir la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A, cédula jurídica 3-101-485S52, con la prevención realizada el día 25 de enero de 2018, referente al oficio DAC-DECVP-OF-0167-18, emitido por esta Dirección -visible a folios del 00839 al 00848 se procede al archivo de la solicitud de autorización como desarrolladora inmobiliaria o responsable de planes de ventas a plazo o prestación futura de servicios de desarrollo sobre el Proyecto Condominio Málaga Valencia, conforme al artículo 234 del Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC y del artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública". (Imágenes 180-185 del expediente judicial);

La sociedad Desarrollos Málaga La Valencia Magno S.A y la señora Denise Cisneros Vargas suscribieron el 23 de febrero del 2018, un contrato de promesa reciproca de venta de Lote y Casa: modalidad contra avance de obra en el Proyecto inmobiliario denominado Condominio Residencial Málaga La Valencia 2, por el precio de $116.800, a cancelar un primer pago de $11.900, un segundo pago de $5.620 para completar prima y un último pago de $99.280. Sobre la base de dicho contrato la señora Denise Cisneros Vargas canceló el monto total de la prima por un monto de $17.900 y un abono al principal de $10.175 . (Imágenes 1-6, Carpeta Prueba Denise Cisneros Vargas, Carpeta Estado de Cuenta, Disco de Prueba de la parte actora);

Mediante certificación DAC-DECVP-CER-376-2018, Kattia Chaves Matarrita, Jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, hace constar: "PRIMERO: Que, revisada la base de datos de los expedientes de las empresas autorizadas en la modalidad de ventas a plazo en el sector inmobiliario, la empresa denominada: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-485552 aparece inscrita o registrada mediante Resolución: DAC-DPVM-RE-0048-2014 de fecha: 13 de mayo del 2014, por el Departamento de Políticas y Verificación de Mercado, hoy Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, ver folios: 103 al 105.

De igual manera certifica con vista del expediente respectivo que, mediante resolución número DAC-DECVP-RE-030-2017 de fecha 07 de febrero del año 2017 a folios 814 al 817, y de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en la resolución indicada, así como, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, artículos 10, 11 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 44 de la Ley 7472, los artículos 223 y 236 del Reglamento a la Ley N°7472, Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC, se autoriza a la empresa desarrolladora inmobiliaria responsable de planes de ventas a plazo o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles, la ejecución de los proyectos: CONDOMINIO RESIDENCIAL MÁLAGA SAN RAFAEL Y MÁLAGA LA FORTUNA, esto en virtud de la documentación presentada ante el MEIC, (visible del expediente administrativo folios del 00697 al 0813).

El expediente mencionado supra se encuentra en custodia de la Dirección de Apoyo al Consumidor en su Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de este Ministerio.

Se certifica que los contratos dados para análisis: El Contrato FOVTA- 02/ Versión 02,

Contrato de Promesa Reciproca de Compra Venta de Lote y Casa. Modalidad: Contra Avance de obra FO-VTA-04 V01, específicamente para el proyecto denominado: Condominio Residencial Málaga La Fortuna, si corresponden al modelo de contrato autorizado, según documentación del expediente,

El Addendum [sic] al Contrato de Promesa Reciproca de Compra y Venta de Lote y Casa Modalidad: Avance de obra y de promesa recíproca de compra venta de lote y casa modalidad no fue autorizado por el DECVP. Los contratos se encuentran a nombre de: Marisol Marín López, portador de la cédula: 1-0777-0801 respectivamente, los cuales fueron firmados por las partes en fecha: 06 de abril del año 2017, 19 de mayo del 2017 y 19 de mayo del 2017". (Imágenes 188 del expediente judicial);

Mediante certificación DAC-DECVP-CER-391-2018. Kattia Chaves Matarrita. Jefa Departamento de Educación al consumidor y ventas a plazo. Hacer constar: "PRIMERO: Que, revisada la base de datos de los expedientes de las empresas autorizadas en la modalidad de ventas a plazo en el sector inmobiliario, la empresa denominada: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-485552 aparece inscrita o registrada mediante Resolución: BAC-DPVM-RE-0048-2014 de fecha: 13 de mayo del 2014, por el Departamento de Políticas y Verificación de Mercado, hoy Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, ver folios: 103 al 105.

De igual manera certifica con vista del expediente respectivo que, mediante resolución número DAC-DPVM-RE-074-2016 de fecha 3 de marzo 2016 a folios 510 al 514, y de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho realizadas en la resolución indicada, así como, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, artículos 10, 11 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 44, de la Ley 7472, los artículos 223 y 236 del Reglamento a la Ley N°7472,Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC, se autoriza a la empresa desarrolladora inmobiliaria responsable de planes de ventas a plazo o de ejecución futura de servicios de bienes inmuebles, la ejecución del proyecto: Condominio Horizontal Residencial Málaga City Aqua y Mediante resolución número DAC-DPVM-RE-078-2016 a folios 518 al 520 se realiza la modificación al nombre del proyecto Condominio Horizonte Residencial Málaga City Aqua por el correcto Condominio Horizontal Residencial Málaga City, el cual consta de etapas: Aqua, Ventura, Plaza y Apartamentos.

Que, en virtud de lo supra indicado, se concluye que el contrato dado para análisis: "Contrato de promesa recíproca de compra venta de lote y casa modalidad: contra avance de obra FO-VTA-04 Vol. Específicamente para el proyecto denominado: Condominio Horizontal Residencial Málaga City Plaza si corresponde al autorizado, según documentación del expediente, el contrato se encuentra a nombre de: Marisol Marín López portador de la cédula: 107770801 el cual fue firmado por ambas partes el 19 de mayo del 2017. El contrato de reserva N° 09526 Condominio Residencial Málaga a nombre de Marisol Marín López, portador de la cédula: 107770801 si corresponde a la versión autorizada”. (Imagen 189 del expediente judicial);

Mediante certificación DAC-DECVP-CER- 118-2020, emitida por Kattia Chaves Matarrita, Jefe Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, certificó el 24 de abril del 2020: "PRIMERO: Que, revisada la base de datos de los expedientes de las empresas autorizadas en la modalidad de ventas a plazo en el sector inmobiliario, la empresa denominada: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-485552 aparece registrada mediante Resolución: DACDPVM- RE-0048-2014 de fecha: 13 de mayo del 2014, por el Departamento de Políticas y Verificación de Mercado, hoy Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, ver folios: 103 al 105.

De igual manera certifica del expediente respectivo que mediante las resoluciones: DAC-DECVP-RE-220-2017 de fecha 4 de setiembre 2017 en folios del 1061 al 1067, se procede al archivo del proyecto Málaga La Valencia por primera vez, y la resolución DAC-DECVP-RE-039-2018 de fecha 13 de febrero 2018 en folios 1156 al 1161, se archiva la gestión realizada por la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A para el proyecto Condominio Residencial Málaga La Valencia por segunda vez.

En el informe DECVP-IT-058-2018 ver folio 1129 del expediente administrativo, se realiza el análisis de la solicitud de autorización por parte de la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A. referente al proyecto Málaga la Valencia, en dicho informe se determinó que la empresa debía presentar información tal como el vínculo comercial entre: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A. y la empresa Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A. entre otra información. Se le previene mediante oficio DECVP-OF-0167-18 folio 1137 y la empresa no cumple con la prevención, por lo tanto, se procede al archivo de la solicitud mediante las resoluciones mencionadas anteriormente". (Imagen 160 del expediente judicial)

Mediante certificación DAC-DECVP-CER-118-2020. Kattia Chaves Matarrita, Jefe Departamento de Educación al consumidor y ventas a Plazo, certifica: "PRIMERO: Que revisada la base de datos de los expedientes de las empresas autorizadas en la modalidad de ventas a plazo en el sector inmobiliario, la empresa denominada: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A., portadora de la cédula jurídica número 3-101-485552 aparece registrada mediante Resolución: DAC-DPVM-RE-0048-2014 de fecha: 13 de mayo del 2014, por el Departamento de Políticas y Verificación de Mercado, hoy Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, ver folios: 103 al 105.

De igual manera certifica con vista del expediente respectivo que mediante las resoluciones: DAC-DECVP-RE-220-2017 de fecha 4 de setiembre 2017 en folios del 1061 al 1067, se procede al archivo del proyecto Málaga La Valencia por primera vez, y la resolución DAC-DECVP-RE-039-2018 de fecha 13 de febrero 2018 en folios 1156 al 1161, se archiva la gestión realizada por la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A para el proyecto Condominio Residencial Málaga La Valencia por segunda vez.

En el informe DECVP-IT-058-2018 ver folio 1129 del expediente administrativo, se realiza el análisis de la solicitud de autorización por parte de la empresa ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A. referente al proyecto Málaga la Valencia, en dicho informe se determinó que la empresa debía presentar información tal como el vínculo comercial entre: ROCK CONSTRUCTIONS AND DEVELOPMENT S.A. y la empresa Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A. entre otra información. Se le previene mediante oficio DECVP-OF-0167-18 folio 1137 y la empresa no cumple con la prevención, por lo tanto, se procede al archivo de la solicitud mediante las resoluciones mencionadas anteriormente". (Imagen 206 del expediente judicial);

HECHOS NO PROBADOS:

La Asociación APRODECO, haya tenido participación alguna en los contratos ventas a plazos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios cuestionados en este proceso, haya formalizado un contrato de cesión de derechos contractuales y/o litigiosos o que haya subrogado de alguna forma, los derechos contractuales y/o litigiosos de Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, Iría Baldi Alvarado, Josué Gamboa Picado, Olman Madrigal Pastor y Denise Cisneros Vargas producto de las relaciones contractuales en discusión en esta causa. (Los autos).

DE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: A grandes rasgos la parte accionante indica que la protección a los derechos del consumidor se encuentra consagrada en el último párrafo del artículo 46 de la Constitución Política: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias". Los derechos del consumidor son fundamentales e irrenunciables, entre los cuales tenemos el derecho a la libertad de elección, a la seguridad, a la información, a la protección de intereses económicos, entre otros. La protección de los intereses económicos se regula en el último párrafo del artículo 46 de rango constitucional y artículo 32, inciso b, de la Ley N9 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El Derecho a la seguridad se regula en el artículo 29 inciso a), 31 inciso d), y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, tutela la protección del consumidor contra riesgos que puedan afectar la salud del consumidor, su seguridad o el medio ambiente. La Asamblea General de Naciones Unidas, en 1985, en las Directrices de la ONU para la protección al consumidor, estableció como cuarto derecho, el de la seguridad y calidad, en los siguientes términos: "Que los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad; asimismo, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar duramente el uso recomendado de los productos". Una de las pretensiones más comunes de los consumidores, consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos. El consumidor afectado, tiene la facultad de solicitar en la sede judicial - no así en la vía administrativa - dicha indemnización, por la responsabilidad civil en que incurren las empresas públicas o privadas, al vulnerar sus derechos. Al consumidor se le protege de todos los peligros y situaciones de desigualdad que se suscitan en el ámbito de las modernas relaciones de consumo. En la realidad nacional, los campos más comunes que requiere la tutela del consumidor, son las tratativas preliminares, los contratos injustos o abusivos, contratos de adhesión, productos y servicios peligrosos. Este es el caso de la responsabilidad que se deriva, del párrafo primero del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de conformidad con el cual: "El productor, el proveedor y el comerciante deben responder, concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficiencias sobre ellos a de su utilización y riesgos". Al referirse a la responsabilidad sin culpa, se entiende que se refiere a la responsabilidad objetiva. En la domina tradicional la noción de responsabilidad implica siempre la idea de culpa, es decir la regla de una idea violada, lo que genera que la defensa del demandado se base en la evidencia de su actuación diligente. Sin embargo, la responsabilidad objetiva en materia de consumo no se refiere en modo alguno a la idea de culpa, toda vez que no se está en presencia de una responsabilidad subjetiva, sino objetiva, no se trata de una responsabilidad que se refiere a una imputabilidad, sino solamente de saber cuál es el patrimonio que soporta definitivamente el riesgo del daño ocasionado por el servicio ofrecido a la colectividad generando lucro o ganancia. La responsabilidad objetiva del Estado se regula en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública que, en el presente caso, corresponde por omisión por incumplimiento de los deberes que le exige la ley al MEIC, en protección de los consumidores en ventas a plazo por parte de empresarios privados, según la normativa de La Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley747. Sobre las ventas a plazo la normativa de interés señala: "Artículo

Ventas a plazo. Las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, asociadas y los proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en este articulo siempre que concurran las siguientes condiciones: a) Que se ofrezcan públicamente  de manera generalizada a los consumidores. b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto constituya una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté condicionada a un hecho futuro. c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, dependa de la persona asociada o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro. Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de los ventas o plazo, en los términos y condiciones indicados en el párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia de que se trate, por lo oficina o lo entidad competente que se señale en el Reglamento de esta Ley, según los usos, las costumbres mercantiles y, en particular, la necesidad de proteger al consumidor. Antes de autorizar la ejecución del plan de ventas a plazo, en los términos expresados en este artículo, aquel debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de cumplimiento, la naturaleza, la extensión y los beneficios, todo en los términos que se definan en el Reglamento de esta Ley, según los bienes y servicios de que se trate. b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo ofrecido y la pactado. c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para responder, si se incumplen los términos que se expresen en el Reglamento de esta Ley, a juicio de la oficina o ente que inscribo el plan. Las oficinas o los entes mencionadas en los párrafos anteriores deben pedir una copia de los planes autorizados a la Comisión nacional del consumidor. Las personas o las entidades que se dedican habitualmente a las actividades indicadas en el primer párrafo de este artículo quedan facultadas para inscribirse, por una sola vez, ante la oficina o la entidad competente. En este caso, deben describir su giro y los planes de venta generales que ejecutan; además, cumplir con lo estipulado en el párrafo tercero de este artículo. La Administración Pública puede acreditar a organismos privados para inscribir y autorizar diferentes planes futuros, de conformidad con el artículo 8 de esta Ley y las disposiciones que establezca su Reglamento. (Así corrida su numeración por el artículo 80 de la ley de Contingencia Fiscal, N°8343 del 18 de diciembre de 2002, que lo traspaso del antigua artículo 41 al 44 actual)". Por su parte, el Reglamento a la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472, sobre las ventas a plazo, señala: Capitulo

Sobre las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios. Disposiciones comunes para las ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios. "Artículo 222: Sobre el objeto de la regulación del presente capítulo. El presente capítulo tiene por objeto regular las ventas a plazo de bienes tales como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, siempre que concurran las siguientes condiciones: a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los consumidores. b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto constituya una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté condicionada a un hecho futuro. c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, dependa de la persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro. Antes de su ofrecimiento público o generalizado, los planes de las ventas a plazo, en los términos y condiciones indicadas en el párrafo anterior, deben ser autorizados según lo dispuesto en la Ley, el presente reglamento, los usos, las costumbres mercantiles, teniendo en cuenta en particular, la necesidad de proteger al consumidor. Antes de autorizar la ejecución del plan de ventas a plazo, este deberá inscribirse ante la DAC cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de cumplimiento, la naturaleza, la extensión y los beneficios. b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo ofrecido y lo pactado. c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para responder. Lo anterior, en los términos definidos en este Capítulo. "Artículo 223: Sobre el contenido mínimo de los contratos. El o los contratos a celebrar con el consumidor final, deberán contener al menos la información necesaria para garantizar la forma de una decisión de consumo informada y no deben incluir cláusulas abusivas como las descritas en el artículo 42 de la Ley. El contrato que se suscribirá con el consumidor final, deberá contener al menos los siguientes requisitos mínimos: i. Datos generales de las partes contratantes: nombres, calidades, número de cédula de persona física o jurídica, teléfono y dirección física exactos. ii. Datos generales de los responsable (s) del plan de Venta a plazo o ejecución futura de servicios, en caso que no corresponda a la misma persona contratante. iii. Descripción del bien o servicio, su naturaleza, ubicación y las características que lo individualicen. iv. Monto del adelanto (si lo hubiere). v. Indicación del precio pactado, en el caso de que la venta a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios se lleve a cabo bajo sistemas de financiamiento o a crédito, se deberá estar a lo dispuesto en el artículo 96 y siguientes de este Reglamento. vi. Definición de plan de pagos para el caso en que el precio se haya pactado en tractos. vii. Plazo de entrega del bien o servicio. viii. Fin del contrato de preventa (aplica solo para el sector inmobiliario). La imposición obligatoria del arbitraje o la renuncia de los derechos del consumidor en los contratos se tendrán por no puestas, en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en la Constitución Político, la Ley y el presente reglamento". "Artículo 224: Publicidad de la información. El MEIC a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor mantendrá una base de datos con información actualizada y permanente a disposición del público por medio de su propia página web, sobre la totalidad de los comerciantes o proveedores debidamente autorizados para lo venta de los bienes, y servicios sujetos o regulación, así como la de los planes autorizados y los contratos de adhesión vendidos que lo componen. El MEIC a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor deberá emitir las certificaciones a los interesados: empresas, consumidores, oficinas e instituciones que lo soliciten en el plazo de 8 dios hábiles. Lo anterior, dentro de los alcances y limitaciones que establece la LGAP y la Ley de la Protección de la Persona Frente al Tratamiento de los Datos Personales, Ley N. 8968". "Artículo 225: Verificación del mercado. El MEIC a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor podrá versar sobre la existencia de comerciantes y proveedores que no estén autorizados o no cumplan con los requisitos establecidos por este, quien procederá o la interposición de la denuncia ante las instancias respectivas de conformidad con la Ley y el presente reglamento". "Artículo 226:Sobre la modificación del plan autorizado. Las empresas que modifiquen el plan autorizado de ventas a plazo de bienes o prestación futura de servicios, deberán informar a MEIC o través de los DAC los aspectos que se han marcado de los requisitos, para lo cual, deberán completar el Formulario ll-A o el Formulario ll-B, según corresponda, que se encuentran anexos al presente reglamento. Lo anterior, con el fin de que se tramite la modificación de acuerdo con los requisitos y características que le aplique a cada plan. Lo aprobación se otorgará en un plazo de ocho días hábiles, lo cual será notificado al solicitante. En caso de que los cambios no sean aprobados se comunicará los motivos de su rechazo y el solicitante tendrá diez días hábiles para presentar lo corrección correspondiente. Contra dicha resolución, cabrán los recursos de revocatoria y apelación de ley, los cuales deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El primero será resuelto por la DAC a través del departamento correspondiente y el segunda por el superior jerárquico supremo". "Artículo 227: Requisitos de la solicitud para registro de empresas y autorización de los planes de ventas a plazo de bienes y de prestación futura de servicios. Para la autorización de los planes de ventas a plazo el interesado deberá presentar lo siguiente: a. Formulario Hill o V completo, según corresponda, los cuales se encuentran anexos al presente reglamento. b. Copia de la cédula de identidad si se trata de una persona física o personería jurídica de la (s) empresa (s) responsable (s). Esto última deberá tener una vigencia no mayor a tres meses de emitida. c. Estar al día con las cuotas obrera patronal de la CCSS. d. Fotocopia de la última declaración de renta presentada ante el Ministerio de Hacienda. e. Una fotocopia cercada por un notario; o bien presentar el original y una copia del permiso de funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud y la patente municipal al día, para que en ambos casos sean confrontados por el funcionario que recibe la información. f. Declaración jurada rendida ante notario público del detalle del plan de venta de bienes y servicios, el cual deberá incluir al menos: descripción detallada de los bienes y servicios ofrecidos, la cantidad, los precios finales, los plazos, la forma de pago (tractos, efectivo, crédito, tarjetas u otros medios de pago), fecha de cumplimiento, la naturaleza, la extensión, los beneficios, según los bienes y servicios de que se trate. g. Copia del modelo (s) de contrato (s) utilizado (s) a celebrar con el consumidor final. h. Declaración jurada rendida ante notario público, sobre el giro comercial y su rol en la provisión del bien o el servicio. Cuando se trate de empresas pertenecientes a un mismo grupo de interés económico, esta información se deberá especificar para cada una de las empresas. i. En caso de que el cumplimiento de lo ofrecido recaiga en tercera (s) persona (s) se deberá presentar copia de los acuerdos, planes, convenios a vínculos comerciales que respalden el plan. j. Los estados financieros auditados originales del último período fiscal, es decir con una antigüedad de no más de tres meses. Los estados financieros deberán incluir estados de resultados y balance de situación, así como las notas referidas a dichos estados financieros, especialmente aquellas en relación con el detalle de las inversiones (monto, instrumento mediante el cual se invirtió, entidad en la cual se invierte), de los inventarios (detalle de mercancías en inventario y el monto correspondiente) y de las cuentas por cobrar. Asimismo, los estados financieros deberán contener detalle de los activos y los gravámenes y anotaciones que pesen sobre ellos, con detalle del monto y plazo de estos. Para los casos en que se presenten aumentos en el capital social o en el patrimonio, se deberán aportar los respaldos legales correspondientes (copia certificada del libro de actas e inscripción en el Registro Público). Los estados financieros auditados deberán cumplir con la Circular 19-2010 "Guía mínima para la revisión de información financiera", emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y la Norma Internacional de Auditoria NIA 700. "El Dictamen del Auditor Sobre los Estados Financieros" establecido en sus apartados W 25 y 26, así como las normas que eje el Colegio de Contadores Públicos y que apliquen para este tipo de documentos. La información contenida en este inciso es de carácter confidencial, de conformidad con el artículo 67 de la Ley y en consecuencia, se presentará en sobre cerrado y formará parte de un legajo separado del expediente principal de autorización. k. Ser solvente económicamente. En el caso de espectáculos públicos el interesado deberá cumplir los requisitos indicados en los incisos a), b) c), d), h), j) y k) del presente artículo, y presentar con la solicitud la siguiente información: i. Declaración jurada rendida ante un notario público con la cantidad y tipo de entradas con sus respectivos precios finales. ii. Copia certificada por un notario público o el original y una copia para su respectiva confrontación de la siguiente: a. Contrato celebrado con la persona física o jurídica que brindará el espectáculo o evento público. b. Contrato de arrendamiento o préstamo del lugar que albergará el evento. c. Contrato suscrito con la plataforma procesadora o piquetera. Con la aprobación de los planes se procederá al registro de la empresa por una única vez. Asimismo, si lo empresa registrada desea tramitar la autorización para comercializar nuevos planes, deberá actualizar la información indicada en los incisos precedentes". "Artículo 228.- Sobre el registro de empresas y planes. Las personas o entidades que se dedican habitualmente a las actividades de ventas a plazo quedarán inscritas por una única vez ante el MEIC al ser aprobado el plan de ventas a plazo. El plan de ventas a plazo deberá indicar las condiciones generales de los contratos ofrecidos que deben ser suficientemente claras y precisas a fin de que no induzcan a error a los consumidores y su contenido debe respetar los principios generales del derecho. Cada contrato que integre el plan deberá estar escrito de manera simple, con letra legible y clara, en idioma español, de manera que sea de fácil lectura y compresión para los consumidores. En caso de duda en la interpretación de las cláusulas contractuales se interpretarán a favor del consumidor. En el caso de los espectáculos públicos este registro se refiere a la autorización del plan de venta de boletos o tiquetes para el evento respectivo. Las empresas que hayan cesado en la venta de planes y no cuenten con planes en ejecución, a bien, no se dediquen habitualmente a este giro comercial podrán ser desinscritas de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 242 del presente reglamento". "Artículo 229: Información de planes de venta vigentes. Los comerciantes o proveedores que vendan o comercialicen ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios, deberán enviar a la DAC la información sobre los planes activos comercializados que incluya lo siguiente: nombre del consumidor, número de cédula del consumidor, tipo de plan, número de contrato de adhesión, monto del contrato de adhesión, número de cuotas totales, número de cuotas pagadas, monto pagado, monto por pagar, plazo del con trato de adhesión, fecha de inicio del contrato de adhesión y fecha de finalización del contrato de adhesión. Deberán garantizar que la administración cuente con la información actualizada en los medios que esta disponga para ello. En caso de incumplimiento se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 242, 243 y 244 del presente reglamento". "Artículo 230: Comprobación de la solvencia económica. Para efectos de la autorización de ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios, el MEIC, a través de la DIEM, comprobará que los responsables del plan cumplan satisfactoriamente las tres razones financieras que integran la solvencia económica según el tipo de actividad regulada de la siguiente manera: a) Suficiencia patrimonial: es la relación de "patrimonio / activo total" y el resultado debe ser mayor o igual a 0.20. b) Riesgo: es la relación de "activo total / pasivo total" y el resultado debe ser mayor o igual a 1.27. c) Liquidez: es la relación de "activo circulante / pasivo circulante" y el resultado debe ser mayor o igual a 1.00. El MEIC autorizará aquellos proyectos contenidos en los contratos de adhesión que sean respaldadas por el valor de la su eficiencia patrimonial, y se calcula de la siguiente forma: (0.20 * activo total) -patrimonio) / valor promedio de los planes). Aquellas empresas de ventas a plazo que no cumplan cualquiera de las tres razones financieras indicadas anteriormente o que no cuenten con operaciones comerciales y, por ende, no tengan un sistema contable de al menos un año, deberán rendir una caución o garantía, que será el 0,20 del valor promedio nominal de los planes y por lo solicitado para autorizar en planes. Ahora bien, si la cantidad de planes excede lo que cubre el valor absoluto de la suficiencia patrimonial, la solicitante deberá rendir una caución a garantía, que será el 0,20 del valor promedio nominal de los planes que no cubra la su eficiencia patrimonial. En caso de espectáculos públicos de incumplir lo anteriormente señalado, el comerciante deberá rendir una caución o garantía por el cien por ciento (100%) del valor nominal de todos los boletos a comercializar según el plan". "Artículo 231: Revisión de la solvencia económica. El MEIC a través de la DIEM, verificará al cierre fiscal de cada año, la solvencia económica mediante la revisión de los estados financieros auditados de las empresas físicas o jurídicas, para realizar los ajustes correspondientes cuando así se requieran sobre el monto de la garantía. Estos deberán ser enviados en enero por las empresas con cierre fiscal en setiembre, y en abril, para aquellos cuyo cierre fiscal es en diciembre. La DIEM valorará en un plazo de quince días hábiles la documentación presentada y en los casos en que determine una variación que desmejore la solvencia económica, ordenará a la empresa realizar las ajustes correspondientes, a fin de que la garantía o caución sean suficientes para respaldar el plan autorizado, lo cual deberá realizar en diez días hábiles. No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, si de previo al envío anual de la información se produce una variación en las condiciones financieras, la empresa deberá informarlo de forma inmediata al MEIC aportando los estados financieros auditados a efectos de que la DIEM determine los ajustes correspondientes que debe realizar la empresa con respecto a la garantía y/o cantidad de planes autorizados. En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente artículo se procederá de conformidad con lo señalado en los artículos 241, 242, 243 del presente reglamento. La presunción de ocultamiento o la falsificación de la información aquí prevista, se hará de conocimiento al Ministerio Público para que proceda de conformidad con sus competencias; lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles o administrativas que resulten procedentes". "Artículo 232: Sobre el tipo de garantía. Se recibirán como garantías las de cumplimiento con plazo de un año emitidas por una entidad financiera y los seguros regulados por la Superintendencia de Seguros, los cuales deben ser renovados anualmente para las empresas que tenga planes pendientes. Estas garantías deberán ser rendidas a nombre del MEIC". "Artículo 233: Sobre la garantía para los espectáculos públicos. Cuando la empresa requiera de la autorización para espectáculos públicos y no cumpla con los indicadores establecidas, el MEIC solicitará la rendición de una garantía a caución que será del cien por ciento (100%) del valor nominal de todos los boletos a comercializar de acuerdo con el plan. La retención del cien por ciento (100%) que en todo caso deberán realizar las empresas adquirentes de tarjetas de crédito y débito, así como de las boletas de los montos pagados por la venta espectáculos públicos podrá considerarse como caución suficiente cuando el adquirente, la boletería y el organizador o productor del evento no constituyan un grupo de interés económico. El compromiso de realizar la retención, así como la certificación de las montos una vez retenidos deberán acreditarse mediante declaración jurada protocolizada. En caso de que la empresa solicitante no realice la venta de entradas a través de una boletería, deberá rendir una caución del cien por ciento (100%)". "Artículo 234: Sobre el procedimiento y el plazo para resolver la solicitud. Para la resolución de las solicitudes de autorización de los planes de ventas a plazo de bienes y la prestación futura de servicios, el MEIC contará con un plazo de treinta días hábiles, el cual comenzará o correr una vez presentada la solicitud. a) Procedimiento para solicitar registro y autorización de planes por primera vez o autorización de nuevos planes de la empresa ya registrada. El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud ante DEPVM, en caso de que la solicitud no cumpla con las condiciones y los requisitos señalados en el artículo 44 de la Ley, el DEPVM rechazará ad portas mediante resolución razonada por considerarse manifiestamente improcedente. Este acto administrativo tendrá recursos de revocatoria y apelación, para lo cual deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El recurso de revocatoria lo resolverá el DEPVM y el de apelación la DAC Admitida la solicitud, el DEPVM dentro de los primeros cinco días hábiles revisará que se cumplan todos requisitos legales descritos en la Ley y el presente Reglamento y redactará un informe legal sobre el cumplimiento de los requisitos. Posteriormente, el expediente se trasladará a la DIEM, quien procederá hacer la revisión de los parámetros financieros y a emitir el informe financiero correspondiente en el plazo de hasta diez días hábiles contados a partir del recibido del expediente. En caso de que el DIEM concluya que la empresa no demuestra la solvencia económica requerida para la autorización solicitada y deba rendir una garantía o caución se otorgará un plazo de diez días hábiles para que se rinda de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del presente reglamento. Concluida el trámite anterior el DIEM realizará el informe correspondiente y trasladará o la DEPVM para que proceda a redactar la resolución administrativa y notificarla al lugar señalado. Lo anterior en plazo de quince días hábiles. Este acto administrativo tendrá recursos de revocatoria y apelación, para lo cual deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El recurso de revocatoria lo resolverá la DAC a través del DEPVM previa consulta al DIEM y el de apelación el Superior Jerárquico Supremo. En los casos en que la solicitud no cumpla los requisitos y condiciones se procederá por medio de una prevención a notificar al comerciante en el medio señalado por este para atender notificaciones y se le otorgará un plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación para que se subsane, corrija o complete lo prevenido. Vencido este plazo sin que el comerciante o proveedor subsane, corrija o complete lo prevenido se procederá al archivo definitivo de la solicitud. De incumplir con lo aquí dispuesto se podrá aplicar lo señalado en los artículos 239, 242 y 243 del presente reglamento según corresponda. b) Procedimiento de revisión de las condiciones financieras de la empresa y revisión de los planes autorizados. De presentarse un cambio en las condiciones financieras de la empresa, ésta podrá solicitar la revisión de los planes autorizados, para lo cual deberá presentar la información actualizada para determinar la solvencia económica de conformidad con lo que dispone el artículo 232 del presente reglamento y la información actualizado sobre los planes vigentes de conformidad con lo establecido con el artículo 229 del presente reglamento. Lo anterior, a efecto de que la DIEM determine los ajustes pertinentes que debe realizar la empresa con respecto a la garantía y/o cantidad de planes autorizados. Los documentos deben ser presentados ante DEPVM, de no ser así se procederá de conformidad con los artículos 239, 242 y 243 del presente reglamento. De contar con la información financiera, el DEPVM dentro del plazo de tres días hábiles la trasladará al DIEM, este en un plazo de diez días hábiles procederá a revisar la documentación presentada. En caso de considerar que la información se encuentra incompleta procederá a prevenir a la empresa otorgándole un plazo de diez días hábiles para que subsane, corría o complete la información. Vencido este plazo sin que el comerciante o proveedor subsane, corrija o complete lo prevenido se procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 239, 242 y 243 del presente reglamento. En caso de que el DIEM concluya que la empresa no demuestra la solvencia económica requerida para la autorización solicitada y deba rendir una garantía o caución se otorgará un plazo de diez días hábiles para que se rinda de conformidad con lo establecido en el artículo 232 del presente reglamento. Concluido el trámite anterior el DIEM realizará el informe correspondiente y trasladará a la DEPVM para que proceda a redactar la resolución administrativa y notificaría al lugar señalado. Toda lo anterior, se hará dentro del plazo de los treinta días hábiles concebido para la gestión de la solicitud. Este acto administrativo tendrá recursos de revocatoria y apelación, para lo cual deberán ser interpuestos dentro del plazo de tres días hábiles. El recurso de revocatoria lo resolverá la DAC a través del DEPVM previa consulta al DIEM y el de apelación al Superior .jerárquico Supremo". "Artículo 235: Registro del responsable del plan. Las empresas desarrolladoras inmobiliarias o los responsables del plan de ventas a plazo o prestación futura de servicios de desarrollo, deberán inscribirse ante el MEIC en la DAC, o ante una entidad acreditada de acuerdo con el procedimiento, alcances y condiciones que disponga el MEIC mediante reglamento que emitirá para tal efecto. Este trámite se hará por una única vez. Lo anterior, como parte de los requisitos para poder obtener la autorización de los planes de ventas a plazo, que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 236 del presente reglamento". "Artículo 236: Requisitos para el registro del responsable del plan. Para el registro de las empresas desarrolladores o responsables del plan, el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: a) indicar medio para atender notificaciones. b) Copia del documento de identidad del representante legal. c) Copia del poder o documento que autorice al representante o apoderado, si es del caso. d) Personería jurídica, en el caso de ser una empresa desarrolladora a entidad la cual deberá tener una vigencia no mayor a tres meses de emitida. e) Encontrarse al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo cual será verificada por el MEIC o la entidad acreditada en el sistema electrónico SICERE o ante la CCSS. f) inscripción ante Tributación Directa de la última declaración de renta presentada ante el Ministerio de Hacienda, cuando corresponda. g) En caso de que el cumplimiento de lo ofrecido recaiga en una tercera persona se deberá presentar original y copia de los acuerdos, convenios o vínculos comerciales que respalden el plan ofrecido. Para la resolución de las solicitudes de inscripción de los responsables del plan, el MEIC a través de la DAC a la entidad acreditada, contará con un plazo de diez días hábiles para la verificación de las requisitos, el cual comenzará a correr a partir de la presentación de la solicitud". "Artículo 237: Autorización del plan o los planes de ventas a plazo de bienes inmuebles o prestación de servicios futuros. Antes de iniciar el ofrecimiento público o generalizado del plan, el responsable o el desarrollador inmobiliario, previamente registrado, deberá obtener la autorización de su plan por parte del MEIC o el ente acreditado, para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos: a) Formulario IV de autorización del plan, anexo al presente reglamento completo y firmado por el representante legal o apoderado del responsable del plan. En este formulario se indicará lo siguiente:

Descripción de la ubicación geográfica y del proyecto inmobiliario a desarrollar.

Número de unidades que se ofrecen y tipos de planes disponibles.

Rango de precios de los bienes inmuebles según lo ofrecido públicamente.

Los plazos para formalizar la venta o entrega del bien, según sea el caso.

Porcentaje solicitado de aporte del consumidor, por parte del responsable del plan, en relación al precio del bien y posibles formas de pago.

Indicación de si rinde garantía y la forma en que se establecerá.

Indicación clara del tratamiento de las sumas de dinero solicitadas como aportes del consumidor, en caso de que las mismas deban devolverse a éste. b) Copia certificada por notario público u original y copia para ser confrontada del contrato que se presenta ante el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. c) Copia de los modelos de contrato de bienes inmuebles ofrecidos al consumidor. d) Demostración de la solvencia económica del responsable del plan o desarrollador inmobiliario, según se indica en el presente Reglamento. e) En caso de no cumplir con la demostración de solvencia indicada en el inciso anterior, rendirá garantía, según se indica en el presente reglamento. f) Detalle del financiamiento según el origen de los fondos utilizados para el desarrollo del proyecto. Para la resolución de las solicitudes de autorización de los planes, el MEIC contará con un plazo de diez días hábiles, el cual comenzará a correr o partir de que la Administración reciba todos los requisitos anteriormente indicados". "Artículo 238: Comprobación de la solvencia económica. La solvencia económica del responsable del plan o desarrollador inmobiliario se demostrará junto con la solicitud de autorización del plan respectivo, mediante el cumplimiento de una de las siguientes alternativas: a) Una certificación bancaria u otro documento con idéntico valor jurídico mediante el cual el responsable del plan demuestre el porcentaje a ser financiado por la entidad financiera. b) En caso de que el proyecto inmobiliario utilice fondos que no provengan de un financiamiento bancario, deberá presentar una certificación de Contador Público Autorizado, que demuestre que el responsable del plan o lo empresa desarrolladora inmobiliaria, o sus socios, cuentan con el capital suficiente para hacer frente a la ejecución del proyecto o en su defecto, que los responsables del plan cuentan con líneas de crédito abiertas que puedan ser utilizadas para tal fin. Asimismo, se deberá presentar una declaración jurada por parte del o los responsables del plan, que valide lo indicado por el contador. En cualquiera de los supuestos anteriores, se deberá contar con una certificación que indique el porcentaje del total que será financiado con los aportes del consumidor en el proyecto". "Artículo 239.-Sobre la garantía. El o los responsables del plan o desarrolladores inmobiliarias que no cumplan con lo requerido en el artículo anterior, deberán presentar como garantía una constancia o certificación emitida por una entidad financiera, que haga constar el método financiero que tiene el proyecto para el manejo de las primas y sumas de dinero que se reciban como aportes por parte de los consumidores. Estos métodos pueden ser fideicomisos o planes de manejo de primas, establecidos para el plan. También, se podrá utilizar la figura del seguro". Artículo 240: Ejecución de la garantía. Para la ejecución de la garantía, el MEIC deberá cercar como título ejecutivo el monto que corresponde e iniciar el proceso de ejecución en los Tribunales de Justicia de la República de Costa Rica mediante un proceso monitorio regulado en el Capítulo Primero de la Ley de Cobro Judicial, Ley N. 8624, hasta por el monto definido para resarcir al consumidor, por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del o los contratos. En el caso de los espectáculos públicos, la ejecución de la garantía corresponderá a la devolución del importe cancelado por la entrada o tiquete". "Artículo 241: Revisión y ajuste de la solvencia económica. Los parámetros para demostrar solvencia económica por parte de los responsables del Plan de ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios, así como el porcentaje de garantía o caución, podrán ser revisados y ajustados cada año por parte del MEIC y los nuevos valores deberán ser publicados por este, en caso que se den cambios considerando la coyuntura económica del país y el comportamiento del sector". "Artículo 242: Causales de revocación de la autorización. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 228, 229, 230, 231, 232 y 233 del presente reglamento, se procederá a abrir un procedimiento administrativo ordinario de conformidad con lo establecido en la LGAP, a efectos de revocar la autorización otorgada. Para la dirección de este procedimiento, el órgano director estará integrado por un representante de la DAC a través del DEPVM y uno de la DIEM. Una vez instruido el procedimiento el órgano director recomendará a la DAC a través del DEPVM, quien procederá a dictar la resolución administrativa correspondiente. En caso de proceder la revocación de la autorización deberá ordenarse la presentación de un finiquito a efectos de resguardar los derechos de los consumidores que hubieren adquirido planes con la empresa investigada. De no cumplirse con la presentación del finiquito, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del presente reglamento". Indica la parte que los motivos del daño reclamado con respecto a las empresas demandadas, se originan en el incumplimiento contractual, al haber dejado en abandono el proyecto de construcción de condominio y por no haber construido las viviendas, pese al cobro de las primas a los consumidores. Los motivos con respecto al Ministerio de Economía, Industria y Comercio se originan por omisión, por incumplimiento de deberes, toda vez que el MEIC no cumplió con su obligación establecida por ley consistente en exigir a las empresas vendedoras de ventas a plazo de viviendas demandadas, una forma eficiente de demostración de la solvencia económica del futuro proyecto habitacional en condominio. Tampoco exigió a las empresas vendedoras de ventas a plazo de viviendas en condominio demandadas, que rindiera ninguna garantía o caución, en la forma en que lo exige la ley costarricense. El MEIC no suspendió los proyectos habitacionales por medio de ventas a plazo, del Grupo Rock Constructions sin inscribir.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO: El Estado rechaza los hechos, estima que en el presente asunto, la accionante pretende que en sentencia se declare responsabilidad objetiva del Estado y, en consecuencia, se reconozcan daños y perjuicios causados por la omisión en la que, a su entender, incurrió la Administración. Para sustentar tal pretensión, argumenta, respecto del Estado,"...incumplimiento de los deberes que la ley le impone al Ministerio de Economía, en protección de los consumidores en ventas a plazo por parte de empresarios privados según el artículo 44 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento, que regula las obligaciones del Ministerio de Economía en relación a las ventas a plazo de las empresas privadas; en sus artículos 222 a 244.". De allí que, se imponga en primer término establecer lo dispuesto en el cardinal 44 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, numerada 7472, el cual, desde su promulgación hasta hoy requiere para autorizar las ventas a plazo, en lo que nos interesa: "c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución suficiente para responder si se incumplen los términos que se expresen en el Reglamento de esta Ley ó a juicio de la oficina o ente que inscriba el plan...”. Como claramente se sigue del imperativo legal, el orden de prelación que debe verificar la administración refiere, primeramente, a la solvencia económica y, únicamente, si esta no se comprueba, debe rendirse garantía, es decir, esto último es en detrimento de la primera y no en forma conjunta. Haciendo eco en la norma citada y puntualizando el mecanismo para tener por acreditada la solvencia que nos ocupa, los artículos 230 y 238 inciso b) del Decreto 37899, prevén lo siguiente: "Artículo 230: Comprobación de la solvencia económica. Para efectos de la autorización de ventas a plazo de bienes o de ejecución futura de servicios, el MEIC a través de la DIEC comprobará que los responsables del plan cumplan satisfactoriamente las tres razones financieras que integran la solvencia económica según el tipo de actividad regulada de la siguiente manera: a) Suficiencia patrimonial: es la relación de patrimonio activo total y el resultado debe ser mayor o igual a 0.20. b) Riesgo: es la relación de activo total/ pasivo total y el resultado debe ser mayor o igual a 1.22. c) Liquidez: es la relación de activo circulante / pasivo circulante" y el resultado debe ser mayor o igual a 1.00. El MEIC autorizara aquellos proyectos contenidos en los contratos de adhesión que sean respaldados por el valor de la suficiencia patrimonial y se calcula de la siguiente forma: (0.20 * activo total - patrimonio) / valor promedio de los planes). Aquellas empresas de ventas a plazo que no cumplan cualquiera de las tres razones financieras indicadas anteriormente o que no cuenten con operaciones comerciales y por ende, no tengan un sistema contable de al menos un año, deberán renovar una caución o garantía, que será el 0.0 del valor promedio nominal de los planes y por lo solicitado para autorizar en planes. Ahora bien si la cantidad de planes excede o que cubre el valor absoluto de la suficiencia patrimonial la solicitante deberán rendir una caución o garantía, que será sobre el valor promedio nominal de los planes que no cubra la suficiencia patrimonial". "Artículo 238: Comprobación de la solvencia económica. La solvencia económica del responsable del plan o desarrollador inmobiliario se demostrará junto con la solicitud de autorización del plan respectivo, mediante el cumplimiento de una de las siguientes alternativas: a) Una certificación bancaria u otro documento con idéntico valor jurídico mediante el cual el responsable del plan demuestre el porcentaje a ser financiado por la entidad financiera. b) En caso de que el proyecto inmobiliario utilice fondos que no provengan de un financiamiento bancario, deberá presentar una certificación de Contador Público Autorizado, que demuestre que el responsable del plan o la empresa desarrolladora inmobiliario, o sus socios; cuentan con el capital suficiente para hacer frente a la ejecución del proyecto o en su defecto, que los responsables del plan cuentan con líneas de crédito abiertas que puedan ser utilizadas para tal fin. Asimismo, se deberá presentar una declaración jurada por parte del o los responsables del plan, que valide lo indicado por el contador. En cualquiera de los supuestos anteriores se deberá contar con una certificación que indique el porcentaje del total que será financiado con los aportes del consumidor del proyecto". En la especie, tal y como se desprende de los informes DAC-DPVM-OF-247-2016 del 25 de febrero del 2016, DAEM-OF-062-17 de 01 de febrero del 2017, emitido por Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, DECVP-INF-622-2018 del 07 de setiembre del 2018, presentado por el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, certificaciones bancarias y de Contador Público Autorizado, aportada por las empresas codemandadas, estas cumplen los requerimientos para acreditar solvencia económica necesaria para autorizar, por parte de la Administración, las ventas a plazo objeto del proceso. De suerte tal que, el deber impuesto al Estado, respecto de negocios privados como el que aquí se discute, se cumplió a cabalidad, al verificar la materialización de todos y cada uno de los requisitos que la Ley le impone para emitir la conducta pertinente. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que, la relación de causalidad alegada por al demandante entre la actividad regulatoria del MEIC y los menoscabos que acusa sufrió ya se ha descartado para los casos en que un agente económico se aparta del régimen autorizatorio, no puede confundirse la actividad supervisora del Estado de ciertas actividades privadas, como las de los agentes económicos, como si estas se trataran de un servicio público. No corresponde al Estado coadministrar o darle un seguimiento al desarrollo privado de los proyectos autorizados. La obligación del consumidor es denunciar en caso de que el mismo se desvíe. Pero, aún activada la gestión administrativa, esta solo tiene un alcance para establecer sanciones administrativas. Por último, en lo que respecta al proyecto Condominio Residencial Málaga La Valencia, este no fue autorizado por la Administración Pública, por lo que, cualquier aspecto propio de incumplimiento contractual es una discusión entre particulares que en nada se relaciona con su representado, ya que, era el deber de los actores verificar el cumplimiento de requisitos antes de proceder a la contratación. Deviene palmario, entonces que no se ha suscitado una conducta administrativa ablatoria para que surja una lesión material o moral que pueda ser objeto de resarcimiento. En todo caso de considerar el respetable Tribunal que existe algún tipo de responsabilidad, cabe destacar que, de conformidad con el ordinal 190 de la Ley General de la Administración Pública, esta extingue total o parcialmente cuando se presentan cualquiera de las eximentes que establece el ordenamiento jurídico - Culpa de la víctima, hecho de un tercero y fuerza mayor-. En este asunto, a criterio de esta representación, nos encontramos ante la eximente denominada hecho de un

En este asunto, las empresas codemandadas, en apariencia, actuando con inexcusable negligencia, incumplieron los contratos que habían firmado con los actores, generándoles, según estos afirman, la afectación que ahora reclaman. De suerte tal que, sin su concurrencia no se hubiera producido el hecho dañoso. A partir de lo expuesto, tenemos que, en la especie, se configura la eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, quebrándose así, el nexo de causalidad indispensable para acceder a lo pretendido en este proceso, por lo que, deviene improcedente condenar al Estado. Más aun pensando que, resulta inviable acoger la eximente de responsabilidad planteada, téngase presente que, en este asunto, no se cumplen los requerimientos exigidos por el bloque de legalidad, para reconocer suma alguna, por concepto de indemnización material. Tocante a la lesión extrapatrimonial subjetiva, valga indicar que, pese a ser la valoración de la prueba, en este tipo de asuntos, in re ipsa, ciertamente el juzgador debe ponderar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad al momento de conceder indemnización, en aras de no provocar un enriquecimiento indebido en la parte beneficiada con el resarcimiento. El resarcimiento debe ser precedido, por elementos de prueba indiciaria que, forzosamente, debe ser ofrecida, por el accionante. La indemnización otorgada no puede dar lugar al enriquecimiento ilícito de quien la pretende. En caso de darse, la indemnización, debe estar sujeta a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. En consecuencia, si bien, la determinación del importe a pagar, por la lesión en análisis, queda al prudente arbitrio judicial, esta debe fijarse, atendiendo a los parámetros citados.

SOBRE LOS ARGUMENTOS DE DESARROLLO ROCK MÁLAGA SAN RAFAEL S.A.: La empresa accionada rechaza los hechos e indica que su representada ha ido realizando la devolución de lo pactado a quienes son sus clientes. Las dos actoras relacionadas con el proyecto de su representada faltan a la verdad sobre el dinero que han recibido en devolución. Su representada sí está entregando casas, ha construido el proyecto y obras comunes. A los clientes que han pedido devolución de dinero y no la casa (solo dos de los actores), se les ha ido devolviendo la prima según finiquito firmado. Alega además la excepción de falta de legitimación, señalando que solo dos actoras tienen relación con su representada, son Marny Cascante Espinoza y Rosa Carmona Castillo. Todos los demás carecen de cualquier relación con su representada, no existe contrato ni obligaciones, por lo que existe una evidente falta de legitimación activa y pasiva. Además, cuestiona si la Asociación actora puede plantear la pretensión pecuniaria en nombre de Marny Cascante Espinoza y Rosa Carmona Castillo, la legitimación no es para tal pretensión.

ACERCA DE LOS PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA: Las partes demandadas han alegado en su teoría del caso, las defensas vinculadas a los presupuestos materiales de la sentencia como son la legitimación, derecho e interés, por lo cual estima esta Cámara el análisis sobre las mismas a efectos de valorar la procedencia del fondo del presente asunto. Sobre estos aspectos esta Cámara ha indicado en reiterados pronunciamientos que todo órgano jurisdiccional a fin de conocer de un proceso debe revisar oficiosamente los presupuestos procesales de éste, a saber, la capacidad procesal, competencia del tribunal y cumplimiento de los requisitos de la demanda. De igual manera, antes de dictar la sentencia respectiva, a fin de realizar un pronunciamiento válido en torno a la pretensión deducida por la parte actora y reconventora, debe revisar si se reúnen los presupuestos materiales. Estos son: el derecho, la legitimación tanto activa como pasiva y el interés actual. Si alguno de estos -o todos- no se encuentra presente, la demanda no podrá encontrar respuesta positiva. Es importante advertir que aún en caso de que la parte demandada no oponga esas particulares “defensas” si no existe derecho, legitimación y/o interés actual, la pretensión deberá ser rechazada oficiosamente (Ver al respecto el voto 2008-000523, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Ahora bien, el Tribunal Contencioso Administrativo, ha sido conteste en indicar respecto a la legitimación activa, que ésta constituye uno de los presupuestos esenciales del proceso, cuya comprobación debe hacerse en forma oficiosa por parte del juzgador, pues junto con el derecho y el interés constituyen los pilares esenciales para que pueda ser declarada con lugar una demanda. La legitimación ad causam, junto con el derecho y el interés actual, constituyen, como se ha dicho, los tres presupuestos materiales de la pretensión. Por tal razón, la misma, a diferencia de la legitimación ad procesum, no constituye propiamente un presupuesto de admisibilidad de la demanda, ni influye en la validez y eficacia del proceso, pero sí constituye una condición necesaria para obtener una sentencia estimatoria. Esta figura se encuentra regulada en el numeral 21.1 del Código Procesal Civil (aplicable a al materia de conformidad con el artículo doscientos veinte del Código Procesal Contencioso Administrativo), norma que dispone: “Parte legítima. Será parte legítima aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión”. Es de precisar que si bien el Código Procesal Contencioso Administrativo establece una serie de normas complementarias en lo correspondiente a la legitimación corporativa, de menores de edad e incluso los intereses difusos, las mismas no resultan contrarias con la relación jurídica procesal que debe existir entre las partes en los términos establecidos por el Código Procesal Civil. Así, la parte accionante es aquella persona física o jurídica que, al tenor de la ley, formula las pretensiones de la demanda, y el demandado, quien se opone a esa pretensión; de ahí surge precisamente el fundamento de la relación sustancial que se da entre ambos con relación al objeto concreto del proceso. Al respecto señala Andrés de la Oliva Santos: "La tutela jurisdiccional debe ser otorgada únicamente si obtenerla le corresponde a quien la solicita y, por supuesto, si procede otorgarla frente al concreto sujeto demandado: el deudor, el vendedor. Que una sentencia otorgue la tutela pretendida depende también de una precisa legitimación activa y pasiva. Y la legitimación activa significa -utilizando una vieja distinción puramente lógica- que no basta que exista un derecho, sino que es necesario que, existiendo, le corresponda o se le pueda atribuir justamente a la persona que lo esgrime, o lo hace valer en el proceso. Igualmente, cuando se pretende una tutela jurisdiccional respecto de un determinado sujeto (y esta determinación pasiva sirve para identificar y distinguir la acción afirmada o la pretensión, porque no hay acciones o pretensiones sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos), no importa sólo que esté fundada la exigencia de la prestación que la concesión de la tutela comportaría (entregar un determinado bien o una cantidad de dinero, no hacer algo, etc.), sino que es necesario, además, que el demandado o demandados sean precisamente los sujetos a los que debe afectar aquella concesión, por ser los sujetos obligados o titulares del deber de realizar la prestación o, por mejor decir, su equivalente […]. Se ha dicho, con razón, que la legitimación enseña algo completamente elemental: que los derechos subjetivos no existen sin sujetos titulares ni sin sujetos pasivos y que, de ordinario, los derechos no se pueden hacer valer si no es por aquéllos y frente a éstos." (DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Ignacio y otros, Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, Civitas Ediciones, Madrid, 2001, p. 95).  La lógica de la legitimación es pretender algo para sí a partir de una relación jurídica previa, es de recordar que quien actúa en nombre y por cuenta de otro (representación), lo hace en tal condición y requiere de la presentación de un contrato de mandato válido y eficaz. Consecuentemente, sin la existencia de ese vínculo, no tendría lógica pensar que una persona reclame sin ninguna relación previa, salvo en los casos de la acción popular. Teniendo claro lo anterior, de seguido se conoce la procedencia del primer presupuesto material alegado por las partes, sea, la falta de legitimación activa y pasiva interpuestas por los demandados.

SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL CASO CONCRETO: Como se indicó en el considerando anterior, la legitimación desde sus dos perspectivas activa y pasiva responde a la situación jurídica material en la que se encuentra el sujeto en relación con lo que se constituye en el objeto del proceso, es decir son aquellos que se encuentran vinculados por una relación jurídica material necesaria para que lo reclamado pueda recaer sobre esos sujetos. En ese sentido, resulta necesario que las partes intervinientes ostenten la condición necesaria para derivar u ostentar un derecho o interés legítimo en atención a la conducta administrativa y relación contractual que se analiza en el juicio. En esta jurisdicción son tulelables las “situaciones jurídicas de toda persona”, expone el inciso 1) del numeral primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación con las diversas manifestaciones de la conducta administrativa, de manera que para obtener una tutela judicial efectiva y de fondo en un proceso contencioso, se requiere ser titular de un derecho subjetivo o de al menos “un interés legítimo” (artículo 49 de la Constitución Política) del administrado, derivado u originado en una relación jurídico administrativa; y respecto de los cuales, se puede pedir la declaratoria de disconformidad con el ordenamiento jurídico, anulación, modificación o adaptación de la conducta administrativa, el restablecimiento, reconocimiento o declaración de una situación jurídica, la fijación de límites y reglas impuestos por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de potestades administrativas, la condena de hacer alguna conducta determinada, la condena de abstención de una conducta y la condena de daños y perjuicios (artículo 42 del CPCA). Este presupuesto debe ser entendido en una doble dimensión, a saber, la legitimación activa, relativa a quien o quienes figuran como actores, referida cabalmente a la supuesta titularidad del derecho subjetivo o interés legítimo alegado infringido, que se concibe como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de acción que le faculta exigir la satisfacción de una determinada prestación u objeto; y por su parte, la legitimación pasiva, en relación a la parte demandada, que se manifiesta como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder. Se enfrenta así, un derecho subjetivo o interés legítimo frente a potestades o competencias públicas. Ahora bien, en el numeral 10 inciso b, se establece que poseen legitimación para demandar, "las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho Público, y cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y los grupos regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos". Por su parte, el numeral 54 de la Ley 7472, establece: "Las organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión Nacional de Consumidores y ante los tribunales de justicia, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados. La coadyuvancia se rige por lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil". A partir de la relación del artículo 10 inciso b del CPCA y el ordinal 54 de la Ley 7472, estima esta Cámara que la Asociación posee legitimación procesal para la defensa de los intereses y derechos de los consumidores como sector o gremio en términos generales, en torno a lo que como sector o gremio en el caso de los afiliados de dicha Asociación, le resulte de interés o le afecte como colectivo. No obstante, en el presente asunto, tal como se observa del escrito de demanda, el traslado de la demanda y el desarrollo de la audiencia preliminar, la Asociación actora planteó la acción, argumentado como base reclamos indemnizatorios a favor de terceros no constituidos como parte procesal, en atención a incumplimientos contractuales de la empresas accionadas en relación a contratos de compra de vivienda en modalidad de venta a plazos, y a su vez el reclamo de responsabilidad objetiva del Estado por indebida fiscalización y tutela de esa actividad económica. Si bien indica en la deducción de la demanda, que la acción está orientada, a la defensa de los derechos e intereses de Denise Cisneros Vargas, Iría Baldi Alvarado, Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, los señores Josué Gamboa Castillo y Olman Madrigal Pastor, tales terceros, no se han constituido como parte dentro del presente proceso, siendo la única accionante la Asociación APRODECO. En ese escenario, es evidente para está Cámara que la línea de acción, al estar constituida únicamente por pretensiones de orden indemnizatorio a favor de terceros, excede la legitimación procesal que el ordenamiento jurídico le otorga a la Asociación actora, en el tanto la lógica de las pretensiones deducidas no están enfocadas en la defensa o reclamo de una acción general o gremial, sino por el contrario se define en la relación individualizada de reclamos por daños y perjuicios, derivados de actos y contratos en los cuales la Asociación demandante, no tiene participación alguna. Nótese de los hechos probados, que los daños reclamados se originan en contratos de compra de vivienda en modalidad de ventas a plazos, suscritos específicamente con las señoras Denise Cisneros Vargas, Iría Baldi Alvarado, Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, los señores Josué Gamboa Castillo  Olman Madrigal Pastoral, y las empresas demandadas, en la que la Asociación no figura de forma alguna, por lo que no subsiste sobre la base del reclamo una relación jurídica que la vincule y otorgue en ese sentido legitimación. Del mismo modo, ocurre con las conductas administrativas reprochadas, como base de responsabilidad, las cuales se originan en una relación de fiscalización ejercida por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio por imperativo de ley sobre las empresas demandadas, sin que se determine en esas conductas administrativas un vínculo con la Asociación actora, lo que evidencia entonces una carencia absoluta de relación jurídica base para la deducción del reclamo planteado. Si bien se ha tenido por acreditado que las señoras Denise Cisneros Vargas, Iría Baldi Alvarado, Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, los señores Josué Gamboa Castillo y Olman Madrigal Pastoral son miembros afiliados a la Asociación actora, tal afiliación no sustituye la acción procesal, para ser constituidos en parte de este proceso. Debe llamarse la atención que si bien en la fase de juicio oral la representante de la Asociación actora, aporta poderes especiales judiciales para su representación en esta causa, otorgados por las señoras Denise Cisneros Vargas, Iría Baldi Alvarado, Rosa Carmona Castillo, Marisol Marín López, y los señores Josué Gamboa Castillo y Olman Madrigal Pastoral, lo cierto es que tales mandatos, no sustituyen el derecho de acción, el cual no fue ejercido de forma individual por ninguno de los mandatarios, los cuales no figuran como parte de este proceso en forma personal. En ese orden de ideas, no existe constancia en autos de que haya existido una cesión de derechos contractuales producto de las relaciones convencionales en litigio, ni tampoco de los derechos litigiosos producto de tales contratos, como tampoco existe algún otro medio probatorio que acredite una sucesión de tales derechos a favor de la accionante. Sobre este aspecto, tal situación había sido previamente valorada por la Sección Segunda de este Tribunal, posición que hacemos propia, en la sentencia 71-2020-II de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veinte que, en lo que interesa, dispuso: “V.- INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.- La demanda debe ser declarada como inadmisible, por haber sido interpuesta por persona distinta a la titular del derecho subjetivo, de carácter patrimonial, que se pretende obtener por vía de sentencia en esta instancia jurisdiccional. Nótese que la persona que suscribió la póliza de seguro de automóviles voluntario número 01-20-AUT-0131014-00 (hoy 02-20-AUT-0040015-02), en calidad de asegurada, es la señora [Nombre 001], quien a su vez es la dueña del vehículo objeto de las coberturas otorgadas por dicha póliza colectiva, y además, es quien sufrió el accidente de tránsito por el cual está solicitando que el ente asegurador aplique la póliza mencionada para que se indemnice a los terceros afectados (hermanos del fallecido [Nombre 008]). Esto quiere decir que solamente la señora [Nombre 001] cuenta con la aptitud necesaria para pedir los extremos patrimoniales de su póliza, que es justamente el objeto de este proceso civil de hacienda, dado que la relación jurídica que da lugar al presente conflicto se produjo entre la señora [Nombre 001] y el Instituto Nacional de Seguros, siendo éstos dos sujetos de derecho los únicos con la condición jurídica idónea para ser parte actora y parte demandada en esta causa civil de hacienda, todo ello en estricta sujeción al objeto del proceso. Lo anterior con fundamento en el artículo 10 inciso 1 subinciso a del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dice: "Artículo 10.

Estarán legitimados para demandar: a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos". Esta norma debe ser concordada con los numerales 9 inciso b y 10 inciso 4) del mismo cuerpo legal, que al efecto señalan, por su orden: "b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios independientes o autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en estructuras formales de personas jurídicas. Para el reclamo de daños y perjuicios en los supuestos de este apartado, será necesario comprobar la titularidad de la situación jurídica lesionada de quien demanda. Igual regla se aplicará para los supuestos contenidos en los apartados c) y d) del artículo 10 de este Código". "4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o el restablecimiento de una situación jurídica, con reparación patrimonial o sin ella". Pues bien, en este caso, la persona asegurada bajo la póliza que aquí se exige aplicar, es la señora [Nombre 001], por tanto, sólo ella puede accionar en vía jurisdiccional para pedir, para sí, que se le indemnice conforme con las coberturas del seguro que pagó al Instituto Nacional de Seguros, siendo notorio que lo que se invoca aquí es un derecho subjetivo a partir de la relación jurídica comercial del contrato de seguro convenido entre la señora [Nombre 001] y el Instituto Nacional de Seguros, y que, justamente, constituye el título que la habilita para peticionar su aplicación y eventual indemnización. En este punto, es relevante hacer notar que en el proceso contencioso administrativo no cabe la legitimación vicaria, la cual está reservada para los recursos de amparo y de hábeas corpus ante la jurisdicción constitucional, por medio de la cual se permite que el recurso sea presentado tanto por la persona directamente afectada en sus derechos subjetivos, como por terceras personas que lo hacen en su favor, tal y como lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional a partir del artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, cabe aclarar que, en estricta sujeción a la pretensión, en este asunto no se está discutiendo ni se está invocando la afectación de intereses o derechos de carácter general, gremial o corporativo, ni mucho menos de intereses difusos o colectivos, en los términos del inciso 1 subincisos b y c del numeral 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Estos últimos corresponden a lo que se ha dado en llamar como "legitimación supraindividual", que claramente está condicionada y limitada al ejercicio de acciones de protección de intereses de orden grupal, no así para las peticiones que tienen un carácter meramente individual, como lo son justamente la invocación de derechos subjetivos, tal como ocurre en este caso. Esto ha sido explicado con claridad por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al referirse a la legitimación supraindividual así: "De dicho precepto, es evidente, no solo existe voluntad legislativa a efecto de que las organizaciones de consumidores participen como instrumentos para la defensa de sus intereses económicos, sino además, que tales gremios se encuentran legitimados para accionar en sede jurisdiccional, sea como parte, o en calidad de coadyuvantes, con fundamento en la defensa de un interés supraindividual, el cual es en esencia difuso, y que por serlo, no deja de integrar la categoría mas amplia, de los intereses legítimos. Se trata pues de un interés transindividual, que no puede hacerse recaer en un sujeto determinado, sino en un grupo indefinido. No se limita a estructuras formales de asociación, puesto que sus contornos son indivisibles, caracterizados por una vinculación entre los interesados, sustentada en un hecho o circunstancia de hecho, o relación preexistente, común o afín a esa colectividad. Así, la participación de la actora en el proceso, no está supeditada a la existencia de intereses legítimos, entendidos como intereses individuales de sus agremiados; sino que surge de intereses difusos". (Sentencia N°973-F-S1-2013, de las 10:40 horas del 1 de agosto de 2013). A partir de lo que señala la Sala Primera, es pertinente precisar que si bien las organizaciones de consumidores pueden actuar directamente como parte en un proceso jurisdiccional, lo pueden hacer estrictamente para la defensa de intereses difusos, no para la petición de derechos subjetivos, aún si tratara del derecho subjetivo de uno de sus agremiados. Esto se confirma a partir del texto expreso del artículo 54 de la Ley 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), que al efecto dispone así: "Las organizaciones de consumidores están legitimadas para iniciar como parte o intervenir, en calidad de coadyuvantes, en los procedimientos ante la Comisión Nacional del Consumidor y ante los Tribunales de Justicia, en defensa de los derechos y los intereses legítimos de sus asociados. La coadyuvancia se rige por lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil". Como bien se desprende de la norma legal transcrita, el legislador le confirió legitimación a las organizaciones de consumidores solamente para "iniciar como parte" o "intervenir" como coadyuvante, en defensa de los derechos e intereses legítimos de sus asociados, pero no para pedir, en un proceso jurisdiccional, el pago de daños y perjuicios de carácter individual, por tratarse de derechos subjetivos, según se explicó antes, de conformidad con el numeral 10 del CPCA. Esto no ocurrió en el presente caso, porque la señora [Nombre 001] como titular del derecho subjetivo que invoca como afectado, lo que hizo fue afiliarse a la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO), tal como puede observarse a imagen 14 del expediente, pero esa afiliación lo único que le permitía a la APRODECO era constituirse como parte co-actora o como coadyuvante de la señora [Nombre 001], en defensa de sus intereses, pero nunca sustituirla para pedir en nombre suyo derechos subjetivos patrimoniales que solamente ella podía reclamar por ser la asegurada de la póliza que se exige aplicar en este asunto. Distinto habría sido que la señora [Nombre 001] le hubiese dado un poder directamente al representante de la organización, pero en tal caso lo que habría operado es un contrato de mandato en los términos de los artículos 1251 y siguientes del Código Civil. En autos lo que consta es la representación de la abogada Adriana Rojas Rivero como representante judicial y extrajudicial de APRODECO, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, pero no existe ningún poder otorgado por la señora [Nombre 001] a favor de la abogada Rojas Rivero, por lo que no existe ningún titulo jurídico que habilite a la referida organización para actuar como parte actora en esta litis, en estricta sujeción a su objeto procesal, que consiste en pedir la aplicación de la póliza de seguro de automóviles voluntario número 01-20-AUT-0131014-00 (hoy 02-20-AUT-0040015-02), cuya asegurada es [Nombre 001] y que se indemnice un monto de ochenta millones de colones para pagar daños ocasionados a terceros. En consecuencia, con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, procede acoger la excepción de falta de legitimación activa y declarar inadmisible la demanda formulada”. Este antecedente judicial, fue puesto en conocimiento ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, a través del voto 1609-F-S1-2022 de las nueve horas y cincuenta y un minutos del catorce de julio de este año, confirmando el señalado fallo, reiterando que, desde vieja data, se ha señalado que los entes corporativos pueden accionar en tanto defiendan los intereses colectivos que originan su nacimiento, mas no así, las relaciones jurídico concretas de sus asociados. Así las cosas, estima esta Cámara que, efectivamente, en el presente asunto la parte accionante carece de la legitimación activa requerida para poder demandar los daños y perjuicios pretendidos los cuales, como ya se advirtió, se derivan de relaciones jurídicas individualizadas que repercuten únicamente sobre la esfera jurídica de las partes suscribientes de los contratos de compra venta a plazos de los desarrollos inmobiliarios señalados en la demanda y la tutela de fiscalización ejercida sobre dichos proyectos por parte del Estado en relación con las empresas desarrolladoras, por ende, al no estar vinculada de forma alguna la Asociación demandante en una relación jurídica material que le permita reclamar los daños y perjuicios pretendidos, no se constituye el presupuesto material de legitimación para la estimación de la presente demanda y así debe declararse. Consecuentemente, se acoge la defensa de falta de legitimación activa y por la forma en como se resuelve se torna innecesario el pronunciamiento sobre la falta de derecho alegada y el análisis respectivo del presupuesto de falta de interés actual.

LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal no ubica algún motivo para exonerar en costas, por lo que procede imponerlas a cargo de la Asociación actora, situación que ha sido ya analizada en casos como el presente por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el señalado voto 1609-F-S1-2022.