Resolución 00040-2022

En fecha 12 de diciembre de 2017, la sociedad actora, interpone proceso de conocimiento en contra del Estado, formulando las siguientes pretensiones: "1. Que el precio establecido en la sentencia No. 3166-2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 16 horas del 30 de Noviembre de 2010, dentro del expediente No. 06-001369-0163-CA, como reposición del bien expropiado a mi representada, es inválido, puesto que no es real, justo ni legal, ni corresponde con el valor de mercado con el que debió fijarse.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada el precio real, legítimo y justo del bien que le fuera expropiado, conforme a las reglas de mercado existentes a la fecha del acuerdo expropiatorio, según se determine mediante auxilio pericial emitido al respecto, de modo que alcance suma suficiente para la plena restitución del bien expropiado en idénticas condiciones.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, la afectación o lesión que, como consecuencia de la expropiación parcial, se produjo al resto del inmueble que se mantuvo bajo su propiedad que no ha sido pagada.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, el costo y timbres para el levantamiento e inscripción que refleje la realidad actual de la topografía, medida y linderos del resto de finca.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, el costo y honorarios de la confección de las escrituras públicas de rectificación de plano y de rectificación de linderos.

Que el Estado deberá reconocer y pagar la pérdida de oportunidad que mi representada tuvo, a consecuencia de la expropiación efectuada y que no fue cancelada de previo con el justo precio.

Que el Estado deberá indexar todas las sumas concedidas desde el dictado del acuerdo expropiatorio y hasta su efectivo pago.

Que el Estado deberá pagar a mi representada, los intereses legales sobre todas y cada una de las sumas que se otorguen en sentencia, desde la fecha en que fue puesto en posesión del inmueble expropiado y hasta su efectivo pago que no hayan sido pagadas.

Que el Estado deberá pagar a mi representada ambas costas del presente proceso". (Ver demanda en imágenes 1 a 23 y minuta audiencia preliminar en imágenes 218 a 219 y 243 a 245 del expediente digital judicial).-

Otorgado el traslado de ley, el Estado se opone a la acción, solicitando se declare sin lugar la demanda y el pago de costas e intereses. Aunado a lo anterior, interpone las defensas de cosas juzgada, caducidad y prescripción y la excepción de falta derecho. (Ver imágenes 165 a 193 del expediente digital judicial).-

La audiencia preliminar fue celebrada los días 17 de mayo de 2018 y 7 de noviembre de 2018, con la presencia de los representantes de todas las partes. (Ver minuta en imágenes 218 a 219 y 243 a 245 y registro audiencias en expediente digital judicial).-

El juicio oral y público, fue celebrado el día 31 de marzo de 2022, con la participación de todas las partes. En dicha audiencia se recibe la prueba pericial y testimonial admitida en la audiencia preliminar y se otorga un plazo de tres días para que realicen por escrito conclusiones. (Registro de la audiencia en expediente digital judicial).-

Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, sin contabilizar el cierre colectivo de Semana Santa, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.-

Redacta la Juez Miranda Alvarado, con el voto afirmativo de los juzgadores Bolaños Salazar y Mejías Rodríguez.-

DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente:

En el año 1991, por decreto ejecutivo número 20518-MIRENEM del 09 de julio de 1991 y al amparo de la Ley 7524 del 16 de agosto de 1995, se crea el Parque Nacional Marino Las Baulas, ubicado en Playa Grande, en Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste. (Hecho no controvertido);

En el año 2004, se inscribe por compraventa realizada entre la sociedad Tamarindo Mar Vista Estates, S.A. y la sociedad Brigantina del Orfebre Espartano S.A., cuyo objeto fue la finca del Partido de Guanacaste, número 130541-000, por un momento de trescientos setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho dólares, la cual se ubica en el distrito 8, Cabo Velas, Cantón 3, Santa Cruz y que en ese momento contaba con una medida de 7299,16 metros cuadrados. Dicho inmueble se inscribe a nombre de la acá actora. (Hecho no controvertido y folios 11 a 14 y 83 y 84 (foliatura original) del Tomo I del expediente administrativo);

La Municipalidad de Santa Cruz en fecha 18 de mayo de 2007, certifica que la finca del Partido de Guanacaste, número 130541-000, a nombre de la actora con un área de 7,299,16 metros cuadrados tenía un valor imponible de ¢177.985,500 colones. (Ver folio 76 (folio original) del Tomo I del expediente administrativo);

En los años 2005 y 2006, el Estado a través del Ministerio de Ambiente y Energía, procede a realizar la declaratoria de interés público para la adquisición de un área de 2860,08 metros cuadrados de la finca del Partido de Guanacaste y número 130541-000, descrita en el plano G-1006602-2005, esto con el fin de que se registrara como parte del Parque Nacional Las Baulas, siendo que en La Gaceta del 27 de noviembre de 2006, se publica el acuerdo expropiatorio. (Ver imágenes 30 a 34 del expediente digital judicial y folios 1 y 2 del Tomo I de expediente administrativo);

Al no aceptarse por parte de la acá actora el avalúo administrativo, se procedió a interponer en el Juzgado Contencioso Administrativo, el proceso de expropiación bajo el expediente número 06-001369-0163-CA. (Ver Tomos I y II del expediente administrativo);

En el expediente número 06-001369-0163-CA, se dictó la sentencia número 3166-2010 de las 16:00 horas del 30 de noviembre de 2010, en la cual se establece como precio a pagar por el lote expropiado, la suma de ¢20.592.576,00, acogiendo el avalúo administrativo y un valor de ¢7.200 colones el metro cuadrado. (Ver folios (numeración original) 519 a 537 vuelto del tomo II del expediente administrativo);

La sentencia número 3166-2010 de las dieciséis horas del treinta de noviembre del dos mil diez, del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la parte considerativa señaló lo siguiente: "(...) V- ELEMENTOS PROBATORIOS. La labor del Juzgador además de verse materializada en la revisión del avalúo administrativo, tiene como función primordial definir el precio actual del bien que el Estado debe resarcir al expropiado. Dado que la definición del precio justo corresponde a criterios técnicos y algunas veces muy especializados, ajenos a la ciencia del Derecho, el Juez debe buscar auxilio de expertos que le den luz en esos campos y con base en los dictámenes que los profesionales rindan y luego de un análisis integral, en conjunto de los mismos, poder definir el monto definitivo de la indemnización. De esta forma, se cuenta un avalúo administrativo, un peritaje judicial, y una serie de pruebas aportadas por las partes que servirán de base para la definición del precio justo final a indemnizar; el avalúo administrativo estableció un monto a indemnizar por ¢20.592.576,00 y el peritaje judicial consideró que el terreno a expropiar tiene un precio de ¢1.264,155.360,00, para una diferencia entre ambos montos de ¢1.243,562.784,00, en otras palabras, el precio determinado por el perito judicial es 60,38 veces mayor que el establecido en el avalúo administrativo, y debe procederse a la definición del precio justo. VI- AVALÚO Y PERITAJE RENDIDO: El avalúo administrativo y los peritajes judiciales, en este caso solo uno, constituyen los límites máximo y mínimo que el Juez posee para fijar el justiprecio; esos estudios se complementan con los elementos probatorios aportados por las partes, por lo que se procederá a su análisis: a) Avalúo administrativo: Fue emitido en setiembre de 2006 y corresponde a una inspección en el inmueble realizada el 8 de setiembre de 2006, y para la definición del precio empieza citando el motivo del avalúo; posteriormente, consigna la localización del inmueble, su posesión y superficie. Una vez establecidos esos elementos generales, procede con la descripción detallada de la zona, su ubicación, características del Parque Nacional Marino Las Baulas, su creación, finalidad, situación y uso actual, localización, acceso, población, auge turístico, actividades de la población, establecimientos, inversión, proyectos turísticos y urbanísticos, servicios públicos básicos y comunales, desarrollo comercial, topografía, vías de comunicación y zona de influencia directa del Parque. Posteriormente el estudio administrativo describe el inmueble a expropiar, su localización, ubicación, estado actual, delimitación, linderos, topografía, nivel respecto a vía pública y a zona marítimo terrestre, frentes, servicios públicos, recursos naturales, belleza escénica, auge turístico y situación registral. Define en ¢7.200,00 el metro cuadrado de terreno, atendiendo las características de la zona (Parque Nacional Marino Las Baulas y Refugio de Vida Silvestre Tamarindo, desarrollo turístico, servicios públicos, privados, vías de acceso y cercanía a centros de población), características propias del inmueble (colindancia con el Parque, condición, frentes, topografía, uso actual y potencial así como acceso a servicios), método comparativo y procedimientos técnicos para la realización de avalúos, investigación de valores en la zona (ofertas, ventas opiniones de peritos y personas conocedoras de la región y trabajos de valoración realizados por la Dirección General de Tributación), el motivo del avalúo y criterio del perito de Tributación.  En total, el avalúo administrativo define una indemnización de ¢20.592.576,00, correspondiente a 2860,08 metros cuadrados.- b) Peritaje del Ingeniero Espinoza Murillo: Fue aportado el 21 de febrero de 2007 y para la definición del justiprecio inicia indicando la metodología utilizada (estudio de registro, planos de catastro, bienes inmuebles de la Municipalidad de Santa Cruz, consultas a Century 21, corredores de bienes raíces independientes, visita al sitio y llamadas para verificar precios de rótulos colocados en puntos cercanos al sitio con características similares). Posterior a eso, procede con la localización del inmueble a expropiar, indicando su topografía, características de la zona donde está ubicado, situación registral, área, forma, accesos, suelos, vegetación, mejoras introducidas al inmueble, uso actual y potencial del terreno y de la zona. Para valorar el terreno, destaca el área de influencia del lugar, así como las playas existentes en la zona; agrega que la gran mayoría de los terrenos que se ofrecen en condiciones similares cuentan entre los 500 y 5.000 metros cuadrados, con frente al mar entre los 20 y 150 metros lineales y su valor oscila entre $1.000.000,00 y $3.000.000,00; indica que este tipo de fraccionamiento que se ha hecho corresponden a personas con muy alto poder adquisitivo. Considera el perito que el lote es bastante singular pues sus características son un tanto particulares, ya que tiene acceso directo a la playa y los otros lotes tienen forma rectangular, y si se le quita el acceso a la playa hay que buscar otro sendero de varios cientos de metros, y añade que no se le puede asignar un valor muy alto a los terrenos que se alejan un tanto de la playa con base a recorrido por las zonas contiguas a la bahía de Tamarindo y que los lotes contiguos a la zona inalienable tienen valores entre $500,00 y $1.500,00. Estima que de acuerdo a la ubicación, posición e infraestructura existente, se inclina por un precio intermedio entre los expuestos, a saber $850,00 por metro cuadrado, cantidad que multiplicada por el área a expropiar, da un total de $2,431.068,00,00 por el terreno, cantidad que convertida a colones da como resultado ¢1.264,155.360,00. Finaliza diciendo que los valores dados son altos producto del auge que ha tomado la zona para los inversionistas extranjeros, que han visto y encontrado en nuestras playas las facilidades de acceso, comunicación, infraestructura, comodidades y belleza natural, lo mismo que un clima agradable. Agrega que $1,000.000,00 ha dejado de ser una cifra imposible de obtener y manejar, por lo que la mayoría de las propiedades que se cotizan son adquiridas por personas de muy alto poder adquisitivo. Una vez analizados los dos estudios, se procede a la definición del justiprecio, tomando en cuenta además, los elementos probatorios aportados por las partes. VI- FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO: La expropiación no puede generar un beneficio indebido ni para el Estado que expropia ni para la parte que es expropiada; debe darse un equilibrio entre ambos. De conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política y el 30 de la Ley de Expropiaciones, estas diligencias judiciales, aparte de revisar el avalúo administrativo, sirven para definir el precio actual del bien que el Estado debe resarcir al expropiado, por lo que se busca dejar a las partes en igualdad de condiciones a las que tenían antes de que se produjera el hecho, de modo tal, que el desposeído, con el precio que se le asigne, pueda al menos compensar lo que le ha sido quitado, evitando de ese modo, un enriquecimiento injusto para cualquiera de las partes involucradas, por ese motivo es que procedemos a definir ese precio. a) Diferencia de peritajes: Si se comparan la valuación administrativa y el peritaje judicial, se determina que el perito Espinoza otorga un valor 60,38 veces mayor al otorgado por la Administración Tributaria de Puntarenas, es una amplia diferencia que el profesional justifica, entre otras cosas, por el auge que ha tomado la zona para inversionistas extranjeros así como por las bellezas existentes en la región y el clima natural y político. b) Revisión del avalúo administrativo: El perito Espinoza no revisa pormenorizadamente el avalúo administrativo, ni tampoco explica detalladamente las razones de separarse del mismo; ha sido criterio jurisprudencial reiterado que esa revisión a que hace alusión el artículo 36 de la Ley de Expropiaciones pasa a un segundo lugar de prioridad si la descripción del inmueble a expropiar, la descripción de la zona y los métodos utilizados, son realizados en forma adecuada y se dan razones que sustenten el valor determinado. En las presentes diligencias, el perito se limita a describir el auge de la zona para los inversionistas extranjeros de alto poder adquisitivo y el aumento acelerado de la plusvalía en los alrededores, pero la descripción del terreno y de la zona, así como los métodos utilizados, no son adecuados, por ejemplo, se alude a un rango muy variable de precios, sin citar ningún dato concreto, referencias a consultas llevadas a cabo, cuadro de datos obtenidos, etcétera. La justificación de un valor más de sesenta veces superior al sometido a examen ameritaba, para comenzar, el señalamiento las deficiencias del estudio analizado, y a continuación, emitir un criterio fundamentado; en este caso, por el contrario, las vagas referencias al mercado inmobiliario circundante, la carencia de datos que respalden que se llevó a cabo una comparación metódica con inmuebles de condiciones similares, así como la carencia de un razonamiento válido y estructurado que desvirtúe el avalúo administrativo, son obstáculos insalvables para confirmar el valor asignado al terreno por el perito judicial. c) Terrenos valorados: Adicionalmente, es necesario resaltar que todos los terrenos que se encuentran en la zona del Parque Marino Las Baulas no pueden valorarse ni mucho menos puede pretenderse cobrarse por estos sumas exorbitantes como si se tratara de terrenos aptos para construir o desarrollar proyectos turísticos o inmobiliarios sin ninguna restricción; es muy diferente adquirir un inmueble mediante la negociación con el propietario que adquirirla para satisfacer un interés público; en la negociación entre inversionistas por ejemplo, se suben o bajan los precios dependiendo la zona, la vista, los servicios, los planes de desarrollo a corto o largo plazo o la libre voluntad y deseo de las partes, y sobre todo, pensando en las ganancias económicas a obtener, tanto por el propietario como por el inversionista; pero en el caso de una expropiación para satisfacer un interés público, no sucede lo mismo; el Estado no busca lucrar ni obtener ganancias a costa del propietario, por lo que no se pueden considerar circunstancias especulativas del mercado inmobiliario de la zona para definir el precio justo, las descritas son, entonces, dos situaciones diametralmente diferentes. Son diferentes porque el propietario de los terrenos ubicados dentro del Parque. no puede pretender el mismo provecho económico o ganancia que el esperado en un sitio fuera de sus límites, porque obviamente los atributos del derecho de propiedad, especialmente el de construcción, están limitados; se trata de una restricción que no lo tienen todos los inmuebles de la zona, sino solamente aquellos ubicados dentro de los límites del Parque y eso incide en el valor. No se puede olvidar que las diligencias expropiatorias procuran que con la determinación del justoprecio de un terreno objeto de expropiación el propietario quede en condiciones iguales a las que tenía antes de iniciarse la expropiación, se busca una indemnización justa que le permita al expropiado buscar otro terreno con iguales condiciones, evitando de ese modo un enriquecimiento sin causa para las partes; ahora bien, atendiendo a lo dicho anteriormente no puede dejarse de lado que las propiedades consideradas por el perito Espinoza abarcaron una zona muy amplia, incluyéndose por tanto propiedades que no poseen las restricciones de los terrenos ubicados dentro de los límites del Parque, el propio perito expone que los valores entre $500 y $1.500 fueron obtenidos en un recorrido por la Bahía de Tamarindo, área en la cual existen terrenos incluidos dentro de los límites del Parque Nacional Las Baulas de Guanacaste, y otros que no (ver folios 26 -párrafo final- y 27). Considerado lo anterior, sería injusto y crearía un enriquecimiento sin causa para la parte expropiada valorar el terreno expropiado, sujeto a las limitaciones y restricciones del Parque, comparándolo con terrenos costeros que no están sujetos a dichas afectaciones; por cuanto el inmueble debe valorarse en función de sus afectaciones y características particulares, que lo distinguen del resto de lotes en la zona. d) Adquisición del inmueble: La adquisición de la propiedad por parte de la sociedad expropiada se dio con posterioridad a la creación del Parque Marino Las Baulas, por lo que de antemano se conocían las limitaciones de uso y disfrute que soportaba el inmueble; no puede dejarse de lado que el propietario de terrenos en esas condiciones nunca va a poder sacarle el mismo provecho que a un terreno ubicado fuera de los límites del Parque sin restricción alguna, como los que consideró el perito Espinoza. Sobre este particular se observa que fue aportada por la representación estatal una certificación de la escritura de adquisición del inmueble afectado por el acto expropiatorio, folios 81 a 85, de conformidad con la cual, la transacción que constituyó a Brigantina del Orfebre Espartano S.A. en su propietaria se realizó el 20 de enero de 2004, valga anotar que el precio por la adquisición de la totalidad del inmueble fue la suma de $379.568,00, correspondientes a un valor unitario por metro cuadrado de aproximadamente $52,00.- e) Factor temporal: Tampoco puede considerarse justificado en el tiempo transcurrido el procedimiento del perito, quien en lugar de contemplar en su estudio la revisión del avalúo administrativo realiza una valoración nueva, como sostiene el órgano procurador en su alegato visible en folios 48 y siguientes. En primer lugar, porque en cumplimiento de su deber debió considerar el criterio administrativo y si lo consideraba desactualizado llevar a cabo una justificación expresa. En segundo lugar, porque analizada la cronología de los actos atinentes a estas diligencias, se observa que no existen dilaciones injustificadas imputables al Estado que pudiesen motivar que se considere desactualizado el avalúo judicial. Por una parte, el criterio administrativo fue emitido en setiembre de 2006, el depósito del valor determinado en este se completó el 16 de noviembre de dos mil seis, y las diligencias fueron promovidas el 30 de noviembre de 2006, es decir, median menos de dos meses entre la emisión del avalúo, su comunicación, y el inicio de las diligencias expropiatorias en sede judicial, incluido el depósito de la indemnización. Por otra parte, entre la confección del avalúo administrativo y el peritaje judicial, aportado a los autos en febrero de 2007, median menos de seis meses. f) Análisis de otros medios probatorios aportados por las partes y admitidos como prueba para mejor resolver: Se comenzará por los elementos aportados por la entidad promotora de las diligencias, y se continuará con los proporcionados por la propietaria del inmueble afectado por el acto expropiatorio. f.1) Oficios de la Dirección General de Tributación referidos al avalúo administrativo y el peritaje judicial (folios 64 a 79). El oficio VA-138-2007, aportado por la representación estatal, concluye que el criterio del perito judicial "...no refleja el comportamiento del mercado dadas las características del inmueble valorado y las evidencias de mercado..." (ver folio 64). En la fundamentación de lo expuesto se retoman algunos aspectos señalados en los puntos precedentes de esta resolución, en especial "...la limitación de no tener el detalle de las referencias utilizadas por el valuador (...) no se describen las características de los comparables (inmuebles transados u ofertados), tales como: ubicación, dimensiones, frente a la vía pública, disponibilidad de servicios públicos, etc." (ver folio 68). Anteriormente se señaló que aspectos como el indicado son suficientes para no confirmar los resultados del peritaje, pero además, el oficio al cual se hace referencia enfatiza otros elementos de importancia que demeritan el análisis del perito Espinoza Murillo, como las existencia de características de importancia en el valor de mercado de un inmueble que se obviaron o no son exactas. En el informe de revisión se alude en este sentido al tema del acceso a servicios públicos, inexistencia de frente a vía pública, y a que el acceso por medio de servidumbre no era transitable para vehículos, y a que esas circunstancias debieron motivar ajustes en el valor, concretamente su disminución (folio 69). El oficio ATP-06-AV-05-2007 se desarrollan los aspectos metodológicos y el detalle de los cálculos que sustentan el avalúo administrativo. En cuanto a lo primero, se expresan los fundamentos del método comparativo y los datos correspondientes al lote tipo determinado en el caso concreto. En el folio 74 se resume la comparación del área objeto de expropiación con el lote tipo, cuyo valor unitario es de ¢14.000,00. Se observa que son aspectos desvalorizantes la carencia de servicios de electricidad, agua potable, alumbrado y telefonía, así como el uso, pues se trata de un terreno bajo un régimen de protección. El terreno a expropiar es concordante con el lote tipo en aspectos como tipo de vía (arena) regularidad, inexistencia de pendiente, y ubicación medianera. Aplicando las fórmulas y factores propios de la metodología, se obtiene el valor unitario por metro cuadrado del área a segregar de ¢7.200,00.- f.2) Certificación de la escritura de adquisición de la finca afectada por el acto expropiatorio (folios 81 a 85). Sobre su contenido, tanto en lo referente a la fecha de adquisición del inmueble, como en cuanto al monto de la transacción, ya se hizo referencia en los puntos precedentes. Sobre este particular el órgano procurador expone en folio 61, que si se compara el precio indicado en el documento, con el del peritaje judicial, entre enero de 2004 y la fecha del criterio del Ing. Espinoza Murillo, el inmueble habría tenido un incremento en su valor de 1635%. Sobre el particular el suscrito Juzgador reitera que el informe pericial no contiene elementos que fundamenten de manera suficiente el valor otorgado al terreno objeto de expropiación, tampoco se expone en el ningún factor que explique un incremento tan acelerado del precio en un lapso de aproximadamente treinta y seis meses, el cual de acuerdo con las reglas de la  sana crítica no resulta verosímil en un período tan corto.- f.3) Certificación del valor imponible de la finca Nº 5-130.541-000 emitida por la Municipalidad de Santa Cruz (folio: 86). Se trata de un documento emitido el 18 de mayo de 2007, y en el cual se otorga a la finca completa un valor de ¢177.985-500,00, en virtud de lo cual el valor unitario por metro cuadrado corresponde a ¢24.384,38. En criterio de este Juzgador, los valores que constan en las Municipalidades no son pertinentes para efectos de un proceso expropiatorio, no sólo porque algunas entidades territoriales mantienen bases de datos desactualizadas o una parte de los contribuyentes registra sus propiedades con valores ínfimos con el objetivo de reducir el pago de impuestos, sino principalmente porque con la simple certificación del valor imponible no existe posibilidad de revisar la metodología que llevó a la asignación de ese valor, de modo tal que este aspecto no puede demeritar el avalúo administrativo, ni el peritaje judicial, aún cuando sea ostensible que se encuentra más cercano al primero que al segundo.- f.4) Oficio suscrito por el Jefe de Crédito de la Sucursal Santa Cruz del Banco Nacional de Costa Rica (folio 87). El documento se refiere al valor de mercado de terrenos ubicados en Playa Grande, Distrito Cabo Velas, Cantón de Santa Cruz, y fue emitido el 21 de junio de 2007. Se presentan cinco datos con características y valores muy diversos, desde el valor más bajo, ¢2.000, por metro cuadrado, hasta el máximo, de $285.00 por metro cuadrado. Las características de los inmuebles que se suministran son tan pocas y vagas, que no se puede obtener ninguna conclusión válida sobre tales datos, además que se desconoce la metodología que utiliza la entidad bancaria para la asignación del valor unitario. Por ejemplo, se podría señalar que los terrenos con frente a playa son más valiosos que los que carecen de ella, no obstante, una comparación válida requeriría saber si ese valor toma en cuenta restricciones constructivas u otro tipo de afectaciones.- f.5) Certificaciones de informes periciales rendidos en otros procesos expropiatorios (folios 90 a 103 y 237 a 217). El contenido de los documentos cuyas copias certificadas constan en el expediente, evidencia que corresponden a peritajes judiciales emitidos en diligencias expropiatorias relativas a propiedades cuyas características son similares a las del inmueble objeto de este proceso, básicamente todos los terrenos se ubican en el Cantón de Santa Cruz y su adquisición forzosa tiene lugar porque se ubican dentro del área correspondiente al Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste. A continuación se presenta un cuadro resumen que contiene los datos relativos al profesional que emite el criterio, expediente al cual corresponde, fecha de emisión y finca objeto del acto expropiatorio, así como el valor unitario asignado.(... cuadro). En general, los criterios son cercanos en el tiempo al avalúo administrativo y al peritaje judicial, únicamente los dos últimos a los que se hace referencia, son posteriores en más de un año a estos. Por un parte, existe una gran variabilidad en el valor asignado en cada caso, por tanto se carece de una tendencia definida, por otra parte, tampoco se considera válido obtener un promedio y compararlo con los resultados del avalúo administrativo o el peritaje judicial con miras a confirmar o rechazar los resultados en ellos consignados. Por otra parte, se puede concluir que los valores consignados difieren grandemente del consignado por el perito Espinoza Murillo, no obstante, esta no es una circunstancia que por sí misma desautorice ese criterio, por cuanto una diferencia, aunque sea de gran magnitud, sería sustentable si se encontrara suficientemente motivada, pero, como se ha enfatizado en los apartados precedentes, eso no sucede con el estudio del perito judicial con que se cuenta en este proceso.- f.6) Certificaciones notariales de documentos emitidos por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (folios 435 a 453). La representación del Estado aporta como pruebas los oficios DIG-038-09 y ASUB-043-2009, referentes a la situación del recurso hídrico y su explotación en la zona donde se ubica la propiedad objeto del acto expropiatorio. De conformidad con el primer documento, desde el año 2003 la perforación de pozos en las zonas bajas de los sistemas acuíferos de Huacas Tamarindo y Costeros Norte, se encuentra restringida por disposición institucional, dado el riesgo de sobreexplotación y contaminación de sus aguas por intrusión salina (ver folio 440). Nótese de nuevo que el terreno afectado por el acto expropiatorio fue adquirido en el año 2004, es decir, con posterioridad a las restricciones en materia de perforación de pozos en la zona donde se ubica.  En el mismo folio se agrega que la regulación en la perforación de pozos implica una limitante para el desarrollo de nuevas actividades económicas en la zona costera de Santa Cruz, debido a la falta de fuentes cercanas que permitan cubrir la demanda de agua, cualquiera que sea su uso. Por su parte, los mapas contenidos en el segundo documento citado, folios 450 a 453 del expediente judicial, concordados con el mapa aportado en el informe del perito judicial, ver folio 32 del expediente judicial, y el visible en folio 128 del expediente administrativo, aportado por la parte expropiada, en una zona de manto acuífero, con profundidad menor a cinco metros y vulnerabilidad extrema. En las zonas de vulnerabilidad extrema, según consta en la matriz visible en folios 448 a 449 del expediente judicial, no se debe permitir "desarrollo urbanístico", "actividad ganadera", "actividad agrícola" y "otras actividades (comercio, industria, depósitos, etc.)". La situación evidenciada con estos documentos, referida al problema con el recurso hídrico en la zona de Guanacaste donde se ubica el inmueble objeto del acto expropiatorio, efectivamente va a constituir un problema de demérito de la propiedad analizada que no fue tomado en consideración por el perito Espinoza a la hora de realizar su pericia; el profesional destacó el auge turístico y urbanístico de la zona, pero no contempló un factor de demérito de las propiedades de la zona, como son la escasez de los recursos hídricos y las restricciones para su aprovechamiento. f.7) Estudio titulado "Consideraciones económicas sobre el valor de los terrenos expropiados en el Parque Nacional Marino Las Baulas Playa Grande, Guanacaste", elaborado por José Pablo Rivera Ibarra y Tania Robles Cascante para The Leatherback Trust, fechado marzo de 2008. (folios 454 a 494). La representación estatal aporta certificación notarial del documento que contiene el citado estudio, y referido a consideraciones económicas sobre el valor de los terrenos expropiables en el Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande de Guanacaste; en dicho estudio se puntualiza que Playa Grande, zona en la cual se ubica el inmueble cuya afectación motiva las presentes diligencias, no posee las mismas características de otras playas cercanas de enorme plusvalía como Tamarindo o Flamingo; no es lo mismo comprar un terreno en esas dos últimas playas, donde no existen restricciones adicionales ni afectaciones a los atributos del derecho de propiedad, que comprar en Playa Grande, donde desde antemano el comprador conoce las restricciones a que estará sometido su terreno por estar en una zona de Parque Nacional. Como bien lo indica el informe citado: "Playa Grande por tanto, no puede equipararse a dichas playas, por lo que considerar precios de referencia directamente extraídos de estas zonas costeras, induce a un error en la valoración del denominado justo precio. (...) Lo cierto, es que no es real pensar que la compensación monetaria otorgada por el Estado por un terreno en Playa Grande debe ser suficiente para comprar un terreno en Tamarindo o Flamingo" (folio 467 del expediente judicial). En cuanto a la contextualización de Playa Grande en el área costera guanacasteca el estudio citado indica: "No obstante, los terrenos que se evalúan en Playa Grande (...) poseen una serie de limitaciones muy severas, mismas que no poseen los terrenos de alta plusvalía en la provincia. Esto se debe esencialmente a su ubicación dentro de los límites de un Parque  Nacional, bajo la tutela administrativa  del Ministerio del Ambiente, ente que debe otorgar los permisos respectivos para el desarrollo e implementación de cualquier nueva infraestructura, por más pequeña que esta sea" (folio 468 del expediente judicial).- El perito Espinoza en su informe señala que: "Es importante hacer notar que el área de influencia es la bahía de Tamarindo y sus alrededores y entre las playas que componen esta, encontramos playa Ventana, playa Grande, playa Langosta y por supuesto Tamarindo" (folio 26 del expediente judicial). Agrega que: "La gran mayoría de los terrenos que se ofrecen en condiciones similares al que necesitamos obtener su costo, cuentan entre los quinientos y cinco mil metros cuadrados, con frentes al mar entre los veinte y cincuenta metros lineales y su valor oscila entre un millón y tres millones de dólares americanos" (folio 26 del expediente judicial). Por las razones que se han expuesto en esta sentencia y se reafirman con las consideraciones del estudio al cual se hace referencia, los terrenos de todas las zonas aludidas no pueden considerarse "terrenos similares", ya que aunque se ubiquen en la misma bahía y a muy poca distancia, el régimen legal y las afectaciones de los terrenos dentro del Parque, no son asimilables a las propiedades que se ubican fuera de dichos límites. Existe un obstáculo obvio para la comparabilidad entre unas y otras propiedades. Por otra parte, agrega el informe aportado por la representación estatal que: "El desarrollo inmobiliario en Tamarindo es radicalmente opuesto al de Playa Grande. Esto salta a la vista y se evidencia con la acelerada construcción de hoteles, centros comerciales y torres de condominios..." (folio 466 del expediente judicial). Agrega que: "Flamingo por su parte, desarrolla desde hace algunos años un proyecto de Marina que lo convierte en un sitio único en cuanto a este tipo de atracciones destinadas a un segmento de alto poder adquisitivo (mayormente extranjeros) lo que incide en los elevados precios de sus terrenos" (folio 466 del mismo expediente). Y finalmente el estudio señala que: "...en el caso de ambas playas (refiriéndose a Tamarindo y Flamingo), el frente al mar tiende a garantizar dos aspectos importantes de valoración: el acceso a la playa y la vista. En el caso de los terrenos considerados en Playa Grande, los accesos a la playa no son directos y la vista además no es directa al mar, sino más bien a la vegetación de dimensiones medias, misma que el Parque protege como barrera a la luminosidad que confunde y repele a la tortuga baula durante su desove" (folio 467 del expediente judicial, lo agregado entre paréntesis no es del original). En síntesis, este documento complementa observaciones realizadas en apartados previos y permite destacar el acierto del avalúo administrativo, en tanto el criterio que contiene sí toma en cuenta, como factores en la determinación del precio la existencia del Parque Nacional Marino Las Baulas y que el terreno expropiado forma parte de una zona de protección al desove de la tortuga Baula (ver folio 110 del expediente administrativo).- f.8) Certificación notarial de copias de informes registrales emitidos por el Registro Nacional, correspondientes a las fincas matrículas 5-042761-000, 5-042759-000, y 5-042763-000, pertenecientes a The Leatherback Trust, cédula jurídica 3-012-292175, ubicadas las tres en el Distrito 03 (Veintisiete de Abril), Cantón 03 (Santa Cruz), de la Provincia de Guanacaste. (folios 122 a 127). La parte expropiada argumenta que los terrenos a que hacen referencia los referidos informes se adquirieron en un precio equivalente a trescientos dólares el metro cuadrado (afirmación contenida en folio 120 del expediente judicial), no obstante, no se aporta escritura de traspaso u otro documento que respalde lo señalado, por el contrario, en los informes se señala que cada uno de los inmuebles tiene un valor fiscal de ¢10,524.150,00, tomando en cuenta que la cabida de cada una de ellas es de 800 metros cuadrados, se concluye que el valor unitario que arrojarían los documentos aportados es de ¢13.155,18, suma muy distante de los trescientos dólares, aplicando el tipo de cambio actual o el vigente en abril de 2008, cuando se aportó la prueba a la cual se hace referencia. Por otra parte, los informes registrales tampoco contienen elementos suficientes para, en caso de haberse comprobado el valor aludido, establecer una comparabilidad entre ellas y el inmueble objeto del acto expropiatorio. Por ende, los documentos analizados no demeritan el avalúo administrativo y la determinación del justoprecio en el contenida.- f.9) Certificación notarial de avalúos administrativos correspondientes a terrenos ubicados en el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (Folios 337 a 417). Todos los avalúos aportados, en total nueve, fueron realizados por funcionarios de la Administración Tributaria de Puntarenas y se solicitaron para iniciar trámites de expropiación. En el siguiente cuadro se resumen los datos de cada avalúo, en la columna de la izquierda: número, fecha efectiva del avalúo, propietaria(s) del inmueble, citas de inscripción del inmueble, y su ubicación, en la columna de la derecha se señala el valor unitario por metro cuadrado que se otorga. (...). Si bien otros avalúos administrativos son admisibles en las diligencias expropiatorias, conforme a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Expropiaciones, y los que anteriormente se enlistan fueron admitidos en este proceso, varias observaciones son importantes para determinar su influencia en la decisión final de este asunto. Resulta notorio que los valores no difieren grandemente, el más bajo indica un valor unitario de ¢184.100,00, mientras que el más alto alcanza la suma de ¢222.700,00, una diferencia de ¢38.600,00, y en general, su promedio debe ser una suma cercana a los doscientos mil colones. Por otro lado, a grandes rasgos se perciben bastantes similitudes entre esos terrenos y el inmueble objeto de expropiación parcial en virtud de las presentes diligencias. No obstante, igualmente existen aspectos que son impeditivos para considerar que las pericias ofrecidas como prueba para mejor resolver por la parte expropiada, desvirtúen el avalúo administrativo que determinó el valor de la franja expropiada, tal y como sostiene el apoderado especial judicial de la parte expropiada (ver folios 335 y 501 a 502 del expediente judicial). En primer lugar, los avalúos constituyen un criterio individualizado, referente a un bien y sus características específicas, si bien puede hacerse referencia a "un valor homogéneo y usual conforme a la zona" (terminología tomada del artículo 22, párrafo tercero, inciso g, de la Ley de Expropiaciones), lo cierto es que siempre prevalecerá la especificidad y criterios que brinda el pronunciamiento referido a un inmueble en particular. En segundo lugar, no se considera, de conformidad con los postulados que rigen la sana crítica racional, que con base en nueve criterios pueda establecerse un valor zonal para el área de Playa Grande, nótese que el avalúo administrativo manifiesta lo siguiente: "Especial mención requieren los proyectos urbanísticos  o fraccionamientos en desarrollo, especialmente en Playa Grande; tales como 'Playa Grande States', con 108 lotes; 'Villas Playa Grande' con 360 lotes y un hotel de 60 habitaciones y Palm Beach Estates' con más de 175 lotes" (ver expediente administrativo, folio 113). Por ende, esas propuestas evidencian gran fraccionamiento de la propiedad, y en tales circunstancias, se considera que nueve casos no serían una cantidad representativa que permita descartar los resultados de un estudio específico relativo al terreno de interés, máxime si se toma en cuenta el aspecto que se considera a continuación. En tercer lugar, los documentos presentados como prueba para mejor resolver datan del 17 y 18 de setiembre de 2008, y el avalúo administrativo que fundamenta este proceso, se elaboró con base en una inspección realizada el 8 de setiembre de 2006. Consecuentemente, son criterios posteriores en más de dos años al que es objeto de valoración en este proceso, razón adicional por la cual no se considera que puedan utilizarse para descartar los resultados del avalúo emitido en sede administrativa. Sumado todo lo expuesto, los nueve inmuebles que se analizan en los avalúos posteriores, ya sea por su ubicación, su infraestructura urbanística u otros aspectos, podrían tener diferencias con el que es objeto de este proceso, las cuales sumadas al transcurso de más de veinticuatro meses entre esos estudios y el que se realizó en el 2006, pueden justificar las diferencias existententes (sic) entre uno y otros. No se considera que indefinidamente se puedan aportar al debate criterios posteriores de una oficina valuadora pública, con miras a que se desautoricen sus análisis anteriores; máxime si como sucede en este caso, cuando se realizaron los nueve avalúos antes citados, hacía más de dos años que se había depositado el justiprecio estimado por el Estado en sede administrativa.  En conclusión, no se considera que la prueba examinada en este subinciso descalifique los resultados del avalúo administrativo cuyo rechazo por la demandada motivó el establecimiento de las presentes diligencias. g) Votos de la Sala Constitucional: Como parte de las manifestaciones contenidas en el escrito presentado por la representación estatal 20 de julio de 2009, folios 426 a 434, mediante el escrito presentado el 29 de mayo del 2009, existe un apartado referido a dos votos de la Sala Constituciona (sic). El 2008-8713 de las nueve horas y seis minutos del veintitrés de mayo del dos mil ocho, que anuló el Reglamento de Zonificación del Distrito Cabo Velas, el cual había sido dictado por la Municipalidad de Santa Cruz; tal sentencia tuvo efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia del Reglamento anulado. Asimismo, el voto 2008-18529 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, que entre otras disposiciones, anuló todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía continuar con los procesos de expropiación de tales propiedades; asimismo, ordenó a la Secretaría Técnica Ambiental no tramitar nuevas viabilidades ambientales dentro del Parque, ordenó suspender y supeditar los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento hasta tanto no esté listo el estudio integral sobre el impacto de las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en el Parque y finalmente, ordenó anular todos los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque. Lo resuelto en ambas pronunciamiento, vinculante erga omnes en virtud de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, reafirma el hecho de que la disponibilidad de los terrenos dentro de los límites del Parque presentan limitaciones y restricciones, las cuales están establecidas desde la creación del Parque Marino, y como fue señalado antes, no pueden compararse terrenos afectos a estas disposiciones con otros de zonas aledañas de gran auge comercial, en las cuales exista amplia disponibilidad de la tierra. Tampoco puede dejarse de considerar que el inmueble objeto de estas diligencias fue adquirido en fecha posterior a la creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, por lo que se conocían de antemano las limitaciones y restricciones que soportaba el terreno y que los pronunciamientos de la Sala Constitucional, que el órgano procurador argumenta, reafirman plenamente. h) Acceso al terreno y vista hacia el mar: En el subapartado f.7) se consignó que los accesos a Playa Grande no son directos y la vista al mar tampoco es directa, ya que la vegetación existente crea una barrera a la luminosidad que confunde y repele a las tortugas. Las dos situaciones fueron confirmadas mediante el acta de reconocimiento judicial, visible en folio 111 del expediente judicial, en la cual sobre el segundo aspecto se indica: "...En este mismo lindero oeste propiamente en la zona inalienable, se encuentra sembrado de árboles de madero..."; y con respecto al acceso a la propiedad se consigna: "...Para el ingreso a la propiedad lo hacemos atravezando (sic)un trillo peatonal que forma parte de ésta que también permite el acceso a otras fincas...", a su vez, la adición realizada al acta de reconocimiento mediante resolución de las 13:31 horas del 3 de octubre de 2008 señaló: "...el acceso a la propiedad se hace por trillo; el cual es transitable solo a pie, no se puede transitar en vehículos..." (folio 318 del expediente judicial).  Esos dos factores de demérito no fueron tomados en cuenta por el perito Espinoza Murillo y más bien constituyen otro elemento que diferencia sectores de alta plusvalía y creciente infraestructura como Flamingo y Tamarindo, de lo que es el sector de Playa Grande, por lo que se confirma el postulado que impide comparar lo que no es comparable; no se puede asimilar una propiedad con accesos directos e inclusive infraestructura que permite la circulación de vehículos, sin limitaciones de ningún tipo, con vista al mar, con otra que cuenta con afectaciones a los atributos del derecho de propiedad y sin vista al mar por su vegetación estratégica para proteger a las tortugas, y sin vías de acceso en buenas condiciones; tanto las dificultades de acceso, como la ausencia de vista al mar _son factores de demérito de la propiedad que no fueron atendidos por el perito Espinoza. Al contrario, el profesional señala (a folio 26, párrafo 7, del expediente judicial) que: "Por las condiciones que nos presenta este lote, es bastante particular ya que tiene acceso directo a la playa del resto del lote" y también indicó (en el mismo folio, párrafo 2) que se trata de un: "Lote de forma regular, con acceso directo al frente de la playa". El acceso no puede considerarse público, ya que por encontrarse lo expropiado dentro de los límites de un parque nacional, el acceso es restringido.- i) Servicios públicos existentes: Con base en los elementos probatorios que constan en el expediente, no existe duda de que la zona donde se ubica el terreno expropiado cuenta con los servicios públicos básicos; en tal sentido el avalúo administrativo (página 6, correspondiente al folio 113 del expediente administrativo), no se remite al peritaje judicial, por cuanto no hace ninguna consideración específica en relación con este aspecto. En lo referente específicamente a la franja objeto de expropiación, el perito Espinoza señala que: "...la propiedad en cuestión, actualmente está siendo mejorada con varias actividades, entre estas se ha logrado introducir agua potable y electricidad de manera subterránea". Por el contrario, el avalúo administrativo señala que "Los servicios de electricidad, agua potable, alumbrado y telefonía, se encuentran disponibles a unos 480,56 m al noreste de su esquina noreste... " (página 9, correspondiente al folio 110 del expediente administrativo); en relación con el tema también, el oficio ATP-06-AV-05-2007, aportado como prueba para mejor resolver por el Estado, y admitido en estas diligencias, le otorga al terreno expropiado un "1" en el rubro "Servicios 2" y acota: "Sin: electricidad, agua potable, alumbrado y telefonía", en contraposición, el "lote tipo" utilizado con base en la metodología comparativa tiene una calificación de "16" y cuenta con "electricidad, agua potable, alumbrado y telefonía" (ver folio 74 del expediente judicial). Finalmente, para dirimir el tema se cuenta con el acta de reconocimiento judicial, en la cual, por vía de adición, se incorpora la siguiente observación "...se observó previstas destinadas para los servicios básicos, los cuales en el momento de las diligencias no estaban instalados..." (folio 318 del expediente judicial). Con base en los medios probatorios analizados se reafirma que en la zona donde se encuentra el inmueble existe acceso a los servicios públicos básicos, pero que el terreno objeto de estas diligencias no cuenta con esos beneficios en funcionamiento. En la valoración de este aspecto el perito judicial incurre en una apreciación equivocada, tratándose de un aspecto más que impide confirmar su estimación del valor unitario del terreno objeto de expropiación. Por otra parte, se observa que el avalúo administrativo sí realiza una apreciación adecuada de ese aspecto.- j) Conclusiones: Las diligencias de expropiación surgen para satisfacer un fin público legalmente comprobado, sacrificando un interés privado que cede ante el interés público; sin embargo, ese sacrificio debe indemnizarse de una manera justa, como lo indica nuestra Constitución Política; con lo cual se busca dejar al propietario en las mismas condiciones que tenía antes de iniciarse el proceso y el monto dado, debe permitirle al propietario conseguir un inmueble de iguales o parecidas características al que le fue privado. En las presentes diligencias se debe analizar en inmueble según sus características particulares y según las restricciones impuestas por encontrarse en una zona de Parque Nacional; este último creado mucho antes de que se adquiriera el inmueble, por lo que el comprador de antemano sabía las limitaciones que poseía el inmueble e incidían en su valor; por esas razones y según se vio líneas arriba, no se puede valorar de igual forma un terreno afectado en Playa Grande que un terreno sin restricciones en Flamingo o en Tamarindo, porque sus características son diametralmente diferentes. Ni con el pronunciamiento aportado por el perito Espinoza Murillo, ni con la prueba aportada por la sociedad propietaria del inmueble afectado por la expropiación parcial decretada por el Estado, se pudieron desvirtuar en criterio del suscrito los términos del avalúo administrativo, por tanto, de conformidad con los artículos 22, 30, 36 y 40 de la Ley de Expropiaciones y de conformidad con los elementos probatorios aportados y analizados anteriormente, se confirma el monto que deparó el avalúo administrativo, por lo que se establece en VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS COLONES EXACTOS (¢20.592.576,00) la indemnización total que deberá pagar el Estado a Brigantina del Orfebre Espartano S.A. por la presente expropiación". (Mayorías de negritas son nuestras, ver folios 519 a 537 vuelto del tomo II del expediente administrativo);

Contra la sentencia número 3166-2010, de las 16:00 horas del 30 de noviembre del 2010, se planteó un recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo. (Ver folio 614 (numeración original) del Tomo II del expediente administrativo);

En el expediente número 06-1370-0163-CA, proceso de avalúo por expropiación, se emitió la sentencia número 449-2015 de las ocho horas del 11 de marzo de 2015, cuyo objeto fue un inmueble colindante con el lote de la sociedad actora y se expropió una franja por 2.878,98 metros cuadrados. El monto fijado por expropiación fue la suma de veinte millones setecientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis colones exactos. (Ver folios 1 a 45 del tomo III del expediente administrativo);

En el expediente número 06-001372-0163-CA, proceso de avalúo por expropiación, se emitió la sentencia número 1357-2014, de las seis horas con treinta y cinco minutos del 30 de julio de 2014, cuyo inmueble objeto del proceso se ubicaba en el mismo distrito y cantón del lote de la sociedad actora. La expropiación versó en una franja por 2.773,95 metros cuadrados, y por éste se canceló la suma de diecinueve millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta colones exactos. (Ver folios 1 a 54 del tomo IV del expediente administrativo);

En el expediente número 06-001269-0163-CA, proceso de avalúo por expropiación, se emitió la sentencia número 922-2016 de las diez horas del 10 junio de 2016, cuyo inmueble se ubicaba en el mismo distrito y cantón del lote de la sociedad actora y fue expropiada una franja por 2.838,41 metros cuadrados, por la que se canceló la suma de cuatrocientos noventa y seis millones setecientos veintiún mil setecientos cincuenta colones. (Ver imágenes 137 a 156 del expediente digital judicial);

En el juicio oral y público se recibió el peritaje del señor José Esteban Vásquez Barquero, quien señaló que, es arquitecto desde hace 6 años por la Universidad Veritas. Que ha realizado curso del CFIA en peritajes, y es perito judicial hace 5 años. Ha realizado otros 3 peritajes en la jurisdicción Contencioso. Se refiere al objeto, a la metodología que utilizó, la del Ministerio de Hacienda. Explica el informe realizado, menciona los servicios del lote que se visitó y los insumos documentales que utilizó siendo básicamente los expedientes de varias expropiaciones. Ante preguntas de la parte actora señala que, el precio por metro cuadrado a la fecha de la expropiación era de 241.000 y algo de colones. Se le consulta si el lote perdió acceso a la playa y señala que sí. Se le pregunta sobre el precio final por metro cuadrado del remanente. Se le pide que señale si el lote en cuestión sufrió un daño y menciona que el daño grave fue el quitarle el acceso a la playa y que el daño fue de 600 millones y algo. Ante preguntas de la parte demandada menciona cuál fue el plano utilizado y señala que el plano catastrado de 7 mil y algo metros. Se le consulta a qué obedecen a 17 hectáreas que se mencionan. Se le pregunta si realizó un avalúo del momento de la expropiación. Agrega que la metodología que utilizó fue la de valores de Hacienda, sobre el valor que se le fijó al terreno de 241.148 por metro cuadrado, y que esa es la suma de los valores dividida entre

Que eso es una fórmula que viene establecida en la metodología de Hacienda. Eso da el valor determinante el metro cuadrado. Respecto a si la servidumbre de paso afecta el valor, señala que solo tiene la de acceso, pero el acceso por servidumbre si en un factor desvalorizante y él lo contempló. En cuanto al medidor no recuerda si había agua. Agrega que el uso que se le dé a la propiedad no afecta la metodología de Hacienda. Ante preguntas del Tribunal menciona que, no está familiarizado con el régimen de Zona Marítimo Terrestre. (Ver testimonio en el audio del juicio oral y público);

En el juicio oral y público se recibió la declaración de la señora Ana Catalina Facio Franco quien señaló que, es la representante legal de la sociedad y parte de la Junta Directiva. Ante preguntas de la parte actora indica que no es accionista. Que ella conoció el inmueble y este tiene servicios de agua, electricidad y los de la zona como teléfono y supone que Internet. Añade que ellos tienen propiedades en esa zona. Menciona que la familia de su esposo adquirió la propiedad desde el año 1972 y eso quedó en la familia por herencia. Se le consulta si eran parte de alguna agrupación e indica que eran parte de la Asada. Explica características de la zona, mencionando que Playa Grande es una de las playas más lindas, el atardecer, y la playa separada de playa Tamarindo. Que ahí llega mucha gente a surfear. Explica los proyectos en el área. La familia de ella tenía un hotel que ahora alquilan y una casa. Señala que a los alrededores de Brigantina hay muchas casas de alto nivel. Añade que para el año 2006 se daban actividades de desarrollo y mercantiles y Guanacaste era el lugar de bienes raíces más grande del mundo. Que personas de todo el mundo iban a comprar terrenos y ellos estaban construyendo en su propiedad. Se le consulta si recuerda el precio del metro cuadrado y responde que, por las características especiales de Paya Grande por el Parque Nacional, las casas las vendían en 500 a 600 dólares el metro cuadrado. Se le pregunta como impactó a la propiedad el área que el Estado expropió y menciona que ahora no es lo mismo, que está separada del mar y son solo 75 metros para llegar al mismo. Añade que, con esto, ahora es otra situación. Agrega que hay accesos designados por Minae para llegar a la playa y que hay que caminar bastante o en carro. Ante preguntas del Estado respondió que, el terreno se compró en el año 2004. Se le pregunta sobre el valor añadido que aporta el Parque y responde que es por la densidad del uso de suelo y por el respeto a la naturaleza. Se le consulta sobre la utilización del lote y señala que hay planos y permisos y se va a construir. (Testimonio en audio de juicio oral y público);

En el juicio oral y público se recibió la declaración del señor Manfred Marshall Facio quien mencionó que, es el secretario de la sociedad actora, también apoderado general pero no es accionista. Ante preguntas de la parte actora y señala que, cree que la expropiación es del año 2005. Añade que esa propiedad cuenta con servicios públicos como luz, teléfono, internet, televisión por cable y agua por la Asociación, también servicio de autobús a "Palm Beach Estate", un barrio de la zona. Señala que él formó parte de la Asada de Playa Grande. Que su familia ha tenido propiedades desde la época de su abuelo Frank Marshall. Que la propiedad es parte de la Bahía Tamarindo. Es el centro de la anidación de la tortuga Baula, que la zona tiene un manglar y tiene un gran valor turístico. Agrega sobre las características de la zona y sobre el turista promedio. Se refiere al "boom" inmobiliario de la zona y que los precios superaron los 1000 dólares el metro cuadrado, agrega que el promedio era de 500 dólares por metro cuadrado. Añade sobre la pérdida de oportunidad que la intención era construir en ese terreno, que para el momento de la expropiación se estaban diseñando los planos de una vivienda que era una parcela agrícola ya que así fue segregada, sin embargo, el agua es para consumo humano y no agrícola. Indica que esa área no tiene zona restringida por ley y ya ahora el lote no colinda con la zona pública. Agrega que las edificaciones que se pueden hacer ahora en el lote son diferentes. Ante preguntas de la parte demandada señala que, no precisa si para el momento de la expropiación se habían pedido permiso de construcción a la municipalidad o se habían presentado planos para visado. (Declaración en audio de juicio oral y público.).-

SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés:

Que el monto pagado en el expediente número 06-001269-0163-CA, fuera el promedio cancelado en lotes en condiciones similares a las del lote expropiado a la sociedad actora. (Los autos).

Que la sociedad actora adquiriera el lote expropiado por una herencia o cesión de un familiar de los miembros de la Junta Directiva.

Que los extremos pedidos no son adicionales a los que se conocieron en el proceso especial de expropiación.  (Los autos).-

SOBRE EL ARGUMENTO DE LA ACTORA: En el escrito de demanda la representación de la sociedad actora señaló: "(...) OBJETO DEL PROCESO (sic) Esta demanda tiene por objeto principal iniciar un proceso ordinario a fin de demostrar que la fijación del justiprecio de la expropiación parcial sufrida al terreno de la sociedad Brigantina del Orfebre Espartano S.A. es inválido, puesto que no es real, justo, ni correcta, por lo que se solicita reconocer el justiprecio correcto y conforme con las reglas de reposición aplicables a la materia. (...)

FUNDAMENTO DE DERECHO (sic) A. Sobre la lesión al derecho de posesión y propiedad (sic) Nuestro régimen jurídico vigente, protege con gran celo el derecho de propiedad y posesión, al grado de declararlo "inviolable". Y si bien es cierto permite su afectación por mecanismos legales dirigidos a la protección de intereses públicos superiores, también lo es que obliga a su debida reparación, que debe de ser previa cuando refiera a la expropiación. Esto aplica tanto para el titular del dominio pleno como para quien fuese despojado de alguno de sus atributos a través de la potestad administrativa de imperio más intensa e invasiva de las libertades públicas, a saber: la expropiación. Dicho de otra forma, la lesión a la posesión y al pleno dominio sobre cualquier bien mueble o inmueble debe de ser debidamente reparado con la suma requerida para su plena e íntegra reposición. Esto deriva no solo por principio jurídico que respalda el derecho de propiedad sino además por respeto a las libertades públicas y a los derechos individuales (arts. 41 y 45 Constitución Política). En este caso, nos encontramos frente a una lesión ya dada, por cuanto mediante conductas administrativas y judiciales plenamente eficaces y debidamente ejecutadas, se han lesionado derechos e intereses de quien es y ha sido propietario con posesión plena de sus bienes, en un área declarada como de interés público y parque nacional. Esto dice de una desposesión jurídica de mi representada, que se ha visto lesionada sin la debida y obligada reparación plena por su afectación patrimonial. No era jurídicamente viable, ni lo es a hoy tampoco la afectación grave a los derechos de la accionante sin la reparación completa, justa y conforme a derecho, en relación con sus bienes inmuebles en posesión y propiedad. Lo contrario implica grave infracción al artículo 45 constitucional y a sus derivados del Código Civil, cuando desglosa los apoderamientos de la propiedad o la mera posesión adquirida sobre el bien. Así tenemos entre otros, los artículos 264 inciso 1, 277, 278, 279 inciso 2, 282, 284, 286 Código Civil y artículos 1 y 11 de la Ley de Expropiaciones (Ley 7495 vigente al momento de la expropiación) que a la letra disponen: ARTÍCULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los derechos:

De posesión.

De usufructo.

De transformación y enajenación.

De defensa y exclusión, y

De restitución e indemnización. ARTÍCULO 277.- El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho. ARTÍCULO 278.- El derecho de posesión se adquiere junto con la propiedad y se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de que se trata. ARTÍCULO

LEY DE EXPROPIACIONES. OBJETO. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado. ARTÍCULO

LEY DE EXPROPIACIONES. INTERESES. La administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien y hasta el pago efectivo. Cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre este y el justiprecio (sic) B. El deber de reparar. Ya está dicho que todo aquel que lesiona debe de reparar. Por tanto, de conformidad con el numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 41 y 45 de la Constitución en concordancia con el 272 y 704 del Código Civil existe obligación del Estado a pagar a la actora el valor pleno y justo de los inmuebles. La potestad expropiatoria, pese a que opera fuera de una relación convencional, no constituye un supuesto típico de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, pues no se trata de un funcionamiento ilegitimo o anormal de la Administración (si es que partimos de una expropiación conforme a Derecho), ni tampoco de una responsabilidad por conducta lícita o legítima, según se quiera. Los supuestos y fundamento son muy diversos, sin que sea este el momento de disquisiciones diferenciadoras. Baste por ahora señalar que la apropiación de un bien por parte del Estado para satisfacer un interés público, no solo exige un previo pago, sino además un pago justo, correcto, el suficiente para reponer el bien por otro en iguales o semejantes condiciones. De allí el vocablo justiprecio. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución No. 1803 señaló que dentro del marco de la soberanía de un Estado para la expropiación por causas de utilidad pública se encuentra el deber de este de pagar al dueño la compensación apropiada. Más aún, el principio según el cual es exigible la indemnización en caso de expropiación ha sido reafirmado por la jurisprudencia internacional. C. Sobre el valor actual y justo de los bienes muebles e inmuebles afectados con la conducta pública. En lo referente a la reparación concreta debe de darse sobre los bienes inmuebles de los que han sido despojada la actora, en su valor justo. Esto dice de la obligada reparación plena que corre del Estado, con precio de reposición del bien. Así lo dispone expresamente y de manera unívoca, toda la línea jurisprudencial que cita la sentencia del Juzgado Contencioso, pero que de inmediato olvida cuando se ocupa de fijar el precio para el inmueble concreto. De igual manera lo establece la legislación en materia expropiatoria. De esta forma los artículos 1 y 22 de la Ley de Expropiaciones aplicable al presente caso, señalan la necesaria determinación del "justo precio", e incluso, el último indica algunos parámetros para su determinación. D. Violación a las reglas de la sana crítica. En el caso que nos ocupa, la sentencia del Juzgado emitida en el Proceso Especial de Valoración, infringió las reglas de la sana crítica probatoria, y comete un grave error de derecho, cuando niega todo valor al peritaje judicial, sin fundamentos válidos. Y utiliza de seguido una simple operación de actualización del precio otorgado en el avalúo administrativo, sin explicación ni fundamento alguno. De esta manera violentó los artículos 401 y 404 del Código Procesal Civil, 82 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, y en consecuencia, el artículo 45 Constitucional y los numerales 1, 11, 17, 22, 24, 35 y 39 de la Ley de Expropiaciones 7495. E. Valor Real y Actual. El avalúo administrativo realizado en el año 2006, resulta claramente desactualizado, pues transcurrieron más de 4 años desde su elaboración y se aleja del valor real del bien objeto a la expropiación, el que según cabe indicar, no podía ser castigado gravemente en su valoración por su ubicación dentro de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste, dado que tal circunstancia obedeció justamente al ejercicio de las potestades públicas, derivadas de la norma constitucional ya citada, lo que no debe afectar el pago del justo precio, derivado de la privación forzosa del bien. El justiprecio en el proceso de expropiación, concepto ampliamente desarrollado en la jurisprudencia nacional, es claro en reconocerlo como una indemnización que ha de ser plenaria, debe de cubrir el valor "venal" del bien de que se trate. Por ello no puede argumentarse como elemento negativo en el precio a reconocer, la plusvalía que el terreno haya perdido su función básica como consecuencia de la misma expropiación. Esto es en un sinsentido, pues la Administración lesiona la propiedad y desmerece con ello su función privada y mercantil, y después el Juez niega el justo valor que correspondía inmediatamente antes de la apropiación pública, bajo el argumento de que vale poco, o casi nada. Esto no es más que colocar a la Administración en posición de privilegio valiéndose de su propia acción dañosa para negar la indemnización debida. Implica algo así como decir, "mire Usted, no le pago nada por el inmueble que le fue expropiado, porque ahora es una vía pública que no es apta para construir ningún edificio privado". El absurdo no merece comentario. Una posición en este sentido, como la que toma el Juzgado cuando dice que las sentencias de la Sala Constitucional, por demás posteriores a la expropiación misma, cercenó en gran parte los atributos propios de los inmuebles en la zona, razón por la que no merecen indemnización. Esa posición violenta de frente lo dispuesto en los artículos 24 y 29 de la Ley de Expropiaciones, en el tanto disponen ambos que el dictamen y consecuente valor del bien, deberá determinarse al momento de la expropiación, según las condiciones en que se encontraba el bien, y nunca habrá de ser valorado, incorporando las consecuencias negativas que en el valor haya provocado la expropiación misma. Lo contrario es absurdo, antijurídico y claramente injusto. F. Daño al remanente (sic) El daño al remanente es un concepto que aparece por primera vez en la Ley de Expropiaciones número 7495, en el artículo 4, párrafo tercero y anunciaba.... (sic) "La Administración deberá indemnizar por los daños que causen las limitaciones irrazonables al derecho de propiedad, especialmente cuando afecten el uso económico del bien". El daño al remanente se relaciona con el aspecto económico lo que hace que sea una INDEMNIZACION (sic) medida en términos económicos. El ingeniero Santiago Briceño en el Manual de Terminología de Valuación de Bienes Inmuebles y auspiciado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (U.P.A.V.) y de la cual Costa Rica, a través del Instituto Costarricense de Valuación "ICOVAL", forma parte, define que daño es: "Perjuicio derivado de la acción u omisión, previsto o imprevisto que ocasiona daño a bienes o a intereses de terceros. En la expropiación, la pérdida en valor del resto en la toma parcial de una propiedad. Generalmente, la diferencia entre el valor de la propiedad total antes de la toma y el valor del remanente después de la toma, es la medida del valor de la parte tomada y la pérdida en valor del remanente". Lo que nos lleva a aplicar la metodología denominada "ANTES Y DESPUES" (sic). El libro Manual de Tasaciones de Dante Guerrero, valuador Argentino y en el libro, Tratado de Valuación de Stanley L. Mc Michael, escrito antes de 1949 se comenta de este método. El método consiste en realizar un avalúo al inmueble en su estado original, aplicando los métodos de costo o reposición, rentabilidad o productividad y mercado (ANTES). Luego realizar un avalúo con el inmueble afectado por el proyecto. La segunda valoración (DESPUES) (sic) debe considerar: a) Área a expropiar b) Remanente o remanentes, dependiendo de la ubicación del área que se expropió la diferencia de valor entre los avalúos SIN y CON proyecto, será el monto a indemnizar al expropiado (daño al remanente). Con lo cual el expropiado queda después de la expropiación en condiciones iguales o ligeramente mejor a la original (sin proyecto). La indemnización o pago del daño al remanente tiene como valor máximo el monto que falta para igualar los montos de los avalúos de los inmuebles ANTES y DESPUES (sic) del proyecto. La valoración del daño al remanente debe ser puntual, debe valorarse cada remanente por separado (si los hubiese) y NUNCA aplicar ecuaciones para su cálculo. Durante el X Congreso de Ingeniería Civil realizado en Costa Rica en setiembre del 2004, se tuvo el honor de contar con la participación de la Arquitecta María Emilia Pereira Colls, Presidenta de la Sociedad de Ingenieros de Tasación de Venezuela -SOITAVE-, profesional de gran experiencia en este campo quien reafirmó que la metodología que se debe de aplicar para el pago del daño al remanente es la citada ut supra. El XXI Congreso Panamericano de Valuación realizado en Cartagena de Indias -Colombia- en setiembre del 2004, tuvo como una de las ponencias el tema de las SERVIDUMBRES, el cual fue desarrollado en forma excelente por el expositor Francisco Ochoa, el citado profesional al referirse al daño al remanente, mencionó la metodología de ANTES Y DESPUES, (sic) como la recomendada a utilizar. El Instituto Costarricense de Valuación "ICOVAL", realizó el 22 de noviembre del año 2004 el I Congreso Nacional de Valuación y I Encuentro Centroamericano de Valuadores, como expositor extranjero se invitó al valuador Francisco Ochoa, para que hiciera énfasis de que el daño al remanente se debe de calcular por la Metodología de ANTES Y DESPUES (sic) tanto para expropiaciones como para servidumbres y no utilizando ecuaciones o fórmulas empíricas que tienen más soporte de ocurrencia que sentido técnico. El mismo profesional presentó el tema en el último Congreso de U.P.A.V., realizado en Caracas, Venezuela en abril del 2005, obsérvese lo importante de ir divulgando estos criterios a nivel Latinoamericano. Fue muy importante escuchar que para el pago del daño al remanente en servidumbres se tenga que aplicar la misma metodología. VALOR DE MERCADO: El mayor precio estimado en unidades económicas, en que se puede vender un inmueble, en un mercado libre de presiones en que un comprador esté dispuesto a adquirirlo, teniendo un amplio conocimiento de todos sus potenciales usos y el propietario a venderlo a una fecha determinada y en un plazo de tiempo razonable. El bien debe tener: utilidad (deseo y satisfacción), escasez, deseabilidad y poder de compra o de adquisición. a) Econométricos b) Estadísticos c) Homologación d) Comparación por urbanizaciones o sectores de niveles socio-económico similares. En nuestro caso, la expropiación de una parte importante del inmueble, cercenó el valor del resto y lo afectó en su plusvalía final. Ya no es el mismo bien atractivo para invertir y desarrollar. G. Pérdida de Oportunidad. El fin que persigue todo inversionista al concebir y materializar un proyecto es recobrar la inversión y obtener un lucro o ganancia. De lo contrario no tendría ningún sentido convertirse en desarrollador o inversionista. Esta pérdida de chance o de oportunidad de venta y obtención de ganancias es responsabilidad del Estado que tuvieron participación en la imposibilidad de continuación de las obras, o cualquier otra explotación o utilidad, y engarza perfectamente en la teoría, doctrina y jurisprudencia sobre el tema como parte del concepto de responsabilidad del Estado que contiene nuestro ordenamiento jurídico y que sabiamente han ido perfilando nuestros tribunales. La pérdida de chance o pérdida de oportunidad, aceptado por la doctrina y la jurisprudencia tiene su génesis en Europa hace más de un siglo. El nacimiento y la expansión de la figura es, en un principio, consecuencia de dos fenómenos: el primero tiene que ver con el papel que juega la jurisprudencia y la doctrina de la época, ya que los autores empezaron a guiar y movilizar a los tribunales y le fueron dando forma a esta nueva institución jurídica ( (sic) este fenómeno caracteriza el nacimiento de muchas de las nuevas ideas, teorías y doctrinas que surgen en materia de responsabilidad civil), y segundo, una vez que la teoría tuvo acogida y se consolidó en un ordenamiento jurídico, por lo general, comenzó a cruzar fronteras e implantarse en otros ordenamientos, esto fue exactamente lo que ocurrió con la figura en mención. En un inicio fue en Francia e Inglaterra, en donde por jurisprudencia y doctrina se empezó a perfilar la figura, y migró posteriormente hacia otros países. "En efecto, la gestación de la teoría de la pérdida de oportunidad en los Derechos francés, inglés, estadounidense, canadiense, australiano, belga, holandés o italiano, constituye una manifestación paradigmática del papel protagonista que, por lo general, han asumido los Tribunales en la elaboración del derecho de la responsabilidad civil, cuyos razonamientos y soluciones, adelantados o teorizados después por la doctrina, acaban teniendo reflejo en algunos textos legales". Medina Alcoz, Luis. (2007). La Teoría de la Pérdida de Oportunidad. Madrid, España: Editorial Aranzadi. p. 129. Francia fue el país al que se le conoce la primera resolución que invoca una pérdida de chance, del 17 de julio de 1889 y tenía que ver con un auxiliar judicial que impide la tramitación de un proceso. Posteriormente "la misma doctrina del chance fue utilizada por la Sala de lo Civil del Tribunal de Casación en sentencia de 17 de marzo de 1911, relativa a un mandamiento procesal que se abstuvo de ejercitar la acción, consolidándose definitivamente en el arret de la Chambre de Requétes de 26 de mayo de 1932, sobre la actuación negligente de un notario".. (sic) Posteriormente, el caso de la jurisprudencia francesa del jinete que ve lesionado el chance o la probabilidad de ganar una carrera, debido a que el transportista no se presentó con el caballo a tiempo para concursar, se llegó a convertir en el ejemplo clásico en doctrina. Ver Medina Alcoz, Luis, op. cit., p. 131. M. A. Jones. (1993). Textbook on Torts. 4 ed. London. Blackstone Press Limited Alco, en Medina Alcoz, Luis. op. cit., p.131. En Inglaterra, la primera sentencia que indemnizó la pérdida de un chance se remonta a 1911 y era el caso Chaplin v. Hichs, de la Court of Appeal, que admite la resarcibilidad de la posibilidad frustrada de ganar un concurso. El caso es muy ilustrativo y resulta interesante: "Un agente teatral convocó un concurso de tal signo, con el compromiso de contratar como actrices durante tres años a las 12 candidatas que él eligiera entre las 50 más votadas por los lectores de un periódico, abonando 20 libras esterlinas mensuales a las 4 primeras, 16 a la 4 siguientes y 12 a las otras

La demandante fue una de las preseleccionadas, pero el agente no le comunicó la fecha de la entrevista personal prevista en las reglas del concurso, de modo que no fue una de las 12 finalmente elegidas, y su demanda fue acogida con el reconocimiento de una indemnización de 100 libras. La explicación técnica del caso es que la demandante tenía una posibilidad entre cuatro de ser escogida, por lo que ese chance constituía un valor económico que, al serle sustraído, debía dar lugar a la correspondiente indemnización. Estados Unidos atribuye la introducción de la doctrina al caso inglés citado anteriormente de Chaplin v. Hichs, ya que éste proporcionó una nueva aproximación a los problemas de pérdida de oportunidad en todo el ámbito del Common Law. Posteriormente resultan importantes las sentencias de la Texas Court of Civil Appeal de 1917, en el caso Kansas City M. & O. Ry. Co.

Bell: "que reconoció al demandante el valor de la oportunidad de ganar el premio disputado en una feria ganadera frustrada por el retraso en el transporte de los animales", y la sentencia del Tribunal Supremo de Iowa, de 1921, en el caso Wachtel v. National Alfalfa Journal Co. "que tutela por este concepto a un sujeto que no pudo obtener el galardón al mejor vendedor porque su empresa anuló el certamen, privándole de una posibilidad de victoria". Para más información sobre el tema véase: "Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho: "La Teoría de la Pérdida del Chance o de Oportunidad y su aplicabilidad en Costa Rica". Ricardo Antonio Batalla Robles 2010" Esta imposibilidad de obtener las ganancias proyectadas -lucro cesante- con el desarrollo y/o explotación de la propiedad, y en general, la pérdida de la oportunidad o chance de venta, como lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia, se constituyen en los perjuicios que se nos deben indemnizar cuyos montos deben ser fijados con auxilio pericial. Sobre la pérdida de oportunidad o chance véase sentencia de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No.766, de las 16 horas 10 minutos del 26 de setiembre del 2001. H. Errores de la sentencia. En la definición del precio, con antijurídica valoración probatoria (según se ha dicho), se producen letales errores de apreciación y de contenido tales como: a.- Que el terreno tiene limitaciones sobre su superficie por encontrarse dentro del Parque Baulas, cuando ese es el motivo principal de la expropiación (no puede haber limitaciones porque este mismo era el fin de la expropiación) b.- Se afirma que el inmueble no cuenta con acceso a servicios básicos (es contradictorio), puesto que ya el avalúo administrativo sí hacía referencia a este tema, señalando que los servicios básicos se encontraban a 480 metros y en la zona si existen entidades bancarias. Como se puede ver hay errores de hecho y de derecho en la valoración probatoria del fallo emitido en aquel proceso especial y sumario, que produjeron la fijación del precio del bien expropiado, de manera injusta, antijurídica por ende inválida y contraria a Derecho, pues además no permite la adecuada reposición del bien despojado.". Posteriormente en las conclusiones que se rindieron por escrito, la parte actora señaló: "(...) A. En lo relativo al deber de reparar a la luz de las pretensiones formuladas: Se acude a solicitar justicia ante su Autoridad con 9 pretensiones claramente formuladas y debidamente delimitadas, mismas que constan a imágenes 19 a

Como se ha podido constatar, cada una de las pretensiones han sido debidamente respaldada en argumentos jurídicos sólidos y consecuentes, sustentados en la normativa vigente a aplicable al asunto que nos atiende y sin ningún tipo de interpretación extensiva o acomodaticia, sino simple y llanamente en apego a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico costarricense, en sentido amplio y con mayúscula, de modo tal que quede claro desde ya que se incluyen diversos instrumentos de Derecho Internacional relacionados con Derechos Humanos. Adicionalmente, cada uno de los argumentos que han servido de soporte a las pretensiones formuladas han sido debidamente respaldadas, tanto en prueba documental como pericial y testimonial, dejando entrever que siempre se ha acudido con buena fe y esperanzas objetivas de alcanzar justicia. La primera pretensión es bastante clara y especifica, visible a imagen 20 del expediente digital y la cual quedo debidamente fijada en la audiencia preliminar en los mismos términos y alcances en que fue originalmente expuesta mediante la demanda incoada, según se desprende del análisis de las pretensiones realizado en la primera parte de la audiencia preliminar, celebrada a las nueve horas del diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, según consta a imagen 219. Esta pretensión motiva y da razón a las restantes, ya que en ella se solicita que en sentencia se declare que ¨…el precio establecido en la sentencia No. 3166-2010, dictada por el Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda… como reposición del bien expropiado a mi representada, es inválido, puesto que no es real, justo ni legal, ni corresponde con el valor de mercado con el que debió fijarse. No podía ser de otra manera, dado que, de conformidad nuestra Carta Política Fundamental la propiedad privada es inviolable, tal y como se desprende del texto y contexto del artículo 45 de la Constitución Política, así como del numeral 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, como bien sabemos, es de obligadísimo acatamiento. Pero es que el numeral 45 constitucional no solo se apega al espíritu, texto y contexto del 21 de la Convención, sino que; además, se ampara bajo el manto protector de la reserva constitucional y las excepciones se encuentran sujetas a reserva legal, por lo que el estudio de ambas normas puede ser realizado bajo un enfoque dual: a) la propiedad privada es inviolable y b) privaciones y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Por su parte, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, se habla de un derecho de propiedad libre de interferencias gubernamentales arbitrarias, el cual encuentra asidero directo e indirecto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en tres convenciones regionales de Derechos Humanos. Por su parte, el derecho de restitución, se concibe como un remedio aplicable a la propiedad tomada ilegalmente, lo cual es de gran interés a raíz de la confusión que se genera con el acto que está siendo impugnado, ya que -al menos bajo el enfoque y alcance del proceso que nos atiende no se trata de una propiedad tomada ilegalmente. Así, pues, existen diversas declaraciones y convenciones internacionales que introducen normativa atinente al derecho de propiedad privada, por lo que no pueden ser ajenos ni extraños a este tipo de procesos, ya sea para interpretar, integrar o ampliar los alcances del artículo 45 constitucional; a saber: "Artículo

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. "Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución c. 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948). "Artículo

Derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar." (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948). "Artículo

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (...) d) Otros derechos civiles, en particular: (...) v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; (...)" (Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965). Aprobada por Ley No. 3844 de 5 de enero de 1967). "Artículo

Derecho a la Propiedad Privada

Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. (...)" (Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, 1969). Aprobada mediante Ley No. 4534 de 28 de febrero de 1970). "Artículo 5.- (...)

A reserva de las restricciones que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en los instrumentos internacionales pertinentes, así como con los enunciados en la presente Declaración, los extranjeros gozarán de los siguientes derechos: (...) d) El derecho a la propiedad, individualmente y en asociación con otros, con sujeción a la legislación nacional. (...)" (sic) (Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que viven (1985). Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/144 de 13 de diciembre de 1985). De las normas señaladas, centraremos nuestra atención en el numeral 21 de la Convención, dado que este al igual que el numeral 45 constitucional, prevé normativamente la posible afectación en aras de intereses superiores, sin que ello signifique que sea de manera antojadiza ni caprichosa, sino que debe ser realizado mediante los mecanismos legales dispuestos para estos efectos, siempre previendo su debida reparación, sea para el dominio pleno como para cualquiera de los atributos o haz de facultades derivadas de este derecho subjetivo pre-constituido, mismo que es inherente a la condición de ser humano. Ahora bien, en el presente asuntos nos encontramos frente a una lesión ya dada, por cuanto conductas administrativas y judiciales debidamente ejecutadas han lesionado los derechos y legítimos intereses de nuestra representada, quien es y ha sido propietario en pleno goce de sus derechos desde hace tiempo atrás. En efecto, no era jurídicamente viable en aquel momento como tampoco lo es ahora, pretender aceptar que se de una afectación grave a los derechos de nuestra representada sin la reparación justa, completa y conforme a Derecho, que no es más ni menos lo que se reclama. No cabe duda alguna, la omisión en el pago de una justa indemnización que se extienda en el tiempo la convierte una violación del derecho a la propiedad privada, la cual sería de carácter continuo hasta tanto no se efectué la respectiva indemnización en los términos y condiciones dispuestos en la normativa vigente. Asimismo, sobre las limitaciones permisibles a tal derecho la Corte ha señalado que “…el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho a la propiedad debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, practicarse según los casos y las formas establecidas por la ley y efectuarse de conformidad con la Convención”. En la sub litis que nos atiende se ha producido una expropiación en los términos de los artículos 21.2 de la Convención Americana y 45 constitucional y, por lo tanto, surgió para el Estado una obligación de pagar una justa indemnización, lo que obviamente presupone que la misma sea justa, integra y previa. La prueba aportada y debidamente admitida, evidencia contundente y inexorablemente que la sentencia combatida, de fijación del justiprecio de la expropiación parcial sufrida al terreno de la propiedad de Brigantina del Orfebre Espartano S.A. es invalida, debido a que el monto reconocido no es real, justo ni correcto, por lo que es claro que lo pretendido en la demanda encuentra pleno acomodo en el Ordenamiento Jurídico vigente. El juez a cargo, se apartó del peritaje rendido en sede judicial y las pruebas aportadas por las partes y, en su lugar, otorgó el valor por metro cuadrado menos justo que le permitía el elenco probatorio con el que contaba – entiéndase el monto ofrecido en el avalúo administrativo-. En efecto, como consta en la prueba documental el juez fijo la indemnización total, en la suma de ?20.592.576,00 (veinte millones quinientos noventa y dos mil quinientos setenta y seis); utilizando de referente el valor de metro cuadrado establecido en el supra citado avalúo de ?7.200,00 (siete mil doscientos colones) y sin contemplar pago alguno por el daño al remanente. Partiendo de las consideraciones precedentes y de las que de seguido se expondrán, se concluye que el valor de la indemnización otorgada en sentencia, no corresponde a la indemnización justa que debió pagarse. En primer término, el monto otorgado por la sentencia indemnizatoria carece de fundamento, no solo por la tardanza patológica a la que se vio sometida la actora por la desidia y mora judicial, para ver resarcida la indemnización que le garantiza nuestro Ordenamiento Jurídico, sino porque, además, los principios que derivan del artículo 45 de la Constitución Política, en lo tocante a la propiedad privada, obligan a que el justo precio sea el más cercano al fijado en sentencia definitiva. Pensar distinto implicaría aceptar forzosamente que todo ciudadano quedaría expuesto a criterios caprichos y subjetivistas de los operadores de la Justicia, lo cual, obviamente, no puede ni debe ser de recibo en cualquier Estado Democrático de Derecho. Lo anterior, claro está, sin dejar de lado que el monto establecido en la sentencia resulta claramente desactualizado, pues transcurrieron no menos de 4 años desde su elaboración y se aleja del valor real. Ahora bien, derivado de la pretensión inicial, la pretensión 2, visible igualmente a imagen 20 del expediente digital, también se encuentra conforme a plenitud con nuestro Ordenamiento Jurídico, ya que al haberse constatado con la argumentación jurídica y la prueba aportada que no existe duda alguna de la invalidez de la sentencia, deberá el Estado pagar a nuestra representada el precio real, legítimo y justo del bien que le fuera expropiado y que ha sido determinado por el perito José Esteban Vásquez Barquero, cuyo peritaje consta original consta a imágenes 285 a 332 del expediente digital, posteriormente ampliado, según se desprende del contenido de las imágenes 383 a 496. Por su parte, en lo que respecta a las primeras 2 pretensiones, pero principalmente a la 3, igualmente visible a imagen 20, es apreciable que de la prueba testimonial y la que consta en autos ha quedado debidamente comprobado, la afectación o lesión que como consecuencia de la expropiación parcial, se produjo al resto del inmueble, el cual no ha sido indemnizado. Se perdió la vista y acceso directo a la zona marítimo terrestre. Ahora nuestra colindancia lo es con una franja de parque nacional, ya no, reitero, con la zona marítimo terrestre, Esto, sin mayor agregado y por mayoría de razón, afecto seriamente el valor del remanente, todo lo cual, está pendiente de indemnización. Note su Autoridad que el testigo Marshall Facio evidenció que la propiedad de nuestra representada es de naturaleza agrícola, lo cual es acorde a la prueba que consta en autos, tanto documental como pericial, por lo que por su naturaleza jurídica y material solo es aprovechable para edificar en un porcentaje de la misma, por lo que, al haber disminuido su cabida, se disminuye en la misma proporción el área aprovechable, causándole a la Actora indefectiblemente un daño que debe ser resarcido. Asimismo, queda debidamente demostrado, como ya se ha dicho, que una propiedad que no tiene frente a playa, afecta su valor a no menos de un 50% y se comprueba con el oficio VA-138-2007 emitido por el Departamento de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación de fecha 31 de mayo de 2007 (a escasos meses de haber iniciado la diligencia expropiatoria) donde se logra observar un cuadro comparativo, en donde las propiedades con frente a playa se ofertaban a un valor de $950 el metro cuadrado, mientras que los que no tiene frente a playa (como quedo ahora la propiedad de nuestra representada) se ofertaban entre $150 a $450 el metros cuadrados. En el mismo sentido, el día 21 de junio de 2007, el jefe de Crédito del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal de Santa Cruz, hace constar a la Procuraduría General de la República, que de conformidad con la base de datos interna en relación con los valores por metro cuadrado en la zona de propiedades frente a playa contaban con 2 datos, una propiedad de 18000 metros cuadrados -casi nueve veces el área del terreno expropiado- tenía un valor de $285 el metro cuadrado y la otra propiedad de 12000 metros cuadrados -casi seis veces el área del terreno expropiado-tenía una valor de $225 el metro cuadrado -recordar que a mayor tamaño menor el precio por metro-, ambas con fecha diciembre de 2006 -a escasos días del inicio de las diligencias de expropiación. De lo expuesto hasta el momento, se confirma que el valor por metro cuadrado otorgado por el perito judicial en este proceso no se aleja de la realidad de aquel entonces y, a su vez, que el hecho de haberle cercenado a la propiedad la franja colindante a la playa, causa un daño al remanente al afectarse su precio por la lejanía con la playa, afectando su valor en no menos del 50% del valor original; sin dejar de lado, tal y como se indicó líneas atrás, que, en virtud de la naturaleza jurídica de este bien inmueble -entiéndase parcela agrícola-, existe una afectación del potencial de desarrollo ya que el mismo se encuentra estrechamente legal al área total del inmueble. Adicionalmente, ya que la propiedad fue expropiada parcialmente, debió ser claro para el Juez que resolvió la diligencia de expropiación, que debía levantarse un nuevo plano con la medida actual del remanente; a pesar de ello, no se contempló dentro de su justiprecio, el costo y timbre para el levantamiento e inscripción que refleje la realidad actual de la topografía, medida y linderos del resto de finca y no consta prueba alguna por parte del Estado que constate que dicho costo ya fue cubierto, por lo que es innegable la indemnización que en ese sentido se deberá reconocer a nuestra representada. En el mismo sentido, teniendo presente lo indicado en la pretensión 5, al deber levantarse un nuevo plano, es evidente que el Estado está obligado a sufragar los costos y honorarios de la confección de la escritura pública de rectificación de plano y rectificación de linderos y, tampoco en este extremo, la representación del Estado demostró con prueba alguna que constate que dicho costo ya fue cubierto, ni que fue contemplado dentro de la sentencia del proceso de expropiación, por lo que su condenatoria al pago de este extremo no debe ni puede ser obviado en la sentencia del presente asunto. Por otro lado, no menos importante, es que debido a que la sentencia no contempló monto alguno por la pérdida oportunidad que tuvo nuestra representada a consecuencia de la expropiación y que la representación Estatal no logró comprobar que en la sentencia si fue indemnizado este concepto, su condenatoria al pago de este extremo tampoco deberá ser obviado en la sentencia del presente asunto. Retomando lo indicado hasta el momento y teniendo presente el alcance y contenido de la séptima pretensión, toda vez que ha quedado debidamente demostrado que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo expropiatorio, la condenatoria a indexar las sumas que serán concedidas deberá forzosamente ser contemplado en la sentencia del presente asunto, de forma distinto sería un actuar contrario a Derecho el pretender ignorar -por tanto tiempo- un derecho que clara e indudablemente le corresponde a nuestra representada. Por su parte, en torno a la pretensión No. 8 y, conforme se demostró con prueba marcada numero 1 a folio 110, la puesta en posesión se efectuó el día 21 de diciembre de 2007, por lo que el Estado deberá ser condenado al pago de los intereses legales sobre todas y cada una de las sumas que se deberán otorgar en sentencia desde esa fecha, hasta su efectivo pago. Finalmente, en lo concerniente a la última pretensión y, en caso de que la representación del Estado considere que el valor otorgado en la sentencia es el justo, lo único que podría demostrar es mala fe procesal, debido a que a prueba marcada 1 folio 56, se deja constancia que aportaron prueba de que en una propiedad cercana a la que nos ocupa, la cual se ubica en el Residencial Palm Beach - a escasos metros de la de nuestra representada-, se ofrecía una propiedad a un valor de $203.21 (doscientos tres dólares con veintiún centavos) el metro cuadrado a tres minutos caminando de la playa - la de nuestra representada se encontraba colindando con la zona publica-. De la misma manera, de conformidad con el oficio número VA-138-2007 de la Dirección de Tributación de fecha 31 de mayo de 2007, aportada por la representación del Estado, el valor de una transacción (reciente) en aquella época, de una propiedad frente a playa (igual característica que la de nuestra representada) fue de $500 por metro cuadrado -valor muy cercano al indicado por el perito judicial de la presente litis- así como una oferta de $950 el metro cuadrado. B. Sobre la falacia jurídica del agotamiento preceptivo: Aunque todos los argumentos de la representación estatal ya fueron denegados en la audiencia preliminar, conviene insistir en el aspecto de la supuesta falta de agotamiento de las instancias superiores jurisdiccionales. Pretende el Estado excluir su obligación a pagar al justiprecio del bien inmueble expropiado y el daño al remanente, no solo pretendiendo indicar que no estamos frente a un acto susceptible de impugnación, según se desprende de lo indicado a imágenes 169 y 170; sino que, además, se hace alusión a una supuesta preclusión por no haberse impugnado la sentencia, dando a entender que debería de haber un agotamiento preceptivo. Para iniciar, hemos de recordar que el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, así como otros instrumentos internacionales contribuyeron en mucho a dotar de contenido al derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, todo lo cual resulta aplicable en el derecho administrativo, tanto en la jurisdicción anulatoria, como en el ámbito de la justicia ordinaria. Es más, por violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en lo relacionado con el acceso a la justicia, es que, en Costa Rica, la doctrina y la Suprema Corte de Justicia considero inconstitucional la ley que impone el previo agotamiento de la vía para plantear una acción jurisdiccional contra el Estado. En efecto, en materia de acceso a la justicia, si bien la Suprema Corte de Justicia ha rechazado el previo agotamiento de la vía como un requisito de admisibilidad de la acción reparatoria, sin embargo, todavía hay una importante corriente jurisprudencial de los tribunales inferiores, que la admiten. Conforme lo indica nuestra Constitución Política, "Ocurriendo a las leyes -dice la primera parte del articulo 41- todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales”. Debe hacérseles -dice después- justicia pronta, cumplida y en estricta conformidad con las leyes. Se explica entonces que es por los medios legales que las partes pueden demandar amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional las medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legitimo de ese derecho. Las leyes en general están orientadas a procurar la tutela de lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de regular los derechos individuales como el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las personas tengan acceso a los Tribunales ... valga decir, entonces, que para demandar el cumplimiento de todos esos principios legales ... el Juez no puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes, que tiene origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las partes por igual y en resguardo de la correcta administración de justicia". (sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de junio de 1984). Como vemos, dicho articulo establece un conjunto de principios básicos a los cuales los individuos y el Estado debe ajustar su actuación en el ámbito de la justicia y como la citada regla del articulo 41 prescribe que esas personas han de encontrar reparación para las injurias o daños, por allí se esta disponiendo que las leyes deben orientarse a procurar la tutela de los derechos quebrantados, y eso en un doble sentido, es decir, mediante normas que, por una parte regulen o amparen el derecho de cada uno, y por otra, establezcan los instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan acceso a la justicia y los Tribunales la otorguen si resultare comprobado el agravio. De la segunda, donde se aludió claramente a un sistema de garantías constitucionales del debido proceso formal y constitucional: "El artículo 41 de la Constitución puede resultar quebrantado, en su segunda regla, por los jueces o por el legislador: por los primeros cuando deniegan en el fallo, sin motivo, una petición que debió concederse, y por el legislador si estableciera obstáculos procesales, fuera de toda razón, que prácticamente impidan el acceso a la justicia, un excesivo formalismo puede conducir, de hecho, a una denegación de justicia. A la par del articulo 41 existen otras garantías constitucionales para el debido ejercicio de la función jurisdiccional y en protección de derechos individuales relacionados con esa función, como ocurre con los artículos 35, 36, 39 y 42, principios todos que ningún Código Procesal podría dejar de cumplir sin caer en el vicio de inconstitucionalidad ..." (sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de abril de 1984). Si bien nuestra Constitución no consagra claramente ningún derecho a recurrir del fallo judicial en ninguna materia -en realidad el artículo 42 párrafo 1 lo único que establece es la prohibición de que un juez lo sea en diversas instancias para la resolución de un mismo punto-, pero no la necesidad de la existencia de mas de una instancia-, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es, incluso a texto expreso, parámetro de constitucionalidad (arts. 48 constitucional, 1, 2 incisos a) y b) y 73 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), si establece expresamente, en su articulo 8, párrafo 2, inciso h), entre derechos del imputado el de: "h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Por consiguiente, no encuentra esta representación ninguna disposición legal, que indique que el no ejercer los recursos de impugnación a sentencias en materia expropiatoria sea de carácter perceptivo, por lo no es de recibo alegar que al no haberse apelado se da una aceptación, como un tipo de acto consentido. Nótese que según se desprende de la jurisprudencia constitucional reciente, mediante la que se ha reconocido que se esta ante un acto consentido, cuando habiendo pasado el tiempo de prescripción o caducidad no se haya ejercido el derecho, situación que no es la actual pues el presente proceso fue interpuesto en tiempo y forma. C. En cuanto a la excepción de falta de derecho interpuesta por la representación Estatal: La sentencia del Juzgado Contencioso y Civil de Hacienda numero 3166-2010 de las 16:30 h del 30 de noviembre del 2010 así como el insistente argumento de la representación Estatal de que la propiedad estaba dentro de un Parque Nacional y que por ese motivo el valor otorgado en sentencia es el correcto, lo cierto es que ello contraviene groseramente principios fundamentales contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de nuestra República y la Ley de Expropiaciones tanto la vigente al momento de las diligencias como la actual. En sus conclusiones, el Juez a cargo concluye que para analizar el inmueble, se debe de realizar según sus características particulares y según las restricciones impuestas por encontrarse en una zona de Parque Nacional, sosteniendo que los propietarios compraron a sabiendas de las limitaciones que poseía el inmueble e incidían en su valor. El error mas grosero que comete el señor Juez, es decir que la propiedad se encontraba limitada por el Parque, dado que tal circunstancia obedeció justamente al ejercicio de potestades publicas, derivadas del articulo 45 constitucional, lo que no debió de afectar el pago del justo precio, derivado de la privación forzosa del bien. Como si eso no fuera suficiente, el Juez cometió el error de arribar que el valor dado en el avalúo administrativo era el correspondiente para la propiedad de nuestra representada. Como es fácilmente apreciable, el Juez se avocó a valorar con graves inconsistencias y omisiones de información, mas no tomo en cuenta ningún valor de propiedad alguna que de una u otra forma tenga las mismas características que la de nuestra representada (titulada inmediatamente despues de la zona publica, todos los servicios básicos, etc.) En ese sentido cito: “Y esto es importante traerlo a colación, a propósito de los agravios que formulan ambas partes, ya que el Estado considera muy elevado el precio establecido para el inmueble, mientras que el representante de las expropiadas lo estima muy bajo. Ante esto, es vital recordar que, por indemnización justa (justiprecio), ha de entenderse aquella que es real y actual, esa que mantiene intacto o incólume el patrimonio del expropiado, sustentado sobre criterios objetivos, que permitan establecer, mediante parámetros preexistentes, criterios de precio comparativo, conforme al mercado actual. Se trata en definitiva, de reponer el valor de la cosa expropiada (valor de reposición), que se traduce, tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, en la posibilidad de que el expropiado pueda adquirir una cosa similar (Sala de Casación N° 92 de las 14:45 horas del7 de octubre de 1970)." Tribunal Contencioso Administrativo. Sección

Sentencia N° 81-2001, de las 11:00 horas del 20-03-2001” (la itálica, el subrayado y la negrita no pertenecen al original). Así, pues, el valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una cosa similar y no de la misma cosa, por ser ello un absurdo y es este punto el que considera esta representación que el Juez no valoro en su momento. Sin que se entienda que en este acto se pretenda solicitar la nulidad de la expropiación sufrida, ya que el momento proceso oportuno ha sido ampliamente superado; no podemos dejar de señalar que la expropiación, fue ilegal. Como antecedente del parque, encontramos que el Decreto 20518-MIRENEM del ano 1991, pretendía establecer una franja de 125 m desde la pleamar ordinaria con orientación hacia el este (del mar hacia la tierra cubriendo 50 m de zona publica mas 75 m de propiedad privada). Para el ano 1995 la Asamblea Legislativa emite la ley denominada “Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste” ley 7524, misma demarca similarmente el área de los limites del Parque Nacional, sin embargo, con un cambio significativo, pues es evidente del articulo 1 de ambas normativas, que la ley invierte los limites del parque, pues estableció que la linea inicial del Parque se define de la pleamar ordinaria “aguas adentro” dejando por fuera del área del parque las propiedades privadas y no fue sino hasta el año 2008 (2 anos después de iniciada la diligencia de expropiación) que la Sala Constitucional, mediante el voto que aportado en autos, hace constar esta situación. Valga la pena indicar, que de la sentencia de la Sala Constitucional se desprende que al haberse “desafectado el área” de tierra a aguas adentro, se dio sin los estudios técnicos necesarios y que, para desafectar un área silvestre, dichos estudios son necesarios, por lo que considera la Sala que el área terrestre del decreto, continua vigente. Pues NO lleva razón la Sala Constitucional en indicar que se desafectó un área, ya que el decreto 20518-MIRENEM, al no ser eficaz no afecto nada y posteriormente una Ley -de rango superior por lo que no puede existir antonimia- delimita de manera similar, pero cambiando el rumbo del parque dejando por fuera las propiedades privadas ubicadas en Playa Grande. El error cometido por los magistrados de la Sala Constitucional yace que en su análisis se obvio que el artículo 5 del Decreto contiene un requisito de EFICACIA DE CREACION (sic) DEL PARQUE QUE NO FUE CUMPLIDO, que es la adquisición de las propiedades, situación que quedó evidenciado mediante sentencia de la Sala Constitucional numero 2008-008770 de las 10:36 h del 27 de mayo del 2008 donde el POR TANTO condena al MINAE por haber demorado más de 10 años en gestionar los procedimientos de expropiaciones de fundos privados situados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. El segundo grave error que comete el señor juez es la contradicción que uso para demeritar el peritaje judicial y las pruebas aportadas, al indicar que el terreno expropiado forma parte de una zona de protección de desove de la tortuga baula; sin embargo, en el

VI.f.7), toma como cierto lo indicado por un estudio pagado por un asociación privada, que indica que entre la propiedad y la playa existe una barrera de vegetación que impiden el paso de la luz y protege a las tortugas, y que no hay evidencia alguna de que en la propiedad desoven las tortugas -y no lo pueden hacer por el madero negro que existe entre la propiedad y el área de desove del parque-. En cuanto a las pruebas marcadas 4, 5 y 6 es importante hacer notar que esas sentencias fueron años posteriores a la expropiación -entiéndase por ello el Decreto Expropiatorio-, por lo que no puede y deben de ser usados para demeritar el valor de las propiedades. Aun así, y haciendo un breve análisis de cada una de ellas, la sentencia numerada como prueba marcada 4, viene a anular 3 Al efecto ver acta de inspección y puesta en posesión que consta a prueba marcada número 1 un reglamento emitido por la Municipalidad de Santa Cruz que pretendía limitar la densidad de las construcciones, ya que, al no haber plan regulador en la zona, las propiedades quedan sujetas a los lineamientos generales de urbanización y fraccionamiento. En cuanto a la prueba marcada número 6 se evidencia otro grave error al que fue inducido la Sala Constitucional mediante a la cual se hace mención a una Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Marino Las Baulas; al respecto, en la sentencia numero 04-2016-VII de las 11:00 h del 11 de enero de 2016, de la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo se indica: “De igual forma ha sido acreditado, que según se indica en la resolución atacada -ACT-032-05-, el mencionado Plan de Manejo tenía una vigencia de 5 años contados a partir del 29 de setiembre de 2005. (Hecho probado No. 2). Partiendo de lo expuesto, al computarse el plazo de esos 5 años a partir de la fecha dicha, los efectos que las Administraciones demandadas entienden producían lo por ellas dispuesto -sea la aprobación del Plan de Manejo- se mantenían hasta el 29 de setiembre de 2010. Así, conforme a tal criterio de las accionadas, desde el 30 de setiembre de 2010, ya dicho Plan carecía de vigencia -si es que la tuvo- .”(negrita e itálica no pertenecen al original). Que demostrado que no existió por no estar contenido en ninguna ley, una zona de Amortiguamiento del mencionando parque, por lo que no tuvo no tuvo que ser utilizado para demeritar el valor de la propiedad. En el mismo sentido, la prueba marcada número 6, que ha sido utilizada para indicar que en Playa Grande no se puede construir debido a la Matriz de Vulnerabilidad; sin embargo, dicha sentencia es de 2 años posteriores a la sentencia expropiatoria, por lo que no puede ni debe de ser usado para demeritar el valor de la propiedad”.-

SOBRE EL ARGUMENTO DEL DEMANDADO: En su escrito de contestación, la representación estatal menciona que: "(...) RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS (sic) Las pretensiones que formula la parte actora en este proceso resultan abiertamente improcedentes, y consecuentemente deben ser rechazadas por las siguientes razones:

DEFENSA PREVIA DE ACTO NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN (artículo 49 de la Constitución Política, en relación con los artículos 1 y 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo) (sic) Las pretensiones de la actora están dirigidas a impugnar la sentencia N° 3166-2010 de las 16 horas del 30 de noviembre del 2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del expediente N° 06-001369-0163-CA. Específicamente, las pretensiones son, entre otras, que se declare que el justiprecio establecido en la sentencia N° 3166-2010 es inválido (pretensión 1), por lo que el Estado está obligado a pagarle el precio real, legítimo y justo del bien expropiado, así como el daño al remanente y la "pérdida de oportunidad' (pretensiones 2, 3 y 6). Al respecto debe indicarse que la Ley de Expropiaciones, Ley N° 7495 del 3 de mayo de 1995, reguló el "Proceso Especial de Expropiación" como mecanismo judicial para la fijación del justiprecio, cuando el expropiado no acepte el avalúo administrativo. Y, al respecto, la Ley estableció que para la fijación del justiprecio del bien, el Juez debe tener en cuenta, entre otros, la descripción topográfica del terreno, el estado y uso de las construcciones, el uso actual del terreno, los derechos de los inquilinos o arrendatarios, las licencias o los derechos comerciales si procedieren conforme a la ley, así como cualesquiera otros elementos susceptibles de valoración e indemnización (v.gr. daño al remanente) (artículo 22 y 39 de la Ley de Expropiaciones). Ahora bien, en el presente asunto se está impugnando, por el fondo, lo dispuesto en la sentencia N° 3166-2010, en la que se fijó el justiprecio del bien expropiado, pues lo que se pretende es una nueva valoración judicial de inmueble, con inclusión del daño al remanente y de la denominada "pérdida de oportunidad". En virtud de lo anterior, es claro que nos encontramos frente a un acto que no es susceptible de impugnación en la vía contencioso administrativa, en tanto la discusión sobre el precio justo a pagar sobre el bien expropiado ya fue realizada dentro del proceso especial de expropiación, interpuesto por El Estado contra la aquí actora, expediente N° 06-001369-0163-CA, razón por la cual se encuentra finiquitada por sentencia firme. No está demás señalar que el proceso especial de expropiación es un proceso judicial dirigido exclusivamente a la fijación del justiprecio del bien, por lo que la actora no puede venir a pretender reabrir una discusión que se encuentra precluida. Sobre todo, teniendo en cuenta que la actora ni siquiera impugnó la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo, dentro del proceso especial de expropiación; en otras palabras, la aquí actora renunció a ejercer el recurso de apelación tipificado en el artículo 40 de la Ley de Expropiaciones, lo que evidenció su aceptación de lo dispuesto en la sentencia N° 3166-2010 del Juzgado Contencioso Administrativo. Ahora bien, en este asunto debe declararse la inadmisibilidad de la demanda con fundamento en los artículos 49 de la Constitución Política y los artículos 1 y 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto la pretensión de la actora es revisar una sentencia judicial firme. En efecto, el artículo 49 de la Constitución Política dispone que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene por objeto garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y, en ese orden de ideas, el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), señala, que le corresponde resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. De allí, precisamente, que el artículo 36 del CPCA establece que la pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente: "a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su existencia, inexistencia o contenido. b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. c) Los actos administrativos, ya sean finales definitivos o de trámite con efecto propio. d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo." (sic) En este orden de ideas, no es factible para la jurisdicción contencioso administrativa entrar a revisar una sentencia firme dictada dentro de un proceso judicial de expropiación, con el fin de modificar lo allí otorgado o analizar aspectos que no fueron oportunamente invocados por las partes. La jurisdicción contenciosa administrativa fue establecida para resguardar la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por lo que resulta absolutamente improcedente la pretensión de la actora de traer a esta vía judicial el análisis de un acto jurisdiccional dictado dentro de otro proceso judicial, tal y como se deriva de la simple lectura de las pretensiones de la demanda (especialmente las pretensiones 1, 2, 3 y 6). Al respecto, se trae a colación la sentencia N° 1832-2016 de las 7:40 horas del 18 de agosto del 2016, dictada por el señor Juez Tramitador Josué Salas Montenegro, en un asunto prácticamente idéntico al que nos ocupa, en la que se dispuso lo siguiente: (...). En virtud de lo anterior, respetuosamente se solicita al señor (a) Juez (a) Tramitador (a) declarar la inadmisibilidad de la demanda con fundamento en el artículo 62 inciso 1) punto a) del CPCA.

DEFENSA PREVIA DE CADUCIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA (artículo 66 inciso K del Código Procesal Contencioso Administrativo) (sic) En el caso de que no se admita la defensa de acto no susceptible de impugnación, se interpone de forma subsidiaria, la defensa previa de caducidad evidente y manifiesta, con fundamento en lo siguiente: Como se indicó líneas atrás, la pretensión de la parte actora es que se declare que el justiprecio definido en la sentencia N° 3166-2010 de las 16 horas del 30 de noviembre del 2010, es inválido, a fin de que se proceda a pagarle el precio real, legítimo y justo del bien expropiado, con inclusión del daño al remanente y de la "pérdida de oportunidad". De lo anterior se deriva que, en el fondo, la parte actora está impugnando la sentencia N° 3166-2010 en tanto considera que el precio otorgado por la finca expropiada no se ajusta a derecho ya que, según su criterio, no corresponde en tanto no se ajusta al valor de mercado y en tanto no tomó en cuenta ni el daño al remanente, ni la "pérdida de oportunidad" (se pretende una nueva revaloración del bien en la vía judicial). Bajo esta tesitura, es claro que con fundamento en el artículo 39 inciso 1) a) del CPCA, caducó el derecho de la parte actora de combatir lo dispuesto en la sentencia N° 3166-2010. En efecto, la norma de cita dispone que el plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación, cuando el acto impugnado deba notificarse. En el caso que nos ocupa, la sentencia N° 3166-2010 de las 16 horas del 30 de noviembre del 2010, fue notificada a la aquí actora, el día 8 de diciembre del 2010, según consta a folio 539 del expediente judicial apodado por la parte actora. No obstante, la demanda de este proceso judicial fue interpuesta hasta el 12 de diciembre del 2017, o sea, más de siete años después de notificada la sentencia que se pretende impugnar. En virtud de lo anterior, respetuosamente se solicita al Tribunal Contencioso declarar con lugar la defensa previa de caducidad evidente y manifiesta, ordenando el archivo de los autos.

DEFENSA PREVIA DE COSA JUZGADA. (sic) La actora es la propietaria registral de la finca inscrita en el Partido de Guanacaste, Matrícula número 130541-000. En el año 2006, el Estado decidió realizar una expropiación parcial de dicha finca, de suerte tal que siguió el procedimiento establecido por el legislador ordinario en la Ley de Expropiaciones, para indemnizar justamente a la aquí actora por la privación de su derecho de propiedad. En ese sentido, según consta en la prueba aportada por la demandante, esta Procuraduría General, como representante legal del Estado, interpuso ante el Juzgado Contencioso Administrativo el proceso de expropiación N° 06-001369-0163-CA, con el fin de determinar el justiprecio del área a expropiar, así como cualquier otro daño que se pudiese producir por la expropiación a la demandante. Bajo ese contexto, una vez tramitado el proceso judicial, evacuadas las pruebas aportadas por las partes, rendidas las experticias por los peritos judiciales, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante sentencia N° 3166-2010 de las 16 horas del 30 de noviembre del 2010, fijó en definitiva el monto a cancelar a la actora por la expropiación realizada por el Estado, pagándose al demandante el valor del área del terreno a expropiar y determinando que en este caso no existía ningún daño al remanente que debiese ser indemnizado (ver el fallo visible a folios 519 a 539 del expediente de expropiación aportado por la actora). Así las cosas, resulta claro que ya dentro de un proceso de expropiación, se dictó una sentencia con carácter de cosa juzgada material, en la cual se fijó en definitiva el monto a cancelar al actor por la expropiación realizada por el Estado en el año 2006, pagándose al demandante el valor del área del terreno a expropiar. Es claro entonces que en aquella expropiación se indemnizó de manera total y justa a la actora por la expropiación sufrida; sin embargo, viene ahora la demandante a este proceso a pedir nuevamente se le indemnicen los mismos extremos que ya fueron conocidos, y otorgados en el proceso de expropiación, lo cual resulta abiertamente improcedente. La empresa actora no puede pretender, reabrir la discusión sobre un tema que ya fue resuelto en definitiva por las autoridades judiciales (cosa juzgada). Bajo ese contexto, de conformidad con los numerales 162 y 163 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por disposición del artículo 220 del CPCA, en la especie opera el instituto de la cosa juzgada material, de suerte tal que el fallo antes transcrito no podría ser modificado, de manera directa o indirecta por un pronunciamiento distinto en este litigio. Véase que mediante una sentencia judicial con las características de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se determinó el justo precio a pagar a la actora por la expropiación realizada por el Estado, determinándose la improcedencia de un daño al remanente, lo cual imposibilita volver a conocer éstos extremos en este proceso, ya que ello implicaría desconocer la certeza y seguridad jurídica que es propia de la cosa juzgada. En esa dirección, en un caso similar al presente, mediante sentencia N° 2164-2017 de las 14:40 horas del 25 de setiembre del 2017, este Tribunal Contencioso acogió la defensa previa de cosa juzgada interpuesta por el Estado, por considerar lo siguiente: "...del escrito de demanda se desprende que la parte actora se encuentra disconforme con la decisión tomada en Sentencia de Segunda Instancia por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante voto 359-2010-II de las 14 horas 30 minutos del 30 de agosto del 2010, en donde se fijó el justo precio por la expropiación parcial del terreno del actor y pretende en esta vía declarativa reabrir la discusión respecto de la indemnización por motivo de expropiación y modificar las bases de la sentencia tanto de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo (sentencia 1114-08 de las 15 horas 15 minutos del 12 de setiembre del 2008), como de segunda instancia de la Sección Segunda de este Tribunal (...) estos hechos demuestran que la intención del actor es reabrir la discusión de indemnización por concepto de expropiación, para modificar el justo precio definido en sentencia firme, eso configura la cosa juzgada y debe acogerse la defensa previa planteada por los abogados estatales..." (sic) Corolario de lo expuesto, con fundamento en los numerales 162 y 163 del Código Procesal Civil, 66 inciso j) y 220 del CPCA, solicito acoger la defensa previa de cosa juzgada, declarando la inadmisibilidad de esta demanda, con el pago de ambas costas a cargo del actor y los intereses que generen hasta su efectivo pago.

DEFENSA PREVIA DE PRESCRIPCIÓN. En este proceso la actora pretende una indemnización del Estado, señalando que es obligación de mi representado pagarle el precio real, legítimo y justo del bien expropiado, así como el daño al remanente y la "pérdida de oportunidad' (pretensiones 2, 3 y 6); sin embargo, en criterio de esta representación el derecho reclamado por la demandante se encuentra prescrito. Como es bien conocido, el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública establece un término de prescripción de cuatro años para reclamar la indemnización a la Administración contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. En este caso, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante sentencia N° 3166-2010 de las 16 horas del 30 de noviembre del 2010, fijó en definitiva el monto a cancelar a la actora por la expropiación realizada por el Estado, pagándose al demandante el valor del área del terreno a expropiar y determinando que en este caso no existía ningún daño al remanente que debiese ser indemnizado. El anterior fallo fue notificado a la aquí actora, el día 8 de diciembre del 2010, según consta a folio 539 del expediente judicial, es decir, que a partir de esa fecha la actora conocía el monto fijado por justiprecio y el rechazo del resto de extremos económicos que pretendía, por lo que podía acudir a plantear las acciones y/o reclamos pertinentes en sede administrativa o en la vía judicial. Pese a lo anterior, el Estado fue notificado de este proceso el 18 de diciembre del 2017, por lo que transcurrió sobradamente el plazo cuatrienal establecido en la norma de comentario, sin que la demandante ejerciera acción alguna ante el Estado para procurar la indemnización objeto de este proceso. Como es sabido, el instituto jurídico de la prescripción tiene la finalidad de asegurar la certidumbre y firmeza de la vida jurídica, determinando la extinción de un derecho -y de la correspondiente acción- cuando su titular no lo ejercita durante un período de tiempo dado, fortaleciendo así los principios de seguridad y certeza jurídica. De conformidad con lo que antecede, interponemos la defensa previa de prescripción, la cual es evidente y manifiesta, al dejar transcurrir la accionante el plazo establecido por ley, para presentar este tipo de reclamos en contra del Estado.

DEFENSA DE FALTA DE DERECHO. No obstante que la demanda es improcedente en razón de las excepciones interpuestas, se analiza el fondo del asunto en defensa de los derechos de mi representado, en los siguientes términos: El derecho a la propiedad, regulado en el artículo 45 de la Constitución Política, es uno de los pilares esenciales de nuestro régimen jurídico. En ese sentido, la referida norma constitucional establece que la propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Por lo anterior, cuando se realiza una expropiación debe pagarse el valor de reposición del inmueble, así como cualquier daño y perjuicio producto de la expropiación. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente: (...). Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia N° 166-F-92 de las 16 horas y 20 minutos del 18 de diciembre de 1992, señaló que (...). Bajo este contexto, la actora argumenta que en el proceso especial de expropiación, seguido bajo el expediente N° 06-001369-0163-CA, no se otorgó un precio justo al bien inmueble de su propiedad, no se le reconoció el daño al remanente y tampoco se le reconoció la pérdida de oportunidad, la que no fue cancelada de previo, con el justo precio (pretensiones 1, 2, 3 y 6). En otras palabras, la parte actora sostiene que en el proceso especial de expropiación no se le otorgó el justo precio del bien, en tanto el otorgado no es real, además de que no incluyó ni el daño al remanente, ni la pérdida de oportunidad. Al respecto debe indicarse que las argumentaciones de la actora carecen de fundamento. La sentencia N° 3166-2010, dictada dentro del proceso especial de expropiación, valoró de forma adecuada el justiprecio del bien, así como los daños y perjuicios reclamados por la parte actora en ese proceso judicial. Para ello, revisó tanto el avalúo administrativo como el avalúo judicial, e indicó, entre otras cosas, lo siguiente: (...) En este orden de ideas, si la parte actora no estaba de acuerdo con lo resuelto por el A-quo en el proceso especial de expropiación, bien pudo interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 40 de la Ley de Expropiaciones, con el fin de manifestar su inconformidad con el justiprecio otorgado, así como por la no inclusión en el referido precio del daño al remanente y de la pérdida de oportunidad. Sin embargo, la actora no impugnó la sentencia, con lo cual hizo manifiesta su conformidad con lo resuelto, por lo que no puede venir ahora a pretender modificar lo ya resuelto por sentencia firme. En todo caso, en cuanto a los reclamos por el fondo, presentados por la actora, valga señalar lo siguiente: • Considera la actora que el precio de la franja expropiada, fijado en la sentencia N° 3166-2010, no es real, justo ni legal en tanto no corresponde al valor real del bien y en tanto no incluyó ni el daño al remanente, ni la pérdida de oportunidad. Tal y como se dispuso en la sentencia supra transcrita, la actora conocía que el inmueble que estaba adquiriendo se encontraba dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas. En efecto, el Parque Nacional Marino Las Baulas fue creado mediante Decreto Ejecutivo en 1991 y, posteriormente, mediante ley, en 1995, razón por la cual no podría alegarse desconocimiento alguno de la existencia del Parque, en virtud de que el artículo 129 de la Constitución Política dispone, expresamente, que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Y es, precisamente, en razón de que el lote expropiado se encuentra dentro de un Parque Nacional, así como en razón de los demás factores desvalorizantes del terreno, que la sentencia dictada en el proceso especial de expropiación, N° 3166-2010, después de revisar el avalúo administrativo y el avalúo judicial, otorgó como justiprecio la suma de ¢20.592.576,00. Dicho monto es justo, razonable y proporcional, si se considera que se trataba de un lote que no es susceptible de ser desarrollado de forma alguna, y del que evidentemente no es factible obtener lucro alguno, por estar dentro de un parque nacional. Ahora bien, en cuanto al daño al remanente la parte actora indica que la expropiación "...cercenó el valor del resto y lo afectó en su plusvalía final. Ya no es el mismo bien atractivo para invertir y desarrollar" (sic) Al respecto debe indicarse que tal argumentación es falaz. Téngase en cuenta que el bien expropiado forma parte del Parque Nacional Marino Las Baulas desde el año 1991 y que la parte adora lo adquirió en el año 2004 con pleno conocimiento de las restricciones propias del bien. De conformidad con lo anterior es claro que no es válido alegar que la expropiación cercenó el valor del bien y afectó su plusvalía final. Como bien se indicó en la sentencia N° 3166-2010 del proceso especial de expropiación, al encontrarse el lote expropiado dentro de un Parque Nacional, simplemente no existe ninguna posibilidad de explotarlo comercialmente. Por demás debe indicarse que las sentencias de la Sala Constitucional que el actor refiere, fueron dictadas, precisamente, en razón de la protección del Parque Nacional creado desde 1991. En otras palabras, los votos de la Sala Constitucional son consecuencia de la existencia del Parque y de la necesidad de garantizarle la protección para su mantenimiento y pervivencia. Finalmente, en cuanto al reclamo que realiza la parte actora de la "pérdida de oportunidad" debe indicarse que resulta totalmente improcedente, ya que la Ley de Expropiaciones -aplicable por el fondo al asunto que nos ocupa, en tanto de lo que se trata es de la fijación del justiprecio del bien- prohíbe la indemnización de daños futuros o expectativas de derecho (artículo 22). • Aporta la parte actora la sentencia de primera instancia N° 922-2016 de las 10:00 horas del 10 de junio del 2016, dictada dentro del proceso judicial de expropiación interpuesto por El Estado contra Aceituno Mar Vista Estates, S.A., en la que se fijó el precio de la finca expropiada en la suma de a496.721.750,00. Al respecto se indica, en primer lugar, que la sentencia referida quedó en firme en tanto el Tribunal Contencioso Administrativo no entró a conocer el recurso de apelación interpuesto por esta Procuraduría General ante el Tribunal de Apelaciones. En otras palabras, por razones formales, no se entró a conocer el recurso, por el fondo, interpuesto por esta Procuraduría. Pero además de lo anterior, y más importante aún, es que en dos casos prácticamente idénticos al que nos ocupa, en el que el abogado de las sociedades expropiadas también era el aquí representante de la actora, Vianney Saborío Hernández, se confirmaron los avalúos administrativos en la vía judicial, sin que los expropiados impugnaran lo dispuesto en sentencia. Así, en el proceso especial de expropiación interpuesto por El Estado en contra de Saíno Mar Vista Estates S.A., expediente N° 06-001372-0163-CA, se dictó la sentencia N° 1357-2014 de las 6:36 horas del 30 de julio del 2014, rectificada mediante la resolución de la 14:14 horas del 7 de abril del 2015 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la que se confirmó el avalúo administrativo, y se fijó como justiprecio del lote expropiado, la suma de ¢19.972.440,00.  Igualmente, en el proceso especial de expropiación interpuesto por El Estado en contra de Pochote Mar Vista Estates S.A., expediente N° 06-001370-0163-CA, se dictó la sentencia N° 449-2015 de las 8:00 horas del 11 de marzo del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en la que se confirmó el avalúo administrativo, y se fijó como justiprecio del lote expropiado, la suma de ¢20.728.656,00, siendo este lote colindante con el de la parte actora de este proceso. De conformidad con lo anterior, es claro que la argumentación de la parte actora carece de relevancia en este asunto pues, tal y como se evidencia con las sentencias certificadas que se aportan, en casos prácticamente idénticos al que aquí nos ocupa, se confirmaron los avalúos administrativos, sin que los expropiados hayan manifestado disconformidad alguna al respecto, en tanto las sentencias no fueron impugnadas. En conclusión, se reitera que la demanda interpuesta es improcedente en tanto lo que pretende, en el fondo, es burlar el ordenamiento jurídico nacional con el objetivo de someter a conocimiento judicial, nuevamente, el justiprecio del bien expropiado, ya definido por sentencia firme en el proceso especial de expropiación seguido bajo el expediente N° 06-001369-0163-CA. No se omite indicar que el proceso especial de expropiación, se encuentra detalladamente regulado en la Ley de Expropiaciones, Ley N° 7594, y se caracteriza por dar amplia participación a las partes sobre la discusión referente a la valoración del bien expropiado. Así, el proceso judicial comienza mediante la resolución de inicio -una vez que se ha depositado el monto del avalúo administrativo- en la que se nombra un perito, de la lista del Poder Judicial, para que revise el avalúo administrativo (artículo 30). El perito cuenta con el plazo improrrogable de un mes, a partir de la aceptación del cargo, para rendir su pericia. En este proceso de revisión del avalúo administrativo, el perito debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley (artículo 35). Ahora bien, a solicitud de parte, si no se encuentra conforme con el dictamen pericial rendido, el Juez podrá nombra otro perito judicial para revisar el avalúo administrativo, perito denominado "tercero en discordia" (artículo 37). Sobre los dictámenes periciales se deberá dar audiencia a las partes por el plazo de diez días hábiles, así como de cinco días hábiles en el caso de aclaraciones o ampliaciones de los dictámenes (artículo 38). Por demás, en todo proceso de expropiación, el Juez deberá practicar un reconocimiento judicial, con el fin de formarse un mejor criterio de la validez y realidad de las pericias efectuadas. Al reconocimiento serán citadas las partes, los peritos u otras personas entendidas en la materia para que expongan las observaciones o consideraciones vertidas sobre los avalúos. Asimismo, las partes podrán aportar todo tipo de pruebas sobre el valor del bien, las cuales serán apreciadas por el Juez en su conjunto, de conformidad con la sana crítica racional, y tomando en consideración el artículo 22 de la Ley. Una vez evacuada toda la prueba, el Juez procederá a dictar sentencia dentro de los quince días hábiles. En ningún caso el monto de la indemnización podrá exceder de la suma mayor estimada en los avalúos (artículo 39). Contra lo dispuesto en sentencia, las partes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (artículo 40). Por demás, también cuentan con recurso de apelación, dentro del plazo de cinco días hábiles, la designación de los peritos, la fijación de los honorarios de los peritos, lo concerniente al retiro, el monto y distribución del avalúo, los autos que resuelvan sobre nulidades de actuaciones y resoluciones, los autos que resuelvan los incidentes de nulidad de las actuaciones judiciales. En los demás casos, los autos sólo tendrán recurso de revocatoria (artículo 43), el cual deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles. Como se observa, el proceso especial de expropiación es un proceso judicial detalladamente regulado, cuyo objetivo es única y exclusivamente la determinación del justiprecio del bien expropiado a partir de la revisión del avalúo administrativo. Ahora bien, tal y como se deriva de la copia certificada del expediente judicial que aportó la parte actora (N° 06-001369-0163-CA), es claro que la empresa actora tuvo amplia oportunidad, dentro del referido proceso judicial, de presentar prueba sobre el valor del terreno, razón por la cual el expediente judicial consta de casi 800 folios, además de que se extendió desde el año 2006. De allí que la pretensión de la parte actora de que se vuelva a conocer, en esta vía, sobre la valoración del bien expropiado, carece de derecho. Lo anterior, en tanto el legislador diseñó un proceso judicial especial denominado "proceso especial de expropiación", regulado en la Ley de Expropiaciones, Ley N° 7495, en el que se deben discutir todos los aspectos relativos a la valoración del bien que las partes consideren de importancia, y que no es posible dejar sin efecto con la interposición de un proceso de conocimiento dirigido a revertir lo resuelto, o a alegar aspectos que no fueron invocados oportunamente dentro del proceso especial judicial. En este mismo sentido se pronunció diáfanamente el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, en la sentencia N° 60-2006 de las 10:10 horas del 7 de julio del 2006, al indicar: (...) En virtud de las anteriores argumentaciones de hecho y de derecho respetuosamente se solicita al Tribunal Contencioso Administrativo se declare sin lugar la demanda, por improcedente". En sus conclusiones, la representación estatal señaló en lo de interés: Que reitera las defensas de acto no susceptible de impugnación; caducidad, cosa juzgada y prescripción, por las razones ya esgrimidas en las contestación de la demanda. Asimismo, ratifica la excepción de falta de derecho. Señala que, no es cierto lo manifestado por el testigo Manfred Marshall, al señalar que cuando se compró la propiedad no estaba constituido el Parque Nacional. La delimitación del Parque Nacional Marino Las Baulas, está claramente estipulada en el artículo 1 de la Ley N° 7524, estando comprendido el terreno que se expropió dentro de este Parque Nacional. Precisamente, fue por ello que se expropió esa porción, en cumplimiento de dicha Ley. Ahora bien, es un hecho incontrovertido que el lote expropiado se encuentra dentro de un Parque Nacional, además el terreno tenía factores desvalorizantes, entre ellos: las limitaciones para construir o desarrollar en la zona del Parque Nacional, al momento de la expropiación el inmueble no contaba con un sistema de agua potable y de red eléctrica funcionales, la existencia de servidumbres de paso y de aguas. Por ello, la sentencia dictada en el proceso especial de expropiación, después de revisar el avalúo administrativo y el avalúo judicial, así como las condiciones del terreno, otorgó como justiprecio la suma de ¢20.592.576,00. Dicho monto es justo, razonable y proporcional, si se considera que se trataba de un lote que no es susceptible de ser desarrollado de forma alguna, simplemente no existía ninguna posibilidad de explotarlo comercialmente, no era factible obtener lucro alguno, por estar dentro de un Parque Nacional. Se refiere en los mismos términos de la contestación, al valor de otros inmuebles en diferentes sentencias. Manifiesta respecto del peritaje judicial, que el mismo debe ser desechado, al presentar una serie de vicios e inconsistencias que hacen que el mismo no pueda ser tenido como una prueba válida para la resolución de este proceso. Que el perito nombrado es un Arquitecto, no es un valuador de terrenos, tiene 5 años de ser perito judicial, y a una pregunta del Tribunal señaló que únicamente ha realizado cuatro avalúos de este tipo (3 en proceso y el de este caso), por lo que se evidencia una falta de experiencia en la materia. Señala que, el perito parte de la errada y falsa premisa que está valorando un lote sin ningún tipo de limitación, es decir, obvia y deja de lado que una porción de 2860 metros cuadrados de la finca se encuentra dentro un Parque Nacional, razón por la cual no puede ser explotada o desarrollada comercialmente. Que el perito asigna un mismo valor del metro cuadrado a los tres conceptos que detalla en su informe: valor del terreno total (7,299.16 m2), valor área expropiada (2,860.00 metros2) y valor del remanente (4,439.18 m2); que evidentemente, el área expropiada, la cual está dentro de un Parque Nacional, no puede tener el mismo valor por metro cuadrado que el área que está fuera de los límites del Parque, tampoco puede tener el mismo valor del metro cuadrado la totalidad de la finca, cuando se conoce que un área de 2,860.00 metros cuadrados no pueden ser utilizados para ningún fin. Indica que, el señor perito que para los efectos de la fijación del valor de una propiedad no resulta importante o relevante el uso o aprovechamiento que se le pueda dar a una propiedad; que sin embargo, disiente de esa apreciación, toda vez que el uso y aprovechamiento que se le pueda dar a un predio tiene una gran incidencia en su valor en el mercado, bajo el principio del mayor y mejor uso. Que no es lo mismo el valor de un terreno donde se pueda construir y desarrollar, a otro terreno que tenga limitaciones tan severas como en este caso. Añade que, es un hecho incontrovertido que el área que se expropió está dentro de un Parque Nacional, en el cual no se puede construir o desarrollar ninguna actividad; sin embargo, inexplicablemente el perito no lo tomó en cuenta al momento de su valoración. Insiste en que, el perito realizó una valoración de la propiedad al momento de la expropiación (2006) y una valoración actual (2019). Según los resultados del señor perito el valor del terreno en su estado original (7.299,16), es el siguiente: Ello quiere decir que para el señor perito la finca total (sin expropiación) tiene un valor muchísimo menor en la actualidad que en el año 2006. Cabe cuestionarse: ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo explicar que el terreno original tenga un precio menor 13 años después, conservando sus condiciones originales? El principio es que los terrenos adquieren plusvalía con el paso de los años. Con lo anterior se demuestra que, si ha existido un decrecimiento en el valor del terreno, el mismo no es producto de la expropiación realizada, sino que obedece a factores propios del mercado inmobiliario, por supuesto ajenos al Estado. En refuerzo de esto, puede verse que los tres terrenos que utilizó el perito como referencias para la valoración actual (imagen 387), tienen precios por metro cuadrado menores a las referencias del año 2006, confirmando la disminución del precio en la zona (son lotes que no tienen ninguna relación con el que es objeto de este proceso). Incluso, llama la atención y confirma las inconsistencias del peritaje, que las referencias 2 y 3 tienen un valor de metro cuadrado menor al de la referencia 1, teniendo áreas muchísimo menores, cuando existe un principio de que a menor cabida mayor valor. Agrega que, el peritaje realizado lo que establece es el valor de la franja expropiada y del resto de finca que le quedó a la actora, pero no determina un daño al remanente. No hay una explicación clara y sustentada de la existencia de un daño al remanente en este caso, en qué consiste, cuál es el monto del mismo, cuál es la afectación del resto de finca, cuando más bien se le suprimió un área que no podía ser explotada por la parte actora, disminuyendo su cabida (a menor cabida mayor valor). En ese sentido, el daño al remanente debe calcularse y analizarse al momento de la expropiación (no 13 años después). Esto es valorar la totalidad de la finca que se va a expropiar, estableciendo un valor “x” del metro cuadrado, luego valorar el remanente que queda después de la segregación, estableciendo un valor x del metro cuadrado al remanente, analizando si ese remanente se vio perjudicado, beneficiado o se mantiene en las mismas condiciones que antes de la expropiación. Que conforme lo anterior, el señor perito confirma que al momento de la expropiación no se produjo ningún daño al remanente, ya que asigna un mismo valor del metro cuadrado (¢241,149.00) a los tres conceptos que detalla en su informe: valor del terreno total (7,299.16 m2), valor área expropiada (2,860.00 metros2) y valor del remanente (4,439.18 m2), es decir, para el señor perito el valor del metro cuadrado se mantuvo incólume antes y después de la expropiación (ver imagen 385). Lo cierto del caso es que a la actora le quedó un remanente de casi 4500 m2, los cuales han podido ser utilizados y explotados desde el año 2006, cuentan con el mismo acceso por calle pública que tenían antes de la expropiación, siguen colindado con el Parque Nacional, actualmente cuentan con servicios públicos, pueden continuar ingresando al sector de playa por los accesos dispuestos por el Minae (según las declaraciones testimoniales), de suerte tal que no se demuestra la afectación o daño al remanente que aquí se reclama. En relación con la valoración actual de la propiedad, el señor perito utiliza tres lotes de referencia; sin embargo, los mismos no pueden constituir comparables válidos con la finca valorada, ya que éstos no presentan las mismas condiciones que el lote objeto de este proceso (lote sujeto). Es claro que esas tres referencias o comparables no están ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Marino las Baulas, por lo que jamás se pueden utilizar como parámetros válidos para establecer el valor del terreno que aquí nos ocupa (ver el mismo razonamiento en la sentencia N° 3166-2010). Por consiguiente, el peritaje rendido en este proceso no es útil para ser utilizado como prueba en este proceso. En cuanto a las declaraciones de los testigos menciona que, los dos testigos que declararon en la audiencia de juicio tienen evidentemente un interés directo en el resultado del proceso, al formar parte de la Junta Directiva de la sociedad actora, de suerte tal que su declaración no resulta objetiva e imparcial. Que doña Ana Catalina señaló que actualmente la propiedad tiene servicios de agua y de luz, indicó que hay urbanizaciones colindantes y que se piensa construir en el predio, que ello viene a confirmar que la actora, desde la expropiación, ha tenido casi 4500 m2 inscritos, que pueden ser utilizados y explotados, que hay desarrollo urbanístico a su alrededor, sin que se haya traído prueba al proceso que demuestre que no hayan podido hacer uso del remanente por la expropiación que efectuó el Estado. Si la parte actora no ha utilizado el terreno o no ha realizado ningún desarrollo, ello obedece a una decisión propia y no a actuaciones del Estado (falta de nexo causal). Por su parte, Don Manfred indicó que al momento de la expropiación el terreno sí tenía servicios públicos, lo cual se contrapone con el hecho probado N° 11 de la sentencia N° 3166-2010, el cual tuvo por probado “…que el inmueble a expropiar no cuenta con conexiones en funcionamiento a los servicios de agua potable, electricidad y telefonía” (Ver avalúo administrativo en folios 118 a 108 del expediente administrativo, documento en folios 71 a 79 del expediente judicial, y ampliación del acta de la puesta en posesión en folio 318). Añade que una declaración del testigo no puede desvirtuar lo dispuesto en un hecho probado de una sentencia judicial firme. Que este testigo también declaró sobre el mercado inmobiliario de la zona al momento de la expropiación; sin embargo, no se trajo al proceso ningún tipo de prueba idónea –documental- para probar las ventas realizadas en la zona en aquel momento, opciones de compra venta de inmuebles en la zona y mucho menos se trajo al proceso alguna prueba concreta que tenga relación directa con la propiedad objeto de este proceso. En efecto, no hay prueba de que esta propiedad fuese a ser vendida o se fuera a desarrollar algún proyecto constructivo, ya que ni siquiera se comprobó alguna gestión de permisos de construcción ante la Municipalidad respectiva, planos constructivos o posibles adquirentes del predio. Que tampoco es cierto lo manifestado por el testigo Manfred Marshall, al señalar que cuando se compró la propiedad, en el año 2004, no estaba constituido el Parque Nacional, que como ya se mencionó la delimitación del Parque Nacional Marino Las Baulas, está claramente estipulada desde el año 1995, en el artículo 1 de la Ley N° 7524, estando comprendido el terreno que se expropió dentro de este Parque Nacional. Precisamente, fue por ello que se expropió esa porción de terreno, en cumplimiento de dicha Ley. Que entones, el reclamo que realiza la parte actora de la “pérdida de oportunidad” deviene totalmente improcedente, ya que no se comprobó la existencia real y efectiva del mismo, ni tampoco su nexo de causalidad con alguna conducta del Estado. Reitera el artículo 41 del Código Procesal Civil -de aplicación supletoria- que contiene el principio doctrinal "Onus Probandi", según el cual a la parte actora le corresponde la carga de la prueba respecto de las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho, situación que no ocurre en esta litis. Del mismo modo, menciona que, la Ley de Expropiaciones prohíbe la indemnización de daños futuros o expectativas de derecho (artículo 22). En esa dirección, el extremo de “pérdida de oportunidad” constituye meras expectativas, hechos futuros e inciertos que plantea la parte actora, tan es así que ni siquiera fue valorado por el perito nombrado en este proceso, aun cuando le fue requerido. Concluye que ese extremo y el daño al remanente no pueden ser concedidos en sentencia, por cuanto no han sido demostrados, ni tampoco constituyen un daño efectivo, evaluable e individualizable, conforme lo demanda el artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública.-

SOBRE LA REVISIÓN DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN EN UN PROCESO ORDINARIO: Ha sido criterio de esta Sección I y que se considera no debe ser variado para el presente caso, en un proceso en el cual también se solicitó posterior a unas diligencias de expropiación se revisara el justiprecio pagado en un proceso ordinario por considerar que existió una mala valoración y  no se canceló el daño al remanente y lo que se denominó daño material, que no puede ser nuevamente objeto de revisión lo resuelto en el proceso de expropiación en cuanto al justiprecio, y así lo resolvió mediante sentencia numero 82-2021-I de las quince horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, lo siguiente: "(...)

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE DISCUSIÓN EN ESTE PROCESO. LÍMITES A LA REVISIÓN DE LO RESUELTO EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN: La sede contenciosa administrativa posee una serie de características propias emanadas del mandato constitucional contenido en el artículo 49 de la Carta Magna y que los numerales 1, 2, 36, 42 y 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo llegan a desarrollar en lo que serían los posibles objetos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo. Específicamente, el eje de control jurisdiccional versa sobre la actividad tanto activa como pasiva de la Administración Pública, tanto en su actuar formal como material, no siendo posible en términos generales, realizar una revisión de actuaciones jurisdiccionales, salvo en casos excepcionales previstos por ley. Es decir, el proceso de conocimiento plenario contencioso administrativo no sirve como una instancia revisora de lo actuado y resuelto por esta misma u otras sedes. Aclárese, no solamente estamos hablando de situaciones que institutos procesales como la cosa juzgada vienen a resolver, sino que, además de ello, el juez de lo contencioso no puede suprimir, crear o modificar lo que otro juzgador – independientemente de su competencia – haya realizado en ejercicio de sus funciones, fuera de temas de responsabilidad objetiva por funcionamiento anormal o ilícito, que es la base de conocimiento de la doctrina de la responsabilidad del Estado-Juez. Así, lo primero que ha de aclararse, es que este proceso de conocimiento no puede revisar lo resuelto dentro del expediente 11-001302-1028-CA, ni tampoco es una continuación de éste, tal y como lo resolvió el juez tramitador de manera interlocutoria al declarar como acto no susceptible de impugnación la pretensión c) inicialmente planteada por la parte actora. Es con ello que debe existir una clara delimitación de lo que se puede y no conocer esta causa, por ejemplo, a razón de la eliminación de la señalada pretensión c) los denominados hechos 39, 40 y 41 de la demanda, que en realidad corresponden a juicios de valor que atacan lo resuelto en dicho proceso, estarían excluidos del pronunciamiento de esta Cámara. Pero también, refiriéndose al escrito de delimitación de daños y perjuicios, estarían fuera de la posibilidad de pronunciamiento en sentencia, a saber: daño al remanente, concretamente, lo compuesto por la disminución del valor de la finca producto de la expropiación, ello por existir pronunciamiento expreso en lo resuelto del proceso judicial de expropiación en firme, así como la pérdida de la posibilidad de explotación de las franjas expropiadas, que la parte engloba como “daño material”. Por su parte, estarían por las mismas razones excluidos los “perjuicios y daño moral” producto de “contratar servicios profesionales, gastos procesales, pagos hechos a los abogados, la pérdida del inmueble a causa de un ilegal apoderamiento… la pérdida de la confianza en la administración de justicia por haberse dado la expropiación en desapego a la ley, sin tomarse el valor real indicado por los profesionales, sea peritos nombrados por el propio Juzgado, el malestar sufrido por el despojo…”. Ahora bien, tomando en consideración lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto 2018-005294, que señaló: “El legislador concibió las diligencias de expropiación, para cuando, el expropiado o los expropiados están de acuerdo con la validez y ejercicio de la potestad expropiatoria, esto es, para discutir, únicamente, el justiprecio, sea el monto de la indemnización, la que, como se ha indicado, debe ser previa, plena, íntegra y justa. Estas diligencias, por contraste a un proceso ordinario, son más sumarias y céleres, lo que le ofrece al expropiado la garantía de poder contar con la indemnización plena e integral antes que la administración expropiante entre en posesión del bien. Obligar a un expropiado, que está de acuerdo con la validez, la regularidad y el ejercicio de la potestad expropiatoria, a tener que interponer un proceso ordinario para discutir extremos que, presuntamente, forman parte de la indemnización integral o plena, violenta el derecho a una justicia pronta y cumplida del artículo 41 constitucional o si se quiere el derecho a un proceso en un plazo razonable del ordinal 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal interpretación, constituye un obstáculo injustificado e indebido al derecho de acceso a la jurisdicción, diseñado en el caso de las diligencias de expropiación, para discutir el quantum de la indemnización, de manera sumaria y célere. Adicionalmente, supone un costo adicional, en recursos económicos y temporales, para el expropiado, al tener que asumir los gastos de un proceso ordinario que no fue diseñado para conocer y resolver tales extremos. En el proceso ordinario, lo que se discute es la validez del decreto expropiatorio o del ejercicio de la potestad expropiatoria, para declarar su eventual nulidad absoluta o relativa. El legislador ordinario, para garantizar la noción constitucional de “previa indemnización” plena e integral, diseñó y creo, precisamente, las diligencias de expropiación” (resolución de las 10:20 horas del 4 de abril del 2018), encontramos que, en resumen, la sede plenaria contenciosa administrativa tiene la posibilidad, ex post, de realizar un análisis de aspectos que no se analizaron dentro del proceso expropiatorio, como la validez de la potestad expropiatoria, o aquellos que, en razón de la expropiación, nacen como un efecto derivado, paralelo o colateral del proceso citado y que, por evidentes razones, no son de pronunciamiento de la sentencia judicial. (...)". Aunado a lo anterior, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en forma reciente, al conocer un recurso de Casación, en un proceso ordinario donde se plantearon pretensiones en términos idénticos a los que hoy se revisan, respecto al monto cancelado en una expropiación, señaló en la sentencia 000268-F-TC-2020 de las trece horas treinta y cinco minutos del quince de diciembre de dos mil veinte del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en lo de interés: "(...)

Tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional (voto no. 201805294, de las 10 horas 20 minutos del 4 de abril de 2018): “(…) La expropiación es una institución del Derecho Administrativo constitucional directamente regulada en la Constitución, el ordinal 45, párrafo 1°, indica que “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…)”. Por supuesto, que la expropiación es un supuesto, con regulación constitucional y legal propias, de responsabilidad administrativa por conducta lícita, ya que, se ejerce una potestad legítima como lo es la expropiatoria. Eso significa, que las normas que se deben aplicar a la expropiación, exclusivamente, son las constitucionales que hacen referencia a ese instituto y la Ley de Expropiaciones, salvo, claro está, si existe una laguna normativa. La Constitución impone una indemnización previa, la que debe ser plena, íntegra y justa, sin dejar rubros al descubierto, de lo contrario, se producirá una confiscación que se encuentra, expresamente, prohibida por el texto constitucional (artículo 40)”. La Ley de Expropiaciones (Ley no. 7495 en adelante), regula en su Capítulo III, Sección Única, el “Proceso Especial de Expropiación”, cuyo objeto es la fijación del justiprecio, cuando el expropiado se manifiesta inconforme con el avalúo administrativo. De tal manera, de conformidad con el numeral 29 de ese cuerpo legal, “(…) solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización” (la negrita no es del original). El proceso especial de expropiación se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una vez dictado el acuerdo de expropiación (artículo 28 de la Ley no. 7495 y 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). El legislador concibió este proceso especial, para cuando el expropiado o expropiados están de acuerdo con la validez y ejercicio de la potestad expropiatoria, pero existe disconformidad con el avalúo administrativo. De ahí, que este proceso especial tiene como único objeto el justiprecio, sea, el monto de la indemnización, su discusión. Este, como todo proceso especial, se halla sometido a trámites específicos, que se caracterizan por la simplicidad de sus formas y su mayor celeridad, lo que le ofrece al expropiado o expropiados la garantía de poder contar con la indemnización plena e integral antes que la Administración expropiante entre en posesión del bien. Es esta la vía, sumaria y célere, que dispuso el legislador para conocer y resolver sobre el quantum de la indemnización, para su fijación definitivita (sic). De ahí, que no resulta posible su discusión en otra vía. Distinto sucede cuando lo que cuestione el expropiado es la validez del decreto expropiatorio y ejercicio de la potestad expropiatoria, para lo cual la vía ordinaria es la correspondiente. La parte inconforme con la resolución final que dicte el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda puede formular recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, según dispone el canon 40 de la Ley no. 7495, lo cual, dicho sea de paso, no hizo la actora. Firme la sentencia, no es posible conocer en un proceso ordinario lo resuelto sobre la fijación del justiprecio del bien expropiado. Es claro, entonces, que en la especie se está frente a un acto que no es susceptible de impugnación en esta vía, en tanto la discusión sobre el justiprecio del bien expropiado ya se efectuó en el proceso especial de expropiación que oportunamente interpuso el Estado contra la sociedad actora, disputa que terminó con sentencia firme. Según lo expuesto, deberá rechazarse el cargo. (...)". (Las negritas y los subrayados son nuestros). Con ello en mente procedamos a revisar el fondo de este asunto.-

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez revisados los argumentos de las partes, esta Cámara de Juzgadores concluye que el presente proceso debe ser declarado sin lugar, a partir no sólo del precedente citado y ya resuelto por esta Sección sino con vista en lo resuelto sobre el tema por el Tribunal de Casación. Considera esta Cámara que en primer término procede revisar las pretensiones y los argumentos que las acompañan. Así, las pretensiones de este proceso son: "1. Que el precio establecido en la sentencia No. 3166-2010, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 16 horas del 30 de Noviembre de 2010, dentro del expediente No. 06-001369-0163-CA, como reposición del bien expropiado a mi representada, es inválido, puesto que no es real, justo ni legal, ni corresponde con el valor de mercado con el que debió fijarse.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada el precio real, legítimo y justo del bien que le fuera expropiado, conforme a las reglas de mercado existentes a la fecha del acuerdo expropiatorio, según se determine mediante auxilio pericial emitido al respecto, de modo que alcance suma suficiente para la plena restitución del bien expropiado en idénticas condiciones.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, la afectación o lesión que, como consecuencia de la expropiación parcial, se produjo al resto del inmueble que se mantuvo bajo su propiedad que no ha sido pagada.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, el costo y timbres para el levantamiento e inscripción que refleje la realidad actual de la topografía, medida y linderos del resto de finca.

Que el Estado está obligado a pagar a mi representada, el costo y honorarios de la confección de las escrituras públicas de rectificación de plano y de rectificación de linderos.

Que el Estado deberá reconocer y pagar la pérdida de oportunidad que mi representada tuvo, a consecuencia de la expropiación efectuada y que no fue cancelada de previo con el justo precio.

Que el Estado deberá indexar todas las sumas concedidas desde el dictado del acuerdo expropiatorio y hasta su efectivo pago.

Que el Estado deberá pagar a mi representada, los intereses legales sobre todas y cada una de las sumas que se otorguen en sentencia, desde la fecha en que fue puesto en posesión del inmueble expropiado y hasta su efectivo pago que no hayan sido pagadas.

Que el Estado deberá pagar a mi representada ambas costas del presente proceso". Para justificar la procedencia de esas pretensiones la parte actora en el escrito de demanda indicó en resumen que, la demanda tenía por objeto iniciar un proceso ordinario para demostrar que la fijación del justiprecio de la expropiación parcial sufrida al terreno de la sociedad Brigantina del Orfebre Espartano S.A. era inválido, al no ser real, justo, ni correcto. Por ello alegó violación al derecho de posesión y propiedad, citando normas constitucionales y legales, doctrina y jurisprudencia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. A partir de ello, reclama que debe darse una reparación concreta y plena del bien inmueble que se le despojó a la sociedad actora, porque señala con la sentencia del Juzgado se dio una violación a las reglas de la sana crítica y un grave error de derecho. Se refiere entonces en términos amplios al avalúo administrativo realizado en el año 2006 y por qué el mismo no era procedente. Plantea también que no se cubrió el daño al remanente y cita el Manual de Terminología de Valuación de Bienes Inmuebles auspiciado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación, un autor argentino, una ingeniera venezolana y un expositor colombiano sobre como para el daño al remanente se debe utilizar la metodología de "Antes y Después", tanto para expropiaciones como para servidumbres. Con ello reclama que la expropiación de una parte importante del inmueble cercenó el valor del resto y lo afectó en su plusvalía final. Añade que hay una pérdida de oportunidad, la conceptualiza, explica sus orígenes en Europa y cita precedentes en Europa y Estados Unidos. Cita una tesis de grado costarricense sobre el tema del año 2010 y una sentencia de Sala Primera del año 2001. Finalmente reitera lo que considera son los errores de la sentencia del Juzgado. Posteriormente, en sus conclusiones,  la parte actora reiteró lo argumentado en la demanda, pero también introdujo argumentos novedosos que, por respeto al debido proceso y derecho de defensa del Estado, no se consignarán en el siguiente resumen. Afirma la sociedad accionante que cada una de las pretensiones han sido respaldadas con argumentos jurídicos sólidos y consecuentes, sustentados en la normativa vigente aplicable al asunto. Señala que las conductas administrativas y judiciales ejecutadas han lesionado sus derechos y legítimos intereses. Que no es jurídicamente viable pretender aceptar que se dé una afectación grave a sus derechos sin la reparación justa, completa y conforme a Derecho, que eso no es más ni menos lo que se reclama. Que la prueba aportada y debidamente admitida, evidencia contundente e inexorablemente que la sentencia combatida, de fijación del justiprecio de la expropiación parcial sufrida al terreno de la propiedad de Brigantina del Orfebre Espartano S.A. es inválida, debido a que el monto reconocido no es real, justo ni correcto, por lo que es claro que lo pretendido en la demanda encuentra pleno acomodo en el Ordenamiento Jurídico vigente. Señala que el juez a cargo se apartó del peritaje rendido en sede judicial y las pruebas aportadas por las partes y, en su lugar, otorgó el valor por metro cuadrado menos justo que le permitía el elenco probatorio con el que contaba, el avalúo administrativo. Que el monto fijado no contemplaba pago alguno por el daño al remanente y concluye que, el valor de la indemnización otorgada en sentencia no corresponde a la indemnización justa que debió pagarse. Procede a señalar por qué el monto pagado no era el procedente y reclama a partir de ello que debe el Estado pagarles el precio real, legítimo y justo del bien que le fuera expropiado y que ha sido determinado por el perito José Esteban Vásquez Barquero. Añade que las tres primeras pretensiones se comprueban con la prueba testimonial en cuanto a la afectación o lesión que, como consecuencia de la expropiación parcial, se produjo al resto del inmueble, el cual no ha sido indemnizado, concretamente, la vista y acceso directo a la zona marítimo terrestre. Que conforme el testigo Marshall Facio la propiedad es de naturaleza agrícola, y por su naturaleza jurídica y material solo es aprovechable para edificar en un porcentaje de la misma, por lo que, al haber disminuido su cabida, se disminuye en la misma proporción el área aprovechable, causándole a la Actora indefectiblemente un daño que debe ser resarcido. Plantea que el valor por metro cuadrado otorgado por el perito judicial en este proceso no se aleja de la realidad de aquel entonces y que el hecho de haberle cercenado a la propiedad la franja colindante a la playa, causa un daño al remanente al afectarse su precio por la lejanía con la playa, afectando su valor en no menos del 50% del valor original. Adiciona que como la propiedad fue expropiada parcialmente, debía levantarse un nuevo plano con la medida actual del remanente, pero a pesar de ello, no se contempló dentro de su justiprecio, el costo y timbre para el levantamiento e inscripción que refleje la realidad actual de la topografía, medida y linderos del resto de finca y no consta prueba alguna por parte del Estado que constate que dicho costo ya fue cubierto, por lo que es innegable que la indemnización en ese sentido debe reconocerse. En el mismo sentido, reclama que debe levantarse un nuevo plano, por lo que el Estado está obligado a sufragar los costos y honorarios de la confección de la escritura pública de rectificación de plano y rectificación de linderos. Manifiesta también que, la sentencia no contempló monto alguno por la pérdida oportunidad que tuvo a consecuencia de la expropiación. Agrega que por haber transcurrido más de 15 años desde el acuerdo expropiatorio, la condenatoria a indexar las sumas que sean concedidas debe ser contemplado en la sentencia del presente asunto; así como al pago de los intereses legales sobre todas y cada una de las sumas que se otorguen en sentencia desde la puesta en posesión hasta su efectivo pago. Finalmente se refiere nuevamente a las defensas opuestas por el Estado. Criterio del Tribunal: Difiere este Tribunal con el criterio esgrimido por el juez de trámite, en cuanto a que para el conocimiento del presente proceso no se requiere revisar lo dispuesto en la sentencia del Juzgado Contencioso relacionado con el justiprecio pagado. Es claro en los argumentos ya resumidos de la parte actora, que todas las pretensiones y argumentos giran en torno de ello y que en el fondo lo que pretende es la nulidad de lo resuelto en la sentencia número 3166-2010 de las 16:00 horas del 30 de noviembre de 2010, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y se proceda a revisar nuevamente lo pagado, para que se le indemnice lo que considera es lo justo, añadiendo aspectos que señala se le debía de pagar y no se hizo. En ese mismo sentido tampoco se comparte el carácter de cosa juzgada formal con que califica el juez de trámite a la sentencia del proceso de expropiación y que por ello considera puede retomarse la discusión del precio pagado en el proceso ordinario. Señala la Ley de Expropiaciones; ley 7495, vigente (del 2006 al 2014 en que fue modificada) a la fecha en que se produjo la expropiación en lo de interés: "ARTÍCULO

Objeto. La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado."; "ARTÍCULO

Determinación del justo precio. Para determinar el justo precio, aparte de los criterios estipulados en el inciso 2) del artículo 40, el perito deberá cumplir las siguientes disposiciones: El avalúo administrativo deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado. En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá obligatoriamente una mención clara y pormenorizada de lo siguiente: a) La descripción topográfica del terreno. b) El estado y uso actual de las construcciones. c) El uso actual del terreno. d) Los derechos de inquilinos o arrendatarios. e) Las licencias o los derechos comerciales, si procedieren conforme a la ley, incluidos, entre otros, todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales, municipales y seguros. f) Los permisos y las licencias o concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de producción, directos e indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los seguros. g) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el de las ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratare de una carretera u otro proyecto similar al de la parte de la propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el de la propiedad que se expropia, así como para obtener un valor homogéneo y usual conforme a la zona. h) Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el propietario para estas transacciones. i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización. Cuando se trate de zonas rurales, extensiones considerables o ambas, el precio se fijará por hectárea. En caso de zonas urbanas, áreas menores o ambas, el precio podrá fijarse por metro cuadrado. En cualquier momento del proceso, la Administración expropiante, el propietario o el juez podrán pedir opiniones técnicas a la Dirección General de Tributación Directa, que podrá elaborar estudios de campo, si se estimare necesario. Esta opinión será rendida en el plazo de cinco días hábiles a partir de recibida la petición. Para fijar el valor del bien, se considerarán solo los daños reales permanentes; pero no se incluirán ni se tomarán en cuenta los hechos futuros ni las expectativas de derecho. Tampoco podrán reconocerse plusvalías derivadas del proyecto que origina la expropiación.  En el caso de los bienes muebles, cada uno se valorará separadamente y se indicarán las características que influyen en su valoración."; "ARTÍCULO

Fijación de valores. El perito deberá determinar el valor del bien expropiado a la fecha de su dictamen. También determinará los posibles daños que se causen al derecho de propiedad por limitaciones irrazonables sufridas al aplicar las medidas precautorias. Además, sólo considerará las mejoras necesarias introducidas después de la declaración de interés público."; "ARTÍCULO

Objeto de litigio. En el proceso especial de expropiación, solo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización."; "ARTÍCULO

Apelación. La parte disconforme con la resolución final podrá apelar ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Presentada la apelación y transcurrido el plazo para apelar, el juzgado elevará los autos de inmediato."; "ARTÍCULO

Prescripción y caducidad. Los derechos y acciones que se deriven de la presente Ley prescriben en diez años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó. El reclamo, por vía administrativa, caducará y se tendrá por no interpuesto si transcurren cinco años sin que el interesado active las diligencias". (Las negritas y subrayado son nuestros). Tenemos entonces que esa ley especial señala un procedimiento específico para la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente comprobado, mediante el pago previo de una indemnización que represente el precio justo de lo expropiado. La misma ley señala cómo se puede llegar a la determinación del justo precio, señalando parte de los elementos que debe cubrir el avalúo administrativo que señale un justo precio. Si las partes o el juez lo requieren, se puede pedir inclusive opiniones técnicas sobre aspectos del avalúo mismo. Ahora, si la parte expropiada no está conforme con el mismo, se debe de seguir entonces ante el Juzgado Contencioso el proceso de expropiación cuyo objeto es, la discusión de los asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se encontraba, para fijar el monto final de la indemnización, el justiprecio. Ese es el fin del proceso especial y por lo tanto es a través del mismo donde debe establecerse el precio que se considerara justo. Ahora, si hay una parte disconforme con la resolución final, ésta podrá apelar ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Como se desprende del considerando anterior, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo ha señalado con claridad, que en lo que se refiere a cualquier aspecto del justiprecio determinado en el proceso especial de expropiación, lo dispuesto por sentencia del Juzgado Contencioso es cosa juzgada material y no puede ser revisada en un proceso ordinario y ello es acorde con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Procesal Civil que dispone: "ARTÍCULO

Cosa juzgada. Para que se produzca cosa juzgada es necesaria la identidad de sujetos, objeto y causa, la cual puede ser declarada de oficio. Sus efectos se limitan a lo dispositivo. Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o no de la relación jurídica juzgada. Las sentencias dictadas en los demás procesos tendrán efecto de cosa juzgada formal y la presentación de un proceso ordinario no impedirá su ejecución"; por ello, realizado el proceso de avalúo para expropiación y resuelto por sentencia firme, lo dispuesto en el mismo no puede ser modificado, excepto que se apele y el Tribunal correspondiente lo modifique, ya que la misma ley dispone del procedimiento para revisión del monto de justiprecio fijado si no se concuerda con el mismo. En el caso de la sociedad acá actora, la presentación del recurso de apelación fue extemporánea y por ello la sentencia quedó firme en el monto que tantas veces se ha reclamado no es el justo. Con ello se configuró la cosa juzgada material respecto al objeto del proceso especial y así se declara. Ahora, es necesario retomar otra de las defensas de la parte demandada y es en cuanto al acto no susceptible de impugnación. El Código Procesal Contencioso Administrativo señala respecto del objeto de esta jurisdicción en el artículo1: "ARTÍCULO 1.-

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 2)  (...)

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por Administración Pública: (...) b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas. (...)", así, conforme lo establece la Constitución se revisa la legalidad de las conductas administrativas y se resuelven aspectos de la relación jurídico-administrativa, incluyendo al Poder Judicial pero sólo cuando realice funciones administrativas excluyendo con ello la actuación jurisdiccional de cualquier tipo, excepto aquella que configure la responsabilidad del Estado Juez, lo cual no es el caso que nos ocupa. Por ello, conforme el artículo 36, dispone: "ARTÍCULO

La pretensión administrativa será admisible respecto de lo siguiente: a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a su existencia, inexistencia o contenido. b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. e) Las conductas omisivas de la Administración Pública", es decir, solo se pueden revisar, las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, el control del ejercicio de la potestad administrativa, los actos administrativos, las actuaciones materiales de la Administración Pública y las conductas omisivas de la Administración Pública, con lo cual nuevamente se excluye las conductas jurisdiccionales. Por ello, el Código expresamente en los numerales 62 y 66 dispone que se puede declarar la inadmisibilidad de la demanda, cuando se alegue como defensa, que existe una pretensión deducida contra alguna de las conductas o actos no susceptibles de impugnación. En el presente asunto, nos encontramos ante tal situación, como se ha dicho supra, todas las pretensiones giran en torno a la pretensión principal de declarar inválido el precio fijado en la sentencia del Juzgado Contencioso, por lo cual reiteradamente se argumenta la existencia de vicios de nulidad de la misma y a partir de ello lograr que se revise nuevamente el monto y añadir aspectos que corresponden al justiprecio y que no se solicitaron se analizaran en la revisión del avalúo administrativo a través del proceso especial expropiatorio que debía revisarlo. Con el análisis pericial queda lo anteriormente demostrado, en tanto no se busca, el reconocimiento de insumos patrimonialmente indemnizables no valorados en el proceso expropiatorio, es decir, que escaparon al marco de discusión de éste, y que sí serían posibles en esta, en aras de evitar un enriquecimiento sin causa de la Administración o que apareje una disminución patrimonial que el administrado no deba soportar, sino que, para el caso en marras, justamente el ejercicio probatorio pericial solicitado fue el de revisar aspectos que sí fueron, expresamente, valorados y considerados en aquél proceso expropiatorio (ya sea otorgados o denegados), bastando para ello ver la evacuación pericial donde se compararon peritajes judiciales, no existiendo otros elementos en discusión que no sean los mismos ya resueltos en aquella sede y que poseen firmeza a través de la sentencia respectiva. Así, es claro que no es posible la revisión de lo dispuesto por otro órgano jurisdiccional si como ya se indicó una ley dispuso su competencia en un proceso especial judicial cuyo objeto es muy claro en cuanto a la fijación de un precio justo para resarcir una expropiación parcial forzosa de un bien inmueble en este caso. Por ello en el presente caso, se hace necesario declarar inadmisible el presente proceso por pretender impugnar una actuación jurisdiccional que constitucional y legalmente están excluidas del control de esta sede jurisdiccional. En esas mismas condiciones, la defensa de falta de derecho es procedente al no asistirle a la sociedad actora ningún derecho a demandar en el presente asunto. Corolario de todo lo anterior, es que no es procedente en este proceso revisar la fijación del justiprecio en lo que respecta al monto fijado por concepto de reposición del lote segregado y expropiado a la finca del Partido de Guanacaste número 130541-000, determinado en la sentencia del Juzgado Contencioso número 3166-2010 de las 16:00 horas del 30 de noviembre de 2010, y mucho menos declarar su nulidad por invalidez, por cuanto es una actuación jurisdiccional y por ello no puede ser conocida en esta sede judicial. Respecto del precio pagado a la sociedad actora por la expropiación parcial del lote ya indicado, deviene en aplicable el instituto de cosa juzgada material, en tanto ese es el objeto y propósito del proceso especial de expropiación conforme el artículo 30 de la Ley 7495 y sólo puede revisarse en vía ordinaria la nulidad del acuerdo expropiatorio como lo ha indicado sendas sentencias judiciales de esta jurisdicción y algunas de muy antigua data y que recoge también el actual Tribunal de Casación. Asimismo respecto del resto de pretensiones y prueba que consta en autos, al estar relacionados con aspectos del justiprecio que la parte actora debió procurar se analizaran y se adicionaran en la revisión del peritaje administrativo y que conforme el expediente judicial del proceso expropiatorio no hizo, ya que se limitó a aportar sendas cotizaciones de ofertas de terrenos de las zonas y los peritajes de otros procesos, pero no a procurar se revisara adecuadamente el avalúo administrativo, y en ese sentido ni siquiera solicitó un tercer perito en discordia, por lo que no puede pretender ahora en este proceso corregir y subsanar la estrategia procesal que omitió realizar en el proceso respectivo conforme lo dispuso la ley 7495. Desde esta perspectiva, es improcedente el pronunciamiento de extremos que fueron objeto de análisis en el proceso especial expropiatorio y que el justiciable, omitió canalizar por la vía recursiva oportunamente.-

SOBRE LAS OTRAS DEFENSAS INTERPUESTAS: El Estado demandado interpuso también las defensas de caducidad y prescripción, pero por la forma en que se resuelve el presente asunto, se omite por innecesario el pronunciamiento sobre las mismas.-

DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a la parte vencida al pago de ambas costas del proceso. Por haberlo pedido la parte demandada, se condena asimismo al pago de intereses sobre las costas otorgadas, desde la firmeza de esta sentencia y hasta su efectivo pago.-