Resolución 02411-2012

Que

mediante sentencia número 96-2012, de las dieciséis horas del dos de febrero

del dos mil doce, el Tribunal Penal, I Circuito Judicial de San José, resolvió:

"

Mediante resolución de las 13:00 horas del

25 de abril de 2012, esta Cámara admitió para su trámite los recursos de

apelación interpuestos contra la sentencia, así como el testimonio de la señora

E y el documento de fe de bautismo de Fiorella Miranda Alfaro, y señaló para la

audiencia oral las 9:00 horas del 10 de mayo de 2012.

II.-

En la audiencia oral celebrada los días 10 y 18 de mayo de 2012, ambas a

las 9:00 horas, se recibió en la primera, el testimonio de la señora E, es

Sacristana, cédula de identidad número […], quien -debidamente advertida con

las penas con las que la ley castiga el delito de falso testimonio- declaró

ante esta sede:  "Yo entro a la Sacristía cuarenta y

cinco minutos antes de la misa, allí me quedo sola  y nadie entra, sólo yo

permanezco. El día 21 de junio casualmente se bautizaba una sobrina de A. Yo a ellos nunca los vi cerca, él siempre estaba en el

campanario, nunca lo vi en nada, tampoco se quedó solo. El lugar nunca queda

solo, porque hay que acomodar todo lo que el Padre necesita para la misa y

acomodar los manteles y lo que queda del desorden del día anterior, entonces a

veces ha comenzado la misa y yo todavía estoy ordenando, sólo yo permanezco

porque ahí no entra nadie más.  Fiscal: Qué hechos son los que usted está

tratando de referir como

ocurridos el 21 de junio?  Testigo: Fue un

bautizo que celebraron ese día y estaba la sobrina de la esposa de A.

Únicamente se hace la misa a las diez de la mañana. Los bautizos se hacen los

terceros domingos del mes. Yo permanezco desde que ingreso en la Sacristía, y allí me

quedo hasta que quede todo en orden y me voy para la misa. Con dejar todo en

orden me refiero a los vasos sagrados, los manteles, yo acomodo todo. Yo

permanezco en la Sacristía

unos cuarenta y cinco minutos continuos. Allí los monaguillos se cambian, pero

nada tienen que quedarse haciendo allí, el Padre siempre

me ha dicho que salgan una vez que se cambian. Co-Jueza pregunta: Qué Iglesia

es? La Iglesia

de la […]. Yo conozco a A.B. Recuerdo el 21 de junio de 2009 porque había unos

bautizos, y ese día yo no vi a A.B. A la niña la conozco porque vive en el

mismo barrio en el que yo vivo; ella acudía como monaguillo y

utilizaba atuendo de monaguillo que está en la Sacristía. Ese día

21 de junio yo no vi monaguillos participando en la

eucaristía de los bautizos, la verdad es que no recuerdo. En

esa Iglesia se celebran dos eucaristías, una a las diez de la mañana y otra a

las seis de la tarde. Co-jueza pregunta: Ese

día 21 de junio estuvo presente el imputado, estaba en el bautizo porque era

una familiar la que estaba. Él tocó el campanario antes de que empezara la

misa. La puerta de la

Sacristía la abro yo, ese día yo abrí la puerta, pero ese día

don A en ningún momento entró a la

Sacristía, él se quedó sentado en las bancas en la Iglesia. Co Jueza: Por

qué específicamente se acuerda de tanto detalle de ese

día 21 de junio de 2009? Qué tenía de especial ese

día? Porque siempre me toca poner los implementos; me acuerdo porque era de una

familiar de A y yo siempre he sido muy allegada a

ellos.” Todas las partes expusieron sus alegatos en forma

oral y no ampliaron los fundamentos de su recurso.

Recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado A: Cuatro

reclamos integran la impugnación presentada por la defensa técnica, referidos a

los siguientes aspectos:  a) la determinación de los hechos:

incluye en este punto las contradicciones de los relatos de la menor de edad y

de los testigos. Alega que la menor ofendida incurrió en contradicciones en

diferentes momentos, primero, dio una versión el día 6 de junio de 2009 ante la Fiscal en la cámara de

Gessell, a pocos días de los supuestos hechos, luego en la entrevista que se le

realizó para la elaboración del dictamen pericial psicológico forense, y por

último, en el contradictorio, versiones en las que da detalles diferentes sobre

la dinámica de los hechos y sobre la presencia de una señora llamada E en una

ocasión. Aduce que la testigo R nunca manifestó que el Padre G cuestionara la

credibilidad de la menor de edad y la testigo P indicó que los hechos

sucedieron en una Iglesia diferente a la que indicó la menor ofendida.

Sostiene que esas contradicciones también se dan con respecto a las fechas,

tanto en las versiones que da la ofendida, como las declaraciones de  las

testigos referidas, y que una correcta investigación por parte de la Fiscalía, habría

permitido mayor precisión temporal, lo que ocasiona un perjuicio para el

imputado, quien no cuenta con un marco temporal definido. Por ejemplo, el día

21 de junio de 2009, en horas de la mañana, el imputado se encontraba en el

bautizo de su sobrina nieta, por lo que no es cierto que estuviera en la

iglesia ese mismo día en horas de la noche como lo dice la menor de edad

(folios 350 y 351). Señala que el imputado en sus roles nunca estaba solo, lo

que excluye la "secretidad" necesaria para cometer este

tipo de ilícitos. Alega que el preguntársele a la menor durante  el contradictorio qué zona le tocó el imputado, ella

señaló al abdomen, lo cual no configura el delito de abuso sexual.  Todas estas omisiones, ocasionan una falta de circunstanciación de

la pieza acusatoria. El reclamo no es atendible.

La defensa acusa contradicciones en las  que

señala “diversas versiones” que rindió la menor ofendida en diferentes

oportunidades: a) la entrevista realizada por la Fiscal, misma que se

realizó con la ayuda de una cámara Gesell; b) la versión que rindió ante el

psiquiatra forense; c) la versión rendida en el contradictorio. Para restar credibilidad al testimonio de la ofendida, el

impugnante echa mano de las manifestaciones que ella

rindió al momento de ser evaluada por el perito correspondiente, lo que resulta

improcedente. Al respecto cabe indicar que estas versiones no son un parámetro

para medir la confiabilidad de un relato, porque no se trata de declaraciones

testimoniales, ni, en consecuencia, pueden equipararse al testimonio que se

rinde en el contradictorio, sino de simples manifestaciones, datos fácticos que

enmarcan el estudio pericial y que son recogidos por el perito previo a su

intervención, por lo que únicamente cobran relevancia para el perito, quien

debe, a partir de esa información, rendir su dictamen. Por esa razón es esa

información que consta en el dictamen pericial, no puede ser considerada como

una declaración, pues este acto únicamente se da al momento en que el testigo,  a viva voz,  durante el debate, y en presencia

de las garantías procesales que rigen el contradictorio, narra lo que le consta

de los hechos, versión que es y debe ser objeto de análisis por parte del

juzgador. Por otro lado, el tema relacionado con las contradicciones que pueden

presentarse en las declaraciones de personas menores de edad víctimas de abusos

sexual, ha sido objeto de múltiples estudios que han servido de base para que

los juzgadores logren apreciar desde otra óptica este tipo de testimonios,

teniendo claro que no necesariamente las diferencias que puedan presentarse en

el relato en cuanto a un mismo hecho, implican que el testigo esté faltando a

la verdad.  En este sentido, la Sala de Casación Penal, ha

referido: “… Esta Sala ya se ha pronunciado en cuanto a que la modificación

de detalles que brinde el ofendido durante el

desarrollo del proceso y en torno a los hechos de los cuales ha sido víctima,

son totalmente esperadas dentro de la dinámica que rodea a los menores

agredidos sexualmente. Recientemente, mediante sentencia número 2004-00556 de

las 10:40 horas del 21 de mayo de 2004, esta Sala profundizó sobre este tema y

señaló: “[...] Estas consideraciones encuentran respaldo en las reglas de la experiencia

y la psicología, pues es de conocimiento común, ante los numerosos estudios que

la realidad del abuso sexual en perjuicio de menores ha permitido descubrir,

que efectivamente los menores de edad no están preparados ni física, ni

emocionalmente para conductas sexualizadas, en especial por parte de adultos y

cómo en razón de su inmadurez pueden percibir en forma distorsionada tanto el

alcance como la naturaleza de las conductas específicas desarrolladas por los

agresores, como también que es claro que tales experiencias resultan

traumáticas, al punto que los menores no mantienen generalmente los mismos

detalles en los distintos relatos. Por ello, pueden ir revelando aspectos poco

a poco, como omitiendo información a través de las diferentes

evocaciones que hagan de lo sucedido, todo como parte de un proceso de

adaptación emocional y de sobrevivencia, sin que estos elementos puedan

identificarse necesariamente como

indicadores de mendacidad. Esto es especialmente relevante cuando se trata de

una conducta de abuso reiterada y prolongada en el tiempo, porque la carga

emocional que tales conductas abusivas en sí representan, unidas al vínculo que

pueda existir entre el menor y su victimario, como del ambiente que le rodea y

de las condiciones mismas que el autor aprovecha para actuar, junto a la

inmadurez de la víctima, todo ello puede provocar que las narraciones de los

hechos no sean precisas, o bien que por ejemplo, se generalicen los patrones de

abuso, como que de pronto se revelen detalles novedosos y todas estas variables

deben ser analizadas considerando la situación específica del menor y su

condición de vulnerabilidad en esta materia y no pueden ser utilizadas en forma

aislada para descalificar al menor, porque eso sencillamente es desconocer la

realidad que hay detrás del abuso sexual infantil. Por supuesto que eso no

anticipa el valor que los jueces, gracias a la inmediación y a la ponderación

de todo el material de prueba, puedan conceder a la declaración del menor, pero

lo que sí es claro es que esa valoración debe tomar en cuenta la específica

realidad del abuso sexual que tiene los elementos apuntados.”. En el caso

concreto, la defensa pretende que la versión del menor sea descalificada por los detalles no

mantuvo de manera idéntica en cada una de sus declaraciones y por el hecho

nuevo revelado al día del

debate. No obstante, esa circunstancia, conforme con lo ya expuesto, no es

suficiente para estimar que la víctima miente, pues el hecho que constituyó el

marco fáctico de la acusación fue precisamente el suceso por el que se

responsabilizó al acriminado y cuya versión la brindó el ofendido en el juicio

oral.” (SALA TERCERA DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, resolución 2004-01168, de las 9:40

horas del 1 de octubre de 2004. Ver en este mismo sentido, resolución  2005-00875

de las 9:45 horas del 12 de agosto del 2005).  De

manera que, partiendo de estos lineamientos, esta Cámara considera que algunas

aparentes inconsistencias presentes en los datos fácticos recogidos en la

denuncia y en el estudio pericial, en cuanto a la presencia o no de la señora E.

en una ocasión, los detalles diferentes sobre la dinámica de los hechos, así

como las diferentes fechas, son aspectos que en nada vienen a socavar el cuadro

fáctico tenido por demostrado, o bien, a debilitar la versión de la ofendida

rendida en juicio.  Por último, su argumento en cuanto a que el imputado

siempre se encontraba solo, este fue un punto que se sometió a conocimiento de

las juzgadoras, quienes dieron absoluta credibilidad a la versión de la

ofendida, así como a la prueba de cargo, y desacreditó por razones diversas la

versión del imputado, pero se detuvo a indicar por qué razón no era creíble el

argumento en cuanto pretende que el imputado no hubiere podido estar a solas

con la ofendida. En este sentido, las juezas

sostuvieron que “la declaración del

encartado al negar los hechos acusados no merece credibilidad, en primer lugar

porque en sí misma no ofrece solidez y en segundo lugar, porque la declaración

de la niña -que lo contradice- es veraz. En cuanto a la inconsistencia de la

declaración del imputado,  son varios los aspectos que determinan esta

afirmación: En primer lugar, el hecho de que la esposa e hijo del imputado, así

como otras personas ingresen en la iglesia media hora antes de la misa, junto

al imputado, se establece y acredita, con el dicho de testigos y con el

documento visible a partir de folio 26, pero  no  excluye la

probabilidad de que él se quedara a solas con la niña, pues como se verá

ninguno de los testigos estuvo en posición de afirmar que permaneció al lado

del encartado durante todo el tiempo, desde que se abre la iglesia hasta que

todos se retiran a sus casas, ni siquiera que no lo perdieran de vista, en

segundo lugar, porque el aposento en que se acusa sucedieron los hechos

ofrece la privacidad necesaria para impedir la mirada de terceros, sean estos

la familia del encartado; otros colaboradores de la iglesia  o fieles que

se hicieran presentes a la misa, lo que aunado a la confianza que la niña le

tenía, hacen posible que esta quedara desprotegida a solas con el encartado.

Finalmente las labores que el encartado describe que debía realizar, por sí no

resultan ser óbice para que en breves instantes procurara el lascivo

acercamiento a  la menor ofendida.”  (folios 312 y 313). En cuanto a este punto en

específico,  la declaración de la señora E, no viene a variar este estado

de cosas ni el razonamiento del fallo, pues esta testigo se refiere claramente

a hechos ocurridos el día 21 de junio del año 2009, los que de manera directa

dijo recordar por tratarse de la fecha de bautizo de un sobrino nieto del

acusado y el Tribunal circunscribe los hechos demostrados a dos oportunidades:

a) un hecho ocurrido sin poderse precisar fecha y hora exacta, pero sí entre

los meses de mayo y de junio del año dos mil nueve, y b) un hecho ocurrido

el  día 28 de junio del año dos mil nueve entre las dieciséis y dieciocho

horas. De manera que pierde relevancia lo que pudo haber visto esa testigo ese

día 21 de junio, porque no se refiere específicamente al día 28 de junio que se

acusa en el segundo hecho, y tampoco se logró determinar con exactitud luego

del contradictorio, en qué fecha ocurrió el primer hecho, lo que hace que su

testimonio no resulte útil a la luz de los hechos tenidos por demostrados, por

lo que introducido, no logra afectar las conclusiones del fallo. En todo caso y

más allá de estas consideraciones, resulta inverosímil que la testigo logre

retener en su memoria lo ocurrido específicamente ese día 21 de junio de hace

tres años, cuando la razón que da para hacerlo (bautizo de un familiar del

imputado), no resulta ser un hecho de relevancia tal que le permita recordar

todos los detalles de ese día, máxime que los bautizos se realizaban los

terceros domingos del mes, o sea, era una actividad frecuente y normal en la Iglesia. Adicionalmente,

la defensa parte de una premisa infundada, como es el hecho de que, en su

criterio, por haber acudido a la misa del domingo 21 de junio en la mañana, era

imposible que además estuviera en la misa de las seis de la tarde, porque tal

forma de razonar no es lógica ni respeta las reglas de la experiencia, pues

éstas señalan que en ocasiones, las personas que auxilian en los templos,

pueden hacerlo en varias oportunidades durante el día, o bien pueden acudir a

ayudar en los preparativos de la misa y no necesariamente permanecer durante

toda la celebración, a lo cual se suma que no se ha establecido que fuese

particulamente ese domingo que recuerda con tanto detalle la testigo, la fecha

en que aconteciera alguno de los episodios de abuso que se estableció.  b)

la incorporación y valoración de la prueba: Considera la defensa que la

prueba fue valorada de manera parcializada y en incumplimiento de los

principios básicos de la sana crítica, pues le resta credibilidad a la versión

del imputado ya que no ofrece solidez, y le da credibilidad a la declaración de

la ofendida, sin indicar las razones por las que llega a esta conclusión. No se

tomó en cuenta los documentos que prueban los roles de la eucaristía, los

cuales son muy importantes ya que permiten ubicar en tiempo y espacio al

imputado. No se tomó en cuenta prueba de testigos (O y M) que vieron al

imputado en misa de las diez de la mañana el día 28 de junio de 2009 y no

vieron nada sospechoso ni al imputado quedarse a solas con la menor. Lo mismo

sucedió el día 21 de junio de 2009, cuando los testigos AA, M y E estuvieron a

las 10 de la mañana en la misa en la que estaba el imputado. Con relación al

testigo G, el Tribunal concluyó que era complaciente, sin

indicar las razones.  Sostiene que existe una imposibilidad material para

la comisión de un ilícito para el cual se requiere

privacidad, puesto que el imputado nunca estaba solo y la Iglesia no permanecía

abierta con acceso irrestricto. Alega que el razonamiento del

Tribunal es totalmente arbitrario y subjetivo lo que lesiona el principio de in

dubio pro reo, pues no existe prueba contundente que demuestre a

culpabilidad del

acusado. En cuanto al dictamen pericial psicológico forense SPPF 2010 163 de

fecha 04 de febrero de 2012, y su ampliación SPPF 2010 916 de fecha 20 de julio

de 2010, el Tribunal consideró en la fundamentación del fallo, que el dictamen

pericial no tiene relevancia para establecer un diagnóstico diferencial

indicativo de abuso sexual. Los reclamos no son de

recibo.   En cuanto al primer punto, esta Cámara se

remite a lo ya resuelto en el acápite anterior, donde se explica que el a

quo sí explicó las razones por las que restó credibilidad a la versión del

imputado y le da credibilidad a la declaración de la ofendida.  El resto

de los puntos, tales como los documentos que demuestran los roles de

Eucaristía, que hay testigos que dicen no haber visto al imputado y a la menor

solos, o bien, que éste nunca se quedaba solo con la menor,  son argumentos

que fueron parte de la estrategia de defensa durante el contradictorio, para

establecer –según su planteamiento- la imposibilidad de que los hechos pudieran

haber sido cometidos por el encartado  Al respecto, el Tribunal fue claro

al concluir que ninguno de estos elementos podían ser utilizados para descartar

la existencia de un abuso sexual por parte del encartado: “El Tribunal tiene

claro que cuando la iglesia se abre, antes de la misa, ingresan los encargados

de disponer todos los efectos que se requieren para la celebración de la

eucaristía, desde el anuncio de la misa a través del toque de campanas hasta la

correcta disposición de copas, hostias, inciensos, sin dejar de lado la

preparación de los lectores y el funcionamiento del sistema de sonido y que por

la iglesia se distribuyen estos colaboradores que saben cuál es su función y la

realizan, también ha quedado claro que el sitio donde se guardan los objetos

que el encartado debía sacar no está dentro de la habitación donde se

colocan su sotana los monaguillos y que dentro de las funciones del encartado

no estaba ayudar a vestirse a los monaguillos. También es claro para el

Tribunal que el encartado asistía a la iglesia acompañado de su esposa e hijo,

que se dedicaban a la preparación de la misa, como ha quedado claro también que

la niña ofendida para el momento en que se dieron los hechos, estaban inmersa

en una problemática familiar debido a la muerte de su abuelo paterno que sumió

a su madre en una depresión, esto lo corroboró la señora R, madre de la niña,

sin embargo ninguno de estos aspectos es un impedimento capaz de evitar las

acciones acusadas.  Como es un hecho de conocimiento generalizado los

delitos sexuales, con contadas excepciones, suelen cometerse en la

clandestinidad y en ausencia  de las miradas de terceros, lo que ofrece al

agresor su complacencia sexual y minimiza el riesgo de interrupciones y hasta

el impedimento de su actuar. El presente caso no es la excepción, pues véase

que  lo que le permite al encartado ejecutar los actos acusados es la

confianza que la menor le profesa, precisamente derivada de la imagen que su

función de Ministerio de la

Eucaristía le confiere, como un hombre religioso, en

condición de ser guía espiritual” (folios 319). Mismo razonamiento ha de

utilizarse con relación a estos puntos que plantea en

el recurso, de allí que en nada vienen a variar o modificar el ánimo de certeza

sobre el cual se construyó el fallo condenatorio.  Con relación al testigo

G, quien es el sacerdote responsable de la Iglesia en esa comunidad, no es cierto que el

Tribunal no haya indicado las razones por las que lo consideró complaciente,

pues de su misma valoración se extrae que  el Tribunal tuvo conocimiento

de que el testigo siempre dudó de la declaración de la menor, que buscó la

forma de llegar a un arreglo extrajudicial entre las partes, pero que aún así,

su declaración no aportaba ningún dato de importancia que hiciera variar el

cuadro tenido por demostrado, o bien, hiciera dudar del resto de la prueba

sobre la cual se asentó la culpabilidad del imputado: “Sobre este testimonio

el Tribunal estima que es creíble, que no por ser complaciente a los intereses

del encartado carece de veracidad, tal cual se estima sobre todos los

anteriores ya analizados, sin embargo, no ofrece elementos fácticos eficientes

para desvirtuar el dicho de la niña ofendida, pues es claro que pese a que la

niña le narró los mismos hechos que narró en la fiscalía y en este debate, él

dudó de su veracidad, dado que recomendó a la madre recurrir al PANI para examinar

la veracidad de las afirmaciones de A y la propia menor en la entrevista

psicológica forense lo confirmó cuando dijo: “Nosotros fuimos a la casa de él,

fuimos con el padre, el padre dudó de mi, pensó que estaba mintiendo, le dijo a

mi hermana que tenía que ir al PANI y que no pusiéramos la denuncia, mi hermana

Pamela le pidió la dirección del señor al padre…” de modo que este testigo pese

a relatar hechos veraces, los enmarca desde su percepción que es dubitativa con

relación a la versión de la menor, que además, en caso de que sea cierta,

estima que no es tan delicada, al punto que ha mediado desde un inicio, primero

para que no inicie el proceso y luego para que se finiquite mediante un arreglo

entre la madre de A y el encartado, pero volviendo a la sustancia de su

declaración, la misma es de referencia, no puede afirmar haber dado compañía a

la niña de manera perenne para garantizar que no quedara a solas con el

imputado, en igual sentido tampoco puede garantizar todos y cada uno de los

movimientos del encartado dentro de la iglesia y más bien su dicho permite

confirmar que existe una habitación donde los monaguillos se cambian,

habitación que como se ha dicho y se reitera ofrece un espacio privado que hace

posible la versión de la ofendida” (cfr. folio

317).  Esta Cámara no encuentra que exista una incorrecta apreciación de

la prueba, o bien, falta de fundamentación, cuando el Tribunal consideró que el

dictamen pericial no tiene relevancia para establecer un diagnóstico

diferencial indicativo de abuso sexual, pues se trata de una conclusión

obtenida no sólo a partir de las reglas de la experiencia, sino basados en

estudios técnicos en el área de la psicología, especialmente en cuando al

abordaje de personas menores de edad víctimas de abuso sexual, quienes

enfrentan de diversas formas las agresiones de las cuales han sido objeto,

muchas veces incluso, negando los hechos, bloqueando cualquier tipo de

recuerdo,  o bien, minimizándolos. Al respecto, el Tribunal analizó

adecuadamente esta circunstancia: “No tiene relevancia que el dictamen

pericial psicológico forense estableciera un diagnóstico diferencial indicativo

de abuso sexual. De acuerdo a las reglas de la experiencia, las personas ante

eventos traumáticos reaccionan de las más diversas formas, desde no evidenciar

ningún síntoma, hasta evidenciar casi de inmediato cambios o, sufrir el “estres

(sic) postraumático”  mucho tiempo después de los hechos, años

incluso. Por otra parte como se indica en la

ampliación del dictamen, emitido a petición de la defensa técnica: “Desde la

psicología no existen instrumentos científicos mediante los cuales sea posible

identificar indicadores conductuales y emocionales exclusivos de abuso sexual.

Estudios científicos indican que se presenta gran variabilidad de síntomas en

distintos grupos de edad, sexo, relación con el ofensor, duración y tipo de

abuso y que, a pesar de que los síntomas generales del o de estrés

postraumático ( como miedos, problemas de conducta, baja autoestima y conductas

sexualizadas) se asociaron más frecuentemente con las víctimas de delitos

sexuales ningún síntoma caracterizó la  mayoría de niños abusados

sexualmente.” Así entonces, el resultado del examen psicológico practicado a A no es sinónimo de inexistencia del abuso aquí acreditado,

es labor del juez y no del profesional en psicología, establecer su existencia.

La pericia es tan sólo un medio probatorio más para la resolución del asunto y

en este caso además, se logró ubicar la existencia de un trastorno de ansiedad,

que en virtud de la seriedad de los peritos que lo emiten no es asociado

directamente al abuso sufrido por ello, por las múltiples situaciones socio

familiares y afectivas a las que la niña se encuentra expuesta”  (cfr.

folios 323 y 324).  No está demás agregar, que el Tribunal también partió

del principio Iudex est peritus peritorum, locución latina que significa

el Juez es perito de peritos, lo que quiere decir que no se encuentra vinculado

por el criterio técnico de un perito, quien es auxiliar de las partes y cuya

función es aplicar los conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o

técnica, a efectos de valorar determinado elemento de prueba desde su

perspectiva. Sin embargo, el Juez puede fundadamente, apartarse del criterio

del perito, o bien, interpretarlo de manera conjunta con el resto del material

probatorio, tal y como hizo el a quo en este caso, al establecer que el

trastorno de ansiedad que presentaba la menor ofendida,

si bien no estaba directamente relacionado con una situación de abuso,

lo cierto es que el resto de la prueba es contundente y suficiente para

establecer la plataforma sobre la cual se asienta el fallo condenatorio. c) la

fundamentación jurídica de la sentencia, señala violentado el principio de

correlación entre acusación y sentencia, pues el Ministerio Público al

exponer sus conclusiones, solicitó la absolutoria del imputado en relación con

el hecho cometido supuestamente el 28 de junio de 2009, pues se estimó que su

actuar no constituía un hecho típico. Considera que "al haber fallado

el tribunal en relación con este hecho, y además haber condenado al señor A por

un hecho que además de no ser típico, fue desestimado de la pieza acusatoria,

se está vulnerando el derecho de defensa, el principio de congruencia da (sic)

acusación y sentencia, y el debido proceso. Y este

corresponde al agravio fundamental." (cfr.

folio 364)  Considera además que el tiempo para deliberar fue

desproporcionado, pues en solo treinta minutos se analizó gran cantidad de

prueba, lo que trajo como consecuencia que no se analizaran

a fondo los elementos.  Los reclamos son

insostenibles.   En cuanto a la

solicitud que realizara el Ministerio Público con relación al segundo hecho

tenido por demostrado, el Tribunal explicó de forma diáfana las razones por las

cuales se apartaba de la solicitud de absolutoria formulada por el órgano

fiscal, con relación a los hechos ocurridos el 28 de junio: “El Ministerio

Público solicitó la absolutoria por los hechos acusados para la segunda ocasión

por cuanto la niña denunció que en la segunda ocasión fue tocada en pechos y

vagina y en el juicio sólo refirió haber sido tocada en lo que denominó vagina,

pero que en el interrogatorio se estableció se trataba de la pubis. La fiscalía

estimó que esta laguna atribuible a un fallo en la memoria le impedía sostener

la acusación, sin embargo el Tribunal se aparta del criterio de la fiscal,

estimando  que la inconsistencia tiene una explicación en el síndrome de

acomodación, según el cual las víctimas de abuso sexual tienden a suprimir

recuerdos, omitiendo hechos que en un principio denunciaron, o introduciendo

hechos que más bien no denunciaron desde el principio. Ello es normal dada la

tensión que estos eventos provocan en la psiquis de una persona, y en el caso

de la imprecisión con el nombre de la pubis, el Tribunal ha explicado que se ha

tratado tan sólo de un desconocimiento del término, lógico en el grupo etario y

escolaridad de la ofendida” (cfr. folio 323). El tema relacionado

con la posibilidad de que el órgano judicial dicte sentencia condenatoria a pesar

del pedido de absolutoria que hiciere el representante del Ministerio Público,

ha sido ya tratado en diversas ocasiones por los Tribunales que en su momento

tenían a su cargo el conocimiento en sede de casación, siendo definido de

manera tajante por la

Sala Constitucional, al resolver de manera vinculante erga

omnes, que el Juez no se encuentra vinculado por la solicitud de

absolutoria que haya planteado el órgano requirente y que tal actuación no

lesiona el debido proceso: “El recurrente afirma que el juez que emite una

sentencia condenatoria -cuando ésta última es antecedida por una petición de

absolución por parte del acusador- "ha abandonado su papel de tercero

imparcial", pero para esta Sala no existe ninguna demostración de dicho

aserto porque, contrario a lo que indica, tal acto concreto del juez no implica

que en estos casos se deje de lado la imparcialidad a que está obligado. En

particular, podemos apuntar que el juez no ha llamado a juicio oficiosamente al

imputado, sino a pedido del Ministerio Público; no le ha imputado conducta

alguna al acusado sino que, al mismo tiempo que éste escucha la reiteración de

la acusación que se le hace de forma oral. A partir de allí, lo que sigue es la

captación de todos los elementos probatorios que se aportan por los diferentes

órganos de prueba y, luego, escucha igualmente las conclusiones (y no por

casualidad así las llama el Código) que consisten básicamente en una valoración

y el enjuiciamiento jurídico que cada parte hace de lo ocurrido, todo al tenor del

artículo 356 del Código Procesal Penal (...) Lo que resta entonces es el

dictado de sentencia que -conforme se tiene dicho- se hará con base en lo que

el juez ha tenido por demostrado en la audiencia y atendiendo a los criterios

jurídicos que considera aplicables al caso y prestando atención a las

alegaciones de las partes. Queda claro entonces que no existe indicio alguno

que haga pensar que el juez dejó de ser objetivo, excepto si tomamos como

tal el hecho de que haya condenado (o absuelto) al imputado, pero esa expresión

es precisamente y más bien fruto de su actuar imparcial frente a lo que se le

planteó. El juez ante la solicitud de absolutoria del Ministerio Público

formulada en sus conclusiones, no pierde su competencia para decidir conforme a

derecho el problema probatorio y legal que se le ha formulado, concluir lo

contrario sería trasladar el Ministerio Público la función jurisdiccional de

que gozan, únicamente, los jueces. En resumen, y para efectos del respeto del

principio de imparcialidad como informante del debido proceso, la Sala no encuentra que en el caso planteado se

produzca -de forma automática y necesaria- como lo pretende el recurrente, una

infracción al principio de imparcialidad. Más bien, y como se explicó, tal

infracción dependerá de si un caso específico se logra demostrar que

efectivamente hay razones suficientes para entender que el juez ha tomado

partido y perdido la objetividad que debe ostentar frente al caso que juzga

(...) De conformidad con todo lo expuesto, debe evacuarse la consulta

planteada señalando que no constituye infracción al debido proceso el simple

hecho de que un juez dicte sentencia condenatoria contra un imputado en un caso

en donde el Ministerio Público pidió la absolutoria en las conclusiones del

juicio oral." (Sala Constitucional, voto Nº 11621-07 de las 830 hrs.

del 15 de agosto de 2007, el resaltado es suplido).   Por último,

el reclamo relacionado al tiempo que tomaron por las juezas para deliberar, al

considerarlo poco con relación a la gran cantidad de prueba, esto no pasa de

ser una apreciación subjetiva de la parte. Ciertamente el Código Procesal Penal

no prevé un tiempo mínimo para deliberar, pero sí

establece un plazo del

cual no podrá extenderse. Vía jurisprudencial se ha interpretado que sí existe una

vulneración a las reglas de la deliberación si los jueces dictan la parte

dispositiva sin haberse trasladado a deliberar en secreto, sin embargo, este no

es el caso: las juezas cumplieron las reglas de la deliberación, se retiraron a

deliberar de forma secreta, y, contrario a lo que estima la quejosa, treinta

minutos es un espacio de tiempo razonable y proporcionado para que las juezas

tomen una decisión. Debe tomar en cuenta la parte recurrente, que no se trata

que en deliberación los jueces analicen todos los elementos y toda la prueba de

manera detallada, pues esa valoración se plasmará en el fallo que se dicta por

escrito (u oralmente, si el caso así lo permite), sino que lo necesario es que

lleguen a un acuerdo acerca de la existencia del hecho, su calificación legal y

culpabilidad, así como la individualización de la pena aplicable y otros

extremos, sobre el análisis conjunto y suficiente de la prueba a los fines de

adoptar la decisión, todo en los términos del artículo 361 del Código referido.

En virtud de lo expuesto, el recurso de apelación presentado por la defensa del

encartado, debe ser declarado sin lugar.

Recurso de apelación interpuesto por Mauricio

Granados Chacón en su condición de representante legal de la demanda civil

Temporalidades de la

Arquidiócesis de San José:

Sustenta su impugnación en la errónea aplicación de la ley sustantiva, así como

del principio de causa petendi y la ausencia de aplicación de los

elementos jurídicos de la falta de legitimatio ad causam, en su versión

pasiva. Indica que el Tribunal consideró que la responsabilidad civil solidaria

que se endosa a su representada, deriva de la actuación negligente del […], como una responsabilidad in vigilando, cuando

el Cura Párroco nunca fue siquiera citado para que pudiera defenderse. Señala

que la acción civil resarcitoria menciona el artículo 1048 del Código Civil por

tratarse de una culpa in eligendo, pero en el fallo, se menciona

únicamente el artículo 1046, no obstante que no se demostró que se hubiera

incurrido en culpa in eligendo, pues no fueron las Temporalidades de la Arquidiócesis las

que eligieron y designaron al imputado, sino que fue el Cura Párroco.  Se

vulnera el principio de  causa petendi

porque se demandó solidariamente a las Temporalidades y no al Cura Párroco de

la localidad. Con relación a la falta de legitimatio ad causam pasiva,

es lógico que la acción carece de prueba respecto a la vinculación de la

demandada civil con relación a una culpa in vigilando. Si se pretendía

-señala- endosar a mi patrocinada una responsabilidad solidaria en dicha

conducta, era menester tener como demandado civil al padre G,

[…]. La culpa in vigilando resulta de imposible cumplimiento, pues la

comunidad religiosa aumenta continuamente, por lo que el Cura Párroco debe

cumplir múltiples funciones, por lo que no tendría sentido que estuviere

vigilando a quien cumple la función de distribución de eucaristía en casa de

los enfermos, puesto que para eso sería mejor que lo hiciese personalmente

él.  Como segundo motivo, se

acusa violación por errónea aplicación del

artículo 18 del

Código de Trabajo. Indica que el Tribunal consideró que las actividades

realizadas por los Ministros de la Eucaristía  eran de

carácter laboral, pese a no existir los elementos del contrato de esta naturaleza. El Tribunal

–alega el apelante- estima que la obligación de vigilar la actividad de los

Ministros de la Eucaristía,

deriva de la actividad de carácter laboral que ellos realizan. Señala que las

dos condiciones de dicho contrato son subordinación y salario y la actividad

del Ministro de la

Eucaristía no es remunerada y tampoco es empleado de la Curia, de la Parroquia y mucho menos

de las Temporalidades de la

Arquidiócesis, que es una persona jurídica totalmente

independiente. Así las cosas, acusa que el Tribunal infirió

erróneamente que el deber in vigilando sobre dichos personajes

corresponde al Cura Párroco. Los reclamos no son de recibo, y por

su conexión, serán resueltos de manera conjunta. Para efectos de una

mejor exposición, conviene esbozar algunas consideraciones en cuanto a la

responsabilidad civil extracontractual, así como acerca de la función de la Iglesia Católica

y la responsabilidad civil derivada de su actividad.   i) Sobre

la responsabilidad civil extracontractual: La responsabilidad

extracontractual, se encuentra desvinculada de cualquier relación jurídica y se

fundamenta en cualquier acto u omisión culposo o negligente que suponga un ilícito civil. La responsabilidad puede provenir de la

actuación dolosa o culposa del agente productor directo del daño, que es el

sistema de responsabilidad subjetiva, mientras que en el sistema de

responsabilidad objetiva, no tiene importancia el dolo o la culpa porque la

legislación establece diversos criterios en que se responde civilmente, por

ejemplo: el riesgo creado, establecido en el artículo 1048 párrafo 5 del Código

Civil; la protección al consumidor, contenida en el artículo 32 de la Ley de Promoción de la

competencia y defensa efectiva del Consumidor, número 7472,  la

responsabilidad objetiva del Estado, etc. Doctrinariamente se distingue entre

culpa in eligendo e in vigilando, entendiendo la primera como la

atribuible a una persona por haber elegido un tercero para una tarea en

particular y que en el transcurso de la misma ha causado daños, sean

patrimoniales  o morales; en la culpa in

vigilando, supone entonces una negligencia o incuria en cuanto al deber de

vigilancia. Como parte de una responsabilidad subjetiva indirecta, estos tipos

de culpa se encuentran contenidos en el artículo 1048 del Código Civil, tercer

párrafo, que en lo conducente, dice: “El que encarga a una persona del

cumplimiento de uno o muchos actos, está obligado a escoger una persona apta

para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un

buen padre de familia; y si descuidare esos deberes, será responsable

solidariamente de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una

acción violatoria del derecho ajeno, cometida con mala intención o por

negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se

hubiere podido evitar con todo y la debida diligencia en vigilar.”

La responsabilidad civil objetiva es independiente entonces del dolo o de la

culpa con la que haya actuado el agente que produce el daño, de manera que el

criterio de imputación va más allá, sosteniéndose no sólo en la doctrina, sino

también vía jurisprudencial, que deben existir tres requisitos para sustentar

este tipo de responsabilidad: a) el empleo de cosas que conllevan peligro o

riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; c) la relación o nexo de

causa efectos entre el hecho y el daño. ii) Naturaleza de la función

eclesial y su trascendencia en el plano social: Desde sus

orígenes, la Iglesia

Católica ha tenido una función evangelizadora y orientadora

en la ética social que se ha mantenido a través de los siglos. Resulta claro

que la Iglesia

ha sido una institución con gran presencia en el plano político, moral  y

social, cuya actividad en los planos político y social ha ido de la mano del

quehacer estatal, al punto que en algún momento se ha hablado de un binomio

entre Iglesia y Estado. Si bien es cierto el Estado Costarricense se ha

decantado por un modelo tolerante en cuanto a la libertad de culto permitiendo

a los ciudadanos elegir y profesar otras creencias,  lo

cierto es que también declara a la “Religión Católica, Apostólica, Romana” como la religión de

Estado, disposición que tiene raigambre constitucional (Artículo 75 de la Constitución Política).

De manera que, la actividad de la

Iglesia trasciende al plano de la moral social hasta el punto

de que, en la concepción popular de los fieles, la Iglesia ejerce una misión

no solamente orientadora, sino que se involucra en un deber ejemplarizante para

la sociedad. Los sacerdotes y las personas que ejercen alguna función eclesial

que implique una relación interpersonal, como lo son los Ministros de la Eucaristía o la Catequesis y, cualquier

otra labor educativa de contenido religioso y docente, deben cumplir con un

sagrado deber de conducción ética y una función que trasciende la conducta en

el sentido de que no solamente es en el plano puramente individual, sino que

deben constituirse en ejemplos vivos de la moral que la misma Iglesia a través

de los siglos y desde su fundación, ha mantenido y ha predicado. iii)

Sobre la responsabilidad civil solidaria de la iglesia:  La Iglesia, tal y como se

indicó, realiza un servicio a la comunidad de sus fieles, servicio en el cual

asume una determinada posición frente a las personas que congrega, por el

compromiso mismo de desarrollar su misión evangelizadora, de acción social y en

la cual incorpora a fieles para delegarle algunas funciones eclesiales,

selección que pasa por el criterio del sacerdote, máximo representante en la

comunidad, de la estructura de organización de la Iglesia Católica

y de la Arquidiócesis

a la que pertenece. Si bien es cierto la práctica religiosa es, en esencia,

libre y nadie está obligado a participar ni acudir a las ceremonias y servicios

religiosos, cuando se hace porque se profesa y practica la fe, se acepta la

estructura y organización de la

Iglesia y se confía en las decisiones del sacerdote como tal,

algunas de las cuales incluso, toma en asocio con miembros de la comunidad.

Así, si para el desarrollo propio del servicio que presta y la organización de

sus actividades, el sacerdote, pero en general la Iglesia, realiza

selecciones de seglares o feligreses para que coadyuven con algunas tareas

propias del giro mismo de actividades de la Iglesia, quien lo escoge y quien preside

jerárquicamente esa estructura de delegaciones, como responde con su patrimonio

por los daños que se ocasione por las personas designadas y delegadas, en el

cumplimiento de tales tareas, aprovechando las facilidades que esa escogencia

de la que han sido objeto, les presenta, que no las tiene el común de

feligreses precisamente porque tal selección parte de criterios del sacerdote y

establecidos por la Diócesis

o Arquidiócesis a la que pertenece, siendo todas estas actividades parte del

desarrollo del servicio que presta la Iglesia Católica. Al igual que en el

caso de los educadores en general, las autoridades eclesiásticas tienen

responsabilidad precisamente por esa delegación que existe por parte de una

autoridad superior a un tercero con el cual existe una relación de confianza,

para el cumplimiento de obligaciones que implican en sí mismas una relación

interpersonal, de servicio a la

Iglesia como Institución y que son funciones estrechamente

relacionadas con el Magisterio de la

Iglesia (entiéndanse incluidos figuras que ejercen una

función eclesial en general) y, por ende, encuentran sentido solamente en ella,

como parte del desarrollo de su función en la sociedad y comunidad de

fieles.  En determinados ámbitos, como lo es el cuidado pastoral por ejemplo,

debe  hacerse especial énfasis en el hecho de que más que la relación de

subordinación  entre el agente que delega y el sujeto activo directo del

acto dañoso, está  de por medio que -independientemente de la

subordinación- sí existe la obligación a una especial prudencia en elegir y

vigilar, puesto que un descuido en tales previsiones, acarrea la producción

o el riesgo del daño, y con él, vulneración de la confianza que la propia

posición social histórica de lo eclesial comporta para los fieles. En otras

palabras, es un elemento de especial relevancia,  la

credibilidad que impera o debe haber imperado de parte del sujeto pasivo de

daño o del abuso y el estamento religioso, máxime cuando es la misma Iglesia la

que acoge en su seno a personas menores de edad, con el fin de que realicen

funciones dentro de la misma liturgia o bien, asistan a cursos de catequesis en

general. En conclusión, puede establecerse la existencia de una  responsabilidad civil solidaria inherente de las

conductas de quienes, por su posición frente a la comunidad, ostentan cargos de

orientación, ya en el ámbito educativo, ya en el orden eclesial y catequístico.

Resulta medular que tales funcionarios y guías,  deben

observar mayor tino y tomar todas las previsiones que brinden seguridad de que,

al delegar sus delicadas funciones docentes y de formación moral y

religiosa,  no creen una situación en la cual no están debidamente

garantizados los derechos de los educandos y de los fieles.  Esto es

cierto, y lo es  con mayor énfasis, cuando se trate de personas que, por

su condición de personas menores de edad, sean especialmente vulnerables, de

allí que ya la actividad de por sí resulta riesgosa para una persona menor de

edad a la luz de la interrelación que existe entre adultos que son considerados

figuras de autoridad, ejemplificantes y de confianza, ante personas menores de

edad que desean profesar su fe mediante actividades religiosas dirigidas

y encomendadas por tales figuras. iv.- Del caso en concreto: Resulta

necesario transcribir las razones que el Tribunal plasmó en el fallo, y sobre

las cuales fundamenta la responsabilidad civil de las Temporalidades de la Arquidiócesis: “En

lo que respecta a la responsabilidad civil de Temporalidades Arquidiócesis de

San José que es la persona jurídica que representa la Iglesia Católica,

su responsabilidad deriva de la ausencia de una vigilancia debida del encartado

que fungía un papel en el desempeño eclesiástico, deber que le asistía al

jerarca de la iglesia representado por el sacerdote en ejercicio en dicha

parroquia, a saber G. Es claro que el demando civil A no es un empleado

remunerado de la iglesia, jurídicamente representada por Temporalidades

Arquidiócesis de San José, pues a lo largo del debate los testigos vinculados

con el ejercicio del Ministerio de la Eucaristía o la pastoral  informaron al

Tribunal que el puesto es meritorio y voluntario, la elección la realiza el

sacerdote de la parroquia con base en consultas que realiza a los feligreses y

a la propia observación de la conducta social del interesado en asumir la

función y que luego de hecha la elección el futuro Ministro recibe una

capacitación y asume un compromiso de carácter espiritual para con la Iglesia Católica

y que este compromiso se renueva cada tres años, por parte del sacerdote que

tiene la potestad de destituir a quien no considere digno del cargo. No

obstante, la ausencia de una remuneración no desliga a la Iglesia como persona

jurídica de su responsabilidad en ejercer una vigilancia debida de estas

personas que desempeñan un papel en la función de evangelización, pues estos

Ministros tienen contacto con los feligreses que asisten a la iglesia o que

abren las puertas de sus casas para recibir la comunión, en el entendido de que

los Ministros de la Eucaristía

tienen un respaldo de la

Iglesia. En su función estas personas tienen contacto con los

feligreses y en este contacto exponen a estos

feligreses a cualquier acción dañosa, directamente ligada al ejercicio de la

función eclesiástica. En este caso que nos ocupa, por su cargo el encartado

gozaba de la confianza de acceder a las instalaciones físicas de la Iglesia de [...] y de

estar a cargo del cuido de niños que querían ser monaguillos, específicamente

de la aquí ofendida, que en la creencia de que ingresaba a un lugar seguro

quedó al arbitrio del encartado en un lugar que ofrecía condiciones de

privacidad y en el que no recibía ninguna protección adicional. El propio

sacerdote de la congregación, es la persona en representación de la Iglesia que funge en esta

parroquia como máxima autoridad y sobre el que pesa la responsabilidad de

vigilar que no ocurra ninguna acción indebida, ilícita o delictiva como en este

caso, sin embargo, él dejó de lado esta función y no ejerció la vigilancia

debida sobre los presentes y sobre todo los Ministros de la Eucaristía y los

miembros de la pastoral que tienen asignadas responsabilidades de carácter

laboral, pese a la inexistencia de salario. El mismo admite que llega unos

cinco minutos antes que empiece la misa, en tanto que la testigo O dice que la

iglesia se abre aproximadamente una hora antes de  que empiece la misa y

los encargados de preparar la eucaristía ingresan a cumplir con sus funciones.

Con ello se evidencia la ausencia del celo esperado a su jerarquía, incurriéndose

así en una culpa in vigilando que en este caso tuvo una consecuencia dañosa

para la actora civil, menor ofendida, es por esto que la indemnización a la

ofendida de la suma de TRES MILLONES DE COLONES por daño moral, debe ser

asumida de manera solidaria entre la Iglesia Católica

representada por Temporalidades Arquidiócesis de San José y el demandado civil

A” (folios 329 y 330).  Como ya se indicó, la Iglesia como Institución y

como autoridad religiosa, presta un servicio ante la comunidad de feligreses,

lo que en este caso resultó escenario propicio, para que confluyeran dos hechos

determinantes: primero, una escogencia inadecuada de una persona que no era

apta para desempeñarse dentro de los cánones de servicio de la Iglesia y

una

falta de vigilancia de lo que esas personas -por su posición distinta del resto

de feligreses, en cuanto al acceso y conocimiento del manejo de los lugares,

ornamentos y demás objetos y disposiciones necesarias para las distintas

celebraciones-, estaban obligadas a realizar dentro de ese marco, lo que

provocó que se cometieran hechos sexuales abusivos en perjuicio de la menor,

dentro del templo, en un recinto al que no todas las personas tienen común o

fácil acceso, hecho cometido por un feligrés que desempeñaba un cargo especial,

por delegación y en perjuicio de una niña que también iniciaba labores como

pequeña laica comprometida, es decir, dos personas seleccionadas por el máximo

representante local de la

Iglesia y en desempeño de sus funciones propias en la Iglesia. El dolo con

el que actuó el imputado se encuentra demostrado y, como la norma contiene una

inversión de la carga de la prueba, la única forma de que se excluya la

responsabilidad es demostrando que esa acción no se hubiere podido evitar con

todo y la debida diligencia de vigilar o elegir, lo cual a lo largo del

contradictorio y ni siquiera con la prueba recibida en esta sede, pudo

establecerse. Se tuvo por cierto, eso sí, que al delegar funciones el

sacerdote, representante de la

Iglesia, no se seleccionó (eligendo) ni controló (vigilando)

adecuadamente y por parte de los encargados, las tareas encomendadas al

imputado. Esas tareas desde luego no autorizaban ni incluían el abuso sexual a

los menores, pero se dieron precisamente por las condiciones dadas y la

oportunidad de relación gracias al desempeño de tales funciones, incluso

echando mano de la autoridad moral que las mismas les daban y la posición de

autoridad frente a una persona vulnerable, como un menor de edad que daba sus

primeros pasos al servicio, precisamente, de la Iglesia. La paradoja

es precisamente que víctima y victimario estaban en tal condición, por la

escogencia que de ellos había hecho un miembro de la estructura de la Iglesia, Arquidiócesis de

San José, lo que hace aún más clara la atribución del daño ocasionado, al

patrimonio de quien se erige como cabeza jurídica y patrimonialmente hablando,

de tal organización, en este caso, las Temporalidades de la Iglesia.  Queda

claro que el Tribunal tomó en consideración la culpa in vigilando en que

se demostró incurrió el Cura Párroco, quien no ejerció la vigilancia debida

sobre los presentes y sobre todo los Ministros de la Eucaristía y los

miembros de la pastoral, pues independientemente de que se presente cinco

minutos antes de que inicie la misa, ello no lo exime de tomar otro tipo de

previsiones en resguardo de los menores ya que la Iglesia se abre  aproximadamente

una hora antes de que empiece la misa, conforme se desprende de la prueba

testimonial y los encargados de preparar la Eucaristía ingresan a

cumplir con sus funciones, todo lo cual implica una falta de vigilancia que de

forma inexorable le acarrea responsabilidad civil solidaria a la Iglesia, en este caso por

lo acaecido en la Parroquia

del […], representada jurídicamente por las Temporalidades de la Arquidiócesis. Nótese

que el Cura Párroco puede destituir a los Ministros de la Eucaristía y a los

miembros de la pastoral en el caso de que no resulten dignos, lo que hace

derivar que, si tiene esta potestad,  es porque

tiene que estar vigilante de su desempeño, en virtud de que realizan funciones

eclesiales por delegación, suficiente para hacer nacer ese deber de vigilancia,

que no es exclusivo de tareas remuneradas, como parece entenderlo quien

recurre. Si el sacerdote confió tanto en su buen juicio al elegir y no se

preocupó de supervisar, esa es una razón más para establecer el origen de la

responsabilidad objetiva del patrimonio de la Iglesia, en nombre de

quien el sacerdote y luego sus designados, prestan sus servicios a la comunidad

de creyentes.  No solamente al artículo 1048.3 del Código Civil sustenta

esta responsabilidad civil solidaria pues une estrechamente la culpa in

vigilando de la in eligendo, sino también el artículo 106 inciso 3

del Código Penal cuando dispone: “Es solidaria la acción de los partícipes

de un hecho punible, en cuanto a la responsabilidad civil. Están igualmente

obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de los

daños y perjuicios: … Las personas naturales y jurídicas dueñas de establecimientos

de cualquier naturaleza, en que se cometiere un hecho punible por parte de sus

administradores, dependientes y demás trabajadores a sus servicio”,

disposición en la que indudablemente y con mucha más razón se encuentra

incluida la Iglesia,

no sólo por esa relación que existe entre la Iglesia como persona jurídica y un dependiente

que actúa en su servicio, como resulta ser la figura del Ministro de la Comunión, sino porque en

el orden catequístico, priva y tiene  un peso específico la confianza que

se deposita en todos sus personeros, la sociedad, de allí que la fundamentación

que dio el Tribunal para declarar con lugar la acción civil resarcitoria, no

sólo se encuentra acorde con la legislación que regula la responsabilidad civil

extracontractual, sino que además, de acuerdo a las consideraciones expuestas, la Iglesia es una entidad que

debe responder civilmente, por lo que la excepción de falta de legitimación

ad causam pasiva no podía prosperar. Por otro lado, de una lectura del

fallo, se desprende que las juzgadoras no hicieron surgir el vínculo jurídico

de una relación laboral, sino de una culpa in eligendo por parte del

Cura párroco que es el representante de la Iglesia y actúa por delegación según la

estructura eclesiástica. No era por lo tanto necesario, que se le diera

audiencia a él como parte civil, pues es la Iglesia como persona jurídica, la que debe

responder civilmente de forma solidaria, a lo cual, la litis debe tenerse por

integrada con la demanda a las Temporalidades de la Arquidiócesis y no

pretender un enderezamiento de la demanda al Cura Párroco, quien debía

únicamente limitar su actuación -como ocurrió en este caso-, a la de un testigo

que podría informar acerca de su actuación dentro de los hechos acusados.

Consecuentemente, se declara sin lugar el recurso interpuesto por el

representante de la demandada civil.-