Resolución 01136-2024

Mediante sentencia N° 2024-0041, dictada a las 08:00 horas del 05 de marzo de 2024, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

Mediante resolución 2024-613, de las 15:00 horas del 20 de junio de 2024 (cfr. f. 87 a 91), esta Sala admitió para trámite el único motivo de la impugnación gestionada por el Ministerio Público, contra la resolución N° 2024-0041, de las 08:00 horas del 05 de marzo de 2024, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Primera (cfr. f. 33 a 42), que, por mayoría, declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el Ministerio Público y mantuvo vigente la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada por el Juzgado Penal Juvenil de San Carlos, N° 16-2024, de las 09:40 horas del 18 de enero del 2024 (cfr. f. 8 a 16).

Único motivo de casación. Reclama la causal de precedentes contradictorios entre la resolución N° 2024-0041 (por error material, cita el número 2023-0108, aunque el número correcto es el 2024-0041, pues así lo indica en el resto de su escrito), del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, que impugna, y los fallos de la Sala de Casación Penal N° 2015-00652, de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2015; N° 2013-1252, de las 11:00 horas del 13 de setiembre de 2013; N° 2022-00714, de las 10:54 horas del 29 de junio de 2022 y N° 2023-01148, de las 15:09 horas del 19 de diciembre del 2023. La recurrente cita, literalmente, lo que resolvió el fallo impugnado del recurso de apelación de sentencia formulado por la representación fiscal (folios 49 vuelto a 53 vuelto). De seguido, acusa que dicho fallo contraviene los precedentes jurisprudenciales unificadores de esta Sala, y la interpretación que se hizo sobre el voto de la Sala Constitucional N° 2017-014679, de las 11:41 horas del 13 de setiembre del 2017, al proponer una solución distinta a una misma premisa fáctica sobre la aplicación analógica de medidas de seguridad en penal juvenil, pese a la existencia de identidad sobre los presupuestos fácticos, pero con diferente solución. Refiere que el voto impugnado resolvió que la aplicación de normativa sobre medidas de seguridad a la población penal juvenil vulnera los derechos consagrados en los diferentes instrumentos del corpus iuris internacional, conclusión a la que arribaron a partir del análisis efectuado de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, la cual considera errada y alejada de los principios rectores de la materia penal juvenil. Señala que en la resolución N° 2015-00652 esta Sala unificó los criterios jurisprudenciales y consideró correcto aplicar las medidas de seguridad en materia penal juvenil. Cita al respecto, un extracto de ese voto, que alude a la supletoriedad de las leyes y la aplicación del numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. En esa línea, refiere que el fallo impugnado se apoya en una apreciación parcial de los preceptos normativos internacionales y presentan el error de basarse en la ejecución práctica de la norma, no en su estructura; además, contiene una falacia de generalización al sostener que la Observación General Número 24 del Comité de los Derechos del Niño, como Instrumento Internacional de Protección de Derechos Humanos, brinda mayores garantías que la ley y la jurisprudencia nacional, es de acatamiento obligatorio y dispone la no responsabilidad penal por motivos relacionados con retrasos en el desarrollo o con trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico ante el supuesto de aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil, otorgando un carácter absoluto a los conceptos generales vertidos por el Comité. Detalla que, en este asunto, el tribunal de apelación no ha presentado un solo precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del cual se derive que las medidas de seguridad resultan violatorias de los derechos humanos o que no sean recomendadas para la administración de las personas con discapacidad cognitiva o psicosocial en conflicto con la ley penal. Considera que el planteamiento del tribunal de alzada quebranta el sistema de competencias establecido por la legislación costarricense, en la medida en que suple las funciones de la Sala Constitucional, pues si no estaba de acuerdo con el criterio externado en el voto N° 2017-14679, debió entonces solicitar a ese tribunal un pronunciamiento mediante la vía de consulta de constitucionalidad sobre los aspectos en específico. Refiere que seguir el razonamiento del tribunal de apelación sería rechazar la posibilidad de aplicar todas aquellas formas procesales, con base en normas incompletas que requirieron integración de la norma de adultos, solo porque no fueron diseñadas para personas menores de edad. Refiere que el voto 2015-00652 de la Sala de Casación Penal unificó los criterios jurisprudenciales existentes, donde se determinó que en materia penal juvenil se deben aplicar las medidas de seguridad; mientras que el fallo recurrido siguió la posición mayoritaria que mantuvo ese despacho en la resolución N° 2014-0321, anulada por esta Sala mediante el voto N° 2015-00652. Reitera incluso los razonamientos de los fallos 225-2020 y 2021-028, que parten de la aplicación errada de los artículos 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y supletoria que de dicha norma disponen los numerales 388 a 390, 483 a 487 del Código Procesal Penal, 97, 98 y 100 del Código Penal, desconociendo los juzgadores que en materia penal juvenil todo lo que no se encuentre regulado de forma expresa en la legislación especializada debía aplicarse supletoriamente la normativa procesal y de fondo de adultos, respetando los principios propios de la materia. Argumenta que, en cuanto a las medidas de seguridad, la legislación definió la política criminal al establecer que también deben ser sometidas al proceso penal aquellas personas que resultan peligrosas para la sociedad por haber cometido un hecho acreditado a nivel típico y antijurídico, quienes no pueden ser declaradas culpables por falta de imputabilidad o al encontrarse esta disminuida, casos en los cuales debe imponerse medidas de seguridad, sean personas mayores o menores de edad, conforme a la remisión que realiza la norma especial. Lo decidido también contradice lo indicado por la Sala Tercera en el voto N° 2013-1252 de las 11:10 horas del 13 de setiembre de 2013, que señala: "[...] con respecto a la aplicación supletoria del Código Penal y Procesal Penal de adultos en materia penal juvenil, véanse las resoluciones N°00145-2013 y 01203-2012 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de Goicoechea, en que se admite el procedimiento abreviado; así como la N° 00917-2009, en que aprueban las medidas de seguridad curativas [...]". Y con el voto N° 2022-0714, de las 10:54 horas del 29 de junio del 2022, que dice: "Se reitera el criterio previamente unificado según el cual, resulta procedente imponer medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, en aplicación supletoria de la legislación penal de adultos. Se ordena el reenvío de la causa al Juzgado Penal Juvenil de Pérez Zeledón, para que proceda conforme a derecho". En razón de lo anterior, señala que, se debe aplicar de forma supletoria el Código Penal en cuanto a las medidas de seguridad, según el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Afirma que el tribunal de alzada se opone al voto 2023-01148 de esta Sala, que unificó los criterios jurisprudenciales existentes en torno a este tema y en los cuales se determinó que en materia penal juvenil se debe aplicar las medidas de seguridad. La resolución, reitera los razonamientos de los fallos citados anteriormente, que parten de la aplicación errada de los artículos 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y supletoria que de dicha norma disponen los numerales 388 a 390, 483 a 487 del Código Procesal Penal, 97, 98 y 100 del Código Penal, desconociendo los juzgadores que en materia penal juvenil el legislador indicó que en todo lo que no se encuentre regulado de forma expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil, debía aplicarse supletoriamente la normativa procesal y de fondo de adultos, respetando los principios especiales de la materia. Adiciona y desarrolla que los argumentos del tribunal de alzada son errados en relación a los siguientes tópicos: a) sobre la diferencia entre la competencia penal de personas adultas y personas menores de edad (folio 57 frente); b) sobre la existencia de un vacío legal por falta de regulación expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil (folio 57 vuelto); c) respecto al contexto histórico-ideológico de las medidas de seguridad (folio 57 vuelto); d) la supuesta afectación de fines y principios especiales si se aplican las medidas de seguridad al proceso penal juvenil (folio 57 vuelto); e) respecto al criterio de peligrosidad contrario a la condición de seres humanos de los imputados (folio 58 frente); f) referente a la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño (folio 58 frente). En resumen, existe coincidencia en las circunstancias fácticas analizadas en las decisiones jurisdiccionales, al tratarse de los mismos supuestos a los que se ha dado soluciones diferentes. Con la posición del tribunal de apelación se obviaron los artículos 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, 388, 389, 390, 483, 484, 485, 486 y 487 del Código Procesal Penal y 97, 98 y 100 del Código Penal, se vulneró el derecho del imputado a ser juzgado conforme al debido proceso, se afectó el accionar del Ministerio Público de promover la acción penal juvenil y el derecho del ofendido de tener respuesta a su denuncia por medio de una justicia pronta cumplida y en estricta conformidad con las leyes. Solicita se admita el reparo por la causal de precedentes contradictorios, se unifique la jurisprudencia y se establezca como correcta la interpretación de la norma según los votos 2015-652, 2013-1252, 2022-0714 y 2023-01148, que establece la procedencia de aplicar, de conformidad con el artículo 9 de la Ley De Justicia Penal Juvenil, a las personas menores de edad inimputables o con imputabilidad disminuida, supletoriamente, respetando los principios y garantías del proceso penal juvenil, el procedimiento para juzgar e imponer medidas de seguridad. Considera que los extremos que expone se bastan a sí mismos para su discusión, razón por la cual ve innecesario solicitar vista oral para la resolución del presente recurso.

El motivo de casación se declara con lugar. En relación con la causal de casación establecida en el inciso a) del artículo 468 del Código Procesal Penal, propiamente la existencia de precedentes contradictorios, esta Sala ha indicado, en reiterados pronunciamientos, que tiene como finalidad dar vigencia a los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, al procurar que el sistema judicial responda de la misma forma en casos que son equiparables. Para que se configure es necesaria la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Similitud en los supuestos fácticos; b) Identidad en la ratio decidendi; c) Divergencia en el análisis jurídico. Revisados los antecedentes de la resolución cuestionada se constata lo siguiente: i) el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en sentencia 16-2024, de las 09:40 horas del 18 de enero de 2024, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de la persona menor de edad imputada. La decisión se fundamentó en que el joven indiciado: “presenta una limitación cognitiva leve […] que por sí sola no afecta las capacidades para distinguir los actos lícitos de los ilícitos; no obstante, en el caso de Estward se hace ver que se suma una discapacidad auditiva que provoca una mayor disminución de la comprensión de las normas sociales y jurídicas por lo que presenta una disminución de las capacidades cognitivas y volitivas para distinguir entre lo lícito e ilícito […] A criterio de esta juzgadora, estas consideraciones indicadas en el informe psiquiátrico, colocan en estado de inimputabilidad al joven ”. ii) Inconforme con la decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado sin lugar por la mayoría del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, según se detalla en la resolución 2024-0041, de las 08:05 horas del 5 de marzo de 2024: “El tema central, desde la perspectiva del principio de legalidad criminal; desde el interés superior de la persona menor de edad, consagrado en el artículo 3 CDN y desde el derecho y deber del Estado de garantizar órganos, procedimientos y respuestas especializadas, con especial énfasis a las medidas desjudicializadoras, restaurativas, alternativas, es que traslapar una respuesta que incide sobre los derechos fundamentales de las personas menores de edad y adolescentes en conflicto con la ley, que no ha sido diseñada ni pensada para esa población, ni posee órganos y procedimientos especializados para su implementación y que tampoco tiene límites temporales claros, acorde con la naturaleza de las finalidades de reinserción social y familiar de una población que se encuentra en desarrollo, constituye, cuando menos desde la perspectiva de la mayoría, una violación directa al debido proceso, al principio de legalidad y a los postulados que consagra el artículo 40 de la CDN que tiene rango supra constitucional […] En cuanto al sistema penal, se reconoce e insiste sobre los efectos perniciosos que en sí mismo el sistema de justicia especializado puede tener, lo que arroja luces sobre el efecto que además puede tener una respuesta que no es propia ni especializada, como resultan ser las medidas de seguridad adultocéntricas del Código Penal […] recurrir a la posibilidad de aplicar supletoriamente no sólo el procedimiento, sino las medidas, es algo que no resuelve la incertidumbre, la inseguridad jurídica, los espacios de irreducible discrecionalidad de que habla el autor Luigi Ferrajoli, que se dan a la persona juzgadora, con esa posibilidad, que terminan estrujando los derechos de las personas menores de edad, al hacerlas calzar en un molde de restricción que no está diseñado especialmente para sus necesidades […] De esta forma, una respuesta como una medida de seguridad desde el sistema de justicia penal juvenil, debe ser especializada y la aplicación supletoria de las medidas de seguridad adultocéntricas, no cumplen ese requerimiento y aun cuando se considere que no son sanciones, sí son limitaciones a los derechos humanos e inciden en la libertad, por lo que requieren regulación expresa y especializada […] En este caso, se inició un proceso penal juvenil, en el cual se pudo valorar científicamente que la persona menor de edad acusada, es inimputable. Este es el supuesto que precisamente la norma prevé -"[...]si no se excluyen automáticamente, esos niños deben ser evaluados individualmente [...]", es decir, tal y como ocurrió en este caso, fue sometido a proceso, no fue descartado de inmediato, incluso fue intimado y se remitió a su valoración individual y a una ampliación inclusive, de las cuales resultó que tiene un retardo mental y además padece de una discapacidad auditiva, lo que le hace tener disminuida su capacidad cognitiva y judicativa, lo que debe implicar que no debe ser sometido a la justicia juvenil […] En consecuencia, la mayoría del Tribunal considera que la resolución de la juzgadora realizó un adecuado repaso de la normativa convencional, un encuadre jurídico adecuado a lo que convencionalmente se define como una justicia especializada y lo único que restaría sería que se realice la derivación a las instituciones estatales que deben intervenir en atención al derecho a la salud y el seguimiento del joven, en la comunidad”. A partir de la anterior reseña concluye esta Cámara que, en efecto, el caso en estudio presenta similitud fáctica y en la ratio decidendi con los precedentes de esta Sala N° 2015-00652, de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2015; N° 2022-00714, de las 10:54 horas del 29 de junio de 2022 y N° 2023-01148, de las 15:09 horas del 19 de diciembre del 2023; debido a que se refieren a la posibilidad de aplicar medidas de seguridad a la población penal juvenil en conflicto con la ley, en casos de inimputabilidad o imputabilidad disminuida. Se excluye la resolución N° 2013-1252, de las 11:00 horas del 13 de setiembre de 2013 porque, a pesar de que se refiere a la aplicación supletoria de la legislación de adultos dentro del proceso penal juvenil, lo hace en relación con un conflicto jurídico totalmente diverso, como lo es el efecto que un acuerdo conciliatorio tiene sobre la prescripción de la acción penal. Ahora bien, en torno al criterio que esta Cámara ha adoptado sobre el tema de interés, se debe destacar la resolución 2015-652, de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2015, mediante la cual, en ejercicio de la función nomofiláctica asignada en el numeral 468 inciso a) del código adjetivo, se emitió el siguiente criterio unificador: «Iniciaremos abordando los alcances del postulado del numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil referente a la supletoriedad de las leyes, para posteriormente ahondar en la naturaleza y fines de las medidas de seguridad, tema que nos conduce hacia los principios que informan la legislación penal juvenil, pues debe sopesarse la procedencia de este instituto dentro del modelo de responsabilidad y protección.

La supletoridad (sic) de las leyes. Ya esta Sala de Casación Penal ha resuelto que en caso de vacío legal, procederá la aplicación del numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que establece que: “En todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo, al conocer el caso concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de esta ley.” (Véase en este sentido el voto 2013-1252, de las 11:10 horas, del 13 de septiembre de 2013). En esta situación nos encontramos con respecto al tema de la inimputabilidad, pues la legislación especializada es omisa en este aspecto, en consecuencia, aquellos casos en que el acusado sea una persona menor de edad que al momento de la acción u omisión sancionada en la ley penal, tenga comprometida su capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, como consecuencia de una enfermedad mental o de una grave perturbación de la conciencia, deberá aplicarse lo dispuesto en el numeral 42, siguientes y concordantes, del Código Penal. Véase que, conforme lo dispone el numeral 1 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el ámbito de competencia según los sujetos se extiende a todas aquellas personas que “al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales”, tengan entre los doce y diecisiete años de edad. Es decir, la esfera de aplicación de la ley está debidamente definida en razón de la edad del sujeto activo, rango dentro del cual se presume la capacidad de culpabilidad penal, lo que resulta consecuente con el modelo de responsabilidad en que se asienta esta normativa, pues es precisamente lo que se negaba en el anterior sistema de corte tutelar. En ese sentido, como se indicó en el anterior considerando, la voluntad explícita del legislador sobre los aspectos no contemplados en la ley especializada, consiste en que fuesen suplidos con la legislación penal y procesal de adultos […] En este sentido, esta Cámara estima que, la aplicación supletoria de las normas del Código Penal que regulan las diferentes formas de imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad disminuida, que resultan necesarias para determinar la capacidad de culpabilidad del sujeto activo dentro del análisis de la teoría del delito, es correcta y necesaria. Esta primera conclusión nos traslada al tema de las medidas de seguridad que está íntimamente relacionado con la declaratoria de la inimputabilidad o imputabilidad disminuida.

Medidas de Seguridad. […] Como se observa, de larga data, los diferentes tribunales han definido claramente la naturaleza y fines de las medidas de seguridad, haciendo la distinción con respecto a las sanciones penales que son las que proceden aplicar cuando el reproche de responsabilidad penal es completado. Este orden de ideas nos lleva a concluir que no podemos equiparar las sanciones establecidas, que se aducen taxativas, de la Ley de Justifica Penal Juvenil, a las medidas de seguridad que contempla el Código Penal. Por lo tanto, los que sostienen la posición según la cual no es posible ni procedente agregar otras sanciones a las instituidas en la ley especial y que por ende, no son de aplicación las medidas de seguridad, no encuentra sustento jurídico. Tampoco existe colisión con el principio de legalidad, como se acusa, porque no estamos ante una sanción. […] En conclusión, esta Cámara sostiene que no se pueden equiparar las sanciones, desarrolladas en la ley especial, con las medidas de seguridad, pues su naturaleza es diferente. La definición de este aspecto, nos permite señalar que la normativa especializada no cuenta con regulación en lo concerniente a la condición de inimputabilidad –total o parcial, permanente o temporal- ni a su consecuencia, las medidas de seguridad; por lo que ante el vacío legal y sin norma expresa que se oponga, corresponde aplicar la regla de supletoriedad del ordinal 9 de la Ley De Justicia Penal Juvenil.

Interés superior del menor. […] Para efectos de esta decisión, interesa rescatar el postulado del interés superior el menor, el cual lo ubicamos en la Declaración Univesal (sic) de los Derechos del Niño, que consideró lo siguiente: “Principio 2: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Principio 7: ….El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres…”. (El destacado no es del original). En nuestro país, este criterio lo encontramos desarrollado en el numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual señala: “Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura de su pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social.”. No obstante existe referencia de este principio en los instrumentos internacionales y en la legislación común de los países que han adoptado esta corriente, los expertos coinciden en que el contenido de dicho concepto es difícil de precisar, por lo que se acude a otros postulados y garantías para una mejor conceptualización […] De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. El mandato internacional conmina a los Estados a adoptar las medidas necesarias en atención al interés superior del niño y de asegurar la adecuada protección y cuidado del menor. Bajo esta tesitura, un Estado que ignore la situación de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal que hayan sido declaradas inimputables o con imputabilidad disminuida, es decir, en un estado de vulnerabilidad mayor, está incumpliendo el mandato internacional, y sin duda alguna también el nacional. La necesidad de protección del menor –rechazando tajantemente que hacemos eco del modelo de la situación irregular-, junto a la búsqueda de su interés, es el norte que debe tener toda institución que tenga la competencia de la atención de la persona menor de edad, en esta categoría se encuentra el sistema judicial en general, y el penal en particular […] Al respecto cabe señalar que la  determinación de las competencias está debidamente regulada en nuestra legislación, tanto tratándose de las autoridades administrativas como las judiciales que atienden la materia de menores, con la determinación de que, todas deben respetar los principios rectores de la niñez y adolescencia y adoptar las medidas necesarias para adaptarlas a sus respectivos procesos […] En síntesis, esta Sala es del criterio de que, por razones de legalidad, reconociendo además, la normativa internacional y los principios rectores en el tema de los menores de edad, especialmente el interés superior del niño, la aplicación de las medidas de seguridad a las personas inimputables resulta procedente para cumplir a cabalidad con dicho postulado […].

Protección a la víctima y tutela judicial efectiva. […] debe recordarse que el reconocimiento que se ha dado, en el proceso penal, a los derechos y garantías a las que también tiene acceso la víctima, donde ha adoptado de manera progresiva, un papel más protagónico en el proceso penal. Cuenta con su derecho a ser escuchada e informarse de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo, así como que se considera su posición y los daños ocasionados a raíz de las actuaciones delictivas. El derecho a una tutela judicial efectiva también está garantizado para la parte afectada. Partiendo de que ciertamente, se trata de la persona que recibe el daño, el sistema penal pasa de convertirse en un fin en sí mismo, a una forma de encontrar reparación a los perjuicios ocasionados para la persona agraviada […] Queda claro, que la tesis que ha sido desarrollada en este análisis por parte de esta integración, concilia tanto los derechos de las víctimas y su necesidad de encontrar una respuesta por parte del Estado ante los daños ocasionados, como la necesidad de brindar protección integral y efectivo cumplimiento al principio de interés superior del menor de edad.

Criterio unificador de la jurisprudencia. Con base en todo lo expuesto, esta Cámara de Casación, en su función nomofiláctica, procede a unificar la jurisprudencia estableciendo que, atendiendo los principios rectores del Derecho Penal Juvenil, así como la normativa nacional e internacional, particularmente, los numerales 7 y 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con el 42, 97 a 102, del Código Penal, la aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil es correcta y legalmente procedente […]» (Suscrita por Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez, Magda Pereira, con voto salvado de José Manuel Arroyo y Doris Arias). El criterio expuesto se ha mantenido a lo largo de los años, tal y como se desprende del voto número 2022-714, de las 10:54 horas del 29 de junio de 2022, que contiene un recuento de diferentes resoluciones en que se aborda la temática: “[…] Una vez ponderado el asunto, y constatándose la identidad fáctica y la oposición jurídica entre la resolución impugnada y uno de los precedentes invocados por la casacionista, se concluye que debe prevalecer y reiterarse el criterio previamente unificado contenido en el Voto 2015-00652 de las once horas del veintidós de mayo de dos mil quince de la Sala de Casación Penal, siendo procedente la aplicación de medidas de seguridad en el proceso penal juvenil.  Conteste con dicha posición, la Sala Constitucional ante consulta judicial facultativa indicó en el voto 2017-014679 de las once horas y cuarenta y un minutos del trece de setiembre de dos mil diecisiete que “…la aplicación de dichas medidas responde a los principios rectores del derecho penal juvenil, así como la normativa nacional e internacional, particularmente, los numerales 42, 43 y 97 a 102 del Código Penal, por lo que no es contraria a los principios de legalidad, reserva de ley y seguridad jurídica, en la medida en que la misma Ley de Justicia Penal Juvenil prevé la aplicación supletoria de esa normativa.” De igual forma, la Sala de Casación Penal, con diferentes integraciones ha venido confirmando el criterio unificador expuesto, así, en el voto  2018-00311 de las catorce horas con quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, recalcó: “Conviene resaltar que la medida de seguridad, a diferencia de una medida de protección de tipo administrativo, representa para la persona menor de edad acusada una mejor garantía en el tanto es impuesta en sede jurisdiccional y con el auxilio que al efecto brinde el informe al cual alude el artículo 97 del Código Penal.  Es igualmente controlada en la vía jurisdiccional.  Tal carácter (judicial) apareja otra serie de garantías, así, por ejemplo, el derecho a la defensa letrada en todo momento, desde su imposición hasta su ejecución.  Por el contrario, una medida de protección de corte administrativo implica la desjudicialización del régimen con el consiguiente desmejoramiento de la situación de la persona menor de edad acusada en conflicto con la ley penal.  Si bien existe un entramado institucional (en donde figuran entes constitucionales como el Patronato Nacional de la Infancia) que pueden brindar asistencia a la persona menor edad, es lo cierto que ante la comisión de un injusto penal, corresponde a los órganos judiciales no sólo imponer la medida de seguridad en resguardo de la sociedad y de la persona misma, sino también con el fin de brindar una tutela judicial efectiva a la víctima.  Por consiguiente, es menester señalar que se mantiene el criterio previamente sostenido en las resoluciones 2017-848, 2016-296, 2015-652, 2015-982, 2015-985, 2015-1017, 2015-1144, 2015-1535 todas de la Sala de Casación Penal, validado, además por el voto 2017-14679 de la Sala Constitucional, en el sentido de que sí es viable, mediante aplicación supletoria de la legislación penal de adultos, la posibilidad de imponer medidas de seguridad en materia penal juvenil” (con integración de los y las Magistradas Arias M., Ramírez Q., Segura B., Zúñiga M. y Cortés C.). En el mismo sentido se pronuncia el voto 2019-00069 de las dieciséis horas quince minutos del dieciocho de enero del dos mil diecinueve (con la integración de los y las Magistradas Solano C., Desanti H., Zúñiga M., Robleto G., y Segura B.), en el cual se reproduce in extenso el voto de mayoría 2016-00296 de las diez horas y veinte minutos del primero de abril del dos mil dieciséis (con la integración de los y las Magistradas Chinchilla S., Ramírez Q., Gamboa S., Arroyo G., y Arias M., con el voto salvado de los dos últimos). De igual forma, en el voto 2020-01297, de las trece horas con once minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, se ratifica la posibilidad de aplicar medidas de seguridad a menores en conflicto con la ley, que resulten inimputables o con imputabilidad disminuida, agregando que son “…un instrumento que garantiza de mejor forma los derechos de la persona menor de edad sujeta al proceso penal.  De tal suerte, la medida de seguridad representa para el acusado una garantía en el tanto es impuesta en sede jurisdiccional (y es por tanto controlada en la vía jurisdiccional) y con el auxilio que al efecto brinde el informe al cual alude el artículo 97 del Código Penal, el cual se erige en un insumo probatorio valioso, en el tanto dictamina (con base en criterios técnicos) si la medida de seguridad es necesaria […] Más recientemente, en el voto de mayoría 2021-01130 de las once horas con treinta y nueve minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno, la Sala de Casación Penal, reitera el voto precedente, añadiendo a lo expuesto que: “Por último, debe precisarse que la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, en su apartado 28, deja abierta la posibilidad de abordar desde el derecho penal juvenil, los casos en los que el menor infractor haya alcanzado la edad mínima de responsabilidad y presenten un retraso en el desarrollo, trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico, siempre que ello se realice de forma individual -tal y como ocurre conforme al ordenamiento jurídico costarricense- afirmando: “Los niños con retrasos en el desarrollo o con trastornos o discapacidad del desarrollo neurológico (por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro alcohólico fetal o lesiones cerebrales adquiridas) no deben enfrentarse en modo alguno al sistema de justicia juvenil, ni aunque hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Si no se excluyen automáticamente, esos niños deben ser evaluados individualmente” (subrayado no corresponde al original)” (con la integración de los y las Magistradas Solano C., Ramírez Q., Burgos M., Alfaro V., y Segura B. quien salva el voto). Como se puede apreciar, la Sala de Casación Penal, en voto de mayoría ha venido en forma permanente, reiterando el criterio jurisprudencial contenido en el voto 2015-00652 de las once horas del veintidós de mayo de dos mil quince y no encuentra motivos para variar el mismo, pues en aplicación del artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y los principios que rigen la materia, se considera que las medidas de seguridad resultan aplicables en el proceso penal juvenil” (suscrita por Solano, Ramírez, Alfaro, Zúñiga y Segura con voto salvado de este último). Con posterioridad, en el voto 2023-1148, de las 15:09 horas del 19 de diciembre de 2023, se señaló: “[…] reitérese el criterio jurídico previamente unificado por esta Cámara, según el cual, es procedente imponer medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, lo anterior, en aplicación supletoria de la legislación penal prevista para personas adultas” (suscrito por Solano, Ramírez, Alfaro, Dumani, con voto salvado de Segura). Según se evidencia en las anteriores transcripciones, aunque no se trata de un criterio unánime, las diferentes integraciones de esta Cámara han sido consistentes en señalar que es factible la aplicación supletoria de la normativa penal y procesal penal de adultos, en lo que respecta a las medidas de seguridad, a personas menores edad en conflicto con la ley, cuando se determine que son inimputables o presentan imputabilidad disminuida. En esta nueva oportunidad que el tema es sometido a estudio, esta Sala no encuentra razón alguna para variar el criterio unificador externado en la resolución N° 2015-00652, de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2015, razón por la cual lo que corresponde es reiterarlo. Con base en lo expuesto, al constatase la contradicción del fallo recurrido, con las resoluciones N° 2015-00652, de las 11:00 horas del 22 de mayo de 2015; N° 2022-00714, de las 10:54 horas del 29 de junio de 2022 y N° 2023-01148, de las 15:09 horas del 19 de diciembre del 2023 de esta Sala, por mayoría, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia, se anula la resolución N° 2024-0041, de las 08:00 horas del 05 de marzo de 2024, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, así como la sentencia N° 16-2024, de las 09:40 horas del 18 de enero del 2024, del Juzgado Penal Juvenil de San Carlos. Se ordena el reenvío de la causa ante este último despacho, para que, con una integración diversa, resuelva lo que en derecho corresponda. Se reitera el criterio unificado por esta Sala, según el cual resulta procedente imponer medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, en aplicación supletoria de la legislación penal prevista para personas adultas. La magistrada Vargas González salva el voto.