Resolución 00985-2015

Se declara con lugar la impugnación:

Tal y como lo hace ver el representante del

Ministerio Público, han existido interpretaciones jurisprudenciales

contradictorias sobre la posibilidad de aplicar supletoriamente las medidas de

seguridad en materia penal juvenil en el caso de los menores de edad declarados

inimputables o con una imputabilidad disminuida. De

acuerdo con un sector de la jurisprudencia -al que pertenece la sentencia

impugnada-, ello no es posible, por no existir una norma expresa que lo

faculte, por considerarse que ello se opone a los fines y principios de la

justicia de menores y entenderse que lo procedente es acudir al Proceso

Especial de Protección regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por

su parte, el sector jurisprudencial que se opone a la anterior interpretación,

sí avala la aplicación supletoria de la legislación penal y del Código Procesal

Penal por ausencia normativa, siendo esa la posición que mantiene esta Cámara,

conforme se procede a analizar. Según se deriva de los autos, en el presente

asunto se contó con el dictamen pericial psicológico forense SPPF-2014-0236,

del 5 de febrero de 2014 que evidenció que el menor presenta: “...alteraciones

en sus funciones mentales superiores, en términos de una disminución de sus capacidades

para comprender el carácter ilícito o no de sus actos, así como su competencia

para enfrentar el proceso judicial correspondiente...” (f. 184 y

siguientes). A partir de lo anterior, el Juez Penal Juvenil dictó un

sobreseimiento definitivo, al estimar que a la persona menor de edad le es

aplicable la condición de imputabilidad disminuida. En dicha sentencia, se cita

el voto del Tribunal de Casación Penal Nº 579-02, de las 12:10 horas del 1 de

agosto de 2002,  en el que se indica que la Ley de Justicia Penal Juvenil no previó la

peligrosidad criminal generadora de medidas de seguridad, de manera que en

tanto el imputado realice un hecho típico y antijurídico pero no culpable en

razón de un estado de inimputabilidad, total o

parcial, permanente o transitorio, el hecho no tiene consecuencias jurídicas y

que ello conlleva al dictado de una sentencia absolutoria, considerándose

además que la aplicación subsidiaria de los artículos 97 y 102 del Código

Penal, atentaría contra el principio de legalidad en materia penal sustantiva.

Se concluyó así, que lo pertinente era :

“...dictar sobreseimiento definitivo a favor del aquí acusado, en razón de que

nos encontramos ante una falta de condición necesaria para imponer la sanción.”

(f. 200). Una vez analizado el fallo impugnado en su integridad, concluye esta

Sala que se impone acoger los reclamos planteados por la representación fiscal,

al asistirle razón en sus planteamientos. Como punto de partida, debe

recordarse que el proceso penal juvenil tiene como principios rectores

especiales, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el

respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y

la sociedad, según lo establece el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Partiendo de ello, se estima que la posición que ahora asume esta Sala, es la

que más se ajusta a tales principios. Ciertamente, en la legislación especial

no se contempla el caso de las personas menores de edad que sean autores de un

delito y que se encuentren en una condición de inimputabilidad

o imputabilidad disminuida. Es decir, no se contempla la hipótesis de las

personas menores de edad a quienes no se les puede emitir un juicio de reproche

o una declaratoria de responsabilidad penal por carecer de capacidad de

culpabilidad o imputabilidad plena. No obstante, la norma general prevista en

el artículo 9 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, establece la supletoriedad

de la legislación penal y procesal de adultos, resultando aplicable también, en

materia de medidas de seguridad. En síntesis, se entiende que el fundamento de

la medida de seguridad, es la peligrosidad criminal del individuo y que

persigue un fin de prevención especial. Se ha indicado que la misma: “...persigue

un doble objetivo: uno utilitario, de defensa de la sociedad, creando en esta

una sensación de seguridad frente al sujeto peligroso; y otro ético, como medio

encaminado a recuperar su dignidad humana...” (BURGOS MATA, Álvaro. Niñez,

locura y delito (en el campo Penal Juvenil de Costa Rica). San José, Costa Rica, Editorial Universidad Autónoma

de Centroamérica, 2011, p. 100). Asimismo, se entiende que: “...la finalidad

de las medidas de seguridad en cuanto a los inimputables

es evitar que cometan nuevos delitos o que se dañen a sí mismos. O sea, el fin

generalmente aceptado es una acción rehabilitadora

para quien delinque...” (BURGOS MATA, Álvaro. Op.

Cit. p. 110). De lo anterior, se deriva que las

medidas de seguridad tienen su fundamento en la peligrosidad que la persona

podría conllevar respecto a la sociedad (y respecto a sí mismo) y en el fin

curativo que dichas medidas puedan representarle a ella, siendo su objetivo,

tanto su reincorporación a la sociedad, como la defensa de ésta, teniendo así,

una naturaleza distinta a las penas, por lo que no se les puede catalogar como

sanciones, tal y como lo ha reconocido la Sala Constitucional.

En ese sentido, se ha indicado: “...“III. Las medidas de seguridad son

medios especiales preventivos, privativos o limitativos de bienes jurídicos,

impuestos por las autoridades judiciales a aquellas personas que nuestro

ordenamiento jurídico penal califica de "inimputables",

con el fin de "readaptarlos" a la vida social, sea con medidas de

educación, de corrección o curación. Son medidas de internamiento en centros

hospitalarios o centros técnicos especializados en la atención de

discapacitados mentales. Así lo establece el artículo 101 del Código Penal...V.

Las medidas de seguridad tienen una naturaleza jurídica diferente de las penas.

Las primeras son medidas preventivas que responden a necesidades preventivas y

curativas. La pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta

conforme a ley, por órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de un

delito, esta restricción puede dirigirse a bienes de su pertenencia, a la

libertad personal, a la propiedad, entre otras. La pena es la justa retribución

del mal ocasionado por el ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del

imputable. Sin negar la posible finalidad resocializadora

y en alguna manera preventiva de la pena, su esencia radica en la retribución,

retribución que no se traduce en reproche o venganza; sus fines son más amplios

y elevados: mantener el orden y el equilibrio, fundamento de la vida moral y

social, para protegerlos y restaurarlos en caso de quebranto. Las medidas de

seguridad tienen otro régimen jurídico, es decir, no son penas, razón por

la cual los sujetos sometidos a ellas no pueden ser objeto del tratamiento y

beneficios, tales como el indulto, el beneficio del artículo 55 del Código

Penal, la libertad condicional, que se otorgan a los reos, porque se trata de

medidas eminentemente curativas y preventivas...” (Resolución número

2586-93 de las 15:36 horas, del ocho de junio de 1993, citada en el voto Nº

17298-2008, de las 2:51 horas, del 19 de noviembre de 2008. El resaltado no es

del original). Tomando en consideración lo antes expuesto, es posible concluir

que la aplicación de las medidas de seguridad sí resulta conciliable con la

finalidad pedagógica del proceso penal juvenil, en tanto dichas medidas

tienden a favorecer el proceso de resocialización de

la persona menor de edad, en sus distintos ámbitos, tanto social, familiar como

educativo. Por otra parte, la tesis de que la aplicación de las medidas de

seguridad en el proceso penal juvenil afecta el principio de legalidad, es

errónea, pues tal y como lo indica el recurrente, se trata de un proceder

legítimo, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

que dispone: "ARTICULO

Leyes supletorias. En todo lo que no se

encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse

supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo,

al conocer el caso concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar

las disposiciones y los principios del Código Penal, en tanto no contradigan

alguna norma expresa de esta ley" (el resaltado no es del

original). Entiende este Despacho, a partir de la lectura de dicho artículo,

que el legislador, de manera clara dispuso que es obligatoria la aplicación

supletoria de la legislación penal y procesal penal de adultos, cuando ello no

se oponga a alguna de las normas contenidas en la legislación especial, siendo

que en la Ley de

Justicia Penal Juvenil no hay disposición alguna que impida o imposibilite que

las medidas de seguridad curativas sean impuestas a las personas menores de

edad y, en ese tanto, se entiende como perfectamente posible su aplicación,

como se ha permitido por ejemplo, en relación con el proceso abreviado a la materia

penal juvenil, lo que incluso, ha sido avalado por la Sala Constitucional.

La aplicación supletoria de las medidas de seguridad en materia penal juvenil,

se justifica a partir de una integración armónica del Código Penal y de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

debiendo garantizarse que ningún derecho procesal o sustancial de las personas

menores de edad sea vulnerado. Es claro, así, que el principio de legalidad

no se ve conculcado, pues según se indicó anteriormente, no existe una

norma en la legislación especial que prohíba tal aplicación y por el contrario,

sí existe una norma general (el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil), que autoriza la

aplicación supletoria del Código Penal siempre que no se contradiga alguna

norma expresa de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, máxime que, según entiende este Despacho, si el

legislador hubiera querido excluir la aplicación de las medidas de seguridad en

materia penal juvenil, así se hubiera indicado expresamente en la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Ahora bien, entiende este Despacho que, con tal proceder, se cumple con el

debido proceso para las partes. En primer lugar, se estarían protegiendo

los derechos de las personas víctimas de delitos, evitándoseles el desamparo en

el sistema penal ante la impunidad, al brindársele una respuesta a su caso por

medio de una justicia pronta y cumplida, conforme lo dispone el artículo 41 de la Constitución Política,

en resguardo del principio de tutela judicial efectiva, mientras que en

relación con la persona menor de edad, para la aplicación de las medidas de

seguridad, primero debe demostrarse en un debate, la comisión de un hecho

delictivo, así como la inimputabilidad o

imputabilidad disminuida, con todas las garantías procesales y en respeto de

todos los principios especiales que rigen la materia. Resulta relevante hacer

mención del artículo 97 del Código Penal, que establece que: “Las medidas de

seguridad se aplicarán solamente a las personas que hayan cometido un hecho

punible, cuando del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca

la posibilidad de que vuelvan a delinquir.” Ya esta Sala se ha pronunciado

sobre los alcances de dicha disposición, reconociéndose que el tema ya ha sido

objeto de análisis, indicándose expresamente: “...en el voto 2007-00625, de

las 09:30 horas, del 8 de junio de 2007, se indicó que: “El artículo 97 del

Código Penal contiene una norma general para la aplicación de las medidas de

seguridad en cualquier caso. De esta se deriva que para imponer una medida de

seguridad, siempre y en todos los casos ha de examinarse la posibilidad de que

la persona vuelva a cometer el delito”, aspecto que es posible corroborar

precisamente con el informe o prognosis que emita el Instituto Nacional de

Criminología, tal y como lo exige dicho numeral, pues no basta para la

imposición de la medida curativa, en los casos de inimputabilidad,

con tener por acreditado que la persona imputada realizó el hecho ilícito

acusado, sino que debe también determinarse la probabilidad de la conducta

delictiva posterior. Cabe resaltar también, que para imponer una medida de

seguridad, se precisa de una ponderación y valoración del arsenal probatorio

incorporado al debate, llevada a cabo por el juzgador, entre los cuales sin

duda no puede faltar el informe del Instituto de Criminología, según lo

establecido en el artículo 97 citado. Incluso la Sala Constitucional

ha establecido la necesidad de contar con dicho informe pues puede ocurrir que

frente a un hecho punible realizado por un sujeto que es inimputable,

no sea pertinente la imposición de una medida de seguridad: “No a todos los inimputables se les impone este tipo de medidas, pues ello

depende de su necesidad, de las condiciones personales del sujeto, con miras a

la mejoría de su estado psíquico anormal, de ahí la necesidad de informe del

Instituto Nacional de Criminología en el que se establezca la posibilidad de

que se vuelva a delinquir en razón del estado de inimputabilidad…”

(Voto 2583-1993, de las 15:36 horas, del 8 de junio de 1993). El artículo 97

del Código Penal exige como requisito para la imposición de una medida de

seguridad “…la posibilidad de que vuelva a delinquir”, dictamen que no se

corresponde con un mero pronóstico de peligrosidad social.” (Resolución

2009-01573, de las 15:37 horas, del 18 de noviembre del 2009)...” (Al

respecto, resolución de esta Sala Nº 1348-2012, de las 11:56 horas, del 29 de

agosto de 2012. El resaltado no es del original). Es decir, que no en todos los

casos de menores de edad con inimputabilidad o

imputabilidad disminuida procedería la imposición de una medida de seguridad,

sino solo, cuando ello fuera necesario, lo que se acredita, obligatoriamente,

previo informe del Instituto Nacional de Criminología, distinto a lo que sucede

en el proceso especial de protección. Por otra parte, debe indicarse que con la

aplicación de medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, tampoco se

vulnera el principio de interés superior del niño. Dicho principio fue establecido de manera expresa en la Declaración de

derechos del niño de 1959, indicándose en el principio 2 que: “El niño

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda

desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente en forma

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al

promulgar leyes con ese fin, la consideración a que se atenderá será el interés

superior del niño” .

Dicho principio no se encuentra regulado expresamente en el ordenamiento jurídico,

no obstante, en el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia se establecen algunos

parámetros para su aplicación, en tanto se dispone que: “ La determinación

del interés superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y

responsabilidades. B) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y

demás condiciones personales. C) Las condiciones socioeconómicas en que se

desenvuelve y D) La correspondencia entre el interés individual y el social”. Se

desprende de lo anterior, que en cada caso concreto, el interés superior se

determina a partir del análisis de las circunstancias psicológicas, sociales y

económicas particulares de la persona menor de edad. En relación con dicho

principio, ha dicho la doctrina que: “...con el interés superior del niño,

se está haciendo mención a que debe tenerse en cuenta, en la justicia penal

juvenil, lo que es más conveniente para la reinserción familiar y social del

joven...” (TIFFER SOTOMAYOR, Carlos y otros. Derecho Penal Juvenil.

Primera edición, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico de San José S.A., 2002, pág. 123). Según se ha indicado, las medidas de

seguridad tienden a favorecer el proceso de resocialización

de la persona menor de edad, en sus distintos ámbitos, tanto social, familiar

como educativo y, en ese tanto, resultan conciliables con la finalidad

pedagógica del proceso penal juvenil, sin que se advierta de qué manera podrían

tenerse como violatorias del principio de interés superior del menor, en tanto

buscan un fin educativo y resocializador, siendo

evidente que, más bien, la persona menor de edad se vería afectada si no se le

atiende su situación conforme a un debido proceso. Aunado a lo anterior, debe

recordarse que en el caso de los asuntos penales, la determinación de la

consecuencia del hecho punible, le corresponde al juez y, en ese tanto, el

procedimiento especial de protección en sede administrativa, previsto en el

Código de la Niñez

y la Adolescencia

no resulta aplicable en los supuestos en los que medie la comisión de una infracción

penal. En ese sentido, ha indicado esta Sala que: “...Cuando se trate de

una medida de seguridad, será el juez el competente para dictarla

(artículo 98 del Código Penal). De conformidad con el artículo 5 del Código

Procesal Penal, la potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los

tribunales ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y a la

ley. Tanto la primera fijación de la pena o medida de seguridad, y las condiciones

de su cumplimiento, así como las sucesivas fijaciones, modificaciones,

sustituciones, o su extinción, es función jurisdiccional (artículos 453 y 463

del Código Procesal Penal)... De manera alguna podía delegar en un órgano

administrativo esa tarea, pues su función es indelegable”. (En ese

sentido, resolución de esta Sala Nº 2004-01389,

de las 9:30 horas, del 3 de diciembre de 2004). También en la doctrina se ha

analizado la aplicación de las medidas de seguridad en el proceso penal

juvenil. En ese sentido, se ha indicado: "[...] En la actualidad existe

una ardua discusión sobre las sanciones dentro del derecho penal juvenil, tema

que cobra especial relevancia cuando nos enfrentamos a conductas delictivas

cometidas por personas menores de edad en las cuales se ha determinado su condición

de inimputables o toxicómanos a partir de las

conclusiones de las pericias respectivas. El cuestionamiento nos lleva a dos

posibles soluciones: una darle un abordaje como un problema de salud y

excluirlo del derecho penal y otra, mantener la línea tradicional, en la cual

se faculta al derecho penal sancionar la conducta delictiva, imponiendo una

medida de seguridad. Si se admite la primera posición, la normativa aplicable

lo constituye el Código de la

Niñez y la

Adolescencia, el cual contempla la posibilidad de imponer

medidas de protección para quienes están en una situación de vulnerabilidad,

dentro de las que se ubican los casos de inimputables

y toxicómanos, esto implica admitir medidas de "seguridad o

protección" con una naturaleza jurídica de carácter administrativo.

Posición que implicaría no sólo una vulneración de derechos sino que

contraviene lo señalado por Sala Constitucional, la cual al desarrollar el

alcance del artículo 39 de la Constitución Política, ha señalado que la

imposición de las sanciones y por ende de las medidas de seguridad gozan de la

garantía de la reserva de ley, destacando su naturaleza jurisdiccional y

exclusivamente ante la comisión de delitos. La única solución posible en aras

del respeto de esta reserva legal, es aplicar, conforme al artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

la legislación penal de adultos y admitir la imposición de medidas de seguridad

en la justicia penal juvenil [...]" (cfr.

Campos Zuñiga Mayra, "

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA PENAL

JUVENIL", en Medicina Legal,

Heredia, Costa Rica, volumen 23, N° 1, marzo 2006).

Entiende este Despacho que, en todos aquellos asuntos en los que medie la

comisión de un delito o un hecho típico y antijurídico, lo que procede es que

sea el juez quien determine y fije la medida de seguridad que corresponda, en

resguardo del debido proceso y de las garantías constitucionales, una vez que

se determine su necesidad y utilidad en el caso concreto. Finalmente, respecto

a la indeterminación de las medidas de seguridad , se impone señalar lo siguiente.

El artículo 100 del Código Penal,  dispone que las medidas curativas de

seguridad son de duración indeterminada, indicándose

en el segundo párrafo, que cada dos años, el Tribunal se pronunciará sobre el

mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad

impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento mediante informes del

Instituto de Criminología. En criterio de esta Sala, tal disposición resulta

conciliable con los principios de la materia penal juvenil, en tanto la Sala Constitucional

ha aclarado que: “... la indeterminación que contiene la norma

obedece a que en el momento de la imposición de la medida de seguridad no se

sabe con certeza cuándo pueda terminar, pues ello depende de la respuesta del

sujeto inimputable ante el tratamiento psiquiátrico

que se le administre durante su internamiento o cualquier otra medida que se

disponga; estas decisiones se pueden revisar, por lo menos, cada dos

años. La intervención periódica de la autoridad jurisdiccional competente,

evaluando el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida,

conforme lo prevé el párrafo segundo del artículo 100 del Código Penal, es una

condición que no es compatible con una sanción perpetua, que es lo que prohíbe la Constitución. No

hay en la naturaleza y contenido de la revisión, una condición que convierta

tal procedimiento en una formalidad que provoque, en la práctica, la

perpetuidad de la medida. La indeterminación de la medida no obedece a

criterios retributivos o represivos sin ningún control, pues la evaluación

periódica conforme a criterios técnicos le pone un límite razonable y definido

a la actividad represiva del Estado. La indeterminación de la medida no

responde a un abuso o exceso del poder punitivo estatal, sólo pretende evitar

daños o perjuicios a terceros en virtud de los trastornos que aqueja al sujeto

activo y que no exigen una respuesta punitiva, sino que se requiere, como

corresponde en sentido estricto a las medidas de seguridad, una valoración

preventiva y prospectiva, en función del trastorno que aqueja al sujeto activo

y que puede corregirse o neutralizarse mediante un tratamiento especializado. La

revisión y transitoriedad de la medida impuesta, se convierte en una garantía

con la que se pretende impedir que el control estatal propicie la arbitrariedad

o una represión estatal que lesione la dignidad humana...” (Sala

Constitucional, voto Nº 17298-2008, de las 2:51 horas, del 19 de noviembre de

2008. El resaltado no es del original). Es decir, que la duración estará fijada

en función de la respuesta que tenga la persona menor de edad a la medida de

seguridad que le haya sido impuesta, atendiendo a criterios técnicos y siempre

dirigidos al fin pretendido con su otorgamiento. Por todas las razones expuestas,

se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio

Público, estableciéndose que es procedente aplicar, de conformidad con el

artículo 9 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, supletoriamente los artículos 388, 389, 390, 483 a 487 del

Código Procesal Penal y 97, 98 y 99 del Código Penal, e imponer medidas de

seguridad a personas inimputables o con imputabilidad

disminuida, respetando los principios y garantías del proceso penal juvenil y

que, en consecuencia, resulta improcedente la remisión del asunto a la vía

administrativa por medio del proceso especial de protección. En consecuencia,

se anula la resolución del Tribunal de Apelación Penal Juvenil del Segundo

Circuito Judicial de San José, Goicoechea, No. 2014-464, de las 11:30 horas,

del 10 de octubre de 2014 (f. 263 a 282), en

tanto confirmó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de [Nombre 003]., al considerar que las medidas de seguridad son

incompatibles con la justicia penal juvenil. De igual manera se anula el

Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado Penal Juvenil de San José, de

las 11:42 horas, del 18 de julio de 2014 (f. 197 a 201). Se

ordena el reenvío de la causa ante el Juzgado Penal Juvenil de San José, el

cual con integración diferente, debe proceder a resolver el proceso, conforme a

lo dispuesto en esta sentencia.”