Resolución 00011-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: “a) Que el ACTO

ADMINISTRATIVO constituído (sic) por el que dispone anular un

voto otorgado a mi favor por haberse considerado que el votante en la

boleta respectiva, únicamente consigno (sic) mi nombre y primer

apellido, tomado por el Presidente provisional del Directorio Municipal de la

Municipalidad de Alajuela, señor Rafael Arrollo Murillo, es totalmente nulo con

contrariar el Ordenamiento Jurídico. b) Que el Tribunal Contencioso Administrativo

de fallo ordene al Directorio Municipal revisar la totalidad de los once votos

emitidos en la sesión del primero de mayo de dos mil diez, todos ellos válidos,

para que determine a mi persona como el Regidor candidato victorioso, y se me

instale inmediatamente como Presidente del Concejo Municipal de Alajuela. c)

Que la anulación del acto administrativo atacado, por conexidad, anula

cualquier nombramiento de un tercero en el cargo de Director definitivo del

Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela. Por lo anterior, la

importancia de apersonar al señor Humberto Soto Herrera en el proceso. d) Que

se apruebe en su totalidad las partidas de daño moral liquidadas. e) Que se

condene a los demandados al pago de las costas personales y procesales de la presente

acción.”

El

representante de la demandada contestó negativamente y opuso las excepciones

acto no susceptible de impugnación (la que fue resuelta en audiencia

preliminar), de falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de

interés actual.

Al ser

las 13 horas 40 minutos del 16 de noviembre de 2010, se efectuó la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de

ambas partes.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrada por la Jueza

Sady Jiménez Quesada y los Jueces Carlos Espinoza Salas y Alner Palacios

García, en sentencia no. 93-2011 de las 8 horas 48 minutos del 12 de mayo de

2011, con voto salvado del último Juez mencionado, resolvió: “Se rechaza la

falta de legitimación activa, la falta de interés actual y la falta de derecho

formuladas por el señor Humberto Soto Herrera en su calidad de Alcalde y

Presidente del Concejo Municipal de Alajuela y en consecuencia se decreta la

nulidad absoluta de la actuación realizada por el señor Rafael Arrollo Murillo,

que en su condición de presidente provisional del Directorio Municipal de la

Municipalidad de Alajuela, anuló un voto otorgado a favor de Roberto Campos

Sánchez, debiendo revisarse la votación efectuada y designar el Concejo

Municipal el candidato victorioso. Por concepto de daño moral se concede la

suma de QUINIENTOS MIL COLONES. Se dicta sin especial condenatoria en

costas.”

5.-

La parte demandada solicitó adición y aclaración de la sentencia dictada;

esta fue rechaza mediante resolución no. 93-2011-BIS de las 13 horas 40 minutos

del 20 de mayo de 2011.

El

apoderado de la demandada formula recurso de casación indicando las razones en que

se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado González Camacho

El actor manifestó en

la demanda origen de este proceso, que el 1 de mayo de 2010 se celebró en la

Municipalidad de Alajuela, la sesión solemne establecida en el cardinal 29 del

Código Municipal, con el fin de elegir al Presidente y Vicepresidente del

Directorio del Concejo Municipal. Explicó, en la citada sesión, se instaló el

Directorio Provisional de dicho Concejo, el cual fue presidido por el señor

Rafael Arroyo Murillo. Mencionó, también fue conformado un Tribunal Electoral

del que formó parte en su calidad de regidor propietario. Para optar por el

puesto de Presidente definitivo, señaló, únicamente fueron propuestos dos candidatos:

él y el señor Humberto Soto Herrera. Manifiesta, después de realizada la

votación secreta, el escrutinio arrojó como resultado que él era el vencedor,

ya que de las once papeletas, seis votos fueron a su favor y cinco para el

candidato Soto Herrera. En su criterio, el acto de elección fue válido y

eficaz. Sin embargo, refirió, acto seguido del escrutinio apareció una papeleta

con la intención de voto a favor de su persona, pero que no contenía su segundo

apellido. Este hecho, aludió, fue informado al Presidente provisional, por

parte de uno de los miembros del Tribunal Electoral (regidor Alfaro González).

De esta forma, adujo, el señor Arroyo Murillo declaró que el resultado

definitivo de la votación era de cinco votos para cada uno de los candidatos y

de un voto nulo, ya que en este último caso, no se indicó el apellido del

postulante. Aseguró, interpuso recursos de revisión y apelación ante la

Presidencia, pero tales impugnaciones no fueron conocidas. Arguyó, en ningún

momento, durante la sesión, se indicó que señalar solamente un apellido

anularía el voto. Sostuvo, no existía ningún otro Regidor con paridad de

nombres y tampoco semejanza de apellidos, ya que únicamente eran once los

Regidores votantes y dos los candidatos a la presidencia, lo que, en su juicio,

denota completa irrazonabilidad en la decisión tomada. Advirtió, acudió al

Tribunal Supremo de Elecciones mediante recurso electoral, el cual fue

rechazado por declararse incompetente dicha autoridad al tratarse de un acto

administrativo y no electoral que debía ser conocido en la sede contencioso

administrativa (resolución no.3676-E1-2010 de las 12 horas 20 minutos del 14 de

mayo de 2010). En virtud de lo expuesto, argumentó, mediante un acto

administrativo arbitrario le han impedido ejercer el cargo, por lo cual demandó

a la Municipalidad de Alajuela, para que en sentencia se declarara: a) la

nulidad absoluta del acto administrativo que dispuso anular el voto otorgado a

su favor; b) que el Directorio Municipal debía revisar los once votos emitidos

y declararlo como el candidato victorioso, instalándolo inmediatamente como

Presidente del Concejo; c) por conexidad, la anulación de cualquier

nombramiento de un tercero en el cargo de Director definitivo del Concejo; d)

el daño moral liquidado por la suma de ¢500.000,00; e) que la Municipalidad

debe cancelar ambas costas del proceso. Los representantes de la demandada

contestaron de manera negativa y opusieron las excepciones de falta: de

derecho, de legitimación activa y de interés actual, así como la defensa de

acto no susceptible de impugnación. El juez de trámite rechazó esta última

durante la audiencia preliminar.  El Tribunal Contencioso Administrativo,

por voto de mayoría rechazó el resto de excepciones presentadas. Declaró con

lugar la demanda, y  decretó la nulidad absoluta de la actuación realizada

por el Presidente provisional del Directorio Municipal de la Municipalidad de

Alajuela, cuando anuló un voto otorgado a favor del actor en la elección de

Presidente definitivo; y por ende, ordenó revisar la votación efectuada y

designar, el Concejo Municipal, al candidato victorioso. Por concepto de daño

moral, concedió la suma de ¢500.000,00. El fallo se dictó sin especial

condenatoria en costas. Disconforme con lo decidido, la parte perdidosa presentó

recurso de casación, el cual fue admitido por esta Sala en auto de las 10 horas

45 minutos del 25 de octubre de 2011.

Invoca únicamente

motivos de casación por violación de normas sustantivas. Como primer

planteamiento de esta naturaleza, acusa, la mayoría del Tribunal declaró sin

lugar la excepción de falta de legitimación activa, pese a que al actor no le

asistía legitimación para entablar la demanda en su contra. Lo anterior, aduce,

por cuanto actuó no como administrado, sino en su condición de Regidor del

Concejo Municipal de Alajuela, lo que se corrobora por su propio decir y con

las pretensiones que van directamente ligadas al puesto que ocupa. El cargo

público que desempeña el demandante, señala, lo coloca no como administrado,

sino como parte del Municipio, condición que le permite tener la expectativa de

llegar a ser Presidente del Concejo de cita. El actor, afirma, no es titular de

un derecho subjetivo que pueda entenderse en su esfera privada, por el

contrario, forma parte del Concejo Municipal (órgano de mayor jerarquía dentro

de la Municipalidad). En su condición de regidor, sostiene, no le es posible,

bajo las normas del derecho, demandar a la propia Administración Municipal a la

cual pertenece, principio que se extrae de los artículos 9 y siguientes del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Estima, el demandante no

puede actuar en el proceso bajo una doble representación que se contrapone, es

decir, como administrado y como administración. En su criterio, el voto de mayoría

desaplica los preceptos 10 del referido Código, así como el canon 49 de la

Constitución Política, dado que no existe un interés tutelable, entendido como

un interés legítimo personal frente a la administración. No cuenta, agrega, con

la capacidad cualificada para accionar contra el Ayuntamiento al cual

pertenece. De estar en desacuerdo con su actuar, expresa, lo procedente era

haber seguido el régimen impugnatorio dispuesto por el Código Municipal en su

mandato

27.

El representante legal

de la entidad demandada, aduce, en esencia, una falta de legitimación ad causam

activa apoyado en el argumento de que como parte del gobierno local, el señor

Campos Sánchez no puede impugnar la decisión adoptada el primero de mayo por el

Presidente ad hoc del Concejo Municipal de Alajuela. No puede cuestionar,

afirma, un acto de la Municipalidad de la que forma parte, sobre todo si de

dicho acto no se genera o se afecta ninguno de sus derechos subjetivos o

intereses legítimos. Se hace necesario en consecuencia reiterar el concepto de

legitimación que descansa, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, en la

necesaria correspondencia que ha de existir entre el actor demandante y el

titular del derecho o interés legítimo pretendido. Constituye como se sabe, un

presupuesto esencial de la relación jurídico procesal, imprescindible para una

sentencia estimatoria. La ostenta, por lo general, aquella persona (física,

jurídica, pública o privada), que sufre una lesión a consecuencia de una conducta

administrativa (activa u omisiva), contra la que protesta ante el Juez, en

requerimiento de la protección de su situación jurídica o de aquella que

pertenece al colectivo que integra. Deriva, como se puede ver, del vínculo o

relación que se mantiene con la pretensión procesal formulada. Empero, como

regla general de derecho, los miembros de un órgano o ente público (al ser

parte de él), no pueden acudir al abrigo jurisdiccional frente aquellas

decisiones adoptadas por el ente u órgano del que forman parte, cuando de ellas

solo se deriven consecuencias jurídicas a terceros, desvinculadas de su propia

esfera jurídica. Para el cuestionamiento de la decisión del órgano que

integran, disponen, en la mayoría de los casos, de los denominados recursos

internos. Pero una vez agotados éstos, a dicho funcionario le queda vedada la

vía jurisdiccional. Como consecuencia, en tesis de principio, ningún

funcionario puede impugnar, jurisdiccionalmente, aquella conducta

administrativa con efectos jurídicos a terceros, emitida por el órgano o ente

del que forma parte,  bien por no haber participado, bien por haber

resultado perdidoso. Esto es así, no solo por la construcción dogmática de la

teoría del órgano, sino además, por respeto a las jerarquías orgánicas, a la

preclusión de las etapas procesales y a la seguridad jurídica. Sin embargo, la

situación es muy diversa, cuando el funcionario perteneciente a la organización

pública, sufre lesión directa en su propia situación jurídica, precisamente a

causa de la conducta adoptada por dicha organización. En este segundo supuesto,

abandona, en una especie de desdoblamiento posicional, su rol funcionarial, con

acciones legales restringidas, para  convertirse en un administrado más,

que lesionado por la conducta pública, tiene todo el derecho de acudir a las

instancias pertinentes, en aras de la tutela efectiva de sus intereses

subjetivos, ya sea en el ámbito administrativo o en la sede judicial. En el

caso que nos ocupa, es evidente, que don Roberto Campos articula no frente a una

decisión administrativa con efecto a tercero, sino, ante una decisión del

Concejo Municipal, en la que él estima, se afectaron sus derechos e intereses

personales. Actúa entonces como regidor-administrado inconforme por una

resolución que le afecta personalmente (por sus aspiraciones) en su cargo de

regidor. Tal situación indudablemente merece tutela en esta sede, al tenor de

lo establecido en los cardinales 9, 11, 33, 41, 49 de la Carta Magna y 1, 10

inciso a) y 42 del CPCA. Ello dice, de la adecuada legitimación que para el

caso tiene el demandante, lo que convierte el agravio en improcedente.

Las siguientes

censuras se encuentran relacionadas, por lo cual deben ser conocidas en un solo

apartado. En el segundo motivo, recrimina, en el fallo se aprecia

indebida valoración tanto de la prueba documental como testimonial. Comenta, el

Tribunal tuvo por acreditado que en el proceso de elección del Presidente del

Concejo Municipal se designaron como candidatos a los señores Roberto Campos

Sánchez y Humberto Soto Herrera. A la vez, en el segundo hecho probado

estimaron, que una vez efectuada la votación, el Presidente del Directorio

Provisional le anuló un voto, debido a que solo se indicó el nombre y el

apellido del candidato. Sin embargo, dice, la sentencia omite establecer que

con base en la certificación de la Secretaria del Concejo Municipal y de las

declaraciones de los testigos Rafael Ángel Arroyo Murillo y María del Rosario

Muñoz González, el Presidente comunicó a los presentes el procedimiento o las reglas

a seguir en la votación, sin que nadie manifestara su desacuerdo. El

procedimiento, afirma, era claro en lo referente a que se debía indicar el

nombre y los dos apellidos del candidato, de modo que la omisión de alguna de

las reglas impuestas, acarrearía la nulidad del voto. Asegura, de conformidad

con las potestades establecidas en los artículos 2, 4, 29 del Código Municipal

y la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Elecciones, se procedió a

establecer el mecanismo de elección para el Directorio Permanente del Concejo,

sin que se presentara alguna oposición por parte de alguno de los regidores.

Asimismo, censura, tampoco el Tribunal tomó en consideración que el actor formó

parte del Tribunal Electoral, lo cual, a su entender, resulta de gran

trascendencia, ya que tampoco ese órgano manifestó oposición alguna o

desacuerdo con el procedimiento. La decisión de anular el voto en cuestión,

arguye, no fue de carácter personal por parte del Presidente provisional, sino

que fue el resultado de un procedimiento debidamente instaurado y aprobado por

la totalidad de los regidores, incluido el actor. Esa decisión, aduce, se

justifica además por las competencias que se le otorgan al Presidente en el

artículo 29 del Código Municipal. A su juicio, ni en el procedimiento de

elección, ni en la determinación tomada por el Presidente, se aprecian vicios

que anulen tales actuaciones, según los parámetros establecidos en el canon 128

de la Ley General de la Administración Pública.

Concluye, el

Tribunal realiza una incorrecta aplicación de normas jurídicas, concretamente

los artículos 193 a 196 del Código Electoral. En su criterio, no es el Tribunal

Contencioso Administrativo el órgano competente para aplicar materia electoral

a un caso concreto, pues se debe acudir al Tribunal Supremo de Elecciones,

conforme lo dispone el precepto 102 inciso 3) de la Constitución Política. El

Tribunal conoce el caso, pero, cuestiona, lo hace avocándose a la aplicación de

materia electoral, lo cual constituye una invasión de competencias según lo

establecido por la Carta Magna, así como una contradicción con lo ya resuelto

por el Tribunal Supremos de Elecciones en el amparo electoral promovido por el

señor Campos Sánchez en donde, ese órgano colegiado dictaminó que este caso no

se trataba de materia electoral. En segundo término, reclama, inadecuada

aplicación del artículo 27 inciso d) del Código Municipal, puesto que no existe

nulidad en la resolución de los recursos de revocatoria y apelación planteados

por el actor ante el Presidente del Concejo, debido a que no fueron

establecidos según los mecanismos previstos en la norma. Era con base en ese

precepto normativo, sostiene, que el actor debía impugnar el acto, y no con

base en otras norma del Código de referencia como establece el voto de mayoría.

Sobre la elección

del Presidente del Concejo Municipal. De conformidad con el

Ordenamiento Jurídico, el Gobierno Municipal estará compuesto por un cuerpo

deliberativo denominado Concejo, e integrado por los regidores que determine la

ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular

(artículos 169 Constitucional y 12 del Código Municipal). El Concejo es un

cuerpo deliberante y estará integrado por regidores de elección popular, así

como por los síndicos que representan a los distritos que componen el

correspondiente cantón (aunque estos últimos sólo tienen el derecho de hacerse

oír en el referido Concejo, por cuanto carecen de voto, artículos 171 y 172 de

la Constitución Política) y por el Alcalde (numeral 169 ibídem). Le corresponde

ejercer el gobierno local y adoptar los lineamientos de política territorial de

nivel cantonal. Tal y como es lo propio de un órgano deliberativo y colegiado,

el Presidente tiene a su cargo funciones de control y de dirección de las

sesiones en el seno del Concejo Municipal; al punto que sus potestades

consisten en disciplinar el uso de la palabra dentro de las discusiones a lo

interno de este órgano y así ordenar el debate respecto de los asuntos que se

someten a su consideración y votación, velar por el correcto y ordenado

desarrollo de las sesiones del Concejo y, por último, nombrar a los regidores

que conformaran las comisiones ordinarias y especiales que se integren dentro

del Concejo. Se desprende con claridad que la relación entre el Presidente

Municipal y el resto de los regidores es horizontal, de acuerdo con las

atribuciones conferidas por el ordenamiento al primero; por ende, no es posible

sostener que existe algún grado de jerarquía de aquél sobre los demás

regidores. Precisamente por ello, todo regidor está legalmente facultado para

apelar ante el Concejo Municipal las resoluciones de su Presidente, así como

llamarlo al orden cada vez que en el desempeño de su cargo contravenga los

mandatos legales y reglamentarios que lo rigen (norma 27 del Código Municipal).

El Presidente del Concejo durará en su cargo dos años y podrá ser reelegido

(artículo 33 del Código de referencia). Ahora bien, en cuanto al proceso de

elección, establece el cardinal 29 ibídem, que los regidores y síndicos deben

tomar posesión de sus cargos el primer día del tercer mes posterior a la

elección correspondiente (1 de mayo). Deberán concurrir al recinto de sesiones

de la municipalidad los propietarios y suplentes, la sesión solemne ha de iniciar

a las doce horas. Debe formarse un Directorio Provisional y juramentarse ante

los regidores propietarios y suplentes. Posteriormente, el Directorio

Provisional juramentará a los regidores. Este Órgano, estará formado por los

regidores presentes de mayor edad que hayan resultado electos. El mayor

ejercerá la Presidencia y quien le siga, la Vicepresidencia. Mediante votación

secreta, los regidores propietarios deben elegir al Presidente y Vicepresidente

definitivos (estos son escogidos únicamente entre los regidores propietarios).

Para su elección, es necesaria la mayoría relativa de los votos presentes. En

caso de empate, dispone la norma de referencia,  la suerte decidirá al

ganador.

De previo a conocer el

agravio, resulta de importancia traer a colación lo resuelto por el Tribunal,

para determinar si existe indebida valoración de las probanzas y del

ordenamiento jurídico. En este sentido, los jueces estimaron: “(…) en la

lectura de dicho numeral [29 del Código Municipal] (…) no se observan

las causales para tener como válido o declarar la nulidad de un voto,

indicándose únicamente que la votación será secreta y que elegirán los

Regidores propietarios y por mayoría relativa de los votos presentes, y que en

caso de empate decide la suerte. En virtud de ello, ante tal omisión, debe

recurrirse conforme lo dispone el numeral 220 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, al Código Electoral no. 8765 (…) vigente en la fecha en que se

dieron los hechos (…) En su Título IV, Capítulo IV, ordinales 193 a 196,

regulan lo relativo a las causas de nulidad de los votos, normativa aplicable

al presente caso, ya que una disposición de rango inferior como un acuerdo o

disposición unilateral del Presidente Municipal conforme a la jerarquía de las

normas (artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública) no puede

desconocer lo establecido en dicha materia (…) es dable interpretar que cuando

una boleta de votación para elegir el Presidente del Concejo de una

Municipalidad, un regidor indicare solamente el nombre y apellido de un

candidato, si de este acto de manifestación de voluntad se logra determinar en

forma cierta, indubitable, la voluntad del causante y ello no causa confusión o

error, el voto debe tenerse como válido y legalmente emitido, presupuesto que

se ajusta en un todo a la situación del señor Campos (…)” (grabación del

dictado de la sentencia al ser las 9 horas seis minutos del 12 de mayo de

2011). Como se analizó en el apartado quinto, existe todo un procedimiento para

la elección del Presidente y el Vicepresidente del Concejo; este procedimiento

en términos generales se articula en tres actos fundamentales que deben ser

respetados: la votación, la proclamación y la documentación. En este tanto,

debe resaltarse que todo órgano colegiado está integrado por varias personas

físicas que se encuentran en un plano que puede ser llamado horizontal, de

forma que sea la manifestación ideológica (voluntad o juicio) colectivamente

expresada por todas esas personas, la que se considere manifestación del órgano.

Al decir horizontal, se alude a la posición de igualdad recíproca en que se

encuentran los distintos miembros del Colegio para el ejercicio simultáneo de

la propia función, porque todos intentan producir un mismo acto jurídico. El

Colegio debe forjar una voluntad en su propio seno, a partir de la reunión

simultánea de los diversos individuos que lo conforman, de esta manera cobra

particular importancia la regulación de su convocatoria, la cual puede ser

legal como en el presente caso (artículo 29 Código Municipal). El Concejo

normalmente dicta sus actos por medio de deliberaciones o del voto, son

actuaciones internas que indudablemente sirven de fundamento para sustentar sus

acuerdos; incluso pueden estar antecedidos de actos administrativos de cualquier

tipo y alcance. Entonces, para la formación del acto colegial es necesaria la

votación, con la eventual formación de minorías, pero una  vez que se

presenta la elección, estas últimas no cuentan y el acto colegial resulta

constituido exclusivamente por el voto mayoritario, formando una unidad (canon

54 inciso 3 de la LGAP), salvo para la responsabilidad personal. Esta es la

voluntad del órgano, la que se desprende del criterio de mayoría y la que

indefectiblemente debe prevalecer sobre cualquier otro acontecimiento, salvo

que se encuentre viciada por algún tipo de patología, como sería el caso por

ejemplo, de la celebración de la sesión en otro lugar, sin la convocatoria

requerida, o que el voto haya sido emitido por alguien que no estaba legitimado

para ello. El criterio de mayoría representa  un acto complejo, producto

de las voluntades coincidentes en cuanto a contenido y fin. En el sub júdice,

los Regidores concurrieron a ejercer su derecho y deber al voto en torno a la

elección del Presidente y Vicepresidente definitivos del Concejo, al tenor del

canon 29 del Código Municipal. La función de cada regidor propietario en el

proceso de elección, consistía en participar en la formación de la voluntad del

colegio a través de la emisión de su voto. A través de su participación, se

formó una voluntad colectiva, simultánea y válida; diferente de la de cada uno

de ellos, y que se solidificó en el debate, en la votación secreta que al

efecto se realizó. La intención de la mayoría de elegir como Presidente al señor

Campos Sánchez, fue producto de esa actuación y no de un acuerdo

predeterminado, ya que la decisión se tomó en el seno mismo de la sesión

realizada el 1º de mayo de 2010 y no fuera de ella. La voluntad era clara y

definida, dado que del conteo de cada uno de los votos, se desprendió que la

mayoría favoreció al candidato Campos Sánchez (seis votos contra cinco de su

adversario); por lo que se puede determinar con certeza, que esa fue la

verdadera intención del órgano, la cual debe prevalecer en este asunto, en

apego al principio democrático y de simultaneidad (o de unidad de tiempo y de

lugar). En virtud de estas razones, de acuerdo al artículo 54.3 y 56 de la Ley

General de la Administración Pública y por lo que se acaba de explicar, es

claro que al analizar las actas emanadas de la sesión del Concejo, el Tribunal

debía analizar la votación que ahí se presentó, para determinar si existía una

voluntad mayoritaria que emanara del órgano, máxime que esa voluntad en ningún

momento ha sido cuestionada. En mérito de lo expuesto, lleva razón el

recurrente en relación a que no debieron aplicarse las normas del Código

Electoral (las reglas sobre la validez y nulidad de los votos dispuestas en el

Capítulo IV del Título IV artículos 193 al 196), dado que ese cuerpo normativo

fue ideado exclusivamente para el proceso de elecciones populares de cualquier

naturaleza, pero no para la elección de los miembros de un Concejo Municipal.

Esas disposiciones fueron contempladas para fines de organización, dirección y

vigilancia de los actos relativos al sufragio, pero no para una elección

interna municipal. Lo anterior cobra relevancia cuando se observa que el propio

Tribunal de Elecciones en la resolución no. 3676-E1-2010 de las 12 horas 20

minutos del 14 de mayo de 2010, confirmó expresamente la competencia de la sede

contencioso administrativa para reclamar la nulidad alegada, dado que la

materia no es electoral (folios 1 al 13 del expediente administrativo). Sin

embargo, el planteamiento del casacionista lleva a que se dé un supuesto de

casación inútil, toda vez que, al no cuestionarse la voluntad del órgano en sí,

al margen de la aplicación de preceptos electorales, la conclusión sería

idéntica, dado que la voluntad del órgano fue clara y precisa en los términos

ampliamente expuestos y sin ningún vicio ni duda en la voluntad individual de

sus miembros, razón por la cual, la sentencia se mantendría incólume. El órgano

colegiado forjó la voluntad en su propio seno, a partir de la reunión

simultánea de los diversos individuos que lo conforman, la cual se materializó

en el voto de mayoría a favor del candidato Campos Sánchez.

En relación con la

valoración de la prueba, es cierto que de la certificación de la Secretaria del

Concejo Municipal, así como de los testimonios de Rafael Ángel Arroyo Murillo y

María del Rosario Muñoz González, se infiere que el Presidente expuso una serie

de reglas a seguir durante el proceso de elección y que ninguno de los

presentes manifestó su oposición en torno al tema de los nombres y apellidos (folio

43 vuelto del expediente administrativo y soporte digital del juicio oral y

público al ser las 9:52, 9:58 y 10:19 del 5 de mayo de 2011). Aunado a las

razones señaladas en el considerando anterior, en relación a la voluntad del

órgano municipal, esta Sala considera que en el caso bajo análisis no existe

indebida valoración de la prueba en los términos indicados por el recurrente,

ya que los jueces apreciaron los medios de prueba de conformidad con las reglas

de la sana crítica (precepto 82.4 del CPCA). Entre estas reglas se encuentra la

lógica, que también figura como un límite a las potestades oficiosas que tenía

el Presidente provisional, y que aplicada en este supuesto, indica que era

irracional anular el voto emitido a favor del señor Campos Sánchez, únicamente

por no haberse indicado su segundo apellido, ya que esa disposición (emitida

por el Presidente), solamente debía ser aplicada en caso de existir riesgo de

confusión entre los nombres. De la prueba analizada se desprende, que

únicamente eran once los regidores participantes, y en ningún caso existía

identidad de apellidos; incluso, los postulantes para Presidente eran tan solo

dos personas (Roberto Campos Sánchez y Humberto Soto Herrera) y tampoco, entre

ellos, se observa semejanza entre sus nombres y apellidos (folio 58 del

expediente administrativo). Aspectos que esta Sala tampoco puede dejar pasar, y

contrario a lo que señala el casacionista, demuestran que la interpretación de

esos medios de prueba se realizó conforme a derecho. Como se indicó, la prueba

cuestionada si fue valorada, pero contrario a lo que señala el casacionista, de

ella se desprende que los motivos por los cuales se anuló el voto resultaban

desproporcionados e irracionales, puesto que la aplicación de la regla de los

dos apellidos era innecesaria, al ser únicamente dos los postulantes al cargo.

Motivos por los cuales la censura debe ser desestimada.

En cuanto a la nulidad

de las resoluciones del Presidente provisional que resolvieron las

impugnaciones presentadas por el señor Campos Sánchez, resulta dable

transcribir lo resuelto por el Tribunal. Es este sentido, los jueces

consideraron: “(…) Conforme lo dispone el 27 del Código Municipal, el

Regidor puede apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente Municipal,

con lo cual el señor Campos estaba más que facultado para presentar el recurso

formulado; y debió conforme lo establece la norma, el señor Presidente

Municipal, trasladar el mismo al Concejo Municipal para que fuera resuelto, por

lo que el rechazo ad portas realizado por el Presidente Municipal resulta

ilegal al no ser el órgano competente para conocer de dicho recurso y menos aún

para establecer su rechazo ad portas (…)” (grabación del dictado de la

sentencia al ser las 9 horas 10 minutos del 12 de mayo de 2011). Al rechazar de

plano los recursos formulados por el candidato Campos Sánchez (según la

grabación del juicio oral y público al ser las 9 horas 58 minutos del 5 de mayo

de 2011), el Presidente del Concejo erró en su actuar, puesto que el cardinal

27 inciso d) del Código Municipal, claramente señala que los regidores tendrán

entre sus facultades: “Apelar ante el Concejo las resoluciones del

Presidente Municipal”. Cuando el Presidente tomó la decisión de anular el

voto otorgado a favor del recurrente, este último en su condición de Regidor,

podía solicitar, como en efecto lo hizo, tanto la revocatoria de la actuación,

como la apelación subsidiaria de la decisión. Este último recurso debía ser

resuelto por el Concejo. Nótese que el artículo 34 ibídem, en ningún momento le

otorgó al Presidente, la potestad exclusiva de resolver los recursos de

apelación contra sus propias decisiones, por la simple razón de que es un

recurso de alzada para que el Concejo en su integridad, revise las decisiones

de la Presidencia. En este entendido, la censura debe rechazarse.

En el cuarto

alegato, recrimina la condena al pago del daño moral subjetivo. Considera,

existe una imposibilidad material e incluso legal de proceder con tal pago,

pues no es posible, al ser el actor un regidor propietario, que la

Administración se cobre y se pague. Según lo establecido por el numeral 26 del

Código Municipal, estima, si se declara una actuación irregular del Concejo

Municipal, como ocurre en la especie, todos los regidores son solidariamente

responsables. En todo caso, resalta, el fallo impugnado es ayuno en su

fundamento para justificar el pago en cuestión, debido a que al actor lo que le

asistía, era una simple expectativa de ser electo como Presidente del Concejo,

por lo que no concurre un nexo causal entre el actuar municipal y los daños

alegados, pues tales daños no existen. Incluso, apunta, no existe prueba para

establecerlos, mucho menos su valoración, siendo que el Tribunal se basa en

meras suposiciones.

La parte demandada reprocha

la condena realizada por concepto de daño moral subjetivo, de manera que el

punto fundamental del recurso estriba en determinar si la suma de ¢500.000,00

se adecua al ordenamiento jurídico y a los principios de proporcionalidad y

razonabilidad. Al respecto es importante señalar que el Tribunal dispuso el

pago del daño moral subjetivo, en razón de lo siguiente: “(…) En

cuanto  al daño moral es harto conocido que no es necesario aportar prueba

ya que este puede derivarse “in reipsa” o sea el juez puede valorar conforme a

su experiencia la lesión sufrida en la psiquis de la persona, sin embargo, si

es necesario demostrar el nexo de causalidad entre el derecho infringido y la

lesión cuya indemnización se pide. Es claro que la actuación ilegal del ente territorial

en la cabeza del Presidente Municipal de ese momento, trajo como consecuencia

en el actor sentimientos de impotencia, angustia y desesperación, al verse

impedido de obtener un puesto al que había participado; lesión que considera

este Tribunal puede ser reparado en la suma de ¢500.000,00 (…)” (grabación

del dictado de la sentencia al ser las 9 horas 12 minutos del 12 de mayo de

2011). Esta Cámara, en alusión al daño moral subjetivo, ha indicado que se

asocia a los estados de angustia, desánimo, frustración, impotencia,

inseguridad, desesperación, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad,

desilusión, entre otros. Su común denominador es el sufrimiento o la aflicción

emocional, pues se verifica cuando se lesiona la esfera de interés

extrapatrimonial del individuo (al respecto pueden verse las sentencias no. 269

de las 9 horas 10 minutos del 23 de abril de 2004 y no. 845 de las 10 horas 5

minutos del 23 de noviembre de 2007). Al suponer una perturbación injusta de

las condiciones anímicas, no requiere prueba directa, sino que puede inferirse

a partir de presunciones humanas. En lo referente a la prueba del daño moral,

el principio es que debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le

corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede

lograr a través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el

hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se

daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc.

es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño moral existe

"in re ipsa" (sobre el particular se puede consultar el voto no. 96

de las 16 horas del 29 de enero de 2009 de esta Cámara). En sub lite, del

análisis de la sentencia impugnada y de las pruebas constantes en autos, se

observa con claridad que a la hora de fijar en ¢500.000,00 el monto a pagar por

daño moral subjetivo, el Tribunal analizó el cuadro fáctico en su integralidad.

En virtud de la actuación del Presidente del Concejo, los jueces determinaron

que al actor se le causó un daño moral consistente en una angustia,

desesperación e impotencia; puesto que por un lado ganó las elecciones en

disputa, pero por el otro, se le impidió ejercer el cargo mediante una conducta

unilateral e irracional por parte del Presidente de turno, al anular uno de los

votos emitidos. Desesperación e impotencia, porque también le fueron rechazados

de forma irregular, los recursos que presentó contra esas actuaciones, con lo

cual, se le cerró de plano cualquier reclamo sobre el tema. De esta forma, el

daño moral reclamado era consecuencia de la actuación ilegal por parte del

señor Arroyo, con lo que se configuró el nexo causal determinante para

justificar la condena impuesta. Independientemente de la distribución interna

de responsabilidades entre los regidores propietarios del Concejo, debe tenerse

presente -como se explicó al inicio- que el daño fue causado al señor Roberto

Campos Sánchez en su carácter personal y como titular de una situación jurídica

que merecía tutela en esta sede, independientemente si desempeñaba un cargo en

la Municipalidad o si formó parte del Tribunal Electoral. El actor ostentaba un

derecho subjetivo que fue lesionado mediante una actuación disconforme con el

ordenamiento jurídico, por lo cual surge el deber ineludible del Ente

Municipal, de sufragar con la indemnización correspondiente. Con base en lo

expuesto, considera esta Sala, que la indemnización protestada resulta justa,

proporcionada, racional y acorde al ordenamiento jurídico, ello como mecanismo

de compensación del daño infringido en la esfera interna emocional del señor

Campos Sánchez. Su determinación y cuantificación se basó en la equitativa y

prudente valoración del Juzgador, quien acudió para ello a presunciones del ser

humano inferidas de los hechos comprobados y ampliamente analizados en este

fallo. Al entenderlo así los jueces, no se configuran las infracciones

invocadas por las partes; de ahí que los cargos deban desestimarse.

En mérito de lo

expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso, e imponer las costas

generadas con su ejercicio a la parte recurrente conforme al precepto 150

inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo.