Resolución 01261-2011

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la parte actora estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en

ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve dólares con siete

centavos, a fin de que en sentencia se declare: " A). Que se

tenga por cierto que mi representada, mientras estuvo vigente el contrato de

exportación número 644, si (sic) exportó arena auríferas a terceros

mercados, por lo que no eran ciertas las imputaciones que el Departamento de

Control y Evaluación de la Dirección General de Hacienda, mediante oficio

DGH-CE-856 del 21 de junio de 2001 hizo en contra de mi representada Desarrollo

Minero Sanki S. A. o en su defecto se le ordene al Departamento de Control y

Evaluación de la Dirección General de Hacienda que emita un oficio donde se

desdiga de dicha imputación. B). Que si bien el Estado está facultado a

decretar medidas cautelares de autotutela tales como el decomiso, esa facultad

-por odiosa y exorbitante- se reserva única y exclusivamente a lo

estrictamente necesario, por lo que en recta aplicación, entre otros, de

los Principios de Equidad, Proporcionalidad y Razonabilidad y siendo que mi

representada le demostró a la Administración no solo que sus imputaciones eran

falsas sino que la maquinaria decomisada al momento del decomiso no estaba al

amparo de las notas de exoneración cuestionadas, actuando prudentemente y sin

cometer abuso de poder debió en ese mismo momento ordenar levantar el comiso de

la maquinaria propiedad de mi representada, así las cosas por irracional,

arbitraria e infundada se declare la nulidad absoluta de la orden de

decomiso que ordenó la Dirección General de Hacienda mediante oficio DGH-CE-263

-01 de fecha 28 de agosto del 2001, considerando que el Ministerio de Hacienda

antes de proceder debió verificar si la maquinaria continuaba o no al amparo de

las notas de exoneración cuya ineficacia pretendía; supletoriamente

de no declararse la nulidad absoluta y anulación total de dicha orden de

decomiso desde su génesis, solicito que se declare que la orden de decomiso se

tornó nula e ilegal a partir del momento en que la administración se enteró de

que la maquinaria no estaba al amparo de las notas de exoneración cuya

ineficacia pretendía; sea a partir del 16 de enero del 2002 pues en ese día,

en la audiencia oral y privada, mi representada le hizo ver a la Administración

la improcedencia de la orden de decomiso y le aportó el certificado emitido por

PROCOMER en donde se indica que mi representada si (sic) exportó

a terceros mercados quedando desvirtuada la infundada imputación que le hizo la

Dirección General de Hacienda y además para ese momento sabía que la maquinaria

no estaba al amparo de las notas de exoneración cuestionadas; de no declararse

la nulidad absoluta a partir de cualquiera de esas dos fechas considerando que

el acto final del proceso en donde se declaró el comiso, debió dictarse a mas (sic)

tardar el 31 de enero del 2002 que sea a partir de esa fecha, por las

razones dichas, que se deje sin efecto la orden de comiso, toda vez

que a partir de esa fecha la Administración tenía todos los elementos de juicio

para resolver el proceso administrativo pues estaba evacuada toda la prueba

pertinente y no se echaba de menos ninguna. Definitivamente mantener la medida

cautelar posterior a cualquiera de esas fechas dejó de tener sentido de manera

que mantenerlas mas allá de esa fecha tan solo puede obedecer a una actuación

irregular de la Administración sin sustento ni amparo legal, es decir si la

orden de decomiso se mantuvo por mas (sic) tiempo del necesario lo fue

debido a un acto abusivo de la administración que mi representaba no estaba

obligada a soportar. C). Se declare que el decomiso, amén de improcedente, aún

de haberlo sido, se extendió más de lo razonablemente por lo que el Estado

debe responder por todos los daños y perjuicio que el prolongado decomiso le

ocasionó a las cuatro máquinas decomisadas propiedad de mi representada

indicadas en el hecho primero de esta demanda. D). Que se condene al Estado

resarcirle a mi representada todos los DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A MI

REPRESENTADA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL PROLONGADO E INJUSTIFICADO DECOMISO

de las cuatro máquinas detalladas en el hecho primero de la presente demanda,

los cuales consisten en: 1). Deterioro de las cuatro máquinas por

permanecer durante años a la intemperie, expuestas a las inclemencias

atmosféricas sin recibir del Estado ni de sus depositarios ningún tipo de

mantenimiento ni los cuidados que un buen padre de familia le daría; deterioro

que para poderlo revertir y hacer que las máquinas vuelvan a obtener el estado

operativo que tenían para la fecha de decomiso implica una inversión que según

determinó el perito judicial, para la fecha en que rindió su peritaje, ascendía

a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES con

SIETE CENTAVOS, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica;

suma que el Estado deberá pagarle a mi representada a efecto de hacer que las

cosas vuelvan al estado en que estaban para la fecha en que se ejecutó el

arbitrario decomiso y así pido se declare. 2). Que el no poder disponer

de las cuatro máquinas durante todo el plazo en que estuvieron decomisadas

a la orden del Ministerio de Hacienda, sea del 07 de noviembre del 2001 al

16 de febrero del 2004 mi representada dejó de percibir ingresos por la

suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN COLÓN según estudio y pronunciamiento hecho por el

Licenciado José Miguel Solórzano S. Contador Público Autorizado código del

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas N° 587, suma que deberá

indemnizar el Estado a mi representada, mas (sic) intereses legales y

así pido se declare. 3). Que siendo que el Ministerio de Hacienda se

negó a pagarle al Almacén Fiscal Tical el servicio de almacenaje del cargador

WA 200 que la Policía de Control Fiscal depositó en sus instalaciones no fue

sino hasta el 13 de diciembre del 2006 que, previo pago, mi representada pudo

retirarlo; por lo que respecto del cargador, además del plazo común del

decomiso, el Estado deberá indemnizarle la no disposición del cargador por el

plazo que va del 17 de de febrero del 2004 al 13 de diciembre del 2006, sea

146 semanas, plazo que, utilizando los mismos parámetros utilizados por el

Contador Público Autorizado para el plazo común del decomiso, asciende a la

suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTICINCO COLONES

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS, según se desglosó en el HECHO VIGÉSIMO OCTAVO de la

presente demanda; así las cosas pido que por este concepto el Estado le

indemnice a mi representada la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS

VEINTICINCO MIL VEINTICINCO COLONES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS y así pido se

declare.(146 x 6 x 7.238,16 x 8= ¢50.725025,28) 4). Que por

la arbitraria actuación de la Administración mi representada tuvo que

interponer un Recurso de Amparo el cual fue declarado con lugar y procedió a

ejecutar la sentencia y en ese proceso, según se indica en el HECHO TRIGÉSIMO

SEGUNDO de esta demanda, por concepto de honorarios de perito judicial debió

pagar la suma de un millón doscientos setenta y nueve mil colones, suma

que el Estado deberá repetirle a mi representada junto con los intereses

legales a partir de la fecha del pago y hasta la fecha de su efectivo pago. 5).

Que siendo que mi representada durante todo el tiempo del decomiso de las

máquinas mantuvo ociosos a los operadores de dichas máquinas no obstante

continúo pagándoles el salario, pagando cuotas obrero patronales y pólizas de

riesgos laborales, pagó que durante ese tiempo ascendió a ocho millones once

mil ciento noventa y cinco colones; según consta en certificación emitida

por el Contador Público Autorizado Lic. José Miguel Solórzano S; erogación que

el Estado debe resarcirle a mi representada y así pido se declare, mas

intereses legales desde la fecha de la erogación y hasta la fecha de su

efectivo pago, 6). Pido que como indemnización sobre toda suma otorgada

se condene al Estado a pagar intereses legales a partir de la fecha en que mi

representada sufrió el daño o la erogación y hasta la fecha del efectivo pago,

sumas que se liquidarán en ejecución de sentencia, mas las costas procesales y

personales de esta acción, supletoriamente que el pago de intereses lo sea a

partir de la firmeza de la sentencia. E). Solicito que se declare que

quien contrató los servicios de bodegaje o almacenaje del Almacén Fiscal Tical

para depositar en sus predios el cargador WA 200 no fue mi representada sino el

Estado, según indicó la propia operadora del Almacén y según se desprende

del propio expediente administrativo y de la sentencia 211-2009 dictada por el

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el expediente

04-1182-163- CA, en consecuencia quien debe pagar por dicho servicio es el

Estado, así las cosas, por ser contrario a la Garantía Constitucional de que a

nadie se le hará sufrir pena sino en virtud de sentencia firme y de que

ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparo para las injurias y daños

que haya recibido pido se declare absolutamente nula la resolución N°

824-2004 dictada a las nueve horas quince minutos del cinco de agosto del dos

mil cuatro, en donde, respecto a la pretensión de mi representada de que el

Estado pagara el servicio de almacenaje que contrató, textualmente se indicó: “En

cuanto a su pretensión de pago por concepto de desalmacenaje de la maquinaria

en cuestión al Depósito Fiscal Tical de Alajuela, por parte del Estado, ese

Despacho declara improcedente la misma toda vez que el comiso ordenado se

realizó conforme a derecho; ya que en ese momento existía razones suficientes

por el procedimiento que se estaba llevando a cabo de ordenar el decomiso de

dicha maquinaria” y también, en lo relacionado al no pago del servicio de

almacenaje, se declare la nulidad absoluta de la resolución N° 869 — 2004

dictada por el Ministro de Hacienda a las nueve horas del veinte de agosto del

dos mil cuatro y también absolutamente nulo lo resuelto mediante oficio

DM-1599-2004 de fecha 08 de octubre del 2004. Siendo que declarado que es al

Estado es a quien le correspondía pagar por el servicio de almacenaje y siendo

que mi representada, obligada por las circunstancia asumió ese pago se resuelva

que el Estado debe repetirle a mi representada la suma de UN MILLÓN

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA COLONES CON SIETE CÉNTIMOS correspondiente

a 1863 días de almacenaje del cargador, según consta en FACTURA número 0525070

emitida por la operadora del Almacén Fiscal Tical, mas intereses legales a

partir del 13 de diciembre del 2006 y hasta la fecha de su efectivo pago, mas

ambas costas de esta acción. F). Solicito se declaren con lugar todas

las pretensiones aquí deducidas, se condene a pagar al Estado todas las sumas

pretendidas e intereses legales a partir de la fecha en que se ocasionó el daño

o perjuicio los cuales liquidaré en ejecución de sentencia mas ambas costas de

esta acción o en su defecto que el pago de intereses lo sea a partir de la

firmeza de la sentencia. G). Solicito que en sentencia se tenga por

ciertos todos los hechos en que fundo la presente demanda, se declaren con

lugar todas las pretensiones y se condene al Estado a pagarlas mas (sic)

intereses al tipo legal desde la fecha en que ocurrió la erogación o se

infringió el daño mas (sic) ambas costas de esta acción o en su defecto

a partir de la firmeza de la sentencia. H). Que en todo lo otorgado se

apliquen mecanismos de indexación como por ejemplo el valor del dólar de los

Estados Unidos de Norteamérica". En la audiencia preliminar el actor

amplió su pretensión: "1). Que en sentencia se resuelva a obligar al

Estado a dictar acto administrativo a efecto de que se pronuncie, si se tuvo

por acreditado o no el cumplimiento contractual en el proceso administrativo,

donde la medida cautelar se ordeno el comiso o decomiso de las maquinarias de

la actora."

El Estado

contestó negativamente y opuso las excepciones de defectos que impiden verter

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, resuelta interlocutoriamente;

indebida acumulación de pretensiones, actos no susceptibles de impugnación,

cosa juzgada, caducidad, prescripción y falta de derecho.

La audiencia preliminar se efectuó a las

13 horas 45 minutos del 19 de febrero de 2010, oportunidad en que hicieron uso

de la palabra  los representantes de ambas partes.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, Sección Cuarta, integrado por la jueza Sandra Quesada Vargas y los

jueces Eduardo González Segura y David Fallas Redondo, en sentencia no.

896-2010 de las 15 horas del 9 de marzo de 2010, resolvió: “Se rechaza (sic)

las defensas previas de actos no susceptibles de impugnación, indebida

acumulación de pretensiones y cosa juzgada. Se acoge la defensa de caducidad y

consecuentemente se declara inadmisible la acción en relación con las

pretensiones tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de los actos

administrativos impugnados. Se acoge parcialmente la excepción de prescripción

y consecuentemente se rechaza las pretensiones indemnizatorias planteadas

únicamente en relación con los vehículos placa No. EXP-550 (EE-021230),

EXP-0543 (EE-021185) Y EXP-0549 (EE-021886). Se acoge la excepción de falta de

derecho en cuanto a las pretensiones relacionadas con el cumplimiento o

incumplimiento del contrato de exportación No. 644 suscrito por la actora y el Estado.

En lo demás, se rechaza la excepción de falta de derecho y se declara

parcialmente con lugar la demanda intentada, debiendo entenderse denegada en lo

expresamente concedido: Deberá el Estado pagar a favor de la actora, los

siguientes rubros: Por concepto de gastos de almacenaje cancelados por la

actora a la empresa Almacén Fiscal Tical S.A. se concede la suma de

¢1.440.969,07 colones netos, de conformidad con la factura No. 05-25070 del 13

de diciembre del 2006. Por los daños y el deterioro que sufriera el cargador

marca Komatsu WA200 al haber permanecido a la intemperie y expuesto a las

inclemencias atmosféricas durante el periodo comprendido del 07 de noviembre

del 2001 al 13 de diciembre del 2006, se concede a la actora la suma de

$17.202,62 dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América por

concepto de repuestos para su reparación, así como la suma de ¢1.645.000,00

colones por concepto de mano de obra. Deberá el Estado indemnizar las sumas no

percibidas por la actora al no poder disponer del cargador Komatsu WA200

durante el período comprendido del 07 de noviembre del 2001 al 13 de diciembre

del 2006, las cuales serán acreditadas y determinadas en ejecución de

sentencia. Las sumas aquí concedidas y las que se lleguen a determinar en etapa

de ejecución de sentencia, deberán ser indexadas y traídas a valor presente de

conformidad con los artículos 123 y 124 del Código Procesal Contencioso

Administrativo; así mismo, devengarán intereses al tipo legal vigente, los

cuales correrán a partir de que alcance firmeza la presente resolución y hasta

la fecha de su efectivo pago. Son ambas costas de esta acción a cargo del

Estado.”

Ambas partes

formulan recurso de casación.

En los

procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada León Feoli

La empresa

Desarrollo Minero Sanki S.A. (Sanki, en lo sucesivo) demanda al Estado. Aduce,

en lo fundamental, que la Administración Tributaria le decomisó, indebidamente,

una excavadora, un tractor y dos cargadores, medida que además de ilícita le

generó daños y perjuicios. Pide que en sentencia se declare: A.- Mientras

estuvo vigente el contrato de exportación no. 644, exportó arenas auríferas a

terceros mercados, por lo que no son ciertas las imputaciones que el

Departamento de Control y Evaluación de la Dirección General de Hacienda,

mediante oficio DGH-CE-856, del 21 de junio de 2001, hizo en su contra, o en su

defecto, se le debe ordenar a ese Departamento que emita un oficio, donde se

desdiga de esas afirmaciones. B.- Si bien el Estado tiene la facultad de

decretar medidas cautelares de autotutela, como el decomiso, esa facultad, por

odiosa y exorbitante, se reserva solo a lo estrictamente necesario. De modo que

en aplicación de los principios de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, y

siendo que ella le demostró a la Administración que las imputaciones eran

falsas y que la maquinaria, al momento del decomiso, no estaba al amparo de las

notas de exoneración cuestionadas, actuando con prudencia y sin abuso de poder,

debió ordenar el levantamiento. Así, por irracional, arbitraria e infundada,

solicita se declare la nulidad absoluta de la orden emanada de la Dirección

General de Hacienda, oficio DGH-CE-1263-01, del 28 de agosto de 2001,

considerando que el Ministerio de Hacienda, antes de proceder, debió verificar

si la maquinaria continuaba o no al amparo de las notas de exoneración cuya

ineficacia pretendía. Supletoriamente, de no declararse esa nulidad, pide se

establezca que la orden de decomiso se tornó nula e ilegal, a partir del

momento cuando la Administración se enteró de que la maquinaria no estaba al

amparo de las citadas notas, es decir, desde el 16 de enero de 2002. En la

audiencia oral y privada, hizo ver la improcedencia de la medida y aportó un

certificado de PROCOMER, donde se indica que sí exportó a terceros mercados,

quedando desvirtuada la infundada imputación. Además, para ese momento sabía

que la maquinaria no estaba amparada en las referidas notas. De no decretarse

la nulidad absoluta a partir de cualquiera de esas dos fechas, considerando que

el acto final del proceso en donde se declaró el comiso debió dictarse a más

tardar el 31 de enero de 2002, reclama que sea desde esta data que se deje sin

efecto, toda vez que a partir de allí la Administración tenía todos los

elementos de juicio para resolver el proceso administrativo, pues estaba

evacuada la prueba pertinente y no se echaba de menos ninguna. Mantener la

medida cautelar, posterior a cualquiera de esas fechas, dejó de tener sentido.

De manera que prolongarlas más allá, tan solo puede obedecer a una actuación

irregular de la parte demandada, sin sustento legal; en otras palabras, si la

orden rigió por más tiempo del necesario, fue debido a un acto abusivo de la

Administración, que no está obligada a soportar. C.- Se disponga que el

decomiso, procedente o no, se extendió más de lo razonable, por lo que el

Estado debe responder de todos los daños y perjuicios que le ocasionó a las cuatro

máquinas decomisadas. D.- Se condenará a resarcirle los daños y perjuicios,

causados como consecuencia directa del prolongado e injustificado decomiso y

que consisten:

Deterioro de los cuatro vehículos por permanecer durante

años en la intemperie, expuestos a las inclemencias atmosféricas, sin recibir

del accionado ni de sus depositarios ningún tipo de mantenimiento o los

cuidados de un buen padre de familia. Ese detrimento, para poder revertirlo y

hacer que las máquinas vuelvan a obtener el estado operativo que tenían al

tiempo del arbitrario decomiso, implica una inversión que, según el perito

judicial y para cuando rindió su dictamen, ascendía a $135.399,07; suma que el

demandado deberá pagarle.

El no poder disponer de los cuatro bienes durante

el lapso que estuvieron decomisados a la orden del Ministerio de Hacienda, es

decir, del 7 de noviembre de 2001 al 16 de febrero de 2004, dejó de percibir

ingresos por ¢248.719.451,00, según estudio de Contador Público Autorizado (en

adelante CPA), monto que deberá indemnizar el Estado, más los intereses

legales.

Como el Ministerio de Hacienda se negó a pagarle al Almacén Fiscal

Tical S.A. el servicio de almacenaje del cargador Komatzu WA 200, que la

Policía de Control Fiscal depositó en sus instalaciones, no fue sino hasta el

13 de diciembre de 2006, previo pago, que pudo retirarlo. Por ello, respecto a

ese bien, además del plazo común del decomiso, el demandado deberá indemnizarle

la no disposición del 17 de febrero de 2004 al 13 de diciembre de 2006, sean,

146 semanas; lo cual, utilizando los parámetros del CPA, asciende a

¢50.725.025,28 (146 X 6 X ¢7.238,16 X 8 = ¢50.725.025,28).

Por la

arbitraria actuación del accionado, tuvo que interponer un recurso de amparo,

el cual se acogió y procedió a ejecutar. En esa etapa, por concepto de perito,

debió saldar ¢1.279.000,00, que se le deberá reconocer junto con los intereses

legales desde la fecha de pago y hasta su efectiva cancelación.

Como

durante el tiempo del decomiso de las máquinas, mantuvo ociosos a los

operadores, no obstante continuó pagándoles el salario, cuotas obrero

patronales y pólizas de riesgos profesionales, lo cual totalizó en

¢8.011.195,00, según consta en la certificación del CPA, se le debe resarcir

esa erogación, más los intereses legales desde que la hizo y hasta que se le

reconozca. 6-Como indemnización sobre toda suma otorgada, debe condenarse al

accionado a los réditos de ley, de la fecha cuando sufrió el daño o erogación,

al efectivo pago, lo cual se liquidará en ejecución de sentencia, más las

costas personales y procesales. Supletoriamente, pide el reconocimiento de

intereses a partir de la firmeza del fallo. E.- Solicita se declare, también,

que quien contrató los servicios de bodegaje o almacenaje del Almacén Fiscal

Tical S.A., para depositar en sus predios el cargador Komatzu WA 200, no fue

ella sino el Estado, como la propia operadora lo indicó en el expediente

administrativo y en la sentencia no. 211-2009 del Juzgado Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, expediente no. 04-1182-163-CA. En

consecuencia, asevera, el demandado deberá asumir ese servicio, por ser

contrario a la garantía constitucional de que a nadie se le hará sufrir pena

sino en virtud de sentencia firme y de que ocurriendo a las leyes todos han de

encontrar reparo para las injurias y daños que haya recibido. De este modo, se

decretará absolutamente nula la resolución administrativa no. 824-2004, de las

9 horas 15 minutos del 5 de agosto de 2004, donde respecto a la pretensión de

que el Estado pagará el almacenaje, resolvió que era improcedente, porque el

decomiso se realizó conforme a Derecho, por existir en ese momento razones

suficientes para llevarlo a cabo. Además, de lo relacionado al no pago del

almacenaje, se establezca la nulidad absoluta de la resolución no. 869-2004,

del Ministerio de Hacienda, emitida a las 9 horas del 20 de agosto de 2004; así

como de lo dispuesto en el oficio DM-1599-2004, del 8 de octubre de 2004. Al

declararse que es al Estado a quien le corresponde asumir la obligación por ese

servicio y como ella, obligada por las circunstancias lo canceló, debe

ordenarse la repetición de los ¢1.440.960,07, relativos a los 1863 días de

almacenaje del cargador, según factura emitida por el Almacén Fiscal Tical

S.A., más los intereses legales desde el 13 de diciembre de 2006 hasta su

efectivo pago, y ambas costas del proceso. F.- El accionado cancelará las sumas

pretendidas e intereses legales a partir de la fecha cuando se ocasionó el daño

o perjuicio, según se liquide en ejecución de sentencia, más ambas costas; en

su defecto, se disponga que los réditos sean con la firmeza del fallo. G.-

Reitera la petición de condena al demandado, de todas las pretensiones,

intereses y costas. H.-Pide que a lo otorgado se apliquen mecanismos de indexación,

como por ejemplo, el valor del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. En

la audiencia preliminar se agregó como nuevo extremo petitorio:

Que se

obligue a dictar un acto administrativo, a efecto de que se pronuncie si se

tuvo por acreditado o no el cumplimiento contractual en el proceso

administrativo, en donde como medida cautelar se ordenó el decomiso de las

maquinarias.

El Estado

contestó negativamente. Opuso las excepciones de defectos que impiden verter

pronunciamiento sobre el fondo del asunto (resuelta interlocutoriamente),

indebida acumulación de pretensiones, actos no susceptibles de impugnación,

cosa juzgada, caducidad, prescripción y falta de derecho. El Tribunal rechazó

las defensas de actos no susceptibles de impugnación, indebida acumulación de

pretensiones y cosa juzgada. Acogió la de caducidad en los reclamos tendientes

a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos impugnados y

decretó inadmisible la acción. Aceptó parcialmente la de prescripción y denegó

las peticiones indemnizatorias planteadas en relación con los vehículos placas

nos. EXP-550 (EE-021230), EXP-0543 (EE-021185) y EXP-0549 (EE-021886). Acogió

la de falta de derecho respecto a las pretensiones referentes al cumplimiento o

incumplimiento del contrato de exportación no. 644, suscrito por la actora y el

Estado. En lo demás, rechazó esa excepción y, en forma parcial, declaró con

lugar la demanda, entendiéndose denegada en lo expresamente concedido. Impuso

al accionado los siguientes extremos: por gastos de almacenaje cancelados por

ella al Almacén Fiscal Tical S.A., la suma de ¢1.440.969,07, según factura no.

05-25070, del 13 de diciembre de 2006. Por los daños y el deterioro que sufrió

el cargador Komatsu WA 200, al haber permanecido en la intemperie y expuesto a

las inclemencias atmosféricas del 7 de noviembre de 2001 al 13 de diciembre de

2006, la cantidad de $17.202,62, por repuestos para su reparación. De mano de

obra, el monto de ¢1.645.000,00. También lo condenó a indemnizar las sumas no percibidas

por la demandante, al no poder disponer de ese vehículo, en el período dicho,

las que se acreditarán y determinarán en ejecución de sentencia. Las sumas

concedidas y las que se lleguen a fijar, se indexarán a valor presente, de

conformidad con los artículos 123 y 124 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA); asimismo, devengarán intereses legales, a partir de la

firmeza de la resolución y hasta su efectivo pago. Además, correrá con ambas

costas del proceso. Actora y demandado formulan recursos de casación.

Recurso de la actora

A modo de

preámbulo, el apoderado de Sanki alega que su representada, al amparo del

contrato de exportación no. 644, mediante notas de exoneración nos. 11990 del 2

de mayo de 1990, 26063 del 7 de setiembre de 1990 y 19002 del 6 de julio de

1990, libre de tributos de nacionalización, importó cuatro máquinas marca

Komatzu, a las que inicialmente se le asignaron las placas: EXP-551, EXP-543;

EXP-549 y EXP-550. Al finalizar el referido acuerdo, el 30 de setiembre de

1996, señala, su poderdante continuó en posesión de esa maquinaria, a la que

sometió a otro régimen de exoneración de tributos de nacionalización, como

consta en la nota no. 7156, del 30 de marzo del 2001. Explica que ello implicó

que el Registro de la Propiedad Mueble, les asignara las placas números:

EE-21160 (cargador sobre llantas WA 200), EE-21185 (cargador sobre llantas WA

100), EE-21186 (tractor de orugas D 85 A -21) y EL-21230 (excavadora sobre

orugas PC 310). Continúa diciendo que el 21 de junio de 2001, el Departamento

de Control y Evaluación de la Dirección General de Hacienda, mediante oficio

DGH- CE-856, adujo que la actora no había exportado a terceros mercados,

incumpliendo el contrato de exportación de arenas auríferas. Ante ello, inició

un proceso administrativo, para declarar la ineficacia de las notas de

exoneración nos. 11990, 26063 y 19002 y hacer efectivo el cobro de los tributos

inicialmente exonerados. Ordenó, mediante oficio DGH–CE-1263-01, del 28 de

agosto de 2001, el decomiso de las cuatro máquinas. Agrega que el 7 de

noviembre de 2001, oficiales de la Policía de Control Fiscal de Grecia,

ejecutaron la orden de decomiso. De la maquinaria citada, el cargador Komatzu

placa EE-21160, por orden de la Policía de Control Fiscal, fue trasladado al

Almacén Fiscal Tical S.A. en Alajuela, dejando las otras tres máquinas,

debidamente selladas, en los predios del Grupo Quesada Oviedo S.A. en Grecia.

La Dirección General de Hacienda, acota, mediante resolución no. 139-2001, de

las 14 horas del 16 de noviembre de 2001, emitió el trasladado de cargos y

convocó a una comparecencia oral y privada, que se celebró a las 10 horas del

16 de enero de 2002. Expone que en ella Sanki rechazó los cargos y aportó

certificación emitida por PROCOMER, donde se indica que sí había exportado a

terceros mercados y que cuando no lo hizo justificó los motivos. En esa misma

audiencia, continúa, se le hizo ver al órgano que el comiso -aún en el supuesto

de que fueran ciertas las imputaciones-, no era procedente, en virtud de que la

maquinaria estaba al amparo de una nota de exoneración distinta de las

cuestionadas, y solicitó el levantamiento de esa medida. Pasada la audiencia

oral y privada, relata, la Administración no dictó el acto final y a estas

alturas no lo ha hecho. Explica que debido al atraso y a que la maquinaria

permanecía decomisada, el 26 de abril de 2002 presentó recurso de amparo, que

mediante resolución no. 2002-06751, de las 14 horas 58 minutos del 9 de julio

de 2002, la Sala Constitucional declaró

con lugar, condenando al Estado a pagar las costas, daños y perjuicios

causados. Además, le ordenó al Ministerio de Hacienda, que en el plazo

impostergable de dos meses, dictara el acto final. Pese a ello, asevera, no

resolvió en ese tiempo. Por eso, su poderdante insistió en que se cumpliera lo

dispuesto, gestionando ante la Sala Constitucional. Allí el Estado indicó que

iba a iniciar otro proceso, con la intención de declarar la ineficacia de la

nota de exoneración no. 7156, por lo que suspendería la resolución del primero

hasta que se decidiera el

Señala que su representada se opuso, pues

los dos procesos no guardaban relación, ya que el inicio del segundo no impedía

resolver el anterior. Afirma que el Ministerio de Hacienda, en resolución

OD-0001-02, de las 15 horas 30 minutos del 5 de noviembre de 2002, abrió el

segundo proceso y emitió la resolución RES 152-2002, de las 11 horas del 18 de

noviembre del 2002, donde suspendió el dictado del acto final del primero hasta

que se resolviera el posterior. En este último, detalla, se realizó la

audiencia privada y el Ministerio de Hacienda remitió el expediente a la

Procuraduría General de la República, para obtener el dictamen del artículo 173

de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). La Procuraduría,

mediante dictamen C-016-2004, entre otras cosas, le hizo ver a la

Administración, que la existencia del segundo proceso administrativo no era

impedimento para que se hubiese resuelto el otro. Manifiesta que el 10 de

febrero del 2004, casi tres años después, en resolución no. 10-04 del

Ministerio de Hacienda, se dispuso el archivo del expediente administrativo,

sin pronunciarse sobre la procedencia o no de las imputaciones. Pese a ello,

acota, omitió levantar el comiso de las maquinarias, hasta que el 16 de febrero

de 2004, a través del oficio DGH-094-04, resolvió hacerlo. No incluyó el

cargador WA 200 pues, como se expresó, la Policía de Control Fiscal lo había

trasladado al Almacén Fiscal Tical S.A. en Alajuela, y su representada no podía

retirarlo hasta pagar el servicio contratado por el Estado. Sin embargo,

arguye, este se negaba a cancelar, aduciendo la licitud del decomiso e

indicando que Sanki debía saldar. Ante la insistencia para que el Ministerio

pagara, asevera, el titular de esa cartera, en oficio DM-1599-2004, del 8 de

octubre de 2004, contestó que su despacho mantiene el criterio de no asumir los

rubros correspondientes al almacenaje de la maquinaria, dando por agotada la

vía administrativa. Por lo expuesto, justifica, la accionante, el 24 de

noviembre de 2004, demandó al Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo

y Civil de Hacienda, para que se le condenara a pagar al Almacén Fiscal el

servicio de almacenaje del cargador EE 21160. En ese proceso, que se tramitó en

el expediente número 04-1182-163-CA, recayó sentencia, la cual declaró que si

bien al Estado le correspondía asumir los costos que implicaron el almacenaje

del cargador, no podía pronunciarse sobre el fondo, toda vez que en la demanda

no se indicaron los actos administrativos que se impugnaban. Argumenta que

estando en trámite ese ordinario y sin que se vislumbrara una pronta

resolución, el 13 de diciembre de 2006, Sanki decidió pagarle al Almacén

Fiscal, poniéndolo en conocimiento del despacho judicial. Por ese concepto,

refiere, su representada giró ¢1.440.960,07. Continúa exponiendo que el 17 de

enero de 2005, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

su poderdante interpuso un proceso de ejecución de sentencia contra del Estado,

para ejecutar el fallo no. 2002-06751 dictado por la Sala Constitucional, a las

14 horas 58 minutos del 9 de julio de 2002, dentro del recurso de amparo supra

citado. Allí se pretendió la indemnización de los daños y perjuicios que

consideró fueron consecuencia directa de la tardanza de la Administración en

resolver los dos procesos administrativos, lo cual motivó que se declarara con

lugar el referido recurso. La ejecución de sentencia finalizó con el fallo no.

1867-2008, de las 11 horas 17 minutos del 19 de diciembre de 2008, notificado a

todas las partes el 19 de enero de 2009, quedando en firme el 23 siguiente.

Aduce que Sanki no recurrió, porque en parte le asistía la razón a la autoridad

jurisdiccional, pero estimó que las pretensiones de obtener la indemnización de

los daños y perjuicios permanecían vigentes. A ese respecto, acota, nunca ha

dejado de insistir y de recurrir en toda instancia, para obtener lo que

considera legítimo y justo. El 1 de abril de 2009, menciona, ante el Despacho

del Ministro de Hacienda, presentó reclamo administrativo, a fin de que le

indemnizara a su representada los mismos daños y perjuicios que reclamó en el

proceso de ejecución de sentencia, que se inició el 17 de enero de 2005 y

finalizó el 19 de enero de 2009, cuando quedaron notificadas las partes. Ese

reclamo administrativo se decidió en resolución no. 399-2009, de las 9 horas

del 6 de mayo de 2009, que se le notificó el 24 de junio siguiente, es decir,

dos meses y 24 días luego de iniciado el reclamo, y 24 días después de cuando

debió haberse resuelto, pues el pronunciamiento vale a partir de su

notificación. Explica que esto tiene bastante relevancia, pues la

Administración guardó silencio y no opuso, en tiempo, la excepción de

prescripción. Si está investida de facultades exorbitantes como lo es la

autotutela, enfatiza, debió utilizar esa herramienta y si la omitió no puede

perjudicar al administrado. Reitera que el Estado, si consideró prescrito el

derecho al resarcimiento, debió alegar esa defensa dentro del plazo de dos

meses que tuvo para resolver. Al dejar pasar ese tiempo, expone, renunció a la

excepción. Agrega que el principio de autotutela, entre otras cosas, implica

que la Administración no necesita recurrir ante la autoridad jurisdiccional en

protección de sus intereses. Puede, por sí misma, defenderse y si no lo hace es

su problema, como así sucedió en el caso concreto, al no aducir la citada

defensa en el tiempo oportuno. Refiere que al notificarse la resolución no.

399-2009, su poderdante interpuso, en sede administrativa, los recursos

pertinentes, que a la fecha no han sido resueltos ni lo serán porque también

planteó este proceso. El que aquí ocupa, acota, se inició el 9 de setiembre de

2009 y la sentencia combatida con este recurso se dictó a las 15 horas del 9 de

marzo de 2010.

Luego de la

anterior disertación formula sus inconformidades. Alega que el fallo que

impugna declaró parcialmente con lugar las pretensiones de su representada,

respecto al resarcimiento atinente al cargador WA 200, placa EE-21160,

trasladado de Grecia al Almacén Fiscal Tical S.A. en Alajuela. Pero se le

rechazaron las peticiones indemnizatorias referentes a las otras tres máquinas

que habiendo sido decomisadas quedaron en Grecia, en los predios del Grupo

Quesada Oviedo S.A. En cuanto a esos extremos, señala, el Tribunal declaró con

lugar la excepción de prescripción, razonando que el plazo de cuatro años, del

artículo 198 de LGAP, empezó a correr el 16 de febrero de 2004, fecha cuando al

levantarse la orden de comiso, Sanki pudo entrar en posesión. El órgano

sentenciador, censura, consideró que el planteamiento de la ejecución de

sentencia, incoada el 17 de enero de 2005, por no ser un proceso de

conocimiento sino ejecutorio, no tuvo la virtud de interrumpir el plazo

prescriptivo. A su juicio, no lleva razón, porque el precepto 879 del Código

Civil, en lo que interesa, indica que la prescripción se interrumpe también por

cualquier gestión, judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y del

cumplimiento de la obligación. En este sentido, enfatiza, no procede distinguir

donde la ley no lo hace; es decir, el legislador, en el artículo de comentario,

dispuso que la prescripción se interrumpe por las relacionadas causas. De este

modo, si es viable interrumpir ante gestiones no judiciales, con mucho más

razón procede si es en vía jurisdiccional. Justifica que su representada se

presentó y tramitó en estrados judiciales; se le dio curso a la acción y la

contraparte, en este caso el Estado, contestó oponiendo excepciones. Además,

ejerció el derecho de defensa y del contradictorio. Se cumplieron todas las

etapas procesales hasta la sentencia. En fin, argumenta, “…siempre mantuvo

el dedo sobre el reglón no permitiendo que el plazo fatal se cumpliera…”.

Insiste en que el curso de la prescripción, mientras estuvo pendiente el

trámite cobratorio, no solo se interrumpió sino que no transcurrió sino

finalizado el proceso. Repite que la ejecución de sentencia terminó con el

fallo emitido el 19 de diciembre de 2008 y el reclamo en sede administrativa se

presentó el 1 de abril del 2009, por lo que los cuatro años nunca se

cumplieron. Censura que el Tribunal, sin mayor fundamentación, indica que un

ejecutorio no tiene la virtud de interrumpir ese plazo. Sin embargo, arguye, el

legislador lo que expresa, sin distinguir, es que cualquier gestión cobratoria

tiene efecto interruptor. De este modo, el operador del Derecho no puede, por

vía de interpretación, legislar, abrogar o derogar una norma, tan llana y

tajante como la que contiene el artículo 879 del Código Civil. En consecuencia,

estima, el plazo de prescripción de la acción cobratoria sí se interrumpió el

17 de enero de 2005, cuando su representada gestionó el pago de los daños y

perjuicios ocasionados con motivo del prolongado e injustificado decomiso de

las tres máquinas que, en tal condición, quedaron en Grecia. En su criterio,

para aplicarse la prescripción se requieren tres elementos: el transcurso del

tiempo previsto por la ley; la falta de ejercicio del titular del derecho; la

voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya sea por acción

o excepción, pues no puede ser declarada de oficio y es posible su renuncia

tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada. En el caso que aquí

ocupa, sostiene, Sanki siempre ha pretendido el pago de esos daños y

perjuicios, por lo que sus pretensiones no resultan sorpresivas. En vía de

ejecución de sentencia requirió esa indemnización, específicamente, de los

menoscabos sufridos por las máquinas. Asimismo, ofreció prueba pericial para

cuantificar el monto de los daños. El Estado contestó y en ese escrito, lejos

de alegar la prescripción de ese puntual reclamo, se allanó y lo consideró

procedente, aunque no de la forma como lo pretendía su representada. A tales

efectos, señala, en folio 21 de ese memorial, es decir, el 164 del expediente,

el ejecutado indicó: “Sobre la prueba pericial, y de estimar el Despacho que

la misma es procedente, solicitamos expresamente que el perito se refiera a la

situación que presentaba la maquinaria al momento del decomiso... pues no se

puede pretender que se repongan las máquinas a un estado óptimo o como si

fueran nuevas, sino a lo que cabría considerar era su estado al mes de

noviembre del 2001.” . Estima que de lo anterior se desprende que el

Estado, reconoció el derecho de su poderdante a obtener una indemnización por

el deterioro sufrido en la maquinaria, aunque no considerando el monto

pretendido sino cómo estaban los bienes en noviembre de 2001. Con esas

manifestaciones, insiste, aceptó el derecho a la indemnización, lo que tuvo la

virtud de interrumpir el plazo prescriptivo, aunado a que no opuso la

correspondiente defensa.

En punto a los extremos atinentes a las tres máquinas

que menciona el casacionista, el Tribunal, en el Considerando IV, destaca que

se planteó el proceso como de plena jurisdicción, formulando la actora

pretensiones anulatorias de actos administrativos y, en forma concomitante,

peticiones resarcitorias derivadas de esos actos y de otros aspectos

atribuibles a la Administración Tributaria (registro electrónico 14:02:00).

Respecto al reclamo indemnizatorio de esos tres bienes, indica que según se

tuvo por demostrado, el decomiso nunca se hizo efectivo; sin embargo,

jurídicamente sí existió la orden administrativa de esa medida, la cual limitaba

la libre posesión que la empresa podía ejercer sobre los vehículos. Fue hasta

el 16 de febrero de 2004 que se eliminó esa restricción, disponiendo Sanki,

libremente, de sus derechos sobre las máquinas. Desde esa data, aduce, empezó a

correr el plazo prescriptivo de los cuatro años, para que formulara sus

pretensiones resarcitorias. Argumenta que con la ejecución de sentencia del

recurso de amparo, presentada al Juzgado Contencioso Administrativo, la actora

formuló, por primera vez, la discusión sobre los extremos indemnizatorios por

los daños y perjuicios derivados del supuesto decomiso de la maquinaria, que se

mantuvo en las instalaciones de Transporte Quesada Oviedo S.A. en Grecia. Pero

recurrió a una vía que no era la idónea para el planteamiento de esos reclamos

(16:03:53), por cuanto fue una ejecución de sentencia y no un proceso de

conocimiento. Asevera que al ser un proceso sumario de carácter ejecutorio, no

tiene virtud interruptora. Por otro lado, argumenta, es a partir del 1 de abril

de 2009, que Sanki presentó una gestión administrativa ante el Ministerio de

Hacienda, sobre los mismos extremos indemnizatorios, incluyendo las tres

máquinas. Para esta última fecha, señala, se habían cumplido los cuatro años de

prescripción, de modo que al presentase la demanda que aquí ocupa, el 9 de

setiembre de 2009, ya ese tiempo se tenía por cumplido, entendiendo prescritos

esos derechos.

La

prescripción negativa extingue derechos porque el titular no los ejercita

dentro del plazo legalmente establecido al efecto, lo que crea situaciones de

incertidumbre jurídica. Por eso, ante eventos que no revelen esa desidia, el

legislador, según sea el caso, les ha reconocido fuerza interruptora o

suspensiva del curso de la prescripción. En el caso concreto, el Tribunal

declaró prescritos los derechos resarcitorios de la actora respecto a las tres

máquinas, en tanto estimó que pese a haber gestionado la ejecución de una

sentencia de la Sala Constitucional, formulando allí sus reclamaciones

indemnizatorias, este trámite jurisdiccional no tiene efecto interruptor, por

cuanto la vía ejecutoria no es idónea para su formulación, como sí lo es el

proceso de conocimiento. Sin embargo, no lleva razón, porque en el caso

concreto no se presentó la situación de inseguridad creada por la negligencia

del titular del derecho subjetivo en su ejercicio, lo cual es, precisamente, lo

que sanciona la prescripción negativa. En la especie, la actora promovió la

ejecución de un fallo de la Sala Constitucional, donde reclamó sus pretensiones

de cobro resarcitorio sobre los tres bienes, y lo cierto fue no solo que enteró

al Estado de esas reclamaciones, sino que este se opuso, se defendió y ejerció

el principio del contradictorio, no por desconocer la improcedencia del cobro,

sino por la forma en cómo se cobraba y el monto peticionado. A tal punto se

entiende que aceptó que se ejercitaba el derecho resarcitorio, que hasta alegó,

en este nuevo proceso, la defensa de cosa juzgada material sobre los extremos

atinentes a las tres máquinas, reconociendo con ello la idoneidad de aquel

reclamo ejecutorio y aduciendo que sobre esas peticiones indemnizatorias ya se

había vertido pronunciamiento definitivo en la vía de ejecución, lo que a su

juicio impide acogerlas en este ordinario. Así, es evidente que en el sub-lite,

el demandado reconoció en esa gestión, la virtud del oportuno ejercicio de los

derechos resarcitorios de Sanki, incluso, ni siquiera formuló allí la

prescripción extintiva y, más aún, ratificó en el proceso que aquí ocupa, la aptitud

de aquellos requerimientos de pago de daños y perjuicios. Todo ello, en

definitiva, asume efectos interruptores, al abrigo también de lo dispuesto en

el precepto 879 del Código Civil, contrario a lo afirmado por el órgano

sentenciador, quien vulneró, con su proceder, esta norma jurídica. Cabe

agregar, la representación del Estado no combate en este recurso, el rechazo de

la defensa de cosa juzgada, lo que en consecuencia debe mantenerse incólume. El

órgano sentenciador también vulneró el canon 198 de la LGAP, por no resultar

aplicable la prescripción decretada con la base que al efecto consideró, según

quedó expuesto. Por consiguiente, se debe acoger el recurso de la parte actora,

anular el fallo del Tribunal en este punto y rechazar la defensa de prescripción,

para que el Estado indemnice los daños y perjuicios relacionados con las tres

máquinas, según la demandante lo reclame y especifique en fase de ejecución de

sentencia, donde se debata sobre ese punto; todo ello, al abrigo de lo

estipulado en los artículos 212, m), i) y 150, inciso 2), ambos del CPCA. En

este particular, es clara la procedencia del reclamo indemnizatorio, pues como

se afirma en la sentencia recurrida, jurídicamente sí existió la orden

administrativa de la medida del decomiso, que limitó la libre disposición que

la empresa podía ejercer sobre la maquinaria, lo que es razón suficiente para

entender que los derechos e intereses de la actora se lesionaron y por lo mismo

deben resarcirse (artículos 41 de la Constitución Política y 190 de la LGAP).

Por consiguiente, se denegará la defensa de falta de derecho. También la de

caducidad, en virtud de lo establecido en el Considerando XII de esta

sentencia.

Recurso del demandado.

A modo

introductorio, el accionado hace una síntesis de las pretensiones de la empresa

actora que consideró el Tribunal, lo mismo que del pronunciamiento de fondo

atinente a ellas. Con esa base, combate el criterio de esos juzgadores, en

punto al rechazo de la defensa de prescripción y el acogimiento del reclamo

indemnizatorio relacionado con el cargador Komatsu WA 200. A su juicio, el

razonamiento del fallo impugnado se estructura en diversos momentos, los cuales

puntualiza así:

En primer término, asevera, el órgano sentenciador precisa

que se trata de un proceso de plena jurisdicción (registro electrónico,

15:47:28), en donde conjuntamente se realizan pretensiones anulatorias e

indemnizatorias por conductas omisivas.

En cuanto a los actos

administrativos que se pretenden anular (no. DGH-10-04, 824-2004, 869-2004 y DM

1599-2004), la acción es inadmisible, por operar la caducidad prevista en el

artículo 37, en relación con el 21, inciso 2), ambos de la LRJCA, aplicable en

virtud del Transitorio III del CPCA (15:48:00 a 15:55:22). Reseña que el

Tribunal tiene por acreditado que la solicitud para que la Administración

asumiera el costo del bodegaje del cargador Komatsu WA 200 fue resuelta,

definitivamente, por acto final, mediante la resolución DM-1599-2004, dándose

por agotada la vía administrativa.

Sin embargo, agrega, en la sentencia

recurrida se establece que las consecuencias del decomiso sí pueden ser

analizadas en este proceso, en especial, las indemnizatorias que interesan a la

actora, pues se está en presencia de una actuación con efectos continuados

(15:55:24 a 15:57:15).

Para el análisis de la aplicación del artículo 198

de la LGAP (15:56:00 a 15:57:00), deben tenerse en cuenta los momentos cuando

suceden los principales hechos: el decomiso aconteció el 7 de noviembre de

2001; la orden de devolución de la maquinaria el 16 de febrero de 2004; la

cancelación de la deuda que pesaba por el bodegaje del cargador Komatsu WA 200

en el Almacén Fiscal Tical S.A., que realizó la actora para recuperarlo, el 13

de diciembre de 2006. Indica que “…esta última data no es retomada al

momento de la resolución de la pretensión”.

En cuanto al citado

cargador, el plazo de prescripción se ha interrumpido en las siguientes

ocasiones: con la interposición del recurso de queja y el reclamo de gastos por

bodegaje (15:58:10); también con la presentación del proceso ordinario

(expediente no. 04-001182-163-CA) que dio lugar a la sentencia no. 211-2009

(15:59:15 y 16:00:15). 6.-Agregó que esas gestiones interrumpen el plazo de

prescripción, al amparo del artículo 296, inciso a), del CPC, en relación con

el 220 del CPCA (15:59:35 y 16:00:34).

La caducidad de la acción que se

predicara para los actos administrativos, no aplica para la pretensión de daños

y perjuicios, al tenor del artículo 41 del CPCA (16:01:07). Con ese sustento,

afirma el casacionista, el Tribunal acogió parcialmente la pretensión

indemnizatoria.

De seguido

expone dos cargos de fondo.

violación directa de los artículos

198 de la LGAP; 876, 877 del Código Civil; 296, inciso a), del CPC; 41, 66, 121

y 122 del CPCA. Explica que el órgano decisor sostiene que las pretensiones

indemnizatorias de la demandante, relacionadas con los gastos de bodegaje,

refacciones necesarias, mano de obra y perjuicios derivados de la imposibilidad

de utilización del cargador Komatsu WA 200, se gestionaron dentro del plazo de

los cuatro años que prescribe el numeral 198 de la LGAP. Al respecto, insiste

que es oportuno resaltar las siguientes fechas:

Decomiso de la maquinaria:

7 de noviembre de 2001.

Levantamiento del decomiso ordenado por la

Administración: 16 de febrero de 2004; momento cuando, a su juicio, empieza a

correr el plazo prescriptivo.

Interrupción al gestionarse la cancelación

del bodegaje ante el Ministerio de Hacienda, a través de un recurso de queja,

decidido en sede administrativa mediante la resolución DM-1599-2004. Dicho

acto, agrega, es inimpungable por no haber sido combatido en tiempo, como

expresa y contradictoriamente se sostiene en el fallo recurrido. A partir de la

comunicación de este acto administrativo, enfatiza, se inicia de nuevo el

cómputo del plazo de prescripción.

Interrupción de ese tiempo en virtud de

interponerse el proceso ordinario tramitado con el expediente no.

04-001182-163-CA, donde se emitió la sentencia número no. 211-2009. Así se

impone, explica, por efecto del artículo 296, inciso a), del CPC. La

notificación de esta sentencia, argumenta, vuelve a abrir el plazo.

5.-

Interposición del presente proceso: 9 de setiembre de 2009. Luego de ese

recuento de fechas, indica que el canon 198 de la LGAP señala, en cuanto a la

determinación del momento cuando empieza a correr el plazo de prescripción,

que: “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración

prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la

responsabilidad”. De seguido, transcribe en lo de su interés varios

precedentes de esta Sala, atinentes, según aduce, a la precisión de lo que se

entiende por “hecho que motiva la responsabilidad”. También, a la

determinación de la fecha de inicio del cómputo, en el caso de la

responsabilidad de la Administración, el que debe tenerse por satisfecho con la

presentación del reclamo en sede administrativa; las gestiones que pueden

interrumpir el cómputo; el momento a partir del cual puede entenderse que se

tiene conocimiento pleno del daño. Luego de esas citas, aduce que en el caso

concreto se quebranta el artículo 198 de la LGAP por errónea interpretación.

Específicamente, al considerar actuaciones impropias o improcedentes, que no

tienen virtud interruptora del curso del plazo prescriptivo. Señala que a

juicio del Tribunal, el plazo debe computarse a partir de la puesta a

disposición de la maquinaria a favor de la parte actora, lo cual, respecto al

cargador Komatsu WA 200, lo fija el 16 de febrero de 2004. Sin embargo, aduce,

el hecho dañoso original no se da en esa fecha, sino el 7 de noviembre de 2001.

Por eso, en orden a los parámetros jurisprudenciales, cuestiona que la actora

no tratara de plantear el resarcimiento desde día en que se produjo la

desposesión. Ciertamente, aduce, del expediente judicial se desprende que ella

gestionó ante la Sala Constitucional, por estimar que existió una indebida

dilación en el trámite del procedimiento administrativo del cual pendía el

decomiso. También se acreditó que, producto de ese recurso, trató de cobrar los

mismos daños y perjuicios que ahora pretende en esta sede. No obstante, agrega,

en esa escogencia de la vía jurisdiccional, no se está implicando que existiera

impedimento para gestionar el resarcimiento de esos menoscabos ante la

Administración Pública. De este modo, enfatiza, la demandante esperó hasta la

puesta en posesión de la maquinaria, en febrero de 2004, para empezar a

requerir el restablecimiento de lo que estima es su situación particular

vulnerada. Atinente a la gestión administrativa que ella planteó para el

reconocimiento del valor del bodegaje del cargador Komatsu WA 200 en el Almacén

Fiscal Tical S.A., señala, no debe perderse de vista que se trató de un recurso

de queja ante el Ministro de Hacienda, por las presuntas irregularidades

cometidas por funcionarios de esa Cartera, en el trámite de investigación de

las exoneraciones otorgadas a las máquinas de su propiedad. Manifiesta que a

pesar de que el procedimiento no es propio para requerir indemnización alguna,

así se formuló y la Administración atendió lo pretendido, denegando cualquier

derecho a resarcir el costo del bodegaje. Lo anterior, justifica, se desprende

del acto administrativo no. 824-2004, de las 9 horas 15 minutos del 5 de agosto

de 2004. Ante recursos de revocatoria, reposición y apelación, gestionados por

la actora, se emite el acto no. 869-2004, de las 9 horas del 20 de agosto de

2004, donde se le hace ver la impertinencia de las impugnaciones formuladas

contra lo resuelto en el recurso de queja. En el acto administrativo no.

DM-1599-2004, del 8 de octubre de 2004, indica, el Ministro de Hacienda reitera

la improcedencia del reclamo de cancelación del costo de bodegaje, solicitud

planteada en sede administrativa, exclusivamente, sobre el referido cargador.

Estima que como el reclamo administrativo interrumpe el plazo de prescripción

del precepto 198 de la LGAP, es a partir de que se comunicó esta última

actuación que empezaba a correr el tiempo legal. Agrega que luego la actora

acudió a la vía jurisdiccional para plantear un proceso ordinario,

pretendiendo, en aquella ocasión, según el Resultando I de la sentencia no.

211-2009, de las 15 horas del 28 de enero de 2009, emitida por el Juzgado

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda:”Que se condene al Estado a

pagar el almacenaje de la máquina propiedad de su representada que el Estado

decomisó y llevó hasta el Almacén fiscal (sic)Tical ubicado en la zona

franca Zaret en la dudad de Alajuela, almacenaje que el Estado deberá pagar

desde el día en que se depositó la máquina en el Almacén fiscal (sic) y

hasta el día en que, pagado el servicio se retire la máquina.

Que también el

Estado corra con los gastos que implica tomar la máquina del Almacén fiscal (sic)Tical

y llevarla hasta el lugar en donde se decomisó, sea la ciudad de Grecia”.

Esa pretensión se declaró sin lugar, pues la acción se consideró inadmisible

por defectos formales. Sin embargo, expresa, esta circunstancia no se analiza

adecuadamente en el fallo impugnado, cuando concede el extremo del pago por el

bodegaje del cargador Komatsu WA 200. Según las reglas generales de

prescripción, manifiesta que esta Sala ha estimado que la interposición del

reclamo en sede jurisdiccional es una actuación que interrumpe el cómputo. Pero

ello, en el entendido que se cumplan a cabalidad los requisitos de esa gestión.

En ese sentido, destaca, el numeral 876 del Código Civil, regula el supuesto

que se viene comentando como una causa de interrupción. Pero de seguido,

explica, el canon 877, Ibidem., precisa que no cualquier reclamo podrá ser

aducido. De manera expresa, afirma que no se tomará la interposición del

proceso como un acto interruptor: “Si la demanda fuere inadmisible por falta

de solemnidades legales”. En su criterio, eso fue lo que aconteció con la

citada sentencia no. 211-2009 del Juzgado Contencioso, en cuya parte

dispositiva decide: “Se declara con lugar la excepción de defecto formal en

el escrito de formalización, el cual impide verter pronunciamiento de fondo. En

consecuencia se declara inadmisible el presente proceso ordinario de

conformidad con los numerales 50 inciso a), 59 inciso a) y 60 inciso f) de la

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Como el

defecto apuntado impidió la resolución de fondo del asunto, el proceso no

interrumpió el plazo de prescripción. En consecuencia, denuncia quebranto de

los numerales 876 y 877 del Código Civil, el primero por errónea

interpretación, pues el Tribunal dispuso que cualquier tipo de gestión jurisdiccional

sirve para interrumpir el plazo prescriptivo, cuando lo cierto es que debe

reunir ciertos requisitos mínimos de admisibilidad, como lo precisa el canon

877 citado, que acusa infringido por falta de aplicación, al igual que los

preceptos 198 de la LGAP y el 296, inciso a), del CPC, utilizados en la

sentencia recurrida como fundamento del extremo indemnizatorio que concede.

Según esta última norma, aduce, uno de los efectos materiales del emplazamiento

es interrumpir la prescripción. No obstante, se aplica indebidamente, toda vez

que los juzgadores no lo relacionan con los vulnerados artículos 876 y 877 del

Código Civil. En efecto, continúa, la gestión que interrumpió el cómputo del

plazo de cuatro años del canon 198 de la LGAP, fue en sede administrativa,

donde aunque impropia, emitió pronunciamiento expreso sobre el reclamo de la

cancelación del almacenaje. Pero lo fue únicamente respecto al bodegaje del

cargador Komatsu. No sobre otras pretensiones indemnizatorias relacionadas con

las demás maquinas decomisadas. Añade que esa petición se resolvió, con

agotamiento de la vía administrativa, en octubre de 2004, y este proceso

ordinario se interpuso el 9 de setiembre de 2009, constatándose con claridad el

advenimiento del plazo y, en consecuencia, el fenecimiento del derecho

indemnizatorio. A su juicio, eso evidencia la invalidez del fallo recurrido.

Aunado a lo expuesto, manifiesta, a la actora no le asiste derecho alguno en

reclamar los costos del bodegaje del cargador Komatsu. Sobre ese primer extremo,

expone, es claro que se configura la defensa de prescripción. Pero, mucho menos

cabe lo concedido por los daños y perjuicios derivados del decomiso de ese

bien, como el deterioro que se imputa sufrió la máquina; los costos de mano de

obra para su reparación y repuestos; el perjuicio por la no disposición.

Advierte que estos extremos nunca fueron reclamados en sede administrativa ni

jurisdiccional, sino hasta setiembre de 2009. Por las mismas razones que estima

el Tribunal, respecto a que lo gestionado en el proceso de ejecución de

sentencia, no tiene la virtud de servir como parámetro para que se configure la

cosa juzgada, también es necesario concluir que la solicitud de indemnización

oportuna y con efectos interruptores del plazo de prescripción, tampoco se

tiene por cumplida con el trámite para ejecutar el fallo de la Sala

Constitucional. Explica que si de nuevo se adoptara la fecha de inicio del

cómputo en el mes de febrero de 2004,  impuesta para evidenciar que se

configura sobradamente la prescripción, en definitiva, la actora nunca trató de

reclamar el cobro de los aspectos relacionados con los supuestos desperfectos

de la máquina, así como las pérdidas económicas por su no disposición a las

labores que la tenía encomendada. Además, sostiene, como con posterioridad a

esa data, ella no ejercitó acción jurisdiccional alguna dentro del plazo de

cuatro años que contempla el canon 198 de la LGAP, no es posible indemnizar

salvo que se haga violando ese canon. Con los argumentos explicitados,

argumenta, también estima que se conculca el artículo 41 del CPCA, pues se

aplica en forma indebida, ya que al momento de interponerse este proceso, por

las razones indicadas, el derecho de reclamo para establecer la responsabilidad

objetiva del Estado había prescrito. Tampoco es viable acudir a esta norma, con

el predicado de que los efectos de la desposesión de los inmuebles presentan la

característica de continuados, y que esa duración debe reputarse como una

especie de causa que suspende la prescripción. Por un lado, es claro que no se

regula, como causal de interrupción, nada en dicho sentido a través de norma

legal, lo cual es un requisito que estima indispensable, citando la sentencia

no. 456-F-2007. Por otro, que no encuadra dentro de los supuestos o eventos

especiales que ha considerado la jurisprudencia para interpretar el supuesto de

hecho que prevé el precepto 198 de la LGAP, en cuanto al inicio del cómputo del

plazo. De todos modos, manifiesta, la indebida aplicación que se acusa del

numeral 41 en comentario, parte del error de darle un efecto ultractivo, a una

disposición jurídica que previó un plazo especial de prescripción para el

ejercicio de la acción contencioso administrativa bajo el nuevo CPCA. Sin

embargo, asevera, sobre una situación que, correctamente apreciada, demuestra

que según el mismo artículo 198 de la LGAP, presentaba al momento de inicio de

este proceso, la patología de prescripción del derecho indemnizatorio, por

actos administrativos que devinieron firmes e inmutables en sede administrativa,

como también por las consecuencias de ellos. Aclara, no es que el actor no haya

gestionado en sede jurisdiccional el reclamo de los supuestos daños causados.

Es que escogió mal la vía, cuando requirió la misma tutela de responsabilidad,

pero en un proceso de ejecución de sentencia, o bien, formuló mal la

pretensión, según quedara señalado. Por consiguiente, alega, ni el extremo

principal de bodegaje, como tampoco los daños y perjuicios derivados de ese

depósito, en lo que implicaron al cargador Komatsu WA 200 (repuestos, mano de

obra, perjuicios por no disposición), también los extremos de indexación e

intereses legales sobre la sumas condenadas, devienen procedentes. Además,

denuncia indebida aplicación del numeral 122 del CPCA, pues no hay motivo para

que se imponga una condena indemnizatoria en contra del Estado. Por el

contrario, es necesario acusar la violación del canon 66, inciso k), Ibidem.,

norma que se dejó de aplicar, porque era dable establecer que se configuraba la

defensa de prescripción, como también se infringe el 122 Ibid., y se debe

disponer la improcedencia total de la pretensión.

de manera

subsidiaria y condicionada a lo que se decida respecto al primer cargo, alega

quebranto, por falta de aplicación, de las disposiciones 10, inciso 3), 21,

inciso 2), 22, 23 y 37 de LRJCA; y del Transitorio III del CPCA. También, del

artículo 198 de la LGAP. Ello si se llegase a admitir que la demandante tenía

derecho a reclamar la indemnización del costo del bodegaje del aludido

cargador. Expresa que el Tribunal es contundente al disponer que no procede

discutir la validez o invalidez de la resolución DM-1599-2004, que agotó la vía

administrativa, en cuanto a la pretensión de pago del bodegaje. Es así, por

cuanto es un acto sobre el que opera la caducidad de la acción. Sin embargo,

censura, ello trae aparejada una circunstancia adicional: el que tampoco se

pueda discutir un supuesto derecho indemnizatorio sobre ese bodegaje, dada la

fecha de emisión del acto, el cual se encontraba cobijado por las reglas y

procedimientos contenidos en la anterior LRJCA. Expone que de acuerdo con la

LRJCA, las pretensiones de plena jurisdicción que se formulaban a su amparo,

suponían la obligación para la parte actora no sólo lograr la declaratoria de

nulidad del acto impugnado (artículo 10, inciso 1), en relación con el 22),

sino, además, el establecimiento y demostración de los daños y perjuicios

derivados de esa actuación (canon 10, inciso 3), en relación con el 23). De

allí que, en estos supuestos, existía claridad en cuanto al plazo para el

ejercicio de la acción, según lo recogía el numeral 37 de la LRJCA, fijándolo

en los dos meses. Tal y como se precisó en la sentencia impugnada, aduce,

existe un acto administrativo que expresamente denegó cualquier derecho indemnizatorio

a la accionante, por los costos del bodegaje del cargador Komatsu WA 200. Es el

no. DM-1599-2004, del 8 de octubre de 2004, sobre el cual, insiste, el Tribunal

estima que no cabe discusión alguna en este momento. Sin embargo, agrega, en

orden a esa misma línea de razonamiento, el hecho de que la actora no lo haya

impugnado en su debido tiempo, es decir, dentro de los dos meses posteriores a

la notificación, hacía que ese acto deviniera firme e inmodificable. En otras

palabras, la decisión de no cancelar el bodegaje del cargador no podía ser

discutida en sede jurisdiccional, por adquirir un carácter de inmutabilidad.

Por eso no podía otorgarse indemnización, pues bajo la referida Ley, era

indispensable obtener la declaratoria de nulidad del acto, en sede

jurisdiccional, para que derivada de ella se estableciera el derecho

indemnizatorio. Entonces, acusa al órgano sentenciador de incurrir en

contradicción, al disponer que el acto ya no es atacable, pero que sí puede

conceder una indemnización por costos de bodegaje, cuando ese extremo

precisamente resultó inmodificable para el órgano sentenciador. En punto a esa

situación versó el alegato del Estado, argumenta, en el sentido de que era

indispensable tomar en cuenta lo preceptuado por el Transitorio III del CPCA,

que manda a respetar y tomar en cuenta la fecha de emisión de los actos

administrativos, a los efectos de aplicar el régimen jurídico de impugnación

que cabe contra ellos. Con el proceder indicado, justifica el agravio de los

preceptos 10, incisos 1) y 3); 22, 23 y 37 de la LRJCA, pues en el sub judice

sus implicaciones son esenciales para analizar la validez y efectos jurídicos

del acto administrativo no. DM 1599-2004, del 8 de octubre de 2004. Si se

estimaba nulo, y, además, causante de un perjuicio indemnizable, señala, la

actora debió ejercitar la acción contenciosa administrativa, dentro del plazo

indicado de los dos meses a partir de la notificación del acto administrativo

que se estimaba espurio. De lo contrario, el acto se tornaba inmodificable, y

lógicamente, no podría una sentencia posterior resolver lo contrario, como

sucede en este caso, pues no cabía reconocimiento alguno del costo del bodegaje

sobre el cargador Komatsu WA 200. El vicio se produce, afirma, toda vez que no

se aplicó el Transitorio III del CPCA, que brinda la solución jurídica

pertinente, cuando se formulan reclamos de plena jurisdicción, sobre actos

administrativos emanados con anterioridad al primero de enero de 2008.

En

cuanto al primer cargo, conviene aludir a los razonamientos emitidos por el

Tribunal en el fallo impugnado, a partir del

Se aprecia del

registro electrónico (15:55:20), que luego de pronunciarse sobre algunas

excepciones, entra al análisis de la de prescripción, que relaciona con las

pretensiones indemnizatorias. Destaca que el demandado la plantea con

fundamento en el plazo de cuatro años del artículo 198 de la LGAP. Estima de

importancia resaltar que la actora sufrió el decomiso del cargador del 7 de

noviembre de 2001 al 16 de febrero de 2004. Pero fue el 13 de diciembre de

2006, que la demandante canceló las sumas adeudadas al Almacén Fiscal donde

estuvo depositado ese bien y así pudo recuperarlo. Por ello, aduce, es una

actuación de efecto continuado, desde el día del decomiso hasta cuando se

levantó la medida, es decir, el 16 de febrero de 2004. En principio, señala, a

partir de esta data inició el plazo prescriptivo; por lo que fenecía el 16 de

febrero de 2008. Sin embargo, aclara que ese tiempo se interrumpió por el

recurso de queja y el reclamo de pago por los gastos de almacenaje, que la

demandante planteó ante los personeros del Ministerio de Hacienda, el 30 de

marzo de 2004. El Estado lo rechazó en la resolución no. 824-2004, ratificada

por la no. 869-2004 y mediante el oficio DM 1599-2004, del  8 de octubre

de 2004, emitido por el Despacho del Ministro. Con eso se denegó la pretensión

de pago y se tuvo por agotada la vía administrativa. Refiere que a partir de la

comunicación de este último oficio, empezó a correr de nuevo el plazo de

prescripción. En tesis de principio, indica, vencía en octubre de 2008. Pero de

nuevo se interrumpió con el proceso ordinario contencioso administrativo que

Sanki presentó para el cobro resarcitorio por los gastos de almacenaje del

cargador, presentado en noviembre de 2004. En sentencia 2011-2009, del 28 de

enero de 2009, se declaró la inadmisibilidad de esa acción, y a partir de la

notificación de ese fallo, el cual no fue recurrido por las partes, comenzó a

correr el plazo de cuatro años de prescripción para solicitar la

responsabilidad pecuniaria. Determina que este ordinario se presentó el 9 de

setiembre de 2009. Por lo expuesto, aduce, no han transcurrido los relacionados

cuatro años; en consecuencia, rechazó la defensa en estudio. Tampoco admitió la

caducidad de la acción de un proceso civil de hacienda, por estimar que no

aplica para el reclamo indemnizatorio de daños y perjuicios (16:01:12), sino

solo para solicitar la anulación de un acto administrativo.

A juicio del

Estado, según las manifestaciones de su primer agravio, las pretensiones

resarcitorias, relacionadas con el cargador Komatsu WA 200, se encuentran

prescritas, por haber operado el plazo de cuatro años del artículo 198 de la

LGAP. Retoma el criterio del Tribunal, en cuanto a que ese tiempo se

interrumpió con la presentación del proceso ordinario, expediente no.

04-001182-163-CA, donde recayó la sentencia no. 211-2009. A ello objeta que el

susodicho canon se vulnera, como también los preceptos 876 y 877 del Código

Civil, en esencia, por cuanto prescribieron los extremos atinentes a los gastos

de bodegaje, refacciones necesarias, mano de obra y perjuicios de la

imposibilidad de utilización del mencionado bien. En su criterio, no debe

computarse a partir de la puesta en posesión del cargador a disposición de la

actora, que se estableció el 16 de febrero de 2004; sino del hecho dañoso

original, acontecido el 7 de noviembre de 2001, o sea, del decomiso. No

considera con ese efecto la gestión ante la Sala Constitucional ni el reclamo

administrativo y señala que Sanki no tuvo impedimento para gestionar por la vía

jurisdiccional la pretensión resarcitoria. Más bien, se esperó hasta la puesta

en posesión de la maquinaria, que ocurrió en febrero de 2004. Contrario a lo

expuesto, esta Cámara estima, como lo considera el Tribunal, que el perjuicio

ocasionado por la Administración a la demandante, con motivo del decomiso,

revistió las características de los actos lesivos continuados, desde la práctica

de esa medida y hasta su levantamiento (7 de noviembre de 2001 al 16 de febrero

de 2004). Pero además, debe considerarse que ella, obligada por las

circunstancias de desidia del demandado, tuvo que hacerse cargo de saldar la

deuda por almacenaje para recuperar el vehículo, restituir las facultades

propias del dominio, hasta ese entonces limitadas indebidamente, asumir la

posesión material del cargador, incluyendo también las actividades de

reparación a las que también se vio compelida a asumir, con el propósito de

lograr el destino económico social del bien o, en su defecto, disponer de él

como parte de los atributos de su derecho de propiedad. A todo ello debe

agregarse, mientras se prolongaron esos efectos, la actora no se mantuvo

inerte, pues realizó gestiones concretas, no solo en sede administrativa, sino

también por la vía del recurso de amparo, para revertir la situación de

perjuicio que sufrió por el referido decomiso, también con propósito

resarcitorio de los detrimentos patrimoniales que sin duda alguna

experimentaba. Sobre el particular, es atinado el órgano sentenciador al

apuntar que operó el instituto de la interrupción, habida cuenta del recurso de

queja y del reclamo de pago de gastos de almacenaje, decidido con las

resoluciones que también fueron objeto de demanda. Se inició, entonces, un

nuevo plazo prescriptivo, desde octubre de 2004 (acto administrativo DM

1599-2004), que volvió a interrumpirse con la demanda ordinaria planteada por

Sanki ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en

noviembre de ese año, donde recayó el fallo no. 211-2009, de las 15 horas del

28 de enero de 2009, es decir, dentro de los cuatro años del artículo 198 de la

LGAP. En este punto, el Estado censura que ese proceso no tiene la virtud de interrumpir

el curso de la prescripción, puesto que la acción se declaró inadmisible por

defectos formales y el Tribunal desatendió ese importante aspecto. Al abrigo de

lo estipulado en los numerales 876 y 877 del Código Civil, que acusa

vulnerados, estima que aunque la interposición del reclamo en sede

jurisdiccional es una actuación que interrumpe el cómputo, ello lo es, en el

entendido de que se cumplan a cabalidad los requisitos de esa gestión. En este

sentido, agrega, no se deberá tomar el planteamiento de ese proceso como acto

interruptor, por cuanto la demanda se declaró inadmisible por falta de

solemnidades legales, tipificando en las previsiones del canon 877 de

comentario. Destaca que el fallo allí emitido, declaró con lugar la excepción

de defecto formal del escrito de formalización, lo cual impidió verter

pronunciamiento de fondo y dispuso la inadmisibilidad del proceso. Con todo,

tampoco lleva razón el casacionista con estos argumentos, por cuanto el

artículo 877 del Código Civil, contiene expresa referencia a la prescripción

adquisitiva o positiva, es decir, a la usucapión, no así la prescripción

negativa o extintiva. En efecto, la regulación que sienta el Código Civil sobre

usucapión y prescripción negativa es desafortunada, pues trata ambos institutos

de manera conjunta, cuando resulta ser que tienen presupuestos de hecho y

consecuencias jurídicas muy diferentes. Con la usucapión se adquieren derechos

reales poseíbles, requiriendo para ello de justo título, buena fe y posesión

pública, pacífica, ininterrumpida y a título del respectivo derecho que se

pretende adquirir. En cambio, la prescripción negativa es un modo de extinguir

ciertos derechos, cuando el titular o acreedor deja transcurrir el plazo legal

para ejercitarlos, creando una situación de inseguridad intolerable para el

ordenamiento jurídico. El origen de la regulación conjunta de estos institutos,

se debe en mucho a un instituto paralelo a la usucapión que se aplicó en el

Derecho Romano, conocido como “praescriptio longi temporis” (prescripción

de largo tiempo). Producto de la incorporación de personas y territorios al

ámbito del dominio romano, fue necesario crear disposiciones normativas para

regular las nuevas situaciones y conflictos. Fue así como al lado de la

usucapión, aplicable para los ciudadanos romanos y para bienes ubicados en

suelo itálico, las autoridades pretorianas crearon la “praescriptio longi

temporis”, con la que se pretendió extender los efectos de la usucapión a

personas que no reunían los requisitos usuales para adquirir derechos,

principalmente, la falta de justo título, que se llegó a suplir con un tiempo

mayor de posesión (“longi temporis”) ejercido sobre inmuebles

provinciales. Así, aunque este instituto no está reconocido en el sistema

jurídico patrio, es lo cierto que el término “prescripción” se

incorporó, incluso, utilizándose para designar a la usucapión; pero también el

mismo vocablo se ha empleado para aludir al instituto extintivo de derechos. De

este modo y con influencia foránea, con el mismo término “prescripción”,

el legislador costarricense regula ambos institutos, en el Libro III del Código

Civil, esto es, en el apartado sobre obligaciones, propiamente, seguido del

Título V, atinente a otros modos de extinguirse las obligaciones. Esta

ubicación estaría correcta si no es porque con la prescripción negativa, que de

cierto es un modo anormal de extinción obligacional, también se regula la

positiva, con eficacia distinta. Por este motivo y dado que se trata de dos

institutos muy diferentes, aún y cuando el Libro III, Título VI, del Código

Civil, se denomine: “DE LA PRESCRIPCION”, se debe tener sumo cuidado en

determinar cuáles normas aplican para un tipo y cuáles para el otro. Así las

cosas, en cuanto a las causas de interrupción de los plazos prescriptivos, el

artículo 876 no establece diferencia respecto a la prescripción negativa y la

positiva, pues el legislador dispuso: “Toda prescripción se interrumpe

civilmente”, lo que revela que comprende a ambas y se ratifica con la

redacción del inciso 1), cuando alude por igual al “poseedor” y al “deudor”,

como también cuando menciona al “dueño” y al “acreedor”. Es

decir, se contemplan los sujetos que participan en la relación obligatoria o

derecho de crédito, como también a situaciones particulares que autorizaría la

figura de la usucapión en el ámbito de los derechos reales. De la misma manera

se regula en el inciso 2), al indicarse que operará la interrupción: “Por el

emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor”

(el destacado no es del original). No obstante la equiparación de efectos que

se hace en el precepto 876 de cita, el 877 Ibidem., sí establece una diferencia

expresa. Nótese que cuando menciona que el emplazamiento judicial o el embargo

no tendrán efecto interruptor, si la demanda fuere inadmisible por falta de

solemnidades legales, se desistiere de ella, se declarare desierta o el

accionado fuere absuelto por sentencia ejecutoriada, específicamente, se

detalla que es para “la prescripción positiva”. Por ende, si en esta ocasión

el legislador distinguió, entonces, esa norma no aplica como salvedad al

instituto de la interrupción del plazo de prescripción negativa, contrario a

como lo pretende el recurrente. La razón de este precepto y la diferencia que

sienta, estriba en impedir que mediante un uso indebido del derecho de

accionar, se logre interrumpir el plazo para que opere la adquisición de un

derecho real. Pero ello no parece viable en materia del plazo de extinción de

un derecho patrimonial, en virtud de que el fin perseguido por la prescripción

negativa, esto es, eliminar las situaciones de inseguridad jurídica creadas por

la inercia del titular en ejercitar su derecho, se logra con el emplazamiento

judicial, embargo o secuestro notificado al deudor, aún y cuando la demanda

fuese declarada inadmisible por falta de solemnidades legales. De todas

maneras, no debe soslayarse, en abono a la tesis expuesta, que más adelante, en

el artículo 879 Ibid., se establece: “La prescripción negativa se interrumpe

también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la

deuda y cumplimiento de la obligación”, destacándose cómo el legislador, de

nuevo, hace sus reservas, a fin de diferenciar la temática de la interrupción

entre la prescripción positiva y la negativa. Lo dicho determina, en

consecuencia, el rechazo del cargo en estudio, pues en efecto, como lo razona

atinadamente el Tribunal, no transcurrió el plazo prescriptivo de cuatro años,

en virtud de las causas interruptoras que en este particular señaló y que el recurrente

detalla.

En otro orden

de ideas, según se observa en la contestación de la demanda (folios 210 y 211)

y se establece en el registro electrónico de la audiencia preliminar

(15:55:10), cuando el recurrente planteó la defensa de prescripción, no estableció

diferencia alguna entre los distintos extremos que conforman el reclamo

indemnizatorio atinente al cargador Komatsu WD 200. Es decir, no especificó que

algunos fueron materia de gestión administrativa y jurisdiccional, mientras que

otros no, para con ello establecer las reservas que ahora hace en sus agravios.

Tampoco lo hizo en la audiencia del juicio oral y público. Más bien, allí

argumentó para que se declarara prescrita la pretensión indemnizatoria, tanto

referente a los gastos de almacenaje como también a lo que dice fueron los

supuestos daños y perjuicios que sufrió la maquinaria por el bodegaje. Incluso,

comprendió ambos extremos dentro de lo que considera ya habían sido puntos

discutidos en sede jurisdiccional y fueron resueltos con autoridad de cosa

juzgada material (9:32). Asimismo lo expuso en las conclusiones (10:41), donde

expresa que la actora acude a la jurisdicción contenciosa reclamando los daños

de las reparaciones necesarias para poner a funcionar las máquinas, los

salarios de los dos empleados que tenía, honorarios del perito que dictaminó

los costos de reparación, todo ello sucedido dentro de la ejecución de

sentencia, resolviéndose con el rechazo de esas pretensiones, salvo el

reconocimiento de ¢75.000,00 del recurso de amparo; entonces, enfatiza, sí hay

cosa juzgada.  Si bien, podría decirse que establece algún criterio

diferenciador, lo hace a los fines de justificar la aplicabilidad de la cosa

juzgada material, tanto de las peticiones resarcitorias planteadas en el proceso

ordinario aludido en el Considerando X, como de las que fueron objeto de la

ejecución de sentencia de la Sala Constitucional. No obstante, la base de la

defensa de prescripción negativa, se insiste, no contiene una diferencia clara

y contundente en su exposición, como se determina en el escrito de contestación

a la demanda (folios 210 y 211). Además, en la audiencia preliminar (registro

electrónico 14:27) no formuló ninguna reserva, aclaración, diferencia o

modificación, siendo la etapa donde podía hacerlo, como así lo contempla el

artículo 90, inciso 1), d), del CPCA. Por todo eso, es entendible que el

Tribunal no hiciera referencia alguna a esas diferencias. Como corolario, la

Sala no podría incursionar en esta temática. De todas maneras, así lo impide el

artículo 608 del CPC, cuando en su tenor estatuye que no podrán ser objeto del

recurso, cuestiones que no fueron propuestas ni debatidas oportunamente. Esta

norma es aplicable en la especie, de conformidad con lo establecido en el canon

220 del CPCA, en tanto constituye un principio general de derecho procesal.

Respecto a la

segunda censura, como lo ha establecido la representación del Estado con

insistencia, en punto a las pretensiones resarcitorias lo que aplicaría es el

instituto de la prescripción negativa. De esta manera, no procedería la

caducidad que, a criterio del Tribunal, solo operó para el requerimiento de

nulidad de los actos administrativos. La defensa del demandado ha sido

reiterativa en que se cumplió el plazo de prescripción de los cuatro años para

las peticiones indemnizatorias. El cargo que de modo subsidiario plantea,

atinente a la caducidad de esos extremos, deviene, en consecuencia,

inatendible.

En mérito de

lo establecido, se debe rechazar el recurso del accionado y, según lo dispuesto

en el canon 150, inciso 3), del CPCA, considerando la naturaleza de las

cuestiones debatidas, la complejidad del asunto, la posibilidad de diversos

enfoques jurídicos y su justificación, se concluye que contó con suficiente

motivo para impugnar, exonerándose del pago de las costas de su recurso de

casación.