Resolución 00413-2026

Antecedentes procesales. A efectos de resolver el presente proceso contencioso administrativo, en las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de relevancia:

La presente causa se ha sustanciado en esta sede en forma electrónica, por lo que se utilizará como referencia la foliatura del documento electrónico generado como un único archivo en formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas y con la opción "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final", el cual incluye un total de 432 imágenes del proceso de principal en formato digital (expediente judicial), 25 imágenes del proceso cautelar (expediente judicial de cautelar), 14 tomos del expediente administrativo 2008-667-BI del Registro Inmobiliario del Registro Nacional (expediente registral 1), 96 imágenes del expediente administrativo 2020-1598-RIM del Registro Inmobiliario del Registro Nacional (expediente registral 2).

Se tiene por interpuesto el proceso de conocimiento, en el cual se establece la pretensión que fue determinada en la demanda interpuesta el 30 de junio de 2020 y ajustada y confirmada en la audiencia preliminar celebrada el 30 de julio de 2024, de la siguiente forma: "Por lo expuesto, solicito declarar en sentencia:

Es de dominio público estatal el inmueble de matrícula 5-135890-000, originado con la presentación del documento 527-4479-02, descrito en el plano G-851198-2003, con una cabida de 2244 metros y 42 decímetros cuadrados, colindante al oeste con la zona pública inalienable de la zona marítimo terrestre, y se ubica en su totalidad dentro de la franja de ciento cincuenta metros de ancho de la zona restringida, en el que rigen las potestades de autotutela demanial a cargo de la Administración activa competente, por carecer la demandada de título legítimo anterior a la afectación demanial.

Por concederse el extremo petitorio 1), se declara la nulidad de la inscripción del inmueble de matrícula 5-135890-000 y del plano G-851198-2003, y se ordena su cancelación.

En caso de oposición, se impondrá a la demandada el pago de ambas costas y sus Intereses.

Que se mantenga la anotación de la demanda al margen de la inscripción de la finca matrícula 5-135890-000 hasta la ejecución de la sentencia”. (imágenes 2 y 368 expediente judicial y grabación en soporte digital).

En escrito presentado el 06 de abril de 2021, la representación A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima, contestó negativamente la demanda. Formuló las excepciones de falta de legitimación activa, falta de integración del litisconsorcio necesario con el Registro Nacional y la Municipalidad de Santa Cruz y falta de derecho. Peticionó, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos. (imagen 32 expediente judicial).

En el escrito presentado el 06 de abril de 2021, A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima formuló contrademanda contra el Estado y la Municipalidad de Santa Cruz, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente: “1- se declare con lugar la presente contrademanda en todos sus extremos. 2- se declare la responsabilidad del Registro Nacional, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de calificación de los planos catastrados de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, al no ejercer su deber de verificación de que todos los instrumentos públicos cumplían con el ordenamiento jurídico, alterando con ello la realidad registral de los inmuebles. 3- se declare la responsabilidad de la Municipalidad de Santa Cruz, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de resguardo de la zona marítimo terrestre, y haber otorgado el visado a los planos de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad sin advertir el eventual traslape con la zona pública, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, así mismo, se le declare responsable de haber ejercido de manera improcedente el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de dicha propiedad.

Se ordene a la Municipalidad de Santa Cruz, a la devolución en los términos establecidos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de las sumas de dinero recibidas por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles sobre el inmueble 5-135890-000 una vez ordenada la anulación del asiento registral si así se hiciera en sentencia, durante todos los años en que ha recibido esos dineros, al ser improcedente con base en este proceso judicial.

Se condene al Estado, al Registro Nacional y a la Municipalidad de Santa Cruz de manera solidaria, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada al haber actuado de manera omisa, incumpliendo con sus obligaciones legalmente dispuestas, violentando con ellos (sic) los principios básicos de publicidad registral y seguridad jurídica, así como el derecho de propiedad; daños que consisten entre otros en el valor del terreno y de las construcciones que hay sobre él, cuyos valores serán demostrados y liquidados en ejecución de sentencia, al igual que los perjuicios causados con sus omisiones y actuaciones”. (imágenes 32 y 368 expediente judicial y grabación en soporte digital).

En auto de las trece horas treinta y seis minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez Tramitador otorgó audiencia a la parte actora sobre las excepciones opuestas por la demandada y, adicionalmente, confirió traslado al Estado y la Municipalidad de Santa Cruz respecto de la reconvención formulada por A & H Aguilar Y Hernández S.A. (imagen 50)

En escrito del 03 de junio de 2021, la representación del Estado contestó negativamente la contrademanda. Opuso las excepciones de falta de legitimación ad causam activa, falta de integración del litisconsorcio necesario con la Junta Administrativa del Registro Nacional, falta de derecho, culpa de la víctima y prescripción. Peticionó, se declare sin lugar la contrademanda con imposición de ambas costas. (imagen 55 expediente judicial).

En escrito presentado el 06 de enero de 2022, la representación de la Municipalidad de Santa Cruz contestó negativamente la contrademanda interpuesta, formuló la excepción de falta de derecho y solicitó que se rechacen todas las pretensiones, se declare sin lugar en todos sus extremos la contrademanda interpuesta y se condene al reconventor al pago de las cosas personales y procesales de este proceso. (imagen 92 expediente judicial)

Mediante resolución 0855-2022-T de las ocho horas veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Juez de Trámite, respecto de las excepciones opuestas por A & H Aguilar y Hernández S.A. en la contestación de la demanda, resolvió: “Se rechaza la DEFENSA PREVIA DE FALTA DE INTEGRACIÓN DE LA LITIS, interpuesta por A & H AGUILAR Y HERNÁNDEZ S.A. En consecuencia se ordena continuar con los procedimientos”. En esta resolución, en el Considerando VI, la persona juzgadora de trámite señaló: “Relativo a la integración de la Municipalidad, se omite pronunciamiento puesto que ?  o sic) la parte actora en ejercicio del principio dispositivo la codemandó”.- (imagen 149 expediente judicial)

En escrito presentado el 10 de agosto de 2022, la representación de la parte demandada reconventora, de conformidad con el artículo 50.1.C del Código Procesal Contencioso Administrativo, aporta como prueba complementaria de la contrademanda cuatro certificaciones registrales emanadas del Registro Público de propiedad y que contienen todo el antecedente de dominio de la finca inscrita a nombre de mi representada matrícula de  folio real 135890-000 que proviene de la finca madre 131087-000 ambas del partido de Guanacaste del Registro de Propiedad. (imagen 180 expediente judicial)

Mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Juez Tramitador confiere audiencia a las partes sobre una posible integración a la litis del Registro Nacional. (imagen 235 expediente judicial)

Mediante resolución 0342-2023-T de las once horas con veinticinco minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Trámite, respecto de la excepción opuesta por el Estado en la contestación de la contrademanda, resolvió: “Se declara CON LUGAR la defensa previa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria interpuesta por la representación estatal al contestar la contrademanda dentro de la presente causa.- Se ordena integrar al proceso a la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL.-”.- (imagen 243 expediente judicial)

En escrito presentado el 30 de mayo de 2024, la representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional contestó negativamente la contrademanda. Opuso las excepciones de prescripción y falta de derecho. Peticionó, se declare sin lugar en todos sus extremos la contrademanda, se condene a la parte reconventora al pago de ambas costas de la misma y los intereses que se generen hasta su efectivo pago y se le exonere del pago de ambas costas, de conformidad con el inciso b) del numeral 193 de Código Procesal Contencioso Administrativo. (imagen 267 expediente judicial).

En la audiencia preliminar de las trece horas y cuarenta minutos del treinta de julio del dos mil veinticuatro, las partes manifestaron que no tienen aspectos que sanear, se realizaron ajustes y se fijaron las pretensiones de la demanda y la contrademanda. La representación del Estado solicitó que se difiera la defensa previa de prescripción para ser resuelta por el fondo. La representación de la Junta Administrativa del Registro Nacional interpuso en la audiencia la defensa previa de prescripción, la cual fue diferida por el Juez de Trámite para ser resuelta por el fondo. Se determinó que los hechos controvertidos de la demanda son el 2 y 3 y de la contrademanda todos menos el primero son controvertidos. Después, se procedió a la admisión de la prueba documental de la demanda y contrademanda y la prueba testimonial ofrecida por la demandada reconventora, admitiéndose los testimonios de Marco Aguilar Hernández y Jorge Bustamante Jiménez, únicamente, para que se refieran al hecho 8 de la contrademanda y a las actividades del ejercicio de dominio sobre el bien inmueble. (imagen 368 y grabación en soporte digital)

En la audiencia complementaria de juicio oral y público realizada a las nueve horas cuarenta minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil veinticinco, de conformidad con los artículos 85.2, 92 y 147 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en la fase de saneamiento, el Tribunal le confirió audiencia a las partes para que se refirieran en torno a la posible desacumulación de pretensiones en relación y correspondencia con la demanda y contrademanda formuladas en el presente expediente. (imagen 409 y grabación en soporte digital)

En escritos presentados en fechas 02, 03, 04 y 05 de diciembre de 2025, las representaciones de la Municipalidad de Santa Cruz, la Junta Administrativa del Registro Nacional, el Estado y A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima, respectivamente, se manifestaron sobre la audiencia otorgada. (imágenes 397, 399, 400 y 406)

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión.

Argumentos de las partes ante la audiencia conferida por el Tribunal respecto a la eventual desacumulación. A) Municipalidad de Santa Cruz. Señala que respecto de la pretensión 2 de la reconvención esa corporación local no tiene competencia, respecto de la pretensión 3 que no tiene responsabilidad en vista de que esa municipalidad es la usufructuaria y administradora de la zona pública de su jurisdicción y, de igual manera, el cobro del impuesto de bienes inmuebles lo impone la Ley 7509, Ley de impuesto sobre bienes inmuebles, en sus artículos 1 y

Además, peticiona: “Siendo este asunto entre la empresa reconventora A & H Aguilar y Hernández S. A., y el Registro Nacional, y apegándose la Municipalidad de Santa Cruz a lo dispuesto por la Ley Zona Marítimo Terrestre y la Ley de Bienes Inmuebles, sin existir responsabilidad por parte de esta de Municipalidad en este asunto; / Además, siendo competencia del Registro Nacional la inscripción de bienes inmuebles, por lo que, la Municipalidad de Santa Cruz carece de competencia para la inscripción de Bienes, pido acoger la excepción interpuesta, se declare sin lugar en todos sus extremos la contra demanda interpuesta y se condene al reconventor al pago de las costas personales y procesales de este proceso, en vista de que la Municipalidad de Santa Cruz no ha incurrido en conducta omisa”. B) Junta Administrativa del Registro Nacional. Señaló: “En virtud de que el Tribunal manifestó verbalmente en la audiencia de saneamiento, haber valorado una DESACUMULACIÓN DE PROCESOS dada la lectura integral de las pretensiones de la demanda y contrademanda, donde en la primera se actúa bajo las potestades de imperio del Estado y en la segunda lo que se reclama es una responsabilidad civil de las Administraciones contrademandadas, lo cual a su criterio resultan pretensiones distantes; esta representación considera importante manifestar que en vista de que estamos en un proceso de lesividad (sic) donde la Junta Administrativa del Registro Nacional, figura como contrademandada, se estima que lo oportuno, si el Tribunal lo tiene a bien, al apreciar la existencia de falencias o contradicciones en las pretensiones, es que se devuelva el expediente al Juez Tramitador para que éste evalúe la procedencia o no de un ajuste de las pretensiones de la contrademanda”.  C) Estado. En la audiencia otorgada señaló: “En esencia, en la contrademanda se pretende una declaratoria de responsabilidad del Registro Nacional (Junta Administrativa del Registro – Estado) y la Municipalidad de Santa Cruz por presuntas conductas omisivas, con pago de daños ocasionados. En la audiencia preliminar se omitió lo relativo a perjuicios (ver minuta). Los anteriores aspectos, considera el Tribunal, son distantes de la causa de la demanda: el ejercicio de la potestad de la potestad estatal de recuperación de un terreno de la zona marítimo terrestre, dominio público, teniendo en cuenta que el artículo 45 del CPCA dispone cuáles pretensiones son acumulables. / Esta representación, al contestar la reconvención, no opuso la defensa previa de indebida acumulación de pretensiones (de la contrademanda y la demanda), por estimar que no eran incompatibles entre sí o excluyentes y susceptibles de ventilarse en el mismo proceso, bajo un trámite común. Sin embargo, no media una identidad plena en los sujetos o partes, el elemento objetivo de la pretensión, ni hay riesgo de dividir la continencia de la causa y dictar fallos contradictorios. (Artículos 220 del CPCA y 41 del Código Procesal Civil). Por lo que se deja a valoración del Tribunal la concurrencia de presupuestos para la acumulación”. Seguidamente brinda 3 pronunciamientos doctrinales que afirmar que la contrademanda es un tipo de acumulación de acciones. D) A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima. Señala que se opone a la posible desacumulación del proceso de demanda respecto de la reconvención planteada. Que la PGR en representación amplia del Estado, ha accionado en este proceso invocando el interés público en su contra, sin embargo, los hechos que dan lugar a la presentación de tal demanda involucran de manera indiscutible tanto a la Junta Administrativa del Registro Nacional como a la Municipalidad de Santa Cruz. Incluso la demanda no sería posible plantearla sin tener en cuenta las actuaciones materiales y los actos administrativos realizados por el Registro Nacional como la Municipalidad de cita, tanto así que lo que reclama el Estado es la anulación de actos administrativos que han tenido eficacia y aun en este momento surten efectos jurídicos subjetivos a favor de mi representada. Que si bien es cierto la PGR ejerce por mandato legal la representación estatal en esta sede jurisdiccional, también es cierto que tanto la Junta Administrativa del Registro Nacional como la Municipalidad de Santa Cruz tienen personería jurídica propia, por lo que sus actuaciones no pueden ser reclamadas en juicio sin que tengan la posibilidad de ejercitar una defensa oportuna de los intereses que como órganos estatales con personería propia tienen dentro del ámbito de sus competencias. Que al contestarse la demanda es evidente que el descargo que se hace de los hechos imputados por la PGR, corresponde en gran medida a actuaciones de la Junta Administrativa del Registro Nacional, así como de la Municipalidad de Santa Cruz. Razón por la cual se entabló de manera oportuna la reconvención que obra en autos. Que la reconvención establece en los hechos planteados, las actuaciones de los entes estatales que han causado efectos dañosos y perjudicando ilegítimamente. Que, como parte de la libertad procesal de accionar que le corresponde, se ha reconvenido la demanda en contra de la actora y de manera conjunta contra la Junta Administrativa del Registro Nacional, así como de la Municipalidad de Santa Cruz. Ninguno de los reconvenidos planteo objeción alguna en las etapas procesales previas, por lo que ésta es una etapa ya precluida del proceso que está ya en fase de celebración del juicio oral y público, y en realidad no debería ser objeto de saneamiento, cuando todas las partes han aceptado concurrir a la audiencia de juicio sin plantear reclamo alguno en cuanto a la manera en que se ha integrado la litis. Por último, señala que las pretensiones interpuestas en la reconvención se han determinado de manera explícita en contra de los reconvenidos, a saber, la Junta Administrativa del Registro Nacional, la Municipalidad de Santa Cruz y de manera solidaria el Estado, del cual forman parte también los dos primeros órganos.

Sobre la acumulación de procesos y/o pretensiones. El primer aspecto a señalar es que la acumulación -de procesos o pretensiones- se produce cuando se reúnen varias demandas y/o pretensiones en un solo proceso judicial -bajo el mismo número de expediente- de acuerdo con las condiciones que establece la ley, lo cual, para nuestro caso, se encuentra regulado en los artículos 43 a 47 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que establecen los elementos y condiciones relativas a la acumulación. En este sentido, es de interés señalar que el numeral 45 dispone: “1) En un mismo proceso serán acumulables: / a) Las pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con una misma conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa. / b) Excepto lo señalado en el artículo 38 de este Código, las pretensiones referidas a varios actos, cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, o exista entre ellos conexión directa. /

Si el tribunal, la jueza o el juez tramitador, según corresponda, no estima procedente la acumulación, indicará a la parte las pretensiones que debe interponer por separado”. De conformidad con lo transcrito, son acumulables las pretensiones en la medida que sean compatibles, sea, que no resulten excluyentes y se encuentren generadas con ocasión de la existencia, ya sea de una misma conducta administrativa o la misma relación jurídico administrativa. La acumulación de pretensiones lleva consigo por principio de interpretación finalista del ordenamiento jurídico, la aspiración de hacer real la observancia con el principio de economía procesal, siempre que con ello, no se proponga de manera por demás antitécnica desde el punto de vista procesal, una discusión sobre un cúmulo de pretensiones dirigidas ya sea contra una o más partes, que no permitan que el proceso y en ese tanto el debate, giren sobre un mismo eje lógico o temático, si se quiere. Es una figura de antesala que tiene como propósito la reunión de dos o más procesos, para ser resueltos en una sola sentencia y así evitar fallos contradictorios o que uno de ellos pueda enervar la eficacia del otro o los otros. Ahora bien, a efectos de identificar los elementos a considerar para el caso concreto, sin pretender limitar a la existencia de una tipología de figuras distintas de acumulación, se identifican los siguientes tipos:

Acumulación inicial de pretensiones: es cuando en la presentación de una misma demanda se formula una combinación de las pretensiones establecidas en el artículo 42 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en adelante CPCA.

Acumulación diferida de pretensiones: es la que podría tener lugar cuando, una vez formulada la demanda, la misma es ampliada ya sea por escrito o en la audiencia preliminar, y con ella se realiza la adición de nuevas pretensiones derivadas de dicha ampliación. (Artículos 46 y 95 del CPCA).

Acumulación de procesos: opera cuando hay identidad de causa, objeto y partes entre distintos procesos. En este supuesto la acumulación es procedente cuando hay coincidencia del sujeto y objeto o la causa, lo que implica que se pueden acumular procesos distintos y se resuelven en una sola sentencia. (artículo 44 del CPCA)

Acumulación impropia: se presenta cuando hay una contrademanda formulada en la misma causa que la principal, de forma que en la contrademanda se formulan otras pretensiones que se van dar en el mismo proceso, y se conocen en un mismo fallo, de allí que se considera una acumulación impropia. En el caso concreto, nos encontramos en el último supuesto, en donde se debe realizar la debida valoración de las pretensiones de la demanda y de la contrademanda o reconvención, a efectos de determinar la procedencia o no de la acumulación de dichas acciones. Para estos efectos, se debe tener en cuenta que, el artículo 38 del Código Procesal Civil (aplicable por remisión supletoria del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo), señala: “ARTÍCULO

Reconvención y réplica / 38.1 Reconvención. El demandado podrá reconvenir al actor pero únicamente en el escrito donde conteste la demanda y podrá traer al proceso como reconvenido a quien no sea actor. La demanda y la reconvención deberán ser conexas o ser consecuencia del resultado de la demanda. La reconvención deberá reunir los mismos requisitos del (sic) de la demanda. Si fuera defectuoso, se prevendrá su corrección en los mismos términos de la demanda. Salvo disposición legal en contrario, la reconvención solo será admisible en procesos ordinarios. / 38.2 Réplica. Si la reconvención fuera admisible, se concederá al reconvenido un plazo igual al del emplazamiento de la demanda para la réplica, la que deberá tener los mismos requisitos de la contestación”. (El subrayado no es del original). Sobre este particular, la Sala Primera ha señalado: “La doctrina y la jurisprudencia han definido que las pretensiones de la reconvención sean susceptibles de tramitación por los mismos procedimientos de la demanda, y por ende deberá cumplir con los requisitos para que se de la acumulación de las pretensiones de ambas acciones. La reconvención proviene de la parte demandada, quien aprovechando la existencia de un proceso en su contra, inserta en su propio interés una nueva pretensión contra quien inicialmente lo demandó o contra un

Es por lo dicho anteriormente que el párrafo segundo del numeral 308 del Código Procesal Civil establece que “…La demanda y la reconvención deberán ser conexas en sus objetos, y el escrito de reconvención deberá reunir los mismos requisitos que el de la demanda…”. De la norma transcrita se denota una conexidad entre la demanda y la reconvención, toda vez que como requisito de admisibilidad, la reconvención deberá ser conexa con la demanda, en resguardo del principio de economía procesal y procurando la relación estrecha de la reconvención y la demanda para evitar fallos contradictorios. Corolario de lo anterior, la reconvención en cuanto a las pretensiones del contrato no. 653-2006, deberá seguir el mismo camino de la demanda puesto que ambas son inseparables, y decir lo contrario, se atentaría contra los principios de economía procesal y seguridad jurídica en la tramitación de los procesos con reconvención”. (Sala Primera, sentencia 001110-C-S1-2016 de las diez horas cincuenta minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis). En virtud de expuesto, a efectos de realizar la valoración de la acumulación de las pretensiones de la demanda y contrademanda, se debe tener claro que éstas deben ser conexas, es decir las pretensiones que se formulen no deben ser incompatibles entre sí y se deben deducir en relación con una misma conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa; o bien, ser consecuencia del resultado de la demanda, lo que implica una valoración minuciosa de ambas acciones. Ahora bien, respecto a la tramitación de las acumulaciones, el artículo 120 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, dice que “Si (…) el Tribunal determina la existencia de alguno de los motivos señalados en los incisos b), d), e) y f) del artículo 66, concederá un plazo de tres días hábiles para que se subsane el defecto, y, de ser necesario, retrotraerá el proceso a la respectiva etapa procesal”, siendo de interés, resaltar que el supuesto que interesa aquí es el identificado con la letra e) del citado numeral 66 inciso 1) -que corresponde a la posibilidad de alegar la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones-, el cual debe combinarse de manera armónica con los artículos 45 y 47 del Código de rito, que regulan precisamente los presupuestos para que sea procedente, ya sea la acumulación de procesos o de pretensiones, como lo es el caso bajo examen. Así las cosas, el numeral 45 inciso 1) establece la potestad, para que, cuando el Juez Tramitador o el Tribunal -entiéndase este último como el órgano sentenciador-, no estime procedente la acumulación de las pretensiones, se lo haga así ver a las partes para que las deduzca en forma separada, situación claramente prevista por el legislador, quien además, dejó latente también la opción, conforme al inciso 3) del artículo 120 citado, de que en caso de ser necesario, se retrotraiga el proceso a la respectiva etapa procesal, o incluso, en caso de incumplimiento ante lo que le fuere requerido, se declarara la inadmisibilidad de la pretensión, situación que estimamos, tiene como única finalidad, que todas las partes intervinientes en la contienda judicial dispongan de las mismas oportunidades de defensa y que el Tribunal a cargo de la sentencia, pueda dictar un fallo de mérito, no con base en razones de facilidad o simplicidad, sino de estricta legalidad y con la objetividad que debe imperar siempre en los órganos que administran justicia; de allí que en las próximas líneas se procede a realizar la valoración de la procedencia o no de la acumulación de pretensiones de la demanda y la reconvención.

Sobre el caso concreto. Habiendo sido turnado el conocimiento del presente asunto a esta Cámara de juzgadores a fin de resolverlo en sentencia, luego de haberse efectuado un estudio del expediente judicial y concedido audiencia a las partes sobre una eventual desacumulación, sin perjuicio de actuado en la etapa de trámite dentro de la presente causa, particularmente conforme lo expresado en la Audiencia Preliminar de las trece horas y cuarenta minutos del treinta de julio del dos mil veinticuatro, en cuanto a los ajustes, determinación y fijación de pretensiones de la demanda y reconvención, en donde, el Estado demanda a A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima y, en la misma causa, esta última contrademanda al Estado, la Municipalidad de Santa Cruz y la Junta Administrativa del Registro Nacional; se determina que las pretensiones formuladas en dichas acciones no son acumulables en aplicación de lo dispuesto en los artículos 45 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 38 del Código Procesal Civil, por lo que resulta prematuro el dictado de la sentencia de interés en los términos establecidos en la demanda y contrademanda según lo determinado en la audiencia preliminar; de forma que, según la normativa citada en el considerando previo, ante la posibilidad del Tribunal juzgador de verificar la instrumentalidad del procedimiento, resulta necesario enderezar los autos, con base en lo siguiente: Por un lado, tenemos que conforme el escrito original de demanda presentado a estrados judiciales por la parte actora y la audiencia preliminar celebrada el 30 de julio de 2024 en esta instancia judicial, la acción la formula el Estado en contra de A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima para que en sentencia se declare lo que sigue: "1) Es de dominio público estatal el inmueble de matrícula 5-135890-000, originado con la presentación del documento 527-4479-02, descrito en el plano G-851198-2003, con una cabida de 2244 metros y 42 decímetros cuadrados, colindante al oeste con la zona pública inalienable de la zona marítimo terrestre, y se ubica en su totalidad dentro de la franja de ciento cincuenta metros de ancho de la zona restringida, en el que rigen las potestades de autotutela demanial a cargo de la Administración activa competente, por carecer la demandada de título legítimo anterior a la afectación demanial.

Por concederse el extremo petitorio 1), se declara la nulidad de la inscripción del inmueble de matrícula 5-135890-000 y del plano G-851198-2003, y se ordena su cancelación.

En caso de oposición, se impondrá a la demandada el pago de ambas costas y sus Intereses.

Que se mantenga la anotación de la demanda al margen de la inscripción de la finca matrícula 5-135890-000 hasta la ejecución de la sentencia". Según se observa, el presente asunto es un proceso de conocimiento en el que se pretende que se declare que el inmueble del partido de Guanacaste, con folio real matrícula 5-135890-000 es de dominio público estatal ya que se ubica en su totalidad dentro de la franja de ciento cincuenta metros de ancho de la zona restringida, de forma que por carecer la demandada de título legítimo anterior a la afectación demanial se solicita declarar la nulidad de la inscripción del inmueble de matrícula 5-135890-000 y del plano G-851198-2003, así como ordenar su cancelación; lo que conduce a considerar al Tribunal, como premisa procesal, que la intención litigiosa del proceso es la declaratoria de dominio público del bien inmueble inscrito por un particular, de allí que se requiera la anulación de la inscripción del inmueble y cancelación de su plano. Por otro lado, como resultado de lo anterior, en escrito presentado el 06 de abril de 2021 A & H Aguilar y Hernández Sociedad Anónima formuló contrademanda contra el Estado y la Municipalidad de Santa Cruz, y se integra como reconvenida a la Junta Administrativa del Registro Nacional, según la resolución 0342-2023-T de las once horas con veinticinco minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Juez de Trámite; en la reconvención formulada y la audiencia preliminar celebrada el 30 de julio de 2024 se determinaron las siguientes pretensiones: “1- se declare con lugar la presente contrademanda en todos sus extremos. 2- se declare la responsabilidad del Registro Nacional, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de calificación de los planos catastrados de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, al no ejercer su deber de verificación de que todos los instrumentos públicos cumplían con el ordenamiento jurídico, alterando con ello la realidad registral de los inmuebles. 3- se declare la responsabilidad de la Municipalidad de Santa Cruz, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de resguardo de la zona marítimo terrestre, y haber otorgado el visado a los planos de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad sin advertir el eventual traslape con la zona pública, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, así mismo, se le declare responsable de haber ejercido de manera improcedente el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de dicha propiedad.

Se ordene a la Municipalidad de Santa Cruz, a la devolución en los términos establecidos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de las sumas de dinero recibidas por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles sobre el inmueble 5-135890-000 una vez ordenada la anulación del asiento registral si así se hiciera en sentencia, durante todos los años en que ha recibido esos dineros, al ser improcedente con base en este proceso judicial.

Se condene al Estado, al Registro Nacional y a la Municipalidad de Santa Cruz de manera solidaria, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada al haber actuado de manera omisa, incumpliendo con sus obligaciones legalmente dispuestas, violentando con ellos los principios básicos de publicidad registral y seguridad jurídica, así como el derecho de propiedad; daños que consisten entre otros en el valor del terreno y de las construcciones que hay sobre él, cuyos valores serán demostrados y liquidados en ejecución de sentencia, al igual que los perjuicios causados con sus omisiones y actuaciones”. De conformidad con la transcripción realizada, se desprende que las pretensiones formuladas en la contrademanda tienen como eje central de discusión la existencia de responsabilidad del Registro Nacional y de la Municipalidad de Santa Cruz por aparentes conductas omisivas (pretensiones 2 y 3), la existencia de responsabilidad civil de éstos y del Estado por dichas conductas omisivas (pretensión 5) y la devolución por parte de la corporación local de las sumas de dinero recibidas por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles sobre el inmueble 5-135890-000 durante todos los años en que ha recibido esos dineros, una vez ordenada la anulación del asiento registral. (pretensión 4). Se resalta que la responsabilidad por conducta omisiva del Registro Nacional se formula en virtud de no haber ejercido de manera adecuada su deber de calificación de los planos catastrados de la finca madre y de la finca objeto del presente proceso y de la Municipalidad de Santa Cruz por no haber ejercido de manera adecuada su deber de resguardo de la zona marítimo terrestre, y haber otorgado el visado a los planos de la finca madre y de la finca objeto del proceso sin advertir el eventual traslape con la zona pública; señalándose que en ambos casos que dicha omisión conllevó a la inscripción de éstas en el Catastro y en el registro de bienes inmuebles.

En atención a las pretensiones expuestas líneas atrás, se determina la improcedencia parcial de las pretensiones de la  reconvención por los siguientes motivos: a) En primer término, véase que la demanda fue formulada para que este Tribunal declarara que la finca inscrita al folio real matrícula 5-135890-000 es un bien de dominio público y por consiguiente debe anularse su inscripción a nombre de la parte demandada y ordenar la cancelación de su plano; y por otro lado, la reconvención formula pretensiones claramente inconexas con ésta, en el tanto, tienen como eje central de discusión la existencia de conductas omisivas y la responsabilidad derivada de ésta por parte del Registro Nacional y de la Municipalidad de Santa Cruz -en la responsabilidad civil se adiciona al Estado por la misma conducta omisiva- (pretensiones 2, 3 y 5), respecto del primero por no haber ejercido de manera adecuada su deber de calificación de los planos catastrados de la finca madre y de la finca objeto del presente proceso y de la segunda por no haber ejercido de manera adecuada su deber de resguardo de la zona marítimo terrestre y haber otorgado el visado a los planos de la finca madre y de la finca objeto del proceso sin advertir el eventual traslape con la zona pública. Al respecto, véase que las pretensiones de la reconvención no pueden derivarse de lo que se resuelva en la demanda, dado que se desconocen las bases de la conducta omisiva reprochada a cada reconvenido en el tanto se requirieron actuaciones o trámites peticionados por la parte demandada reconventora y las mismas no son incorporadas ni discutidas en la demanda, además, nótese que dicha conducta omisiva reprochada se extiende más allá de las base de la demanda, al punto de que se incluyen otras propiedades o fincas que no son objeto de ésta, no son descritas e individualizadas expresamente y que no presentan debate ni discusión alguna. En virtud de esta situación, se tiene claro que las bases de ambas acciones son distintas, el primero es una pretensión declaratoria con consecuencia anulatoria y en el segundo es un proceso civil de hacienda sustentado en conductas omisivas que se extienden a elementos y cuadro fáctico distintos o ajenos al discutido en la acción de base. b) Otro aspecto a resaltar es que, si bien la reconvención permite la inclusión de otras partes no incluidas en la demanda, se evidencia que hay una incompatibilidad entre las pretensiones, por cuanto no se deducen ni derivan en relación con una misma conducta administrativa o una relación jurídico-administrativa, dado que la reconvención recae, se reitera, en una conducta omisiva de otros entes distintos al actor. Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que la reconvención se formula contra la Junta Administrativa del Registro Nacional y la Municipalidad de Santa Cruz, los cuales no tienen participación alguna en la demanda, incluso, en las pretensiones de la reconvención, se observa que se incluye al Estado únicamente en cuanto a los daños derivados de las conductas omisivas mas en su establecimiento no se indica que haya existido tal conducta por parte del actor reconvenido, lo que evidencia que la causa de dicha acción estriba sobre elementos ajenos a los de la demanda. A modo de conclusión, en torno a los elementos descritos, a simple vista de lo peticionado en ambas acciones, se da una falta de relación y causa entre la situación jurídica administrativa acusada y la causa, origen y generación de los daños reclamados -por conducta omisiva- según se ha citado, por cuanto este último conlleva una valoración más extensa de las condiciones y cuadro fáctico necesario para su acreditación, máxime que, se reitera, se formula incluyendo una serie de propiedades y fincas ajenas al proceso, de forma que obedecen a causas disímiles a tratar en autos o litigios independientes. Baste con indicar que lo pretendido por el Estado en la demanda no guarda conexidad, no se encuentra vinculado en relación con las pretensiones de la reconvención, dado que no surgen de una misma conducta administrativa, menos aún, de una misma relación jurídico administrativa -lo cual se evidencia al identificar a los entes reconvenidos-; es más, nótese que ambas contienen una temática y un régimen jurídico propio de cada relación jurídica accionada.

Corolario. Consecuentemente con lo aquí expuesto, de conformidad con lo estatuido en los artículos 45, 96 y 120 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, de oficio este Tribunal ordena la desacumulación de las pretensiones de la reconvención identificadas con los números 2, 3 y 5, las cuales dicen: "2- se declare la responsabilidad del Registro Nacional, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de calificación de los planos catastrados de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, al no ejercer su deber de verificación de que todos los instrumentos públicos cumplían con el ordenamiento jurídico, alterando con ello la realidad registral de los inmuebles. / 3- se declare la responsabilidad de la Municipalidad de Santa Cruz, por no haber ejercido de manera adecuada su deber de resguardo de la zona marítimo terrestre, y haber otorgado el visado a los planos de la finca madre, así como de la finca de mi propiedad sin advertir el eventual traslape con la zona pública, generando con ello su inscripción en el Catastro, y posteriormente la inscripción de las fincas, así mismo, se le declare responsable de haber ejercido de manera improcedente el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de dicha propiedad. /

Se condene al Estado, al Registro Nacional y a la Municipalidad de Santa Cruz de manera solidaria, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a mi representada al haber actuado de manera omisa, incumpliendo con sus obligaciones legalmente dispuestas, violentando con ellos los principios básicos de publicidad registral y seguridad jurídica, así como el derecho de propiedad; daños que consisten entre otros en el valor del terreno y de las construcciones que hay sobre él, cuyos valores serán demostrados y liquidados en ejecución de sentencia, al igual que los perjuicios causados con sus omisiones y actuaciones”. En este punto, interesa precisar que respecto de la pretensión 3) se indica que solicita que se declare responsable a la corporación local de haber ejercido de manera improcedente el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles de dicha propiedad, no obstante, dicha petición se estableció en la pretensión número 4) que dice: “4) Se ordene a la Municipalidad de Santa Cruz, a la devolución en los términos establecidos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de las sumas de dinero recibidas por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles sobre el inmueble 5-135890-000 una vez ordenada la anulación del asiento registral si así se hiciera en sentencia, durante todos los años en que ha recibido esos dineros, al ser improcedente con base en este proceso judicial”; de forma que esta última se mantiene como la pretensión de la reconvención, dado que sí guarda conexidad con la demanda y el resultado de la misma. Respecto de la pretensión 5) se incluye al Estado como responsable civil solidario respecto de las conductas omisivas indicadas en las pretensiones 2) y 3), de allí que la misma no es relativa al presente proceso por lo que se incluye como parte de las pretensiones que se ordenan desacumular. En virtud de lo anterior, siendo que la litis en la presente causa se encuentra trabada, se ordena la desacumulación de las pretensiones 2), 3) y 5) de la reconvención por lo que debe procederse al levantamiento o apertura de un expediente judicial autónomo e independiente dentro del que habrá de continuarse el trámite del asunto desacumulado de forma separada en cuanto a la reconvención y las pretensiones dichas, como así de las contestaciones opuestas y la prueba recabada y admitida, manteniéndose las actuaciones y resoluciones dictadas hasta la Audiencia Preliminar del 30 de julio de 2024. Se ordena el pase sobre lo desacumulado a la persona tramitadora que atendió la causa para lo de su cargo y ajuste de los actos procesales restantes en relación al objeto de esta desacumulación. En lo demás, manténgase incólume y pendiente de fallo únicamente sobre el conocimiento de las pretensiones de la demanda, y las pretensiones 1) y 4) de la reconvención que dicen "1) se declare con lugar la presente contrademanda en todos sus extremos. /

Se ordene a la Municipalidad de Santa Cruz, a la devolución en los términos establecidos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de las sumas de dinero recibidas por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles sobre el inmueble 5-135890-000 una vez ordenada la anulación del asiento registral si así se hiciera en sentencia, durante todos los años en que ha recibido esos dineros, al ser improcedente con base en este proceso judicial”, una vez que sea materializada en el sistema de gestión del expediente digital la desacumulación ordenada bajo la creación de un nuevo expediente y se encuentre además en firme la presente resolución.

Sobre la conversión del proceso. De conformidad con la Audiencia Preliminar de las trece horas y cuarenta minutos del treinta de julio del dos mil veinticuatro, en lo que respecta a la demanda no se ha ofrecido prueba testimonial por ninguna de las partes, sino que la prueba ofrecida lo fue respecto de la contrademanda, de allí que lo procedente es declarar el presente asunto como un proceso de puro derecho.