Resolución 02220-2024

I.-

La accionante indicó en la demanda que labora para el Patronato Nacional de la Infancia (en adelante PANI), en el puesto de Auxiliar de Servicios Infantiles. Demandó el pago de 3350 horas extra diurnas y 5000 nocturnas, así como el pago de las diferencias que la concesión de la jornada extraordinaria genere en aguinaldo y salarios escolares, así como el reconocimiento futuro de ambos derechos tomando en cuenta el salario extraordinario. También reclamó el pago de intereses, indexación y costas. La representante legal de la parte accionada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, declaró sin lugar y se condenó en costas a la parte actora, fijó las personales en la suma prudencial de ₡300.000.

AGRAVIOS: El representante de la parte actora se muestra disconforme con lo resuelto: Agravios formales: Dice que se tuvo como probado que la accionante labora para el PANI desde el 19 de enero del 2009 en el puesto de auxiliar de servicios infantiles, de manera interina en el Departamento de Atención Integral del Albergue La Garita, y que para estos se fundamenta en la demanda y contestación de la demanda, sin tomar en cuenta la declaración testimonial. Y que este hecho probado contiene una imprecisión que determina el resultado final del proceso. Dice que, en efecto, la accionante se desempeña como auxiliar de servicios infantiles A, en el cargo de “tía sustituta de apoyo”; y la prueba documental muestra que ocupa el cargo de Asistente de Servicios Infantiles A. Expone que, a partir de esta imprecisión, la jueza hila toda la teoría del caso para rechazar la demanda, pues termina equiparando muy subrepticiamente los puestos de Auxiliar de Servicios Infantiles A, y Auxiliar de Servicios Infantiles B, con absoluta violación del principio de legalidad, y en cascada una vulneración a los derechos de jornada limitada y salario equitativo. Refiere que el Manual de Clases de Puestos y Cargos del PANI es claro en señalar la diferencia entre ambas clases de puestos y cargos. En todo caso, dice, la propia demandada aceptó que la accionante ocupa el puesto de Auxiliar de Servicios Infantiles A, y no se ha tenido así, incluso en violación al numeral 560 del Código de Trabajo, pues sólo se indica algunas fuentes de prueba, pero sin indicar otras, y no se hizo la explicación detalla y exhaustiva. En relación al hecho probado sexto, en relación a las funciones, refiere que no determina si las funciones que se desempeñan dentro del ambiente de los albergues en los que laboró la actora son peligrosas o insalubres; mientras que la evacuación de la prueba testimonial y documental versa sobre la inseguridad con la que la actora debe laborar todos los días. Argumenta que, incluso, la accionada utilizó los elementos de peligrosidad y salubridad para justificar la jornada de 10 horas, pero esto fue omitido por la juzgadora y, además, genera una incongruencia entre los hechos probados y el considerando de fondo, lo que marca la nulidad de la sentencia. Comenta que la sentencia como acto formal y lógico debe guardar una congruencia en todos sus tramos, es decir, debe tener una unidad, sobre este respecto cita a Eduardo J. Couture y Jorge Claría Olmedo. En su criterio, no es posible que en la parte del análisis fáctico (hechos probados y no probados) se omiten importantes circunstancias que vienen a ser determinantes en la resolución del litigio, y luego, en el análisis de fondo se consideren como si hubiesen sido parte de los citados considerados y que el cimiento fáctico de la sentencia debe coincidir con el cimiento jurídico. Asegura que, al contestar la demanda, la representación del PANI expuso los siguientes tres argumentos defensivos: que todas las horas extra laboradas habían sido pagadas; que la demandante había aceptado desde el inicio de la relación laboral la jornada de doce horas y que la jornada podría llegar hasta diez horas porque no se trataba una labor peligrosa o insalubre. En esos términos quedó trabada la litis, y cada parte aportó prueba según el cuadro fáctico descrito. Pese a lo anterior, dice que incongruentemente la sentencia, para denegar las pretensiones, se amparó en el voto de la Sala Constitucional número 4902-95 y el de esta otra n.° 841-2007 cuyos extremos fácticos y jurídicos los considera diferentes a los que se encuentran en discusión en este expediente. Expone que la representación del PANI nunca alegó que su patrocinada ocupara un cargo de confianza, sin fiscalización superior y cuyas actividades laborales no fueran continuas y permanentes. A su juicio, en la jurisprudencia de esta Sala se ha sostenido que los argumentos sobre los cuales se traba la litis constituyen el marco de discusión y resolución del litigio. Considera que no se dio una adecuada fundamentación, pues, insiste, el fallo se basó en las dos sentencias antes citadas y no en la prueba aportada a los autos; incluso, como prueba documental constan los perfiles de los puestos de Auxiliares de Servicio A y B, pero en la sentencia no hace mención de estos documentos. Insiste en que, cuando se refirió en la sentencia n.º 841-2007, lo hacía en función de las tías sustitutas, que tienen una jornada diferente, así como el deber de permanecer en los albergues y por lo tanto, reciben un pago por concepto de disponibilidad y que, a pesar de esto la juzgadora introduce en una sola “bolsa” ambos cargos y ambas clases de puestos y los llama “Auxiliar de Servicios Infantiles”. Comenta que el razonamiento de instancia, asume que la parte actora conoció y aceptó esa jornada entonces, como si estuviese habilitando una renuncia de derechos, en violación flagrante al artículo 11 del Código de Trabajo y 74 de la Constitución Política. Aduce que este vicio también se demuestra en la falta de fundamentación de la valoración de los testimonios de los señores: [Nombre 002] y [Nombre 003], el primero con puesto de conductor, además secretario adjunto del Sindicato de Empleados del PANI, el segundo con cargo de Auxiliar de Servicios A, por tanto conocedores directos de lo que sucede en la relación laboral de la actora, y que la juzgadora únicamente indicó que estos testimonios no arrojan mayores elementos de prueba para resolver las presentes diligencias, pues básicamente confirman el horario y jornadas en esta demanda. Sostiene que si uno de los derechos que conforman el Debido Proceso es la posibilidad de ofrecer prueba, que esta prueba sea evacuada y valorada en sentencia, entonces la preterición de la prueba constituye sin lugar a dudas la más evidente violación del Debido Proceso. Califica como un error haber evacuado toda la prueba, si luego para la jueza se trataba de asunto de puro derecho. Agravios de fondo: Dice que la jueza justifica las jornadas de doce horas diurnas y nocturnas con fundamento en el artículo 136 del Código de Trabajo, y esto debería darle la razón a su representada, pues aun estando en un trabajo que no sea insalubre y peligroso, la actora tiene derecho a todas las horas extras nocturnas laboradas (porque no se autoriza la extensión de la jornada ordinaria), y al menos dos de cada jornada extra diurna. Pero, insiste, la condición de trabajo en este caso sí es insalubre y peligrosa; añade que incluso, el albergue de Garita se cerró porque fue quemado por la misma población y que el testigo [Nombre 003] indicó que en dicho albergue se han dado amenazas de muerte e introducción de armas de fuego. De nuevo, expresa que el perfil de la clase de puesto de la Institución demandada que fue aportado al proceso judicial y preterido por la juzgadora. Todo lo cual ha quedado corroborado con el testimonio de [Nombre 003] y [Nombre 002]. Expone que, a pesar de que la juzgadora consideró que sus labores se dan en un ámbito de confianza, esto no es cierto, pues su trabajo supervisado tanto mediata como inmediatamente por un buen número de funcionarios, entre ellos, psicólogos, médicos, nutricionistas, trabajadores sociales y su Jefatura Administrativa, tal y como se expresa en el perfil de puesto incorporado como prueba. Advierte que, para dicho puesto, no requiere ser profesional, tan sólo una persona con conocimientos básicos de cuido de niños que desempeña sus funciones en un ámbito de continuo control por parte de sus jefaturas. En criterio de quien recurre, existen suficientes y contundentes elementos de prueba que acreditan que su representada realiza funciones constantes, permanentes, bajo una supervisión y fiscalización inmediata, con alto grado de riesgo y peligrosidad, circunstancias que impiden que se pueda ubicar su labor dentro de la jornada de excepción que establece el artículo 143 del Código de Trabajo. Insiste en que en la sentencia se aplicó jurisprudencia extraña al objeto del litigio, pero a su juicio resolvieron puntos jurídicos distintos al planteado en este proceso. Puntualiza que esos fallos tratan sobre Tías Sustitutas de Servicios Infantiles B, que tienen una jornada excepcional que se extiende por once días seguidos, las veinticuatro horas y luego gozan de tres días de descanso. Los fallos de la Sala Constitucional tratan de ese tipo de servidoras que llama sustituta de los padres de familia, que se torna indispensable que permanezcan en su lugar de trabajo sin limitación de tiempo, en razón de la relación cercana que deben crear y fortalecer con los menores. Para el recurrente, el caso de su representada es diferente, no es lo mismo la Tía Sustituta de Servicios Infantiles B, que la Tía Sustituta de Apoyo A, que es el que venía realizando la actora, y transcribe un cuadro comparativo de las características y funciones que dice tener cada puesto. Sostiene que la accionada no le ha pagado a su representada las horas extras que laboró tanto en jornada diurna como nocturna y en cuanto a las horas extra nocturnas no es jurídicamente posible pensar en una jornada acumulativa, pues está previsto únicamente para la jornada diurna y mixta. Dice que el PANI, en la contestación de la demanda, aceptó que su representada tuvo jornadas diurnas y nocturnas de doce horas, las cuales fueron trabajadas continua y permanentemente, entonces no cabe duda que cada vez que la actora laboró jornada diurna trabajó cuatro horas extra diurnas, y cada vez que lo hizo en jornada nocturna acumuló seis horas extra nocturnas. Sobre el reajuste del periodo de vacaciones, comenta que la juzgadora de instancia, al momento en que se hace cargo de este asunto, y de atender la prueba, no dominaba el contenido de la demanda y contestación, porque se lo turnaron minutos antes de la audiencia y que, a pesar de ello, admitió la corrección de la demanda con incorporación de este extremo, sin tener claridad sobre su contenido. Critica que se haya estimado no lleva razón la parte actora en cuanto haya recibido discriminación respecto al otorgamiento de vacaciones, pues el día sábado es un día hábil de labores, siendo esa la única fundamentación, sin tomar en cuenta las declaraciones testimoniales, ni lo indicado en la etapa de conclusiones. Aduce que el día sábado lo trabajan estas trabajadoras únicamente cuando el rol de trabajo se los exige, y esto es la menor de las ocasiones, porque pude ser que ellas laboren de noche; luego refiere esos roles, y concluye que, de seis posibilidades sólo en dos trabajan los sábados; por lo que no es cierto que tenga el día sábado como parte de su jornada. De nuevo, acota el argumento de la improcedencia de la jornada acumulativa en este caso. Añade que el PANI sostiene la tesis de negarle a la actora el cómputo de los sábados en sus vacaciones, En un dictamen del año 1995; sin embargo, ese dictamen está superado por el 282-2008, en el que se dijo textualmente: “En consecuencia, si para los oficinistas -por ejemplo, el goce de un período de vacaciones de quince días hábiles implica un descanso efectivo de tres semanas seguidas, ello debe ser igual para los operadores y supervisores, de tal suerte que el rebajo de los días debe computarse en esa misma forma – de acuerdo a los cinco días de la semana- con independencia de que durante la semana ellos puedan distribuir su jornada especial en tres o cuatro días hábiles”. Le resulta incomprensible cómo para unos trabajadores el término de descanso pleno requerido puede ser de quince días y para otros de sólo trece días; de modo que resulta evidente la discriminación. Por último, en cuanto al condenatoria en costas, expone que, en tres renglones sin análisis, la juzgadora condena en costas a la actora por la suma de los 300.000,00 colones; sin embargo, a buena fe es evidente, pues se litigó con pleno convencimiento de poseer derecho a lo reclamado, pues si ella trabaja una jornada de trabajo que está muy por encima de la que laboran los demás trabajadores, quienes tienen jornadas diurnas de ocho horas y nocturnas de seis, lo más llamado a la lógica es que su trabajo genere el pago de horas extras. Dice que la juzgadora en forma fría, automática, sin ninguna complicación y sin ningún análisis, simplemente aplicó la regla de que el perdedor paga las costas, pero no analizó que existía una causa eximente de estos pagos. También, se opone al monto, el cual califica como excesivo, mas si se toma en cuenta que se tuvo como hecho probado un salario mensual de 363.786.00 colones; lo estima como desproporcional, pues tendría que sacar un salario mensual para asumir estos costos. Es decir, en ese mes, no podría pagar los servicios básicos, comprar la alimentación de su núcleo familiar, y posiblemente ni tan siquiera podrá trasladarse al centro de trabajo, sólo por reclamar lo que estimó eran sus derechos. Solicita se anule la sentencia de primera instancia, o bien, se revoque y se declare con lugar la demanda.III.- VICIOS DE ORDEN PROCESAL: En el artículo 587 del Código de Trabajo se establecen las causales que dan cabida al recurso de casación por vicios formales. Solo en esos supuestos, el recurso es admisible. En el presente asunto, se reprocha incongruencia de la sentencia (inciso 2); falta de determinación, clara y precisa de los hechos probados (3) y falta de fundamentación del fallo (inciso 5). Al respecto, debe indicarse, en primer lugar, que, el inciso 2 de artículo referido, dispone: “2.- (…) en los supuestos de incongruencia, el recurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o aclaración”. La congruencia de las resoluciones consiste en que estas, además de ser armoniosas en sí mismas, en su parte dispositiva deben siempre ajustarse a los términos de la litis, de tal manera que resuelvan todas las cuestiones propuestas y no vayan a conceder más o algo diferente de lo pedido. Por otro lado, debe advertirse que, según lo dispone el ordinal 578 del Código de Trabajo: “Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte (…) La solicitud de la parte deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación. La adición y aclaración se limitará a las omisiones u oscuridades de la parte dispositiva de la sentencia y a las contradicciones que puedan existir entre la parte considerativa y la dispositiva (…)”. De esta manera, cuando el recurrente aduce que la sentencia de instancia es incongruente, dada la inconsistencia entre los hechos probados y el considerando de fondo; resulta evidente, también por lo que dispone el numeral 578 ya citado, que estas cuestiones debió formularlas en una solicitud de aclaración y adición, ante el Juzgado, como esto no se hizo el agravio resulta inatendible. Por otro lado, esta Sala ha reiterado el criterio de que la fundamentación consiste en la labor intelectiva que debe efectuar la persona juzgadora para justificar su decisión, en tanto esta no puede ser arbitraria. En ese ejercicio, debe hacer constar las razones fácticas y de naturaleza jurídica que dan sustento a su criterio; lo que resulta relevante, pues mediante esa exposición se da cumplimiento a la garantía del debido proceso y al derecho de defensa; en tanto la concreción del razonamiento o la motivación de lo decidido es lo que permite a las partes hacer uso de los recursos legales en aras de controlar el poder jurisdiccional. De ahí que los artículos 421 y 560 del Código de Trabajo establecen expresamente la obligación de razonar las decisiones. No se observa que, en este caso, el Juzgado haya omitido exponer las razones en que sustentó la decisión y que, por consiguiente, el fallo adolezca del vicio acusado. La señora jueza de instancia, en lo que interesa y entre otras cosas, resolvió: “El alegado de la institución demandada, lleva razón de ser, de que no le adeuda a la parte actora HORAS EXTRAS y por consiguiente tampoco los demás extremos petitorios, esto por la sencilla razón, que el horario de la actora, no sobrepasa lo establecido en la normativa del artículo 136 del Código de Trabajo, pues la actora labora, en jornada diurna solo 48 horas por semana y en jornada nocturna, solo labora 36 horas por semana, con lo cual no supera lo establecido en la normativa del artículo 36 del Código de Trabajo. Que si bien se establece horarios de 12 horas, debe de entenderse que es por el tipo de población que se atiende, como lo es la atención a niños en estado de riesgos en estado vulnerables”. Además, los argumentos que enumeran los apoderados de la parte actora en el recurso, como parte de la posición procesal que han mantenido, tienen relación entre ellas, por lo que si la juzgadora denegó la demanda con fundamento en las razones que ella expuso, tácitamente estaba rechazando dichos argumentos, independientemente de si los motivos son compartidos o no por la parte vencida. Como corolario, el recurso por razones de orden procesal debe desestimarse, en tanto no se perciben los vicios acusados. Por último, si bien se identifica un agravio en relación a la claridad de los hechos probados, en realidad el argumento que presenta la parte recurrente, tiene que ver con la valoración de la prueba, cuestiones que tienen que ver con el fondo del asunto.

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE LAS “TÍAS SUSTITUTAS” EN EL PANI: En el voto de esta Sala n.° 841 de las 09:30 horas del 09 de noviembre de 2007 se hizo una explicación sobre las consideraciones de la Sala Constitucional con respecto a la naturaleza de la llamadas “Tías Sustitutas” en el PANI, y en esa ocasión se señaló: “En La Gaceta n.° 19 del 28 de enero de 1992 salió publicado el “Reglamento Autónomo de Servicio del PANI”, vigente a partir de esa fecha (ver artículo 76), cuyo numeral 37 inciso c) disponía: “Las tías sustitutas laborarán de lunes a domingo las 24 horas del día. La Dirección Ejecutiva determinará los días de descanso que legalmente les corresponda” (folio 146). En ese mismo año -sin que en los autos conste la fecha exacta- se interpuso un recurso de amparo y luego una acción de inconstitucionalidad contra esa disposición normativa. El 8 de julio del año indicado, la Autoridad Presupuestaria tomó el acuerdo N° 2061 en los siguientes términos: “Se autoriza al PANI la creación de la clase “Tía Sustituta” (...). Asimismo se acuerda: a) Ubicar por reestructuración, en la nueva clase de tía sustituta, los puestos de Trabajador Especializado 2 que actualmente realizan funciones de tías sustitutas (...), b) Autorizar un salario máximo mensual de ¢41.650 (...), c) Denegar el pago del 40% de disponibilidad sobre el salario base debido a las medidas de reducción del gasto público (...), e) Rige a partir del 1° de julio de 1992” (folio 192). El 5 de setiembre de 1995, la Sala Constitucional acogió parcialmente la acción de inconstitucionalidad antes mencionada mediante el voto N° 4902-95, cuya parte dispositiva se lee: “Se declara parcialmente con lugar la acción. Se anula por inconstitucional del inciso c del artículo 37 del Reglamento Autónomo de Servicios del Patronato Nacional de la Infancia la frase que dice "las veinticuatro horas del día". En lo demás se declara sin lugar la acción. Esta sentencia es declarativa y su efecto retroactivo a la fecha de vigencia de la norma”. Entre las consideraciones efectuadas por aquella Sala para resolver de esa manera destacan las siguientes: “II. NATURALEZA DEL PROGRAMA DE LAS LLAMADAS "TÍAS SUSTITUTAS": La Sala entiende y no cuestiona la naturaleza y la importante labor que el Patronato Nacional de la Infancia le ha encomendado a este tipo de funcionarias, con el objeto de desarrollar, con los menores en estado de abandono y en situaciones especiales, un papel prácticamente equivalente al de una madre (...). Es consciente, asimismo, la Sala de que la actividad realizada por esas funcionarias demanda gran esfuerzo físico, mental y emocional, incluyendo las tareas propias de un ama de casa (...). Resulta, pues evidente que el régimen laboral de las tías sustitutas tiene que ser de naturaleza excepcional. III. (…) De las normas citadas se desprende que el Constituyente y el Legislador plasmaron una limitación genérica a la jornada laboral para evitar que el exceso de trabajo pueda producir, dependiendo de cada organismo en particular, lesiones o trastornos que conducirían al deterioro físico o mental, parcial o total, transitorio o permanente del trabajador. Sin embargo, la Constitución y el Código de Trabajo autorizan excepciones calificadas a esas reglas. En el caso de las "tías sustitutas", la índole misma del trabajo hace absolutamente indispensable el establecimiento de un régimen excepcional, pues se trata, como se dijo, de personas que sustituyen a los padres de los niños, y ser padre o madre es un oficio de todas las horas y de todos los días, lo cual no quiere decir que se trata de trabajo efectivo en términos de jornada. Como ya se dijo, es necesario, para el buen desenvolvimiento del menor, que las encargadas, prácticamente, de su crianza, permanezcan diariamente y sin límite de tiempo atentas a ellos, pero no mediante una jornada laboral de veinticuatro horas como reza absolutamente la norma impugnada, abiertamente inconstitucional e, incluso, materialmente imposible de cumplir, sino mediante contratos laborales con jornadas de doce horas pero que reconozcan su disponibilidad y permanencia en el hogar, con un plus salarial por esa disponibilidad. Téngase en cuenta que, a pesar de que las promoventes permanecen efectivamente en su lugar de trabajo el día completo, la jornada es discontinua, no sujeta a fiscalización superior inmediata y en una función que no puede calificarse de insalubre o peligrosa. En conclusión, no es violatorio de los derechos constitucionales de las recurrentes el que deban permanecer en los centros donde cumplen su función, sin que ello implique menoscabo de sus derechos fundamentales, en el tanto se consideren funcionarias de confianza, en jornada normal de trabajo efectivo no exceda de las doce horas dichas y el que puedan tener que realizar fuera de ella o sea sólo en casos excepcionales y de urgencia y justamente remunerado como tiempo de disponibilidad. Asimismo, para la mayoría de la Sala no resulta irrazonable que la norma señale la jornada laboral de las "tías sustitutas" como de lunes a domingo, pues seguidamente prevé que la Dirección Ejecutiva del Patronato determinará los días de descanso que legalmente les corresponda. Resulta razonable, por lo expuesto, que se otorguen a estas funcionarias los tres días de descanso por cada once de trabajo, ya que así los menores a su cuidado no sufren las consecuencias que implicaría que una vez por semana quedarían bajo el cuidado de otra persona” (folio 157). Por su parte, el recurso de amparo también se declaró con lugar por voto N° 3482-96 del 10 de julio de 1996, indicándose en este: “(...) deben reiterarse los motivos por los cuales la Sala estimó que debía declararse la inconstitucionalidad de la frase arriba mencionada, en el tanto se indicó que las recurrentes no son trabajadoras comunes pues en el desempeño de su función cumplen un importantísimo papel dentro de un programa social que persigue la protección de niños abandonados y para cuyo fiel cumplimiento es indispensable no burocratizar su labor, por ejemplo, imponiendo un rol de turnos, pues es necesario que el niño cuente con un vínculo afectivo con una sola persona que pueda fungir como su madre.  De ahí que la solución debe plantearse en otros términos, que logren armonizar la protección de los derechos laborales de las denominadas "tías sustitutas" con el cabal cumplimiento del programa social a cuyo desarrollo colaboran (…). Así, la Sala estima que de conformidad con la sentencia citada, el Patronato Nacional de la Infancia debe suscribir, con las recurrentes, contratos laborales con jornadas de doce horas, pero que reconozcan su permanencia en el hogar con un plus salarial por disponibilidad (...).