Resolución 09220-2019

Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 10 de abril de 2019,

los Diputados y Diputadas firmantes presentan Consulta facultativa de

constitucionalidad respecto del proyecto de “REFORMA PARCIAL DE LA

LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N° 7530 Y SUS REFORMAS, DEL 10

DE JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 7, 20, 23 Y 51”, que se tramita bajo el

expediente legislativo número 20.509, aduciendo únicamente diversas consultas de

constitucionalidad por el fondo, estimando que de aprobarse dicho proyecto de

ley, se violentarían diversos principios y derechos constitucionales. En este sentido,

en primer lugar, los diputados y diputadas consultan sobre la posible violación al

artículo 45 de la Constitución Política contemplada en la reforma al artículo 23, del

artículo único del proyecto de ley. Esto, ya que consideran que el proyecto

consultado presenta una posible violación al artículo 45 de la Constitución Política,

en el tanto limita a dos el número máximo de armas de fuego que una persona

puede inscribir. En ese sentido, afirman que tal disposición carece del respaldo

técnico o fáctico que contemple las condiciones previstas por la Carta Magna para

limitar la propiedad privada. Respecto a esta posible violación, primero, indican

que la reducción que se pretende a dos armas por persona, no solo violenta la

propiedad privada de una persona sin fundamento alguno, sino que representa una

total desproporcionalidad de la norma al dejar indefensa a las personas ante una

eventual agresión o posibilidad de defender legítimamente su patrimonio. Aseguran

que las armas de fuego son herramientas y como tales pueden sufrir desperfectos si

la misma deja de funcionar por una falla mecánica y solo se cuenta con una segunda

arma, no se podría ejercer la legítima defensa mientras se efectué su reparación.

Segundo, estiman que el proyecto no toma en cuenta situaciones como la

posibilidad de que a una persona le sea sustraída un arma que ya había inscrito,

pues no sería posible sustituirla con prontitud y en ese supuesto de sustracción,

robo o hurto del arma solo se contaría con un arma más. Tercero, manifiestan que

dependiendo de la situación laboral, recreativas, social o deportivas, no siempre se

puede portar el mismo tipo de arma debido a su tamaño u otras características

físicas, cerrando las posibilidades a todos estos espacios por una limitación

absolutamente desproporcionadas. Cuarto, reclaman que la legislación que se

pretende modificar no contempla una realidad imperante propia de nuestro país, la

situación rural en donde existen zonas y propiedades que requieren un cuidado y

protección especial, del mismo modo medios diferenciados, como lo son armas

especiales como armas largas o distintas para la protección de la propiedad y

patrimonio en la zona urbana. Por ende, esta limitación a dos armas, dejaría

indefensa a la población rural que quiere contar con los medios para la protección

de sus fundos y terrenos, así como de su vida. Quinto, explican que la limitación

utiliza como argumento de fondo para justificarse la supuesta peligrosidad que se

generaría por la cantidad de armas de fuego y el uso que podrían dárseles para la

comisión de hechos delictivos; no obstante, lo cierto es que bajo esa perspectiva,

también sería necesario limitar la cantidad de otros objetos que pueden ser usados

para dicho fin, como cuchillos, navajas, herramientas de construcción, entre otros.

Además, en ese argumento tampoco se demuestra la relación directa entre la

cantidad de armas permitidas a una persona y el número de delitos que puedan

cometerse con armas de fuego registradas. Sexto, alegan que, en esa misma línea

de violación al artículo 45 de la Constitución Política, el proyecto tampoco

contempla lo que va a suceder con las armas que entren en un régimen de

prohibición, es decir, aquellas que se incluyen como no permitidas, o los casos en

que se adquirió una tercera arma y se inscribió en forma legítima antes de la

aprobación en primer debate del proyecto de ley. Según los consultantes, en esos

casos existiría la obligación del Estado de indemnizar a los propietarios; sin

embargo, el proyecto no prevé dicho aspecto. Sétimo, consideran que también

debe ser tomado en cuenta la ausencia de un transitorio que permita a las empresas

de Seguridad Privada el poder cambiar su arsenal, en razón de que tienen armas que

pasarían a ser prohibidas. Por consiguiente, reclaman que la reforma estaría, en

gran medida, vaciando el contenido esencial del derecho a la propiedad,

proponiendo restringir el número de armas basados en argumentos antojadizos y

que carecen de fundamento técnico ni de un interés público legalmente

comprobado. Por otra parte, como segundo punto de consulta, los interesados

señalan una posible violación al principio de proporcionalidad derivado del artículo

41 de la Constitución Política contemplada en la reforma al artículo 23, del artículo

único del proyecto de ley. De esta forma, los consultantes consideran que puede

presentarse una violación al principio de proporcionalidad, al establecer que la

matrícula de las armas de fuego debe ser renovada cada seis años. Indican que las

armas son un bien, y como tal están sujetos a inscripción y matrícula, empero,

poner una fecha de vencimiento a esa inscripción implicaría una violación al

derecho de propiedad, así como una medida totalmente desproporcionada. Alegan

que obligar a las personas renovar la matrícula de sus armas de fuego implicaría

tener que validar su derecho de propiedad en un tiempo establecido, lo que lo

convertiría en un derecho sujeto a vencimiento. Aclaran que, actualmente, los

permisos de portación de armas se otorgan por dos años, por lo que deben

renovarse una vez alcanzado ese plazo. Dicha renovación es únicamente para la

portación, por lo que en caso de incumplirse los requisitos legales, dicho permiso

se perdería mas no así la matrícula del arma. Afirman que, entre las justificaciones

que se han intentado dar para esta regulación, circula el tema de dotar de una

trazabilidad y control del registro e inscripción de armas por parte del Estado, no

obstante, este cometido se contempla y se logra mediante la renovación de los

respectivos permisos de portación de armas, donde los sujetos que mantienen

armas inscritas y cuentan con estos permisos, en un plazo de dos años deben

realizar su renovación. Estiman que las limitaciones deben responder a criterios

técnicos, proporcionales y razonables, lo que no se daría en el caso concreto,

porque se está creando una limitación y poniendo un plazo para el derecho de

propiedad, lo que implicaría su extinción. Por ende, la inscripción del arma como

una potestad del Estado de regular aquellos bienes sujetos de inscripción no puede

ser sujeta a plazo, ya que limita el derecho de propiedad y resulta un sinsentido en

la búsqueda de un efectivo control de las armas. Finalmente, los consultantes

estiman que existe una posible violación al principio constitucional de inocencia

contenido en el artículo 39 de la Constitución Política, contemplada en la reforma al

artículo 7, del artículo único del proyecto de ley. Lo anterior, ya que manifiestan

que el proyecto prevé una reforma del inciso b) del artículo 7 de la Ley de Armas y

Explosivos, que prohibiría portar o tener armas de fuego a las personas que hayan

sido elevadas a juicio por delitos contra la libertad, delitos sexuales e infracción a la

Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y

Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la

violencia. Consideran que lo anterior implica una lesión al principio de inocencia,

por cuanto se impone una sanción y una pena de inhabilitación contra personas a

quienes no se les ha comprobado la comisión de un ilícito por medio de una

sentencia.

Por resolución de las 12:01 horas del 12 de abril de 2019, la Presidencia de

la Sala tuvo por presentada la consulta señalada y solicitó la remisión del expediente

legislativo No. 20.509 o bien copia certificada del mismo. Asimismo, se advirtió

que, el plazo que establece el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional empieza a contar una vez que se tengan los elementos de juicio para

conocer, es decir, después de recibidos los documentos solicitados, pues es a

partir de ese momento que se procede a designar un magistrado que inicie el

estudio sobre el fondo de los asuntos consultados.

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 23 de abril de 2019, los

diputados y diputadas en cuestión amplían la presente consulta legislativa

facultativa de constitucionalidad, en los siguientes términos. El primer motivo de

ampliación hace referencia a que el proyecto de reforma de ley vulnera el artículo

34 de la Constitución Política. Explican los diputados que a través de los casi

veinticuatro años de vigencia del artículo 23 de la Ley de Armas y Explosivos, una

gran cantidad de ciudadanos adquirieron las tres armas de defensa que la misma

autoriza. Sin embargo, la reforma de ese artículo pretende reducir el número de

armas de defensa que una persona puede tener a dos, vulnerando el derecho

constitucional consagrado en el artículo 34 al lesionar un derecho adquirido al

amparo de la actual normativa. Así, consideran los diputados, la reforma propuesta

viene a establecer un efecto retroactivo sobre el patrimonio de las personas que

afecta directamente su situación jurídica, lo anterior en choque frontal con la norma

constitucional. Por otra parte, en cuanto al segundo motivo de ampliación, los

diputados señalan que el artículo 45 de la Constitución Política establece la

inviolabilidad de la propiedad, admitiendo que se le pueden imponer a la misma

limitaciones de interés social mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de

los miembros de la Asamblea Legislativa. No obstante la reforma indicada fue

aprobada en primer debate por 36 diputados y no por votación calificada (no

menos de 38), en abierta contravención con lo dispuesto en el mencionado artículo.

Añaden que tampoco se demostró la necesidad pública de reducir el número de

armas de defensa que puede poseer un ciudadano de tres a dos, ni el o los motivos

por los cuales esta limitación podría incidir en los índices de criminalidad en el

país. Aseguran que la disposición del proyecto de limitar de tres a dos el número

de armas de fuego para la defensa que puede poseer una persona, coloca la tercer

arma en situación de ilegalidad, impidiéndole su utilización al propietario, limitación

o restricción que se convierte en una verdadera expropiación, con la consecuente

obligación de indemnizar, pues se hace desaparecer completamente el derecho de

propiedad. Sin embargo, en el proyecto no se establece la correspondiente

indemnización por expropiación, siendo que la misma deviene en inconstitucional

por confrontación con el artículo 45 constitucional. Agregan que indemnizar a los

propietarios de armas que definen en ilegales en la reforma aprobada implicaría una

erogación multimillonaria de parte del gobierno a través del Ministerio de Seguridad

Pública, debiendo consecuentemente indicarse su fuente de financiamiento de

acuerdo al artículo 44 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos

Públicos de la República, Ley no. 8131 del 18 de setiembre de 2001, so pena de

que la reforma se declare inconstitucional por violación al artículo 180 de la

Constitución Política, en el entendido de que la reforma seguiría siendo

inconstitucional por implicar una expropiación sin que exista un interés públicos

comprobado. Añaden que el proyecto de reforma aprobado pretende modificar lo

indicado en el artículo 23 de la Ley de Armas y Explosivos vigente que estatuyó

que “las inscripciones de las armas permitidas se darán por tiempo indefinido”.

Consideran que esa modificación choca frontalmente con el artículo 45 de la Carta

Magna, al implicar que cada seis años prescribe el derecho de propiedad sobre las

armas de fuego, confiriéndole al Estado del derecho de confiscarlas sin

indemnización previa. Señalan que lo anterior resulta tan irracional como legislar en

el sentido de que la inscripción de las casas de habitación, las fincas y los

vehículos automotores vencen cada seis años, por lo que semejante disposición

atenta en contra del principio de razonabilidad, ya que, por su naturaleza, la

propiedad privada es imprescriptible, de manera que, tratándose de bienes

inmuebles registrables o inscribibles, la primera inscripción –mientras no resulte

modificada por acto válido posterior, mediante el cual se cambia de titular- acredita

la titularidad o pleno ejercicio del dominio sobre los mismos por una única vez.

Así, afirman que estableciendo la reforma consultada en cuanto a conceder el

derecho de propiedad sobre las armas de fuego durante períodos de seis años, la

misma deviene en manifiestamente inconstitucional por violentar no solo el derecho

de propiedad consagrada en el artículo 45, sino por ser evidentemente irracional.

Asimismo, aunado a lo anterior, los diputados manifiestan que en el mismo artículo

23 de cita, específicamente en el segundo párrafo se crea una restricción en la

inscripción de armas por parte de las personas jurídicas, pues se delimita al hecho

de que sea exclusivamente si van a prestar el servicio de seguridad, lo cual genera

un problema en que las empresas estarían obligados a contratar firmas para que les

brinden los servicios de seguridad, impidiéndoles tener sus propios empleados para

la seguridad de su negocio. Además, esto genera una gran inseguridad jurídica a las

personas jurídicas que actualmente tienen armas registradas y no brindan servicios

de seguridad. Por ende, consideran los diputados que esta limitación, además de

vulnerar el artículo 45 de la Constitución Política, también podría vulnerar el

principio de razonabilidad y proporcionalidad, legalidad, interdicción de la

arbitrariedad, entre otros. Por otro lado, los diputados indican que la disposición

contenida en el artículo 23 del proyecto de ley es violatorio al artículo 33 de la

Constitución Política, pues el proyecto hace una diferenciación entre las personas

físicas y las personas jurídicas obligando a estas últimas a constituirse en empresas

de seguridad privada para poder optar por la inscripción de armas, lo cual, no solo

es discriminatorio y violatorio al principio constitucional de igualdad ante la ley,

sino que no permite desarrollar el efectivo derecho de defensa al que tienen todas

las personas, sean físicas o jurídicas.

La copia certificada del expediente legislativo No. 20.509, se recibió en la

Sala el día 24 de abril de 2019 y, mediante resolución de las 15:39 horas del 24 de

abril de 2019, se dispuso turnar la gestión a la oficina de la Magistrada Esquivel

Rodríguez, a quien por turno corresponde el estudio de fondo. En consecuencia, el

plazo para evacuar la consulta vence el 24 de mayo del año que corre.

En los procedimientos se han acatado las disposiciones del artículo 100 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta resolución se dicta dentro del término

que establece el artículo 101 ibídem.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez y,

Sobre el planteamiento de la Consulta Legislativa de

Constitucionalidad. La opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos

puede ser requerida de manera preceptiva -inciso a) del artículo 96 de la Ley de

Jurisdicción Constitucional- o facultativa -incisos b), c) y ch) de la misma norma -.

En este último caso se tienen tres supuestos: en el primero, es el mismo órgano

parlamentario quien la realiza –cuando se presente por no menos de diez

diputados-; en el segundo, se trata de la consulta de proyectos de ley referidos a la

competencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo

de Elecciones o la Contraloría General de la República, consulta que debe ser

presentada por éstos mismos órganos; y, en el tercero, la consulta la puede

presentar el Defensor de los Habitantes cuando considere que se infringen derechos

o libertades fundamentales. De igual manera, señala el artículo 98 de la ley de esta

jurisdicción, que en el caso de proyectos de ley distintos de las reformas

constitucionales, la Consulta Legislativa deberá interponerse después que el

proyecto haya sido aprobado en primer debate y antes de recibir la aprobación

definitiva en segundo debate; esta previsión como requisito de admisibilidad de la

Consulta Legislativa, encuentra asidero porque es luego del primer debate que logra

tenerse mayor certeza sobre las probabilidades de aprobación del texto sometido a

consulta (véase, entre otras, la sentencia número 193-90).

Sobre la admisibilidad de la Consulta Legislativa que ahora se

conoce. El caso bajo estudio es una consulta legislativa facultativa de

constitucionalidad. De conformidad con lo indicado en el considerando anterior, y

según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, este tipo de consulta debe ser planteada por diez diputados o más,

una vez que el proyecto ha sido aprobado en primer debate. En este caso, 11

legisladores suscribieron la consulta, de manera que este requisito de admisibilidad

se tiene por cumplido. Asimismo, el proyecto de ley No. 20.509 fue aprobado en

primer debate en la sesión ordinaria No. 162 del 09 de abril de 2019, “con cuarenta

y un diputados y diputadas presentes, treinta y seis a favor, cinco en contra”. De

esta manera, al encontrarse debidamente fundamentada y cumplidos los requisitos

de admisibilidad señalados, la Sala entra a conocer la consulta planteada.

Por su parte, es importante señalar, que tratándose de las consultas legislativas

facultativas de constitucionalidad –como la que ahora se conoce-, y de

conformidad con la aplicación e integración de lo estatuido en los artículos 99 y

101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala ha señalado que su

conocimiento se circunscribe únicamente a los argumentos concretos planteados

por los diputados consultantes en su escrito de interposición, y no a otros que

pudieran derivarse pero que no hayan sido así planteados. En efecto, mediante

sentencia número 2001-11643 –reiterada, entre otras, en sentencia número

2012-9253-, señaló la Sala:

“Ha de recordarse también que la misma ley dispone en su artículo 101 que

la Sala evacuará la consulta dictaminando "sobre los aspectos y motivos

consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el

punto de vista constitucional", pero el tribunal interpreta que "los aspectos

y motivos consultados" son los que, de acuerdo con el artículo 99,

cuestionan u objetan el proyecto, o fundamentan la duda que pudieran

tener los legisladores acerca de éste. Dado, pues, que la consulta

se aparta de lo legalmente establecido, no es de recibo; si el

tribunal, no obstante, la admitiera y absolviera, se colocaría en

situación que está fuera de los alcances de sus atribuciones”

–énfasis

añadido- .

Este criterio fue reiterado y consolidado por la jurisprudencia de la Sala, al

determinar, en la ya citada sentencia número 2012-9253 que:

“[E]sto es así por cuanto «tratándose de consultas legislativas de tipo

facultativo, «la competencia de la Sala Constitucional tiene origen en las

dudas o reparos de constitucionalidad que formulen los legisladores»

-sentencia 2001-12459-, de forma que si tales argumentos no existen como

tal, o bien, cuando los propios diputados consultantes manifiesten carecer

de dudas sobre la constitucionalidad de las normas o proyectos consultados,

resultaría impropio para la Sala emitir criterio alguno, pues se estaría en

supuestos que trascienden las competencias de la Sala en materia de

consultas legislativas de constitucionalidad -sentencia 2002-3460-”

–el

destacado no es del original-

En este sentido, es necesario indicar que esta Sala se avocará a estudiar

únicamente los alegatos planteados en forma puntual por los consultantes y no

otras cuestiones generales de constitucionalidad del proyecto de Ley en alusión, de

conformidad con lo regulado en el artículo 99 de la ley que rige esta jurisdicción,

por lo que se omite todo pronunciamiento sobre vicios de procedimiento y de

fondo no alegados en tiempo por los diputados consultantes.

De previo. Sobre el conocimiento de la ampliación presentada a la

consulta. Respecto al escrito presentado el 23 de abril de 2019, en donde los

diputados y diputadas en cuestión –los mismos que firmaron el escrito de

interposición- amplían la presente consulta legislativa de constitucionalidad, este

Tribunal tiene por admitida esta ampliación y los argumentos que ahí se desarrollan.

Esto es así, ya que, en la sentencia número 2018-019511 de las 21:45 horas del 23

de noviembre de 2018, este Tribunal señaló que “no es sino a partir de que se

aporta la copia certificada íntegra del expediente legislativo, que comienza a

correr el plazo del artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para

evacuar una consulta legislativa de constitucionalidad, toda vez que, antes de

ello, la Sala no está en condiciones de poder resolverla”. De esta forma, en esa

misma sentencia, la Sala aclaró que “resulta claro que este Tribunal tiene la

obligación de velar por que el citado término se respete de modo estricto, por lo

que resulta improcedente la admisión de más consultas una vez recibida la copia

certificada íntegra del expediente legislativo”. Ahora bien, en el presente caso se

consta que, según lo indicado en el considerando anterior, el requisito de

admisibilidad para la presente consulta facultativa se tiene por cumplido. Por otra

parte, en cuanto al escrito de ampliación, se tiene que esa gestión fue presentada

antes que se recibiera la copia certificada del expediente legislativo, concretamente

un día antes, y tomando en cuenta que solo a partir de que se recibe tal

documentación empieza a correr el plazo de un mes contemplado en el artículo 101

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, resulta procedente admitir a esta gestión

para el respectivo análisis.

IV.-

Objeto de la consulta. La consulta se plantea para que este Tribunal

Constitucional se pronuncie acerca de diversos aspectos de fondo, relacionados

con la presunta infracción a varios principios constitucionales. Específicamente, los

consultantes reclaman que el proyecto de reforma en cuestión contiene una posible

violación al artículo 45 de la Constitución Política Asimismo, también una posible

violación al principio de proporcionalidad derivado del artículo 41 de la

Constitución Política. Igualmente, también estiman que existe una posible violación

al principio constitucional de inocencia contenido en el artículo 39 de la

Constitución Política. Además, en el escrito de ampliación se consulta sobre la

posible violación a los principios de irretroactividad y de igualdad, establecidos en

los artículos 34 y 33 de la Constitución Política, respectivamente.

Al respecto, es menester indicar que esta Sala revisará únicamente los

extremos cuestionados en forma concreta por los consultantes y no aspectos

generales de constitucionalidad del Proyecto de Ley que se impugna, según lo

dispone el artículo 99, en relación con el 101, ambos de la ley que rige esta

jurisdicción (véase sentencia número 2018-008428). Además, es preciso señalar que

tratándose de una consulta facultativa de constitucionalidad, este dictamen sólo

sería vinculante en la medida que se establezca la existencia de trámites

inconstitucionales del proyecto consultado. En todo caso, este análisis no precluye

la posibilidad que, posteriormente, las normas consultadas puedan ser impugnadas

por las vías de control de constitucionalidad (artículo 101 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional).

Sobre el texto del proyecto consultado. El texto del proyecto sobre el

cual se realiza esta consulta se refiere al artículo único del proyecto que busca

modificar la Ley No. 7530, Ley de Armas y Explosivos del 10 de julio 1995,

específicamente la reforma del artículo 7 inciso b), así como el artículo 23 de la ley

mencionada, que por su orden establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 5, 7, 20, 23, 39, 41 y 51 y

se adicionan los artículos 23 bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter y 95 bis a la Ley No.

7530, Ley de Armas y Explisvos, de 10 de julio de 1995. Los textos son los

siguientes:

(…)

Artículo

Personas inhibidas para portar y tener armas

No podrán portar o tener armas de fuego, de ninguna clase, las siguientes

personas:

(…)

b) Las personas que hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la

libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias

Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades Conexas, Crimen

Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia.

(…)

“Artículo

Inscripción de armas.

Las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento

de Control de Armas y Explosivos, sea para la defensa de su vida o de su

hacienda, o para la práctica de actividades deportivas debidamente acreditadas

en el país, así como en las actividades de caza permitidas, según el ordenamiento

jurídico vigente.

En el caso de las personas jurídicas, solo se inscribirán armas para brindar

servicios de seguridad privada. Deberán presentar una solicitud estableciendo el

número de armas que sea necesario, según el servicio de brindar. El

Departamento analizará la solicitud presentada y determinará su razonabilidad,

según sea el caso y la situación.

Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para

que sean utilizadas en su seguridad personas, la de su familia y su patrimonio.

Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis

años; dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera

indefinida, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el

reglamento.

En caso de que se cometa algún delito contra la libertad, delitos sexuales e

infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso

no autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito

donde medie la violencia, la matrícula podrá ser revocada y cancelada en

estricto apego al debido proceso”.

Sobre el trámite del expediente legislativo

. De previo a analizar en

detalle los extremos consultados por los diputados y diputadas, conviene realizar

un recuento somero del procedimiento legislativo al que fue sometido el expediente

legislativo número 20.509, en el que se conoce el proyecto de ley denominado

"Reforma Parcial de Ley de Armas y Explosivos No. 7530 y sus Reformas, del 10

de julio de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51, (Anteriormente denominado) Reforma

Parcial a la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, Ley No. 7530 del 23 de

agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51". Dichos aspectos son, en concreto, los

siguientes:

El proyecto de ley de “

Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos

y sus Reformas Ley No.7530 del 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20,

23 y 51” fue presentado ante la Secretaría del Directorio de la Asamblea

Legislativa el 06 de setiembre de 2017 por los diputados Silvia Sánchez

Venegas, Marvin Tencio Delgado, Ronny Monge Salas, Marco Redondo

Quirós, Jorge Arguedas, Carmen Quesada Santamaría, José Alberto

Alfaro Jiménez y Olivier Jiménez Rojas (folios 1-8 de la copia del

expediente legislativo, Tomo I).

En fecha 06 de setiembre de 2017, la Presidencia de la Asamblea

Legislativa ordenó pasar el expediente a conocimiento de la Comisión

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico (folio 10 de la copia

del expediente legislativo, Tomo I).

El proyecto en cuestión fue publicado el Diario Oficial La Gaceta No.

180 del 22 de setiembre de 2017 (folio 20 de la copia del expediente

legislativo, Tomo I).

Mediante oficio No. AL-DEST-OFI-IJU-360-2017 de 31 de octubre de

2017, el Departamento de Servicios Técnicos remitió a la Comisión

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico el informe jurídico en

relación al proyecto de ley en cuestión (folios 21-36 de la copia del

expediente legislativo, Tomo I).

El 13 de setiembre de 2018, la Comisión Permanente Especial de

Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa emitió dictamen

afirmativo de mayoría del proyecto de ley en cuestión (folios 295-310 de

la copia del expediente legislativo, Tomo I).

El dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión Especial fue

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 174 de 28 de setiembre de

2018 (folio 348 de la copia del expediente legislativo, Tomo II).

En la sesión ordinaria No. 162 del 09

de abril de 2019, se aprobó el

proyecto “con cuarenta y un diputados y diputadas presentes, treinta y

seis a favor, cinco en contra. Aprobado en su primer debate” (folios

1000, 1003 a 1018 de la copia del expediente legislativo, Tomo V).

El Estado y el principio del monopolio coactivo de la Fuerza. Una

de las características distintivas del Estado moderno es que éste debe tener el

monopolio coactivo de la fuerza o la violencia (en alemán: Gewaltmonopol des

Staates). Esta tesis fue expuesta desde inicios del siglo XX por el sociólogo

alemán Max Weber en su obra “La política como vocación”,

y es la tesis

predominante en la mayoría de Tribunales Constitucionales de Europa y la mayor

cantidad de países democráticos del planeta.

Significa que el Estado es quien debe tener la autoridad exclusiva sobre las

armas y las fuerzas de seguridad en un determinado territorio, y no puede permitir la

proliferación de armas u otras fuerzas de seguridad en actores privados, pues ello

va en contradicción con el principio de seguridad y el principio de unidad

política, según lo cual sólo puede existir un centro de poder, pues ello garantiza la

coherencia de fines y los objetivos del aparato de lo público y de las políticas

públicas de seguridad en una sociedad específica.

En caso de que exista una proliferación no controlada por el Estado de

armas y de medios de seguridad privada, se genera una tendencia hacia la anarquía,

y hacia la explosión de incidentes de seguridad, lo cual es una regresión, una

especie de retroceso a un estado de naturaleza pre-social.

El Estado ejerce ese monopolio coactivo de la fuerza y de la seguridad de

dos maneras:

a) En forma directa, mediante las fuerzas de policía y los militares (en el caso

de Costa Rica, no existe ejército, y lo realiza –pues- básicamente por medio de la

policía y los distintos cuerpos en que está dividida.

b) En forma indirecta, delegándolo a fuerzas de seguridad privada, que

pueden -bajo un estricto control- ejercer funciones de seguridad. Esta segunda

posibilidad supone, necesariamente, una regulación pactada y regulada muy

cuidadosamente, pues no puede implicar que ninguna de esas fuerzas o agentes de

seguridad privada puedan ejercer justicia bajo mano propia. Su función es

básicamente preventiva, esto es, son agentes de seguridad que no pueden atacar a

otros actores sociales, básicamente actuar en defensa propia y en carácter

preventivo.

Algunas consideraciones sobre el permiso de uso de armas a

particulares y los fines señalados por el Legislador con la Ley de Armas y

Explosivos, Ley No. 7530 de 10 de julio de 1995. Según manifestó este Tribunal

en la sentencia número 2014-015366 de las 15:30 horas del 17 de setiembre de

2014, la doctrina mayoritaria ha indicado que el derecho a defenderse de un injusto

agresor ha gozado de un reconocimiento universal, porque tiene su base en el

instinto de conservación. Actualmente, el instituto de la legítima defensa es

reconocido por la doctrina penal mayoritaria como una causa de justificación,

contemplando no solo la defensa de la vida e integridad física, sino también de

otros derechos, según se aprecia en nuestro Código Penal en su artículo 28, de

conformidad con el cual, no comete delito el que obra en defensa de la persona o

derechos, propios o ajenos, siempre que concurran las circunstancias ahí

determinadas. Asimismo, nuestro Código Civil en su artículo 305 contempla como

derechos de exclusión y defensa que el propietario y el poseedor de cualquier clase

que sean, pueden defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la

fuerza o recurriendo a la autoridad competente. La situación de la legítima defensa

presupone que se produce un ataque injusto y que en ese momento el individuo se

haya abandonado a sus propias fuerzas, teniendo que reaccionar contra el injusto

agresor, pues de lo contrario, la única alternativa que le queda es la de soportar la

agresión injusta, de forma que hay así una situación de necesidad, en el sentido de

que el sujeto ha de sufrir un mal o inferirlo. Ahora bien, debe tenerse presente que

el propio Estado, concebido como Estado de Derecho se autolimita, a fin de no

incurrir en excesos; de igual forma, aunque permite el ejercicio de la fuerza a los

particulares en determinadas circunstancias según se ha indicado, impone límites a

ese ejercicio, pues no se trata de dejar la justicia en manos privadas, sino

únicamente de que los particulares puedan defenderse ante agresiones ilegítimas, en

momentos en que no hay o no llega oportunamente la ayuda estatal. Dentro de esta

concepción es que se enmarca la promulgación de la Ley de Armas y Explosivos

que nos ocupa, es decir, en la posibilidad que da el Estado a los particulares de

defenderse ante ataques ilegítimos, con uso de la fuerza si es necesario, incluso

utilizando armas de fuego, pero restringiendo ese derecho, de tal forma que se

pretende con esta Ley que el Estado tenga un control estricto acerca de las armas

de fuego con que cuenta la sociedad civil, y a la vez, según se expresa en la

exposición de motivos de la misma, procurando además incentivar a los

ciudadanos para que mantengan las armas registradas y que puedan tener un mayor

conocimiento acerca de la seguridad que deben guardar en su manejo (véase al

respecto la sentencia No. 2645-98 de las 15:33 hrs. de 21 de abril de 1998). Es por

razones de seguridad personal y para evitar posibles accidentes que se determina

que cuando se solicite el permiso especial de portación de armas, el interesado

debe demostrar que conoce las reglas de seguridad y el cuidadoso manejo de las

armas que pretende portar; además, en aras de proteger al portador de armas, se

incorpora la prohibición de venta al público de armas de mala calidad y de manejo

peligroso, ya que por la falta de mecanismos de seguridad internos o externos

pueden producir un accidente con su simple manipulación. También se incorporó

la regulación de la fabricación, importación y exportación de las armas, municiones,

explosivos y sustancias químicas, por lo que el control y vigilancia de esas

actividades se otorgó al Departamento de Control de Armas y Explosivos, órgano

del Poder Ejecutivo encargado de velar porque los comercios, fábricas y demás

establecimientos que se dediquen a esas actividades, reúnan las condiciones de

seguridad y de funcionamiento técnico que se determinen vía reglamento. También

por razones de seguridad jurídica, en esta Ley se procedió a detallar en forma

taxativa las armas que se consideran permitidas, prohibiendo aquéllas de alta

peligrosidad y poder ofensivo, utilizadas sobre todo como armas de guerra o

fusiles de asalto, así como la munición especial para este tipo de armamento.

En síntesis, aunque la defensa del orden público y en particular de cada uno

de los habitantes del país es monopolio estatal, nuestro ordenamiento jurídico

también contempla la posibilidad a los particulares de hacer uso de la fuerza, en

defensa no solo de su vida e integridad física sino también de su patrimonio o el de

terceros, en situaciones excepcionales que la misma ley contempla, dentro de las

cuales, la más importante es que se trate de la defensa ante una agresión ilegítima y

que no se cuente en ese momento con ayuda oportuna del Estado. También se

señaló que este permiso excepcional está regulado por el Estado, imponiendo en la

normativa vigente una serie de requisitos que no solo imponen limitaciones a los

particulares que deseen adquirir armas de fuego, sino también a las empresas que

prestan el servicio de seguridad privada, con lo que desde ya se admite que

efectivamente el giro comercial al que se dedican estas empresas encuentra varias

limitaciones en la Ley de Armas y Explosivos, las que justamente por el tipo de

bienes que protegen son absolutamente razonables y proporcionales, no solo

atendiendo al fin buscado por esa normativa, sino por razones de interés público,

habida cuenta que involucra aspectos de seguridad ciudadana y de orden público

(véase sentencia número 2014-015366 de las 15:30 horas del 17 de setiembre de

2014).

IX.-La obligación del Estado de regular las actividades de los

ciudadanos relacionadas con las armas. Siguiendo la línea argumentativa de lo

señalado en el considerando anterior, es posible afirmar que la Ley de Armas y

Explosivos, Ley no. 7530 del 10 de julio de 1995, establece la obligación del

Estado de regular las actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas. De

esta forma el artículo 1° de ese texto normativo señala, respecto a su campo de

aplicación, que “mediante la presente Ley se regulan la adquisición, posesión,

inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el

almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus

presentaciones, y de las materias primas para elaborar productos regulados por

la presente Ley, en todos sus aspectos, así como la instalación de dispositivos de

seguridad”. Asimismo, el artículo 2 es el que autoriza a los habitantes de la

República para poder adquirir, poseer y portar armas, en las condiciones y según

los requisitos establecidos en esa ley y su reglamento. En un sentido similar, el

artículo 4 de ese cuerpo normativo indica que el “control y la fiscalización le

corresponden al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad

Pública”. Por otra parte, esta ley también establece limitaciones a la adquisición,

posesión y tenencia de armas, lo cual es necesario para mantener el orden público y

garantizar la integridad física y el patrimonio de las personas. En este sentido, el

artículo 7° establece los sujetos inhibidos para portar armas. Además, el artículo 20

señala las armas permitidas y el artículo 25 las armas prohibidas. Igualmente, la

normativa en cuestión señala que el Estado ejerce el control de las actividades

relacionadas con las armas por medio de la exigencia de permisos y registros. De

esta manera, en el territorio nacional toda arma debe ser registrada, dejando patente

que ningún ciudadano puede portar armas sin el debido permiso emitido por el

órgano competente, según las condiciones establecidas en la misma ley. Al

respecto, es menester indicar que este Tribunal ha avalado esta estricta regulación.

Así, en la sentencia número 5505-95 de las 10:39 horas del 06 de octubre de 1995,

se estableció que el Ordenamiento Jurídico Costarricense admite como una

actividad lícita la comercialización y portación de armas. Sin embargo, por la

materia de que se trata, ésta es una actividad especialmente regulada,

estableciéndose así en los artículos 1° y 2° de la Ley de Armas y Explosivos. Así,

continúa explicando este Sala, que de esos artículos se desprende que la venta y

adquisición de armas es una actividad especialmente regulada, y que de

conformidad con el artículo 4 de la Ley de cita, aquella regulación y el control de la

actividad le corresponden al Poder Ejecutivo. En una misma línea de pensamiento,

en la sentencia número 2007-16492 de las 14:58 horas del 14 de noviembre de 2007,

esta Cámara Constitucional indicó que los artículos 2, 4 y 12 de la Ley de Armas y

Explosivos le imponen a los poderes públicos una serie de facultades o

competencias de control, supervisión y fiscalización sobre el comercio de las

armas. Tales normas legislativas constituyen la habilitación suficiente para disponer

una serie de requisitos y previsiones en aras de regular fuertemente el comercio de

las armas. Así, en ese mismo voto, el Tribunal hace énfasis que la comercialización,

y por ende su adquisición y posesión, de las armas de fuego –aunque sean

permitidas-, demanda fuertes e intensos controles, habida cuenta de las graves

secuelas que puede producir el uso y disposición de las armas de fuego en el tejido

y conglomerado social. En este sentido, esta regulación especial resulta razonable y

proporcionada para evitar las consecuencias adversas derivadas de la portación y el

uso sin control o indiscriminado de las armas de fuego. En resumen, tratándose de

la compra y venta de armas de fuego –aun siendo permitidas-, las regulaciones

establecidas resultan sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico en

cuanto tienen asidero en habilitaciones legislativas expresas como las potestades de

fiscalización y supervisión atribuidas a los poderes públicos y en principios y

valores constitucionales muy peculiares de la idiosincrasia y tradición civilista de los

costarricenses tales como la paz, la tolerancia, la concordia, la armonía, la

seguridad, el orden público y, en general, la convivencia pacífica (véase sentencia

número 2007-16492).

Ahora bien, para conocer mejor la necesidad de esta regulación especial, es

menester aclarar que la Sala ha sostenido que las cuestiones referentes a la

portación y manejo de armas de fuego sí se encuentran dentro de las excepciones a

la autonomía de la voluntad permitidas por el artículo 28 de la Carta Fundamental

(véase sentencia número 7085-97 de las 18:48 horas del 28 de octubre de 1997).

Así, este Tribunal ha concluido que el tema de la portación de armas sí tiene una

gran incidencia -sea actual o potencial- tanto en el orden público como en los

derechos de terceras personas, de modo que resulta constitucionalmente posible

que la ley entre a determinar condiciones que garanticen de la manera mejor posible

la integridad del resto del conglomerado social frente a la portación y eventual uso

de armas de fuego por parte de un particular (véase sentencia número 2805-96 de

las 14:54 horas del 11 de junio de 1996). En un mismo sentido, añade esta Sala, que

la entrega indiscriminada de permisos de armas sin ninguna consideración acerca de

la idoneidad de las personas sería un claro descuido de deberes por parte de las

autoridades públicas al exponer a la sociedad a una amenaza o peligro real y

concreto. En otras palabras, la exigencia de ciertos requisitos para portar armas

aparece sustentada en la patente necesidad de proteger, en la mayor medida

posible, al orden público y a los terceros en particular, del uso inadecuado de las

armas de fuego, de modo que resulta constitucionalmente legítimo de conformidad

con el artículo 28 Constitucional. De esta forma recordemos que esta Sala ha

indicado que resulta acorde con el orden constitucional imponer limitaciones al

ejercicio de los derechos fundamentales (véase la sentencia número 4205-96 de las

14:33 de 20 de agosto de 1996).

En virtud de lo expuesto, se puede asegurar que la intervención pública para la

portación de armas, así como los requisitos exigidos no son una arbitrariedad del

Estado, sino una obligación establecida por ley y acorde al Derecho de la

Constitución. Así, ante un reclamo de un ciudadano sobre la intervención pública

en la portación de armas de fuego, indicó la Sala en sentencia número 1950-97 de

las 15:54 horas del 4 de abril de 1997, que “en realidad los argumentos del

recurrente no son de recibo porque en primera instancia éste presume que tiene

derechos adquiridos en una actividad, que por razones de seguridad ciudadana,

e incluso nacional, se requiere de exámenes que comprueben la aptitud del

interesado en una actividad que en general debe considerarse ilícita”. Así, el

Tribunal añadió que “bajo estas condiciones, cualquier persona que transite por

nuestro país en estas condiciones debe complementar los requisitos que

demuestren que tiene -no solo- aptitud moral y ética para portar un arma, sino

que también debe revelar mediante exámenes técnicos que tiene conocimientos,

destreza y habilidades adquiridas en el manejo de estas. Las armas, por sí solas

deben ser consideradas peligrosas por el potencial que encierran contra la vida

humana, incluso es evidente que hasta en las manos de los más expertos se deben

observar las reglas de seguridad con un "celo profesional" a fin de evitar

consecuencias gravísimas, que van desde una herida o la muerte de una persona

o personas”.

A lo anterior hay que anudarle otro hecho central que ha sido extensamente

analizado en la jurisprudencia de este Tribunal: no existe ningún derecho de rango

constitucional a portar o tener armas. Al respecto, esta Cámara Constitucional ha

expresado que Costa Rica es un país con vocación pacifista y sin ejército, que

promueve la utilización del diálogo y negociación como mecanismos de solución de

controversias. Diversos estudios empíricos han demostrado que las sociedades

cuyos habitantes portan una mayor cantidad de armas son sociedades donde se

cometen más delitos violentos contra la vida e integridad física de las personas. De

ahí que el Estado costarricense y diversos organismos internacionales se ocupen de

promover y difundir campañas contra la utilización de armas y a favor del desarme

y el desarrollo humano (véase sentencia número 2009-014020 de las 14:38 horas del

01 de setiembre de 2009). De este modo, recordemos que se mencionó que el

artículo 28 de la Constitución Política establece que las acciones privadas que no

dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la

acción de la ley. En el caso de la utilización de armas, es claro que, como se indicó

anteriormente, se está ante una actividad que sí es susceptible de causar daños a

terceros, por lo que el Estado puede legítimamente regularla. Es así como se

reconoce el derecho de rango legal a portar y utilizar armas, con fines de seguridad

y de defensa. Así lo reconoció la jurisprudencia de este Tribunal en sentencia

número 1998-02645 de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998, donde se señaló que

si bien se reconoce el derecho de los particulares a defenderse de ataques

ilegítimos, incluso utilizando armas para ello, el Estado debe tener un estricto

control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la sociedad civil y los

requisitos para su portación. En este sentido, la Ley de Armas establece reglas de

seguridad, tales como que el interesado debe demostrar que conoce las reglas y el

cuidadoso manejo de las que pretende portar, la prohibición de venta al público de

armas de mala calidad y de manejo peligroso, la regulación de la fabricación,

importación y exportación de las armas, municiones, explosivos y sustancias

químicas, la regulación de las armas que se consideran permitidas y las que son

prohibidas, etc. Desde esa óptica, estima la Sala que no se infringen los principios

de Estado de Derecho ni legalidad, dado que el ámbito de libertad de las personas

puede legítimamente regularse cuando estén de por medio conductas que lesionen

o pongan en peligro los derechos de terceros, lo cual, es clarísimo en el caso de la

utilización de armas.

En virtud de lo expuesto, se puede concluir que el uso de armas de fuego con

independencia del fin y utilidad que se dé a éstas, es una actividad que por sí es

susceptible de ocasionar daños a terceros, motivo por el cual el Estado se

encuentra facultado para emitir una regulación sobre la inscripción y permisos de

uso de estos dispositivos en forma legítima, para su utilización con fines de

seguridad y defensa, además, cuenta con plena potestad para mantener un estricto

control acerca del tipo y cantidad de las armas en posesión de la ciudadanía y los

requisitos que solicita para su obtención (véanse, entre otras, las sentencias número

2009-014020 de las 14:38 horas del 01 de setiembre de 2009; número 2010-002479

de las 11:54 horas del 05 de febrero de 2010; y número 2012-001276 de las 15:30

horas del 01 de febrero de 2012). En definitiva, es criterio de este Tribunal que es

constitucionalmente válido e incluso deseable que el Estado tenga un estricto

control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la sociedad civil y el

establecimiento de requisitos para su portación.

Sobre el primer motivo de consulta. De la alegada violación al

artículo 45 de la Constitución Política. En cuanto al primer motivo de análisis,

los diputados y diputadas consultan sobre la posible violación al artículo 45 de la

Constitución Política contemplada en la reforma al artículo 23, del artículo único

del proyecto de ley. Lo anterior, pues estiman que el proyecto consultado presenta

una posible violación al artículo 45 de la Constitución Política en el tanto limita a

dos el número máximo de armas de fuego que una persona puede inscribir. En ese

sentido, afirman que tal disposición carece del respaldo técnico o fáctico que

contemple las condiciones previstas por la Carta Magna para limitar la propiedad

privada. Por consiguiente, reclaman que la reforma estaría, en gran medida,

vaciando el contenido esencial del derecho a la propiedad, proponiendo restringir el

número de armas basados en argumentos antojadizos y que carecen de fundamento

técnico ni de un interés público legalmente comprobado.

Al respecto, esta Sala constata que el proyecto de reforma cuestionado señala,

referente al reclamo, lo siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos

5, 7, 20, 23, 39, 41 y 51 y se adicionan los artículos 23 bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter

y 95 bis a la Ley No. 7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995.

Los textos son los siguientes:

(…)

“Artículo

Inscripción de armas.

Las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento

de Control de Armas y Explosivos, sea para la defensa de su vida o de su

hacienda, o para la práctica de actividades deportivas debidamente acreditadas

en el país, así como en las actividades de caza permitidas, según el ordenamiento

jurídico vigente.

En el caso de las personas jurídicas, solo se inscribirán armas para brindar

servicios de seguridad privada. Deberán presentar una solicitud estableciendo el

número de armas que sea necesario, según el servicio de brindar. El

Departamento analizará la solicitud presentada y determinará su razonabilidad,

según sea el caso y la situación.

Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para

que sean utilizadas en su seguridad personas, la de su familia y su patrimonio.

Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis

años; dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera

indefinida, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el

reglamento.

En caso de que se cometa algún delito contra la libertad, delitos sexuales e

infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso

no autorizado y Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito

donde medie la violencia, la matrícula podrá ser revocada y cancelada en

estricto apego al debido proceso” (el subrayado no es del original).

Conforme con la jurisprudencia señalada en los considerandos anteriores, así

como del análisis de la consulta y de los artículos modificados, este Tribunal estima

que el presente proyecto de ley no conlleva una violación al artículo 45 de la

Constitución Política. Primero, pues este Tribunal ha sido enfático en afirmar que

no existe ningún derecho de rango constitucional a portar o tener armas. Lo

anterior, ya que, en el caso de la utilización de armas, es claro que se está ante una

actividad que sí es susceptible de causar daños a terceros, por lo que el Estado

puede legítimamente regularla. Es así como se reconoce el derecho de rango legal a

portar y utilizar armas, con fines de seguridad y de defensa. Por ende, si bien se

reconoce el derecho de los particulares a defenderse de ataques ilegítimos, incluso

utilizando armas para ello, el Estado debe tener un estricto control acerca del tipo y

cantidad de armas en manos de la sociedad civil y los requisitos para su portación.

Es decir, las cuestiones referentes a la portación y manejo de armas de fuego sí se

encuentran dentro de las excepciones a la autonomía de la voluntad permitidas por

el artículo 28 de la Carta Fundamental. Por consiguiente, la reducción a dos armas

por persona no violenta la propiedad privada, ya que no existe ningún derecho de

rango constitucional a portar o tener un determinado número de armas. Además, al

estar las cuestiones referentes a la portación y manejo de armas de fuego dentro de

las excepciones a la autonomía de la voluntad permitidas por el artículo 28 de la

Carta Fundamental, el legislador tiene la potestad de regular la cantidad de armas

permitidas por persona, siendo un criterio de conveniencia y oportunidad el número

de armas que considere adecuado. Además, esta regulación responde a una política

nacional orientada a fortalecer los compromisos nacionales de seguridad en procura

de mantener el orden y la tranquilidad públicos. El Estado, en ejercicio de las

potestades que le confiere el ordenamiento jurídico, tiene la posibilidad de regular

las condiciones para el otorgamiento de permisos de portación de armas e, incluso,

limitar estos en aquellos casos en que lo estime necesario, toda vez que, como

recién se indicó, no existe un derecho fundamental a la portación y tenencia de

armas de fuego, sino un derecho meramente legal.

Así, es falso que el establecer

esa cantidad en dos armas por persona deje indefensas a las personas, sino que

únicamente se establece la cantidad que el legislador considera adecuado, lo

anterior dentro de la regulación especial a la que se ve sometida la materia de uso y

portación de armas.

Asimismo, al no existir ningún derecho de rango constitucional a portar o tener

armas tampoco es cierto que la reforma requiera de una mayoría calificada como

consideran los legisladores consultantes. Al respecto, es menester aclarar que la

reforma en cuestión fue aprobada en primer debate con cuarenta y un diputados y

diputadas presentes, treinta y seis a favor, cinco en contra, no siendo necesario,

como se indicó, la mayoría calificada. Recordemos que el uso de armas de fuego

con independencia del fin y utilidad que se dé a éstas, es una actividad que por sí

es susceptible de ocasionar daños a terceros, motivo por el cual el Estado se

encuentra facultado para emitir una regulación sobre la inscripción y permisos de

uso de estos dispositivos en forma legítima, para su utilización con fines de

seguridad y defensa, además, cuenta con plena potestad para mantener un estricto

control acerca del tipo y cantidad de las armas en posesión de la ciudadanía y los

requisitos que solicita para su obtención. En este sentido, una regulación tendiente a

establecer la cantidad de armas permitidas por personas, así como la respectiva

inscripción por un plazo determinado, específicamente de seis años, plazo que

podrá prorrogarse por períodos iguales de manera indefinida, previo cumplimiento

de los requisitos que establezca la ley y el reglamento, es conforme a la obligación

del Estado de regular las actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas,

manteniendo una estricta regulación sobre las mismas. En definitiva, es criterio de

este Tribunal que es constitucionalmente válido e incluso necesario que el Estado

tenga un estricto control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la

sociedad civil y el establecimiento de requisitos para su portación. Por lo tanto, las

modificaciones establecidas en el proyecto cuestionadas por los consultantes

(como sería la cantidad de armas, así como no hacer distinción en el tipo de armas,

ni distinción en cuanto a zonas rurales o urbanas), forma parte de esa estricta

regulación y control que debe mantener el Estado en esta materia.

Por otra parte, esta Sala no puede ignorar que Costa Rica es un país con

vocación pacifista y sin ejército, que promueve la utilización del diálogo y

negociación como mecanismos de solución de controversias, ni tampoco puede

ignorar la tradición civilista de los costarricenses tales como la paz, la tolerancia, la

concordia, la armonía, la seguridad, el orden público y, en general, la convivencia

pacífica. Por consiguiente, una estricta regulación de armas como la que aquí se

cuestiona y que tiene parte de su fundamento en una posible peligrosidad o lesión a

bienes de relevancia constitucional en el uso indiscriminado de las armas, no

infringe el Derecho de la Constitución. En cambio, estas modificaciones estipuladas

en la reforma constituyen parte de la regulación especial en la materia, además de

resultar razonable y proporcionada para evitar las consecuencias adversas y

dolorosas derivadas de la portación y el uso sin control o indiscriminado de las

armas de fuego. Lo anterior, debido a que, tal y como se comentó, el proyecto se

circunscribe en la obligación del Estado de regular las actividades de los

ciudadanos relacionadas con las armas, siendo además parte del ejercicio de un

estricto control de las actividades relacionadas con las armas por medio de la

exigencia de permisos y registros. De esta forma, no encuentra esta Sala

inconstitucionalidad alguna en los términos alegados por los consultantes.

Por último, tampoco resulta violatorio del derecho a la propiedad el hecho que

se le exige a las personas jurídicas la posibilidad de inscribir armas únicamente para

brindar servicios de seguridad privada, pues, tal y como ha sido la línea

argumentativa de esta Cámara Constitucional, esa restricción también forma parte

de la obligación del Estado de regular las actividades de los ciudadanos

relacionadas con las armas, así como la necesidad de ejercer un estricto control

respecto a las actividades relacionadas. Por ende, esta situación también forma

parte de un criterio de conveniencia y oportunidad del legislador en ejercicio de la

discrecionalidad legislativa constitucionalmente concedida, por lo que estas

modificaciones no resultan ni irracionales ni desproporcionadas. Recordemos que

esta Sala afirmó que se admite que efectivamente el giro comercial al que se dedican

las empresas que prestan el servicio de seguridad privada encuentra varias

limitaciones en la Ley de Armas y Explosivos, las que justamente por el tipo de

bienes que protegen son absolutamente razonables y proporcionales, no solo

atendiendo al fin buscado por esa normativa, sino por razones de interés público,

habida cuenta que involucra aspectos de seguridad ciudadana y de orden público.

Por ende, estas nuevas limitaciones serían conforme a la normativa constitucional.

En síntesis, el proyecto de reforma propuesto no conlleva una violación al

artículo 45 de la Constitución Política.

Sobre el segundo motivo de consulta. De la alegada violación al

principio de proporcionalidad. En un sentido similar al primer motivo de

consulta, los diputados y diputadas también consideran que puede existir una

posible violación al principio de proporcionalidad derivado del artículo 41 de la

Constitución Política contemplada en la reforma al artículo 23, del artículo único

del proyecto de ley. Esto, ya que estiman que puede presentarse una violación a ese

principio al establecerse que la matrícula de las armas de fuego debe ser renovado

cada seis años. Así, indican que las armas son un bien, y como tal están sujetos a

inscripción y matrícula, empero, poner una fecha de vencimiento a esa inscripción

implicaría una violación al derecho de propiedad, así como una medida totalmente

desproporcionada. Al respecto, este Tribunal constata que el proyecto de reforma

cuestionado señala, referente al reclamo, lo siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO- Se

reforman los artículos 5, 7, 20, 23, 39, 41 y 51 y se adicionan los artículos 23

bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter y 95 bis a la Ley No. 7530, Ley de Armas y Explosivos,

de 10 de julio de 1995. Los textos son los siguientes:

(…)

“Artículo

Inscripción de armas.

(…)

Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis

años; dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera

indefinida, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el

reglamento (…) (el subrayado no es del original).

Tal y como se analizó en el considerando anterior, este plazo para la

inscripción de las armas forma parte de la obligación del Estado de regular las

actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas, manteniendo una estricta

regulación sobre las mismas. Por consiguiente, es criterio de este Tribunal que es

constitucionalmente válido e incluso necesario que el Estado tenga un estricto

control acerca del tipo y cantidad de armas en manos de la sociedad civil y el

establecimiento de requisitos para su portación. Así, que establecer un plazo de

inscripción tampoco lesiona el derecho a la propiedad. Recordemos que este

Tribunal ha concluido que el tema de la portación de armas sí tiene una gran

incidencia -sea actual o potencial- tanto en el orden público como en los derechos

de terceras personas, de modo que resulta constitucionalmente posible que la ley

entre a determinar condiciones que garanticen de la mejor manera posible la

integridad del resto del conglomerado social frente a la portación y eventual uso de

armas de fuego por parte de un particular. En otras palabras, la exigencia de ciertos

requisitos para portar armas aparece sustentada en la patente necesidad de proteger,

en la mayor medida posible, al orden público y a los terceros en particular del uso

inadecuado de las armas de fuego, de modo que resulta constitucionalmente

legítimo de conformidad con el artículo 28 Constitucional. Por ende, ese plazo de

inscripción resulta conforme a la Constitución Política.

Sobre el tercer motivo de consulta. De la alegada violación al

principio constitucional de inocencia contenido en el artículo 39 de la

Constitución Política. Por otra parte, los consultantes también cuestionan si existe

una violación al principio de inocencia, debido a que indican que el proyecto prevé

una reforma del inciso b) del artículo 7 de la Ley de Armas y Explosivos, que

prohibiría portar o tener armas de fuego a las personas que hayan sido elevadas a

juicio por delitos contra la libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y

Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la

violencia. Consideran que lo anterior implica una lesión al principio de inocencia,

por cuanto se impone una sanción y una pena de inhabilitación contra personas a

quienes no se les ha comprobado la comisión de un ilícito por medio de una

sentencia.

Referente a esa consulta, esta Sala comprueba que ese proyecto de reforma

establece, referente a lo consultado en este punto, lo siguiente: “ARTÍCULO

ÚNICO- Se reforman los artículos 5, 7, 20, 23, 39, 41 y 51 y se adicionan los

artículos 23 bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter y 95 bis a la Ley No. 7530, Ley de Armas y

Explosivos, de 10 de julio de 1995. Los textos son los siguientes:

(…)

Artículo

Personas inhibidas para portar y tener armas

No podrán portar o tener armas de fuego, de ninguna clase, las siguientes

personas:

(…)

b) Las personas que hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la

libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias

Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades Conexas, Crimen

Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia (…).

Al respecto, para este Tribunal existen razones suficientes para descartar la

violación invocada. Lo anterior, pues esta Sala se pronunció sobre una situación

muy similar a la planteada en el sub lite. Así, en la sentencia número 03472-2013 de

las 16:02 horas del 13 de marzo de 2013, refiriéndose acerca del requisito de no

contar con antecedentes policiales para el otorgamiento del permiso de inscripción

o de portación de armas, se indicó lo siguiente: “la Sala considera que la

exigencia de no contar con antecedentes policiales para el otorgamiento del

permiso de inscripción o de portación de armas, contenida en el punto 7 de la

Directriz denominada “Modificación de Directriz número 1”, es constitucional.

Como ya lo señaló este Tribunal -supra Considerando IV- el Estado brinda a los

particulares la posibilidad de defenderse ante ataques ilegítimos, incluso

utilizando armas de fuego, pero restringiendo esta eventualidad a que el Estado

tenga un control estricto sobre las armas de fuego en procura de uno de sus fines

como lo es la convivencia pacífica en sociedad. Así, el condicionar la entrega del

permiso a no contar con antecedentes policiales, responde a una política

nacional orientada a fortalecer los compromisos nacionales de seguridad en

procura de mantener el orden y la tranquilidad públicas”.

Por consiguiente, que los legisladores establezcan que no podrán portar o

tener armas de fuego, de ninguna clase, las personas que hayan sido elevadas a

juicio por delitos contra la libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y

Actividades Conexas, Crimen Organizado y cualquier otro delito donde medie la

violencia, corresponde a su potestad de instituir una política nacional orientada a

fortalecer los compromisos nacionales de seguridad en procura de mantener el

orden y la tranquilidad públicas.

Asimismo, es propicio reiterar lo señalado en el considerando IX referente a

que el Estado, en ejercicio de las potestades que le confiere el ordenamiento

jurídico, tiene la posibilidad de regular las condiciones para el otorgamiento de

permisos de portación de armas e, incluso, limitarlos en aquellos casos en que lo

estime necesario, toda vez que también ha destacado que no existe un derecho

fundamental a la portación y tenencia de armas de fuego, sino un derecho

meramente legal. Además, se debe enfatizar que, según lo avalado este Tribunal, el

Ministerio de Seguridad Pública se encuentra facultado, legalmente, para ponderar

aquellos casos en que resulta riesgosa la autorización de portación de armas debido

al historial de la persona solicitante (véase sentencia número 07082-2014 de las

09:30 horas del 23 de mayo de 2014). Por otra parte, es necesario reafirmar que la

Sala consideró que es constitucionalmente válido que el Estado establezca

requisitos para la portación de armas y ejerza control sobre ellos, pues se trata de

instrumentos cuya utilización puede causar daños a terceros. También quedó

establecido que el derecho a portar armas es un derecho meramente legal,

susceptible de ser regulado por el Estado y restringido de conformidad con los

límites establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política. De esta manera, es

constitucionalmente válido que los requisitos y condiciones básicas para la

posesión y portación de armas de fuego permitidas en relación con particulares

estén establecidos en la ley. Por consiguiente, el proyecto consultado, en cuanto a

este punto, viene a complementar las condiciones y requisitos determinados en la

Ley de Armas y Explosivos (LAE) No. 7530 de 10 de julio de 1995, y su

reglamento, para otorgar o denegar las solicitudes de inscripción y el permiso de

portación de armas de fuego. En este sentido, este Tribunal estima que no se

infringe el principio de inocencia en cuanto a este artículo, pues, como se ha

mencionado a lo largo de esta sentencia, el ámbito de libertad de las personas

puede regularse legítimamente cuando estén de por medio conductas que lesionen

o pongan en peligro los derechos de terceros (véase la sentencia número

2009-14020 de las 14:38 horas del 1 de setiembre de 2009).

De esta óptica, a la luz de las consideraciones expuestas, además de tomar en

cuenta que no existe un derecho fundamental a la portación y tenencia de armas de

fuego, sino un derecho meramente legal, y que, además, el Estado se encuentra

facultado para regular las autorizaciones en cuestión –tomando en cuenta que está

de por medio la seguridad e integridad de las personas–, este Tribunal encuentra

que esta disposición es constitucional.

Sobre el cuarto motivo de consulta. De la alegada violación al

principio de irretroactividad de la ley reconocido en el artículo 34 de la

Constitución Política.

En el escrito de ampliación presentado por los diputados y

diputadas el pasado 23 de abril, manifiestan como primero motivo de ampliación

que el proyecto de reforma de ley vulnera el artículo 34 de la Constitución Política.

Explican los legisladores y legisladoras consultantes que estos es así debido a que,

a través de los casi veinticuatro años de vigencia del artículo 23 de la Ley de Armas

y Explosivos, una gran cantidad de ciudadanos adquirieron las tres armas de

defensa que la misma autoriza. Sin embargo, la reforma de ese artículo pretende

reducir el número de armas de defensa que una persona puede tener a dos,

vulnerando el derecho constitucional consagrado en el artículo 34 al lesionar un

derecho adquirido al amparo de la actual normativa. Así, consideran los diputados

que la reforma propuesta viene a establecer un efecto retroactivo sobre el

patrimonio de las personas que afecta directamente su situación jurídica, lo anterior

en choque frontal con la norma constitucional.

Al respecto, este Tribunal constata que la actual Ley de Armas y Explosivos,

ley número 7530, indica, en lo relacionado con este reclamo, lo siguiente:

“Artículo

Inscripción de armas por parte de personas físicas.

(…)

Las personas físicas no podrán inscribir, más de tres armas para ser

utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio. No

obstante, podrán inscribir un número mayor cuando, por motivos debidamente

fundados, así lo justifiquen ante el Departamento” (el subrayado no es del

original).

Ahora bien, el proyecto de reforma consultado establece, correspondiente a

este asunto, lo siguiente: “ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 5, 7, 20,

23, 39, 41 y 51 y se adicionan los artículos 23 bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter y 95 bis

a la Ley No. 7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995. Los textos

son los siguientes:

(…)

“Artículo

Inscripción de armas.

(…)

Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para

que sean utilizadas en su seguridad personas, la de su familia y su patrimonio.

(…)” (el subrayado no es del original).

No obstante, este Tribunal considera que los consultantes no llevan razón en

sus argumentos. En primer lugar, ya que, en los considerandos anteriores, ha

quedado explícitamente claro que la reducción a dos armas por persona no violenta

la propiedad privada, ya que no existe ningún derecho de rango constitucional a

portar o tener armas. Además, al estar las cuestiones referentes a la portación y

manejo de armas de fuego dentro de las excepciones a la autonomía de la voluntad

permitidas por el artículo 28 de la Carta Fundamental, el legislador tiene la potestad

de regular la cantidad de armas permitidas por persona, siendo un criterio de

conveniencia y oportunidad la cantidad que considere adecuado. Así, es falso que

el establecer ese número en dos armas por persona deje indefensas a las personas,

sino que únicamente se establece la cantidad que el legislador considera adecuado,

lo anterior dentro de la regulación especial a la que se ve sometida la materia de uso

y portación de armas y acorde a una política nacional de seguridad.

En segundo lugar, también fue señalado en el considerando IX que la

intervención pública para la portación de armas, así como los requisitos exigidos,

no son una arbitrariedad del Estado, sino una obligación establecida por ley y

conforme al Derecho de la Constitución. Así, ante un reclamo de un ciudadano

sobre la intervención pública en la portación de armas de fuego, indicó la Sala en

sentencia número 1950-97 de las 15:54 horas del 4 de abril de 1997, que “en

realidad los argumentos del recurrente no son de recibo porque en primera

instancia éste presume que tiene derechos adquiridos en una actividad, que por

razones de seguridad ciudadana, e incluso nacional, se requiere de exámenes

que comprueben la aptitud del interesado en una actividad que en general debe

considerarse ilícita”. Así, el Tribunal añadió que “bajo

estas condiciones,

cualquier persona que transite por nuestro país en estas condiciones debe

complementar los requisitos que demuestren que tiene -no solo- aptitud moral y

ética para portar un arma, sino que también debe revelar mediante exámenes

técnicos que tiene conocimientos, destreza y habilidades adquiridas en el manejo

de estas. Las armas, por sí solas deben ser consideradas peligrosas por el

potencial que encierran contra la vida humana, incluso es evidente que hasta en

las manos de los más expertos se deben observar las reglas de seguridad con un

"celo profesional" a fin de evitar consecuencias gravísimas, que van desde una

herida o la muerte de una persona o personas”.

Por consiguiente, de lo señalado en esa sentencia parcialmente transcrita, se

deriva que no podemos hablar de derechos adquiridos en actividades que, por

razones de seguridad ciudadana, e incluso nacional, requieren del permiso del

Estado para operar, ya que se debe cumplir con la normativa para la inscripción de

armas. Lo anterior también se concluye de lo destacado por esta Sala en la

sentencia número 01549-2015 de las 14:30 horas del 03 de febrero de 2015, pues se

estableció lo siguiente: “la actuación de los recurridos ha consistido en exigir el

cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, según los

datos e informes y el fundamento legal que ellos entienden apropiado, para el

otorgamiento de un permiso para el ejercicio de una labor como es la de vigilante

privado armado. Esto último requiere -necesariamente- de una autorización

estatal, puesto que no se trata del simple ejercicio de una libertad, sino de una

actividad inmersa dentro del llamado régimen de autorización que forma parte

de los tres que la doctrina ha entendido que integran el orden público

constitucional”.

De esta manera, al encontrarnos ante la obligación del Estado de regular las

actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas, no se constata una

violación al artículo 34 de la Constitución Política.

Ahora bien, se comprueba que el proyecto de reforma de ley consultado

incluye los siguientes transitorios: “TRANSITORIO I- Las armas que una persona

tenga inscritas a su nombre, antes de entrar a regir esta ley, podrán ser

renovadas por dicha persona, según lo establecido para la renovación de

matrículas y permisos de portación, siempre y cuando se mantengan las mismas

condiciones y modalidad bajo las cuales fueron inscritas según la ley anterior.

TRANSITORIO II- Las armas, inscritas, antes de entrar en vigencia esta ley,

podrán renovar la inscripción, siempre y cuando no se hayan alterado sus

características originales”.

De estos transitorios se denota que se prevé la situación de las armas que una

persona tenga inscritas a su nombre antes de la entrada en vigencia de este proyecto

de reforma de ley, armas que podrán ser renovadas por la persona correspondiente,

siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones y modalidad bajo las

cuales fueron inscritas según la ley anterior. Asimismo, se da la posibilidad que las

armas inscritas, antes de entrar en vigencia el proyecto de reforma de ley, podrán

ser renovadas la inscripción, siempre y cuando no se hayan alterado sus

características originales. De esta manera, los transitorios cumplen con el objetivo

de ser una transición de la actual ley hacia su reforma. Al respecto, recordemos que

esta Sala ha expresado, en la sentencia número 2012-012741 de las 09:05 horas del

14 de setiembre de 2012, reiterando en la sentencia número 2014-016223 de las

09:05 horas del 03 de octubre de 2014, que la naturaleza jurídica de las normas

transitorias es que están llamadas a servir como cláusulas rectoras para regular las

situaciones jurídicas durante la transición de una normativa antigua a una nueva, sin

que con ello se lesione el principio de irretroactividad de la ley reconocido en el

artículo 34 de la Constitución. Así, esas normas no retrotraen de manera general los

efectos de la norma en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas, sino que lo

que buscan es ajustar el contenido de cada uno de los casos regulados bajo la

normativa antigua con las nuevas disposiciones establecidas en la norma. De esta

manera, teniendo claro este panorama, en opinión de este Tribunal el proyecto

consultado no lesiona el principio de irretroactividad de la ley reconocido en el

artículo 34 de la Constitución Política.

Sobre el quinto motivo de consulta. De la alegada violación al

principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política.

Por último, los consultantes señalan que la disposición contenida en el artículo

23 del proyecto de ley es violatorio al artículo 33 de la Constitución Política, pues

hace una diferenciación entre las personas físicas y las personas jurídicas

obligando a estas últimas a constituirse en empresas de seguridad privada para

poder optar por la inscripción de armas, lo cual, estiman, no solo es discriminatorio

y violatorio al principio constitucional de igualdad ante la ley, sino que no permite

desarrollar el efectivo derecho de defensa al que tienen todas las personas, sean

físicas o jurídicas.

Referente a este reclamo, esta Cámara Constitucional verifica que este

proyecto de reforma indica, en relación a este punto, lo siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 5, 7, 20, 23, 39, 41 y 51 y

se adicionan los artículos 23 bis, 75 bis, 87 bis, 87 ter y 95 bis a la Ley No.

7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995. Los textos son los

siguientes:

(…)

“Artículo

Inscripción de armas.

Las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento

de Control de Armas y Explosivos, sea para la defensa de su vida o de su

hacienda, o para la práctica de actividades deportivas debidamente acreditadas

en el país, así como en las actividades de caza permitidas, según el ordenamiento

jurídico vigente.

En el caso de las personas jurídicas, solo se inscribirán armas para brindar

servicios de seguridad privada. Deberán presentar una solicitud estableciendo el

número de armas que sea necesario, según el servicio de brindar. El

Departamento analizará la solicitud presentada y determinará su razonabilidad,

según sea el caso y la situación.

Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para

que sean utilizadas en su seguridad personas, la de su familia y su patrimonio.

Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis

años; dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera

indefinida, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el

reglamento.

(…)” (el subrayado no es del original).

Ahora bien, este Tribunal considera que esta modificación tampoco es

inconstitucional. En primer lugar, esta Sala ha mencionado que el concepto que

contiene el artículo 33 Constitucional no impide la diferencia de tratamiento, sino

solamente aquella que resulte irrazonable o arbitraria. Con esto, se quiere decir que

es constitucionalmente posible reconocer diferencias entre personas o grupos de

ellas, a fin de proveer consecuencias jurídicas distintas para cada uno, al amparo

del principio que permite tratar de manera igual a los iguales y de forma desigual a

los desiguales (véase sentencia número 831-1998 de las 17:21 horas del 10 de

febrero de 1998). De esta forma, en el presente caso, no se realiza una

diferenciación carente de razonabilidad, sino que se trata de una diferenciación que

encuentra su justificación en la potestad del Estado respecto a su obligación de

regular las actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas, siendo

además parte del ejercicio de un estricto control de las actividades relacionadas con

las armas por medio de la exigencia de permisos y registros. Al respecto, es

menester señalar que la naturaleza jurídica de las personas jurídicas difiere de las

personas físicas. De esta manera, si el legislador considera conveniente exigirle a las

personas jurídicas que solo podrán inscribir armas para brindar servicios de

seguridad privada, lo cual debe ser demostrado, no implica ninguna diferenciación

arbitraria ni lesiva del principio de igualdad, sino que encuentra sustento en la

política nacional que considera conveniente el legislador está orientada a fortalecer

los compromisos nacionales de seguridad en procura de mantener el orden y la

tranquilidad públicas.

En este sentido, el proyecto de reforma en mención únicamente aclara la forma

en que se aplica la disposición dependiendo del tipo de persona que requiera

comprar un arma, sea física o jurídica. Asimismo, en esa decisión no existe ningún

inconveniente para las personas jurídica, pues, como se indicó anteriormente, no

resulta violatorio del derecho a la propiedad el hecho que se le exige a las personas

jurídicas la posibilidad de inscribir armar únicamente para brindar servicios de

seguridad privada, ya que esa restricción también forma parte de la obligación del

Estado de regular las actividades de los ciudadanos relacionadas con las armas, así

como la necesidad de ejercer un estricto control respecto a las actividades

relacionadas con las armas.

En síntesis, esta modificación no lesiona el principio de igualdad, por lo que

nos encontramos ante una norma conforme a la Constitución Política.

Conclusión. De conformidad con las consideraciones anteriores, se

evacua la consulta legislativa facultativa relativa al proyecto de “REFORMA

PARCIAL DE LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS N° 7530 Y SUS

REFORMAS, DEL 10 DE JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 7, 20, 23 Y 51”,

que se tramita bajo el expediente legislativo número 20.509, en el sentido de que

dicho proyecto, en los aspectos específicamente consultados y manera general, no

resulta contrario al Derecho de la Constitución, ni a los valores y principios que lo

informan.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como

objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico,

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,

éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial",

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo

XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así

como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la

sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

la creación de la Universidad para la Paz y la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en 1980; la Proclama de Neutralidad

perpetua, Activa y no armada, en 1983 y el premio Nobel de la paz concedido al

Presidente Oscar Arias en 1987. Estos hechos de la historia costarricense, marcan

una orientación pacifista, de tolerancia y de resolución no violenta de los conflictos.

La declaración de Sevilla de 1968 contiene una definición clara a favor de la paz, a

favor de una sociedad amante de la vida y no de la muerte, en palabras de E.

Fromm, una sociedad que al declararse neutral, rechaza una ética necrófila y asume

plenamente una ética biófila. Es oportuno transcribir la conclusión de la declaración

de Sevilla, en la que se asume que: “...la biología no condena a la humanidad a

hacer la guerra, y que la humanidad se podría librar de la esclavitud y del

pesimismo biológico teniendo la confianza necesaria para realizar las tareas de

transformación que se necesitan, a pesar de que estas tareas son principalmente de

índole institucional y colectiva; también descansa en la conciencia de los

participantes individuales para quienes el pesimismo y el optimismo son factores

cruciales. Así como la guerra se inicia (primero) en la mente humana también la paz

se inicia en nuestras mentes. La misma especie que inventó la guerra tiene

capacidad para inventar la paz. La responsabilidad está en cada uno de

nosotros…”. La educación para la paz, el cambio de las conciencias, así lo sugiere

la norma consultada. El respeto a la dignidad de la persona y la adhesión a la paz, la

declaración de neutralidad, como lo ha hecho Costa Rica, supone también un

fortalecimiento de la historia costarricense, sociedad que se desarma para que los

ideales democráticos adquieren mayor brillo y vivencia. No es una opción fácil,

porque el panorama internacional vive un belicismo incuestionado, pero en nuestra

dimensión como país y con nuestra historia a cuestas, se puede optar, con mucho

esfuerzo, por la neutralidad, por el desarme unilateral y por el control de la tenencia

de armas. No tenemos una Constitución y una tradición de paz, para que los

ciudadanos tengan un derecho desorbitado a la tenencia de armas. No bastarán las

normas, cada día debemos renovar el credo pacifista, que es también la

construcción de una sociedad democrática y solidaria. No es la tenencia de armas

la que fortalecerá un desarrollo humano acorde con la dignidad de cada ciudadano

y ciudadana costarricense. Es este credo pacifista en nuestra tradición

constitucional el escenario que legitima un control que reduzca, al mínimo, la

tenencia de armas.

La tendencia en los distintos ordenamientos jurídicos es mantener una política

restrictiva sobre la tenencia de armas de fuego, siendo que sólo pocos países se

categorizan como permisivos, tal como ocurre con los Estados Unidos. No puede

existir una prohibición radical en la tenencia de armas, pero si se puede reducir su

tenencia a un mínimo razonable. No es el acceso a las armas lo que asegura la

vigencia de los derechos individuales o colectivos. No es la posesión de las armas

la que asegura la vigencia de la constitución viviente.

En el contexto de nuestro ordenamiento jurídico, la tenencia civil de armas de

fuego, requiere un permiso y el cumplimiento de requisitos ineludibles. Ello se

explica porque el Estado tiene la obligación de regular las actividades de los

ciudadanos relacionadas con armas, en los términos en que se indica en este voto.

Una amplia permisibilidad en esta materia, supone una ruptura del pacto

fundamental que sustenta la Constitución, porque este convenio es una apuesta a la

paz y al control en el uso de la fuerza. Sólo se autoriza su uso por excepción. En el

caso de Costa Rica, hasta la fecha, se ha podido mantener una orientación pacifista

como el primer paso hacia una sociedad democrática, solidaria y humanista. Claro,

que esta ruta está llena de omisiones y debilidades, porque si la violencia crece en la

hoguera de la injusticia social y la inequidad, entonces la alternativa será controlar el

fuego de la barbarie con más armas, mayor represión, mayor injusticia y menos

estado social.

Fernando Cruz C.

Magistrado

NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ.

A diferencia de otros

ordenamientos jurídicos, tales como los Estados Unidos de América (véase la

Segunda Enmienda de la Constitución Política y la sentencia de la Suprema Corte

de Justicia del Distrito de Columbia vs. Heller, decisión dividida -5 a 4-, en la que

se estableció que la citada enmienda protege el derecho de una persona para portar

una arma para defensa personal al interior de su hogar) y los Estados Unidos

Mexicanos (véase el artículo 10 de la Carta Fundamental), que consagran como

derecho fundamental el derecho a poseer armas de fuego, y en el caso del último

Estado, en el domicilio para la seguridad y la legítima defensa, en nuestro medio, tal

derecho no existe, ni en el ámbito constitucional ni en el infraconstitucional. Lo

anterior significa, que el legislador, en uso de la potestad de legislar, tiene amplias

atribuciones para prohibir, regular, limitar, etc. la posesión y la portación de armas

de fuego. Así las cosas, el legislador tiene un amplio margen para normar esta

materia, que va desde prohibir la posesión y la portación de armas de fuego, tal y

como ocurre en Gran Bretaña, la República de Irlanda y Nueva Zelanda, donde los

cuerpos de policía no portan armas, o Noruega, donde los oficiales portan armas

en sus autos, pero no en sus cuerpos, hasta su autorización de forma amplia, así

como para establecer limitaciones en cuanto a número, calibre u otras

particularidades de las armas de fuego.

Dicho lo anterior, los vicios que se alegan en la consulta no tienen asidero

jurídico. En relación con la violación a la propiedad privada, la disminución de

armas que legalmente se pueden registrar, en nada limita el derecho a la propiedad,

pues, en una materia donde está de por medio el orden público en sentido

tradicional -lo que atañe a la vida e integridad física de los habitantes de la

República- el legislador tiene amplias potestades no solo para limitar su número e,

incluso, prohibir la posesión y portación de armas de fuego de la población. Por

otra parte, el argumento de que la citada limitación deja indefensa a las personas

para defender su vida y su patrimonio no es congruente, toda vez que se le permite

a la persona para esos fines el poseer al menos dos armas.

Tampoco considero que se quebrante el principio de proporcionalidad, amén

de que los consultantes no hacen el test de razonabilidad y proporcionalidad,

requisito esencial para establecer la vulneración a este principio constitucional.

Finalmente, en lo que atañe al principio de la no irretroactividad de la Ley, así

como las eventuales afectaciones al derecho de propiedad, este es un tema que

corresponde resolver a la Administración activa o, en su defecto, al Juez de lo

contencioso-administrativo, en el momento de la aplicación de la Ley y, adoptando

como marco de referencia las normas constitucionales -artículos 34 y

45.

Fernando Castillo

V.

Presidente a.i.

EXPEDIENTE 19-006355-0007-CO

Nota de los Magistrados Salazar Alvarado y Araya García:

Vista la redacción integral de la sentencia dictada en este asunto,

prescindimos de la nota que, en su momento, consideramos oportuno durante la

discusión y votación de esta consulta legislativa.-

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya García

Magistrado Magistrado

Expediente 19-06355

Razones diferentes de la Magistrada Hernández López:

Estimo que el proyecto consultado no contiene vicios de fondo con base en los

siguientes razonamientos:

Las dudas de constitucionalidad que plantean las señoras diputadas y señores

diputadosconsultantes se centran en la relación existente entre las armas de fuego,

como bienes protegidos por el derecho de propiedad privada ysu uso razonable

para el ejercicio de la legítima defensa y otras actividades lícitas. Para quienes

consultan, el hecho de que el proyecto de ley pretenda disminuir –de tres- a dos

armas de fuego, constituye un límite irrazonable y desproporcionado a estos

derechos; en este último caso, por no cumplirse el requisito de votación calificada

(38 votos) que exige la Constitución para limitar la propiedad privada.

La legítima defensa como derecho de rango constitucional.

Considero relevante como punto de partida establecer que la legitima defensa es un

derecho de rango constitucional. Como muy bien lo señala la resolución, el

ejercicio de la legitima defensa opera en el sentido de que las personas tienen el

derecho de proteger sus propios intereses y los de otras personas, ante el escenario

de un atentado en contra de estos bienes jurídicos, cuando estos se generen de la

actuación ilegítima de otra persona o personas. En ese sentido, el ejercicio de la

legitima defensa no es una concesión gratuita del Estado que pueda incluso ser

revocada por medio de una ley, todo lo contrario, es un derecho derivado de la

protección a la integridad personal, la vida o la propiedad, de tal forma que opera

como una garantía en favor de otros derechos-también de rango constitucional-,

frente a amenazas ilegítimas de terceros. No reconocer el rango constitucional

del derecho al principio de autoconservaciónque sirve de base a la legítima

defensa, puede significar un vaciamiento del derecho constitucional a la

vida, la seguridad o la integridad física. Hay que recordar que la condición

especial de los llamados derechos fundamentales, como de los derechos humanos,

radica en que son inherentes a cada una de las personas por su mera condición de

tal, razón por la cual no sólo su acceso y goce se encuentran en manos de la mera

voluntad de la persona, sino que además los medios para reclamar y ejecutar los

mecanismos de defensa razonables y proporcionales que se puedan ejecutar para

su garantía, también se encuentran a disposición de ésta y no son disponibles por el

Estado.

De esta forma es que las personas pueden y deben en determinados casos,

accionar los mecanismos legales que ofrece el Estado en defensa de sus intereses,

o en otros casos, proceder por sus propios medios, incluso cuando el atentado en

contra de sus derechos procede de agentes estatales. Las formas legales y de hecho

que tienen las personas para ejercer la defensa de sus intereses, se podrá regular o

no, dependiendo de las circunstancias de las acciones que se ejecuten para

defender los intereses propios o ajenos, donde bien podríamos estar en un

escenario donde no existe necesidad de una ley, como puede suceder cuando los

efectos de los actos defensivos no atenten contra la moral, el orden público o

terceros y por ende carezcan de interés para Ley (párrafo primero del artículo 28

constitucional), o por el contrario, mediante las formas que la ley establezca, si es

que nos encontramos en alguno de los escenarios del párrafo segundo del artículo

28 de nuestra Constitución, es decir por la necesidad de tutelar la moral, el orden

público y los derechos de terceras personas que se puedan ver afectados por el

ejercicio de una acción que se ejecuta en defensa de derechos propios o ajenos

(véase la sentencia número 4205-96 de las 14:33 de 20 de agosto de 1996).

En síntesis, el ejercicio de la legitima defensa no es una concesión legal del Estado

en favor de las personas, que pueda incluso ser revocada por medio de una ley,

todo lo contrario, es un derecho de rango constitucional que sirve de garantía a

varios bienes jurídicos del mismo rango, que es susceptible como todo derecho

constitucional, de ser limitado o regulado por el Estado, en los supuestos que

establece el artículo 28 en su párrafo segundo, es decir, cuando esté de por medio

la moral, el orden público o los derechos de terceros. Como bien señala la doctrina,

las limitaciones que se impongan son materia reserva legal y deben ser razonables y

proporcionadas, no pueden constituirse en un vaciamiento del contenido esencial

del derecho.

Aclarado lo anterior, estimo que de la argumentación dada en la consulta, no queda

demostrado que la reducción de 3 armas a 2, deje sin contenido el derecho a

defenderse legítimamentedentro del marco del ordenamiento jurídico, sobre todo

considerando que la legítima defensa se puede realizar tanto mediante armas en

sentido propio, como en sentido impropio, con cualquier parte del cuerpo de la

persona u otros objetos. En ese sentido,estimo que la reducción de 1 arma que se

hace en esta ley entra dentro del ámbito de la discrecionalidad del legislador. En

efecto, sobre los motivos de oportunidad para establecer la cantidad de armas que

una persona pueda tener, los consultantes en sus objeciones no establecen las

razones de proporcionalidad o razonabilidad para llegar a la conclusión de que la

disminución de armas de fuego de tres a dos, implique per se, una pérdida de

contenido del derecho en cuestión. Según los consultantes, la limitante a dos armas

de fuego, puede generar que el desperfecto, pérdida, hurto, robo entre otros de una

de estas dos armas, deje a la persona únicamente con un arma de fuego para

defender sus intereses o los de otras personas; sin embargo este escenario no anula

del todo que una persona pueda utilizar un arma de fuego para defenderse, ya que

tal y como se indicó anteriormente, aun cuenta la persona con un arma de fuego

restante y ésta es capaz de cumplir el fin de defenderse legítimamente. Recordemos

que el test de razonabilidad constitucional, exige que la medida en cuestión tenga

que ser necesaria, idónea y proporcional. Además, en relación con la acción por

aplicar, el Estado debe de encontrarse ante un escenario donde su actuar se

encuentre sustentado en una obligación legal. Finalmente, el Estado debe de

escoger entre las posibles acciones por desplegar, aquella que no deje sin

contenido un derecho fundamental, que no le afecte gravemente o aquella opción,

que, aun garantizando la eficacia y eficiencia de la medida por ejecutar, sea la que

menos afectación –en comparación con las otras opciones viables- en los derechos

fundamentales. En este último punto, es donde radica el principio de

proporcionalidad. En el presente caso y como se dijo anteriormente, los

consultantes no establecen de qué manera la disminución consultada anula o vacía

el contenido del derecho en cuestión, y como también se indicó anteriormente, la

posibilidad de la tenencia de dos armas de fuego, por lo menos con los argumentos

que cuenta hasta este momento este tribunal, no anula del todo la posibilidad que

tienen las personas para defenderse mediante el uso de las armas de fuego.

2-. La tenencia y portación de armas integra el patrimonio de una persona,

ergo, es parte de su derecho de propiedad.

Como segundo eje de la consulta, se plantea la relación de las armas de fuego con

el derecho a la propiedad. Es innegable, que las armas de fuego son bienes

muebles, que se encuentran dentro del comercio entre las personas y que, por lo

tanto, pueden integrar su patrimonio. Como derecho constitucional que es, el

derecho a la propiedad privada también estásujeto a limitaciones, en este caso, de

conformidad con lo que establecen los artículos 28 y 45 de la Constitución

Política. Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, por razones de orden

público, la seguridad común y protección de los derechos de terceras personas, la

tenencia y portación de armas, puede ser regulada y limitada por la ley con base en

las siguientes consideraciones:

“… en la sentencia número 5505-95 de las 10:39 horas del 06 de

octubre de 1995, se estableció que el Ordenamiento Jurídico Costarricense

admite como una actividad lícita la comercialización y portación de armas.

Sin embargo, por la materia de que se trata, ésta es una actividad

especialmente regulada, estableciéndose así en los artículos 1° y 2° de la

Ley de Armas y Explosivos. Así, continúa explicando este Sala, que de esos

artículos se desprende que la venta y adquisición de armas es una

actividad especialmente regulada, y que de conformidad con el artículo 4

de la Ley de cita, aquella regulación y el control de la actividad le

corresponden al Poder Ejecutivo. En una misma línea de pensamiento, en

la sentencia número 2007-16492 de las 14:58 horas del 14 de noviembre

de 2007, esta Cámara Constitucional indicó que los artículos 2, 4 y 12 de

la Ley de Armas y Explosivos le imponen a los poderes públicos una serie

de facultades o competencias de control, supervisión y fiscalización sobre el

comercio de las armas. Tales normas legislativas constituyen la

habilitación suficiente para disponer una serie de requisitos y previsiones

en aras de regular fuertemente el comercio de las armas. Así, en ese mismo

voto, el Tribunal hace énfasis que la comercialización, y por ende su

adquisición y posesión, de las armas de fuego –aunque sean permitidas-,

demanda fuertes e intensos controles, habida cuenta de las graves secuelas

que puede producir el uso y disposición de las armas de fuego en el tejido y

conglomerado social. En este sentido, esta regulación especial resulta

razonable y proporcionada para evitar las consecuencias adversas

derivadas de la portación y el uso sin control o indiscriminado de las

armas de fuego. En resumen, tratándose de la compra y venta de armas de

fuego –aun siendo permitidas-, las regulaciones establecidas resultan

sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico en cuanto tienen

asidero en habilitaciones legislativas expresas como las potestades de

fiscalización y supervisión atribuidas a los poderes públicos y en principios

y valores constitucionales muy peculiares de la idiosincrasia y tradición

civilista de los costarricenses tales como la paz, la tolerancia, la concordia,

la armonía, la seguridad, el orden público y, en general, la convivencia

pacífica (véase sentencia número 2007-16492) …”

Por otra parte, considero que no existe afectación al derecho de propiedad con la

necesidad de renovar el registro o inscripción del arma de fuego cada seis años.

Como indica la resolución principal, la necesidad de esta medida parte los efectos

que tienen las armas de fuego en el orden público, en la seguridad común y en los

derechos de terceras personas. Como razón adicional a lo ya resuelto en la

resolución principal, considero oportuno indicar que el mero hecho de no renovar a

los seis años el registro o inscripción del arma no implica, per se, la pérdida del

bien, ni mucho menos su comiso o extinción del derecho de propiedad sobre el

mismo. Si bien es cierto, el artículo 88 de la Ley de Armas y explosivos actual

tipifica como delito la tenencia de armas lícitas sin que estas se encuentren inscritas,

el comiso del arma producto de una actividad delictiva, no es automática, es

discrecional por parte del Ministerio Público, el Tribunal de juicio se puede apartar

de dicha solicitud, e incluso la defensa del imputado puede objetar la razonabilidad

y proporcionalidad de dicha medida; esto sin dejar de lado un aspecto elemental y

evidente, el cual consiste en que ninguna persona se verá sometida a este eventual

escenario, con el hecho de simplemente de gestionar lo necesario para renovar la

matrícula de su arma de fuego cada seis años.

Asimismo, estimo que debe desestimarse el argumento de que la decisión de

disminuir de tres a dos armas de fuego,requierede una votación calificada y una

eventual indemnización en favor de las personas que actualmente cuentan con tres

armas registradas. La resolución principal resuelve sobre este punto indicando que

una votación calificada no es necesaria, por cuanto la portación y tenencia de armas

no conforman parte de un derecho fundamental. Difiero respetuosamente de ese

criterio, por las razones supra indicadas al estar las mismas en el comercio de las

personas, son bienes tangibles con valor comercial que integran el patrimonio, es

decir sí son propiedad privada.No obstante,coincido en que no es necesaria una

votación calificada producto de la reclamada disminución, porque para el caso de

las personas que actualmente no cuentan con armas de fuego en su patrimonio, o

cuentan únicamente con dos, no se verán afectados por cuanto no se les está

limitando su derecho, sino que se les estaría afectando eventualmente la expectativa

de contar con más armas en un futuro, siendo que este escenario no se encuentra

descrito dentro de la garantía que establece el párrafo segundo del artículo 45 ni del

artículo 28 constitucional. Igual orden de ideas opera en relación con la

indemnización de la propiedad que se priva a una persona y que es descrita en el

párrafo primero del artículo 45 de la Constitución, ya que la misma funciona en

relación con los bienes que ya integran el patrimonio de una persona.

Para los casos de las personas que cuentan actualmente con tres armas de fuego,

atina la resolución principal al indicar que esta tercera arma no se estaría

excluyendo del patrimonio de las personas, por cuanto los transitorios del proyecto

de ley consultado establecen que para estos casos, las personas podrán mantener la

tenencia de esta tercera arma, respetando los alcances que establecen las reformas

sobre la renovación de la matrícula que opera cada seis años, por lo cual no es

necesaria una votación calificada, ni una indemnización, por cuanto el proyecto de

ley no establece la pérdida de la titularidad del derecho sobre esta tercera arma de

fuego.

3-. La elevación a juicio en casos de delitos contra la libertad, delitos

sexuales, narcotráfico y crimen organizado como criterio objetivo para

determinar la inidoneidad de una persona para obtener una licencia estatal

de uso de arma de fuego.

Finalmente, mención aparte merece las dudas de constitucionalidad que plantean

los consultantes, con la limitación que tendrán las personas – que no podrán portar

ni tener armas de fuego-, que hayan sido elevadas a juicio por delitos contra la

libertad, delitos sexuales e infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias

Psicotrópicas, Drogas de Uso no autorizado y Actividades Conexas, Crimen

Organizado y cualquier otro delito donde medie la violencia (…). Para los

consultantes, el hecho de que se impida definitivamente a una persona portar y tener

armas de fuego, por el hecho de contar con auto de elevación a juicio en los casos

citados, puede violentar el principio de inocencia, para los casos donde la persona

no haya sido condenada por tales delitos en el debate.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, los derechos fundamentales

pueden limitarse por ley en los casos establecidos en el artículo 28 párrafo

segundo de la Constitución, en forma razonable, proporcionada. La Ley de Armas

y Explosivos e incluso el presente proyecto de ley, precisamente tiene como fin

que las personas que puedan tener y portar armas, reúnan una serie de condiciones

que les haga idóneas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos en bienes

jurídicos de relevancia como son el orden público, la seguridad común y en

terceras personas, por la actividad de riesgoque conlleva la manipulación,

tenencia y portación de cualquier arma de fuego.

El principio de inocencia como integrante del debido proceso constitucional en

materia de sanciones, se extrae del artículo 39 de nuestra Constitución. Sus efectos

implican, que, en materia sancionatoria, se debe de arribar a la certeza total de que

la persona que se pretende sancionar ha cometido la conducta que se le persigue; la

ausencia de esta certeza y la existencia de una duda razonable, apareja como efecto

indiscutible, la consecución del mejor de los resultados jurídicos, que en

determinado momento procesal se pueda conceder en favor de la persona acusada.

En algunos casos puede ser la no imposición de una sanción, en otros una

recalificación legal más benigna, o un mejor tratamiento en la imposición de la pena,

por citar unos ejemplos.Sin embargo, el tema que estamos discutiendo con el límite

que se consulta en el presente proyecto de ley, no es propio de la materia

sancionatoria, por cuanto como se indicó anteriormente, el hecho de limitar a

ciertas personas para la tenencia o portación de un arma de fuego, que es una

licencia del Estado, obedece a criterios de valoración sobre la idoneidad de las

personas para el manejo de las armas de fuego, con fines tendientes a garantizar el

orden público, la seguridad común y los derechos de terceras personas. Esto

implica incluso, que la administración tiene la posibilidad de actuar de manera

preventiva, sin esperar a la certera constatación de que una persona no es idónea

para el manejo de las armasa través del establecimiento de parámetros

objetivos y razonables en la ley para establecer tal limitación. Limitar la

actuación de la administración a la espera de resultados concretos sobre la falta de

idoneidad mediante certeza, puede implicar el sometimiento del resto de las

personas a consecuencias graves sobre sus derechos fundamentales. Recordemos

que por la especial peligrosidad que implica la manipulación de las armas de fuego,

se ha constituido todo un cuerpo normativo con requisitos rigurosos tendientes al

resguardo del orden público, de la seguridad común y de las personas, que incluso

reconoce las acciones preventivas que la administración puede realizar. Por

supuesto, es medular que estas acciones preventivas encuentren sustento razonable

y proporcional, de conformidad con el fin que pretende la ley y con los alcances

del principio de interdicción de la arbitrariedad, por cuanto la idea no debe de ser la

de actuar a la ligera yafectar los derechos de las personas de manera

desproporcionada.

Bajo la anterior intelección, debemos de analizar lo que significa un auto de

elevación a juicio en materia penal, y analizar si esta acción dota de razonabilidad y

de proporcionalidad a una actuación preventiva del Estado, que dote de

conformidad constitucional a los límites impuestos a la portación y tenencia de

armas de fuego que pretende el proyecto consultado. En el caso del auto de

elevación a juicio, tanto en el proceso ordinario, como en los procesos especiales

que regula el Código Procesal Penal, el mismo se puede ordenar una vez escuchado

el requerimiento fiscal que pretenda que la acusación penal y que la prueba de cargo

sea discutida en debate oral y público, además de la escucha de la defensa técnica y

material en relación con la acusación, la prueba de cargo, la prueba de descargo o

cualquier manifestación que la defensa considere oportuna. Pero lo más importante

en relación con el auto de apertura a juicio, es la obligación que tiene el juez de

constatar que el requerimiento fiscal, describa actos delictivos con sustento

probatorio idóneo y legal, que razonablemente señalen al imputado como posible

autor responsable de la conducta delictiva investigada. La anterior constatación que

el juez penal debe de cumplir, implica que este debe de analizar la prueba existente

en el expediente, debiendo de realizar un análisis intelectivo de probabilidad, el cual,

de no ser superado, debe de provocar que el juez no acepte la solicitud del

Ministerio Público de ir a juicio. Esta obligación del juez penal que opera como

garantía en favor de la persona procesada penalmente, implica en lo concerniente a

la limitación administrativa que estamos discutiendo, que no se imponga un límite a

determinada persona, por un hecho en automático –o por la mera constatación de

una condición en particular-, sino que está de por medio una decisión judicial de un

juez de garantías, que tiene la obligación de analizar la razonabilidad o no de elevar

una causa a juicio. Por estas razones es que considero que este límite en cuestión

no vulnera el principio de inocencia, por cuanto el mismo no nace, ni opera como

una sanción,sino que funciona como un criterio objetivo para determinar la

idoneidad de una persona para el manejo de armas de fuego como parte de

la función preventiva de índole administrativa del Estado. El Estado puede

incluso, negar la licencia, por razones de falta de idoneidad según la ley, incluso a

personas que no han sido sometidas a procesos penales, de tal forma que no es

irrazonable la limitación analizada supra, porque no tiene relación con el principio

de inocencia como tal, sino más bien como se señaló, a la idoneidad a que hace

referencia la ley como condición para optar por la licencia estatal de tenencia o

portación de armas. Si bien una persona elevada a juicio en los casos citados,

puede ser absuelta por el delito acusado, no es irrazonable,desde el punto de vista

de la idoneidad señalada, que el legislador presuma que, en la mayoría de los casos,

en esas condiciones (elevación a juicio) en estos delitos específicos, por sus

características particulares-a pesar de la inocencia de la persona en la comisión del

delito como tal-,puedan persistir indicios (conducta violenta, uso indebido o ilegal

de arma de fuegopor ejemplo) que descalifiquen a la persona, como apta para tener

o portar armas en protecciónde los bienes jurídicos que la ley busca tutelar.

En todo caso, los consultantes no aportan, a juicio de la suscrita, elementos de

juicio suficientes (estadísticas, datos objetivos etc) para estimar que la norma

indicada carece de razonabilidad en este aspecto, capaz de descalificar al legislador

para utilizar este criterio como uno objetivo, para determinar la inidoneidad de una

persona para el manejo de armas de fuego como parte de a función preventiva de

índole administrativa del Estado.

Nancy Hernández López

Magistrada