Resolución 01538-2015

El primero de ellos en el cual

se requiere el diagnóstico o determinación psicológica o psiquiátrica sobre la

existencia de enfermedades mentales o de graves trastornos de conciencia;

El

segundo se refiere a la incidencia o no de estos fenómenos en la capacidad de

comprensión y voluntad respecto de los prohibido y penado por el derecho. Es

decir que el sujeto pueda desde sus facultades psíquicas comprender el carácter

ilícito del hecho, y pueda dirigir su comportamiento de acuerdo con esa

comprensión. (Así BACIGALUPO (Enrique), Manual de Derecho Penal ,

Bogotá, Editorial Temis, 1ª edición, 1994, pp.156-157; ROXIN, Derecho Penal...,

Op.Cit. pp.823 y 848)”. (Voto número 920-2004 de las 10:55 horas, del 30 de

julio del año 2004). En este sentido, esta Cámara estima que, la aplicación

supletoria de las normas del Código Penal que regulan las diferentes formas de

imputabilidad, inimputabilidad e imputabilidad disminuida, que resultan

necesarias para determinar la capacidad de culpabilidad del sujeto activo

dentro del análisis de la teoría del delito, es correcta y necesaria. Esta

primera conclusión nos traslada al tema de las medidas de seguridad que está

íntimamente relacionado con la declaratoria de la inimputabilidad o

imputabilidad disminuida.

Medidas de Seguridad. Con respecto a

las medidas de seguridad, esta Cámara ha señalado que: “También debe

destacarse que la medida de internamiento en centro psiquiátrico, por definición,

no puede ser tenida, como erróneamente lo hacen los miembros del Tribunal a

folios 238 y 239, como una pena. Si el imputado cometió la conducta típica y

antijurídica que se le atribuía en un estado de capacidad de culpabilidad o

imputabilidad disminuida, debe entenderse que, por lo tanto, tal como lo

establece la lectura sistemática de los artículos 42, 43, 98 inciso 1 y 102

inciso a, del Código Penal, y la propia jurisprudencia de esta Sala de Casación

Penal, dicho encartado no puede ser declarado como penalmente responsable por

sus actos. Quien actúa ilícitamente bajos las circunstancias arriba descritas,

no es penalmente responsable por sus acciones típicas y antijurídicas. Es

precisamente por ello que se le debe imponer una medida de seguridad y no una

pena”. (Voto número 2011-934, de las 11:38 horas, del 29 de julio de 2011).

Como se observa, la determinación de la medida de seguridad como una sanción no

es correcta, pues esta tiene una naturaleza curativa, lo que implica que para

la imposición de la misma no es posible acudir a los parámetros establecidos en

el numeral 71 del Código Penal. En este sentido, se ha señalado que el criterio

para la aplicación de la medida es la proporcionalidad. (Puede consultarse la

resolución número 2005-1049, de las 15:15 horas, del 12 de septiembre de 2005 y

2008-1118, de las 9:25, del 10 de octubre de 2008). Esta tesis también

es compartida por la

Sala Constitucional que ha indicado: “Las medidas de

seguridad tienen una naturaleza jurídica diferente de las penas. Las primeras

son medidas preventivas que responden a necesidades preventivas y curativas. La

pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a

ley, por órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de un delito, esta

restricción puede dirigirse a bienes de su pertenencia, a la libertad personal,

a la propiedad, entre otras. La pena es la justa retribución del mal ocasionado

por el ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del imputable. Sin negar

la posible finalidad resocializadora y en alguna manera preventiva de la pena,

su esencia radica en la retribución, retribución que no se traduce en reproche

o venganza; sus fines son más amplios y elevados: mantener el orden y el

equilibrio, fundamento de la vida moral y social, para protegerlos y

restaurarlos en caso de quebranto. Las medidas de seguridad tienen otro régimen

jurídico, es decir, no son penas, razón por la cual los sujetos sometidos a

ellas no pueden ser objeto del tratamiento y beneficios, tales como el indulto,

el beneficio del artículo 55 del Código Penal, la libertad condicional, que se

otorgan a los reos, porque se trata de medidas eminentemente curativas y

preventivas…” (Resolución número 1993-2583, de las 15:36 horas, del 8 de

junio de 1993). De igual manera, mediante resolución número 2586-93 de las

15:36 horas del ocho de junio de 1993 dispuso en cuanto a las medidas, lo

siguiente: “VII. La imposición de la medida de seguridad presupone la

comisión de una infracción penal, que en razón de la inimputabilidad del sujeto

que la comete y el grado de peligrosidad del mismo, no se reprime con pena,

sino que posibilita la imposición de una medida de seguridad. Como ya se dijo,

las medidas de seguridad que se imponen a los inimputables, son las que se

aplican a los sujetos que al momento de la comisión del hecho se hallaba en

estado de incapacidad psíquica de delito. Se trata de medidas administrativas

que sólo son procesal y jurisdiccionalmente penales, pero en modo alguno,

materialmente penales. Por esto no pueden ser llamadas "sanciones"

pues no constituyen sanción a ninguna conducta, por lo que de conformidad con

el inciso 3.) del artículo 320 del Código de Procedimientos Penales, pueden ser

aplicables incluso a supuestos en los que ni siquiera hay conductas o acciones,

ya que su naturaleza es netamente administrativa y su objetivo expresamente

asistencial, pero para su imposición se requiere se acredite la existencia de

un hecho injusto (típico y antijurídico), ejecutado materialmente por el sujeto

a quien se le impone la medida. No a todos los inimputables se les impone este

tipo de medidas, pues ello depende de su necesidad, de las condiciones

personales del sujeto, con miras a la mejoría de su estado psíquico anormal, de

ahí la necesidad del informe del Instituto Nacional de Criminología en el que

se establezca la posibilidad de que se vuelva a delinquir en razón del estado

de inimputabilidad … .”. Como se observa, de larga data, los

diferentes tribunales han definido claramente la naturaleza y fines de las medidas

de seguridad, haciendo la distinción con respecto a las sanciones penales que

son las que proceden aplicar cuando el reproche de responsabilidad penal es

completado. Este orden de ideas nos lleva a concluir que no podemos equiparar

las sanciones establecidas, que se aducen taxativas, de la Ley de Justifica Penal

Juvenil, a las medidas de seguridad que contempla el Código Penal. Por lo

tanto, los que sostienen la posición según la cual no es posible ni procedente

agregar otras sanciones a las instituidas en la ley especial y que por

ende, no son de aplicación las medidas de seguridad, no encuentra sustento

jurídico. Tampoco existe colisión con el principio de legalidad, como se acusa,

porque no estamos ante una sanción. Como es sabido, la imposición de las

sanciones se efectúa cuando se ha demostrado el juicio de

responsabilidad penal en los tres niveles de la teoría del delito, es decir,

cuando se comprobó que la persona menor de edad adecuó su conducta al contenido

de la norma penal sin que le asistiera una causa de justificación, con la plena

demostración de la capacidad de culpabilidad. Sólo bajo estos supuestos es que

el juez penal juvenil está facultado para aplicar el régimen sancionatorio. Al

respecto el numeral 121 de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, en su primer párrafo establece: “Verificada la

comisión o participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal

Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones (…)”. Esto quiere

decir que, de no contarse con el análisis en los tres niveles de la teoría del

delito, resultaría improcedente recurrir a dicha disposición. En conclusión, no

se pueden equiparar las sanciones , desarrolladas en la ley especial,

con las medidas de seguridad, pues su naturaleza es diferente. La definición de

este aspecto, nos permite señalar que la normativa especializada no cuenta con

regulación en lo concerniente a la condición de inimputabilidad –total o

parcial, permanente o temporal- ni a su consecuencia, las medidas de seguridad;

por lo que ante el vacío legal y sin norma expresa que se oponga, corresponde

aplicar la regla de supletoriedad del ordinal 9 de la LJPJ.

Interés

superior del menor. Como resultado de la promulgación de la Convención de Derechos

del Niño y otros instrumentos internacionales, análogos y complementarios, se

superó el modelo tutelar adoptándose en un nuevo paradigma en el que la persona

menor de edad es considerada un sujeto de derechos y obligaciones, surgiendo lo

que se conoce como el modelo de responsabilidad, adoptándose, en definitiva, la

doctrina de la protección integral. Bajo esa tesitura, se reconoce que al menor

se le deben respetar los derechos y garantías del derecho penal de adultos,

pues cuenta con capacidad para responder por los actos ilícitos que cometa,

mismos que deben ser ventilados en la jurisdicción penal especial, y de

llegarse a encontrar responsable de la comisión de un delito, se cuente con la

gama de sanciones –que se basan en principios socio - educativos- que reduzca

al máximo la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad,

reconociéndose además los derechos de las víctimas. El fin es evitar la

judicialización de la persona menor de edad, pero en caso de no ser posible,

debe ser tratado con todas las garantías propias del derecho penal. Para

efectos de esta decisión, interesa rescatar el postulado del interés superior

el menor, el cual lo ubicamos en la Declaración Univesal

de los Derechos del Niño, que consideró lo siguiente: “Principio 2: El niño

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá

será el interés superior del niño . Principio 7: ….El interés

superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe,

en primer término, a sus padres…”. (El destacado no es del original).

En nuestro país, este criterio lo encontramos desarrollado en el numeral 5 del

Código de la Niñez

y Adolescencia, el cual señala: “Toda acción pública o privada concerniente

a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior,

el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental

sano, en procura de su pleno desarrollo personal. La determinación del interés

superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y

responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y

demás condiciones personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se

desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social.”. No

obstante existe referencia de este principio en los instrumentos

internacionales y en la legislación común de los países que han adoptado esta

corriente, los expertos coinciden en que el contenido de dicho concepto es

difícil de precisar, por lo que se acude a otros postulados y garantías para

una mejor conceptualización. Sobre el tema, esta Cámara ha señalado que: “Tratándose

de personas menores de edad en conflicto con la ley penal, el principio de

interés superior implica no solo el pleno reconocimiento y posibilidades de

ejercicio legítimo de sus derechos dentro del proceso penal, sino además la

finalidad primordial que informa la materia penal juvenil, cual es el pleno

desarrollo de las capacidades de la persona menor de edad y su reinserción

social y familiar”. (Voto número 2012-1436, de las 10:25 horas, del 7 de

septiembre de 2012). En efecto, la búsqueda de la reinserción social y familiar

del joven se ve reflejada en la ideología que subyace en el fin educativo –y de

prevención especial positiva- de las sanciones que caracterizan este Derecho

(artículos 121 y siguientes de la

LJPJ). Esto nos lleva a destacar otro mandato que tiene

relación directa con el anterior y le sirve de complemento. De acuerdo a lo

dispuesto en el numeral 3 de la

Convención sobre los Derechos del Niño: “1. En todas las

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el

interés superior del niño .

Los Estados Partes se comprometen

a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas

las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados Partes

se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados

del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por

las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad,

sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la

existencia de una supervisión adecuada”. El mandato internacional

conmina a los Estados a adoptar las medidas necesarias en atención al interés

superior del niño y de asegurar la adecuada protección y cuidado del menor.

Bajo esta tesitura, un Estado que ignore la situación de las personas menores

de edad en conflicto con la ley penal que hayan sido declaradas inimputables o

con imputabilidad disminuida, es decir, en un estado de vulnerabilidad mayor,

está incumpliendo el mandato internacional, y sin duda alguna también el

nacional. La necesidad de protección del menor –rechazando tajantemente que

hacemos eco del modelo de la situación irregular-, junto a la búsqueda de su

interés, es el norte que debe tener toda institución que tenga la competencia

de la atención de la persona menor de edad, en esta categoría se encuentra el

sistema judicial en general, y el penal en particular. La interacción de las

instituciones que velan desde distintos planos por el bienestar de los menores,

y que tiene experiencia acumulada en esta materia, resulta de utilidad para ampliar

el marco en un tema tan sensible y que debe tener una respuesta desde la

legalidad. El Patronato Nacional de la Infancia, órgano que por mandato legal es la

institución rectora en la materia de niñez y adolescencia (artículo 1 de la Ley Orgánica del PANI).

En atención al deber de las instituciones del Estado de acuerdo a sus

competencias asignadas por ley y anteponiendo el interés superior del menor, el

sistema judicial penal debe dar respuesta a la persona menor de edad procesada,

aún en aquellos casos en que se demuestre que no posee capacidad de

culpabilidad, ordenando las medidas de seguridad necesarias; pues se considera

improcedente que se pretenda sustraer de la vía penal estos casos y se remitan

a otra sede por ser violatorio del ordenamiento jurídico. En este sentido, a

la luz de la normativa supra-citada, de las pretensiones del Recurso de

Casación en cuestión y anteponiendo en todo momento el interés superior de

la persona menor de edad, ante la supuesta comisión de un delito, debe la

persona menor de edad ser procesada penalmente, con la consecuente aplicación

de las medidas de seguridad pertinentes y en resguardo del Debido Proceso, caso

contrario, se violenta la normativa sustantiva de la Ley de Justicia Penal Juvenil

y las de aplicación supletoria del Código Penal, especialmente lo dispuesto en

los ordinales 97, 98, 99, 100 101 y 102, de tal suerte, que se remite estos

supuestos al proceso especial de protección, a pesar de la indicación expresa

de la ley, de que la jurisdicción de familia no es competente para resolver

hechos delictivos de personas menores de edad, violentado el Principio de

Legalidad. Siendo precisamente un aspecto a destacar, el hecho que el proceso

penal permite garantizar los derechos de la persona menor de edad, lo cual no

se cumpliría a cabalidad, si el caso se ventila administrativamente. Entonces,

impedir la aplicación del proceso penal juvenil, a personas menores de edad

inimputables, bajo el argumento de que corresponde a la Jurisdicción de

Familia y al Patronato Nacional de la Infancia, tomar las medidas que considere

pertinente mediante el proceso especial de protección, es violatorio del

ordenamiento jurídico y por ende, violenta el Principio de Legalidad, ya que

como quedó acreditado con la normativa pre-transcrita que informa en materia de

niñez y adolescencia, no tiene competencia el PANI para conocer y juzgar a las

personas menores de edad, con edad comprendida entre los 12 años y menos de 18

años, que se acusen de haber cometido hechos delictivos, sino que es competencia

única y exclusiva de los Juzgados Penales Juveniles, instancia que vendría a

garantizar el interés superior de las personas menores de edad imputadas por la

supuesta comisión de un delito. Lo anterior, encuentra sustento en lo

dispuesto por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la Observación General

N° 10, que señaló: “

A fin de

garantizar la plena aplicación de los principios y derechos enunciados en los párrafos

anteriores, es necesario establecer una organización eficaz para la

administración de la justicia de menores y un sistema amplio de justicia de

menores. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 40 de la Convención, los Estados

Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento

de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los

niños en conflicto con las leyes penales”. Al respecto cabe señalar que

la determinación de las competencias está debidamente regulada en nuestra

legislación, tanto tratándose de las autoridades administrativas como las

judiciales que atienden la materia de menores, con la determinación de que,

todas deben respetar los principios rectores de la niñez y adolescencia y adoptar

las medidas necesarias para adaptarlas a sus respectivos procesos. Así lo ha

concebido la Sala

Constitucional, en resolución 2008-15461, de las quince horas

y siete minutos, del quince de octubre de dos mil ocho, que reza: “…como

principio general reconocido y plenamente aplicable, al interés superior del

niño no le es oponible norma o decisión alguna –administrativa o judicial- que

le contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en

liza la aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo

caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol

de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter

principal del interés superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en

aquellos casos que involucren a personas menores de edad, resulta contrario a

los reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la

vez que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al

mandato del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En

otras palabras, las autoridades administrativas y judiciales tienen la

obligación de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del

niño, en perfecto acatamiento de su carácter de principio, de los mandatos

establecidos por el Derecho de la Constitución, incluso ideando mecanismos

apropiados y soluciones consecuentes de conformidad con lo ordenado por el

referido artículo 2 de la Convención Americana.”. En síntesis, por razones de legalidad, reconociendo

además, la normativa internacional y los principios rectores en el tema de los

menores de edad, especialmente el interés superior del niño, la aplicación de

las medidas de seguridad a las personas inimputables resulta procedente para

cumplir a cabalidad con dicho postulado. Una posición en contrario incurre en

la desprotección de la población menor que se encuentre en dicha condición.

Sobre esta temática, el voto de la Sala Constitucional

número 2586-93 de las 15:36 horas, del ocho de junio de 1993, nos ilustra sobre

el propósito de atención de la persona con sus capacidades superiores

disminuidas o comprometidas, señalando lo siguiente: “III. Las medidas de

seguridad son medios especiales preventivos, privativos o limitativos de bienes

jurídicos, impuestos por las autoridades judiciales a aquellas personas que

nuestro ordenamiento jurídico penal califica de 'inimputables', con el fin de

'readaptarlos' a la vida social, sea con medidas de educación, de corrección o

curación. Son medidas de internamiento en centros hospitalarios o centros

técnicos especializados en la atención de discapacitados mentales. Así lo

establece el artículo 101 del Código Penal: 'Las medidas de seguridad son

curativas, y de vigilancia. Son medidas curativas: 1.) El ingreso a un hospital

psiquiátrico; y 2.) El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial y

educativo.'Suponen la separación del 'inimputable' de la sociedad, como una

medida preventiva en razón de la protección de la misma y como medida

'curativas' para el inimputable. Así, el internamiento del enajenado en un

establecimiento psiquiátrico responde a estas necesidades, por el bien de la

comunidad y del mismo inimputable, por cuanto es necesario y preferible, tratar

al discapacitado mental con una medida adecuada a su personalidad”. La

necesidad de atender a una población, sin duda, vulnerable, resulta ineludible

en una sociedad solidaria, respetuosa y protectora de los derechos de sus

ciudadanos.

Protección a la víctima y tutela judicial efectiva

. Ya dijimos que la doctrina de la protección integral es el modelo adoptado en

los instrumentos internacionales en materia de menores, posición de la que

nuestro parlamentario se basó para promulgar la legislación especializada. Bajo

el criterio de responsabilidad de la persona menor de edad como sujeto de

derecho, éste es responsable de los acciones u omisiones ilícitas que ejecute,

debiendo como corolario, asumir las consecuencias de su accionar. En

consecuencia, el modelo posiciona a la víctima como un sujeto con derecho de la

reparación del daño. El resurgimiento de la persona perjudicada por el hecho

delictivo tiene relación con la aplicación del principio de tutela judicial

efectiva. En este sentido, es importante señalar que dentro de los principios

rectores de la Ley

de Justicia Penal Juvenil, se aborda el tema de la víctima y la garantía de

protección de sus derechos e intereses de la siguiente forma: “Artículo

ARTICULO

Principios rectores. Serán principios rectores de la presente ley,

la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus

derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad.

El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las

comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la

protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho”. Como

se observa, la Ley

de Justicia Penal Juvenil no sólo procura garantizar la protección de la

persona menor de edad acusada sino también extiende del principio de protección

a la víctima, respetando y procurando su participación en el proceso penal.

Esta posición encuentra asidero en la Declaración sobre los principios fundamentales de

justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, documento de la Organización de

Naciones Unidas (Resolución 40/34 de la Asamblea General),

que define como víctima a “las personas que, individual o colectivamente,

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la

legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el

abuso de poder”, reconociéndosele el derecho al acceso a la justicia y un

trato justo, así como a la reparación del daño sufrido, al indicarse que: “4.

Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán

derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del

daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Se

establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos

y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener

reparación mediante esos mecanismos”. En este orden de ideas, debe

recordarse que el reconocimiento que se ha dado, en el proceso penal, a los

derechos y garantías a las que también tiene acceso la víctima, donde ha

adoptado de manera progresiva, un papel más protagónico en el proceso penal.

Cuenta con su derecho a ser escuchada e informarse de las actuaciones

judiciales que se lleven a cabo, así como que se considera su posición y los

daños ocasionados a raíz de las actuaciones delictivas. El derecho a una tutela

judicial efectiva también está garantizado para la parte afectada. Partiendo de

que ciertamente, se trata de la persona que recibe el daño, el sistema penal

pasa de convertirse en un fin en sí mismo, a una forma de encontrar reparación

a los perjuicios ocasionados para la persona agraviada. A partir de esta

perspectiva penal victimológica, se logra determinar que lo dispuesto en el numeral

número 41 de la

Constitución Política con relación a las víctimas del proceso

penal, dispone: “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y

en estricta conformidad con las leyes”. En este sentido, dispone la Declaración sobre los

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso

de Poder, en su apartado 4 supracitado. El Derecho Internacional de los

Derechos Humanos, en diferentes estatutos, ha dado un mayor cubrimiento

normativo a las garantías procesales y resarcitorias de las personas afectadas

de una conducta típica, sin que ello impida o colisione con la posibilidad de

aplicar medidas alternativas para la solución del conflicto. Queda claro, que

la tesis que ha sido desarrollada, concilia tanto los derechos de las víctimas

y su necesidad de encontrar una respuesta por parte del Estado ante los daños

ocasionados, como la necesidad de brindar protección integral y efectivo

cumplimiento al principio de interés superior del menor de edad. Con base en

todo lo expuesto, se procede a resolver, en este voto de minoría, que,

atendiendo los principios rectores del Derecho Penal Juvenil, así como la

normativa nacional e internacional, particularmente, los numerales 7 y 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

en relación con el 42, 97 a 102, del Código Penal, la

aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil es correcta y

legalmente procedente.”