Resolución 01740-2014

Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el defensor público del imputado licenciado Oscar González Zamora. Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Diego González Chaves en su calidad de abogado de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público y de conformidad con el arancel de honorarios número 36562JP sobre la suma concedida de un millón quinientos mil colones (1.500.000.00) por concepto de daño moral se fijan las costas en el veinte por ciento (20%) es decir en la suma de trescientos mil colones (300.000). Notifíquese.” Fs. Víctor Julio Vargas Villalobos. Alberto Alpizar Chaves.  Helena Ulloa Ramírez.  Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia. (sic).

Que contra el anterior pronunciamiento el licenciado Oscar González Zamora, en condición de defensor público del encartado, interpone recurso de casación.

Que verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes; y,

Por mayoría, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el defensor público del justiciable J. E. M. A. La Magistrada Suplente Zúñiga Morales salva el voto. Notifíquese.    Carlos Chinchilla S.     Jesús Ramírez Q. José Manuel Arroyo G.  Magda Pereira

Sandra Eugenia Zúñiga M.      (Mag. Suplente)Voto salvado de la Magistrada Suplente Sandra Eugenia Zúñiga Morales.               Con todo respeto difiero del voto de la  mayoría de la Sala en cuanto declara sin lugar el recurso formulado por el licenciado Oscar González Zamora.  Ya en otras integraciones he externado mi posición respecto al significado de la expresión "actividad", contenida en el párrafo segundo del artículo 128 CP (por ejemplo, en el voto Nº703-2007, de las 15:50 horas del 27 de junio de 2007 y en el voto N° 635-2011 de las 10:15 horas del 31 de mayo de 2011 del denominado Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). Es importante señalar que el texto del artículo 128 del Código Penal, ha experimentado mutaciones. Primero la reforma operada mediante Ley Nº 6726 del 10 de marzo de 1982, por la cual durante muchos años el precepto se leía así: «Se impondrá prisión de hasta un año, o hasta cien días multa, al que por culpa causare a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados. En todo caso, al autor de las lesiones culposas se le impondrá también inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, oficio, arte o actividad en que se produjo el hecho. / El conductor reincidente se le impondrá, además la cancelación de la licencia para conducir vehículos, por período de uno a dos años. / Si el hecho fuere cometido bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de drogas enervantes, la cancelación de la licencia será de dos a cinco años.»  (La negrita no corresponde al original). Luego opera otro cambio, mediante Ley Nº 8696 del 17 de diciembre de 2008, que textualmente dispuso: «Se impondrá prisión hasta de un (1) año, o hasta cien (100) días multa, a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados. /  En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación de seis (6) meses a dos (2) años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. Al conductor reincidente se le impondrá, además, la cancelación de la licencia para conducir vehículos, por un período de uno (1) a dos (2) años. /  Se impondrá pena de prisión de dos (2) a seis (6) años, a quien por culpa y por medio de un vehículo, haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo las condiciones establecidas para la conducción temeraria, conforme se dispone en los incisos b), c) y d) del numeral 107 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.º 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a cero coma setenta y cinco (0,75) gramos de alcohol por cada litro de sangre. En los casos previstos en este párrafo, al autor del delito se le impondrá una pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos por un período de dos (2) a diez (10) años. /  Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas en el párrafo anterior, el mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos, será de cinco (5) años y el máximo podrá ser hasta de quince (15) años. Cuando se imponga una pena de prisión de tres (3) años o menos, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad, por una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad pública, que podrá ser de doscientas (200) horas hasta de novecientas cincuenta (950) horas de servicio, en los lugares y la forma señalados en el artículo 71 ter de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, Nº 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas». Finalmente, se experimenta un cambio adicional, por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078 del 4 de octubre de 2012, que establece: «Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados. / En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación de seis meses a dos años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. / Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de un año a tres años a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causado lesiones a una persona, encontrándose el autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro. / Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor profesional o un conductor cuya licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años, respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea superior a cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en aire sea superior a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se encuentre bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Ministerio de Salud. /  Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas en los párrafos anteriores, el mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos, será de tres años y el máximo podrá ser hasta de siete años. / Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno” que aparece en la Relación de Puestos del Poder Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad pública, que podrá ser de doscientas horas hasta de novecientas cincuenta horas de servicio, en los lugares y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente».  Como se observa en cada una de las normas se ha mantenido la posibilidad de inhabilitación cuando las lesiones culposas surgen en el desempeño de determinadas actividades, oficios o profesiones y no como una consecuencia automática, ante la comprobación del actuar al margen del deber de cuidado. Pero adicional a ello, hoy día también el legislador previó, la inhabilitación como un imperativo al juzgador cuando el sujeto activo es condenado por un delito de lesiones culposas bajo específicas condiciones, por ejemplo, si al momento del hecho se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas en las concentraciones dispuestas por ley.  En este caso particular, dentro de los hechos tenidos por demostrados no se establece que el imputado Jonathan Mora Angulo al momento de los hechos acusados estuviera bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes (dentro de un rango no permitido por ley) como para imponer la inhabilitación; por ende considero lleva razón el gestionante en su protesta, pues además, he mantenido un concepto de "actividad" mucho más restringido, acorde con los principios de interpretación del Derecho Penal. En el voto Nº 955-2009, de las 10:10 horas del 1 de setiembre de 2009, se exponen esos argumentos, que en lo que interesa dispone: "... en el artículo 128 citado, el legislador distingue dos situaciones diferentes. En la primera parte el párrafo segundo se refiere a la inhabilitación para el ejercicio de la actividad en que se produjo el hecho, y en la segunda, a la cancelación de la licencia para conducir vehículos para el conductor reincidente. De haberse comprendido en el párrafo segundo la inhabilitación para conducir vehículos, cuando el hecho ocurre como resultado de ello, aunque no sea la actividad a la que se dedica el sujeto activo, tendríamos que el párrafo tercero prácticamente saldría sobrando, pues la cancelación de la licencia para conducir vehículos implica la imposibilidad legal de hacerlo, o sea de conducir. Al distinguir la ley entre dos situaciones, la única interpretación que se adecua a ello, es la de considerar que el párrafo segundo se refiere al caso en el que la conducción de vehículos es la actividad, el oficio del sujeto activo, de ahí la mayor rigurosidad de la sanción, al inhabilitársele para ello. Pero cuando el sujeto activo no tiene como actividad u oficio la de chofer, aunque el hecho se produjo al conducir un vehículo, lo que resulta de aplicación es el párrafo tercero del artículo 128 del citado código, que sólo sanciona al conductor reincidente con la cancelación de la licencia por determinado tiempo. (Cfr. Tribunal de Casación, Voto 1999-353, del 3 de setiembre de 1999). Estimamos que dicha interpretación resulta más restrictiva y protectora de los derechos constitucionales del imputado, sobre todo, su derecho de defensa y a ser juzgado conforme al tipo garantía en cuanto a la pena, derivación indiscutible del principio de legalidad en materia penal. Esa misma posición se ha sostenido en fallos posteriores, en donde se ha dicho que '... aun cuando en efecto el legislador dispuso que la pena de inhabilitación se impone cuando las lesiones se producen con ocasión a la "actividad" realizada, no significa que esta consecuencia se debe ordernar (sic) en todos los casos y con respecto a cualquier actividad de la que se deriva la lesión.  El concepto de actividad que aquí se utiliza, en criterio de esta Cámara, no es amplio (ni podría serlo), sino que es restrictivo.  Tiene que ser entendido e interpretado, como suele decirse, dentro de la inteligencia o espíritu de la norma.  En otras palabras, dentro de lo que el legislador pretendió sancionar con la pena accesoria de inhabilitación en estos casos.  Para esto, basta con observar que, previo al uso de la palabra "actividad", en la norma se hace referencia a otras palabras como "profesión", "oficio" o "arte", que hacen alusión a acciones que implican continuidad o reiteración en el tiempo, así como a una labor, trabajo u ocupación habitual, y de las que, por esta característica, existe la posibilidad de que el hecho se pueda repetir o cometer nuevamente.  Sobre este particular, puede verse de este Tribunal la resolución No. 965 de las 11:00 horas del 29 de noviembre del año 2002, en donde se señala que, a efectos de imponer la pena de inhabilitación, se requiere determinar que la actividad realizada por la persona acusada debe implicar una habitualidad y forma de trabajo o labor, y no para cualquier actividad (en sentido contrario puede de este Tribunal el voto No. 325 de las 10:00 horas del 26 de abril del año 2002).  Además, unido a lo anterior, se considera que este criterio es adecuado en el tanto la aplicación de esta consecuencia correspondería únicamente a los supuestos que se encuentran comprendidos, según lo dispuso el legislador, para la pena de inhabilitación especial, conforme lo indica el artículo 58 del Código Penal, en relación con el 59 de este cuerpo legal (que regula la inhabilitación absoluta).  En lo que interesa, en esta última norma, se señala expresamente que la inhabilitación especial, consistirá, entre otras posibilidades, en la "incapacidad para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe" la persona responsable del hecho.  Esto significa que, al mencionarse la palabra "desempeñe", la privación o restricción de un derecho o función, como lo sería la profesión, oficio, arte o actividad de una persona, solo procederá con respecto al actuar que implique o conlleve continuidad y permanencia dentro de un trabajo, labor u ocupación. No en vano, por ejemplo, entre las diferentes voces de la palabra "desempeñar" se habla, según el Diccionario de la Lengua Española, de "Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio, ejercerlos", o bien, de "actuar, trabajar, dedicarse a una actividad" ("Diccionario de la Lengua Española", de la Real Academia Española, Editorial Espasa, Vigésima Segunda Edición, Madrid, España, año 2001, p. 778), entendida en este sentido actividad, como el "conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad" (Ibídem, p. 38, tal y como se explica en el voto No. 965-2002). Bajo esta tesitura, no se comparte el criterio amplio que utiliza el Juzgador en la causa al indicar que podría tratarse de cualquier actividad, entendida incluso ésta como "mera actividad" (Tribunal de Casación Penal, resolución número 2006-544 de las 10:25 horas del 2 de junio de 2006).'.»  En razón de lo indicado, salvo el voto, declarando con lugar el recurso de casación formulado por el licenciado González Zamora, revocando la inhabilitación dictada por el Tribunal de instancia, para la conducción de vehículos por seis meses.   Sandra Eugenia Zúñiga M.(Mag. Suplente)  JMELENDEZ