Resolución 00143-2013

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, cuya pretensión fue ajustada en la audiencia

preliminar, para que en sentencia se declare: “a) …la nulidad

absoluta de la resolución R-DCA.502 de las 10:00 horas 25 setiembre de 2008,

adoptada por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría

General de la República, debido a que admitió a trámite de los recursos de

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública

2008LN-000001-1142 promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en clara

violación del artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, ya que no

fueron presentadas con las impugnaciones las pericias que exige dicho numeral. b)

Declarar que la resolución R-DCA-671-2008 de las 13:00 del 19 de diciembre

de 2008. emitida por la División de Contratación Administrativa de la

Contraloría General de la República, es absolutamente nula por violatoria de

los principios de eficiencia y eficacia, y viola abiertamente los principios de

proporcionalidad y razonabilidad, y en ese sentido la anulación de la

adjudicación a favor de Ortopédica Biomet Costa Rica S.A. fue arbitraria e

ilegítima. c) Que se declare la nulidad absoluta del oficio

GL.15-640-2009 mediante el cual la Gerencia de Logística de la Caja

Costarricense de Seguro Social readjudicó a favor de la empresa Eurociencia

S.A. la Licitación Pública 2008LN-000001-1142. d) Que se declare la

nulidad absoluta del contrato C-5473-2009 suscrito entre la Caja Costarricense

de Seguro Social y la empresa Eurociencia S.A. para cmplir con el objeto del

proceso licitatorio 2008LN-000001-1142. Subsidiaria. Que en caso que los

mecanismos cautelares no operen en tiempo para impedir la anulación ilegítima

de la adjudicación de la indicada Licitación Pública ni su exclusión como

potencial adjudicataria, debe declarase que la resolución impugnada es

absolutamente nula y que como consecuencia, deben resarcirse a mi representada

el lucro cesante del contrato de la adjudicación ilegítimamente anulada, losa

daños y perjuicios, y los intereses sobre esas sumas, contabilizados a partir

del momento de la actuación ilegítima impugnada. Que la condena sobre estos

extremos debe hacerse en abstracto, quedando su liquidación para la etapa de

ejecución de sentencia, como lo permite el artículo 163 del Código de rito.”

La parte

demanda contestó negativamente. El representante estatal opuso las excepciones

de falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y activa, falta de

interés actual, prescripción y caducidad. Por su parte, los apoderados de la Contraloría

opusieron las de litis consorcio necesario y falta de derecho. La apoderada de

la Caja interpuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación

pasiva. El apoderado de Eurociencia opuso las de acto no susceptible de

impugnación, acto consentido, falta de agotamiento de la vía administrativa y

defectos en la demandada que no permiten verter pronunciamiento sobre el fondo

(las que fueron rechazadas en audiencia preliminar).

Se señalaron las 9

horas 20 minutos del 13 de agosto de 2010, para llevar a cabo la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la

palabra los representantes de ambas partes. En esta se aclaró la pretensión.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrada por la Jueza

Grace Loaiza Sánchez y los Jueces Eduardo González Segura, David Fallas

Redondo, en sentencia no. 132-2010 de las 11 horas 30 minutos del 2 de marzo de

2011, resolvió: “Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva

opuesta por el Estado. Se rechaza la defensa de caducidad opuesta por

Eurociencia Costa Rica S.A. Se rechazan las excepciones de falta de

legitimación pasiva y activa opuestas, falta de interés actual y falta de

derecho opuestas por los restantes demandados. Se declara con lugar la demanda.

Se anulan las siguientes conductas administrativas:

Resolución N°

R-DCA-502-2008 dictada por la Contraloría General de la República.

2)

Resolución N° R-DCA-671-2008 dictada por la Contraloría General de la

República.

Oficio N° GL-15-640-2009 emitido por la Caja Costarricense de

Seguro Social.

Contrato administrativo N° C-5473-2009 suscrito entre la Caja

Costarricense del (sic) Seguridad Social y Eurociencia Costa Rica S.A.

Son ambas costas de esta acción a cargo de los demandados condenados. Se exime

al actor del pago de ambas costas respecto del Estado.”

5.-

Todos los representantes de las partes formulan sendos recursos de

casación indicando las razones en que se apoyan para  refutar la tesis del

Tribunal.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley. En la decisión de este asunto participó la magistrada suplente Fernández

Brenes.

Redacta la magistrada LeónFeoli

I.-

La

Caja Costarricense del Seguro Social (en lo sucesivo abreviado como CCSS) abrió

una licitación pública para la adquisición de reemplazos de cadera, en la que

participaron, entre otros, las empresas Eurociencia S.A., EOS S.A. y Biomet

S.A., y en la cual resultó adjudicataria esta última. Inconformes, las restantes

oferentes impugnaron el acto de adjudicación ante la Contraloría General de la

República (en adelante CGR), la cual revocó la adjudicación por considerar que

la plica de Biomet no cumplía con lo solicitado en el cartel, declarándola, al

mismo tiempo, como inelegible. Ante ello, Biomet S.A. formuló este proceso para

que, en lo medular y según el ajuste de pretensiones realizado en la audiencia

preliminar, se declare la nulidad de los oficios R-DCA-502-2009 y

R-DCA-671-2009. En el caso del primero, por considerar que los recursos

formulados en sede administrativa no cumplían con los requerimientos de

admisibilidad, por lo que debieron haber sido rechazados, y el segundo, por

cuanto la anulación de la adjudicación a favor de Biomet resulta contraria a los

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, requiere se anule la

readjudicación a favor de Eurociencia (oficio GL.15-640-2009) y el respectivo

contrato C-5473-2009. En forma subsidiaria, pidió el resarcimiento del lucro

cesante, los daños y perjuicios y los intereses sobre dichos montos. Todos los

demandados (CCSS, CGR, el Estado y Eurociencia) contestaron en forma negativa e

interpusieron la excepción de falta de derecho. Se formuló, además, la de falta

de legitimación, activa y pasiva por parte de la CCSS y la representación

estatal, a la cual, esta última, adicionó la de falta de interés. Por su parte,

Eurociencia, junto con las anteriores defensas, alegó las de acto no

susceptible de impugnación, falta de agotamiento de la vía administrativa, acto

consentido y defectos que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo. El

Tribunal acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el

Estado, declaró con lugar la demanda y anuló las resoluciones mencionadas, el

oficio GL-15-640-2009, así como el contrato C-5473-2009. En cuanto a las

costas, dispuso que los demandados que fueron condenados las debían asumir pero

eximió al actor respecto de las del Estado. Todos los accionados plantearon

recurso extraordinario de casación.

En etapa de

admisibilidad, esta Sala rechazó el recurso interpuesto por Eurociencia debido

a que fue presentado en forma extemporánea y se admitieron los formulados por

la CGR, la CCSS y el Estado. Ahora bien, de un análisis detallado de los

agravios esbozados por la representación legal de la entidad descentralizada y

por la Procuraduría General de la República, se puede observar que ambos se

dirigen a cuestionar la condena en costas dispuesta en la sentencia, lo cual

hacen con base en razones similares. En virtud de lo anterior, se analizarán en

forma conjunta, a efectos de evitar reiteraciones o remisiones innecesarias en

la sentencia.

Recurso de la Contraloría General de la República

En su único

agravio, aunque con distintas subdivisiones, inicia criticando que la sentencia

sustentara toda su motivación en el hecho de que, durante el trámite

impugnaticio, no fueron aportados los criterios técnicos suficientes, según lo

preceptúa el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante, referido

como LCA), y que por lo tanto, las apelaciones eran inadmisibles. Afirma, se

pretirió prueba y se aplicaron en forma errónea normas legales, se dejaron de

aplicar otras y se motivó indebidamente el fallo, por lo que plantea su recurso

según los incisos a, b, c y d del artículo 138 del CPCA. Recrimina que el

Tribunal “no comprendió la resolución 502-08 y además no tomó en cuenta y/o

no le dio el debido valor probatorio a todos los criterios técnicos “internos”

y “externos” que eran parte de las apelaciones presentadas ante el órgano

contralor.” Explica la diferencia entre un error de hecho y un error de

derecho, y agrega que el artículo 88 de la LCA fue reglamentado para precisar

cómo debe ser entendido y aplicado, ya que la norma legal no indica las

características que deben presentar las motivaciones o criterios técnicos junto

con la impugnación. A partir de los numerales 178 y 183 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, destaca que el análisis de admisibilidad va más

allá de exigir un criterio técnico formal adjunto a la apelación, contrario a

lo que indicó el Tribunal. Detalla, la regulación infralegal utiliza el vocablo

“procurar”, por lo que el órgano competente puede detectar aquellas gestiones

cuya inadmisibilidad sea prácticamente evidente. Arguye, los estudios de la

CCSS, los cuales versan tanto sobre aspectos técnicos como elementos

fáctico-técnicos, como la aplicación de la fórmula para calcular el puntaje,

fueron rebatidos en forma razonada por EOS y Eurociencia. Por ello, al

referirse el recurso sobre otros puntos, la CGR se encontraba imposibilitada de

rechazar los recursos. Manifiesta, según la disposición 177 del RLCA, cuando se

pudiere presentar la totalidad de los estudios técnicos en el momento de la

apelación, esto deberá acreditarse en el procedimiento y luego se harán llegar,

tal y como sucedió, según dice, en el presente caso, ya que la resolución

502-08 resolvió que se les diera acceso a las muestras para que luego aportaran

el criterio técnico. Cuestiona la conclusión del Tribunal en cuanto a que ambas

apelaciones adolecían de motivaciones técnicas. Auna, si en la sentencia solo

estaba referenciando el recurso de Eurociencia, así se debió motivar, lo que no

ocurrió. Posteriormente, analiza ambas impugnaciones a efectos de demostrar que

sí cumplían con el requerimiento exigido, iniciando por el de EOS. Remite a los

folios 55 y 61 del expediente administrativo de la CGR. Señala que los técnicos

de EOS realizaron explicaciones técnicas de manera que fueran fácilmente comprensibles

por los funcionarios del órgano contralor, explicadas en un lenguaje coloquial,

no médico, entendible para los operadores jurídicos y no jurídicos del jerarca

impropio. Además, manifiesta, se aportaron criterios técnicos de especialistas

que no forman parte del grupo económico CEFA, como lo son los rendidos por el

Dr. Montero y el Dr. Oreamuno, siendo que estos no fueron analizados en forma

detallada por el Tribunal. Reprocha, se resolvió el asunto bajo un criterio de

la “nulidad por la nulidad misma”, lo que transgrede los principios

constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, así como el denominado “pro

accione”. Se desconoce, dice, la noción antiformalista de la contratación

administrativa, así como las máximas jurídicas de eficacia y eficiencia que

regula el artículo 4 de la LCA. Menciona diversas resoluciones tanto del

Tribunal Contencioso, como de las Sala Primera y Constitucional.  También

cita los numerales 221, 222, 224, 225, 260, 269, 292, y 304 de la LGAP, en

relación con el citado principio antiformalista. Acusa, el Tribunal buscó una

innecesaria y desproporcionada formalidad externa, lo que generó otro vicio de

motivación de la sentencia en aplicación de los preceptos 57, 119, 122 y 220

del CPCA en concordancia con las disposiciones 153 del Código Procesal Civil y

136 de la LGAP, todo de conformidad con los incisos a, b, c y d del artículo

138 del CPCA. Según destaca, con base en lo anterior, acredita una indebida

valoración de la prueba por parte del Dr. Montero, ya que le restaron valor

probatorio debido a que emitió el criterio de manera particular, sin que le

fuera solicitado por el órgano competente de la CCSS y porque, además, no lo

hizo como miembro del Comité Técnico de Ortopedia y Traumatología de dicha

entidad, el cual integra. Se manifiesta inconforme con el argumento del

Tribunal en cuanto a que, si la licitación es de la CCSS, el apelante tiene la

obligación de aportar un criterio de una comisión de dicho ente. Narra, luego

de que se hicieron llegar los criterios técnicos sobre las muestras, según se

resolvió en el acto 502-08, se generaron gestiones y oficios entre los

apelantes y la CCSS según consta en los folios 345, 363 a 365, 584 a 591 y 594

a 605 del expediente de la CGR para que finalmente hicieran llegar los

criterios técnicos sobre las muestras, los cuales ni siquiera fueron

mencionados por el Tribunal, lo que aduce como un error en la motivación, y

concluyó erróneamente el incumplimiento del artículo 88 de la LCA. Vuelve a

mencionar el criterio del departamento de ventas institucionales e industria y

del Dr. Oreamuno para acusar una preterición de prueba. En cuanto al recurso

administrativo de Eurociencia, la representación legal de la CGR expone los

distintos alegatos formulados contra la oferta adjudicada, los cuales no se

limitaron a la forma del tallo en su porción distal. Sobre este punto, arguye,

“queda evidenciado que la admisión del recurso de apelación de EUROCIENCIA,

iba mucho más allá que el recurso se hiciere acompañar (desde su presentación)

o no de un formal criterio técnico para acreditar el incumplimiento de la

oferta de BIOMET con respecto a la forma del tallo que exigía el cartel.”

Destaca, la sentencia se sustentó en una lectura formalista del artículo 88 de

la LCA, por lo que se acredita, dice, un vicio de motivación del fallo. Alega

que el recurso se encuentra sustentado por un criterio técnico, no emitido por

el señor Acevedo, sino por un técnico de la materia de las prótesis de

reemplazo de cadera. Se aportaron, manifiesta, criterios del Dr. D.J.W. Mc

Minn, cirujano ortopedista experto y consultor en la materia, de un ortopedista

que forma parte del Real Hospital de Ortopedia del Reino Unido y del Hospital

Birmingham Nuffield del Reino Unido, así como de Taperloc, todos los cuales

fueron preteridos. Agrega, el señor Acevedo, como economista, podía elaborar

criterios técnicos en temas como la debida calificación de las ofertas y los

puntajes obtenidos en las tablas de ponderación. Reitera la existencia de un

vicio en la motivación de la sentencia, toda vez que el Tribunal sustentó su

fallo en que el artículo 88 de la LCA obliga a tomar la decisión de

admisibilidad en ese único momento, lo que genera la nulidad de lo actuado, lo

que no se ajusta a las normas citadas en cuanto al momento en el cual se puede

realizar un pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso, lo cual liga a

un quebranto de normas sustantivas. Acota, el recurso versaba, además del

indicado aspecto técnico, sobre los puntajes en el precio, publicaciones,

experiencia clínica, entre otros, sobre los cuales sí estaba el sustento

técnico, lo que obligaba, por solo esta circunstancia, a admitir la

impugnación. Critica, en aplicación del artículo 177 del RLCA, que los

apelantes indicaron que requerían las muestras que formaban parte del

expediente administrativo para esgrimir todos sus argumentos, acceso que se

autorizó mediante la resolución 502-08, circunstancia que no fue valorada por

el Tribunal. Aduce, se incurrió en un error en la motivación en cuanto a todas

las circunstancias relativas al resto de normas legales y reglamentarias que

son de obligada aplicación para cada análisis de admisibilidad que lleva a cabo

la CGR, y en que no valoró la prueba documental admitida en la segunda parte de

la audiencia preliminar. En otro orden de ideas, plantea que el excesivo

formalismo quebranta el parámetro de proporcionalidad, razonabilidad y lógica.

En cuanto a los primeros, afirma que las consideraciones formuladas no pueden

ser consideradas como necesarias o idóneas. Arguye, “entender que el

artículo 88 de la LCA le impone a la CGR rechazar en admisibilidad el recurso

en caso de no venir acompañado de un dictamen o estudio formal, significaría

que, por una omisión del apelante, la CGR se vería inhabilitada a ejercer sus

competencias de fiscalización respecto al proceso de contratación que se trate

[…] aunque considere que existe motivo suficiente para conocer el fondo del

asunto […]”

De manera subsidiaria,

endilga una violación directa de ley. Cuestiona la interpretación brindada al

numeral 88 de la LCA por considerar que vulnera el principio de legalidad al ir

más allá de lo que su texto establece. Alega, el vicio también se genera debido

a que se produce una “restricción desproporcionada al derecho a la salud

constitucional que tienen los asegurados que esperan desde hace muchos años la

ansiada cirugía de cadera para mejorar un poco su deteriorada calidad de vida.”

Dice, el fallo debió fundarse en los artículos 33, 21, 41, 182, 183 y 184 de la

Constitución Política, así como el 1, 8, 9, 10, 11, 17, 28, 20, 37 y

concordantes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

además de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. De igual forma, menciona

los preceptos 4, 5, 6, 42, 85, 86 y concordantes de la LCA y 51, 52, 84, 174,

177, 178, 179, 180 de su Reglamento. Analiza de manera general al concepto de

la discrecionalidad administrativa, para afirmar que tanto la Constitución como

las leyes remiten la verificación de su buen uso en contralores como la CGR “porque

lo que importa es la satisfacción de alguna meta preestablecida” como la

vigilancia de la Hacienda Pública. Se refiere al principio de legalidad, para

lo cual recurre a autores extranjeros y realiza una disertación en cuanto a lo

que ha de entenderse por este, aclarando que no se debe limitar a lo que

establece la norma. Dice, “se ha superado la concepción del principio de

legalidad entendido desde una perspectiva normativa, convirtiéndolo en una

categorización más amplia que comprende en ese silogismo a todos los

componentes visibles e invisibles de la regularidad sustancial” y propugna

lo que denomina “una interpretación ontológica en la dialéctica

norma-realidad, en la que no puede desecharse la moralidad pública como una

parte sustancial del mecanismo…” De conformidad con el numeral 16 de la

LGAP, destaca, la CGR puede valorar en forma casuística si es estrictamente

necesario contar con el insumo de un formal criterio técnico, como actuación

del principio de proporcionalidad. Señala, en el presente caso, Biomet no logró

acreditar que su oferta cumpliera el cartel, por lo que no era necesario

solicitar un criterio técnico-médico para poder referirse a ese incumplimiento.

Incluso, arguye, Biomet reconoció tácitamente que no cumplía el cartel en un

100%, el cual no objetó. Agrega, la CGR podía resolver las apelaciones luego de

un serio, exhaustivo y concienzudo análisis del cartel y la oferta del

adjudicatario. Hace referencia a un antecedente del Tribunal emitido en lo que

considera un sentido contrario, lo cual genera el quebranto del principio de

seguridad jurídica. Lo recién expuesto, concluye, también genera una

insuficiente e incorrecta motivación de la sentencia.

El recurso del órgano

contralor plantea en forma confusa y desordenada un sinnúmero de argumentos,

así como diversos motivos, todos entremezclados, lo que hace difícil su

distinción a efectos de una adecuada separación y estructuración. Muestra de lo

anterior es la referencia conjunta de los incisos a, b, c y d del artículo 138

del CPCA como fundamento del recurso planteado, la cual es realizada respecto

de buena parte de los alegatos. Al margen de lo anterior, lo cierto es que las

inconformidades del casacionista pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

a) indebida valoración de la prueba debido a que, en la especie, las

apelaciones presentadas ante la CGR resultaban admisibles, además de que sí

contenían los estudios técnicos exigidos en la normativa; y, b) la oferta

adjudicada originalmente incumplía el cartel, lo cual era evidente, de lo que

deriva la improcedencia de solicitar un criterio técnico. De igual forma, si

bien se menciona el tema de la falta de motivación, esta parece estar ligada

como un argumento tangencial a la validez de los anteriores aspectos y no

realmente como un motivo de índole formal. Si bien los argumentos jurídicos

esbozados resultan profusos y variados, lo cierto es que todos ellos se dirigen

a sustentar alguna de estas dos tesis, por lo que la presente resolución se

abocará a tales extremos. Empero, para dichos efectos, es necesario referirse,

como punto de partida, a las consideraciones realizadas por el Tribunal para

acoger la demanda incoada. En primer término, en cuanto a la interpretación del

numeral 88 de la LCA, afirma que su redacción imperativa, unida al hecho de que

el precepto fue reformado en tal sentido, lleva a los juzgadores de instancia a

concluir que los criterios técnicos a que refiere la norma constituyen un

requisito esencial de admisibilidad, que como tal, no es subsanable. Lo anterior

deriva, según el fallo impugnado, en la existencia de un vicio sustancial del

procedimiento, el cual genera la nulidad de la resolución R-DCA-502-2009 en la

que se admitieron los recursos de apelación formulados por EOS y la

R-DCA-671-2009, la cual dispuso la anulación de la adjudicación y exclusión del

adjudicatario. Esto genera, en la óptica del Tribunal, la nulidad no solo de

dicho acto de trámite, sino también de todas las resoluciones posteriores, en

particular la R-DCA-671-2009. No obstante lo anterior, esta última fue

analizada en cuanto a sus elementos constitutivos, concluyendo que también

adolecía de una disconformidad con el ordenamiento jurídico, y ajena al

problema anteriormente planteado. Ello por cuanto se expuso que el acudir a

criterios técnicos para rebatir la opinión de los expertos adquiere una

connotación de principio general en esta materia, al tiempo que aduce una

infracción a las máximas de razonabilidad y proporcionalidad en el actuar de la

CGR en la medida en que se apartó de la necesidad de contar con criterios

técnicos y científicos para resolver las apelaciones, haciendo una lectura

propia de los requisitos cartelarios. Sobre este punto, aúna, el argumento

planteado en sede jurisdiccional sobre el incumplimiento relativo al tallo

femoral no es atendible, en la medida en que se prescindió de la prueba

ofrecida originalmente, y en consecuencia, se carecía de los insumos necesarios

para valorar tal extremo.

A partir del anterior

recuento, se puede observar que dos puntos identificados del recurso, así como

los basamentos de la sentencia cuestionada, se agrupan en torno a la nulidad

decretada de cada uno de los actos citados, a saber R-DCA-502-2009 y

R-DCA-671-2009, lo que obliga a analizarlos en forma separada, y en el orden indicado,

sea, iniciando con el acto de trámite para luego proceder al estudio del acto

definitivo. Así, el primer punto que debe analizarse es la interpretación

realizada por el Tribunal en torno a los efectos del artículo 88 de la LCA, el

cual indica: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento

de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a

la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y

estudios emitidos por profesionales calificados. / En los casos en que se

apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra

las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y

cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de

adjudicación estará precluída.” (el subrayado es suplido). Sobre este

punto, los juzgadores de instancia sostuvieron que se trataba de un requisito

de admisibilidad esencial de las impugnaciones, el cual es insubsanable, y que

fue incumplido por los apelantes ante la CGR, ya que no acompañaron sus

reclamos de estos criterios técnicos. Se trata, desde esta óptica, de un vicio

procedimental. No obstante lo anterior, esta Cámara discrepa de la forma en que

se aplicó en la especie el precepto mencionado. De la norma recién trascrita,

ciertamente se colige el deber del recurrente de fundamentar adecuadamente su impugnación,

haciendo particular énfasis en los supuestos en que se cuestione la valoración

de aspectos técnicos, en cuyo caso, la norma exige la presentación de criterios

emitidos por profesionales calificados. La razón de ser de esta disposición es,

sin duda, que las apelaciones se sustenten en elementos técnicos con base en

los cuales se contradiga lo actuado por la Administración contratante al

momento de valorar las ofertas, especialmente cuando se trata de cuestiones

cuya apreciación supone cierto grado de experticia. Con esta medida, se

pretende evitar la necesidad de entrar a conocer recursos formulados sobre la

base de meras inconformidades genéricas, sin precisar en qué radica el vicio

alegado. Tratándose de cuestiones de índole técnica, el deber de fundamentar el

recurso en materia de contratación administrativa (art. 88 LCA) supone la

incorporación de los elementos de juicio de carácter objetivo que llevan a la

parte a considerar que la Administración incurrió en un yerro al momento de

apreciarlos, de ahí la exigencia impuesta. Ahora bien, el punto medular del

recurso, según se indicó, se circunscribe a determinar si este requerimiento se

cumplió o no en el presente caso. Un primer aspecto que debe señalarse en

atención al planteamiento de la CGR es que resulta inconducente el alegato

formulado en el sentido de que las apelaciones, al contener otros

cuestionamientos –como la aplicación de las fórmulas- debían ser conocidas. Si

bien la afirmación como tal encuentra asidero en la normativa, lo cierto es que

ello nada dice en cuanto a si los cuestionamientos objeto de debate en este

proceso cumplían con los requisitos fijados, toda vez que la admisión puede ser

total o parcial; en otros términos, dicho análisis recae sobre cada agravio en

forma individual. Aunado a lo anterior no puede omitirse que la CGR acogió el

recurso, en buena medida, por cuestionamientos relativos al tema del

incumplimiento del cartel. De igual forma, parte de la argumentación de la CGR

se encuentra encaminada a señalar que la etapa inicial de admisibilidad

constituye una valoración preliminar, sin perjuicio de que en un estadio

posterior se determine que un asunto, admitido para trámite, no cumpla con los

requerimientos exigidos, y por tanto, sea rechazado de plano. Empero, ello resulta

irrelevante, ya que tales argumentaciones atienden al momento en que puede

realizarse dicho pronunciamiento, pero nada dice en cuanto a la admisibilidad o

no de los recursos, punto central del presente proceso.

Aclarado lo anterior,

conviene referirse a la indebida valoración de la prueba acusada, en la cual,

se aduce la preterición, entre otros documentos, del mismo escrito en que se

planteó la impugnación vertical ante la CGR por parte de Eos y Eurociencia.

Analizados ambos documentos en el expediente administrativo, se llega a la

conclusión de que estos fundamentan sus inconformidades en cuanto a que la

oferta de Biomet no cumple con las exigencias del pliego de condiciones. Esto,

por cuanto explican las razones sobre las cuales pretenden demostrar el yerro

en que incurrió la CCSS al adjudicar esta licitación, destacando que la plica

no corresponde con lo solicitado en el cartel en los ítems 1 y

Debe

destacarse que desde la óptica de los recurrentes en sede administrativa, el

vicio alegado se expuso sobre la base de la literalidad de la oferta y el

cartel. En este orden de ideas, y según lo expuesto en el considerando

anterior, el requisito de admisibilidad a que se ha hecho referencia resulta

aplicable cuando la discusión verse sobre los criterios técnicos aplicados por

la Administración adjudicante, o cuando sean imprescindibles para el correcto

entendimiento de los agravios expuestos. El exigir preliminarmente una pericia

o criterio externo como elemento de admisibilidad, como parece desprenderse de

la sentencia impugnada, excede los términos y la interpretación del numeral 88

de la LCA, ya que, como se indicó en las líneas anteriores, el requisito tiene

por finalidad que, en materias técnicas, la apelación contenga criterios, de la

misma naturaleza, que permitan determinar un vicio en la valoración de las

ofertas. Por la particularidad de ciertos objetos contractuales, el análisis

supone un conocimiento especializado a efectos de valorar la inconformidad

contra el acto de adjudicación, y por ende, contra el estudio que le sirvió de

base. No obstante, no debe entenderse que la exigencia sea un insumo externo,

ya que bien puede resultar que el oferente cuente con la experticia necesaria

para ofrecer tal opinión especializada, máxime cuando se trata de productos que

comercializa, como sucede en la especie. Lo anterior, claro está, sin perjuicio

de que la parte decida aportar el criterio de un

En este sentido, esta

Cámara considera que las impugnaciones cuentan con una fundamentación adecuada

en función de los alegatos específicos que fueron esbozados, resultando claro

en qué consiste el yerro en el cual, según alegan, incurrió la CCSS; a saber,

adjudicar un bien distinto al solicitado. Así las cosas, lleva razón la

representación legal del órgano contralor en cuanto a que los recursos

planteados por EOS y Eurociencia cumplían, en lo que atañe al punto de interés

en el presente asunto, con el requisito establecido en el artículo 88 tantas

veces citado, y por lo tanto, no se aprecia la patología endilgada que afecte

la validez del oficio R-DCA-502-2009 (el que resuelve la admisión de las

impugnaciones). Ello obligaría a anular el fallo en cuanto a este extremo,

omitiendo pronunciamiento sobre los restantes argumentos esbozados en torno a

este punto.

Resta ahora analizar

la anulación de la resolución R-DCA-671-2009 (la que acoge los recursos

interpuestos en sede administrativa contra la adjudicación) cuestionada por la

CGR, y que el Tribunal sustentó en que dicho órgano contralor omitió solicitar

criterios técnicos para resolver las apelaciones. Sobre este punto –necesidad

de contar con valoraciones científicas o especializadas-, conviene señalar que

la Administración, al resolver, debe hacerlo considerando todas aquellas

razones fácticas, jurídicas y científicas o técnicas (relación de los numerales

16, 133 y 158.4 LGAP) que incidan en la decisión. Es decir, el motivo del acto

debe contemplar todas aquellas cuestiones que en forma directa o indirecta

conformen el presupuesto de hecho de la norma y que deban de ser consideradas

por el órgano decisor a efectos de que este pueda realizar el proceso de

subsunción normativa de los hechos, determinando el cuadro fáctico que puede

ser acreditado, y a partir de este, la consecuencia jurídica que definiría el

contenido del acto. Así, dentro de los aspectos a valorar, se encuentra lo

prescrito por el ordenamiento jurídico en cuanto a que “en ningún caso

podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”

(art. 16 previamente citado). Es decir, en la medida en que sea atinente para

el objeto respecto del cual se va a dar la manifestación de voluntad del órgano

competente, tales valoraciones se imponen como obligatorias. Esto supone que en

ciertos casos, la determinación del motivo del acto administrativo requiere la

incorporación de conocimientos especializados, ya sea según la experticia y

formación de los funcionarios públicos encargados de resolver, o bien, con base

en profesionales externos que suplan dicha necesidad, aportando los insumos

necesarios para resolver el asunto concreto. No en vano, la LGAP consideró

tales aspectos como parámetros de legalidad, cuyo incumplimiento, además,

genera una patología cuyo efecto es la supresión de la conducta, tal y como

expresamente lo indica el precepto 158 de previa cita. En este sentido, esta

Sala señaló en un antecedente que el pronunciamiento que dicte aquella sobre la

admisibilidad de una inconformidad “siempre debe estar debidamente

fundamentado; por una parte, con apoyo de un criterio técnico cuando, por la

naturaleza del requerimiento cartelario y la calificación que sobre el

particular hace la propia Administración, resulta indispensable, y por otra,

cuando desiste de ese sustento.” (fallo 258-F-S1-2010 de las 14 horas del

18 de febrero de 2010). Lo anterior, al margen del cuadro fáctico de dicho

precedente, resulta, por mayoría de razón, plenamente aplicable a la revisión

del acto de adjudicación cuando sea necesario en atención a la materia o a los

alegatos de las partes involucradas (lo que incluye a la Administración

licitante). Dicho en otras palabras, para efectos de resolver en forma debida

un cuestionamiento técnico, resulta indispensable para la Administración contar

con insumos de esa naturaleza, y al mismo tiempo, plasmar dichos elementos en

la motivación del acto.

Establecido lo

anterior, es preciso referirse en este punto al recurso de la CGR, la cual

aduce que en el caso particular, la valoración técnica resultaba ociosa, toda

vez que se trataba de la mera constatación de la disconformidad entre el pliego

de condiciones y la plica presentada por la empresa Biomet. Dado que el

Tribunal sustentó su decisión sobre la nulidad del acto R-DCA-671-2009 en el

hecho de que se prescindió de los necesarios criterios técnicos para resolver

el punto, conviene entonces reseñar el sustento de la decisión adoptada por el

órgano demandado. En sede administrativa, al resolver la fase recursiva, se

dispuso que la oferta de Biomet debía ser catalogada como inelegible debido a

que “la ficha técnica establecía una característica particular (la forma del

tallo debía ser cilíndrica en su porción distal), sin perjuicio

que se permitiese que la forma del tallo fuese cilíndrica o cónica, siendo que

al cumplir la ficha técnica, la función del pliego cartelario en esta compra,

en concordancia con los principios de seguridad jurídica, transparencia e

igualdad, las especificaciones técnicas deben ser aplicadas de forma igual para

todos los participantes, lo cual no se observa en el caso de marras, pues no se

logra acreditar por parte del adjudicatario y de la C.C.S.S. que BIOMET ofrece

un producto con la característica específica contemplada en la ficha técnica,

siendo que no es este el momento procesal para genera interpretaciones del

cartel que permitan ofertar la combinación o no de los requisitos cartelarios.

Por lo anterior, siendo que ni el adjudicatario ni la Administración lograron

acreditar que la oferta adjudicada cumplía con el requisito cartelario ya

referido, habiendo hecho interpretaciones que no se generan de la literalidad

del cartel y existiendo de por medio una oferta que a la hora de describir su

producto, no se ajustan a la totalidad de las características señaladas por la

ficha técnica, se declara con lugar el recurso en este extremo.” Asimismo,

en cuanto al ítem 2, adujo que “no queda duda que BIOMET tratándose de la

cabeza metal-metal ofertó un único tamaño (38mm), y que respecto a las otras

cabezas de ese ítem se limitó a ofrecer de 28mm a 36mm, con lo cual se incumple

el requisito carterlario exigido al dejarse en descubierto una parte del rango

establecido, lo cual podría poner en perjuicio a la Administración al reconocer

ella misma en la ficha técnica que lo requerido es “para adaptarse a las

necesidades antropométricas de nuestros pacientes””. Como se puede

observar, las apelaciones fueron acogidas, en esencia, sobre la base de una

disconformidad entre la literalidad de la oferta adjudicada y el cartel. Este

argumento resulta coherente con los agravios formulados en los recursos de

apelación de EOS y Eurociencia –los cuales se sustentaban en el mismo argumento

de literalidad-, por lo que, desde esta óptica, podría considerarse que, tal y

como alega el recurrente, el contar con criterios técnicos resulta innecesario.

No obstante lo anterior, tal conclusión es tan solo aparente ya que, en

criterio de esta Sala, la respuesta brindada por la CCSS (oficio UTL-385-2008)

hace surgir precisamente dicha necesidad para apreciar, en su correcta

dimensión si en la especie se cumplen o no las exigencias del cartel, tal y

como de seguido se expone. Con ocasión de la audiencia conferida en sede

administrativa, la Administración licitante manifestó: “Después de revisada

la Ficha Técnica visible en folio 407 que en lo que atañe indica literalmente

lo siguiente: “… la forma del tallo puede ser cilíndrico o cónico…”, aspecto

que no obliga a que dicho componente tenga específicamente esas formas, lo

anterior se justifica técnicamente indicando que lo que se necesita es que el

volumen de diámetro distal sea menor que el diámetro proximal para una mejor

distribución de las fuerzas. Además, en la misma Ficha Técnica literalmente se

indica lo siguiente: “…el extremo distal debe ser en forma de flauta para

disminuir en lo posible la concentración de stress a ese nivel…”, siendo que la

muestra presentada por la casa comercial Ortopédica Biomet Costa Rica S.A.,

tiene forma de flauta en su extremo distal cumple con lo solicitado en el cartel.”

Asimismo, en dicha comunicación se agregó: “En cuanto a los rangos

establecidos para la cabeza femoral, en folio 406 la Ficha Técnica indica: “…de

Cerámica o acero inoxidable compatible con el Tallo Femoral, de diámetro

externo de 28mm a 50mm. con los diferentes off-sets para adaptarse a las

necesidades antropométricas de nuestros pacientes… todos los proveedores deben

de cotizar cerámica y metal, cada uno en su diferente forma…”, de lo anterior

se desprende que los diámetros de la cabeza femoral deben estar dentro del

rango establecido en el Cartel, asimismo se indica que se deben cotizar

cerámica y metal, cada uno en su diferente forma, es decir cada material y

no cada tamaño.” Como se logra colegir de lo recién trascrito, la

Administración contratante ofreció argumentos técnicos en cuanto al porqué lo

ofertado y adjudicado originalmente cumplía con el objeto de la contratación

administrativa. En este sentido, no debe perderse de vista que aún y cuando de

conformidad con el artículo 181 de la LGAP la competencia del contralor no

jerárquico se encuentra limitada por “las pretensiones y cuestiones de hecho

invocadas por el recurrente”, lo cierto es que dicho órgano debe considerar

igualmente los distintos planteamientos esbozados por los involucrados. En materia

de contratación, por las relaciones interadministrativas existentes, y desde el

momento en que se regula como parte del procedimiento el conferir audiencia a

la Administración activa que adjudicó para se refiera sobre los alegatos del

apelante (art. 182 del Reglamento), lo manifestado por esta debe ser valorado

por el Órgano Contralor. Así las cosas, al haberse planteado cuestiones

técnicas que inciden directamente en la resolución del recurso interpuesto

contra la adjudicación a favor de Biomet, y en la medida en que estas aducen

que desde el plano técnico sí se cumplió con las exigencias cartelarias, la CGR

estaba obligada a partir de este punto de resolver con argumentos técnicos, y

no basados en la simple literalidad, lo cual se aprecia que no ocurrió en la

especie, tal y como se ha evidenciado en esta resolución al reseñar el

fundamento de la decisión administrativa que ahora se analiza. Así las cosas,

lleva razón el Tribunal cuando indicó “se considera que efectivamente la

actuación de la Contraloría General de la República incurre en una violación de

los principios de razonabilidad y proporcionalidad aplicables al ordenamiento

jurídico administrativo por cuanto en este asunto, la decisión tomada por la

Administración activa para adjudicar a la empresa actora en un primer momento

se basó en criterios de orden técnico y científico, concretamente en aspectos

que son de resorte de los expertos médicos en el área de la ortopedia y la

traumatología, de manera que la CGR debió tomar la medida que de mejor forma

asegurara el fin legal que justifica su intervención en los procedimientos de

contratación, que es si duda la fiscalización del eficiente y adecuado manejo

de los fondos públicos, y en este caso tomó una medida inidónea e inadecuada

para cumplir ese fin, toda vez que se apartó sin razón válida de la necesidad

de contar con criterios técnicos y científicos en este campo para poder

resolver las apelación presentadas, y en su lugar, decidió de motu propio hacer

su propia lectura de los aspectos establecidos en el cartel, incluso

desconociendo las razones que hizo ver la Comisión Técnica de Normalización y

Compras, Ortopedia y Traumatología en relación con los temas discutidos, que

versaban sobre la forma del tallo femoral y el diámetro de las cabezas femorales

[...] la Contraloría, sin mayores justificaciones, particularmente las

técnicas, decide hacer su propia lectura de los aspectos aducidos por los

apelantes en relación con lo exigido por el cartel y sin contar con otro

criterio técnico que refutara lo decidido por la CCSS según manda el artículo

16 de la Ley General de la Administración Pública. Entró a hacer su

interpretaciones de cuestiones que son materia reservada a los expertos en el

campo, con lo cual su decisión violenta el principio de eficiencia pues

desconoce las razones que desde el punto de vista sustantivo habían definido a

la oferta de la actora como la más conveniente para el cumplimiento del fin

público…”. Aunado a lo anterior, conviene indicar que el planteamiento

expuesto en el sentido de que el adjudicatario y la Administración licitante

debían desacreditar los alegatos de los apelantes no es de recibo. Al respecto

debe valorarse que mediante la impugnación administrativa se cuestiona la

validez del acto emitido por la segunda y que favorece al primero, por lo que

en un correcto entendimiento, sobre estos no pesa carga alguna de demostrar su

conformidad con el ordenamiento jurídico, sino que esto debe determinarse por

el órgano competente bajo los límites impuestos por los numerales 180 y 181 de

la LGAP. En virtud de las razones expuestas, el cargo planteado en torno a la

indebida anulación de la resolución que acogió los recursos interpuestos contra

el acto adjudicatorio (oficio R-DCA-671-2009 impugnado) debe ser desestimado,

manteniéndose el pronunciamiento del Tribunal sobre este extremo.

Recurso del Estado y de la CCSS

La representación

estatal formula un único agravio en el que cuestiona el que se haya

eximido a la actora del pago de costas en relación con el Estado por cuanto no

ha existido motivo suficiente para litigar. Por ello aduce la indebida

aplicación del inciso b) del artículo 193 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, así como la falta de aplicación del párrafo primero de esa

norma. Explica, de conformidad con el punto 5) del numeral 12 del cuerpo

normativo citado, en este caso la demanda debía ser interpuesta únicamente

contra la CGR y la CCSS. No obstante, continua, el proceso se dirigió contra el

Estado, lo que motivó que tuvo que contestar la demanda, medida cautelar,

intervenir en la audiencia preliminar, en el juicio oral y público así como la

interposición del recurso de casación. Todo lo anterior, afirma, le hizo

incurrir en una serie de gastos que deben ser sufragados por la empresa

demandante. Detalla, el Tribunal acogió la excepción de falta de legitimación

ad causam pasiva, por lo que no es posible concluir que la actora tenía

suficiente motivo para litigar respecto al Estado. Por su parte, sobre este

mismo punto, la CCSS, en su único reparo, endilga una indebida

interpretación de los acápites a) y b) del inciso 5 del numeral 12 del CPCA.

Arguye una falta de legitimación pasiva ya que la conducta que se reprocha

corresponde a la CGR en el ejercicio de su competencia constitucional y legal.

Narra que durante el proceso se hizo énfasis en su objeto, respecto del cual se

destacó que no se discutían temas como la idoneidad de las ofertas, la validez

o la fundamentación de los criterios de la Comisión Técnica de Traumatología y

Ortopedia, sino la legalidad del acto mediante el cual se admitió a trámite los

recurso planteados en sede administrativa, así como el posterior análisis y

aceptación del recurso interpuesto por Eurociencia. Luego de hacer una síntesis

de algunos aspectos de la sentencia impugnada, destaca que los juzgadores

incurrieron en un yerro al estimar que era la CCSS, y no el Estado, quien debía

ser demandado conjuntamente con la CGR. Agrega, no se está analizando una

conducta de aquella que “fuese objeto de fiscalización o tutela por parte

del órgano contralor.” Dice, no se puede considerar como demandado, y menos

aún condenar, a un tercero que por efecto reflejo resultó afectado. Considera

que los únicos responsables son precisamente los otros codemandados por el

ejercicio de sus competencias legales y constitucionales. Se refiere a la

actuación del órgano contralor, y cuestiona el argumento esbozado en la

sentencia en cuanto a la falta de legitimación pasiva opuesta según el cual, su

rechazo era procedente por cuanto lo que se dictó en el proceso le puede

afectar. Concluye, en lugar de atribuirle una responsabilidad a la CCSS por la

conducta de la CGR, debió acogerse la defensa planteada. Por ello solicita la

nulidad de la sentencia en cuanto a la decisión mencionada y que en su lugar “en

una correcta aplicación del artículo 12, inciso 5, del Código Procesal

Contencioso Administrativo, se debe acoger dicha excepción en relación a mi

representada y en consecuencia eximírsele del pago de costas, y denegarse

respecto del Estado.”

En criterio de la

representación estatal, no puede afirmarse que existió motivo suficiente para

litigar si, de acuerdo a las reglas procesales definidas en el CPCA, nunca se

le debió de traer como parte al proceso. En este sentido, a efectos de

dilucidar el objeto de la inconformidad –costas-, se hace imprescindible

referirse al tema de la legitimación procesal a que alude el casacionista. En

primer término, se debe indicar que la CGR, por definición constitucional, es

un órgano adscrito al Poder Legislativo (y en ese tanto, integrante de la

Administración Central y del Ente Público Mayor) al cual se le asignó una labor

de fiscalización sobre la Hacienda Pública. Ahora bien, la función

administrativa que desarrolla se manifiesta desde dos vertientes: la primera,

como órgano fiscalizador cuyas competencias se despliegan respecto de otros

órganos o entes que integran la Administración Pública; la segunda, como

administración activa, es decir, en la medida en que sus conductas se vinculen

a su funcionamiento interno. La anterior distinción tiene una proyección

directa en el tema de la legitimación procesal pasiva, y en virtud de la cual

se deben distinguir dos escenarios. El primero de ellos es cuando se impugna la

conducta interna de la CGR actuando como administración activa y no en

ejercicio de su potestad fiscalizadora de la hacienda pública. En este caso, de

conformidad con el artículo 12.1 del CPCA, la demanda debe ser incoada contra

el Estado, bajo la representación de la Procuraduría General de la República.

Al respecto, la norma indica: “1) La Administración Pública autora de la

conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones;

en este caso, se demandará al Estado.”  A partir de lo anterior, se

colige que la CGR, como órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, forma parte

del Ente Público Mayor, y por ende, es en el Estado (en su acepción limitada,

de la cual se excluye a la Administración Descentralizada) en quien recae la

legitimación pasiva. Ahora bien, el segundo supuesto, y que es el que interesa

para la solución del agravio formulado, se refiere a la legitimación pasiva de

la CGR cuando ejercer su función fiscalizadora, en cuyo caso, por tratarse de

una norma especial, el análisis debe partir de lo dispuesto en el numeral 12.5

del CPCA, que al efecto dispone: “Se considerará parte demandada: […]

5)

La Contraloría General de la República: a) Conjuntamente con el Estado, cuando

el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada

con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. / b) Conjuntamente

con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta

administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de

fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública.” Como se puede

observar, ambos incisos, aunque con redacción diferente, se refieren al mismo

tipo de conducta, a saber, la de fiscalización de la Hacienda Pública. No otra

conclusión se logra desprender de un análisis detenido de los supuestos de

hecho que integran las disposiciones dichas. Ciertamente, la competencia

constitucional y legal a que se alude en el primer subinciso no es otra que la

de fiscalización de la Hacienda Pública, comprendida en los artículos 183 y 184

de la Constitución Política y complementada a nivel legal, la cual coincide, en

un todo, con la descripción ofrecida en la segunda parte de la disposición

transcrita. En apoyo a esta interpretación, debe señalarse que de un análisis

de la sintaxis y redacción de la norma, se observa que se utiliza el género

singular, por lo que no podría abarcar la totalidad de las competencias

asignadas mediante ley, ya que para eso se requeriría que la disposición en

comentario hubiera utilizado el plural, a efectos de abarcar el conjunto, y de

esta forma, permitir dicha opción interpretativa. Así, resulta claro que la

única finalidad de inciso quinto del precepto 12 tantas veces citado es

diferenciar quien debe comparecer como parte demanda junto con la CGR por haber

sido objeto de las facultades mencionadas, a saber, el Estado o el ente

descentralizado. A partir de lo anterior, lleva razón la representación estatal

al indicar que, por tratarse de una contratación administrativa de la CCSS, el

Estado no debió haber sido demandado en este proceso, máxime que en ningún

momento se cuestionó un comportamiento que le sea imputable a este como

administración activa. En lo que atañe al tema de las costas, si bien en los

supuestos de una intervención legal obligatoria o cuando el juzgador integra de

oficio un litisconsorcio, resultaría improcedente una condena en costas, este

no es el supuesto que aquí se analiza, según lo ya reseñado. En este sentido,

además de que el Estado no debió ser parte, debe considerarse que en la parte

dispositiva no fue condenado, lo cual conlleva a que la exoneración dispuesta

por el Tribunal y que acá se combate resulte contraria a lo dispuesto en el

numeral 193 del CPCA. Es incompatible considerar que respecto de una parte

existía motivo suficiente para litigar si se llega a la conclusión de que esta,

desde el punto de vista procesal, nunca debió integrar la litis. Todo lo

anterior hace que tenga que acogerse el reproche.

En lo que atañe al

recurso de la CCSS, aún y cuando el desarrollo de su agravio incluye argumentos

relativos con la legitimación procesal (al igual que en el caso de la

Procuraduría) y la ad causam, se insiste en que el motivo de la inconformidad

radica en la condena en costas. Ello resulta claro de su petitoria, que a su

tenor literal indica: “solicito se declare con lugar el recurso de casación

presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social, se anule lo dispuesto

por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia

132-2011, únicamente en cuanto acogió la defensa de falta de legitimación

pasiva opuesta por el Estado y rechazó esta misma defensa respecto de a Caja,

condenando a mi representada en ambas costas y en su lugar, se disponga que en

este caso, en una correcta aplicación del artículo 12, inciso 5, del Código

Procesal Contencioso Administrativo, se debe acoger dicha excepción en relación

a mi representada y en consecuencia eximírsele del pago de costas, y denegarse

respecto del Estado.” En virtud de lo anterior, y entendiendo el reparo

bajo esta óptica, debe señalarse que este resulta informal, toda vez que omite

la cita del numeral 193 del cuerpo normativo citado, la que sería parte

importante de la adecuada y atinente fundamentación jurídica que le es exigida.

Así las cosas, lo procedente es rechazar el cargo.

En razón de lo

expuesto en los considerandos precedentes, el reparo formulado por la CCSS debe

ser rechazado, con la consecuente condena al pago de las costas

correspondientes (numeral 150.3 del CPCA), mientras que los recursos planteados

por el Estado y la CGR deben ser acogidos. El primero, en cuanto a la

imposición de costas mientras que el último únicamente en lo que atañe a la

nulidad declarada del oficio R-DCA-502-2008. En virtud de lo anterior, la sentencia

impugnada debe ser anulada en lo dispuesto sobre tales extremos, y la CGR

deberá resolver nuevamente el recurso considerando los aspectos técnicos

planteados, así como los restantes puntos planteados en la apelación y que no

han sido objeto de pronunciamiento. Fallando por el fondo, se deberá condenar

al actor al pago de las costas correspondientes a la participación del Estado.