Resolución 01266-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, para que en sentencia: "1.- Con lugar la

presente demanda en todos sus extremos

Que el actor emitido por la

Administración, por medio del cual se pretende no cumplir con la prórroga

automática establecida en el contrato número CD-2401-012-2008 y el contrato

número CD-2401-027-2008, debidamente firmado entre las partes, así como todas

las actuaciones conexas, son violatorias al ordenamiento jurídico.

Que los actos dichos deben ser declaradas (sic) nulas (nulas).

Que se restablezca o se declare mi derecho a la prórroga

en los términos pactados por conducta omisiva por parte de la Administración al

no cumplir con los requisitos exigidos en el contrato para poder negar la

misma: los estudios por parte de los encargados en el término perentorio y la

notificación correspondiente, tanto del estudio como la resolución final de los

mismos.

Que se condene a la Administración

a abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar mis

situaciones jurídicas.

Que se obligue a la

administración aplicar al caso que nos ocupa, la misma resolución mediante la

cual se prorrogó de forma automática a la empresa Nonoviga S.A.

7.-

Que sea condenado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con su

conducta. .- Los daños, por haber

resuelto el contrato, los estimo, por ahora, en la suma de ₵100,000,000,oo

(sic) (Cien millones de colones) .- Los perjuicios que consisten

en las utilidades dejadas de percibir, las estimo por de pronto en la suma de ₵50,000,000.oo

(sic) (Cincuenta millones de colones)

Que sea condenada la

Administración al pago de ambas costas de esta acción.

Que se

obligue a la Administración a recobrar plenariamente lo pagado para reparar los

daños producidos, de ser tipificada la conducta de ilegalidad manifiesta en los

términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública.

10.-

Por estar en presencia de una conducta omisiva, solicito se requiere al a

Institución demandada, para que en el plazo de quince días adopte la conducta

debida, según el artículo 35 y 118 del Código Procesal Administrativo.”

La apoderada del ente demandado

contestó negativamente y opuso las excepciones de defectos no subsanados en la

demanda (desistida en audiencia preliminar), falta de derecho y caducidad.

Al ser

las 9 horas 5 minutos del 18 de marzo de 2011, se efectuó la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de

ambas partes.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava, integrada por la Jueza

Sady Jiménez Quesada y los Jueces Alner Palacios García y Carlos Espinoza Salas,

en sentencia no. 181-2011 de las 8 horas 35 minutos del 22 de setiembre de

2011, resolvió: “1) Se rechaza la excepción de caducidad y se acoge la

excepción de falta de derecho.

Se declara sin lugar, en todos sus extremos,

la demanda planteada por FUNDACIÓN HUMANISTA PARA

EL DESARROLLO INDÍGENA (FUNDI) contra el Instituto Nacional de Aprendizaje.

3)

Se condena al actor al pago de las costas procesales y personales…”

El representante de la actora formula recurso de

casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del

Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho excepto el

considerando XV que lo redacta la magistrada León Feoli

El Instituto Nacional

de Aprendizaje (en adelante, INA) optó por no prorrogar los contratos no.

2401-012-2008 y 2401-027-2008 que había suscrito con la Fundación Humanista

Para el Desarrollo Indígena, lo cual comunicó, en ambos casos, mediante el

oficio URCO-0785-09 del 22 de setiembre de 2009. En este

se hacía referencia, a su vez, al oficio GG-0699-2009. El contratista formuló

sendos procesos a efectos de impugnar dicha decisión, los cuales fueron

acumulados, siendo que, en lo medular, se requiere la anulación del

acto citado. Pide, además, se le restablezca o se declare que tiene derecho a

la prórroga, se condene a la demandada al pago, por cada uno de los contratos,

de ¢100.000.000,00 por daños y ¢50.000.000,00 por perjuicios, así como ambas

costas, entre otros extremos. La entidad demandada, por su parte, se opuso y

formuló las defensas de defectos no subsanados en la demanda, caducidad y falta

de derecho. De estas, la primera fue desistida durante

la audiencia preliminar y el Tribunal rechazó la segunda y acogió la tercera,

por lo que declaró sin lugar la demanda e impuso las costas al actor.

Inconforme, este acude ante esta instancia

extraordinaria.

Sobre la prueba

para mejor resolver. Junto con el recurso de casación, se adjuntan una

serie de documentos que se proponen como prueba para mejor resolver. En

este sentido, es preciso diferenciar las sendas vías

mediante las cuales el Código Procesal Contencioso Administrativo prevé la

posibilidad de incorporar elementos de convicción en esta instancia

extraordinaria: la prueba ofrecida a solicitud de parte (art. 145) y la prueba

para mejor resolver (art. 148). Ambas presentan diferencias

importantes que conviene poner de manifiesto. La primera radica en el

sujeto procesal titular de la iniciativa. En una, corresponde

directamente a las partes mientras que en la otra, esta recae en el órgano

jurisdiccional. La segunda “radica en los medios de prueba que pueden

ser incorporados. Mientras que mediante la prueba para mejor

resolver, [sic] se contemplan todos

aquellos que resulten admisibles, en el caso de aquella ofrecida por la parte,

se limita a la documental (ya sea pública o privada).” (voto 687-F-S1-2010 de las 13 horas del 9 de junio de 2010). Ahora bien,

conviene señalar que en este último supuesto, para

efectos de -admisibilidad, el artículo 145 impone una serie de requisitos,

limitándose esta posibilidad a aquellos documentos “que jure no haber

conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia

recurrida”. En el presente caso, la parte ofrece como prueba para mejor

resolver los siguientes documentos: a) nota fechada 15 de abril dirigida al

director del Centro de Formación León XIII; b) oficio C.F.L. XIII-125-2009; c)

oficio C.F.L. XIII-176-2009; d) listado de estudiantes 2009; e) oficio C.F.L.

XIII-323-2009; f) oficio CELXIII-160-2009; y g) nota dirigida a M. C. y R.

fechada 16 de junio de 2009. Ahora bien, de estos, con excepción del listado de personas que

consta a folio 399, todos fueron admitidos tanto en la audiencia preliminar como durante el juicio

oral y público. Tal condición hace improcedente su incorporación mediante esta

vía, en la medida en que ya forman parte del acervo probatorio de este

proceso. En este sentido, si el recurrente considera

que no fueron considerados en la sentencia de fondo, lo procedente era alegar

su preterición como

un motivo de fondo. Por su parte, en cuanto al listado que consta en el folio

399, si bien no se puede determinar que había sido objeto de pronunciamiento

sobre su admisión como elemento de convicción (el listado admitido no incluye

los nombres detallados en esa hoja, numerados del 1 al 43, sino que inicia con

el 44), al formar parte del mismo documento, la parte actora

estaba en plena posibilidad de aportarla en el momento procesal oportuno

y no hasta la interposición del recurso de casación. En todo caso, debe

señalarse que se omitió el juramento requerido por la norma

en cuanto a que no conocía de tales medios probatorios. Así,

por la conjunción de las anteriores razones, la prueba ofrecida debe ser

rechazada.

Casación por violación de normas

procesales

En su único

agravio de esta naturaleza, cuestiona que la sentencia se basa en el oficio

GG-0699-2009, el cual, dice, no le fue comunicado, por lo que no puede producir

efectos jurídicos. Así, aduce, se trata de un medio

probatorio ilegítimo.

La prueba ilegítima a

que se refiere el inciso c) del numeral 137 del Código Procesal Contencioso

Administrativo es aquella que, por su naturaleza, debe ser considerada como

inadmisible. Ello por cuanto el ordenamiento jurídico dispone la ineficacia, es

decir, que esta no es susceptible jurídicamente de ser considerada a efectos de

sustentar el cuadro fáctico de un fallo

jurisdiccional. Se trata de una valoración de la posibilidad que tiene esa

prueba de surtir efectos según las normas aplicables. Tal puede ser el caso de una prueba obtenida ilegalmente. En

la especie, el recurrente arguye que la ilegitimidad del oficio GG-699-2009 deviene de su falta de

notificación; empero, no existe norma o principio alguno en virtud del cual se pueda sustentar que la circunstancia de que

un acto no se comunique impida su consideración como prueba en un proceso contencioso. En

este sentido, no debe confundirse la ineficacia de un acto administrativo,

entendida esta como la imposibilidad de que se produzcan los efectos jurídicos

del acto, con la ilegitimidad –que produce su ineficacia- de un elemento de

convicción, la cual, se insiste, se refiere a la posibilidad de ser utilizado

en un proceso jurisdiccional para conformar los hechos probados y no probados

de la sentencia. Así las cosas, el agravio debe ser

rechazado.

Casación por violación de normas

sustantivas

Si bien el recurrente

formula un único agravio, de su lectura se extrae que en realidad plantea

diversas inconformidades, algunas de las cuales resultan independientes entre

sí, y que pueden identificarse de la siguiente manera: a) motivación del acto;

b) efectos de la cláusula de prórroga; c) daños y perjuicios; d) valor

jurisprudencial de los antecedentes del Tribunal; e) costas. En virtud de lo

anterior, y para un mayor orden expositivo, el recurso

se analizará de conformidad con la estructura recién detallada.

VI.-

En el

primer cargo señala que el Tribunal consideró que el oficio GG-0699-2009

está ajustado a Derecho, lo que derivó en el rechazo de la demanda. Sin

embargo, menciona, la nulidad que se pidió era del oficio

URCO-0785-09, ya que carece de los elementos necesarios de “validez para su

eficacia”. Se refiere a los elementos del acto administrativo, y afirma que

de una lectura detenida del citado oficio se constata que es omiso en

establecer de forma clara y precisa las razones de hecho y de derecho

consideradas para su dictado, lo que quebranta el principio de fundamentación

que obliga a la Administración de conformidad con los numerales 11 y 136 de la

Ley General de la Administración Pública. De ello deriva una

afectación a su derecho de defensa, ya que al no conocer los motivos, se le

dificulta o imposibilita su impugnación. Agrega, de

dicho acto no es posible establecer la causa (circunstancias objetivas) para no

prorrogar el contrato. Dice, el citado oficio debía ser conforme con los

conceptos jurídicos indeterminados que menciona, a saber, oportunidad,

conveniencia y viabilidad técnica y jurídica de las prórrogas. De ahí que aduce su nulidad, según el precepto 166 de la LGAP.

Critica la afirmación del Tribunal en cuanto a que el

oficio URCO-0785-2009, al fundarse en el GG-0699-2009 resulta válido, ya que no

consta que la parte actora haya tenido acceso a este último, por lo que no

puede producir ningún efecto en su esfera jurídica según los artículos 140 y

141 del

cuerpo normativo mencionado. Arguye que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 136 de la LGAP, al

no haberse acompañado la notificación del

oficio que comunica la decisión de no prorrogar el contrato de aquel acto en

que se fundamenta (GG-0699-2009), entonces esta carece de toda fundamentación.

El punto medular del alegato del

recurrente se centra en si la falta de comunicación del oficio GG-0699-2009, que sirvió de base

al oficio URCO-785-2009, acarrea un vicio por cuanto no fue comunicado junto a

este último. Sobre el particular debe considerarse que la motivación constituye

un elemento formal de todo acto administrativo, de lo que se sigue que

cualquier decisión de la Administración debe estar fundamentada, la cual puede

ser más o menos detallada según el objeto sobre el cual verse la decisión del

órgano competente. En este sentido, existe una intrínseca relación entre

motivación y motivo (elemento material objetivo), toda vez que la primera debe

permitir el conocimiento del segundo, pero ello en la medida en que resulta

esencial para la comprensión y revisión del contenido dispuesto en el acto, y

que a la postre define su efecto. Ahora bien, de conformidad con el numeral 136

de la LGAP, la motivación puede ser “sucinta” e incluso “podrá

consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición

del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas”.

Claro está, también se dispone en la norma de

comentario que en este último supuesto, estas deben ser comunicadas; ello con

la finalidad de permitir el conocimiento y la apreciación de los sustentos,

fácticos y jurídicos, sobre los que se basa la decisión adoptada. De lo

expuesto se sigue que la falta de motivación viciaría el acto en la medida en

que resulten incognoscibles las razones por las cuales se dispuso un determinado efecto jurídico (contenido del acto). En la especie, lleva razón el

recurrente en cuanto a que el oficio URCO-0785-09 no explicita su

fundamentación, sin embargo, en atención a la naturaleza misma de lo que se

comunicó, ello resultaba innecesario, toda vez que se ratifica, según la buena

fe negocial, el término de la vigencia del contrato originalmente pactada,

descartando la expectativa que podía existir en cuanto a la posibilidad de una

prórroga. En este sentido, debe observarse que la

terminación de la relación no es una consecuencia del

citado oficio, sino que esta obedece al fenecimiento del plazo contractual de un año dispuesto en

el cartel y acordado en la cláusula de referencia. Desde esta perspectiva,

siendo que el oficio impugnado no produce ningún efecto jurídico, resulta

irrelevante la presunta falta de comunicación del oficio

GG-0699-2009. Así las cosas, el agravio debe ser rechazado.

En lo que puede ser

considerado como un segundo motivo, cuestiona que a pesar de que se tuvo

como hecho probado que el 17 de abril se solicitó la prórroga, no se le ha dado

mayor consideración para determinar su importancia en relación con las normas

aplicables. Esto, junto a la preterición de los oficios de la Administración en

procura de lograr la prórroga, dice, lleva al Tribunal a estimar que por

tratarse de un acto discrecional no le implica responsabilidad alguna, ya que

el acaecimiento del plazo contractual era suficiente para colegir la intención

de no continuar con la relación contractual, y por ende, no existe

incumplimiento alguno. Critica lo anterior señalando que

ninguna discrecionalidad es ilimitada y considera vulnerados los preceptos 3,

4, 15, 16 y 32 de la Ley de Contratación Administrativa. Este quebranto se da, explica, por cuanto su solicitud nunca fue

resuelta. Arguye, resulta contrario a la buena fe

tratar el asunto como

si no se hubiera incluido una estipulación contractual sobre el particular.

Alega, en sustento del

anterior argumento, lo dispuesto en los numerales 1022, 1023 y 21 del Código

Civil resultan plenamente aplicables al ámbito administrativo. De igual forma

se fundamenta en los ordinales 15, 32 de la LCA y 190 del su Reglamento. Aduce, el contrato pretendía ser de ejecución continuada, de ahí

que se incluyera la estipulación mencionada. A partir de los artículos

10 y 4 de la LCA así como el 1023 del Código Civil, afirma que el desarrollo de

los contratos responde a una idea finalista, la cual se identifica con la

satisfacción del interés público, prestando el servicio en las condiciones que

exijan las necesidades públicas. Analiza por separado cada

uno de los contratos, iniciando con el 2401-27-2008. Según este, indica, la única condición para que proceda la

prórroga es que la prestación del

servicio sea recibido a entera satisfacción, lo cual fue cumplido por el

adjudicatario. Cuestiona que se considere que únicamente le asistía una

expectativa, y no un derecho subjetivo, ya que con ello vacía de contenido los

artículos 4 y 31 de la LCA, 12 y 131 de su Reglamento así como el 11 y 136 de la

LGAP. Señala, la cláusula contractual no supone una facultad ilimitada sino que

debe motivar su decisión, ni tampoco debe considerarse

como una

obligación el darla por el simple hecho de haberse cumplido con las condiciones

pactadas. Por el contrario, aclara, debe valorarse si el interés público

subsiste en el momento, ya que es la única “razón eficiente” que justifica si

se continúa o no el contrato (artículo 131 del Reglamento a la

LCA). Expone, del

elemento probatorio aportado se comprueba que las dependencias encargadas

solicitaron la prórroga por la necesidad de atender la población estudiantil y

por eso cumplieron con realizar la matrícula, según se colige de los oficios

CFL.XIII-125-2009, CFL.XIII-176-2009 y CFL.XIII-323-2009. De ellos, concluye que

la Administración estaba obligada a fundamentar su decisión, contrario a lo argüido en la sentencia impugnada, toda vez que el

interés público existía a la fecha. En cuanto al contrato 2401-012-2008, indica

que este no establece ninguna condición, pero que por ello no puede

considerarse como automática, sino que la administración conserva su poder

discrecional, resultando irrelevante que se haya utilizado el vocablo “podrá”,

pero es esencial la fundamentación, lo que constituye un principio de raigambre

constitucional así como una garantía para el particular.

El argumento central del anterior cargo

radica en los efectos de la cláusula de la prórroga, y que esta se impone en el

caso concreto toda vez que el interés público asociado con la contratación aún

se mantiene. En relación con este último punto,

agrega, existen oficios que así lo confirman para el caso del contrato no. 2401-27-2008. Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en asuntos similares

al presente, y referido a contrataciones realizadas por el INA. Al

respecto se ha indicado que “No se está frente a la rescisión unilateral del

convenio, por parte de la Administración contraria a derecho, que produjera un

acto ablativo, violador de derechos subjetivos, sino frente al ejercicio puro y

simple de la terminación normal del contrato por el agotamiento del plazo

(artículo 203 de Reglamento a la LCA); ello a partir del pacto preestablecido

por las partes, en el que se convino la posibilidad de ampliar mediante prórroga

el plazo de vigencia del acuerdo. Pero, el hecho de que se contemple en las

cláusulas cartelarias y contractuales, la posibilidad de una ampliación de ese

plazo a través de la prórroga, únicamente constituye una mera expectativa que

solo genera un derecho cuando se hace efectiva […]” (voto 354-F-S1-2012 de

las 9 horas 40 minutos del 15 de marzo de 2012). Lo señalado anteriormente

resulta plenamente aplicable al caso concreto, en donde las cláusulas

contractuales de ambos contratos establecen: “La Administración y el

adjudicado suscribirán un contrato para la prestación de los servicios de

capacitación que tendrá una vigencia de un año (o periodo de ejecución) el cual

podrá prorrogarse de manera automática por un (1) año (o periodo) para un total

de dos (2) años o periodos.” La única diferencia con la anterior redacción

entre los convenios es que en el 2401-27-2008 se adicionó: “Dicha prorroga [sic]

se realizará siempre y cuando la prestación del servicio sea

recibido por el INA a entera satisfacción y valorado y aprobado por la Comisión

Local de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional”.

En todo caso, resulta claro que la regla es el fenecimiento del contrato en el

plazo fijado en el cartel y en el contrato suscrito por los co-contratantes, a

saber, un año. El vocablo utilizado al regular la prórroga,

“podrá”, impone dicha conclusión, siendo que esta se constituye en una

excepción a la vigencia originalmente pactada. Esto implica que la

prolongación de la relación contractual se daría, únicamente, en caso de que

convenga a los intereses de ambas partes, incluyendo el de la Administración,

sin que se pueda entender que existe un derecho del adjudicatario a la

prórroga, como bien lo señala el Tribunal, cuando indicó que la estipulación

contractual que se analiza no genera un beneficio automático y una vez fenecida

la relación contractual, no surge un derecho subjetivo a la prórroga. Lo

expuesto hasta este punto permite, además, colegir que

el argumento del casacionista en cuanto a que

la pervivencia del

interés público es el único factor determinante para prorrogar el contrato no

es de recibo. Ciertamente, su existencia en el objeto contractual resulta

esencial en caso de que la Administración decida ejercer la facultad

excepcional a que se ha hecho referencia, sin embargo, de esto no se sigue el

razonamiento inverso, ya que, fenecido el plazo del convenio, la Administración

puede optar por una forma distinta de desarrollar la prestación específica, o

incluso, realizar una nueva convocatoria para oferentes interesados. Ahora bien, es preciso analizar las solicitudes de prórroga

realizadas por órganos de la propia Administración. En este sentido,

debe señalarse que si bien esto puede entenderse como un antecedente favorable

hacia el otorgamiento de la prórroga, tampoco puede desconocerse que en el

proceso de formación de voluntad del ente contratante inciden aspectos

adicionales a la intención de algún órgano solicitante dentro de la

organización, sino que también debe considerarse la valoración de la necesidad,

oportunidad, conveniencia o legalidad que puedan realizar los órganos que

integran la estructura superior de cualquier ente. Desde el punto de vista

organizativo, y por ende competencial, y para efectos del adecuado

funcionamiento de cualquier institución, en las jerarquías administrativas

recae la determinación de la sana administración y de la mejor manera para

cumplir los lineamientos y finalidades que debe perseguir el ente, tomando en

cuenta los insumos provenientes de los criterios especializados de sus

subalternos. Así las cosas, y tomando en cuenta que la

decisión GG-699-2009 obedece a valoraciones de esta naturaleza, no puede

aducirse en su contra las solicitudes de las dependencias solicitantes. Por último, en lo que atañe al vicio en la fundamentación, dicho

argumento tampoco es de recibo. En esta línea, es preciso reiterar en este punto lo señalado en el considerando VII de esta

resolución, donde se indica que, por las características de la prórroga, y en

la medida en que esta decisión no genera ningún efecto jurídico pues se actúa

lo convenido por las partes en torno al plazo contractual fijado

originalmente.  Por todo lo expuesto, se impone el rechazo del

cargo.

En un tercer

agravio relativo a los daños y perjuicios, cuestiona la sentencia en tanto en

esta indicó que no se probó su existencia como

consecuencia de la conducta activa u omisiva que imputó a la entidad demandada.

Se refiere a las generalidades de la responsabilidad patrimonial de la

Administración y concluye que la no prórroga del contrato vulneró su garantía patrimonial

sin estar obligado a soportarlo, “el cual surge del interés legítimo ante la expectativa de

derecho y el interés público que subsistía al momento de tomarse la decisión.”

Como

complemento de su alegato manifiesta que el artículo 170 de la LGAP estipula

que la ejecución de un acto absolutamente nulo genera

responsabilidad.

En el presente caso,

la indemnización que se solicita pretende ser derivada de la conducta

impugnada. Así, siendo que no se ha encontrado vicio alguno que conlleve a la

nulidad del acto cuestionado, la responsabilidad deviene, igualmente, en

improcedente, motivo por el cual se deben rechazar los alegatos formulados en

el recurso sobre este punto particular.

En lo que puede

calificarse como un cuarto cargo, considera que la resolución impugnada

vulnera los artículos 9 del Código Civil, 185 del Código Procesal Contencioso

Administrativo y el 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que se

basan en fallos dictados por el Tribunal Contencioso y no provenientes del

Tribunal de Casación o de la Sala Primera, por lo que no constituyen

jurisprudencia “que sirva para interpretar, integrar y delimitar el campo de

aplicación del ordenamiento”.

En relación con el

anterior reparo, debe señalarse que el quebranto planteado no resulta pasible

de casación, toda vez que las normas cuyo quebranto se endilga no inciden, en

forma alguna, en la solución del

conflicto. En este sentido, su aplicación o

inaplicación al caso concreto resulta intrascendente, toda vez que no atañen a

la relación jurídico administrativa existente entre actor y entidad demandada.

La inconformidad se basa en la utilización de antecedentes del mismo Tribunal

al momento de resolver el presente asunto, sin embargo, debe observarse que la

sentencia los menciona como argumentos de refuerzo al mismo planteamiento que

contenía, es decir, que estos vienen a coadyuvar en la motivación, mas no

constituyen las razones jurídicas por las cuales se resolvió en la forma en que

se hizo. Dicho de otra forma, las resoluciones citadas no fueron utilizadas como normas no escritas del ordenamiento como

parece desprenderse del

reclamo que se analiza. Por ello, lo procedente es su

rechazo.

Por último,

combate la condena en costas y plantea que se ha dado una indebida

interpretación del numeral 193 del Código Procesal

Contencioso Administrativo por cuanto en su opinión ha mediado motivo bastante

para litigar. Destaca que la única manera de estar seguro que sus derechos no han sido conculcados ante el incumplimiento contractual es

la vía jurisdiccional. Aduce que la norma en cuestión

no puede ser utilizada de forma tal que el particular pierda interés en exigir

sus derechos, contraviniendo el derecho a una tutela judicial efectiva y a la

justicia, consagrados en la Constitución Política.

En reiteradas

ocasiones, la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que, la

condena al vencido del

pago de las costas, tiene su origen en una norma imperativa. Según el precepto

193 del

CPCA, “En las sentencias y los autos con carácter de sentencia, se condenará

al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que

deberá hacerse de oficio.” (El subrayado no es del original).

Continúa el mandato, “No obstante lo anterior, la parte vencida podrá

ser exonerada del

pago de las costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas

cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de

ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las

cuestiones debatidas haya existido, a juicio del

Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es agregado). De esta

forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el hecho de serlo; en

tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta potestad, podría

incurrirse en una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea

interpretación o falta de actuación del

precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al perdidoso, pues se

limita a emplear la regla general contemplada en el

artículo de cita. De esta manera, no puede infringirse la norma

si no se aplica la excepción a la regla; es decir, no puede violentarse si no

ejerce la facultad de exonerar de las costas al vencido. Por este

motivo, se estima que el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.

En atención a las

razones expuestas en los considerandos precedentes, los agravios resultan

improcedentes, y así se deberá declarar. De conformidad con el artículo 151.3,

las costas de este medio de impugnación extraordinario

deben ser impuestas a quien lo formuló.