Resolución 08681-2025

Antecedentes procesales. De previo se debe aclarar que esta sentencia se emite de conformidad con las formalidades mínimas establecidas en el Código Procesal Civil –Ley N°9342- aplicado de forma supletoria por disposición del 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo; y las referencias a la foliatura del expediente son del documento electrónico generado en un único archivo con formato PDF, obtenido del Escritorio Virtual (herramienta informática para la tramitación de los expedientes de forma electrónica en los despachos Judiciales del país) con las opciones "Orden Descendente" y "Ver descripción de Documento (PDF)" desmarcadas, y con "Ver detalles carátula del Expediente" seleccionado en "Final"; siendo que en caso de requerirlo al Despacho, las partes podrán tener acceso a una copia del expediente descargado de dicha manera, previa coordinación. Para el dictado de la presente resolución resultan de interés las siguientes actuaciones procesales:

1.-La parte actora formula la demanda que ha dado origen al presente proceso, con las siguientes pretensiones –aclaradas y precisadas en la audiencia preliminar efectuada a partir de las 14:04 horas del 29 de setiembre del 2021-, con el objetivo que se: “1. Se declare en Sentencia la ilegalidad de las Resoluciones RES-DN-1224-2016 del 28 de setiembre del año 2016; Sentencia del Tribunal Aduanero Nacional numero(sic) 235-2019 de las catorce horas diez minutos del día once de julio del año 2019, Resolución número RES-DF-087-2021, de las diez horas cuarenta y ocho minutos del día trece de abril del año dos mil veintiuno. 2. (se desistió de esta pretensión en audiencia preliminar).

Se condene al Estado al pago de ambas costas.

Se ordene el archivo del presente expediente”. (Ver imágenes 09 y 63 del expediente judicial).

Conferido el traslado de rigor, la representación del Estado contestó en forma negativa la demanda e interpuso la excepción material de falta de derecho, solicitó que se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, y sea condenada la parte actora al pago de las costas procesales, así como los intereses que dichas sumas generen a partir de la firmeza de la sentencia. (Ver escrito de contestación de la demanda a imagen 35, con fecha cuatro de agosto del 2021).

La audiencia preliminar se inició a las 14:04 horas del 29 de setiembre del 2021, diligencia que fue grabada en el sistema; por parte de la persona juzgadora de trámite se fijaron las pretensiones considerando el desistimiento de la parte actora en relación con su petición número 2. quedando incólumes los otros extremos de la petitoria en la demanda, y confirmados los actos administrativos peticionados de nulidad. Se admite el ofrecimiento de prueba documental de ambas partes, también en forma integral el expediente administrativo en formato digital, y se difiere la admisión de la prueba ofrecida por la parte actora para mejor resolver en su memorial de fecha 24 de setiembre del 2021. La jueza tramitadora, decide rechazar el único testigo ofrecido por la parte actora, y en consecuencia declara el proceso de puro derecho, por lo que, se les otorga el espacio correspondiente a ambas representaciones para que expongan sus conclusiones de manera oral. (Ver minuta a imagen 63 del expediente y grabación de audio y video que consta en el sistema de escritorio virtual).

En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta de forma unánime.

Sobre la prueba ofrecida para mejor resolver. - Previo al análisis de fondo, se debe atender al ofrecimiento que hizo la representación de la parte actora en memorial recibido por el Despacho en fecha 24 de setiembre del 2021. Que describe la accionante como el “...Dictamen de Clasificación Arancelaria, realizado por la Perito Especialista en Clasificación Arancelaria, de fecha 03 de noviembre 2014, en donde claramente se explica que la partida arancelaria 85.28.61.00.90, por tratarse de proyectores utilizados principalmente con máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 (Computadoras) tal como lo establece el epígrafe correspondiente (...) Adjunto Certificaciones del Registro Civil donde se puede ver las personas dependientes de mi trabajo...”. Al respecto, conforme al artículo 41 del Código Procesal Civil, y de aplicación supletoria al tenor del 220 del Código Procesal que rige la Jurisdicción Contenciosa Administrativa-, la admisión de la prueba para mejor resolver está reservada al grado de influencia que tenga en la decisión del fallo. Se trata de una prueba propia de la persona juzgadora y no de las partes intervinientes en el proceso, en tanto, como lo ha explicado la Sala Primera, por este instituto, no resulta legítimo ni "... oportuno intentar, mediante el ofrecimiento de probanzas que debieron aportarse y evacuarse en la etapa procesal correspondiente, abrir de nuevo el debate. Darle cabida a esta petición, significaría que las partes estén en la posibilidad de subsanar sus omisiones respecto de la prueba que pudieron haber ofrecido en su oportunidad y no lo hicieron ...". (Sentencia 794-2006). Así pues, la pertinencia de la prueba ofrecida en carácter de mejor resolver está vinculada a la utilidad y pertinencia de la misma, en tanto se justifica únicamente si coadyuba a los Jueces que les corresponde resolver mediante sentencia de fondo, el conflicto planteado. Revisadas las alegaciones en que se sustenta esta acción y la prueba documental en que fue respaldada y también la admitida, esta Cámara considera que la ofrecida en carácter de mejor resolver por la parte actora no resulta necesaria, por la forma cómo será resuelto este asunto, motivo por el cual no se admite.

Argumentos de las partes. Una vez realizada la lectura integral y pormenorizada de los argumentos planteados por las partes, en resumen, indican: A) La parte actora fundamenta su demanda en múltiples alegatos de nulidad, tanto de forma como de fondo, que a su juicio invalidan todo el procedimiento aduanero. Se acusa que la reclasificación arancelaria de los proyectores no se basó en un criterio técnico sólido. La Dirección de Fiscalización se limitó a realizar consultas sin que consten las pruebas que permitan determinar el uso principal de las mercancías en el giro del negocio. La parte actora sostiene que los proyectores poseen características adicionales (como conectores HDMI) que no los limitan a un uso exclusivo con computadoras, lo cual los excluiría de la partida 8471, según la nota 5, apartado D del Capítulo

Además, se argumenta que, conforme a la nota 3 de la Sección XIV, las máquinas con múltiples funciones se clasifican según la principal, lo cual, según los catálogos del fabricante, no se limita al uso exclusivo con ordenadores. Por otra parte, se alega una contravención del artículo 35 de la Constitución Política, ya que la misma entidad administrativa que emitió el informe inicial (Departamento de Fiscalización) fue la que confirmó la sanción con la resolución RES-DF-087-2021, lo que vicia el procedimiento al ser "juez y parte". Prescripción y Caducidad de la Acción: La actora alega que ha transcurrido el plazo de cuatro años para la prescripción establecido en la Ley General de Aduanas. Señala que, desde la notificación de la resolución RES-DN-1224-2016 (28 de septiembre de 2016) hasta la resolución de inhabilitación RES-DF-087-2021 (13 de abril de 2021), el plazo ha sido superado, lo que invalida la sanción impuesta. La parte actora también denuncia una completa indefensión a lo largo del procedimiento, argumentando que se le privó de la oportunidad de participar y defenderse de forma adecuada. Falta de Notificación al Agente Aduanero: Se acusa que no se le notificó formalmente el procedimiento como agente aduanera. La notificación se hizo únicamente al importador, quien, sin ser experto en Derecho Aduanero, presentó sus propios alegatos, dejando a la agente aduanera sin posibilidad de aportar las explicaciones técnicas y jurídicas necesarias. Defectos de Notificación en Fases Posteriores: Se enfatiza que la resolución N°235-2019 del Tribunal Aduanero Nacional, que rechazó el incidente de nulidad, tampoco le fue notificada, lo que agravó su situación de indefensión. De igual manera, se señala que la resolución RES-DF-059-021 se dictó sin haber atendido adecuadamente el incidente de nulidad previamente interpuesto, lo que constituye una actividad procesal defectuosa. Inhabilitación Injusta y Tardía: Se lamenta que la resolución RES-DF-087-2021 ordenara su inhabilitación como agente aduanera más de cuatro años después del inicio del procedimiento. La actora argumenta que esta medida la ha dejado sin sustento diario y se dictó en un momento en que su función, conforme a la Ley General de Aduanas, había finalizado con el levante de las mercancías, lo que refuerza su estado de indefensión al no haber podido actuar en su propia defensa. En resumen, la parte actora busca la nulidad de todo lo actuado, alegando vicios técnicos en la reclasificación arancelaria, la prescripción de la deuda, la violación al debido proceso y el estado de indefensión derivado de una cadena de notificaciones defectuosas y actuaciones administrativas irregulares. B) La representación del Estado se opone a la demanda interpuesta por la señora [Nombre 002], calificándola de infundada. La principal razón es que la demandante no se apersonó durante el procedimiento administrativo aduanero, a pesar de haber sido debidamente notificada del inicio de las actuaciones. El Estado argumenta que la señora [Nombre 002] pretende, a través del presente proceso, extender el análisis de una gestión que no atendió en la vía administrativa. El proceso administrativo se originó a partir de una Verificación Documental Posterior sobre diez declaraciones aduaneras específicas. Este estudio técnico concluyó que la clasificación arancelaria declarada para las mercancías importadas era incorrecta, lo que generó un adeudo fiscal. Como resultado de esta verificación, el Servicio Nacional de Aduanas emitió el Informe Final DF-FE-RP-INF-43-2014, el cual determinó un adeudo fiscal total de ¢10.119.553,07, desglosado de la siguiente manera: - ¢9.273.134,47 por concepto de impuestos dejados de percibir. - ¢846.418,59 por concepto de intereses devengados hasta el 20 de junio de 2014. Posteriormente, se convocó a una audiencia de propuesta de regularización al señor [Nombre 003] (representante de Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A.) y a la señora [Nombre 002], mediante los oficios correspondientes. Aunque el importador rechazó la propuesta, la señora [Nombre 002] no se pronunció al respecto. Ante el rechazo de la propuesta, la Dirección General de Aduanas inició un procedimiento ordinario mediante la Resolución N°RES-DN-1224-2016 contra ambos, el importador y la agente aduanera. Esta resolución fue notificada de manera legal, y el importador presentó su contestación. La Resolución N°RES-DN-438-2017 rechazó los alegatos del importador y fue debidamente notificada a ambas partes. El importador interpuso recursos de reconsideración y apelación, siendo este último admitido por el Tribunal Aduanero Nacional. Sin embargo, el recurso de apelación fue rechazado por el Tribunal mediante la sentencia N°2017-337 debido al incumplimiento de una prevención por parte del señor [Nombre 003]. Como consecuencia de la firmeza del adeudo, la Dirección General de Aduanas emitió la Resolución N°RES-DN-103-2019, previniendo el pago de la deuda. La misma fue notificada legalmente a ambas partes. Finalmente, el Estado procedió con la ejecución de las medidas derivadas de la infracción: a) Se ordenó la inhabilitación de la Agente Aduanera [Nombre 002], mediante la resolución N°RES-DF-087-2021. b) Se solicitó la ejecución de la garantía a la Dirección de Gestión Técnica. La representante del Estado concluye que la actuación de la Autoridad Aduanera se ajustó plenamente a la legalidad y a los procedimientos administrativos establecidos. Sostiene que las notificaciones se realizaron conforme al artículo 194 de la Ley General de Aduanas y que las decisiones administrativas se sustentan en la prueba técnica y jurídica que consta en el expediente. En esencia, la postura del Estado es que la Administración actuó de manera diligente, legal y técnica durante todo el proceso, y que la señora [Nombre 002] tuvo múltiples oportunidades para ejercer su defensa en la vía administrativa, las cuales no aprovechó. Agrega por el fondo que los alegatos de la señora [Nombre 002] son infundados y carentes de sustento probatorio. La principal objeción es que la actora no se apersonó al procedimiento administrativo aduanero, por lo que su demanda judicial es vista como un intento de extender un proceso que ella misma omitió atender. El Estado subraya que la demandante basa sus reclamos en consideraciones subjetivas, sin aportar pruebas técnicas o de otro tipo para respaldar sus afirmaciones. En respuesta al alegato de que la reclasificación carece de criterio técnico, la representación del Estado sostiene que la reclasificación de la mercancía (proyectores) se realizó de manera correcta y justificada. Se argumenta que, a través de la Verificación Documental Posterior, se demostró que los productos correspondían a la partida arancelaria 8528.69.90.00 y no a la 84.71, como se había declarado. La Administración basa su decisión en las características técnicas de los proyectores, los cuales se describen como "proyectores con funciones multimedia" que no están sujetos a una máquina automática para su funcionamiento exclusivo, lo cual refuta el argumento de la actora. La representación del Estado rechaza categóricamente el argumento de que la señora [Nombre 002] se encontró en estado de indefensión. Para ello, presenta los siguientes contraargumentos: Notificación en la Audiencia de Regularización: Se recuerda a la actora que se le informó tanto a ella como al importador de los resultados de las actuaciones fiscalizadoras en el Acta de Propuesta de Regularización Número 110-2014. En esa instancia, se les concedió un plazo para rechazar la propuesta y aportar documentos de descargo. Renuncia al Derecho de Defensa: El Estado enfatiza que fue la señora [Nombre 002] quien, voluntariamente, no se apersonó ni presentó ninguna prueba o alegato técnico en su defensa, a pesar de tener pleno conocimiento del procedimiento. Se contrasta esta omisión con la actuación del importador, quien sí rechazó la propuesta en el momento oportuno. Fundamentación de los Actos Administrativos: Se argumenta que las resoluciones y oficios de la Administración están clara y debidamente fundamentados, y que la reclasificación arancelaria se sustenta en la información del fabricante recabada por la Autoridad Aduanera. Se recalca que la actora no aportó ninguna prueba técnica que refutara el criterio de la Administración en la vía administrativa. El Estado defiende la legalidad de sus actuaciones, recordando que la Dirección General de Aduanas es un órgano superior jerárquico con la función de fiscalizar las actividades aduaneras, conforme a los artículos 22 y 24 de la Ley General de Aduanas. Por lo tanto, considera infundado que se pretenda desconocer su competencia y las atribuciones de verificación y control sobre los importadores y agentes aduaneros. Finalmente, la representación del Estado solicita que la demanda de la señora [Nombre 002] sea declarada sin lugar, ya que sus alegatos carecen de sustento técnico, jurídico y probatorio. Se reafirma la legalidad de las actuaciones de verificación documental llevadas a cabo por la Dirección General de Aduanas y el Tribunal Aduanero Nacional.

IV.-Objeto del proceso. El objeto del presente proceso, lo es para que en sentencia se declare la nulidad de las siguientes conductas formales: a) la resolución RES-DN-1224-2016 del 28 de setiembre del año 2016 dictada por la Dirección General de Aduanas para dar inicio al procedimiento ordinario de ajuste de la obligación tributaria contra el importador Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A. y la agente aduanera independiente [Nombre 002]; b) la resolución del Tribunal Aduanero Nacional N°235-2019 de las catorce horas diez minutos del día once de julio del año 2019; y, c) RES-DF-087-2021, de las diez horas cuarenta y ocho minutos del día trece de abril del año dos mil veintiuno, que dispuso comunicar la Departamento de Estadística y Registro, la inhabilitación como agente de aduanas independiente a la parte actora [Nombre 002]. (Ver imágenes 09 y 63 del expediente judicial). Conforme al principio de congruencia que rige el ejercicio de la función jurisdiccional, y que regula expresamente el numeral 119 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo del siguiente modo "...La sentencia resolverá todas las pretensiones y los extremos permitidos por este Código...", así como los ordinales 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, se atenderá solo a los siguientes pedimentos transcritos en el punto 1 del considerando anterior, confirmados por la persona juzgadora de trámite.

Hechos probados. De importancia para la correcta solución de este proceso, se tienen por demostrados los hechos que serán descritos de seguido:

Que el 28 de setiembre del 2016, con la resolución N°RES-DN-1224-2016 la Dirección General de Aduanas dispone el inicio del procedimiento ordinario aduanero contra el importador Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A., y la auxiliar de la función pública aduanera agente aduanero independiente [Nombre 002], por la supuesta errónea clasificación arancelaria de la mercancía descrita como “Proyectores”, amparada a los documentos únicos aduaneros (DUAS) N° 005-2013-201449 del 17/05/2013,  N° 005-2013-010131 del 09/01/2013, N° 005-2013-330181 del 12/08/2013, N° 005-2013-032277 del 24/01/2013, N° 005-2014-008049 del 08/01/2014, N° 005-2013-262411 del 26/06/2013, N° 005-2012-113269 del 19/03/2012, N° 005-2014-011913 del 10/01/2014, N° 005-2013-453160 del 31/10/2013 y N° 005-2013-217288 del 28/05/2013. Al considerar, que “... De acuerdo al estudio efectuado por el Departamento en Fiscalización Externa., Plasmado en el informe de conclusión de las actuaciones Fiscalizadoras DF-FE-RP-INF-043-2014, como parte de la comprobación de los elementos que determinan la obligación tributaria aduanera, se procedió a la verificación de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías descrita como “Proyectores”, amparadas a los DUA´s supra citados, en los cuales se presume una incorrecta clasificación arancelaria de las mismas; tal y como se explicará a continuación: Tenemos que para la mercancía en estudio se declaró en la fracción arancelaria 8528.61.00.90 cuyas mercancías están gravadas con un 13% de Impuesto Sobre las Ventas, como se muestra a continuación (Véase folio 37):

8528

MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISIÓN; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIO DIFUSIÓN O GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO.

8528.6

- Proyectores:

8528.61.00

-- De los tipos utilizados exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71

8528.61.00.90

--- Las demás

De acuerdo al análisis de la información recolectada, la mercancía consiste en “Otros proyectores con funciones multimedia”, por lo tanto se presume que la clasificación arancelaria correcta corresponde al inciso 8528.69.90.00, el cual está afecto a las alícuotas 15% SC, 1% Ley 6946 y 13% Impuesto Sobre las Ventas, según se muestra a continuación:

8528

MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISIÓN; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIO DIFUSIÓN O GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO.

8528.6

- Proyectores:

8528.69

-- Los demás:

8528.69.90.00

--- Otros.

Esto en razón de que a efecto de conocer y determinar las características y funciones que presentan las mercancías en estudio, el órgano fiscalizador consultó las páginas web de las empresas fabricantes de dichas mercancías, sean estas las empresas: NEC, Epson, Casio e Infocus; información que consta en expediente. (Véase folios 26, 60, 94, 118, 137, 155, 173, 192, 197, 219, 224, 247, 252, 257, 267, 272 y 296). Producto de las consultas realizadas, se obtuvo como resultado: información técnica, uso, conexiones y conectividad de cada una de las mercancías en estudio. A partir de las especificaciones técnicas recabadas, se supone que las mercancías sometidas a importación al amparo de los DUA´s en estudio, no se conciben únicamente para ser “utilizadas exclusiva o principalmente en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos de la partida 84.71 (Computadoras)”, toda vez que están diseñadas con “características adicionales” qué les permite ser utilizadas con distintos componentes digitales. Como parte de esas características adicionales se puede señalar: Multimedia, término que se utiliza para referirse cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información. Los medios pueden ser variados, desde texto e imagen, hasta animación, sonido, video, etc. (...) Entrada y componentes de video. Entrada y sistema de audio. Entrada digital HDMI (interfaz multimedia de alta definición). Puerto USB (bus universal en serie). Wireless (conexión inalámbrica). Directamente relacionado con lo anterior en muchos casos permite conexiones múltiples, esto es, que también puede recibir señales de cámaras, televisores, DVD, impresoras, entre otras. Además con fundamento en la Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) 1 y 6 que dicen:  Regla General de Clasificación 1: “Los títulos de las Secciones de los Capítulos o de los Subtítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de la Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes”. Regla General de Clasificación 6: “La clasificación de mercancías de las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario”. Por lo que se concluye así, por considerarse que las mercancías están diseñadas con “características adicionales” que les permiten ser utilizadas con distintos componentes digitales y no para ser utilizados exclusivas en un sistema automático para tratamiento o procesamiento de datos (...) Es de relevancia indicar a las partes que de conformidad con el artículo 233 inciso c) de la Ley General de Aduanas, si notificado el acto de apertura del procedimiento determinativo de ajuste de la obligación tributaria y dentro del plazo establecido para presentar alegatos y pruebas, los mismos aceptan los hechos planteados y subsanan el incumplimiento, la sanción (multa) posiblemente a imponer en forma posterior a este procedimiento de ajuste se reducirá en un veinticinco por ciento (25%), la cual podrá ser si las partes así lo desean autoliquidada y pagada en el momento de subsanar su incumplimiento en cuyo caso la reducción será del treinta por ciento (30%)...”. (Ver folios 296 a 303 del expediente administrativo).

Que el 4 de octubre del 2016, le fue notificada la resolución descrita en el hecho anterior, a la representación del importador, Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A., en sus oficinas “frente a la sede Episcopal Paseo Colon, calle 22, entre Ave. 3 y 5”. (Ver folio 305 del expediente administrativo).

Que el 11 de octubre del 2016, se notifica mediante casillero la resolución RES-DN-1224 del 28 de setiembre del 2016, a la señora [Nombre 002] en su condición de “auxiliar de la función pública”, “código DGA 392, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley General de Aduanas y sus reformas”, lo anterior, por cuanto dejó constancia el notificador, que el 10 de octubre del mismo año no fue posible ubicarla en la siguiente dirección: “La Uruca, de la Rotonda Juan Pablo Segundo 10 sur y 25 Este, frente a parqueo Omnilife casa color morada mano derecha”. (Ver folios 306 y 307 del expediente administrativo).

Que el 9 de noviembre del 2016, fue recibida en la Dirección General de Aduanas la contestación del señor [Nombre 003], representante de la empresa Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A., ante el acto de inicio del procedimiento RES-DN-1224-2016. (Ver folio 309 del expediente administrativo).

Que el 22 de marzo del 2016, con la resolución N°RES-DN-438-2017, la Dirección Nacional de Aduanas, dicta el acto final del procedimiento ordinario contra el importador y la agente aduanero [Nombre 002], donde se declara: “...Primero: Rechazar los alegatos interpuestos por el señor [Nombre 003] representante legal de Asesorías ASEPRO de Centroamérica S.A. (...)

Determinar como correcta la posición arancelaria 8528.69.90.00 para la mercancía descrita como “Proyectores”, en razón de que la mercancías están diseñadas con “características adicionales” que les permiten ser utilizadas con distintos componentes digitales, esto de conformidad a las especificaciones técnicas recabadas, la información técnica, uso, conexiones y conectividad de cada una de las mercancías en estudio, la cual está amparada a los Documentos Únicos Aduaneros      N° 005-2013-201449 del 17/05/2013 para la línea 2,  N° 005-2013-010131 del 09/01/2013 para la línea 1 y 2, N° 005-2013-330181 del 12/08/2013 para la línea 1 y 2, N° 005-2013-032277 del 24/01/2013 para la línea 1, N° 005-2014-008049 del 08/01/2014 para la línea 1, N° 005-2013-262411 del 26/06/2013 para la línea 1, N° 005-2012-113269 del 19/03/2012 para la línea 1, N° 005-2014-011913 del 10/01/2014 para la línea 1 y 2, N° 005-2013-453160 del 31/10/2013 para la línea 1 a la 7 y N° 005-2013-217288 del 28/05/2013 para la línea

1.

Indicar a las partes que como consecuencia de lo antes expuesto, se genera una diferencia en la obligación tributaria aduanera a favor del Fisco por la suma de ¢12.695.821,14 (doce millones seiscientos noventa y cinco mil ochocientos veintiún colones con 14/100), por concepto de 15% de SC, 1% de Ley 6946 y 13% de Impuesto General sobre las Ventas, desglosados de la siguiente manera ¢9.273.134,47 (nueve millones doscientos setenta y tres mil ciento treinta y cuatro colones con 47/100) de los impuestos dejados de percibir y ¢3.422.686,67 (tres millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos ochenta y seis colones con 67/100) a intereses generados los cuales irán aumentando en forma gradual hasta el efectivo pago de la obligación, monto del cual, según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas el agente aduanero [Nombre 002], cédula física número [Valor 002], código 392, se constituye en responsable solidario con el importador ante el fisco.

El pago puede realizarse mediante depósito (...)

Se le advierte a los administrados que de conformidad con las potestades otorgadas en los artículos 16, 17, 29, 34, 59 y 62 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano III, el 16 del Reglamento al CAUCA, artículos 24, 36, 53, 54, 59, 62, 66, párrafo 2 y 70 de la Ley General de Aduanas, 169 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que confirmados y firmes los hechos que se atribuyen en el presente procedimiento, podrá esta autoridad aduanera exigir el pago de las diferencias de impuestos indicados, si ante el requerimiento expreso de pago, los sujetos pasivos no procediesen con la cancelación del adeudo que eventualmente se determine, facultan a la Administración para proceder con la ejecución forzosa del adeudo, mediante la Ejecución de la Caución del Agente Aduanero, o bien, ordenando el cobro Administrativo y/o Judicial de las sumas adeudadas. Lo anterior sin perjuicio de ordenar la inhabilitación del auxiliar de la función pública aduanera, en tanto no se solventen el adeudo con el Fisco...”. (Ver folios 314 a 321 del expediente administrativo).

Que el 29 de marzo del 2017, se notifica la resolución descrita en el hecho anterior, por correo electrónico al importador Asepro de Centroamérica S.A., en las cuentas [...] y [...]. (Ver folio 330 del expediente administrativo).

Que el 29 de marzo del 2017, se notificó por casillero la resolución final N°RES-DN-0438-2017, a la “...auxiliar de la función pública [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] código DGA 392, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley General de Aduanas y sus reformas”.  (Ver folio 331 del expediente administrativo).

Que el 27 de abril del 2017, se recibe en la Dirección General de Aduanas, el recurso de reconsideración y apelación ante el Tribunal Aduanero contra la resolución final RES-DN-438-2017, incoado por el señor [Nombre 003]. (Ver folio 333 del expediente administrativo).

Que el 24 de agosto del 2017, la Dirección General de Aduanas emite la resolución N°RES-DN-1209-2017, con la cual decide rechazar el recurso horizontal, y emplaza a la parte recurrente, para que dentro del término de diez días hábiles se apersone ante el Tribunal Aduanero Nacional de conformidad con el ordinal 204 bis de la Ley General de Aduanas, por haber presentado apelación. La cual se notifica el 29 de agosto del 2017 por correo electrónico al importador Asepro de Centroamérica S.A., en las cuentas [...] y [...]; y en la misma fecha por casillero a la “...auxiliar de la función pública [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] código DGA 392, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Ley General de Aduanas y sus reformas”.  (Ver folios 343, 347 y 351 del expediente administrativo).

Que el 20 de setiembre del 2017, con la providencia N°067-2017, el Tribunal Aduanero Nacional, le previene al señor [Nombre 003] que acredite su representación en relación con la empresa Asesorías Asepro de Centroamérica S.A., “...con indicación expresa de que al momento de la interposición del recurso de cita, sea el 27 de abril del 2017, dicha representación se encontraba vigente”, la cual quedó notificada el mismo día de dictada. (Ver folios 353, 465 y 466 del expediente administrativo).

Que el 12 de octubre del 2017, el señor [Nombre 003] en representación de la empresa Asesorías Asepro de Centroamérica S.A., presenta ante el Tribunal Aduanero Nacional, una ampliación de argumentos y reitera la petición de nulidad contra todo lo actuado desde el acto de inicio del procedimiento. (Ver folio 476 del expediente administrativo).

Que el 19 de octubre del 2017, mediante el voto N°373-2017 el Tribunal Aduanero Nacional por unanimidad decide declarar inadmisible el recurso de apelación invocado por el señor [Nombre 003], al considerar que no estaba acreditada en el expediente su condición de representante de la empresa importadora. Esta resolución fue notificada por correo electrónico, al recurrente en la misma fecha 19 de octubre del 2017. (Ver folios 481 del expediente administrativo).

Que el 6 de febrero del 2019, la Dirección General de Aduanas con la resolución N°RES-DN-103-2019, efectúa prevención de pago al importador Asesorías Asepro de Centroamérica S.A., y a la agente aduanero [Nombre 002], para ello concede “...el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que proceda a la cancelación del monto estipulado, o en su defecto esta Dirección General estaría en la facultad de remitir a la oficina de Cobro Judicial el crédito no pagado así como mantener a la agencia aduanera inhabilitada de sus actividades como auxiliar de la función pública aduanera, se podrá ejecutar la garantía de operación como auxiliar rendida ante el Departamento de Estadística y Registro...”. La cual se notifica al importador en la misma fecha por correo electrónico, es decir 6 de febrero del 2019, y a la agente de aduanas mediante casillero el 5 de marzo del mismo año. (Ver folios 490, 495 y 503).

Que el 22 de marzo del 2019, se recibe en la Dirección General de Aduanas, el “Incidente de Nulidad contra la resolución N°337-2017 del Tribunal Aduanero Nacional (en adelante TAN), dictada a las 10:15 horas del día 19 de octubre del 2017 y, concomitantemente contra la resolución o acto ejecutorio, de prevención o intimación de pago RES-DN-103-2019 de las 10:10 del 6 de febrero de 2019”, presentado por el señor [Nombre 003] como representante de la empresa importadora. (Ver folio 509 del expediente administrativo).

Que el 10 de marzo del 2021, se dicta la resolución N°RES-DF-059-2021 por parte de la Dirección General de Aduanas, donde decide rechazar el incidente de nulidad interpuesto por la representación de la empresa importadora, Asesorías Asepro de Centroamérica S.A.; la cual es notificada a la agente aduanera y al importador en fecha 22 de marzo del mismo año, a las cuentas de correo electrónico [...] y [...], respectivamente. (Ver folios 551, 560 y 562, del expediente administrativo).

Que el 13 de abril del 2021, la Dirección General de Aduanas, emite la resolución N°RES-DF-087-2021, para ordenar al Departamento de Estadística y Registro que proceda de inmediato con la respectiva inhabilitación en contra de la auxiliar de la función pública aduanera, agente de aduanas, [Nombre 002], en virtud de no haber cancelado los tributos dejados de percibir más los correspondientes intereses por la suma de ¢17.957.602,25, pese haberse prevenido su pago mediante resolución RES-DN-103-2019. Dicho acto fue notificado a la cuenta de correo electrónico de la actora, nancy.robles@ryglogistica.com. (Ver folio 546 y 547 del expediente administrativo).

VI.-Hechos no probados. De tal naturaleza por no existir constancia en autos y ser de relevancia para la solución de esta controversia se tienen como hechos no probados los siguientes:

Que la parte actora, [Nombre 002], hubiera formulado gestión de impugnación o nulidad contra el acto final del procedimiento seguido por la Dirección General de Aduanas.  (Los autos)

Sobre los procedimientos aduaneros relacionados con el objeto del proceso. Al respecto cabe recordar, que el proceso en cuestión se origina en la potestad de Verificación a Posteriori que ostenta la Administración Aduanera, conforme al artículo 102 de la Ley General de Aduanas (LGA). Esta facultad, que se ejerce después del despacho de las mercancías, permite a la autoridad revisar la determinación de la obligación tributaria y el cumplimiento de las regulaciones. Una vez que esta verificación determina que los tributos no fueron cancelados correctamente, se activa el procedimiento de regularización, tal como se estipula en el artículo 24 bis de la LGA y se desarrolla en los artículos 55 bis y 536 bis de su Reglamento. Este procedimiento es una etapa obligatoria en la que la Administración propone al sujeto pasivo (el importador y el agente aduanero) que voluntariamente acepte y pague los adeudos y sus intereses. Es crucial entender que, si el sujeto pasivo accede, se considera una aceptación de la deuda, la cual se vuelve líquida y exigible. Sin embargo, si el sujeto pasivo no está de acuerdo con la propuesta de la Aduana, como ocurrió en este caso, se pasa a una siguiente fase. Al no existir un acuerdo en la regularización, la Administración está obligada, por el artículo 24 bis de la LGA, a iniciar un procedimiento administrativo ordinario. Este procedimiento se rige por las formalidades establecidas en el artículo 196 de la misma ley. La apertura del procedimiento marca el inicio de la fase contradictoria, en la que las partes pueden presentar sus alegatos, aportar pruebas técnicas y refutar las conclusiones de la fiscalización. Durante este proceso, se busca salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso de los interesados. Al final de esta etapa, la Dirección General de Aduanas emite una resolución final que confirma, modifica o anula el adeudo. Esta resolución es susceptible de ser impugnada mediante los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, en esta vía judicial contencioso-administrativa, donde se revisará si la actuación de la Administración se ajustó estrictamente al marco legal. En suma, como se puede observar este procedimiento administrativo aduanero es una secuencia lógica: una verificación que conduce a la regularización. Si no hay acuerdo, se pasa a un procedimiento ordinario para resolver la disputa de forma formal y, si es necesario, el caso termina en los tribunales.

Sobre el caso concreto. De previo, es menester recordar que existen principios rectores que delimitan la función del órgano jurisdiccional en el proceso contencioso-administrativo, como una suerte de piedra angular del sistema, en el cual se cimienta el control de la actividad administrativa, tales como el principio dispositivo y el principio de imparcialidad del juez. Los cuales, sin duda alguna, constituyen la espina dorsal de un proceso democrático, en conjunto con la independencia judicial. El principio dispositivo establece que son las partes las que tienen la potestad exclusiva de iniciar el proceso, fijar su objeto y los límites de la controversia. El Tribunal, por su parte, no puede actuar de oficio (salvo algunos pronunciamientos que el ordenamiento jurídico expresamente establezca), ni suplir las omisiones o deficiencias de las partes en la formulación de sus pretensiones o la presentación de sus defensas. Esto garantiza la imparcialidad del juez, quien debe permanecer ajeno a los intereses en litigio y limitarse a juzgar conforme a lo planteado por los intervinientes. Así las cosas, el artículo 119 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), en el cual se codifica el principio de congruencia procesal, impone al juez la obligación de dictar una sentencia que no conceda más, ni cosa distinta a lo solicitado por las partes en sus pretensiones materiales. La sentencia debe ser un reflejo exacto de los hechos alegados y probados, sin poder fundamentarse en elementos no introducidos al debate por las partes. Se reitera, la única excepción a esta regla son aquellos pronunciamientos de oficio que la ley expresamente autorice, lo que refuerza la regla general de que el juez no puede ir más allá de los límites del debate. Este rigor en la actuación judicial no es una mera formalidad, sino una garantía fundamental. La jurisprudencia ha sostenido este criterio; como bien, se puede constatar en las sentencias No. 826-F-S1-2000 de las 16:15 horas del 1° de noviembre del 2000 y No. 280-F-S1-2017 dictada a las 10:00 horas del 16 de marzo del 2017, ambas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se ha establecido con firmeza que la congruencia es un límite infranqueable. En este marco, una defectuosa formulación de las pretensiones o una deficiencia en la argumentación de la demanda, se convierte en un obstáculo insalvable para el Tribunal. La autoridad jurisdiccional no puede corregir o subsanar la inactividad de la parte actora, pues hacerlo implicaría violar los principios de imparcialidad y dispositivo que definen la naturaleza misma del proceso. De esta manera, el fracaso de una demanda por estos motivos no se debe a un error del sistema, sino a la falta de diligencia de la parte que, teniendo la iniciativa procesal, no estableció de manera clara y coherente el objeto de su petición. Ahora bien, en la especie la parte actora en ejercicio de su derecho voluntario de acción establece como pretensión en su escrito de demanda lo siguiente: “1. Se declare en Sentencia la ilegalidad de las Resoluciones RES-DN-1224-2016 del 28 de setiembre del año 2016; Sentencia del Tribunal Aduanero Nacional numero(sic) 235-2019 de las catorce horas diez minutos del día once de julio del año 2019, Resolución número RES-DF-087-2021, de las diez horas cuarenta y ocho minutos del día trece de abril del año dos mil veintiuno. 2. (se desistió de esta pretensión en audiencia preliminar).

Se condene al Estado al pago de ambas costas.

Se ordene el archivo del presente expediente”. (Ver imágenes 09 y 63 del expediente judicial). De dichas pretensiones se desprende la impugnación de tres conductas formales de la Administración Aduanera, que constituyen a criterio de esta Cámara de Jueces, actos no susceptibles de impugnación, cada una por las razones que se expondrán. Véase, que el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), en su ordinal 120, subinciso a), del inciso 1), habilita para que el Tribunal en sentencia declare la inadmisibilidad de las pretensiones que se deduzcan contra conductas no susceptibles de impugnación, conforme a las reglas del capítulo I del título I del CPCA. En lo que aquí resulta relevante y de conformidad con los numerales 1 y 36 inciso c) del CPCA, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda la pretensión administrativa resulta admisible respecto de actos administrativos que sean finales, definitivos o de trámite con efecto propio. De lo anterior se desprende que ni el acto preparatorio ni el de mero trámite resultan impugnables en esta Jurisdicción sino es en acompañamiento con el acto final y/o definitivo. En el caso de la resolución RES-DN-1224-2016 del 28 de setiembre del año 2016, fue emitida por la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de dar inicio al procedimiento ordinario. En el contexto de los procedimientos descritos en el considerando anterior, este acto se emite una vez efectuada la Verificación a Posteriori que ostenta la Administración Aduanera, conforme al artículo 102 de la Ley General de Aduanas (LGA) y ante un resultado infructuoso del procedimiento de regularización del 24 bis de la LGA, desarrollado en los artículos 55 bis y 536 bis de su Reglamento. Por ende, la Dirección General de Aduanas, ante la negativa del importador y la agente aduanera en reconocer la corrección en la clasificación arancelaria propuesta por la Dirección de Fiscalización, procede a emitir la resolución RES-DN-1224-2016, que otorga audiencia y plazo para que se efectúe el descargo y se presente contraprueba, dicho acto preparatorio no conlleva ningún efecto propio sobre la esfera de derechos de la parte actora. Al respecto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los actos de mero trámite no son susceptibles de ser impugnados en forma autónoma, sino que más bien deben recurrirse conjuntamente con el acto final -artículos 163 inciso 2 y 345 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública. En este sentido, la Sala Constitucional ha señalado que: "III).-...los actos de trámite son actos instrumentales de las resoluciones, las preparan, las hacen posibles. Es una distinción (entre actos resolutorios y de trámite) firmemente establecida con base en la propia estructura del procedimiento administrativo. La regla de la irrecurribilidad de los actos de trámite, sobre la cual la distinción se ha originado, es una simple regla de orden, no es una regla material absoluta. No quiere decirse con ella, en efecto, que los actos de trámite no sean impugnables, que constituyan una suerte de dominio soberano de la Administración que resulte absolutamente infiscalizable por los recursos. Quiere decirse, más simplemente, que los actos de trámite no son impugnables separadamente. Expresa, pues, un principio de concentración procedimental: habrá que esperar a que se produzca la resolución final del procedimiento para, a través de la impugnación de la misma, poder plantear todas las eventuales discrepancias que el recurrente pueda tener sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos de trámite...". (Voto N°4072-95 de las 10:36 horas del 21 de julio de 1995). Así las cosas, los actos de mero trámite no son susceptibles de impugnación en forma independiente pues por sí solos no producen efectos en la esfera jurídica del administrado, tal y como sucede en el presente asunto. Al punto que, en caso que la parte no cumpla con la prevención realizada, la Dirección General de Aduanas mantiene su deber en la emisión de un acto administrativo que exponga dicha circunstancia y establezca su decisión final, como en efecto aconteció con la resolución RES-DN-438-2017, que determinó la posición arancelaria 8528.69.90 para la mercancía descrita como “Proyectores”, todo ello por las razones técnicas que se expone en la parte considerativa de la resolución. Además, establece la diferencia en la obligación tributaria a favor del Fisco, y previene el pago bajo el apercibimiento de la inhabilitación de la agente aduanera. En esta línea, la resolución RES-DF-087-2021, de las diez horas cuarenta y ocho minutos del día trece de abril del año dos mil veintiuno, únicamente se limita a comunicar la inhabilitación de la actora como agente de aduanas al Departamento de Estadística y Registro, debido a la falta de pago en la obligación tributaria determinada en el acto final del procedimiento ordinario RES-DN-438-2017. Indubitablemente, es este último acto el que causa los efectos adversos a la parte actora, y sobre los cuales direcciona sus argumentos en la demanda, no obstante, desde el punto de vista del Tribunal sucede una situación evidentemente irregular en la que se omite peticionar la nulidad del acto final del procedimiento ordinario, para simplemente impugnar la resolución de inicio y un acto de trámite en fase de ejecución. En cuanto a la “Sentencia del Tribunal Aduanero Nacional numero(sic) 235-2019 de las catorce horas diez minutos del día once de julio del año 2019”, se advierte de un estudio minucioso, que no rola en el expediente administrativo, ni está inmersa en la descripción de los hechos de la demanda, tampoco fue adjuntada copia alguna como prueba, no obstante que fue confirmada su petición de nulidad a viva voz por el abogado representante de la parte actora en la audiencia preliminar. En suma, el quid del asunto reside en el siguiente problema procesal:

Resolución RES-DN-1224-2016: Este acto, que dio inicio al procedimiento ordinario, es un acto preparatorio de mero trámite. No produjo ningún efecto directo y propio en la esfera de derechos de la actora. Su única finalidad fue notificar el inicio de la investigación y otorgar una audiencia, por lo que, conforme a la jurisprudencia constitucional (Voto N.º 4072-95), no puede ser impugnado de forma autónoma, sino que su impugnación debió concentrarse en el acto final.

Resolución RES-DF-087-2021: Este acto, que comunicó la inhabilitación de la agente aduanera, es un acto de trámite en fase de ejecución. Es la simple materialización de una orden previamente impuesta en un acto administrativo definitivo anterior, la resolución RES-DN-438-2017, que es el verdadero acto lesivo y final del procedimiento.

Sentencia del Tribunal Aduanero Nacional N° 235-2019: La demanda omite un elemento crucial al no aportar la prueba de la existencia de dicha sentencia, ni demostrar que la misma cause efectos directos a la parte actora, lo que deja a la pretensión sin sustento fáctico ni probatorio en el expediente. En conclusión, la parte actora ha omitido impugnar el acto que realmente le causa perjuicio —la resolución RES-DN-438-2017— y, en su lugar, ha dirigido su demanda contra actos de trámite, que carecen de la aptitud legal para ser impugnados de forma independiente. Este error procesal impide al Tribunal analizar los argumentos de fondo de la demanda, que paradójicamente están dirigidos contra el acto que no se impugnó. La consecuencia de esta omisión es la declaración de inadmisibilidad, pues la jurisdicción no puede corregir la inactividad de la parte ni otorgar una tutela judicial que no fue solicitada de manera correcta. El acto administrativo final, al no ser impugnado, mantiene su presunción de validez y eficacia jurídica, lo que hace que los reclamos de la actora sean improcedentes en el plano judicial.

En definitiva, por lo expuesto en los razonamientos apuntados en los Considerandos precedentes, de oficio, se declara que la pretensión anulatoria que dirime la parte demandante se formula en contra actos no susceptibles de impugnación, dada la naturaleza de mero trámite. Por ende, se declaran inadmisibles las pretensiones anulatorias, en consecuencia, la demanda debe ser declarada inadmisible con el consecuente archivo del expediente. En virtud de esta declaratoria, se omite pronunciamiento respecto de los otros extremos de fondo, como la excepción de falta de derecho que formuló la parte demandada.

Sobre las costas. El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. Del mismo ordinal 193 y 194 del CPCA, se extrae que las excepciones a la regla anterior, son: a) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar; y c) No habrá lugar a la condenatoria en costas, cuando la parte vencedora haya incurrido en plus petitio, y habrá plus petitio, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos. En la especie, no encuentra este Tribunal que estemos frente a alguna de las excepciones dichas que permita quebrar el postulado de imposición de costas al vencido, y en ese tanto, lo procedente es condenar a la parte actora al pago de costas y sus intereses desde la firmeza del presente fallo hasta su efectivo pago, a favor del Estado, las mismas que se determinarán en la Etapa de Ejecución de Sentencia. -