Resolución 00015-2023

Se declara sin lugar la medida cautelar solicitada. (...) Consecuentemente no había orden judicial que impida la Puesta en Posesión, y por ello la Administración procede en apego a las disposiciones judiciales, así como lo dispuesto en el Reglamento para el trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, (...). Dicha documentación se le indica con claridad al señor Olivier y a su mamá; no obstante en esos momentos el señor Olivier y su mamá se dirigen a la casa nuevamente para ingresar a ésta, para lo cual abren la puerta con la llave que traía el señor Olivier e inmediatamente hacen manifestaciones nuevamente de que nadie los va a sacar de ahí, para lo cual los Agentes de la Fuerza Pública les indican que deben salir y de manera negativa el señor Olivier y su mamá reiteran que no los pueden sacar que como harán para sacar todo y luego de dialogar procede el señor Olivier  y su mamá a salir (sic) en la que la Caja deja bajo llave la puerta y se dirigen los ocupantes inmediatamente a subir el vehículo placas número B Q S QUINIENTOS TREINTA Y CINCO y se marchan del lugar al ser las quince horas con veinte minutos". (Ver imágenes 416 a 420 del expediente digital judicial);

En el juicio oral y público se recibió el testimonio de la señora Ismelda Sánchez Ureña, quien indica ser soltera, pensionada, vecina de Alajuelita y madre del actor. Ante preguntas de la parte actora menciona que: Conoce la finca que se denomina Coronado y la ubica 800 metros al este de Migración y señala que la conoce porque vivió ahí. Se le pide indique si en ese lugar vivía con Olivier Sánchez y señala que él desde pequeño, jovencito vivía ahí. Se le pide explique por qué vivía ahí y señala que vivía con su papá y que ellos se fueron de Concepción de Alajuelita porque se lo llevaron a trabajar a esa finca de la Caja, que ellos vivían por la parte del parque Nacional de Diversiones, que en ese momento hicieron un convenio para que desalojaran y se fueran a vivir a esa finca y como ella vivía con su padre por eso ellos crecieron ahí. Señala que en esa finca vivía su tío y otros señores. Se le pregunta si en algún momento don Olivier se independizó y señala que hubo un tiempo en que se juntó y se fue a vivir con ellos. Se le pregunta si siempre vivió en la casa de ellos y señala que él se hizo un apartamento a la par de ellos. Se le pregunta que áreas de la finca Coronado ocupó y señala que empezó a limpiar y sembrar cositas ahí. Ante la consulta de lo que sembraba, menciona: maíz, jocotes, mangos, guineos, ayotes, chayotes y hortalizas, pero era más que todo para el gasto de ellos. Que sí había arbolitos, pero empezó a limpiarla porque era un charral y la habían dejado muy abandonada y él empezó a sembrar maíz porque él no tenía trabajo. Se le pregunta si recuerda cuál era el área. Señala que unos 5 mil metros, porque una vez un señor llegó a medir ahí. Se le consulta si esa área es toda la finca y señala que no, solo una parte. Se le pregunta cuánto tiempo estuvo ahí y señala que unos 10 o 12 años y estaba trabajando para sembrar y vender hasta el momento en que lo sacaron. Que si recuerda a qué edad empezó a sembrar y señala que a los 18 años. Se le consulta sobre el tipo de sembradíos y señala que había un señor que llegaba a comprarle las cosechas y él se mantenía. Se le pregunta si las personas lo podían ver sembrando. Señala que sí. Se le pregunta dónde se ubicaban los sembradíos y señala que se ubicaban al fondo de la propiedad. Se le consulta si alguien reclamó por los sembradíos y señala que no. Se le pregunta sobre la posesión si fue pacifica, y dice que solo los sobrinos le maltrataban los arbolitos. Que cómo se sentía don Olivier respecto del terreno y señala que él se sentía como dueño, y lo trabajó bastante porque era un charral. Se le consulta hasta cuándo estuvo don Olivier en ese terreno y señala que hasta que lo sacaron. Cree que fue en setiembre de 2021 y él no estaba ahí, andaba haciendo un mandado y lo llamaron porque había dos policías y él tenía una cautelar. Agrega que había cultivos en esa fecha y señala que su salud venía muy deteriorada y le había dado un infarto y él los había dejado, ya los cultivos no había, siempre había bananos, guineos, plátanos y la mata de chayote. Se le pregunta si alguien le ayudaba con los cultivos y señala que a veces los hijos y algunos amigos, que él pasaba la maquina y a veces alguien le ayudaba. Ante preguntas de la parte demandada: Se le pregunta sobre el apartamento y si tenía permisos de construcción e indica que no sabe. Se le consulta si lo hizo algún conocedor en la materia y señala que era un apartamento normal. Sobre los cultivos y los instrumentos de labranza, se le pide explique cuáles tenía y menciona la máquina, macanas que tenía muchas. Señala que todo eso quedó ahí en una bodeguita. Se le pregunta si intentó recuperarlos y señala que no lo dejaron entrar. Se le pregunta si ha gestionado ante la Caja la recuperación y señala que no sabe. Se le pregunta si había trabajadores de la Caja y señala que había dos personas, y los mandaban a otro lado a trabajar y señala que era su hermano y otro señor y los llevaban a otras fincas, que esa finca la dejaron en abandono. Se le pregunta sobre las funciones de esas personas que todavía trabajaban y señala que eran funciones de la Caja y su hermano que sabía algo más sobre arreglos, el hermano era Edwin Ureña Sánchez. Se le pregunta sobre cuántos metros había de la entrada a la casa y señala que unos 100 metros y de ahí había unos 100 metros más a la siembra, que había una callecita limpia y llegaban los del ICE, menciona que alrededor de la torre se sembraba maíz. Que la casa era la última, se veía desde la entrada, pero el sembradío no se veía. Menciona que había un portón en la entrada y solo los conocidos entraban a la casa, no el público en general. Se le consulta si en el portón había carteles y señala que del lado del río y no sabe quién lo puso, si fue la Caja u otros, añade que fue arriba en la malla. Se le consulta dónde estaba su hijo el día del desalojo y señala que en Alajuelita y señala que tenía un carrito, era un Elantra blanco. Señala que actualmente vive con ella. Pregunta el Tribunal: Se le consulta hace cuánto vive de nuevo en Alajuelita, y señala que ella se había ido donde su otro hijo y en la casa de su mamá también y señala que tenía 10 años de vivir ahí, no obstante, menciona que iba prácticamente todos los días donde su hijo. Se le consulta si su hijo le contó de dónde surgió la idea de cultivar, y señala que fue cuando se puso con la responsabilidad de la familia. Se le pregunta cómo empezó a cultivar y señala que a poquito y que el papá ya había sembrado en su momento banano. Se le pregunta que desde cuándo empezó a limpiar hasta llegar a tener los 5 mil metros y señala que le llevó su tiempo, unos meses. (Testimonio en la grabación del juicio en expediente digital judicial);

En el juicio oral y público se recibió el testimonio de la señora Rebeca María Watson Porta, quien indica ser funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social, economista y Jefe del Área Administrativa de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social desde hace 19 años. Ante preguntas de la parte demanda comenta el origen de la finca Coronado, que es una finca de la Caja desde 1942, específicamente del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que es un activo de esa cartera, que esa finca era de unos alemanes y se le llamaba finca La Caja, era más grande y con la carretera (General Cañas) se vendieron varios terrenos pero quedó esa finca Coronado, que esas dos fincas, una de 18 mil y otra de 43 mil metros cuadrados que es del Instituto del Cáncer, siempre ha sido de la CCSS y se ha utilizado para sus intereses. Que para 1977 estaba dedicada al cultivo de café y se contrataron trabajadores ocasionarles para que el dieran mantenimientos a la producción y había otra hacienda por el lado del Hospital México y esa fue invadida por familias y ahora es la Carpio, la parte del Parque de Diversiones que se donó a la Asociación del Hospital de Niños, y poco a poco esas familias se fueron del Parque y al final terminaron en la finca Coronado y el café tuvo su apogeo, pero para el año 2000 ya no servía. Habían 6 o 7 trabajadores que se reconocían por la Caja como trabajadores ocasiones y hacían el mantenimiento de varios terrenos de la finca, y ellos se desplazaban a hacer las chapeas y limpiezas y era a ellos que se les permitió vivieran ahí para el cuido del inmueble. Señala que inclusive ella fue la funcionaria que se dedicaba a las propiedades en la Caja y su primer contacto con esa finca fue en el año 2005 o 2006 y ella tenía que conseguir el transporte. Señala que por ahí del año 2007 o 2008 los señores se empezaron a pensionar y había un señor muy ermitaño que ya estaba pensionado, Señala que, cuando ella asume la jefatura le quedaron dos funcionarios trabajando y se pensionaron por ahí del 2007. Señala que en el año 2011, nace la iniciativa de un centro de almacenamiento y que se iba a ubicar en la finca de Coronado y se coordina con las jefaturas de planificación y de logística y con Jorge Granados y ellos estaban con ese proyecto del almacén general y don Alberto Acuña hizo una resolución para esos señores que ocupaban el inmueble y se le notifica a ellos, estos interponen un recurso de amparo y posteriormente interponen un proceso de usucapión especial agraria y dos funcionarios interpusieron un reconocimiento de salario de especie y señala que ya había un proyecto de contratación de elaboración de los planos catastrados del proyecto y señala que ella tuvo que ir a la Junta Directiva a explicar los desalojos y que los señores habían interpuesto medidas cautelares y no se podía hacer el proyecto por esa situación. Menciona que, a raíz de eso hubo mucho disgusto porque desde tiempo atrás se estaba tratando de desarrollar ese proyecto, ellos siempre han intentado el desalojo de estos señores y que por una u otra razón se esperaban mientras se desarrollaban los proyectos que incluso el Instituto del cáncer tenía esa inquietud. Que en el 2011 y 2012 se dio un frenazo a esa iniciativa por lo que paso con esos señores y se trasladó al área de San Francisco los almacenes y eso ha implicado un gran gasto y que la finca Coronado por su ubicación estratégica, es vista como un interés para desarrollar ese tipo de proyecto y es interés de Logística desarrollar el almacén general con un fideicomiso y se quiere hacer una ciudad administrativa. Son como 71 mil metros cuadrados. Y hay un interés de quitar unas servidumbres eléctricas, y señala que cuando se dio esa situación en el año 2012, cuando se supo de los procesos, tenían una bodega ahí con varios expedientes antiguos de la institución y se les permitió tener acceso a esos expedientes por parte de la CCSS. Señala que cuando ya se pudo acceder a la finca tuvieron una serie de situaciones, que hubo varias acciones que se deben de tener en consideración, por lo que ha implicado para la Administración que ha tenido que ver cómo manejar esa situación. Señala que han tenido acciones del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José por fiestas clandestinas, y un botadero de basura. Señala que don Edwin y el otro trabajador señalaban que era don Olivier el que hacía mal uso del inmueble, que ellos eran subalternos de ella. Señala que un señor llegó a la Caja a pedir que si se le devolvían unos asientos de un bus que él tenía en esa finca guardados porque le pagaba a don Olivier para que le guardara esos artículos. Señala que, en el año 2012, uno de los trabajadores, don Carlos Ledezma, se fue voluntariamente de la finca y las otras familias se quedaron. Señala que lograron concretar el desalojo de Olivier, el 20 de octubre de 2021 y que todas las familias se atendieron y que la mayoría de los que quedaban eran adultos mayores y se denunció eso al CONAPAM. Y que don Olivier llegó el 1 de julio de 2021, y él tenía una medida cautelar y se desalojó las otras familias y posteriormente también se desalojó a don Olivier, el 20 de octubre de 2021. Señalan que ellos dejaron un guarda de seguridad que indicó que se habían llevado todas las cosas y no había nadie en el sitio según lo informó ese guarda de seguridad. Señala que el día del desalojo ellos llamaron a don Olivier porque no había nadie ahí y les manifestó que estaba en su finca y le tenían que dar chance para que él llegara y si había cuestiones que él podía retirar ahí, le dieron el chance. Señala que llegó muy irrespetuoso y agresivo. Que ella trató de explicarle y la amenazó, le dieron chance que se llevara las cosas y él dice que no se va a llevar nada y se va a retirar. Señala que tiene un guarda y se ha dado unas situaciones. Se le consulta si ella ha visitado ese inmueble y la cantidad de veces, afirmando que muchas veces del 2005 a la fecha, hasta tiene videos de la finca. Se le consulta sobre si ha visto cultivos, señala que hay mucha vegetación, eso es como una selva, hay repasto, zacate, árboles y que antes había matas de café pero eso se cortó en el año 2005. Agrega que el momento del desalojo había asientos de bus, hasta una lancha. Se le pregunta si don Olivier ha hecho gestiones para recuperar algún tipo de pertenencias y señala que no. Sobre ese centro de Logística menciona que está a cargo del Fideicomiso y han realizado gestiones. Que desde el año 2012 hasta el 2015, los abogados decían que no se podía disponer del terreno hasta que se levantaran las medidas. Sobre el botadero de basura y las consecuencias para la institución, indica que, son más sobre la reputación de la CCSS. Se le consulta si hay otro terreno con las características de finca Coronado y señala que en San José no. Se le pide a la parte actora que realice preguntas y menciona que no tiene. (Declaración en grabación del juicio oral y público).-

SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: De interés es mencionar, que no se acreditaron por las partes los siguientes hechos de interés:

Que la propiedad objeto del proceso sea un bien privado de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Los autos).

Que existiera usucapión agraria a favor del actor o que éste fuera un poseedor de buena fe. (Los autos).

Que en la propiedad en discusión existieran mejoras útiles y necesarias incorporadas al inmueble y/o que éstas fueran realizadas por el actor. (Los autos).

La existencia de deterioros a cargo del actor en la propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Los autos).

Que la actuación por parte de un oficial de la Delegación Policial de La Uruca-Mata Redonda sea responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Los autos).

Que exista un derecho de retención sobre el inmueble a favor del actor. (Los autos).-

SOBRE EL ARGUMENTO DEL ACTOR: En el escrito de demanda, la parte actora señaló: "(...) En la finca objeto de esta causa, habitan familias desde hace 30 años (las familias con más antigüedad de vivir en la finca) o 25 años (quienes llegaron tiempo después). A lo largo de los años, estas familias fueron creciendo, asentándose en la Finca, ejerciendo plenamente un derecho de posesión sobre el bien, haciendo uso y disfrute del Inmueble: cultivando papa, yuca, ayote, chayote, guineo, banano, maíz, hortalizas además de numerosos árboles frutales. Dentro de esas familias se encuentra el suscrito quien también llevó a cabo en parte de los inmuebles una posesión agraria de subsistencia para mí y mi familia. Todas estas actividades agrarias, las hemos llevado a cabo para nuestra subsistencia y de nuestras familias. Se han realizaron mejoras en los inmuebles, las cuales fueron incorporadas con patrimonio de los poseedores quienes siempre hemos ejercido la posesión de buena fe. Ejercimos la posesión sobre los inmuebles, actuando como dueños, usando y disfrutando el mismo, explotándolo agrariamente, y ejerciendo los derechos de exclusión v defensa del inmueble, pues al menos en dos ocasiones, evitamos que un grupo de precaristas se metìeran en la Finca. Durante todo este tiempo hemos sido poseedores de buena fe, haciendo un buen uso del inmueble en forma continua, pública, pacífica y como dueños. La situación de vulnerabilidad socio-económica de nuestras familias que habitan en la Finca "Coronado" es evidente. En total viven en ella, ocho familias, de diversa composición, las cuales suman un total de 39 personas, de los cuales existe un gran porcentaje de niños y ancianos. Dentro de los que habitan los inmuebles conocidos como Finca "Coronado", se encuentra el aquí gestionante, quien lleva en ella actividades agrarias de subsistencia para el suscrito y mi familia. (...) Fundamentación jurídica (sic) La naturaleza jurídica de este bien inmueble no se encuentra clara, pues existe la duda de si se trata de un bien demanial, contemplado en el art. 261 -f siguientes del Código Civil. El artículo 261 del cc dice: "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servido de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” (la negrita es nuestra) Según lo anterior no existe una ley que defina que esa Finca Coronado está destinada de modo permanente a alguna utilidad general. Los derechos de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la Finca quedan sujetos al derecho privado, en cuyo caso, por lo que se plantea el presente litigio, con el fin de hacer valer sus derechos sobre la Finca en aplicación de lo normado en el artículo 853 y siguientes del Código Civil, así como lo dispuesto por el artículo 92 siguientes y concordantes de la Ley de Tierras y Colonización. Evidentemente todas estas cuestiones deben ser dilucidadas en la vía judicial correspondiente. Aplicar un simple desalojo como pretende la Administración es temerario e improcedente. Por la magnitud del daño que le causaría al aquí gestionante. Las Resoluciones Administrativas emitidas por los personeros de la CCSS, adolecen de una gran cantidad de vicios procedimentales. En primer lugar, NO SON PRODUCTO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. sino de un acto unilateral de la administración pública. Reza el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública: "1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia obligatoria en cualquiera de los siguientes usos: a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado, sea imponiéndole obligaciones, suprimiéndoles o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos o intereses legítimos; y b) Si hay contradicción a concurso de interesados frente a la Administración dentro del expediente.

Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplinarios cuando éstas conduzcan a la aplicación de sanciones de suspensión o de situación, o cualesquiera atrás de similar gravedad." (la negrita es nuestra) En el caso que nos ocupa es evidente que estamos dentro de los supuestos del inciso a) del citado numeral, pues se pretende ni más ni menos que quitarme la vivienda, de los cultivos y del modo de vida de subsistencia agrícola y alejarme de un lugar en donde se encuentra completamente arraigado, con todas las graves consecuencias que eso conlleva. Aunado a ello tratan de no pagar las mejoras incorporadas al inmueble, lo que implica un enriquecimiento ilícito por parte de la CCSS. De manera que, para estar conforme a derecho, se debió realizar un procedimiento administrativo conforme al artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Al no haberse observado todo lo normado por los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, evidentemente se lesiona gravemente el principio del debido proceso, y el de derecho de defensa, por cuanto, el promovente nunca tuvo acceso a toda la documentación pertinente, ni se celebró comparecencia alguna, es decir, nunca les fue permitido ejercer su derecho de defensa, lo cual los dejó en un claro estado de indefensión. Por otra parte, las Resoluciones Administrativas emitidas por la CCSS, cuyo contenido el aquí gestionante evidentemente desconoce, de manera que les resulta materialmente imposible, ejercer una defensa adecuada a sus intereses legítimos. Es aún más indignante la actuación arbitraria de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social si se toma en cuenta que el aquí gestionante es una persona humilde, de baja escolaridad, sin recursos económicos suficientes para consultar ante un profesional del derecho, lo cual, claramente lo dejan en un estado de indefensión del cual una Institución de carácter social y solidario como lo es la Caja del Seguro Social no debería aprovecharse. Aunado a lo anterior, la comunicación por parte de Alejandro Ledezma de la Delegación Policial de La Uruca-Mata Redonda al no querer entregarnos copia de documentación alguna y al indicarnos que ya están procediendo con el trámite administrativo de desalojo, es por demás irrazonable, desproporcionado, imprudente y abusivo, esto por tratarse de la vivienda del aquí gestionante, quien NO DISPONE NI DEL DINERO NECESARIO NI DE ALGÚN OTRO LUGAR PARA TRASLADARSE A VIVIR, mucho menos frente a un desalojo oculto y repentino como el que planean hacer. En criterio de esta representación, existen suficientes elementos para suponer que en sentencia se declarará la ilegalidad de las Resoluciones Administrativas emitidas por la CCSS, y su consecuente anulación, todo esto de conformidad con la que establece el artículo 223 de la Ley General de la administración Pública. El bien objeto del presente litigio es un bien de naturaleza NO DEMANIAL. Señala el artículo 261 del Código Civil que son cosas públicas las que están establecidas por Ley y que todas las demás son cosas privadas y sujeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado. Dice el Artículo 261 del Código Civil: "Son cosas públicas las que por ley están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado, a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona." (Énfasis Agregado). No existe en el presente caso prueba de que la finca "Coronado" matrícula 037688-000 haya sido afectada al dominio público, por no existir ley específica que así lo exprese. Debemos entonces partir del hecho de que la finca en mención no es un bien demanial, se trata de un bien privado perteneciente a la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual está sujeto al tráfico comercial de los bienes privados. De hecho, la propiedad ha sido segregada e incluso la Caja Costarricense del Seguro Social vendió lotes a particulares, con lo cual, queda claramente demostrada la naturaleza privada de dicho inmueble. (ver prueba certificaciones notariales de página web del Registro Nacional visibles a folios 218 a 230 del expediente). Debido a su naturaleza de cosa privada, la finca "Coronado" es un bien al que se le pueden aplicar los institutos del Derecho Civil y del Derecho Agrario, y en el caso que nos ocupa la figura de la Usucapión Especial Agraria -que de seguido desarrollaremos-. Así lo han dicho los Tribunales Agrarios: "En el presente asunto, la propiedad de que se trata estaba inscrita según lo relata el mismo recurrente a nombre de Arturo Navas Flores antes de pertenecer al Banco Anglo Costarricense, y quien era deudor de dicha banca (véase memorial de apelación a folio 358). Es decir los bienes en disputa estaban dentro del tráfico comercial y normal de los bienes privados y luego pasaron o pertenecer al Banco Anglo Costarricense. No existe prueba de ningún tipo que indique que dicha finca fue afectada al dominio público por ley expresa, al ingresar al patrimonio de dicho Banco, para lo que es necesario concluir que se trata de los llamados bienes privadas del Estado, que forman parte de su patrimonio tal y como se ha explicado anteriormente. En esas circunstancias tal y como la establece el artículo 261 del Código Civil en su párrafo segunda le es aplicable el régimen ordinario de los bienes privados. Por esa razón tales bienes si pueden ser objeto de los Institutos del Derecho Civil y del Derecho Agraria, entre los cuales se encuentra la posibilidad de adquirirlas en virtud de usucapión", Voto N° 1061-F-11 Tribunal Agrario del II CJ (sic) La posesión precaria de tierras en que ostento, ha generado lo que se conoce como la usucapión especial agraria. La usucapión especial agraria, es un instituto típico y exclusivo del Derecho agrario, que responde a los derechos consagrados dentro del concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, y su existencia obedece a la necesidad de garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a quien cumple la función económica, ambiental y social de los bienes productivos. (Voto No 0467-F-09 Tribunal Agrario II Circuito Judicial). El fundamento constitucional de este instituto se encuentra en los artículos 45, 50, 69 y 74 de la Constitución Política y específicamente en los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, en donde se establecen los presupuestos de la figura de la Usucapión Especial Agraria. Rezan los citados artículos "Articulo 92: (...) Para los efectos de esta ley se entenderá que es poseedor en Precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables y efectivas, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción. Para su subsistencia o la de su familia. sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. (énfasis agregado). Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones enunciados en el párrafo anterior podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria (...)" 'Articulo 101: (...) No se incluirán en el avalúo ni se pagarán, las parcelas respecto de las cuales deba admitirse como procedente la excepción de prescripción positiva. Estarán en este caso aquellas poseídas en forma continua, pública y pacifica por más de diez años, ya sea que la posesión haya sido ejercida directamente por el ocupante o por sus transmitentes. Es decir que para los efectos de la prescripción positiva de que este articulo trata no será necesaria el título traslativo de dominio que exige el Código Civil. Para el caso en que fuere necesario expropiar la finca ocupada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 152 de esta ley, los poseedores que se encontraron en la situación contemplada en el párrafo primero de este artículo podrán demostrar en las mismas diligencias de expropiación y mediante el trámite de incidentes, la posesión decenal. Declarada por los Tribunales dicha posesión, las parcelas respectivas no se tomarán en cuenta para los efectos de la indemnización correspondiente y el Instituto las adjudicará de acuerdo con los principios establecidos en el Capítulo de parcelaciones en lo que fuere procedente, cobrando al poseedor únicamente los gastos que demanden la medida, adjudicación y titulación." (Así reformado por el artículo 1" de la ley N' 3336 de 31 de julio de 1964). (énfasis agregado) En el caso que nos ocupa, el suscrito ha poseído en precario la tierra por más de veinticinco años, poniéndola a producir para satisfacer las necesidades alimentarias propias y las de sus familias. Nótese que soy de escasos recursos económicos que he hecho de la finca Coronado mi hogar y mi medio de subsistencia a través del cultivo de la tierra. He ejercido actos de posesión agraria de forma directa, personal e inmediata con la tierra, estable, efectiva, pública, pacífica e ininterrumpida por más de veinticinco años, con la finalidad de satisfacer necesidades de alimentación propias y del grupo familiar, ejerciendo una actividad familiar agrícola con el fin de ponerla a producir para su subsistencia, obteniendo de la tierra papa, yuca, ayote, chayote, guineo, banano, maíz, hortalizas, café, frijoles, camote, diversos árboles frutales y cosechas según la temporada. Nótese que no se estipula para la aplicación de este instituto la existencia de la buena fe, por el contrario, el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización es claro al señalar que se refiere a un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Por esta razón, pierde relevancia la buena o mala fe. Lo cierto es que yo y mi familia he hecho uso de la tierra, cumpliéndose con ellos la función social de la propiedad a la que responde en buena parte el Derecho Agrario. De esta forma lo han señalado los Tribunales Agrarios: "XI Tal y como se desarrolla en el antecedente jurisprudencial citada, el cual hace suyo este Tribunal, en el caso de la usucapión especial agraria no es necesario que concurran los requisitos de la buena fe y el título traslativo de dominio proveniente de un "non domino", como se exige en los artículos 853 y 854 del Código Civil, de ahí que devenga en innecesario analizar si en la sentencia recurrida se apreció correctamente el requisito de la buena fe, ni mucho menos si en el caso concreto ha operado. Solamente deben aplicarse los requisitos establecidos en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, a saber, "todo aquel que por necesidad relice(sic) actos de posesión estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más de un año, y con el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público", y el requisito de los diez años de posesión contemplado en el artículo 92 in line y 101 párrafo primero de la ley de marras. De ahí que lleve razón el recurrente que se ha configurado la usucapión especial agraria a su favor (...)" (énfasis agregado) Voto N° 0467-F-09 Tribunal Agrario II Circuito Judicial. De todo lo dicho se deduce que efectivamente el accionante ha cumplido con un principio fundamental del Derecho Agrario, el cual es la función social de la propiedad, contrario a la pasividad que mostró la demandada al respecto, la cual nunca ha efectuado actos posesorios sobre la totalidad de la tierra que he cultivado y habitado. Tampoco hizo nada durante todo ese tiempo por reclamarla, manteniendo ociosos y sin sacarles provecho alguno a estos terrenos. A dicho principio se ha referido la jurisprudencia agraria de nuestro país: "Entre los principios del Derecho Agrario, se encuentran la Función social de la propiedad a través de su medio procura garantizar el "acceso" a la propiedad a las personas que carecen de ella o la poseen en forma insuficiente, y además la distribución equitativa de los productos, garantizando la alimentación de toda la población y una mayor justicia social en el campo. Uno de los presupuestos por los cuales la propiedad cumple su función social, radica en la necesidad de dar a la tierra su destinación económica natural: el ejercido de actividades agrarias de cría de animales o cultivo de vegetales en bienes de naturaleza productiva y aptitud agrícola, forestal o pecuaria." Voto N° 0467-F-09 Tribunal Agrario del II Circuito Judicial. A mayor abundamiento el voto N° 0467-F-09 Tribunal Agrario del II Circuito Judicial, referencia al principio de seguridad jurídica en la tenencia de tierras en relación con el artículo 50 de nuestra Carta Magna, así: "Esas realidades sociales en el campo agrario, como la del presente caso, justifican la existencia y aplicación de los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización, a fin de otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, acorde con el principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política de que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del País organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza", y la equidad como un principio del Derecho Agrario regulado en el artículo 69 de nuestra Carta Magna. A mayor abundamiento, el artículo Xlll de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", aprobado en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, como una manifestación de los Derechos Humanos de la primera y segunda generación, dispone: "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decoroso, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar". Bajo esta inteligencia, resulta razonable, proporcional y ajustado a derecho, la aplicación del instituto de la usucapión especial agraria al subjúdice".-

SOBRE EL ARGUMENTO DE LA DEMANDADA: En la contestación de la demanda la representación de la parte demandada mencionó: "(...) Es menester el traer a colación la siguiente serie de situaciones, para evidenciar la temeridad de la demanda de la parte actora, en tanto que el señor Sánchez Ureña, fue parte de los actores que, sin ningún tipo de relación contractual o autorización de mi representada, vivieron en una condición de precariedad en el inmueble que es propiedad de mi representada, y sobre el cual plantearon el proceso judicial visto bajo expediente 12-002152-1027-CA, el cual fue declarado sin lugar, al haberse acogido la caducidad del proceso, y haberse declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia que acogía la caducidad en favor de mi representada, es decir, en el presente proceso, incluso se tiene la particularidad de tener una sentencia en firme. Como puede apreciarse de la base de datos que a efecto tiene el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se solicita por parte de esta representación de la manera más respetuosa y atenta, que se analice y tome en consideración lo suscitado en el expediente 12-002152-1027-CA. Al respecto, las pretensiones dentro de dicho proceso judicial, por parte del señor Sánchez Ureña, eran las siguientes: “(…)

Que se declare con lugar la presente demanda en todos sus extremos.

Que se declare en sentencia la usucapión especial agraria a favor de los actores de las parcelas de tierra, sobre las cuales han ejercido posesión agraria, pertenecientes a la Finca Coronado titulada en el Registro Nacional de la Propiedad a nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social, finca matrícula 037688-000 con base en los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización.

Que se proceda a segregar e inscribir en el Registro Nacional las diferentes parcelas a nombre de nuestros poderdantes.

Que se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de ambas costas de este proceso. (...) el actor efectivamente interpuso un proceso judicial que fue declarado sin lugar y sobre el cual, además de tener conocimiento, omite mencionarlo, con el agravante para el actor mismo, que este nunca fue parte de la serie de trabajadores que inicialmente tuvieron un contrato con la institución. (...) Dichas sentencias, y la situación jurídico-material concreta, es conocida por la parte actora y por su representante, por lo que se tiene plenamente claro que existe una cosa juzgada dentro del presente proceso judicial. SINOPSIS DEL CASO (sic) En primera instancia, vale la pena destacar que el señor Sánchez Ureña no es poseedor de buena fe del inmueble mencionado, como se demostrará a lo largo de la contestación de demanda. A partir de 1942 el Estado donó el inmueble en cuestión a mi representada, la cual hasta la fecha funge como propietaria de las fincas 37688-000 y 424943-000 del partido de San José, y sobre lo cual nunca se ha puesto en tela de duda dicha situación. Es totalmente falso que en dicho inmueble habiten familias, sino que estas todas fueron desalojadas e incluso el actor, ya fue desalojado en totalidad del inmueble, de conformidad con lo que incluso puede evidenciarse en el legajo de la medida cautelar e incluso por la prueba aportada por el actor. Dicho terreno se dedicaba a la producción y cosecha de café, para lo cual la Institución, a fin de garantizar la administración eficiente y eficaz que debía llevar en los inmuebles pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, promovió la contratación de diferentes peones agrícolas para que ejecutaran la labor de recolección de café como jornal ocasional, que como dato importante el señor Sánchez Ureña no figura como parte de esta contratación de personas, por lo que no se tiene prueba ni registro tampoco de ningún tipo de actividad agrícola que desarrollara el actor en el inmueble de cita, con el agravante que según la prueba que se adjunta, no hay una sola evidencia de cultivos en el lugar e incluso, este se estuvo utilizando como botadero clandestino de basura. De igual manera, vale la pena mencionar que en ningún momento la Institución ha cedido, ni al señor Sánchez Ureña, ni a ninguna persona, el mencionado inmueble para que habiten en el. Por su parte, es de acotar que desde el 2011, la Institución con vista en su necesidad de desarrollar el Proyecto de Construcción del Centro de Almacenamiento y Distribución de la CCSS, por las características de terreno, procedió con la solicitud de desocupación del inmueble, en aras de cumplir con el objetivo que establece la normativa vigente y con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para custodiar de manera adecuada el bien inmueble. Con fundamento en lo anterior, el Área Administrativa de la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia de Pensiones procedió a remitir los oficios AA-0400-04-12, AA-401-04-12, AA-0414-04-12, AA-0403-04-12, AA-0404-04-12, AA-0413-04-12 y AA-0412-04-12, solicitándole a los ocupantes el desalojo del bien inmueble con el objetivo de cumplir las disposiciones emanadas de la Dirección Jurídica y de la Auditoría Interna de la Institución. Los ocupantes de dicho bien hicieron caso omiso de la solicitud y plantearon recursos de amparo ante la Sala Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de usucapir dicha propiedad, destacando que realizaban prácticas agrícolas para su subsistencia, lo cual resultaba paradójico, ya que ellos eran trabajadores de la Institución y estarían realizando prácticas fuera del marco de legalidad, que como funcionarios públicos, les asiste el deber de probidad, entre otras cosas. Así las cosas, se hace necesario acotar que las acciones llevadas a cabo han tenido como fin último el cuido y protección de los bienes institucionales, propiedad de los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, siendo que las acciones ejecutadas tienen como objetivo ejercer una administración eficaz de los recursos institucionales, en beneficio del régimen y sus asegurados, que considerando las fechas señaladas que rondan casi los 10 años es que ha tenido que invertir la Institución en la atención de procesos que ante la mala fe de los que fueran trabajadores y queriendo apropiarse de inmueble que le pertenece a las personas cotizantes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, con el agravio de no poder la administración en ejecutar proyectos para sus fines propios, por suspenderse las actuaciones mientras se determina la verdad real sobre la situación del referenciado bien inmueble, en sede judicial, con el agravante para el actor, que el fondo del asunto, tiene ya sentencia en firme. Según lo señalado por el señor Olivier Sánchez Ureña, respecto a que tiene más de 25 años de habitar el inmueble denominado Finca Coronado, es de indicar que sobre aspecto no consta fecha certera sobre su permanencia de la finca de marras, ni mucho menos que sea poseedor de terreno en dicho inmueble, por cuanto se reitera que más bien la Institución cuando se jubilaron los trabajadores ubicados en ese inmueble procedió a plantear el desalojo de éste, y sobre lo cual el actor interpuso el proceso que se ha mencionado de manera reiterada y que tiene una sentencia en firme, favorable para los intereses institucionales de mi representada. Por su parte, el inmueble “Finca Coronado”, no se evidencian registros que el inmueble haya sido utilizado para fines agrícolas por parte del actor y en los últimos 10 años, para lo cual se aportan actas de visitas al sitio del último quinquenio con sus respectivas fotografías que evidencian que el terreno se encuentra sin cultivar, por lo que no es cierto lo alegado por el señor Olivier Sánchez Ureña, (...) Incluso, con vista en el mal uso que le han dado los ocupantes de “Finca Coronado” ha debido la CCSS soportar el riesgo reputacional que, ante los medios de prensa, se destaca la noticia “Usan lote de la CCSS como botadero clandestino” (...) de fecha 22 de abril 2016, publicado por CRHOY, (...). Por otra parte, resulta necesario destacar que en fecha 10 de marzo de 2021, el inspector de la Municipalidad de San José, Alberto Arburola Ramírez, notificó a la Institución sobre el relleno sanitario del inmueble N° MFR-37688-02-00, esto por cuanto no se cuentan con permisos para los movimientos de tierras, para lo cual, el ingeniero Manuel Brenes Venegas, funcionario del Área Administrativa de la Gerencia de Pensiones emitió el informe DFA-AA-0469-2021 de fecha 24 de marzo del año en curso, (...) De lo anterior, y la prueba que se aporta, pueden concluirse distintas situaciones concretas: • El inmueble no se ha dedicado a actividades agrícolas para la subsistencia por parte de ninguna persona. • El inmueble se está usando como botadero de basura. • El uso inadecuado del inmueble ha generado gran estabilidad del terreno. • El uso inadecuado del inmueble ha generado contaminación ambiental. • El uso inadecuado del inmueble expone a mi representada a multas por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José. Todo lo anterior, de manera abusiva, y sin ningún tipo de autorización por parte de mi representada, lo que a todas luces muestra que lo enunciado por la parte actora, es completamente alejado de la realidad, puesto con estas situaciones negligentes, se ha ocasionado un deterioro importante a los suelos, con actividades de recolección de basura a cielo abierto, generan multas por parte de la Municipalidad de San José, así como otras acciones del Ministerio de Salud, donde de acuerdo a la documentación que consta en dicho Municipio contempla que el terreno estaba siendo utilizado para un botadero y esta actividad data desde hace varios años, con las implicaciones que ello le conlleva. Con respecto de las mejoras que señala el actor sobre el inmueble, no consta para la Administración notificación para ello ni se aporta prueba alguna de ello, por lo que ante la posesión forzosa que ha ejercido el señor Olivier Sánchez Ureña y con vista en las medidas cautelares interpuestas por Sede Judicial mientras se resuelve el proceso descrito respecto de la intervención de la Administración en ingresar a éstas de ninguna manera puede concebirse las reparaciones que pudo haber hecho para su uso y disfrute de la cosa, por acciones que éste mismo promovió, y sobre todo tomando en consideración que la sentencia en firme es desfavorable para los intereses del actor, lo cual es de su conocimiento, pero fue omitido por este, mostrando a todas luces que hay temeridad en la medida cautelar planteada. En torno al hecho segundo del escrito de demanda, es importante mencionar que en fecha 09 de agosto de 2011, mediante el oficio DFA-1138-2011 las Licenciadas Daniella Molina Gallo, Carolina Del Valle Méndez y el Licenciado Roger Camacho Ramírez, se pronunciaron respecto a la viabilidad de efectuar un desalojo administrativo, (...). Aunado a lo anterior, la Dirección Jurídica institucional en fecha 16 de noviembre de 2011, mediante la misiva DJ-7268-2011, se refirió respecto a las acciones para efectuar un desalojo sobre las personas que habitan el inmueble (...) Posteriormente y basado en el sustento legal supra citado, se emitieron los documentos AA-0400-04-12, AA-0401-04-12, AA-0403-04-12, AA-0404-04-12, AA-0412-04-12, AA-0413-04-12,AA-0414-04-12, AA-00415-04-12, donde en fecha 10 de abril de 2012, mediante la misiva AA-395-04-12, emitida por el Lic. Jorge Oviedo Cortés, Jefe del Área Administrativa, solicitó colaboración a la Dirección de servicios institucionales, así como Subárea de investigación para llevar a cabo las notificaciones correspondientes, donde mediante el oficio AA-0503-04-12 de fecha 26 de abril de 2012, se señala que las resoluciones supra citadas fueron debidamente notificadas el 20 de abril de 2012 a partir de las 10 horas (...) De acuerdo con la documentación que consta dentro de los expedientes sobre el inmueble, se determina que las resoluciones supra citadas, fueron debidamente notificadas en el tiempo oportuno a los ocupantes que corresponden en cada uno de los inmuebles y que también el señor Olivier Sánchez Ureña se da por enterado, puesto que promovió su derecho de defensa ante las referidas notificaciones y en las instancias judiciales, por lo que en ningún momento se le ha ocasionado ningún tipo de indefensión al recurrente. En cuanto a lo que expone el señor Olivier Sánchez Ureña, en su tercer punto sobre que dichas notificaciones lo tomaron por sorpresa, y de que no había interés por parte de mi representada sobre el terreno, esto es totalmente falso y se rechaza por temerario, y sobre todo, nótese que la parte actora misma justifica la demanda en actuaciones llevadas a cabo hace prácticamente nueve años, ante lo cual interpuso el respectivo proceso judicial en el cual el fallo fue favorable para los intereses de mi representada, lo cual es de su conocimiento, por lo que no puede alegar desconocimiento alguno de la situación fáctica, y perfectamente, el escenario plasmado puede configurar el escenario de abuso del derecho, dado que este tiene conocimiento pleno de que sus pretensiones no fueron acogidas en sede contencioso-administrativa. Por lo que siguiendo con las actuaciones administrativas realizadas por la finalidad expuesta por parte de la CCSS es que se procede a llevar a cabo las coordinaciones con la Fuerza Pública para proceder con el desalojo administrativo en fecha 17 de mayo de 2021. Ahora bien, tomando en consideración todo el escenario recién planteado, vale la pena mencionar que es totalmente falso lo que el actor menciona en cuanto al hecho cuarto, sobre el supuesto perjuicio de dichas resoluciones administrativas, cuya impugnación debió realizar en el momento procesal oportuno, máxime y tomando en consideración que dichas resoluciones le fueron notificadas a todas las personas correspondientes e incluso, se reitera que el señor Sánchez Ureña ejerció su derecho de defensa incluso en sede judicial y sus pretensiones no fueron acogidas, lo cual es de su conocimiento, y sobre lo que no hace mención alguna. Tal y como se ha mencionado de manera reiterada, en cuanto a la notificación llevada a cabo en el mes de mayo del año en curso, debe señalarse que el acto administrativo consumado obedece a los procesos interpuestos en la instancia jurisdiccional Contenciosa Administrativa, donde el actor interpuso una demanda en contra de la Institución mediante expediente número 12-002152-1027-CA. Consecuentemente, y siendo que en dicho proceso se había otorgado una medida cautelar (la cual feneció con la sentencia dictada en primera instancia y que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), al haber concluido el proceso ordinario, fenecía de manera directa cualquier medida cautelar otorgada (por lógica y al ser accesoria), por lo que mi representada perfectamente puede y debe actuar como en Derecho corresponde, en protección de los bienes de las personas cotizantes, y debe dársele un destino adecuado al inmueble, especialmente por el riesgo que se tiene de que el mismo sufra daños mayores a los que ya de por sí, ha sufrido, y que han implicado incluso daños al ambiente, por un uso inadecuado que se le ha dado al mismo. Ante esta circunstancia, y al contar con el pronunciamiento claro dictado incluso por el mismo Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, es que la administración como parte de las acciones que deben ejecutarse previo a efectuar un desalojo administrativo y en apego al Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, presentó en fecha 17 de mayo 2021 la documentación atinente para que la instancia competente en este caso la Delegación de Mata Redonda-La Uruca, analizara y gestionara de acuerdo la competencia lo relativo al desalojo administrativo y procediera conforme lo establecido, máxime que el actuar de mi representada deviene de las resoluciones judiciales supracitada, por lo que no es cierto que la CCSS ha actuado contrario a Derecho, esto por cuanto ha tenido que esperar casi 10 años y hasta en este momento cuanto hay pronunciamiento judicial, es que ha procedido conforme a derecho corresponde. Consecuentemente, es totalmente falso que al actor se le haya violentado algún derecho, sino que, en todo momento ha ejercido su derecho defensa tal y como consta en los expedientes judiciales. De igual manera, el señor Sánchez Ureña como se denota en el escrito presentado para la interposición de la demanda, él no fue trabajador de la CCSS, pero ha ejercitado todos sus derechos y durante este tiempo se ha identificado que no ha utilizado el inmueble tal y como lo menciona. De acuerdo con la documentación que consta dentro del expediente administrativo sobre inmuebles denominado “Finca Coronado”, debe señalarse que no se evidencia ni consta en los registros institucionales la interposición de recurso de revocatoria con apelación en subsidio de fecha 25 de abril de 2011 en sede administrativa por parte del señor Olivier Sánchez Ureña, únicamente se puede visualizar que contra las resoluciones de notificación de desalojo efectuadas en fecha 20 de abril de 2012, se tiene por rechazado lo recurrido (...) En torno al hecho sexto, dentro de la resolución se otorgó el plazo de ley para desocupar las viviendas ubicadas en el inmueble “Finca Coronado”, sin embargo, la fecha de desocupación se mantuvo en suspenso a raíz de las medidas cautelares interpuestas para el desarrollo de los procesos arriba indicados. En relación al hecho sétimo, este se rechaza de manera tajante, al ser a todas luces temerario, de conformidad con lo que consta en el expediente 12-002152-1027-CA, lo afirmado por la parte actora, y el tema económico no es un impedimento para poder interponer un proceso sucesorio, máxime que el actor mismo y otras personas pudieron interponer el respectivo proceso judicial a través, por ejemplo, de los Consultorios Jurídicos de alguna universidad que brinde dicho servicio, y aunado a lo anterior, no hay prueba alguna de lo que acredita la parte actora. Sobre el particular, se tiene una prueba preponderante, y es el hecho de que el proceso judicial visto bajo el expediente supracitado, fue declarado sin lugar, y el señor Sánchez Ureña tuvo pleno patrocinio de letrado. En torno al hecho octavo, este es totalmente falso. Mi representada ha tenido que desprender recursos para disponer del inmueble ante las temerarias actuaciones tanto de antiguos trabajadores, como de personas como el actor, por lo que el proceso de desalojo administrativo llevado a cabo el año en curso, deviene estrictamente de la resulta del proceso judicial interpuesto por el actor y otras personas, el cual fue declarado sin lugar, y de lo cual tiene pleno conocimiento el señor Sánchez Ureña. Consecuentemente, no puede catalogarse el actuar del señor Sánchez Ureña, como uno desarrollado en un ambiente de paz, por cuanto la Institución ha debido ejercitar su derecho para poder disponer del referido inmueble. De igual forma no lleva razón en que no se procedió conforme a derecho, ya que la administración en cumplimiento de lo dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como el proceso que se debe seguir para el desalojo administrativo el cual está regulado en el Reglamento para el trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, donde en sus numerales 1, 3 y 4 se establece los requisitos fundamentales para llevar a cabo dicha gestión la cual fue gestionada por el funcionario Alfredo Azofeifa Cordero el 17 de mayo del año en curso, por lo que, en ningún momento se emitió algún acto administrativo contrario a la ley. SOBRE EL FONDO La naturaleza jurídica del bien inmueble, es clara: se tiene plena certeza de que dicho inmueble se encuentra destinado a satisfacer el interés público, y especialmente construir el Almacén de Medicamentos de la Institución, lo cual se vio “frenado” dada la interposición del proceso judicial visto bajo expediente 12-002152-1027-CA. Por su parte, es de acotar que desde el 2011, la Institución con vista en su necesidad de desarrollar el Proyecto de Construcción del Centro de Almacenamiento y Distribución de la CCSS, por las características de terreno, procedió con la solicitud de desocupación del inmueble, en aras de cumplir con el objetivo que establece la normativa vigente y con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para custodiar de manera adecuada el bien inmueble, es decir, se cumple con el precepto mencionado por el actor mismo en cuanto al artículo 261 del Código Civil, ya que desde un inicio, el inmueble se destinó para la utilidad general (uso del seguro social), y posterior a ello, se le buscaba dar para entregarse al uso público, con la construcción del Centro de Almacenamiento y Distribución. Asimismo, es completamente falso que mi representada haya segregado el inmueble y se lo haya vendido a particulares, sobre ello, me atengo a la prueba que pueda aportar la parte actora, sin embargo, es claro que la Finca Coronado busca destinarse en torno a la satisfacción de las necesidades del servicio de salud, para que no tengan que cancelarse montos por conceptos de alquileres, y el actuar de los ex funcionarios de la Institución, y de poseedores de mala fe, como el señor Sánchez Ureña, solamente han generado daños patrimoniales a la Institución, dada la erogación de montos en almacenes. Sobre ello, el actor no aporta prueba alguna que permita demostrar su dicho, el cual se basa en simples y llanas apreciaciones subjetivas carentes de todo sustento, cuando si este quiere una vivienda propia, debe trabajar como el resto de personas que han tenido esforzarse de forma constante para obtener sus propios insumos, y no buscar que sea la colectividad, propietaria de dicho inmueble, quien satisfaga dicha necesidad. Erróneamente interpreta el actor y su representante que debe haber una ley que defina que la finca coronado está destinada a alguna utilidad general, dado que, en primera instancia, para ello no debe haber necesidad de que la Asamblea Legislativa promulgue una ley, y aunado a lo anterior, es una cuestión lógica que cada bien perteneciente a la Institución, debe satisfacer precisamente las necesidades que se tengan por parte de los contribuyentes del régimen del seguro de enfermedad y maternidad, e invalidez, vejez y muerte. Bajo la premisa de la parte actora, cada bien público debe tener una ley creada para determinar su destino, cuando para ello hay precisamente normas de carácter general que determinan que los bienes públicos son todos aquellos que pertenecen a la colectividad. De igual manera, es una simple apreciación subjetiva que los derechos de los cotizantes del Régimen de IVM queden sujetos al principio del derecho privado, dado que el actor, en primera instancia, no es un habitante del inmueble, y aunado a lo anterior, se tiene plenamente claro que en ningún momento ha mediado actividad agraria alguna por parte del actor, sobre todo y tomando en consideración lo que se denota con la prueba que se adjunta. En Costa Rica, la Ley de Tierras y Colonización N° 2825 de 14 de octubre de 1961, estableció, no solo un concepto de usucapión especial agraria, exigiendo el ejercicio de actividades agrarias para la subsistencia del poseedor y la de su familia, lo cual no es el caso concreto, dado que en primera instancia, el actor nunca ha sido un poseedor, ni tampoco ha mediado en ningún momento buena fe, con el agravante para la misma parte actora, que no se denota que haya mediado cultivo alguno del inmueble, máxime y tomando en consideración que no aporta prueba idónea para ello. El principio del Derecho Agrario, que da fundamento a la existencia de la usucapión agraria, es que "(…) la tierra ha de ser de quien la trabaja", y el actor, a todas luces no trabaja dicho inmueble, ni tampoco tenía una relación directa con la Institución. Con ello se exalta el trabajo agrario como un derecho fundamental, y se constituye en el instrumento más importante para el acceso a la propiedad, es decir, el actor mismo no prueba de forma directa e indirecta su dicho, y no aporta prueba ínfima que permita tener certeza sobre labores agrarias del actor. Como elemento probatorio, debe tenerse presente que al menos en 2011, el inmueble tenía 8 años de no destinarse a actividades agrarias. El origen del bien inmueble en discusión, se remonta, tal y como fue mencionado con anterioridad, partir de 1942 el Estado donó el inmueble en cuestión a mi representada, la cual hasta la fecha funge como propietaria de las fincas 37688-000 y 424943-000 del partido de San José, y sobre lo cual nunca se ha puesto en tela de duda dicha situación. Dicho terreno se dedicaba a la producción y cosecha de café, para lo cual la Institución, a fin de garantizar la administración eficiente y eficaz que debía llevar en los inmuebles pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, promovió la contratación de diferentes peones agrícolas para que ejecutaran la labor de recolección de café como jornal ocasional, que como dato importante el señor Sánchez Ureña nunca fue una de las personas contratadas, por lo que originalmente este nunca desarrolló labores agrícolas o agrarias dentro de dicha propiedad. De igual manera, vale la pena mencionar que en ningún momento la Institución ha cedido, ni al señor Sánchez Ureña, ni a ninguna persona, el mencionado inmueble para que habiten en él. Con fundamento en lo anterior, el Área Administrativa de la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia de Pensiones procedió a remitir los oficios AA-0400-04-12, AA-401-04-12, AA-0414-04-12, AA-0403-04-12, AA-0404-04-12, AA-0413-04-12 y AA-0412-04-12, solicitándole a los ocupantes el desalojo del bien inmueble con el objetivo de cumplir las disposiciones emanadas de la Dirección Jurídica y de la Auditoría Interna de la Institución. Los ocupantes de dicho bien hicieron caso omiso de la solicitud y plantearon recursos de amparo ante la Sala Constitucional y ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de usucapir dicha propiedad, destacando que realizaban prácticas agrícolas para su subsistencia, lo cual resultaba paradójico, ya que ellos eran trabajadores de la Institución y estarían realizando prácticas fuera del marco de legalidad, que como funcionarios públicos, les asiste el deber de probidad, entre otras cosas. Sobre ello, debe tenerse presente que no entiende esta representación, como el actor puede alegar que se le causa un perjuicio, si dichas resoluciones, no son dirigidas al actor, es decir, no es posible que el actor mismo desconozca su prueba o bien, trate de tomar ventaja de resoluciones destinadas para otras personas, para sostener su dicho. Lo anterior, solo muestra la mala fe del actor mismo quien busca que por medio de una crítica a resoluciones que no van destinadas a sí misma, obtener un beneficio sobre el cual no se ha esforzado, y no prueba de forma directa o indirecta, la aparente condición de precariedad que alega. Así las cosas, se hace necesario acotar que las acciones llevadas a cabo han tenido como fin último el cuido y protección de los bienes institucionales, propiedad de los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, siendo que las acciones ejecutadas tienen como objetivo ejercer una administración eficaz de los recursos institucionales, en beneficio del régimen y sus asegurados, con el agravante para el actor, que el fondo del asunto, tiene ya sentencia en firme. Según lo señalado por el señor Olivier Sánchez Ureña, respecto a que tiene más de 25 años de habitar el inmueble denominado Finca Coronado, es de indicar que sobre aspecto no consta fecha certera sobre su permanencia de la finca de marras, ni mucho menos que sea poseedor de terreno en dicho inmueble, por cuanto se reitera que más bien la Institución cuando se jubilaron los trabajadores ubicados en ese inmueble procedió a plantear el desalojo de éste. Sobre el aspecto relacionado con la baja escolaridad del actor, ello no obedece a mi representada, ni es algo que deba tomarse en cuenta para emitir la sentencia de fondo, y resulta contraproducente que alegue el actor mismo, o bien su representante, que el actor no tiene recursos para buscar asesoría legal, cuando es a través de un profesional en Derecho que presentó una demanda, asumiendo que este no puede laborar bajo gratuidad. Sobre lo que indigne al actor, o bien, a su representante legal, es algo que escapa a las competencias de mi representada, dado que ello son simples y llanas apreciaciones subjetivas, pero si debe tomarse en consideración que no es algo menos que indignante, que busque el actor tomar ventaja de apreciaciones subjetivas y carentes de respaldo probatorio, apropiarse de una parte de un inmueble que le pertenece a la colectividad para evitar gastos innecesarios de dinero en alquileres, cuando se tiene un bien inmueble que se ha buscado destinar para ello y el actuar de mala fe del actor es lo que lo ha impedido. Nótese, sin embargo, que la parte actora menciona aspectos subjetivos en cuanto a que busca nulidad de las actuaciones administrativas, es decir, ni siquiera el actor o su representante conocen a cabalidad el escrito de su demanda, dado que señala que las actuaciones de la administración son ilegales a la luz de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, y no se determina una sola pretensión anulatoria por parte del actor, lo cual carece de total sentido, con el agravante mismo que, ya ello sería una etapa precluida. Por su parte, el inmueble “Finca Coronado”, no se evidencian registros que el inmueble haya sido utilizado para fines agrícolas por parte del actor y en los últimos 10 años, para lo cual se aportan actas de visitas al sitio del último quinquenio con sus respectivas fotografías que evidencian que el terreno se encuentra sin cultivar, por lo que no es cierto lo alegado por el señor Olivier Sánchez Ureña, y se extrae lo que se destaca a continuación:

Fecha de acta

Suscribiente

Observación

03-02-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

"(...) indica que el fue que realizó movimiento de tierra pues se dispone a realizar sembradíos, aunque no especificó de qué (...)

Recorremos los linderos y los mismos lucen enmontados, pero en buen estado, se encuentran árboles muertos que colindan con la propiedad.

22-04-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

Se observa en las fotografías un botadero a cielo abierto, pero no hay ninguna plantación.

20-04-2016

Alfredo Azofeifa Cordero y Juan Carlos Fajardo González

Se denota la sembraron ramas de árbol tipo poste que delimitan el terreno, hay gran cantidad de basura, desechos de construcción, escombro, madera, gypsum y bolsas plásticas.

03-08-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

La propiedad se denota enmontada y sin ningún tipo de mantenimiento en las zonas verdes, se visualiza movimientos de tierra, se observa basura tirada

15-02-2017

Lic Rafael Humberto González Araya y Anayansie Masís Molina

Terrenos sin cultivar, tienen rancho para fiestas, existen algunos tipos de árboles, solamente uno de limón o naranja, matas de plátano viejas y matas sin llamarlas plantación, alrededor se observa matas de cafés sin fruto, si acaso alcanza unas 20 matas, sin llamarla plantación

Asimismo, es tal el punto de inflexión sobre el caso concreto, que al inmueble además de no habérsele dado un uso agrario, como falsamente lo cita el actor, lo cierto del caso es que se le ha dado un uso contrario a la salud pública, dado que se le utilizó como botadero clandestino de basura, lo cual incluso muestra las falsedades de lo afirmado por el actor. De la prueba que aporta, se tienen las siguientes conclusiones: • El inmueble no se ha dedicado a actividades agrícolas para la subsistencia por parte de ninguna persona. • El inmueble se está usando como botadero de basura. • El uso inadecuado del inmueble ha generado gran estabilidad del terreno. • El uso inadecuado del inmueble ha generado contaminación ambiental. • El uso inadecuado del inmueble expone a mi representada a multas por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José. Todo lo anterior, de manera abusiva, y sin ningún tipo de autorización por parte de mi representada, lo que a todas luces muestra que lo enunciado por la parte actora, es completamente alejado de la realidad, puesto con estas situaciones negligentes, se ha ocasionado un deterioro importante a los suelos, con actividades de recolección de basura a cielo abierto, generan multas por parte de la Municipalidad de San José, así como otras acciones del Ministerio de Salud, donde de acuerdo a la documentación que consta en dicho Municipio contempla que el terreno estaba siendo utilizado para un botadero y esta actividad data desde hace varios años, con las implicaciones que ello le conlleva. Asimismo, es completamente falso que se buscare un desalojo desproporcionado, imprudente y abusivo, sobre ello, valga la pena mencionar que el actor no busca nulidades o suspender efectos de lo tramitado en sede administrativa, con el apoyo del Patronato Nacional de la Infancia, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, y la Fuerza Pública, dado que dichos desalojos se realizaron de forma conjunta y resguardando los derechos fundamentales de dichas personas, máxime y tomando en consideración que el actor no aporta prueba alguna que permita pensar que no dispone de dinero para trasladarse a vivir a otro lugar y nunca debió dar por sentado que el proceso judicial visto bajo expediente 12-002152-1027-CA, iba a salir favorable a sus intereses. Debe el actor tener presente que cada persona debe manejar responsablemente su vida y hacerse cargo de sí mismo, sin depender de la Administración para ello, ni mucho menos de la colectividad, dado que el inmueble le pertenece a los cotizantes del régimen de IVM. Asimismo, y sobre el tiempo de 25 años que alega el actor, ha poseído el inmueble, esto es completamente falso: al respecto, debe valorarse que digitando la cédula de identidad del actor en la base de datos pública del Tribunal Supremo de Elecciones, se tiene que este nació el 16 de enero de 1977, por lo que al momento de responder la presente demanda, tiene la edad de 44 años. Si se le restare dicha cantidad de años, se tiene que el actor sería un poseedor del inmueble desde los 19 años, cuando no se tiene ni siquiera la ínfima certeza de que se suscribiere un contrato laboral con el actor, ni que este desde dicha edad, estuviere ejerciendo una posesión del inmueble, sino meramente uno que otro familiar, mas no el actor, quien ni siquiera realiza cálculos sencillos de modo, tiempo y lugar, para materializar una realidad a todas luces, descabellada. Con respecto de las mejoras que señala el actor sobre el inmueble, no consta para la Administración notificación para ello ni se aporta prueba alguna de ello, por lo que ante la posesión forzosa que ha ejercido el señor Olivier Sánchez Ureña y con vista en las medidas cautelares interpuestas por Sede Judicial mientras se resuelve el proceso descrito respecto de la intervención de la Administración en ingresar a éstas de ninguna manera puede concebirse las reparaciones que pudo haber hecho para su uso y disfrute de la cosa, por acciones que éste mismo promovió, y sobre todo tomando en consideración que la sentencia en firme es desfavorable para los intereses del actor, lo cual es de su conocimiento, pero fue omitido por este, mostrando a todas luces que hay temeridad en la medida cautelar planteada. Es importante mencionar que en fecha 09 de agosto de 2011, mediante el oficio DFA-1138-2011 las Licenciadas Daniella Molina Gallo, Carolina Del Valle Méndez y el Licenciado Roger Camacho Ramírez, se pronunciaron respecto a la viabilidad de efectuar un desalojo administrativo, donde en sus recomendaciones señalaron lo siguiente: “(…) con vista en las consideraciones esbozadas a lo largo de este documento y luego de un análisis exhaustivo de la normativa y jurisprudencia vigente, los suscritos concluyen que en el caso en particular, se recomiendan las posibles acciones a seguir de la siguiente manera: la correcta identificación del inmueble Finca Coronado como propiedad de la Caja Costarricense de seguro Social, el cercado o destrucción de las plantas restantes de café y la notificación a los ocupantes de la Finca Coronado acerca del requerimiento de desalojo o el desalojo administrativo respectivo según corresponda. Además, es menester indicar que, todos los funcionarios públicos deben cumplir con lo que establece la Ley General de la Administración pública, la Ley General de Control Interno y la normativa interna de la institución, (si existiere), por lo que, se recomienda también a la Administración valorar las actuaciones de cada funcionario en su caso particular y determinar mediante la implementación de investigaciones preliminares si las mismas provocaron efectivamente algún tipo de daño a la institución y si los funcionarios responsables actuaron dentro del marco de la legalidad (…)”. Consecuentemente, no puede catalogarse el actuar del señor Sánchez Ureña, como uno desarrollado en un ambiente de paz, por cuanto la Institución ha debido ejercitar su derecho para poder disponer del referido inmueble. De igual forma no lleva razón en que no se procedió conforme a derecho, ya que la administración en cumplimiento de lo dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como el proceso que se debe seguir para el desalojo administrativo el cual está regulado en el Reglamento para el trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, donde en sus numerales 1, 3 y 4 se establece los requisitos fundamentales para llevar a cabo dicha gestión la cual fue gestionada por el funcionario Alfredo Azofeifa Cordero el 17 de mayo del año en curso, por lo que, en ningún momento se emitió algún acto administrativo contrario a la ley".-

SOBRE LOS BIENES PÚBLICOS O DEMANIALES: Este Tribunal en diferentes sentencias y Cámaras de integración, ha tratado el tema de los bienes demaniales y los bienes privados del Estado, criterios que compartimos a cabalidad y para su ilustración citamos el siguiente extracto: "(...) En cuanto al tema de la demanialidad de los bienes públicos, la Jurisprudencia nacional es abundante en señalar que los mismos son imprescriptibles, inalienables, etc. Por ejemplo en la sentencia supra indicada el Tribunal Contencioso Administrativo, ha dicho: "... Por otra parte, los bienes privados del Estado, se regularan por el derecho privado con elementos propios del derecho público. Estos bienes, si están dentro del comercio de los hombres; pueden ser traspasados, apropiados, y no son imprescriptibles; por ende, son susceptibles de usucapión en beneficio de particulares, de conformidad con el artículo 261 ya indicado. Nótese que el énfasis de la diferenciación se da en relación al destino del bien, sea, al hecho de estar afectos a un uso común o al servicio del bien común (ver Sala Constitucional en sentencia número 2301-91 y 2000-06903). Como ya se adelantó, por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración -en los términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración Pública-; y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del comercio los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración Pública. Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público, por ejemplo). La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la división entre "asignación del carácter público" a un bien con la "afectación" de ese bien al dominio público. La asignación del carácter público significa establecer que ese bien determinado tendría calidad demanial; así por ejemplo, la norma jurídica general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la afectación significa que el bien declarado dominical queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o fraccionamiento, por ejemplo).- Es por esto que se dice que la afectación puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por un acto administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse con la norma jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad). Como consecuencia de lo dicho en el punto anterior. es manifiesto que el régimen demanial es per se, su existencia v publicidad se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio para desvirtuarlo v contrarrestar la afectación. Los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para consolidar la propiedad privada licitamente sustraída de ese régimen. El demanio tiene publicidad legal y en muchos casos natural. Lo anterior va aparejado al principio de inmatriculación de los Inmuebles componentes del dominio público, el cual cuenta con una publicidad material y no necesariamente formal o registral. Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de un valor debilitado, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan de la Inscripción registral (Voto 019-2009-VII, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Séptima). Nótese, que dicho principio como excepción al principio de publicidad registral tiene su fundamento, en que los bienes de dominio público gozan de publicidad material y por ende no es necesaria su publicidad registral, en el tanto los bienes de dominio público por su naturaleza, no son sujetos a dicho Instituto. Adicionalmente, existe la figura de la "desafectación", que se trata de "la situación jurídica por la que un bien deja de pertenecer al dominio público (...) los bienes que son desafectados se convierten, en principio, en bienes patrimoniales de la Administración titular, que, en su caso, podrá enajenarlos (...) "(voto 035-2009-VII, Tribunal Contencioso Administrativo); situación que en sana lógica solo podría ocurrir en aquellos que han sido declarados como tales por ley, pues en los que su condición es intrínseca tal posibilidad resultaría vedada...".  (Sentencia No.00079 de las 13:30 horas del 8 de setiembre del 2016, del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV).-

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Una vez revisados los argumentos de las partes y las pruebas que constan en autos, se concluye por parte de esta Cámara que el presente asunto deber ser declarado sin lugar por las razones que a continuación se dirán. Normalmente cualquier bien que posea la Administración Pública, tiene características en principio de carácter demanial, es decir, se trata de un bien que por su destino o naturaleza está entregado al uso y dominio público por voluntad expresa del legislador o por disposición de la misma Administración amparada a una declaratoria que lo incorpora al demanio al cumplir los requerimientos de ley para tal efecto señalados, y como tal, está sometido a un régimen especial, esencialmente, se encuentran fuera del comercio de los seres humanos, lo que le impide ser objeto de posesión, ya que éste es un instituto propio del derecho civil y no del derecho público, aunque puede ser aprovechado por los ciudadanos en la forma que lo permitan las normas jurídicas que gobiernen su uso y disfrute. a saber, la concesión y el uso en precario. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al destino, su naturaleza o servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa o por la naturaleza del bien. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. No obstante lo anterior, se ha reconocido que pueden existir dentro de los bienes del Estado algunos que no tienen un fin público y estos se consideran que pueden tener un tratamiento similar al de los bienes de dominio privado. En el caso concreto, esto es básicamente lo que se discute, el actor pretende alegando una usucapión agraria sobre un bien inmueble de la Caja Costarricense de Seguro Social, adquirir por posesión un lote de cinco mil metros cuadrados de ese inmueble, por lo que éste es el quid del asunto que procedemos a analizar.

Bien es de carácter demanial. Actor no demuestra que sea un bien privado de la Caja Costarricense de Seguro Social. Señala la parte actora que la naturaleza jurídica del bien inmueble no se encuentra clara y existe la duda de si se trata de un bien demanial, cita por ello el artículo 261 del Código Civil y reclama que no existe una ley que defina que la Finca Coronado está destinada de modo permanente a alguna utilidad general, por lo que concluye que los derechos de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la Finca quedan sujetos al derecho privado, y por ello plantea el litigio para hacer valer sus derechos sobre la Finca en aplicación del artículo 853 y siguientes del Código Civil, y artículo 92 siguientes y concordantes de la Ley de Tierras y Colonización. Asimismo, a partir de esa aseveración menciona que la finca en mención no es un bien demanial, sino un bien privado perteneciente a la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual está sujeto al tráfico comercial de los bienes privados y que la propiedad ha sido segregada e incluso la Caja Costarricense del Seguro Social vendió lotes a particulares, con lo cual, queda claramente demostrada la naturaleza privada de dicho inmueble, señalando pero no aportando unas supuestas certificaciones notariales de las ventas junto con la demanda. Criterio del Tribunal: Revisada la prueba del expediente, tenemos que determinar que la finca del Partido de San José número de Folio Real 37688-000 objeto de este proceso, es un bien demanial, cuando se revisa el modo de adquisición de dicha finca por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la misma fue por donación del Estado y se entregó a la Dirección de Pensiones de esa institución. El argumento bajo el cual el actor justifica que dicha propiedad es un bien privado en los términos del artículo 261 del Código Civil, radica en afirmar que no hay ley que disponga que dicha finca es un bien público, en esto erra el mismo. Si bien muchos bienes públicos lo han sido por disposición expresa de ley, conforme se explicó en el considerando anterior, por una manifestación de la Administración a través de un acto administrativo también se puede incorporar un bien al dominio público, cuando el mismo contempla los requisitos que por razones de uso, naturaleza o riqueza nacional, tienen prevista esa condición por parte del legislador. En el caso particular que nos ocupa, con ocasión de una donación del Estado a una institución de relevancia constitucional, como es la Caja Costarricense de Seguro Social y específicamente al área de Pensiones, quien entonces lo administra desde el año 1942, es que se concede un fin público al inmueble objeto del proceso. recordando que el sometimiento al régimen demanial no solamente es por mandato de ley, sino que es dable vía entrega al uso público o a su utilización permanente a un servicio de utilidad general (literalidad del artículo 261 del Código Civil), además de que, independientemente de la forma en cómo el bien ingresa al régimen público, una vez sometido a éste, no existe forma de desafectarlo si no es por expresa autorización de ley formal (artículo 262 del Código Civil). Admitir la tesis de la actora, implicaría aceptar que cada vez que la Administración activa adquiere un vehículo, una computadora, un inmueble u otro bien para destinarlo al uso público, requiere de una ley que expresamente así lo declare, lo cual resulta absolutamente insostenible, tal y como se explicó líneas atrás. En armonía con lo anterior, tenemos la resolución AA-424-01-2012, oficio remitido al tío del acá accionante informándole del desalojo del año 2012, y quién sí era funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo que fue a éste y su familia a quien se le había permitido permanecer en ese sitio, cuando originalmente se le contrató -junto con otros trabajadores- para el cuido del café que había en dicha propiedad, y lo cual no ha sido desacreditado por el actor, ni ha demostrado bajo qué permiso administrativo u otra figura análoga de derecho público o privado llegó a vivir a ese lugar, ello pese a que su testigo, su madre, señaló que llegaron con su abuelo, empero, no hay ninguna prueba de que este fuera trabajador de la entidad demandada. Tenemos entonces que, desde que dicha propiedad fue entregada a la Caja Costarricense de Seguro Social, la misma detenta carácter demanial, siendo posible su disposición por cualquiera de las figuras jurídicas permitidas por el derecho público (artículo 263 del Código Civil), sin que el ejercicio de tales competencias impliquen que el bien sea transformado en privado como lo pretende hacer ver el actor y puntualizando que, en este proceso, el actor no pretendió discutir ninguna de las actuaciones que han pesado en el inmueble, como su segregación para la construcción de la General Cañas o la destinada a construir lo que hoy es el Hospital México o el aprovechamiento temporal que tuvo la finca objeto de este proceso en la siembra y explotación cafetalera, que explica la llegada al sitio de los otrora ocupantes iniciales trabajadores de la CCSS, sus familias y posteriormente terceros, en particular, el acá actor. En ese mismo sentido, la prueba testimonial recibida en el juicio de la señora Watson Porta, da cuenta que la Caja Costarricense de Seguro Social ha planificado posibles usos públicos para la finca "Coronado" y no solo se ha dispuesto que se utilice una de sus divisiones como parte del Hospital del Cáncer sino también la existencia de un proyecto de construir en ese sitio los almacenes de materiales médicos y otros de la institución, con lo cual se ahorraría el almacenaje que actualmente se paga por los mismos, y esto confirma el interés público que detenta dicha propiedad. Se insiste, aún y cuando la finca haya sido destinada a otros fines que acá no se discutieron, o simplemente que ésta haya quedado inutilizada por un lapso de tiempo, ello no implica una desafectación o separación al régimen demanial al cual estaba sometida, siendo justamente una manifestación de la característica de imprescriptibilidad, y estando por definición fuera del comercio de los hombres, características que invoca el artículo 262 del Código Civil. No está de más reiterar que, una desafectación de un bien de dominio público por destino, riqueza o naturaleza, opera solo por ministerio de ley. Por lo ya mencionado, se rechaza el alegato del actor en cuanto al supuesto carácter privado de dicha propiedad.-

La improcedencia de una usucapión agraria en un bien demanial. La no procedencia de una segregación a su favor en dicha finca. Menciona la parte actora que, debido a su naturaleza de cosa privada, la finca "Coronado" es un bien al que se le pueden aplicar los institutos del Derecho Civil y del Derecho Agrario, y especialmente la figura de la Usucapión Especial Agraria. Cita sentencias de los tribunales agrarios y añade que el fundamento constitucional de este instituto se encuentra en los artículos 45, 50, 69 y 74 de la Constitución Política y específicamente en los artículos 92 y 101 de la Ley de Tierras y Colonización. Reclama que en el caso que nos ocupa, él ha poseído en precario la tierra por más de veinticinco años, poniéndola a producir para satisfacer las necesidades alimentarias propias y la de su familia. Indica que es de escasos recursos económicos e hizo la finca Coronado su hogar y su medio de subsistencia a través del cultivo de la tierra. Que ha ejercido actos de posesión agraria de forma directa, personal e inmediata con la tierra, estable, efectiva, pública, pacífica e ininterrumpida por más de veinticinco años, con la finalidad de satisfacer necesidades de alimentación propias y del grupo familiar, ejerciendo una actividad familiar agrícola con el fin de ponerla a producir para su subsistencia, obteniendo de la tierra papa, yuca, ayote, chayote, guineo, banano, maíz, hortalizas, café, frijoles, camote, diversos árboles frutales y cosechas según la temporada. Manifiesta que para la aplicación de este instituto no es necesaria la existencia de la buena fe, y que el terreno este inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público. Que él y su familia hizo uso de la tierra, cumpliéndose con ellos la función social de la propiedad a la que responde en buena parte el Derecho Agrario. Señala que él cumple con el principio fundamental del Derecho Agrario, cual es la función social de la propiedad, contrario a la pasividad que mostró la demandada que nunca ha efectuado actos posesorios sobre la totalidad de la tierra que ha cultivado y habitado. Menciona que no hizo nada durante todo ese tiempo por reclamarla, manteniendo ociosos y sin sacarles provecho alguno a esos terrenos. Criterio del Tribunal: La tesis de la parte actora no es procedente, no solo en razón del rechazo del alegato que la finca objeto del proceso es un bien privado de la Administración, tal y como se explicó en el apartado anterior, sino que también se suma, que no existe ningún elemento probatorio fehaciente de sus argumentos, que permita concluir a la Cámara que el actor llevó a cabo agricultura de subsistencia en parte del bien y las condiciones de temporalidad de ésa. Veamos. Determinado que el bien es público y no privado, se concluye que no es posible usucapir el mismo. Retomemos nuevamente lo que señala al respecto el numeral 261 del Código Civil: "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona"; siendo entonces que se ha definido el carácter demanial del bien de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo tanto dicho bien está cubierto con las características de es imprescriptible, inembargable e inalienable, que se explicaron en el considerando anterior; por ello la discusión de si el actor realizaba labores agrícolas o si tenía un trabajo renumerado en el tiempo en que se supone se configuró la usucapión agraria con sembradíos en ese terreno, no añade nada al presente proceso. Como se dijo anteriormente, tampoco el actor ha demostrado que haya explotado bajo algún tipo de autorización, licencia, permiso administrativo o similar y, en todo caso, se ha demostrado por la parte demandada que los tales cultivos no eran permanentes sino esporádicos, convicción que se obtiene de las actas realizadas en el tiempo en que el actor señala que supuestamente sembraba en dicha finca y cuya transcripción encontramos en los hechos probados de esta sentencia; mientras que, de parte del accionante, no hay más prueba que el testimonio de la madre del actor -lo cual obliga a tomarlo con la prudencia adecuada al ser claro el interés a favor de su hijo que pueda tener esa testigo-, la cual en forma confusa no logró establecer una fecha exacta de los cultivos señalando que estos se dieron desde los 19 años del actor hasta el momento del desalojo del accionante, la forma de explotación del terreno, las herramientas utilizadas, la mano de obra ocupada para los supuestos cinco mil metros de cultivo, los períodos de siembra, cuido y cosecha, forma de comercialización y/o consumo, productividad de la siempre, rentabilidad producida, capital semilla, insumos como agua y proveedores para iniciar el cultivo, origen o procedencia de los plantíos, existencias de lapsos temporales de alta y baja productividad, exposición a plagas y otras enfermedades agrícolas y en general, detalles propios de una actividad agraria que permitiesen tener por acreditada la existencia de un ciclo agrario en el sitio, siendo la declaración de la testigo extraordinariamente general e imprecisa, pese a que ella misma afirmó en su declaración que tenía una visita casi diaria al sitio, lo que le hubiese permitido tener acceso a dicha información o al menos a parte de ella. Lo cual, se reitera, se contrapone con las actas y sus respectivas fotografías las cuales apuntan a otra situación, en dichas actas -resumidas por la demandada, pero que se apegan a los autos- se consigna lo siguiente:

Fecha de acta

Suscribiente

Observación

03-02-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

"(...) indica que él fue que realizó movimiento de tierra pues se dispone a realizar sembradíos, aunque no especificó de qué (...) Recorremos los linderos y los mismos lucen enmontados, pero en buen estado, se encuentran árboles muertos que colindan con la propiedad.

22-04-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

Se observa en las fotografías un botadero a cielo abierto, pero no hay ninguna plantación.

20-04-2016

Alfredo Azofeifa Cordero y Juan Carlos Fajardo González

Se denota le sembraron ramas de árbol tipo poste que delimitan el terreno, hay gran cantidad de basura, desechos de construcción, escombro, madera, gypsum y bolsas plásticas.

03-08-2016

Alfredo Azofeifa Cordero

La propiedad se denota enmontada y sin ningún tipo de mantenimiento en las zonas verdes, se visualiza movimientos de tierra, se observa basura tirada

15-02-2017

Lic Rafael Humberto González Araya y Anayansie Masís Molina

Terrenos sin cultivar, tienen rancho para fiestas, existen algunos tipos de árboles, solamente uno de límón o naranja, matas de plátano viejas y matas sin llamarlas plantación, alrededor se observa matas de cafés sin fruto, si acaso alcanza unas 20 matas, sin llamarla plantación

Por lo menos en el período del primero juicio que terminó en caducidad, no se demuestra que el actor ejerciera la actividad agraria que él afirma como una forma de subsistencia, pero que no probó de ninguna forma. En ese mismo sentido, la madre del accionante indica en su testimonio ante el Tribunal que, su hijo tenía cultivos de subsistencia para él y para su familia y enumera una lista de productos pero después ante preguntas del Tribunal señala que las siembras daban para vender a un señor que no identifica, también señala que limpió un área de aproximadamente cinco mil metros y que duró unos pocos meses en eso y que él era el que hacía todo el trabajo aunque algún amigo que tampoco identifica le ayudaba, llamando mucho la atención de que afirma que cuando fue desalojado no se llevó las supuestas herramientas agrícolas que eran su medio de subsistencia y era básico que las llevara consigo, con lo cual queda dudas en cuanto a la veracidad de lo afirmado por su progenitora sobre los cultivos y que estos fueran de subsistencia, sobre todo si se coteja con el área supuestamente destinada a cultivo. En todo caso, se reitera, no es un punto que tenga relevancia una vez determinado el carácter demanial del bien de la demandada, no obstante, es necesario hacer constar tales falencias de la demanda y el elenco probatorio.-

No se demostró por parte del actor que se realizaran mejoras en el inmueble. Actor no es poseedor de buena fe. Reclama la parte accionante que realizó mejoras en los inmuebles, las cuales fueron incorporadas con su patrimonio como poseedor y que su posesión ha sido de buena fe. Que esa posesión sobre los inmuebles fue actuando como dueño usando y disfrutando el mismo, explotándolo agrariamente, y ejerciendo los derechos de exclusión y defensa del inmueble en al menos dos ocasiones. Que durante todo este tiempo ha sido poseedor de buena fe, haciendo un buen uso del inmueble en forma continua, pública, pacífica y como dueño, lo cual incorpora tanto en sus pretensiones principales como en las dos pretensiones subsidiarias. Criterio del Tribunal: Llama mucho la atención de esta Cámara que no se conoce con claridad como entró el actor a vivir en la Finca Coronado, es claro que su tío, Edwin Sánchez Ureña sí era trabajador de la Caja y en ese sentido para cuidar los otrora cultivos de café que tenía esa finca a él y otros trabajadores junto con sus familiar se les había permitido vivir ahí, pero no hay documentación que dé cuenta de que el padre o abuelo -como señala su madre, testigo recibida en juicio-  hayan sido trabajadores también de la Caja, con ello su permanencia era por una mera tolerancia que en ningún caso le habilitaba para considerarse poseedor -calificativo que no opera en bienes de dominio público- y mucho menos de buena fe. Tampoco como se pretende en este proceso, se puede considerar que como una muestra de la supuesta buena fe, se haya producido mejoras en el inmueble ya conocido, la precisión y demostración de qué tipo de mejoras son las que hace referencia el accionante y que éstas efectivamente, de existir, hayan sido por él mismo realizadas. Al contrario, las actas de inspección de la propiedad de la demanda nos  ilustran un panorama muy diferente, el terreno fue usado como botadero clandestino, como parqueo de buses, de una lancha, y hasta aparentemente un bar clandestino, con lo cual se pude considerar que, lejos de existir mejoras al terreno, se produjeron alteraciones cuyo causante se desconoce por no haber prueba de a quien se les puede atribuir y en todo caso, la demandada no reconvino en tales términos. Así las cosas, contrario a lo que afirma el actor, no existió buena fe en el uso del inmueble orientada a materializar un uso agrario.

La no demostración de una situación de vulnerabilidad socio-económica del actor. Plantea el actor que su situación de vulnerabilidad socio-económica es evidente y eso lo ha llevado a realizar actividades agrarias de subsistencia. Criterio del Tribunal: Si bien el actor intenta justificar la supuesta usucapión agraria en la necesidad de su situación que califica de vulnerable, no hay prueba de ello en autos y recordemos que, de conformidad con el principio de la carga de la prueba a quien afirme un hecho y que se encuentra recogida en el artículo 41.1 del Código Procesal Civil, esto lo debía demostrar el actor y no lo hizo, pero de nuevo, aun demostrándolo, no tendría el efecto de variar el carácter público de la Finca Coronado.-

La inexistencia de nulidad en el desalojo administrativo. La improcedencia de un procedimiento ordinario en los términos de la Ley General de la Administración Pública. No existió indefensión ni arbitrariedad. Notificaciones fueron bien realizadas y no se demandó al Estado. Agrega el accionante que aplicar un simple desalojo es temerario e improcedente por la magnitud del daño. Que las resoluciones administrativas emitidas por los personeros de la CCSS, adolecen de una gran cantidad de vicios procedimentales, porque en primer lugar no son producto de un procedimiento administrativo sino de un acto unilateral de la Administración Pública. Reclama que no se utilizó el numeral 308 de la Ley General de la Administración Pública y que en el caso que nos ocupa se estaba dentro de los supuestos del inciso a) del citado numeral, pues se pretende ni más ni menos quitarle la vivienda, los cultivos y el modo de vida de subsistencia agrícola y alejarlo de un lugar en donde se encuentra completamente arraigado, con todas las graves consecuencias que eso conlleva. Indica además, que tratan de no pagar las mejoras incorporadas al inmueble, lo que implica un enriquecimiento ilícito por parte de la CCSS. Manifiesta que al no realizar un procedimiento administrativo conforme al artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se lesiona gravemente el principio del debido proceso y el de derecho de defensa. Que él no tuvo acceso a toda la documentación pertinente, no se celebró comparecencia alguna, ni se le permitió ejercer su derecho de defensa, lo cual lo dejó en un claro estado de indefensión. Como segundo punto de nulidad menciona que las resoluciones administrativas emitidas por la CCSS, no las conoció el actor y se le impidió ejercer una defensa adecuada a sus intereses legítimos. Añade que es aún más indignante la actuación arbitraria de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social si se toma en cuenta que el actor es una persona humilde, de baja escolaridad, sin recursos económicos suficientes para consultar ante un profesional del derecho, lo cual, lo deja en un estado de indefensión del cual una Institución de carácter social y solidario como lo es la Caja del Seguro Social no debería aprovecharse. Señala asimismo que la actuación por parte de Alejandro Ledezma de la Delegación Policial de La Uruca-Mata Redonda al no querer entregarle copia de documentación alguna e indicarles que se estaba procediendo con el trámite administrativo de desalojo, es irrazonable, desproporcionada, imprudente y abusiva, por tratarse de su vivienda y no disponer del dinero necesario ni otro lugar para trasladarse a vivir. Menciona que, existen suficientes elementos para declarar la ilegalidad de las resoluciones administrativas emitidas por la CCSS, y su consecuente anulación, todo esto de conformidad con la que establece el artículo 223 de la Ley General de la administración Pública. Criterio del Tribunal: Nuevamente no se comparte lo alegado por la parte actora en cuanto a la nulidad del procedimiento de desalojo. En primer término, es necesario señalar que para poder entrar a conocer esta Cámara cualquier vicio de nulidad en el acto de desalojo, la parte debía hacer el ejercicio de señalar el o los elementos del acto supuestamente viciados y sí estos vicios eran relativos o absolutos y este ejercicio intelectivo no se realizó en la demanda. Se limita a calificar como temerario e improcedente el desalojo por el tipo de daño que se le estaba supuestamente causando al dejarlo sin vivienda y modo de subsistencia y afirma -pero no detalla- lo que considera son una "gran cantidad de vicios procedimentales", siendo entonces una aseveración genérica e imprecisa que impide a esta Cámara valorar y fiscalizar respecto de la conducta administrativa sometida a juicio. Otro punto que plantea en este apartado el actor es que considera que el desalojo debió ser el resultado de un procedimiento ordinario en los términos del artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública y que al no serlo se le violentó su derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Lo anterior no es de recibo, en tanto el procedimiento de desalojo tiene un procedimiento especial propio establecido por ley y el mismo se cumplió a cabalidad, conforme el numeral 7 de la Ley de Arrendamientos urbanos y suburbanos y 14 del Reglamento para el trámite de desalojos administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública. Nuevamente la prueba documental que consta en autos no da la razón al actor, éste desde el año 2011 y por el cual se interpuso el primer proceso judicial que terminó en caducidad, conocía los argumentos de hecho y de derecho de la demandada para solicitar el desalojo de la Finca Coronado y ante su negativa de ejecutar voluntariamente el mismo es que se pide a la Fuerza Pública su auxilio para ejecutar el desalojo, lo cual se constituye en un ejercicio lícito y posible de actividad administrativa como lo refiere el artículo 149 de la Ley General de Administración Pública o la regulación en el anterior Código Procesal Civil y reglamentaria en materia de desalojos administrativos. Valga agregar, que la Sala Constitucional, ha emitido sendos pronunciamientos en los cuales señala las potestades de reivindicación de los bienes demaniales, sin que para ello opere el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, máxime, cuando el actor no cuenta con un acto declarativo de derechos sobre el bien. Para ilustrar lo anterior, citamos el siguiente extracto, de la resolución 2021-001775, de las 09:20 horas del 29 de enero de 2021: "IV.- SOBRE EL DESALOJO DE BIENES DEMANIALES. DEBIDO PROCESO. Esta Sala, en su jurisprudencia, ha indicado que la Administración no tiene la obligación de seguir un procedimiento administrativo para la recuperación de bienes demaniales. Al respecto, ha sostenido en lo que interesa, lo siguiente: "(…)

Caso concreto. (…) Deben tomar en cuenta los accionantes que al tratarse de un eventual desalojo de un bien demanial, la autoridad accionada no tiene la obligación de seguir un procedimiento administrativo previo a la toma y comunicación de expulsión del inmueble. Esta Sala ha señalado, reiteradamente, que el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Se trata de los llamados "bienes dominicales", "bienes demaniales", "bienes o cosas públicas", o "bienes públicos", que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres, es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado, en el sentido más amplio del concepto, y están afectados al servicio que prestan, el que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Se ha resaltado como notas características de estos bienes que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del derecho civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Así, el inmueble utilizado por los tutelados, al tratarse de un bien demanial, se encuentra excluido del régimen de la propiedad ordinaria, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho Administrativo y dentro de ese contenido se desarrolla el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual la Administración puede recobrar la posesión de sus bienes sin necesidad de acudir al juez, pese a los permisos de que haya gozado hasta ahora." (Sentencia No. 2016-11923 de las 14:30 horas de 23 de agosto de 2016, reiterada en la No. 2017-20078 de las 9:20 horas del 15 de diciembre de 2017). En similar sentido al caso de estudio, la Sala en sentencia No. 2017-7234 de las 9:45 horas del 19 de mayo de 2017, resolvió lo siguiente: "… según ha reconocido este Tribunal, en tratándose de un bien demanial, las garantías del debido proceso se satisfacen con el previo aviso a los afectados acerca de la fecha en que se efectuará el desalojo y el otorgamiento de un lapso razonable para que se desocupe el bien sin mediar el uso de la fuerza (...)." (Sentencia No. 2018-21366 de las 9:20 horas de 21 de diciembre de 2018)." A su vez, la Sala Constitucional también ha declarado que no se requiere notificar a todos y cada uno de los ocupantes de un inmueble para que el desalojo sea procedente. De esta manera, en Sentencia N° 2003-04001 de las 08:50 horas del 16 de mayo de 2003, reiterada recientemente en la N° 2020-008542, de las 9:20 horas del 8 de mayo de 2020, indicó: "Si los recurrentes estiman que ocupan un inmueble que no es propiedad de la persona a nombre de quien se encuentra inscrito en el Registro Público y, por ende, no les puede afectar el desalojo acordado en la finca que les interesa en razón de que la han poseído y cultivado, deben presentar sus alegatos ante la propia administración recurrida, pues la determinación de si dichos terrenos son o no propiedad de esa empresa y si sus ocupantes deben o no ser desalojados es un asunto de legalidad no susceptible de ser conocido en esta vía. Tampoco la falta de notificación personal de lo resuelto a todos los ocupantes del inmueble viola el derecho de defensa o el debido proceso, pues basta con que se notifique a cualquiera de los ocupantes para tenerles a todos por notificados. De hecho, el recurrente se manifiesta conocedor de la resolución dictada y de su contenido, razón por la cual no puede alegar indefensión o violación al debido proceso, pues bien pueden recurrir contra lo resuelto...". Por otra parte, indica el accionante que, es una persona humilde, de baja escolaridad y que no contaba con suficientes recursos para consultar a un profesional en derecho, pero la documentación que consta en autos lo desmiente en tanto desde el año 2011, el mismo ha contado con patrocinio letrado y ha ejercido su derecho de defensa en sede administrativa y judicial y en esta última en al menos dos ocasiones no sólo interponiendo las demandas sino también medidas cautelares. Además, si lo que reclama el actor es que ninguna de las resoluciones administrativas del año 2011, iba dirigidas a su persona, esto se debe a que él nunca ha sido funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social y dichas comunicaciones iban solo dirigidas a los empleados, exempleados y las viudas debidamente acreditadas de sus exempleados, siendo que el accionante no contaba con ninguna de estas condiciones o con cualquier otro título administrativo para ocupar el inmueble. Finalmente, en cuanto a lo que la parte accionante señala es una supuesta actuación irregular del oficial de la Fuerza Pública, la cual tampoco es demostrada por el actor, es necesario recordar que en el presente asunto no está demandado el Estado y que dichos funcionarios, lo son del Poder Ejecutivo, así que cualquier actuación cuestionada a su actuar no es imputable a la institución demandada; en todo caso y al contrario de lo afirmado, de las actas de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública y de los funcionarios de la demandada, lo que se prueba es una actitud desafiante y amenazadora del mismo demandante ante la actuación de los mismos. Con ello, lo que corresponde es rechazar la nulidad pedida.-

Improcedencia de los daños que se piden en las pretensiones principal y subsidiarias 1 y 2 a título de mejoras en el inmueble y del derecho de retención. Por todo lo ya mencionado, todas las pretensiones principales del proceso se rechazan y las subsidiarias también en tanto no se demostró, como ya se indicó, que existieran mejoras útiles y necesarias incorporadas en el inmueble y realizadas por el actor, tampoco que la finca fuera objeto de accesiones por acciones de éste. Tampoco existe una contrademanda que exija al actor indemnizar cualquier posible fruto obtenido o algún deterioro causado a la propiedad. Ahora tampoco es posible otorgar un derecho de retención sobre el inmueble, en tanto el actor no solo no ostenta ningún derecho legítimo sobre el bien demanial, sino que éste, tal cual se indicó líneas atrás, no puede ser objeto de figuras típicas del derecho privado, en razón de su propia naturaleza. Corolario de todo lo mencionado, se rechazan todas las pretensiones, tanto principales como subsidiarias de la parte actora.-

SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS: El demandado interpone las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. A la luz de los autos, las excepciones de falta de legitimación en sus dos vertientes deben ser rechazadas por cuanto el argumento bajo el cual se sustenta la acción del demandante gira en torno a la pretensión de usucapión de una finca de la demandante, con lo cual existía una situación entre las partes que debía analizarse. Distinto ocurre con la excepción de falta de derecho, la cual se acoge en su totalidad, toda vez que tal y como se indicó en el considerando anterior, al actor no le asiste la razón en torno a todas sus pretensiones.-

DE LA CONDENATORIA EN COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable, por cuanto como se dijo supra, la parte actora ha perdido esta demanda al no asistirle el derecho; por ende, se condena a la parte vencida al pago de ambas costas del proceso.-

Se declara sin lugar las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la parte demandada. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda interpuesta por Olivier Sánchez Ureña contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Son las costas a cargo de la parte actora. Notifíquese.- Amy Miranda Alvarado, Jueza. Claudia Bolaños Salazar, Jueza. Carlos José Mejías Rodríguez, Juez.-

C6TYCQ2AKMU61AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

GGF8W9XWJXW61CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

ULWJ4VGBLEC61CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

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