Resolución 01130-2021

Se declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Abel Beita Martínez, fiscal auxiliar del Ministerio Público. Notifíquese.  Alberto García Chaves   Jorge A. Camacho Morales   Gustavo A. Jiménez Madrigal   Jueces y jueza de Apelación de Sentencia Penal Juvenil" (sic).

Contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Ingrid Guth Ruíz, en su condición de Fiscala Penal Juvenil,  interpuso recurso de casación.

Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa el Magistrado Alfaro Vargas; y,

Por mayoría se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público Ingrid Guth Ruíz. En consecuencia, se anula sentencia 2021-00028 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, de las 14:30 horas, del 5 de febrero del 2021 y la sentencia 76-2020 del Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, Golfito y Coto Brus, de las 13:00 horas, del 9 de diciembre del 2020. Se reitera el criterio previamente unificado según el cual, resulta procedente imponer medidas de seguridad en el proceso penal juvenil, en aplicación supletoria de la legislación penal de adultos. Se ordena el reenvío de la causa al Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, para que proceda conforme a derecho. Notifíquese.

Patricia Solano C.

Jesús Alberto Ramírez Q.                                                                  Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro

Rafael Segura B.

Magistrado suplente.

Voto salvado del Magistrado Segura Bonilla

Con el respeto que merecen mis compañeros de Sala, debo disentir de la decisión de mayoría, salvando el voto en cuanto a la aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil y en razón de las siguientes circunstancias. Este tema ha sido bastante discutido no solo en esta Sala, sino también en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, habiendo sido diversos los criterios que se han mantenido, entre otros: que se violenta el principio de legalidad, que no se regularon estas medidas en le Ley de Justicia Penal Juvenil o por la aplicación del derecho convencional, pero todos ellos llevan a que este instituto es impropio en la justicia juvenil. A efectos de ser claro en mi posición, debo de citar el extenso voto 247-2021 que emití junto con mis compañeros de Tribunal y en el que la redactora Jueza Corrales Pampillo realizó un desarrollo cronológico de como se ha abordado el tema: “

Sobre las medidas de seguridad en la justicia juvenil costarricense. Desde la resolución 2014-321 de las quince horas cincuenta minutos, del veintiséis de junio de dos mil catorce, se ha venido discutiendo la legalidad, necesidad, y procedencia de la aplicación de una figura propia del derecho penal, como lo son las medidas de seguridad, en la materia penal juvenil.  Con diferentes integraciones y en algunos casos como criterios de mayoría y otros de unanimidad, se han hecho profundos análisis acerca de la naturaleza de la justicia juvenil y de las medidas de seguridad, concluyéndose que éstas son propias del derecho penal dirigido a personas adultas, que no se encuentran expresamente reguladas en la Ley de Justicia Penal Juvenil,  y que, de conformidad al principio de interés superior y mínima intervención que rige la materia penal juvenil, existen otras agencias de control social que pueden cumplir la finalidad protectora y de derechos en favor de la población menor de edad inimputable, sin acudir al derecho penal. En el voto  2014-321 de esta Cámara, con una integración parcialmente diferente (jueza y jueces Corrales Pampillo, Jiménez Madrigal y Porras Villalta) se señaló: “Efectivamente, la legislación penal de adultos en nuestro país opta por dos vías de reacción punitiva para la conducta penalmente relevante, puesto que establece penas como consecuencia de la declaración de culpabilidad, y las medidas de seguridad que tienen como fundamento la prevención ante la peligrosidad del sujeto. Los objetivos de las medidas de seguridad son educar y reinsertar a aquel sujeto que, si bien cometió un hecho típico y antijurídico, no tiene capacidad de culpabilidad plena. Las medidas de seguridad se encuentran reguladas en el Título VI del Código de Penal, estableciéndose un procedimiento especial para su imposición. El artículo 97 establece la necesidad de que exista un informe emitido por el Instituto de Criminología en el cual se deduzca la posibilidad de reincidencia del evaluado, estableciéndose en el artículo 101 las clases de medidas de seguridad curativas que pueden ser impuestas, siendo éstas el ingreso a un hospital psiquiátrico, el ingreso a un establecimiento de tratamiento educativo y someterse a un tratamiento psiquiátrico. De la lectura de las normas antes dichas, es posible determinar que se está frente a una decisión de política represiva, según la cual una persona que se considera peligrosa en virtud de la prognosis de comisión de hechos punibles futuros, si bien no puede ser sancionada porque no tiene capacidad de culpabilidad, sí debe ser sometida al control del Estado, de manera que se puedan evitar nuevas comisiones de hechos punibles. El legislador expresamente por la Ley 7383 de 16 de mayo de 1994, derogó el artículo 99 del Código Penal en el cual se regulaba la posibilidad de imposición de medidas de seguridad a las personas menores de veintiún años pero mayores de diecisiete, norma inspirada en el modelo del paradigma de la situación irregular, no volviéndose a regular en forma expresa sobre el tema, por lo que no existe norma que faculte la imposición de medidas de seguridad en materia de personas menores con capacidad penal disminuida, ni en el Código Penal ni en la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual no solo no es una omisión sino que tampoco es un error, ya que dicho instituto es contrario a los fines y principios de la justicia de menores, claramente desarrollados tanto en el derecho internacional de los derechos humanos de los niños, en el derecho convencional y en el derecho positivo costarricense, siendo innecesaria para el derecho penal juvenil. (…) La doctrina de la protección integral parte de que toda persona menor, llamada niño, niña o adolescente, tiene el derecho a la protección del Estado, sociedad y familia, y a un desarrollo pleno de sus capacidades, así como a que sus necesidades económicas, físicas, afectivas, emocionales, educativas, médicas, entre otras, sean satisfechas. Si bien la regulación de la condición de la niñez se bifurca en dos caminos, "protección" y "responsabilidad", estableciéndose diferentes vías y procesos para el trato al niño víctima de violación de derechos en relación al niño en conflicto con la Ley Penal, en ambos casos se trata de personas menores de edad, ambas poblaciones se encuentran en condición de vulnerabilidad en razón de la edad y dependencia frente a los adultos, pero principalmente son poblaciones que están bajo el amparo del sistema de protección integral, regidas por los principios de interés superior de la persona menor, desarrollo integral y mínima intervención. Lo anterior implica que, independientemente de que se trate de un niño víctima o un niño infractor, una persona menor tiene, por su condición propia de ser menor de edad, el derecho de exigir del Estado y la sociedad el acceso real a sus derechos. En Costa Rica, la regulación jurídica de las personas menores de edad, producto de las obligaciones contraídas con la suscripción y aprobación de la Convención sobre los derechos del niño, está contenida en dos normas, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Justicia Penal Juvenil, normas que regulan protección y responsabilidad, lo cual no implica que aquellos niños que se encuentren bajo la regulación de la segunda se encuentran excluidos de los derechos, garantías y protección de la primera. Toda persona menor de edad, independientemente de que se encuentre en conflicto con la norma penal, tiene derecho a la protección de las leyes especiales que regulan su condición. El artículo 1 de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia establece: "1°. Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de esta población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de éste Código"; el artículo 3 del mismo cuerpo normativo regula su ámbito de aplicación y es claro en indicar que no existe ningún tipo de exclusión o discriminación en ésta, considerando los derechos y garantías para las personas menores irrenunciables, intransigibles y un asunto de interés público. Expresamente el artículo 3 indica lo siguiente: "Artículo 3°: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Código se aplicarán a toda persona menor de edad, sin distinción alguna, independientemente de la etnia, la cultura, el género, el idioma, la religión, la ideología, la nacionalidad o cualquier otra condición propia, de su padre, madre, representantes legales o personas encargadas. Los derechos y las garantías de este grupo son de interés público, irrenunciables e intransigible". Si bien el juzgamiento de las conductas delictivas por parte de una persona menor no está regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia, sino por la Ley de Justicia Penal Juvenil, las personas menores sometidas a proceso no están fuera del marco de protección integral que brinda el Código de Niñez y la Adolescencia. En el capítulo II del Código de la Niñez y la Adolescencia, titulado Proceso Especial de Protección, se regula el procedimiento administrativo y judicial tendiente a proteger, incluso hasta de sus propias conductas, a las personas menores cuyos derechos y garantías fundamentales podrían estar siendo violentadas. El proceso especial de protección se encuentra regido por el principio de interés superior de la persona menor, pero debe garantizar el principio de defensa y debido proceso. Las medidas de protección que se dispusieron en el artículo 135 del Código en mención, van orientadas a lograr el desarrollo integral de la persona menor, puesto que se establecen, entre ellas, orientación y apoyo a la familia, formación educativa, inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, tratamiento para personas en consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Expresamente dice el artículo 135 del cuerpo normativo citado: "Art135.- Medidas de protección. Las medidas de protección que podrá dictar la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán: a) Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia. b) Matrícula y asistencia obligatoria en establecimientos oficiales de enseñanza. c) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia, y a las personas menores de edad. d) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o tratamiento ambulatorio. e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. f) Cuida provisional en familia sustitutas. g) Abrigo temporal en entidades públicas o privadas". Estas medidas son conocidas a nivel administrativo y se someten a control jurisdiccional por parte del Juez de familia o de la Niñez y la Adolescencia, quien debe señalar audiencia donde deberá encontrarse la persona menor presente, se escuchará al representante del Patronato Nacional de la Infancia, el Procurador apersonado en el proceso, los representantes de otras instituciones, terceros involucrados, especialistas, médicos, psicólogos u otros que conozcan de los hechos, y los padres, tutores o encargados. En esta audiencia, donde debe garantizarse el debido proceso, podrá recibirse prueba, tanto la ofrecida por las partes, como la que el juez considere que sea necesaria para resolver el asunto. Evacuada la prueba y valorada según las reglas de la sana crítica, tal cual dispone el artículo 164, el Juez deberá dictar en un plazo máximo de cinco días, la resolución final en la cual podrá confirmar, sustituir o revocar las medidas de protección fijadas a nivel administrativo, pudiendo delegar lo correspondiente a la ejecución de lo resuelto al Patronato Nacional de la Infancia. Del análisis armónico del Código Penal, se desprende que efectivamente y como se indicó, el legislador costarricense se decanta por dos formas de reacción ante un ilícito penal. Las medidas de protección que, según la propia letra de la Ley, son de naturaleza curativa, buscan la reinserción social del infractor que no tiene capacidad de culpabilidad, pero que resulta peligroso por su propensión a reincidir en conductas delictivas, lo cual debe ser determinado por un informe del Instituto Nacional de Criminología. Las medidas se seguridad establecidas en el artículo 101, buscan curar y/o educar al sujeto imputado, así como contener, eliminar y/ o minimizar los efectos de una condición o enfermedad, que es la que lo o la lleva a delinquir. La justicia juvenil no es justicia penal adaptada a la edad, es, o al menos debe ser, un sistema penal especializado que considera, valora y regula las diferencias que existen entre una persona menor y un adulto. Es un sistema estructurado de forma diferente desde sus principios y fines, diferencias que se encuentran también en los institutos procesales y principalmente en la forma en la cual el Estado reacciona ante el delito juvenil”. (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, sección segunda. Resolución número 321, de las quince horas cincuenta minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce).  A partir de lo expuesto, se ha desarrollado por parte de este tribunal diferentes temas, como lo es el principio de legalidad, los principios rectores de la materia penal juvenil hasta finalmente, el criterio orientador que brindó el Comité de los Derechos del Niño, uno de los órganos convencionales, de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General número 24, que trata el tema de la justicia juvenil y sustituye a la Observación General número

En la resolución 2021-0027, de las  catorce horas cinco minutos, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, con integración de las juezas  Corrales Pampillo, Ulloa Ramírez y del Juez Segura Bonilla, en relación con este tema en particular, se resolvió lo siguiente: “Es claro que el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil remite supletoriamente a la legislación penal de adultos en todo aquello en lo cual no haya norma expresa, debiendo respetarse las fuentes autónomas que nutren y rigen al derecho penal juvenil, donde los tratados internacionales suscritos por el país, los criterios de los organismos internacionales de derechos humanos de los que se es parte y los principios rectores que regulan la materia, tienen preponderancia.  La Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CDN, en su artículo 43 creó el Comité de los Derechos del Niño, que entre tiene por finalidad examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados suscribientes. En este artículo se desarrollan no solo las funciones del Comité de los Derechos del niño, sino que las obligaciones que frente a este Comité tienen los Estados.  Este, el Comité de los Derechos del Niño, es uno de los siete órganos creados en virtud de tratados de los derechos humanos, siendo uno de los denominados "Órganos de los Tratados",  y tiene una labor esencial a partir de la interpretación del contenido de los derechos reconocidos en la Convención  y de la supervisión de su implementación real por parte de los Estados.  Este Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos de la niñez, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas, siendo la observación general número 24, que sustituye a la número 10, la relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. Esta Observación General cuya emisión es del año 2019, posterior a las resoluciones de la Sala Constitucional y de la posición de la Sala Tercera que no han referencia a este instrumento, en su introducción señala lo siguiente: "1. La presente observación general sustituye la observación general núm. 10 (2007) relativa a los derechos del niño en la justicia de menores. Refleja los cambios que se han producido desde 2007 como resultado de la promulgación de normas internacionales y regionales, la jurisprudencia del Comité, los nuevos conocimientos sobre el desarrollo en la infancia y la adolescencia, y la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a la justicia restaurativa. Asimismo, se hace eco de temas que suscitan preocupación como las tendencias relativas a la edad mínima de responsabilidad penal y el recurso persistente a la privación de libertad. La observación general abarca cuestiones concretas, como las relativas a los niños reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, incluidos los clasificados como grupos terroristas, y los niños en sistemas de justicia consuetudinaria, indígena o de otra índole no estatal.

Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables.

El Comité reconoce que el mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo del sistema judicial, incluido el sistema de justicia juvenil. Sin embargo, los Estados partes deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según se indica claramente en el artículo 40 de la Convención, todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, debe recibir siempre un trato acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Las pruebas demuestran que la prevalencia de los delitos cometidos por niños tiende a disminuir tras la adopción de sistemas acordes con esos principios.

El Comité acoge con satisfacción la gran labor realizada para establecer sistemas de justicia juvenil que se ajusten a lo dispuesto en la Convención. Se encomia a los Estados que tienen disposiciones más favorables a los derechos del niño que las que figuran en la Convención y en la presente observación general, y se les recuerda que, de conformidad con el artículo 41 de la Convención, no deben adoptar ninguna medida regresiva. Los informes de los Estados partes indican que muchos de ellos siguen necesitando inversiones considerables para lograr el pleno cumplimiento de la Convención, en particular por lo que respecta a la prevención, la intervención temprana, la elaboración y aplicación de medidas extrajudiciales, un enfoque multidisciplinario, la edad mínima de responsabilidad penal y la reducción de la privación de libertad. El Comité señala a la atención de los Estados el informe del Experto Independiente que dirige el estudio mundial de las Naciones Unidas sobre los niños privados de libertad (A/74/136), presentado de conformidad con la resolución 69/157 de la Asamblea General, que había iniciado el Comité.

En el último decenio, diversos organismos internacionales y regionales han aprobado varias declaraciones y directrices que promueven el acceso a la justicia y una justicia adaptada a los niños. Esos marcos abarcan a los niños en todos los aspectos de los sistemas de justicia, incluidos los niños víctimas y testigos de delitos, los inmersos en procedimientos de bienestar social y los que comparecen ante tribunales administrativos. Dichos avances, si bien tienen mucho valor, quedan fuera del alcance de la presente observación general, que se centra en los niños de los que se alegue que han infringido la legislación penal o a los que se acuse o se declare culpables de haber infringido esa legislación"-. En razón de lo anterior, es evidente que esta Observación General se convierte en un criterio de interpretación de la CDN en relación con la población menor de edad en conflicto con la ley, al trato que debe dársele a las personas menores de edad infractores y las obligaciones que como Estado, garante de los Derechos Humanos, tiene frente a su población menor de edad.  Esta observación emitida por uno de los órganos técnicos de la ONU, constituye una fuente de derecho que debe ser tomada en cuenta por las personas juzgadoras al dar una respuesta al delito juvenil.  Debe recordarse que en una materia tan sensible como lo es la relativa a los derechos humanos de las personas menores de edad en conflicto con la ley, el control de convencionalidad es una obligación de todas las personas juzgadoras. Este deber ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en el caso “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de setiembre de 2006, en el que expresamente se indicó: “123... […] cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin…”, lo anterior permite afirmar, que existe para las personas juzgadoras en materia penal juvenil una obligación, devidada además del artículo 48 de nuestra Carta Magna, de aplicar la CDN y las observaciones generales, en particular la 24, que emite el Comité sobre los Derechos del Niño, no solo porque Costa Rica es parte de los Estados suscribientes de este tratado internacional, por lo que es parte de nuestro derecho interno, pero al ser parte de la Organización sobre los Derechos Humanos, y ser el Comité de los Derechos del Niño parte de sus órganos, reconocemos fuerza normativa a sus instrumentos y resoluciones. Debe recordarse que el derecho internacional de los derechos humanos, en atención del derecho a los tratados, parte del principio de buena fe, que implica que los Estados tienen obligaciones frente a la comunidad internacional de cumplir lo que pacta y a lo que se compromete, lo cual tiene íntima relación con la norma pacta sunt sevanda.  En su artículo "El valor jurídico de las recomendaciones de los comités de derechos humanos y el bloque de constitucionalidad", Fernando Nieto- Navia, señala: "La norma pacta sunt servanda está íntimamente ligada al principio de la buena fe. El Preámbulo de la Carta de Naciones unidas, su artículo 2.231 y el ya citado artículo 26 de la Convención de viena se refieren a ello.32 La ya mencionada Resolución 2625 (XXv) dice:  Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos con arreglo a los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos. En otras palabras, los Estados se comprometen frente a la comunidad internacional a cumplir de buena fe las obligaciones que han asumido, incluidas algunas que no aparecen en el artículo 26 del Estatuto de la CIj, como ciertas decisiones de organizaciones internacionales que, en sus estatutos, tengan carácter vinculatorio (law-making resolutions); o las que derivan de ciertos actos unilaterales de un Estado que, por su naturaleza lo obligan,  como el consentimiento a vincularse por un tratado36 o las reservas a los mismos, etc., actos unilaterales que, cuando son aceptados –otro acto unilateral– por otro Estado, crean un cierto tipo de “acuerdo” del cual el primer Estado solamente se puede desvincular con el consentimiento de la otra parte interesada. (Nieto-Navia,valor%20jurídico%20de%20las%20observaciones%20generales%20de%20los%20comités%20de%20los%20derechos%20humanos.pdf). Esto implica, que existe un deber el Estado a través de sus órganos de dar fiel cumplimiento no solo a los Tratados Internacionales suscritos por el país, sino que a la interpretación que hagan los órganos creados para ese fin por la propia Convención. A diferencia de la Observación General número 10 emitida en el  año 2007, la Observación General número 24 en forma expresa trata el tema de las personas menores de edad en conflicto con la ley inimputables o con imputabilidad disminuida, indicando lo siguiente: "Niños que no tienen responsabilidad penal por motivos relacionados con  retrasos en el desarrollo o con transtornos o discapacidad del desarrollo neurológico"

Los niños con retrasos en el desarrollo o con transtornos o discapacidad del desarrollo neurológico  (por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos del espectro alcohólico fetal o lesiones cerebrales adquiridas) no deben enfrentarse en modo alguno al sistema de justicia juvenil, ni aunque hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Si no se excluyen automáticamente, esos niños deben ser evaluados individualmente". La fuerza de estas recomendaciones alude directamente a la vulnerabilidad de las personas menores de edad y adolescentes con problemas del desarrollo o neurológicos, a ser víctimas de violación al derechos a ser tratados de manera diferente, a ser excluidos del sistema punitivo y a ser valorados de manera especializada e individualizada. Se recoge en esas recomendaciones, lo que precisamente en reiterados fallos ha expresado esta Cámara acerca de inexistencia de una previsión especializada que permita dar un trato y/o una respuesta especializada para el caso de las personas menores de edad o adolescentes que no tienen capacidad de culpabilidad y de los riesgos asociaciones a extender la aplicación analógica en este terreno, de las previsiones de la justicia ordinaria de las personas adultas ya de por si no exentas de serios conflictos y lesiones a los derechos humanos implicados en la ejecución de las medidas de seguridad.  Así que lo que para algunas interpretaciones se reduce a una omisión o error del legislador, es en realidad el reconocimiento de la CDN y los principios fundamentales de las justicia juvenil y del principio de especialidad y de legalidad. Los principios rectores de la materia penal juvenil, entre los cuales privan el principio de legalidad, el interés superior de la persona menor, el desarrollo integral y mínima intervención, analizados de cara al contenido de la CDN en contraposición con la naturaleza de las medidas de seguridad en materia penal para personas adultas, permite concluir a partir de la lectura armónica del derecho internacional de los derechos del niño, que las medidas de seguridad aplicadas en el derecho penal ordinario a personas con condiciones diversas a las personas menores de edad, no pueden ser aplicadas a las personas  menores de edad, sin violentar la CDN y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, es decir, normativa con valor supraconstitucional y de los estándares definidos por los organismos de control y supervisión de esos principios y la aplicación supletoria regulada en el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil  no legitima esa aplicación analógica en contra de los derechos de las personas menores de edad o adolescentes en conflicto con la ley. Es claro que si a una persona menor de edad se le sigue causa por una conducta tipificada como delito, las consecuencias que se deriven de ello están sometidas a límites y control. También es claro que las víctimas requieren respuesta, sin embargo, el tema que debe cuestionarse es qué tipo de respuesta debe darse ante una persona menor de edad inimputable  y si el abordaje debe ser desde el control social punitivo o desde salud, desarrollado de manera muy concreta en la CDN.  Si el proceso penal debe ser la última opción aún estando frente a conductas delictivas, si debe según la CDN acudirse a las otras formas de control y articulación social antes de ingresar al sistema jurídico penal, precisamente porque se reconocen los efectos nocivos que supone la estigmatización de un proceso penal, con mayor razón debe cuestionarse el sistema jurídico si se requiere resolver el conflicto desde el aparato punitivo”.(Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, resolución número 27, de las  catorce horas cinco minutos, del cinco de febrero de dos mil veintiuno).  Posición en el mismo sentido que se desarrolló en la resolución número 2021-28 de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, dictada las catorce horas treinta minutos, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, en esta oportunidad participando en su emisión los jueces Alberto García Chaves, Jorge A. Camacho Morales y Gustavo A. Jiménez Madrigal.  Debe tenerse presente que si se reconoce que por la edad de las personas menores de edad, estas tienen menor grado de culpabilidad que las personas adultas ante conductas delicitivas, precisamente porque se encuentran en una etapa incipiente de su desarrollo cognitivo, psicológico y emocional, cuando se está frente a personas menores de edad con limitaciones, el desarrollo cognitivo y neurológico la capacidad de culpabilidad es aún menor. La menor culpabilidad de las personas menores de edad obliga a un tratamiento diferenciado cuando han infringido la ley penal, y esto como ha sido objeto de análisis dentro de los criterios jurisprudenciales de esta cámara ante personas menores inimputables o con capacidad penal disminuida, no implica reducir garantías o derechos, sino que todo lo contrario, cambiando el lente con el cual se observa no solo el delito sino que las opciones de respuesta. Renunciando a los fines estrictamente punitivos del derecho penal, La justicia juvenil procura encontrar en la construcción de herramientas y acompañamiento integral, la posibilidad de dar respuestas a la sociedad y a las víctimas del delito juvenil, al tiempo que incide  positivamente en el desarrollo integral de la persona menor. Pese a los argumentos que expone la recurrente, diversificar la reacción del poder frente al delito adolescente, y frente al infractor inimputable no es dejar de dar respuesta, sino que actuar de manera diferente al modelo estrictamente punitivo y retribucionista. Las personas menores de edad, aún aquellas que como en el caso que nos ocupa, presentan una clara afectación en su capacidad de punibilidad, siguen siendo menores de edad,  y de hecho por encontrarse bajo una condición de discapacidad, tienen una mayor condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a procurar su interés superior,  asegurar su protección integral y su reinserción social, a través de los mecanismos de intervención que sean necesarios, adecuados y útiles para lograr que el proceso de desarrollo continúe. No puede olvidarse que las medidas de seguridad reguladas en el Código Penal, son previstas como reacción ante el delito adulto, tienen como fundamento la peligrosidad del sujeto y buscan evitar la reincidencia de conductas delictivas, conceptos que no encuentran cabida en un sistema que parte de la condición de seres humanos en desarrollo de las personas menores de edad, y de la finalidad de prevención especial positiva que caracteriza a la Justicia Penal Juvenil. Sea porque se violenta el principio de legalidad, porque expresamente el legislador eliminó la aplicación de las medidas de seguridad para la población menor de edad, o porque el derecho convencional elimina la posibilidad de someter a proceso penal a las personas menores de edad con limitaciones en su capacidad cognitiva, producto de lesiones cerebrales, condición de discapacidad o enfermedades, lo cierto es que este instituto es impropio en la justicia juvenil, pese a los criterios que mayoría ha mantenido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Señala la recurrente que debe darse respuesta a la persona menor infractora ante su necesidad de atención y tratamiento en salud y que como ninguna de las demás agencias del Estado es eficaz, debe ser la penal la que actúe. Este discurso es absolutamente contrario a uno de los principios rectores de la materia, como es el principio de mínima intervención. Este principio reconoce la condición evolutiva del desarrollo de las personas menores de edad así como los efectos nocivos que puede tener la excesiva injerencia del Estado en la vida de las personas en etapas tempranas de su desarrollo. El paradigma de la protección integral que es el que informa y da cuerpo a la actual regulación sobre la condición de la niñez, reconoce el papel que tiene el Estado en el aseguramiento del goce pleno de las garantías y derechos que tienen las personas menores de edad. El modelo de justicia juvenil, aun partiendo del concepto de responsabilidad, se nutre de todos los conceptos y principios que dan forma a esta manera de comprender a la niñez y adolescencia, de ahí que, si bien, debiendo dar una respuesta a la sociedad ante las conductas delictivas realizadas por niñas, niños o adolescentes, el Estado debe a través de sus agencias de control formal, asegurarse que se atienda a la población, que se le garanticen derechos y que la intervención sobre su vida sea la necesaria, proporcional, idónea, oportuna y adecuada, dejando la reacción penal como última de las opciones no como la principal o única vía de intervención. Si como se indicó supra, una persona menor de edad requiere de atención en salud, de abordaje terapéutico y farmacológico para poder tener una inserción social adecuada, no debe esperarse a la reacción penal para brindarle la atención, sino que se deben activar todos los mecanismos de atención protección a la niñez y adolescencia. Activar el sistema de protección, supone que las agencias del Estado relacionadas con la niñez deben actuar de manera efectiva, pronta y adecuada, de forma que pueda brindarse toda la atención que una persona menor requiere para que tenga una vida plena, ajustada al orden jurídico y social.  No se requiere acudir a modelos ajenos a la justicia juvenil, como lo son las medidas de seguridad, para asegurar el tratamiento en salud de una persona menor de edad, brindarle la atención terapéutica y farmacológica que requiere y brindar a la familia el apoyo y supervisión necesarios para que la persona menor de edad, con una condición de discapacidad o disfunción cognitiva, pueda tener una vida plena, segura para sí y para terceros.  El no acudir a una figura propia del derecho penal de adultos no supone omitir respuesta, sino contrario a ello, es dar la respuesta integral adecuada que según el principio de mínima intervención requiere la persona menor de edad. Si el derecho penal debe ser la última de las opciones de intervención ante la conducta disrruptiva de una persona menor de edad, con mayor razón debe el sistema de justicia cuestionarse abordar penalmente a una persona menor de edad que no tiene capacidad plena para comprender la naturaleza de su conducta, máxime si por regulación convencional así como por el derecho interno, se tiene previsto que a las personas menores se les garantice el más alto nivel de atención en salud.  El proceso penal juvenil debe ser en sí mismo ejemplo de un modelo socioeducativo, lo cual no tiene sentido cuando hay limitaciones para la comprensión del entorno. Acudir al órgano rector de la condición de la niñez establecido así por la Constitución Política, para que se implementen medidas de protección en materia de atención y de salud a favor de una persona menor de edad qu, a su vez implique articular a las instituciones públicas en materia de salud, y someter estas medidas al control jurisdiccional de los juzgados de niñez y adolescencia o de  familia que ha sido la postura de este Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, no es dejar sin respuesta un hecho relevante, es dar la respuesta adecuada según nuestro ordenamiento jurídico, compuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados de derechos humanos, la Constitución Política y las leyes, entre ellas el Código de Niñez y la Adolescencia y la Ley de Justicia Penal Juvenil.  Indica en su recuso la fiscal apelante, que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una posición diferente en cuanto al tema y que vía artículo 9 de la Ley Justicia Penal Juvenil, puede suplirse el tema de la ausencia de legislación aplicando las medidas de seguridad reguladas en el Código Penal a la justicia juvenil. Lleva razón con esta afirmación, sin embargo, por las razones que se han expuesto de previo, esta Cámara con diferentes integraciones, ha mantenido posiciones diversas sobre el tema apartándose de la posición mayoritaria de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Como se ha hecho ver en otras resoluciones, la posición de la Sala Tercera sobre la aplicación de las Medidas de Seguridad se ha visto compuesta de criterios que se separan del voto de mayoría, por lo que, ni es correcto que los pronunciamientos de la Sala Tercera sean vinculantes más que para el caso concreto, ni que haya sido una postura unánime la expuesta en relación con el tema. Con integraciones diferentes han sido varios los ejes de discusión de los votos de minoría, destacándose algunos por tratar la falta de regulación sobre el tema y por ende la violación al principio de legalidad, hasta la incompatibilidad del instituto con la naturaleza de la justicia juvenil y las diferencias de ésta con el derecho penal de adultos.  En el voto 985-2015 de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del treinta de julio de dos mil quince, citado como uno de las resoluciones que es unificadora de criterios, la entonces magistrada Doris Arias Madrigal, se separó de la decisión de mayoría e indicó: “La suscrita Magistrada Doris Arias Madrigal, respetando las consideraciones contempladas en el voto de mayoría, me aparto del mismo y realizo mis propias consideraciones. Declaro sin lugar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público, por las razones que a continuación se exponen. Como punto de partida, necesariamente debemos realizar en esta materia sensible, un control de convencionalidad, al cual se encuentran obligados todos los Jueces y Juezas del país. Ese deber, encuentra su máxima expresión en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de setiembre de 2006, en el que se dice: “123... […] cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin…”. Dicho lo anterior, conviene analizar los convenios internacionales que en materia de personas menores de edad, ha suscrito nuestro país. En primer término, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) establece: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” En consonancia con lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, aparte 1 señala: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.” (la negrita se suple). Dicho de otra forma, sea cualesquiera la condición en que se encuentre la persona menor de edad, existe una obligación estatal de procurar maximizar y potenciar el derecho a la salud, tanto física, mental y emocional de dicha población vulnerable. Esta norma, encuentra eco también en el artículo 25 de este cuerpo normativo internacional, el cual resulta de suma importancia para el caso que nos ocupa, pues establece: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño  que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental  a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.” (la negrita se suple). Salta a la vista que la propia Convención sobre los Derechos del Niño, de ninguna forma prohíbe el establecimiento de alternativas similares a las medidas de seguridad para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. El artículo 37 de este instrumento internacional, al momento en que se refiere a las penas, en su aparte c) indica: “c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.[…]” (la negrita es suplida). La norma pone de relieve, en resguardo del interés superior de la persona menor de edad, el hecho de que sus necesidades, como persona en desarrollo, deben ser tomadas en consideración. En el campo de la justicia de menores se acepta que la personalidad de los menores todavía está en proceso de desarrollo y abierta a influencias positivas. Es preciso hacer hincapié en la posibilidad de reinserción de las personas jóvenes, incluso si, en algunos casos, este objetivo sólo puede conseguirse mediante esfuerzos educativos y terapéuticos intensivos. Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias, en aras de tutelar el interés superior pueden tomar diferentes matices, precisamente para cubrir la amplia gama de necesidades concretas de las y los jóvenes, incluso de aquellos que evidencien perturbaciones mentales y no tengan una capacidad cognoscitiva suficiente, para conocer, obviamente de acuerdo a su desarrollo psicológico, el carácter ilícito de sus actos. Otro de los instrumentos internacionales que conviene analizar, son las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las cuales, en su artículo 17.1 a) mencionan: “La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada , no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor , así como a las necesidades de la sociedad…” (negrita suplida). Nuevamente se pone de relieve como eje central, la condición de la persona menor de edad, como sujeto de tutela especial, adecuada a sus necesidades propias como persona en desarrollo, con derecho a ser potenciada y lograr el fin de reinserción social y educativa que contienen la sanción en materia penal juvenil. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, consigna en su regla 53 que: “Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una institución especializada bajo supervisión médica independiente.” Dicha regla es sumamente clara en estimar que las personas menores de edad con capacidades cognoscitivas diferentes, merecen un tratamiento especializado, en un centro diverso al que alberga a las personas menores de edad que se encuentran privadas de libertad como consecuencia de detención provisional o sanción firme. Del amplio corpus iuris analizado, podemos concluir que la existencia de las medidas de seguridad en materia penal juvenil, es posible, sin embargo, la regla sobre reinserción social, no permitiría medidas de seguridad a largo plazo o con carácter indefinido, pues, tal y como lo informa la doctrina y nuestra propia legislación, el fundamento de la medida de seguridad es la peligrosidad criminal, basada en un pronóstico de probabilidad de comisión de nuevos hechos delictivos (artículo 97 del Código Penal) que tienen como único objetivo proteger a la sociedad, aunque en materia de menores, debemos incluso pensar en que dicha protección se extiende hacia las propias personas menores de edad, en el tanto, en tutela del interés superior, puedan convertirse en personas con vulnerabilidades múltiples, ya no solo por su condición de minoridad, sino también por su situación de salud o abandono por parte de los entes estatales encargados de tutelar ese derecho. Por ello, para crear una verdadera diferenciación con la materia de adultos, preferimos llamar a este tipo de medidas, medidas de tratamiento y mejoramiento de la salud mental . Existe en el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la cual en su artículo 3, enuncia como principios: “b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.”. El modelo social de la discapacidad, así como la doctrina de la protección integral, aspiran a la inclusión de estas poblaciones, desde la perspectiva del respeto y la aceptación de las diferencias, las cuales deben ser valoradas positivamente y no meramente toleradas o aceptadas. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2012, destaca, en su epígrafe 138, la situación de las personas menores de edad en situación de vulneraciones múltiples, como el caso de aquellos que sufren de algún tipo de discapacidad mental. Al respecto dijo: “Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a la adopción de medidas especiales de protección en materia de salud y seguridad social, que incluso deben ser mayores en casos de niños con discapacidad. Respecto de los niños con discapacidad, el Comité sobre los Derechos del Niño señaló que: “el logro del mejor posible estado de salud, así como el acceso y la asequibilidad de la atención de la salud de calidad es un derecho inherente para todos los niños.  Los niños con discapacidad muchas veces se quedan al margen de todo ello debido a múltiples problemas, en particular la discriminación, la falta de acceso y la ausencia de información y/o recursos financieros, el transporte, la distribución geográfica y el acceso físico a los servicios de atención de salud.” (destacado no es del original). El Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006, consideró que: “…entre las medidas positivas a cargo de los Estados se encuentran aquellas necesarias para prevenir todas las formas de discapacidad prevenibles, y dar a las personas que padecen de discapacidades mentales el tratamiento preferencial apropiado a su condición.” (el destacado se suple). En el Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay; Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 2 de septiembre de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el epígrafe 161, resaltó: “En este sentido, los artículos 6 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño incluyen en el derecho a la vida la obligación del Estado de garantizar “en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. El Comité de Derechos del Niño ha interpretado la palabra “desarrollo” de una manera amplia, holística, que abarca lo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Mirado así, un Estado tiene, respecto de niños privados de libertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter alia,  proveerlos de asistencia de salud y de educación,  para así asegurarse de que la detención a la que los niños están sujetos no destruirá sus proyectos de vida.” (destacado suplido). La anterior sentencia es de suma importancia, pues resalta la obligación estatal de contribuir al desarrollo de la persona menor de edad, en condiciones tales que les permita llevar adelante su proyecto de vida, como seres en desarrollo, precisamente velando entre otros, por su salud mental, todo en aras del interés superior. En el Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 20 de noviembre de 2013, la Corte hizo hincapié en la gravedad de la situación, ante la carencia de asistencia en los servicios de salud, tratándose de poblaciones vulnerables, como el caso de niñas, niños y adolescentes: “[…] La Corte constata que esa falta de atención [en relación al acceso a una atención en salud, a servicios básicos esenciales, entre otros] resulta especialmente grave cuando los afectados son personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como son las niñas y niños.” La Opinión Consultiva OC-17/02, de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a las condiciones de cuidado de los niños, indica que como parte del derecho a la vida que se consagra en el artículo 4 de la Convención Americana, no sólo comporta las prohibiciones que en ese precepto se establecen, sino la obligación de proveer de medidas necesarias para que la vida revista condiciones dignas. El concepto de vida digna, se relaciona con la norma contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 23.1, relativo a los niños que presentan algún tipo de discapacidad, establece lo siguiente: “1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.” Incluso, dentro de esta sumaria, encontramos el criterio del Patronato Nacional de la Infancia, con relación al tema que nos ocupa, oficio en el que se consigna: “Es imperativo para la Institución que represento, que exista un cambio en cuanto a la forma en que se ha venido resolviendo por parte de la Justicia Penal Juvenil, las causas penales en donde el imputado es una persona menor de edad y es declarado inimputable en virtud de sufrir retardo, indistintamente si es leve o severo y por consiguiente, se le ordena al PANI que asuma la atención de esta población. No obstante, considera esta representación que, si se parte de la naturaleza, principios, atribuciones y fines que enmarca el actuar del Patronato Nacional de la Infancia; dadas tanto por normativa internacional como nacional, deviene en necesario que ante la supuesta comisión de un delito por parte de personas menores de edad, éste hecho sea ventilado en sede penal y no a instancia administrativa, claro está, aplicándose en la vía judicial penal las correspondientes medidas de seguridad; lo anterior acorde con la función constitucional de proteger a las personas menores de edad, en condición de vulnerabilidad y especialmente el interés superior de las mismas”. (Folio 177). El propio Poder Judicial, adecuando sus procedimientos a poblaciones vulnerables, aprobó en sesión del Consejo Superior, 114-13, del 12 de diciembre de 2013, artículo LXXII, aprobó el “Protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicocial,” que propone entre otras recomendaciones y lineamientos básicos, favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial que participan en procesos judiciales; guías para su comparecencia en las dependencias judiciales; incorpora temas de accesibilidad y ajustes razonables, aspectos relativos a la capacidad jurídica y legitimación, pautas relativas a la información; definiciones y principios orientadores, y promueve cambios en la cultura judicial que mejoren el acceso a la justicia de esta población. De reciente data, encontramos la Ley 9063 de 4 de setiembre de 2012, denominada “Atención psicológica a personas agresoras insertas en procesos de todo tipo de violencia”, en la cual se prevé en su artículo 1° , como uno de sus objetivos, “[…] ofrecer una atención psicoterapéutica a las personas agresoras que se vean inmersas en procesos de situaciones de violencia y promover así una atención psicológica especializada, para que estas logren aprender a identificar, controlar y evitar las formas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial, causadas intencionalmente o por negligencia.” Con ello se pone de relieve que en nuestro medio, existen esfuerzos claros por visualizar parte de estas poblaciones vulnerables y ofrecerles alternativas diferentes y adecuadas a sus condiciones particulares de salud. En conclusión, la suscrita Magistrada estima que las razones que impiden aplicar las medidas de seguridad, o mejor dicho, medidas de tratamiento y mejoramiento de la salud mental en materia penal juvenil en Costa Rica, no atañen a su incompatibilidad con el sistema de justicia para personas menores, sino más bien a su falta de regulación, por lo que aceptar su aplicación analógica, violenta el principio de legalidad. Efectivamente, el artículo 9, establece la posibilidad de aplicar de forma supletoria, la legislación penal y procesal penal de adultos “en todo lo que no se encuentre regulado”, sin embargo, por voluntad legislativa, en la actual Ley 7576, la regulación de las sanciones sí posee norma expresa en el numeral 121 y siguientes, no contemplándose las medidas de seguridad, dentro del numerus clausus allí consignado. En otras palabras, sería necesario una reforma legal para incorporar a dicho catálogo de sanciones, lo que hemos llamado medidas de tratamiento y mejoramiento de la salud mental , en cuyo caso, no encuentro que exista incompatibilidad alguna con nuestro sistema de justicia penal juvenil, toda vez que, según hemos enunciado en el presente voto salvado, el corpus iuris internacional, no prohíbe su coexistencia con otras sanciones y más bien potencializa el interés superior de la persona menor de edad, como persona en desarrollo físico, mental y psicológico. Obviamente sobra decir, que la existencia de dichas medidas de seguridad, deberán cumplir con los estándares de protección de los derechos humanos, adecuándolas a las condiciones propias de las niñas, niños y adolescentes, las cuales no pueden ser nunca, iguales a las de las personas adultas y ejecutarse por personal especializado, en un centro especializado; o al menos, en una sección aparte de las personas adultas, como lo establecen los marcos de derechos humanos de niñez y adolescencia”. En esa misma resolución de la Sala Tercera, con un enfoque diverso, también disintió el entonces magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, indicando lo siguiente: "Corresponde entonces determinar si las medidas de seguridad reguladas en el Código Penal son compatibles con la normativa y principios rectores de la Justicia Penal Juvenil.

Analizada de manera integral la normativa del Código Penal sobre las medidas de seguridad, este juzgador concluye que, en la forma en que está estipulada actualmente dicha regulación, no es posible aplicarla respecto a las personas menores de edad, pues sería contrario a los principios de la materia penal juvenil. Las razones por las que se estima que la regulación de las medidas de seguridad del Código Penal es incompatible con la normativa y principios de la Justicia Penal Juvenil son las siguientes: A) De acuerdo con el principio de legalidad penal, la prohibición de los hechos constitutivos de delito, así como su penalidad, deben estar regulados previamente por ley. Es decir, que tanto la conducta que constituye el delito, como la sanción que se le impone, debe estar estipulada previamente por una ley de la República. Al respecto la Ley de Justicia Penal Juvenil establece en su artículo 13: “Ningún menor de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley penal no tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser sometido a sanciones que la ley no haya establecido previamente.” Respecto a los hechos constitutivos de delito, el catálogo de prohibiciones es en principio el mismo que para los adultos, es decir la Parte Especial del Código Penal y las leyes especiales. En este sentido el artículo 45 de la Ley No. 7576: “La calificación legal de los delitos o contravenciones cometidos por menores, se determinará por las descripciones de conductas prohibidas que se establecen en el Código Penal y en las leyes especiales”. Sin embargo, en cuanto a las sanciones a imponer, el catálogo que se aplica en materia penal juvenil está regulado exclusivamente en la Ley No. 7576, pues se trata de sanciones no sólo distintas a las de adultos, sino especiales en cuanto a sus fines y medios para lograrlos. Dicho de otro modo, la lógica de las sanciones en materia penal juvenil es radicalmente distinta a la de adultos: “…buscará la reinserción del menor de edad en su familia y sociedad, según los principios rectores establecidos en esta ley.” (Artículo 44). Es decir no sólo tienen un radical carácter de prevención especial positiva (reinserción), sino que además el diverso y amplio catálogo de sanciones debe emplearse en concordancia con los reforzados principios de intervención mínima, ultima ratio, jerarquía de las sanciones no privativas de libertad sobre las privativas de libertad, y respetando siempre el principio educativo. Sin perder de vista además que: “El aspecto característico del Derecho Penal Juvenil es lo atinente a las sanciones: con base en los principios de interés superior del niño y de protección integral de este, evita la imposición de una sanción, y cuando ella es inevitable dispone la menor restricción de derechos posibles, tratando de no imponer una sanción privativa de libertad.” (Llobet, Javier; y Tiffer, Carlos. La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa Rica. 1999. Costa Rica: UNICEF – ILANUD – CE). De manera que, considerando que en materia penal juvenil existe un catálogo especializado de sanciones (con finalidades particulares ajustadas a sus principios rectores), encontramos en el principio de legalidad una primera razón para concluir que no es posible interpretar que la ausencia de regulación en la Ley de Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de medidas de seguridad, puede ser integrada con la normativa que el Código Penal establece para las personas mayores de edad. B) Una segunda razón para descartar la tesis propuesta por el Ministerio Público, es la incompatibilidad del carácter indeterminado de las medidas de seguridad del Código Penal, con la legislación y principios de la materia penal juvenil. Mientras que el artículo 100 del Código Penal dispone: “Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada.”; el 26 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece: “No podrán imponerse, por ningún tipo de circunstancia, sanciones indeterminadas. Lo anterior no excluye la posibilidad de que el menor de edad sea puesto en libertad antes de tiempo.” Estamos frente a una incompatibilidad absoluta, que no puede obviarse –como pretende el recurrente– aduciendo que la limitación temporal serían los diez y quince años que dispone el artículo 131 de la ley 7576 para la sanción de privación de libertad en un centro especializado. C) Una tercera razón que no permite aplicar las medidas de seguridad del Código Penal a los imputados menores de edad inimputables o que presenten imputabilidad disminuida, es el carácter especializado que deben tener todos los agentes involucrados en la administración de justicia penal juvenil. En este sentido la Ley de Justicia Penal Juvenil establece: “Principio de justicia especializada. La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de menores.” (Artículo 12); “Internamiento en centros especializados. En caso de ser privados de libertad, de manera provisional o definitiva, los menores de edad tendrán derecho a ser ubicados en un centro exclusivo para menores de edad; no en uno para personas sometidas a la legislación penal de adultos. De ser detenidos por la policía administrativa o judicial, esta destinará áreas exclusivas para los menores y deberá remitirlos cuanto antes a los centros especializados.” (Artículo 27). En vista de que dicha ley no contempla la posibilidad de aplicar medidas de seguridad a personas menores de edad que sean inimputables o que presenten imputabilidad disminuida; en este momento no existen los programas, el personal, ni la coordinación con otras instituciones que permitan garantizar que la atención que recibirían las personas menores de edad en dicha situación sería especializada. D) Por último, la razón más importante por la que no puede acogerse la tesis del Ministerio Público, son las diferencias cualitativas que presenta el elemento de la culpabilidad en materia penal juvenil, y la absoluta incompatibilidad de ésta con el criterio de peligrosidad que inspira las medidas de seguridad del Código Penal. Iniciando por esto último, el artículo 97 del Código Penal establece: “Las medidas de seguridad se aplicarán solamente a las personas que hayan cometido un hecho punible, cuando del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca la posibilidad de que vuelvan a delinquir. ”Independientemente de  la aplicación práctica de este estudio que se encomienda al Instituto de Criminología, lo que aquí interesa es el criterio que subyace a dicha valoración: la posibilidad de que vuelvan a delinquir, no es otra cosa que una prognosis de riesgo, más específicamente, una medición del peligro de reincidencia delictual que representan las personas con limitaciones en su capacidad de culpabilidad. Lo cual indudablemente revela que la finalidad de las medidas de seguridad es de prevención especial negativa, a pesar de que el artículo 51 del Código Penal diga otra cosa. Esta idea, que lejos de ser marginal, es el fundamento de las medidas de seguridad en materia penal de adultos, resulta absolutamente incompatible con los principios de justicia penal juvenil, y específicamente con la reforzada finalidad de prevención especial positiva y el principio educativo que debe guiar el análisis de la culpabilidad. Al respecto nos dice el especialista Tiffer Sotomayor: “En el derecho penal juvenil existen puntos de coincidencia y disidencia respecto a la culpabilidad en el derecho penal de adultos. Coincide en que la sanción solo puede fundamentarse en la constatación de que se puede reprochar al autor la acción que ha realizado; lo mismo que la sanción presupone la culpabilidad, pero se diferencia en la pretendida simetría de culpabilidad y pena, porque en el derecho penal juvenil la sanción puede ser inferior a la culpabilidad precisamente por el fin educativo que se persigue (Prevención Especial Positiva). Sin que solo el fin educativo sea suficiente para declarar la culpabilidad.” (Tiffer, Carlos. Ley de Justicia Penal Juvenil comentada. Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 3era Edición. p. 337). En la misma línea el autor Chan Mora señala: “…la gravedad de la culpabilidad sigue incidiendo como un criterio límite para la medición o fijación o sanción penal juvenil, pero como un límite máximo, por así decirlo, según el cual el monto de la pena no puede rebasar la gravedad de la culpabilidad. Pero debido a los efectos del interés superior, la sanción a imponer puede ser inferior a la gravedad de la culpabilidad, lo cual se explica, desde nuestra perspectiva, en atención al mayor aseguramiento de los derechos fundamentales del niño o joven que ese principio exige.” (Chan, Gustavo. Adultocentrismo y culpabilidad penal juvenil. Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas. p. 329). Es decir, que en razón de la exclusiva finalidad de prevención especial positiva de la sanción penal juvenil, y de la incidencia del principio educativo y el interés superior en su fijación, las penas impuestas a las personas menores de edad pueden ser menores a su culpabilidad. Esta particularidad por sí misma revela que, las medidas de seguridad de adultos, en tanto están fundadas en criterios de peligrosidad (y con fines de prevención especial negativa), son incompatibles con la lógica de las sanciones penales juveniles. Pero adicionalmente, este rasgo diferenciado de la culpabilidad, no es otra cosa que un reflejo del diferente punto de partida filosófico de la materia penal juvenil: las personas menores de edad son diferentes a los adultos porque se encuentran en una etapa de desarrollo cognitivo, psicológico y emocional; y por ello cuando infringen la ley penal debe dárseles un tratamiento diferenciado, que lejos de disminuir sus garantías y derechos los aumenta, y busca esencialmente darles las herramientas y el acompañamiento necesarios para que logren reintegrarse exitosamente en la vida social y familiar. Es decir, partiendo de esta particular situación de desarrollo, el objetivo primordial de la Justicia Penal Juvenil es no renunciar al infractor menor de edad y procurar su reinserción. Esto es fundamental para la resolución de este caso, porque aun y cuando se trata de personas inimputables o con imputabilidad disminuida, siguen siendo menores de edad en una etapa de desarrollo, respecto a los cuales el fin de la intervención penal juvenil debe ser su reinserción. Es decir, el hecho de que una persona menor de edad presente una imputabilidad disminuida o sea inimputable, por ejemplo por un retardo mental, no significa que no pueda continuar desarrollándose e integrarse socialmente; por el contrario, debe respetarse estrictamente su particular situación de persona en desarrollo. De ahí que, para el Magistrado que firma, resulta inaceptable imponerle a una persona menor de edad en dicha situación, medidas de seguridad de adultos, cuyo fundamento es la peligrosidad y su finalidad evitar la reincidencia. Pues ello implicaría negarles su condición de seres humanos en desarrollo, y la finalidad de prevención especial positiva que caracteriza a la Justicia Penal Juvenil.

Ahora bien, se podría sostener una especie de solución intermedia, que consistiría en: (i) negar la posibilidad de imponer las medidas de seguridad del Código Penal, (ii) pero aceptar la imposición de alguna de las sanciones de la Ley de Justicia Penal Juvenil a las personas menores de edad que sean inimputables o presenten una imputabilidad disminuida. Sin embargo esta opción tampoco es admisible porque: i) También sería contraria al principio de legalidad, ya que ello no está regulado de esa forma en la Ley 7576. Si bien doctrinariamente hay quienes afirman que las sanciones socio-educativas y las ordenes de orientación y supervisión tiene carácter de medidas de seguridad, lo cierto es que en dicha ley están reguladas como sanciones, y su artículo 121 de manera expresa dispone que serán aplicables una vez: “Verificada la comisión o participación del menor de edad en un hecho delictivo, el Juez Penal Juvenil podrá aplicar los siguientes tipos de sanciones…” . Lo que descarta la posibilidad de imponerlas respecto a un injusto penal (acción típica antijurídica pero no culpable). ii) Por otra parte, específicamente respecto a la imputabilidad disminuida, tal y como se indicó anteriormente, aunque un sector de la doctrina considera que ante la imputabilidad disminuida es posible imponer una sanción, por existir todavía algún grado de capacidad de culpabilidad; nuestra legislación no admite esa posibilidad, y la jurisprudencia de esta Cámara ha sido reiterada al respecto. iii) Finalmente, con base en la coherencia interna de las sanciones contempladas por la ley penal juvenil, tampoco sería viable esa opción, pues claramente ninguna de ellas está dirigida al tratamiento de personas menores de edad inimputables o con imputabilidad disminuida. Verbigracia, la única orden de orientación y supervisión que menciona el internamiento en centros de salud (artículo 121 inciso 7), está constreñida a fines de desintoxicación. Claramente estamos ante un tema de difícil solución, pues no está regulado expresamente, y la regulación existente sobre medidas de seguridad es de vieja data y ha sufrido muchas variaciones. De ahí que existan diversas interpretaciones, sin embargo, en este tipo de casos la herramienta fundamental del Juez es la ponderación de principios. En este caso, siguiendo una interpretación acorde con los principios particulares de la materia penal juvenil, este voto de minoría concluye que la posición correcta es la de la sentencia impugnada. Concretamente, partiendo de la legislación actual, no es posible interpretar que la ausencia de regulación en la Ley de Justicia Penal Juvenil respecto a la imposición de medidas de seguridad justifique aplicar la normativa correspondiente del Código Penal; pues ello iría en contra de los siguientes principios y reglas especiales de la materia: i) El principio de legalidad, ya que la Ley N° 7576 establece un catálogo especializado de sanciones (con finalidades particulares ajustadas a sus principios rectores), que no contempla la posibilidad de imponer medidas de seguridad a personas menores de edad con imputabilidad disminuida o ausente. ii) El carácter relativamente indeterminado de las medidas de seguridad del Código Penal es incompatible con la prohibición expresa de medidas indeterminadas que establece la Ley N° 7576. iii) Ante la ausencia de regulación, no podría aplicarse las medidas de seguridad del Código Penal sin que ello implique incumplir con el carácter especializado de la Justicia Penal Juvenil. iv) Por último, las medidas de seguridad de adultos, en tanto están fundadas en criterios de peligrosidad (y con fines de prevención especial negativa), son incompatibles con la lógica del sistema penal juvenil; que aún respecto a personas menores de edad inimputables o con imputabilidad disminuida debe buscar su reintegración social por encontrarse en una etapa particular de desarrollo". Finalmente, con la actual integración de la Sala Tercera de la Corte, ésta emitió la resolución número 2020-01297 de las trece horas once minutos del nueve de octubre de dos mil veinte, discutiéndose de nuevo la aplicación de las medidas de seguridad en el proceso penal juvenil. Aunque se mantuvo el criterio unificador, el magistrado Burgos Mata se separó del criterio de mayoría y expuso en el voto salvado, lo que ha venido siendo su posición sobre el tema: "En resumen, no se trata de un simple ejercicio de constatación de si el tema está o no regulado en la ley especial, para en caso de no estarlo, aplicar la norma penal aduciendo una laguna legal; tal proceder iría en contra de los principios rectores del derecho penal juvenil y además llevaría a la infracción de los compromisos internacionales que deben aplicarse con rango superior a la ley e incluso a la Constitución Política, cuando se trate de otorgar mayores derechos y protección a las personas. Carlos Tiffer, indica en comentario a este artículo lo siguiente: “es importante no olvidar la salvedad hecha al final de este artículo, en donde expresamente señala el legislador: “el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las disposiciones y los principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna norma expresa de esta ley”, donde se manifiesta la autonomía, independencia y especialidad del DPJ. Es decir que, acorde al principio de legalidad, el artículo en estudio (Art.9 LJPJ) no justifica la aplicación supletoria de alguna norma del derecho penal de adultos para instaurar una institución no contemplada en el derecho penal juvenil” (Tiffer, C. Ley de Justicia Penal Juvenil. Comentada y concordada. Editorial Jurídica Continental; 2016, p.

El resaltado no es del original). Prevé el artículo en comentario, que se “deberá aplicar las disposiciones y los principios del Código Penal”, entonces se debe necesariamente hacer referencia al artículo 1 de la ley sustantiva que establece: “Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya establecido previamente”, es aquí entonces donde surge una pregunta de esencial importancia dada la especialidad del derecho penal juvenil: ¿establece el legislador las medidas de seguridad para menores de edad?. La respuesta es: no. Costa Rica no tiene en su legislación especial penal juvenil, previstas las medidas de seguridad, y de requerirse estas en respeto a los principios de legalidad y especialidad, deben estipularse en la ley aquellas que sean específicas y especiales, disponiéndose las reglas claras para su implementación práctica. Con la pretendida aplicación supletoria de la ley penal de adultos en materia penal juvenil, específicamente en cuanto a las medidas de seguridad a menores inimputables o con imputabilidad disminuida, se estaría legislando vía interpretación jurisprudencial, lo que es abiertamente contrario al principio de legalidad, puesto que en nuestro país no existen creadas por ley medidas de seguridad especializadas porque la Ley de Justicia Penal Juvenil, no regula que la reacción jurídica penal que se debe dar ante un caso en el que una persona menor de edad en conflicto con la ley penal es inimputable o con inimputabilidad disminuida, deba ser la imposición de una medida de seguridad. Evidentemente el prever en nuestra normativa una respuesta penal para un injusto, requiere además de una dotación de contenido a lo dispuesto y de la adopción de mecanismos para darle aplicación, es de eso precisamente de lo que se trata el análisis que han venido haciendo de forma reiterada los tribunales especializados, en cuanto a que en Costa Rica no existe algún centro especializado para el cumplimiento de una medida de seguridad destinado expresamente a personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal, lo cual es evidentemente sería una violación flagrante al Principio de Especialidad y representaría una cuestión práctica de inaplicabilidad de toda resolución que eventualmente la ordene. No se trata de meros aspectos administrativos que deben concretarse para que la norma prevista para la población adulta, se cumpla, sino que evidencia el riesgo de violentar con ello, los derechos fundamentales de las personas menores de edad. De igual forma resulta relevante el establecer que de manera alguna la legislación de adultos podría ser aplicable a la especializada en materia Penal Juvenil en cuanto al plazo máximo de vigencia de la medida de seguridad puesto que sería desproporcional pensar en que podríamos eventualmente tener medidas de seguridad vigentes hasta por un plazo de incluso de 50 años que es el plazo máximo por el cual una persona adulta podría ser condenada a una pena privativa de libertad" A partir de lo expuesto, conociendo los criterios jurisprudenciales de mayoría emitidos por la Sala de Casación Penal y también de los votos de minoría emitidos por éste órgano, consideramos quienes suscribimos esta resolución que en aplicación directa de la Convención sobre los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU en la Observación General número 24, no procede la aplicación de medidas de seguridad en el caso de las personas menores de edad inimputables o con imputabilidad disminuida que se encuentran en conflicto con la ley.”  En esta extensa resolución se expone claramente cuál es la nueva posición del votante en este tema, y debo de indicar que lo cito como nuevo, en el tanto anteriormente me había sumado al voto unificador de la Sala Tercera, pues consideraba que ya la Sala Constitucional como máximo órgano jurisdiccional había dispuesto la validez en la aplicación de las medidas de seguridad en menores de edad, sin embargo con el estudio de la citada Observación 24 del Comité de Derechos del Niño.

Rafael Segura B.

Magistrado suplente

383-4/12-4-21.

Oro.-