Resolución 00902-2012

El ejecutante, con base en la sentencia firme de la Sala Constitucional

de la Corte Suprema de Justicia, no. 2005-06906 de las 14 horas 59 minutos del

2 de junio de 2005, presenta la respectiva liquidación por costas, daños y

perjuicios para que en sentencia se apruebe el pago de: ¢906.701.752,00 por

concepto de perjuicio económico; ¢100.000.000,00 por concepto de lucro

cesante; daño moral por la suma de ₵200.000.000,00; adicionalmente, solicita

el pago de los intereses legales y moratorios sobre las sumas liquidadas, el pago

de indexación, y ambas costas de esta acción.

Conferida la audiencia de ley, el representante del ente demandado

contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho, caducidad,

pago, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés y la expresión

genérica de “sine actione agit”.

Se señalaron las 10 horas del 18 de enero de 2010 para realizar la

audiencia de conciliación; a esta se presentó únicamente el apoderado de la

actora, por lo que se declaró fracasada la audiencia conferida.

El Juez Rodrigo Campos Hidalgo, en sentencia no. 2213-2010 de las

13 horas del 10 de agosto de 2010, resolvió: “Se rechazan las defensas de falta

de derecho, prescripción y caducidad: en consecuencia se declara parcialmente

con lugar la presente demanda, entendiéndose denegada en lo que no se

indique expresamente. Se condena al Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico a pagar al Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica

Puntarenense, la suma de c. 572-694.000.000 (quinientos setenta y dos

millones seiscientos noventa y cuatro mil colones), por concepto de intereses

adeudados correspondientes a las sumas pagadas de manera tardía con motivo

de la aplicación del 20% establecido en la Ley 7667 de 9 de abril de 1997 de

abril de 1997. Sobre dicha suma procederá (sic)

intereses desde la firmeza de la

presente resolución y hasta su efectivo pago. Son las costas a cargo de la parte

demandada.”

Los apoderados de ambas partes formulan sendos recursos de

casación indicando las razones en que se apoyan paran  refutar la tesis del

Juzgado.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Anabelle León Feoli

El 30 de abril de 2003, el señor M., ex diputado de la provincia de

Puntarenas, interpuso recurso de amparo a favor del Fondo de Apoyo para la

Educación Superior y Técnica del Puntarenense (en adelante el Fondo o el

Faesupt) contra el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop o el

Instituto en lo sucesivo), ya que esta entidad no había cumplido con el aporte

del 20% proveniente del superávit financiero y de operación anual, que la Ley

no. 7667 le imponía otorgar al citado Fondo. La Sala Constitucional en sentencia

no. 2005-06906 de las 14 horas 59 minutos del 2 de junio de 2005, en lo

medular, estimó que la actuación cuestionada vulneraba los derechos

fundamentales de los estudiantes que residen en la provincia de Puntarenas, a

quienes la citada normativa designó como beneficiarios. En consecuencia,

ordenó al Presidente Ejecutivo de la demandada que en forma inmediata: “…se

giren y se pongan a disposición de los destinatarios los recursos, en el

porcentaje respectivo, que dispone la Ley No. 7667… Se condena al instituto

Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) al pago de las costas, daños y

perjuicios causados, con los hechos que sirvan de base a esta declaratoria, los

que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contenciosa administrativa”.

En virtud de lo anterior, en este proceso el ejecutante reclama lo siguiente: a)

daños y perjuicios, la suma de ¢906.701.751,88 por concepto del capital

adeudado más los intereses; b) lucro cesante, el monto de ¢100.000.000,00; c)

por daño moral subjetivo ¢200.000,00; d) los intereses hasta su efectivo pago;

d) la indexación de las sumas; y e) ambas costas. El Instituto contestó

negativamente y opuso las defensas de: falta de derecho, prescripción y

caducidad. El Juzgado las denegó y declaró parcialmente con lugar la ejecución,

entendiéndose rechazada en lo no expresamente concedido. Específicamente,

rechazó la liquidación de capital presentada por la ejecutante y en su lugar,

condenó al Incop a pagar ¢572.694.000,00 por concepto de intereses

adeudados en virtud de las sumas pagadas de manera tardía con motivo de la

aplicación del 20% establecido en la Ley 7667;  los intereses sobre dicha suma

desde la firmeza de la resolución hasta su efectivo pago; así como las costas de

la ejecución. La indexación solicitada también fue denegada en sentencia.

Inconformes, ambas partes interponen recurso de casación.

Recurso de la parte ejecutada

Casación por violación a normas procesales

II- La representación del Incop manifiesta dos motivos de índole procesal.

Primero, endilga vulnerado el plazo para dictar sentencia contenido en el

precepto 183 inciso 1 del CPCA. En este tipo de procesos, afirma, la norma

establece que el juzgador debe resolver la litis dentro del plazo de cinco días

hábiles siguientes a la celebración de la audiencia correspondiente. Alega, la

audiencia se realizó el 28 de julio de 2010 y a partir del día siguiente empezó a

correr el cómputo del plazo señalado, que finalizó el 4 de agosto de 2010.

Enfatiza, la resolución se dictó el 10 de agosto de 2010, sea cuatro días hábiles

posteriores al vencimiento del plazo, por lo que, a su entender, se configura la

contravención procesal del artículo 137 inciso g) ibídem. Segundo

, arguye:“(…)

violación de los artículos 162, 693, 704 del Código Procesal Civil por

contradicción de la cosa juzgada material (…)”. Asegura, la sentencia entra en

contradicción con la cosa juzgada material por dos razones: 1. no advierte la

omisión del ejecutante de fundamentar y aportar prueba idónea para acreditar el

nexo causal necesario para atribuirle al Incop las consecuencias de los daños y

perjuicios económicos reclamados; y 2. no analiza la existencia de causas de

justificación, debidamente advertidas en el juicio oral, que rompen el nexo de

causalidad entre los daños y perjuicios reclamados, y la conducta imputada al

Instituto en sede Constitucional. Asevera, las condenas de la Sala Constitucional

se realizan sin ningún tipo de consideración fáctica por lo que no se prejuzga

sobre la existencia de daños y perjuicios, ni sobre el nexo de causalidad, su

realidad o su cuantificación, pues dicha competencia reside en el juzgador

contencioso administrativo. Partiendo de lo anterior, enfatiza, la ejecución del

fallo exigía que la representación del Fondo acreditara los hechos constitutivos

del derecho subjetivo y por otro lado, la existencia de una obligatoria relación de

causalidad entre los daños liquidados y la mora del Incop en el depósito de los

recursos. En este sentido, insiste, el ejecutante debía probar no solo su

inscripción registral, sino también que el Fondo se encontraba

administrativamente constituido para poder administrar los recursos. A su

entender, debía presentar los presupuestos anuales para demostrar, que durante

los periodos en que pretende hacer valer los daños, se encontraba en

funcionamiento, y por ende, acreditar la existencia, extensión y alcance de las

pretendidas inversiones que dejó de hacer. En consonancia con lo anterior,

asegura, en agosto de 2003 todavía el programa no estaba funcionando, según

se desprende del oficio no. DFOE-212 del 1 de agosto de 2003 emitido por la

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la

República. De esta forma, dice, era necesario que demostrara que se encontraba

en operación, para así acreditar la supuesta pérdida de la posibilidad de invertir,

y que impidió aumentar el fondo mediante el rendimiento en tasas de interés de

los depósitos. Advierte, al dejar el juez de lado la inexistencia de pruebas en el

contradictorio, que acrediten los daños cuyo reconocimiento pretende el

ejecutante, se produce la primera infracción a la cosa juzgada, pues la sentencia

está otorgando daños que carecen de fundamento probatorio. Agrega, la

resolución también desatiende las argumentaciones desarrolladas por la

demandada en torno a la culpa de la víctima, dado que hasta el 18 de mayo de

2006, el Fondo acreditó ante el Incop el número de cuenta bancaria en la que se

debían realizar los depósitos. Tampoco, acusa, se analiza el hecho de un tercero,

originado en virtud de las condiciones que la Contraloría exigió para poder

realizar los pagos. Enfatiza, los oficios no. DFOE-212 del 1 de agosto de 2003,

de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de

la República, y no. FOE-OP-38 del 18 de enero de 2006, de la División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios de Obra Pública y

Transporte de la Contraloría General de la República, señalan que el Incop tenía

que verificar de previo a entregar el dinero, que el Fondo se encontraba

debidamente constituido, contaba con un Consejo Directivo, tenía la

organización y sistemas de control interno suficientes para administrar los

recursos y que disponía de una cuenta corriente separada en un banco estatal en

donde se podían realizar los depósitos. Estas exigencias del ente contralor,

resalta, configuran el hecho de un tercero que actúa como causa de justificación

de la responsabilidad del Incop según el artículo 190 de la LGAP. En este

entendido, reitera, fue hasta el 18 de mayo de 2006 cuando el Fondo comunicó

a la entidad demandada sobre los datos de la cuenta corriente. Sin el

cumplimiento de dichos requerimientos, sostiene, el Faesupt no podía exigir el

giro de los dineros. En consecuencia, arguye, al dejar de lado la sentencia ambas

situaciones de justificación, produce la segunda causa de infracción de la cosa

juzgada material.

En el primer planteamiento de carácter procesal, se censura que la

sentencia se dictara fuera del plazo legal de cinco días hábiles después de

realizada la audiencia respectiva, según lo establecido en el CPCA. El numeral

183 de dicho cuerpo normativo, efectivamente establece que en procesos de

ejecución de sentencia de amparos constitucionales, el Juzgado debe dictar la

sentencia dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de

la audiencia correspondiente. Todo lo anterior, so pena de que, en caso de

incumplimiento, se producirá la nulidad de lo actuado; por lo que se deberá

repetir la audiencia ante un nuevo juez. Lo preceptuado tiene como fundamento

garantizar la debida aplicación del principio de concentración. Al exigirse lo

anterior, se logra el contacto directo de los juzgadores con la prueba recibida; y

por ende, su apreciación permeé la solución del caso concreto, en particular, en

la fijación de los hechos probados  y  no probados. Se procura que la relación

con el acervo probatorio se plasme de la mejor manera en la sentencia, y se

evite que el transcurso del tiempo torne en nugatorio las múltiples ventajas que

ofrece el acercamiento del juez con la prueba. Un proceso estructurado sobre la

base de etapas orales, además de la celeridad que obtiene, otorga al juzgador un

contacto directo con la prueba. Por el contrario, el transcurso del tiempo afecta

su percepción, lo que puede incidir en la solución final dada a la disputa. Es por

esto que se dispone la nulidad de lo actuado en caso de que se irrespete el plazo

prudencial fijado en la ley. No obstante, hay que indicar que en el presente

asunto, el juez claramente indicó al final de la audiencia para evacuar prueba

(celebrada el 28 de julio de 2010), que el asunto era complejo, lo cual ameritaba

que la sentencia se dictara por escrito dentro del plazo de 15 días hábiles

siguientes a la terminación de la audiencia, según lo faculta el canon 111 inciso

del CPCA (al ser las 15 horas 6 minutos según el soporte digital del audio).

Ese numeral es de aplicación a los procesos de ejecución de sentencia según la

integración normativa de los cardinales 164 inciso 2), 182 del CPCA y 73 inciso

10), 82 inciso 1) y 86 incisos 9) y 10) del Reglamento Autónomo de

Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de

Hacienda. De esta forma, al no haber transcurrido el plazo de 15 días hábiles

entre la celebración de la audiencia el 28 de julio de 2010 y el dictado de la

sentencia el 10 de agosto de 2010  (8 días hábiles), no  se produce la infracción

de los numerales citados por el recurrente. Aunado a lo anterior, la parte no

recurrió esa determinación, lo cual, según lo establece el canon 137 inciso 2) del

CPCA, es un presupuesto para que prospere el vicio analizado.  Por los motivos

expuestos, el reproche debe ser rechazo.

Asimismo, la casacionista endilga violación de los artículos 162, 693

y 704 del Código Procesal Civil (CPC) por contradicción con la cosa juzgada,

según lo establecido en el canon 137 inciso i) del CPCA, por dos motivos

concretos. En primer lugar, asegura, no se advierte la omisión del ejecutante en

fundamentar y aportar prueba idónea para acreditar el nexo causal necesario

para atribuirle al Incop las consecuencias económicas de los daños y perjuicios

económicos reclamados. Insiste, el ejecutante debía probar no solo su

constitución registral, sino también que el Fondo se encontraba

administrativamente constituido para poder administrar los recursos. En

segundo lugar critica, el juzgador no analiza la existencia de causas de

justificación (culpa de la víctima y hecho de un tercero), debidamente advertidas

en el juicio oral, que rompen el nexo de causalidad entre los daños y perjuicios

reclamados y la conducta imputada al Instituto por la Sala Constitucional. En

este planteamiento, la Institución demandada realiza una exposición de

cuestiones que no guardan relación con el motivo de casación estipulado en el

cardinal 137 inciso i) del CPCA, ya que se limita a formular alegatos de fondo

que tienen sus causales bien delimitadas en el precepto 138 del Código de la

materia. Desde esta óptica, la recurrente reclama que el juez tuvo por

demostrados los daños sin la existencia de elementos probatorios; cuestiona, la

sentencia está otorgando daños que carecen de probanzas. Incluso, asegura, en

agosto de 2003 todavía el programa no estaba funcionando, según se desprende

del oficio no. DFOE-212 del 1 de agosto de 2003 emitido por la División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. Sin

embargo, ese razonamiento se encasilla dentro de la causal del inciso b) del

artículo 138 ibídem, que se enfila como violación indirecta por error en la

valoración probatoria, y no como vicio procesal de contradicción con la cosa

juzgada, que, en todo caso, se plantean los mismos agravios en los puntos “a” y

“b” de los cargos de fondo, toda vez que endilga preterición de varios oficios de

la Contraloría General de la República que, en su juicio, evidenciaban que el

Fondo aún no estaba operando; por esta razón, tales planteamientos serán

conocidos en el apartado correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, resulta

oportuno señalar que la Sala Constitucional en el fallo que se ejecuta, estableció

que: “…del informe rendido por los recurridos y de la documentación que consta

en autos, se desprende que los dineros que reclama el amparado, dispuesto por

la Ley 7667 (…) no han sido girados con lo cual se vulneran los derechos

fundamentales de los estudiantes que residen en Puntarenas (...) Por tanto (…)

Se condena al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) al pago de

las costas, daños y perjuicios causados, con los hechos que sirven de base a esta

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía

contenciosa administrativa“ (folios 27 al 29).  Por su parte el Juzgado consideró

“(…) no podría excusarse la parte demandada del cumplimiento de su obligación

legal, habida cuenta de la inexistencia de prueba de una actuación formal por su

parte que demuestre acciones concretas para su cumplimiento (…) desde 1999

(…) En razón de lo anterior para el cálculo de los intereses por las sumas

adeudadas deberá partirse como punto de base el momento en que cada

desembolso debió realizarse, sea cuando esté determinado el superávit

financiero y operativo de la respectiva institución, lo cual sólo se puede

determinar en el período presupuestario inmediato siguiente, una vez ejecutado

el presupuesto del respectivo año (…) se condena al Instituto (…) a pagar (…) la

suma de ¢572.694.000,00 por concepto de intereses adeudados

correspondientes  a las sumas pagadas de manera tardía  con motivo de la

aplicación del 20% establecido en la Ley 7667 (…)” (folios 254 y 259). Nótese,

el Órgano Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo en razón de la

vulneración de los derechos a la educación de la población puntarenense, debido

al atraso del Instituto en la entrega de los fondos destinados por ley para

constituir el capital que permitiría su funcionamiento. El juez ampliamente

fundamentó su fallo en esa tardanza (entrega de los dineros declarada en sede

constitucional). En consecuencia, de ningún modo la sentencia se ejecuta en

contra de sus propios términos, ya que se ha limitado al cumplimiento del fallo

sin alteraciones o modificaciones. Por ende, no hay disonancia entre lo resuelto

en sede constitucional y lo fallado en la vía de ejecución de sentencia, por lo que

el reparo ha de rechazarse.

Casación por violación a normas sustantivas

Los motivos de fondo gravitan en torno a un único planteamiento,

concretamente, indebida valoración de la prueba. Desde esta óptica, reprocha

errores en la apreciación de los siguientes documentos:

Los oficios no. DFOE-212 del 1 de agosto de 2003 de la División de Fiscalización Operativa y

Evaluativa de la Contraloría General de la República (visible a folio 88 del

expediente judicial), y no. FOE-OP-38 del 18 de enero de 2006 de la División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios de Obra Pública y

Transporte del mismo órgano (visible a folio 141). Ambos documentos, señala,

advierten la obligación del Instituto de verificar, de previo a entregar el dinero,

que el Fondo se encuentra debidamente constituido, cuenta con un Consejo

Directivo, posee la organización y sistemas de control interno suficientes para

administrar los recursos y dispone de una cuenta corriente separada en un banco

estatal, en donde se puedan hacer los depósitos. No obstante, protesta, el

juzgador interpreta que de esos documentos deriva una obligación del Incop de

asumir una actitud “proactiva” y “diligente”, en el sentido de que la entidad

ejecutada debió solicitarle a la ejecutante la información necesaria para verificar

la existencia de aquellos requisitos. Asevera, ambos oficios eran conocidos por el

Fondo, toda vez que el DFOE-212 fue aportado como prueba por la propia

entidad; y el FOE-OP-38 es la respuesta a una gestión realizada por el Fondo,

por lo que en su juicio, no era necesario que el Incop asumiera la actitud que

erróneamente echa de menos el Juzgado. Reclama, era imposible que el

Instituto obtuviera de forma proactiva el número de cuenta del Fondo para

realizar los depósitos, dado que es información sensible, privada, incluso

protegida por el secreto bancario.

El oficio no. DE-005-2006 del 18 de mayo

de 2006. Mediante este documento, visible a folio 132 del expediente judicial,

asegura, el Fondo comunicó al Incop el número de cuenta corriente destinado

para el depósito de los dineros. Considera, el juzgador interpreta

incorrectamente que ese oficio surgió de la iniciativa del Fondo, sino que se

emitió como efecto del oficio FAE-OP-38 el cual le recordó su deber de cumplir

con los requisitos exigidos. Lo anterior, arguye, prueba la inercia y el desinterés

de la parte ejecutante y por ende, desacredita cualquier displicencia que el juez

ha querido imputarle al Instituto. Aduce, a partir de la fecha en que el Fondo

extendió el oficio analizado, el Instituto estuvo en posición de cumplir con su

obligación legal. Resalta, en el caso concreto, la obligación del Incop de vigilar

los fondos públicos que administra, se antepone al deber de girar esos recursos

a favor del ejecutante.

Sobre este particular, el juez expuso lo siguiente: “(…) En el caso de

los períodos presupuestarios 1997 y 1998, la obligación se entiende que nace a

partir del 5 de agosto de 1999, fecha a partir de la cual, se demostró el Fondo

tuvo su cédula jurídica y cumplió los requisitos de operación (ya contaba con

Junta Directiva y Director Ejecutivo) (…)” (folio 255). Antes de esto también

consideró “(…) La norma supracitada impone a dicho ente una carga de

cumplimiento obligatorio y como tal, le correspondía a él, verificar  o requerir la

información, lo cual no hizo. En autos se ha demostrado que el Fondo actor

cuenta con cédula jurídica desde el 5 de agosto de 1999 (folio 70) y que cuenta

con Director Ejecutivo designado por su Junta Directiva desde el 28 de julio de

1999 (folio 171) (…) Dado lo anterior no podría excusarse la parte demandada

del cumplimiento de su obligación legal (…)” (folio 254). Esta Sala comparte el

criterio expuesto. En efecto, el Incop debió procurar por su cuenta los

mecanismos o acciones administrativas correspondientes para dar cumplimiento

a su obligación legal, máxime que la sentencia de la Sala Constitucional tuvo en

cuenta todos los factores que aquí se discuten. El Órgano Constitucional

claramente indicó: “(…) Bien pudieron los recurridos promover los mecanismos

administrativos para que los dineros que dicen no saben donde y a quien darle,

se mantengan a disposición de sus destinatarios, según la disposición legal (…)“

(folios 27 al 28). Aunado a lo anterior, debe advertirse que el oficio no. FOE-OP-38 del 18 de enero de 2006 visible a folio 141 del expediente judicial, lo que

hace únicamente es recordarle al Fondo que a través de un oficio anterior (de

fecha 31 de julio de 2003 que responde al no. 8305), esa División de

Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios de Obra Pública y

Transporte de la Contraloría General de la República, ya se había pronunciado

sobre el deber del Incop como Unidad Técnica responsable de los recursos, que

de previo a girarlos a favor del Fondo, debía verificar que dicha entidad

estuviera debidamente constituida, que cuente con un Consejo Directivo

debidamente integrado y un Director Ejecutivo que lo represente de conformidad

con los cardinales 5, 6 y 10 de su Ley de Creación. Ello confirma que

efectivamente la División de la Contraloría indicó al Instituto, que debía verificar

o cerciorarse, de previo a girar los aportes correspondientes, que el Fondo

cumplía con cada uno de los requisitos apuntados; lo cual se podía realizar

mediante una simple gestión o diligencia administrativa; actuación que la

demandada nunca demostró haber realizado. Por el contrario, siempre buscó

justificar el incumplimiento de su obligación legal. Lo anterior cobra mayor

relevancia si se observa que el Fondo contaba con personería jurídica desde el 5

de agosto de 1999 (folio 170), con Junta Directiva y su respectivo Director

Ejecutivo desde el 28 de julio de 1999 (folio 171), y con cuenta corriente del

Banco Nacional de Costa Rica a su nombre, desde el 31 de agosto de 1999

(folios 175 al 183 y 208). En cuanto a este último requisito, bastaba que la

entidad demanda solicitara la cuenta al Fondo para realizar las transacciones, por

esa razón el juez consideró que se extraña la actitud diligente del Instituto en

este caso, el cual indudablemente ha querido utilizar estos oficios para

desatender su deber. Los datos sensibles son los estados financieros y

movimientos de esa cuenta, así como los datos privados de sus titulares, no el

número de cuenta, el cual bastaba, se realizara su solicitud al ejecutante desde

que se impuso el deber de transferir fondos. Finalmente, es cierto que mediante

oficio no. DE-005-2006 de 18 de mayo de 2006 (visible a folio 132), el

ejecutante comunicó al Incop el número de cuenta corriente, sin embargo, la

misiva surge ante la constante negativa del ejecutado por transferir los montos,

máxime que ya el Fondo contaba (desde el año 1999) con los requisitos

incesantemente alegados por el Incop. En esta línea de pensamiento, el juez

estimó: “(…) Efectivamente, no es sino hasta oficio DE-005-2006 de 18 de mayo

de 2006, el Director Ejecutivo del Fondo actor informa al Presidente Ejecutivo

del ente demandado la cédula jurídica y cuenta del respectivo fondo (folio 132),

pero esto como iniciativa del Fondo, de oficio se realiza, ante la inercia del

indicado Instituto (…)” (folio 254).  Debe advertirse que esta es la segunda

cuenta corriente que se disponía para los efectos de la Ley. La primera fue

cerrada por tener su saldo en blanco. Esta Sala de todas formas, es del criterio

que la ausencia o el desconocimiento de una cuenta corriente en donde realizar

el depósito, no es óbice para cumplir con el pago de una obligación dineraria,

cuando ni siquiera se ha manifestado una voluntad tendiente al pago, máxime si

la entidad destinataria (desde que se encontraba debidamente constituida) ha

estado durante más de siete años esperando su cumplimiento. En consonancia

con las consideraciones apuntadas, no observa este Órgano Colegiado la

indebida valoración o preterición de la prueba acusada, y por lo tanto, el reparo

debe ser rechazado.

Recurso de la parte ejecutante

Recurso de Casación por violación de normas procesales

Del recurso del Faesupt, se infiere un único motivo de esta índole.

Acusa incongruencia, ya que los cálculos realizados por el juez se hicieron hasta

el 16 de abril del 2008, reconociendo un total de ¢572.694.000,00, y se omitió

referencia al período del 2008 al 2010 (fecha de la resolución del caso).

En torno a este vicio procesal, en forma reiterada, se ha indicado

que se produce cuando existe una  desarmonía  entre  lo  solicitado  por  las

partes  al momento de formular su  pretensión  y  lo  que en definitiva es

resuelto por el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto en el

dispositivo del fallo. Las consideraciones realizadas para fundamentar la

sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a la patología que se

comenta. En esencia, esta se puede presentar cuando se omite pronunciamiento

sobre algún extremo sometido a debate  (mínima petita), se otorga más de lo

rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado

(extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias. Para el

representante legal del Fondo, el juzgador omitió pronunciarse sobre los giros e

intereses correspondientes a los períodos que van desde el año 2008 a la fecha

de la resolución del caso. Sin embargo, la pretensión del ejecutante se limitó al

cálculo de intereses sobre las utilidades del Incop generadas hasta el año 2007.

Tampoco existe prueba en el expediente que demuestre que el Instituto tuvo

utilidades sobre los períodos reclamados. Nótese en este entendido, que el oficio

del Incop PC-126-2008 (folio 60 de la carpeta judicial), la certificación de

contador público autorizado presentada por la parte ejecutante, concretamente el

anexo de cálculo de intereses (folio 99), así como el informe actuarial

matemático (folio 239) contemplan el estudio de utilidades hasta el año 2007;

incluso, este último elemento probatorio aclara: “el estudio de realiza apegado a

los datos que están en el expediente”. De esta forma, el Juzgado no debía

pronunciarse sobre esos extremos, puesto que la prueba aportada por el

ejecutante, así como el dictamen pericial, claramente señalaban que los cálculos

debían realizarse hasta el año 2007; período que en todo caso coincide con el

límite dispuesto en la liquidación formulada. Consecuentemente el agravio debe

ser rechazado.

Recurso de Casación por violación de normas sustantivas

Primero, endilga violación de los cardinales 779 y 780 del Código

Civil. Explica, mediante la Ley no. 7667, publicada en el Diario Oficial La Gaceta

del 5 de mayo de 1997, se creo el “Fondo de Apoyo para la Educación Superior

y Técnica del Puntarenense”, con el objetivo de ofrecer becas; financiar

programas de estudios universitarios, de educación superior y postgrados; así

como contribuir a mejorar los índices de empleo y pobreza de las comunidades

de la provincia de Puntarenas. Esa normativa, argumenta, estableció que dentro

de las fuentes de financiamiento del Fondo, se encuentran, entre otras, el 20%

del superávit financiero y de operación del Incop. Añade, ante la negativa del

Instituto de aportar los fondos indicados, la Sala Constitucional mediante

sentencia no. 2005-6909 de las 14 horas con 59 minutos del 2 de junio de

2005, declaró con lugar un recurso de amparo y le ordenó girar los recursos

estipulados en la Ley 7667, así como el pago de las costas y los daños y

perjuicios causados. Arguye, la Contraloría General de la República en el oficio

8304 del 1 de agosto de 2003 consideró que: “…la omisión del INCOP no puede

afectar los intereses del FONAP, en este sentido, a la hora de que se giren los

montos de los periodos anteriores, dado el atraso injustificado en el

cumplimiento de dicha obligación, procedería el pago de intereses legales, con el

objeto de mantener al menos el valor adquisitivo del dinero en el tiempo”.

Aduce, ante el atraso del giro de los recursos por parte del ente, el Fondo

presentó múltiples gestiones de cobro, empero, tanto el Gerente General como

el Presidente Ejecutivo rechazaron la petición formulada, con fundamento en un

acuerdo de la Junta Directiva que negaba el pago de intereses. Dada la tardanza

del Incop en girar los dineros, y tomando en consideración las fechas de los

pagos, dice, existe un saldo en descubierto de ¢800.040.761,95 puesto que el

principio de imputación establecido en los artículos 779 y 780 del Código Civil,

establece que en caso de deuda, primero se cancelan los intereses y luego el

capital. En este entendido, manifiesta, tanto el estudio económico realizado por

el señor A. P. (consultor del ejecutante) como el dictamen pericial del señor R.

(perito) son claros en aplicar el régimen de las normas señaladas. Sin embargo,

recrimina, en la sentencia impugnada el juez estimó que los pagos hechos y

demostrados por el Instituto, debían ser aplicados como parte de la obligación

legal anual prevista en la Ley de Creación del Fondo y no a los intereses, ya que

no es procedente la imputación de pagos en caso de deudas legales no

convencionales. En su criterio, esa determinación contraviene tanto el oficio de la

Contraloría señalado anteriormente, como las normas 780, 779 y 1229 del

Código Civil, debido a que si la deuda produce intereses, el deudor no tiene

derecho a imputar el pago al capital, sino una vez pagados los intereses

vencidos. Asimismo, advierte, el plazo que va del 2008 a la fecha de la

resolución del caso, merece ser indexado de acuerdo a los índices generales de

precios publicados por el Banco Central de Costa Rica, lo que implica, sostiene,

un incremento de la suma aprobada de ¢110.167.164,39, para un total que se

debió aprobar de ¢682.861.164,39 de conformidad con el canon 123 del Código

Procesal Contencioso Administrativo. Segundo, reprocha indebida valoración de

los informes periodísticos, y las solicitudes de ayuda realizadas por estudiantes,

que demostraban, en su juicio, un daño moral objetivo vivido por el Fondo.

Ante la falta de recursos que han padecido, agrega, se afectó la imagen que

tenían frente a la opinión pública, ya que por mucho tiempo no pudieron

brindarle una respuesta efectiva a las necesidades de los estudiantes

puntarenenses.  No obstante, critica, pese a la existencia de esas probanzas, el

juzgador rechazó el daño moral peticionado. Cita el numeral 41 de la Carta

Magna en sustento de este último alegato.

Al 30 de junio de 2010, el Incop realizó varios pagos al Fondo que

ascienden a la suma de ¢1.461.223.275,14. La parte ejecutante solicita parte del

capital e intereses, ya que, en su criterio, los montos girados deben imputarse

primero a los intereses y luego al capital, y por esa razón, estima, existe un

saldo en descubierto o capital remanente que a su vez ha generado intereses por

el atraso en el pago. Para el juzgador: “(…) la imputación de pago no es

procedente en este supuesto del cumplimiento tardío de una obligación legal, no

convencional, y no nos encontramos en presencia de los supuestos del artículo

237 del Código Procesal Civil. Así las cosas, considera este juzgador que los

pagos hechos y tenidos por demostrados por el ente demandado deben ser

aplicados como parte de la obligación legal anual  prevista en la Ley 7667 y no a

intereses (…)” (folio 254 del expediente judicial). Asimismo, reconoció por

concepto de daños y perjuicios, los intereses que se originaron en virtud de los

atrasos del Incop en el pago de su obligación. Para calcularlos, tomó en

consideración la fecha de cada transferencia realizada por el Instituto; incluso sin

perjuicio de que en algunos tractos, el desembolso cubriera parcialmente

períodos adeudados. Debido a lo anterior, rechazó la liquidación correspondiente

al principal que presentó el Fondo, toda vez que, en su criterio, ya se había

cancelado el principal de cada período según las utilidades presentadas

(imputando los pagos al capital); y de esta forma, reconoció por concepto de

intereses la suma de ¢572.694.000,00, pero en virtud de los daños y perjuicios

causados por las demoras en los pagos de la obligación legal. Queda claro para

este Órgano Colegiado, que la Ley que crea el Fondo de Apoyo para Educación

Superior y Técnica del Puntarenense (Ley 7667), en su artículo 14 inciso a),

previó que para su

financiamiento se contaría entre otros recursos, con un 20%

del superávit financiero y de operación del Incop. Esos aportes servirían para

formar el capital semilla del Fondo (canon 15). Sin embargo, la misma Ley

establece que las transferencias del Incop cesarán cuando ese capital ascienda a

la suma de ¢2.000.000.000,00, calculados en moneda constante hacia el futuro,

según determinación del Consejo Directivo del Fondo de Apoyo para Educación

Superior y Técnica del Puntarenense, tomando como punto de partida la fecha

de entrada en vigencia de la citada Ley (transitorio I reformado por el artículo 40

de la Ley 8823 del 5 de mayo de 2010 pero aplicable al caso por la fecha en que

sucedieron los hechos). El eje central del recurso gira en torno a la forma en que

deben imputarse esos pagos. Para la ejecutante se acreditan primero a los

intereses y después al capital como lo prevé el cardinal 780 del Código Civil.

Para el Juzgado, debían imputarse primero al capital y después a los intereses

(por no tratarse de una deuda convencional). Independientemente de la

naturaleza de la obligación, por su carácter de dineraria, la imputación de

cualquier suma se debe realizar primero a intereses. Siempre debe aplicarse el

principio de que el acreedor no está obligado a recibir el capital

El

Código Civil como regla general, establece que el deudor de varios créditos

vencidos que tengan por objeto prestaciones de la misma especie, tiene derecho

de escoger cuál es la obligación que se propone satisfacer (artículo 779). Pero el

cardinal 780 ibídem, dispone que si la deuda produce intereses, no tiene

derecho de imputar el pago al capital, sino una vez pagados los intereses

vencidos, y si hay varias deudas, que los devenguen, deberá hacerse la

imputación a los réditos de todas antes que a los capitales. Así entonces, se

desprende que el principio está señalado con total claridad en el artículo 780

citado, y debe procederse de esta forma ante obligaciones dinerarias, salvo pacto

expreso entre las partes o renuncia del privilegio por parte del acreedor. Los

intereses en este asunto son fruto del incumplimiento, por lo que deben ser

pagados con preferencia al capital, algo intrínseco en cualquier obligación

dineraria, independientemente si la deuda surge de la ley o de convenio entre

partes. A mayor abundamiento, el ordenamiento jurídico prevé, que en caso de

obligaciones de naturaleza tributaria (parafiscales) como la presente, la

imputación de pagos debe hacerse a las deudas más antiguas. Así el artículo 44

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, textualmente reza:

“Imputación de pagos. Los contribuyentes y los responsables deben determinar

a cuáles de sus deudas deben imputarse los pagos que efectúen cuando éstos no

se hagan por medio de los recibos emitidos por la Administración Tributaria. En

su defecto ésta debe imputar los pagos a la deuda más antigua.

La

Administración debe establecer la imputación, cuando le sea factible,

sobre la base de que para cada impuesto haya una cuenta corriente. A

ella se deben aplicar, asimismo, todos los pagos que se hagan sin recibos

emitidos por la Administración, por orden de antigüedad de sumas insolutas” (lo

subrayado no es del original). Paralelamente, el canon 93 del Reglamento

General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria (Decreto Ejecutivo no.

29264, del 24 de enero del 2001), estipula el orden citado para la imputación de

obligaciones tributarias al disponer: “Imputación de pagos

… Al efectuar el

pago, el deudor de varias deudas podrá imputarlo a aquella o aquellas que

libremente determine. En los casos en que el deudor no indique la imputación

del pago, la Administración Tributaria deberá establecerla por orden de

antigüedad de lo débitos, determinados éstos por la fecha de vencimiento del

plazo para el pago de cada uno. En todos los casos, la imputación de pagos se

hará primero a las sanciones, luego a los intereses y por último a la obligación

principal. Esta regla será aplicable a todos los medios de extinción de las

obligaciones tributarias…”. En síntesis, en las obligaciones tributarias que

generen intereses, no podrá estimarse el pago al capital mientras estos no estén

cubiertos; lo cual obedece a una razón de lógica evidente, por el carácter

accesorio que estos tienen, pues no se concibe que pudiera liquidarse antes el

capital, quedando aquellos sin base jurídica de existencia. Desde otra

perspectiva, también se puede hablar de una imputación legal, atendiendo los

criterios de imputación que pregona el cardinal 783 del Código Civil al

establecer: “Cuando la carta de pago no indique la deuda en extinción de la cual

se ha efectuado el pago, se imputará éste según las reglas siguientes: 1º. El

pago debe imputarse en primer término a los intereses devengados, y luego a la

deuda vencida, de preferencia a la que no lo está…”. La regla también se observa

en el precepto 237 del Código Procesal Civil, cuando dice “Pertenencia de los

honorarios de abogado… la imputación de las sumas obtenidas de resultas del

proceso se hará en el siguiente orden: las costas personales, las costas

procesales, los intereses corrientes y de mora, y, finalmente, el principal”. Por

las razones expuestas, lleva razón el recurrente en lo que se refiere a la forma

como se debieron imputar los pagos realizados por el Incop. Así las cosas, el

recurso debe acogerse y como consecuencia de ello, anularse la sentencia

recurrida, para en su lugar proceder a hacer la imputación en la forma indicada.

Sin embargo, de previo a cualquier análisis sobre el monto que debe

cancelar el Instituto al Fondo en aplicación de la Ley 7667, es preciso referirse a

la indexación solicitada por la entidad recurrente. Sobre este aspecto, arguye, el

plazo que va del 2008 a la fecha de la resolución del caso, merece ser indexado

de acuerdo a los índices generales de precios publicados por el Banco Central de

Costa Rica, lo que implica, sostiene, un incremento de la suma aprobada de

conformidad con el canon 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

En su escrito inicial el ejecutante efectivamente solicitó que “se condene a la

demandada a pagar la indexación, a fin de compensar la variación en el poder

adquisitivo que se da entre el lapso de la exigibilidad de la obligación y el

efectivo pago”. El juez resolvió al respecto:

“en virtud de que se condena al pago

de los réditos legales, los que incluyen un componente indexatorio, procede el

rechazo de la indexación”.  El artículo  123  del  CPCA, regula la figura de la

indexación, cuya naturaleza no debe confundirse con la de los intereses legales.

Debe recordarse que la indexación es un mecanismo de actualización, en el caso

de obligaciones dinerarias, por la pérdida del valor de la moneda por la

inflación; por ello se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para

realizar su cálculo. Mientras que los intereses compensan el costo de

oportunidad que tuvo que soportar el acreedor que no recibió el dinero debido

durante el plazo del incumplimiento, y su otorgamiento está sujeto al principio

dispositivo, es decir, depende de la solicitud expresa del interesado, que

restringe el actuar del órgano jurisdiccional. En aras de conseguir la reparación

integral, tratándose de un menoscabo ocasionado por una deuda dineraria, es

factible reconocer intereses cuando exista demora por parte del deudor, en este

caso de la Administración en el pago de sus obligaciones, ya que es una

consecuencia lógica y legal del incumplimiento. Queda claro entonces que se

trata de dos institutos distintos, cuya naturaleza no se puede asimilar (sobre este

tema se puede consultar el voto de esta Sala no. 557-S1-F-2010 de las 10 horas

10 minutos del 6 de mayo de 2010). Ahora, es preciso dejar sentado que la

actualización de una suma de dinero, no excluye el reconocimiento de los daños

y perjuicios. Una cosa es actualizar, y otra distinta es indemnizar los eventuales

daños y perjuicios que pudieron haberse ocasionado. Estos extremos no son

excluyentes, así se encuentra establecido a nivel legal en el canon 125 del CPCA.

En esa línea se debe indicar que la pretensión de indexación del monto

determinado en sentencia y hasta su efectivo pago, así como los intereses sobre

dichas sumas, conforme al principio constitucional de reparación integral del

daño, es de recibo. No obstante, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá

sobre el particular (considerando XV), esta Sala estima que al tenor del canon

123 indicado, la indexación debe ser decretada como mecanismo de

actualización en cada uno de los períodos exigibles, y no solamente a partir del

2008 (sea desde la exigibilidad de la obligación). Así, el precepto analizado

dispone en su inciso primero lo siguiente: “Cuando la sentencia condene al

cumplimiento de  una obligación dineraria, directamente o por equivalente,

deberá incluir pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma

, a fin de

compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que

media entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por

pago efectivo. Cuando sea posible fijar en la propia sentencia alguna partida, el

Tribunal la liquidará, incluso su debida actualización.  Si se trata de una

condenatoria en abstracto o de rubros posteriores al dictado de la sentencia, el

juez ejecutor conocerá y resolverá la liquidación efectiva y su debido reajuste…”.

Esta Cámara ha considerado sobre el particular: “IX.-...

la indexación como tal,

cobra sentido esencialmente respecto de las obligaciones dinerarias, sobre las

que no existe duda en su procedencia, sin exclusión, claro está, de los perjuicios

correspondientes, pues ha de quedar claro que se trata de extremos

diferentes e independientes” (la negrita es suplida, fallo no. 519 de las 16

horas 10 minutos del 20 de julio de 2005). De manera más reciente, siempre en

igual sentido y aludiendo a las obligaciones dinerarias, ha resuelto: “…los réditos

deben computarse desde la fecha en que cada pago era exigible y no desde la

firmeza del fallo, pues esto último implicaría una desatención a la naturaleza

misma de la obligación, así como de los numerales 704 y 706 del Código Civil,

que establecen el deber del deudor de compensar por los daños y perjuicios que

deriven del desaire de un deber pecuniario. Con todo, ante el desajuste

económico que supone la presente deuda dineraria, el otorgamiento de intereses

desde el incumplimiento compone una medida que busca compensar la

indisponibilidad del dinero en el momento oportuno, y que permite reconocer al

acreedor de la obligación el factor deflacionario a fin de que la deuda se cancele

a valor presente (siempre que no se hubieren indexado, pues en tal caso, el

interés a reconocer no sería el legal, sino un interés neto o puro, derivado de la

diferencia entre el interés legal y el índice de inflación), más un margen de

utilidad que hubiera tenido de haber contado con el monetario cuando

correspondía. Se trata del reconocimiento de los perjuicios económicos que se

han provocado...”  (lo resaltado no es del original. Sentencia no. 736, de las 14

horas 55 minutos del 8 de octubre de 2007, mencionada en la no. 1053 de las

13 horas 55 minutos del 8 de octubre de 2009 y en la no. 248 de las 8 horas 55

minutos del 10 de marzo de 2011). En otra sentencia, este órgano decisor ha

dicho sobre el tema: “… la ejecución debe declararse con lugar, obligando al

ejecutado… a pagar la suma de ¢3.552.987,00… que deberá indexarse conforme

lo preceptúa el artículo 123 del CPCA. En cuanto a los intereses reclamados…

deberán reconocerse y liquidarse a partir del 17 de agosto de 2006 y hasta su

efectivo pago, pero se aclara, correspondientes al interés neto o puro

(porcentaje de utilidad)…” (fallo no. 1384-F-S1-2011 de las 8 horas 55 minutos

del 10 de noviembre de 2011). En suma, este órgano decisor ha aceptado el

pago de la indexación (reconocimiento del factor deflacionario) junto con un

interés que se le ha denominado neto o puro (porcentaje de utilidad), ya que

por su naturaleza constituyen aspectos distintos y autónomos que no son

excluyentes. Mediante la primera, se reconoce la pérdida en el valor monetario

sufrido en un determinado período, y por razón de los segundos, otorga los

réditos o ganancias dejadas de percibir en igual lapso de tiempo.

Sobre el método para determinar la indexación y el interés

real o neto. Ahora bien, un análisis separado merece la determinación de esos

extremos, ya que para identificar el interés neto, nominal o puro

correspondiente, es preciso conducirse por una serie de etapas que de seguido

se examinarán. Pero en términos generales, lo que se debe hacer, es extraer una

nueva tasa por el período de la deuda en 360 días, en referencia claro está de la

tasa de interés legal vigente para ese período y descrita en el canon 1163 del

Código Civil. Con ello, se separaran los días del período correspondiente y se

obtiene la tasa real del interés legal vigente, la cual deberá ajustarse al mismo

período de inflación; a la cifra resultante se le denominará tasa del período, tasa

neta o nominal. Esto por cuanto resulta desproporcionado pagar indexación y

además la tasa legal vigente ya que esta última se presenta “anualizada”. Lo

correcto es conceder la indexación y la diferencia entre aquella tasa legal y la

indexación. En el fondo es reconocer por un lado la inflación del período, y por

el otro, la tasa legal real según el período. Esto equivaldría a decir que ha de

compararse la tasa anual con un índice de precios al consumidor (IPC) anual o la

tasa del período con un IPC del mismo lapso, pero no en desigualdad. En suma,

la fórmula debe contemplar cuánto es restitución por inflación y cuánto es

restitución por tasa real, lo cual debe ajustarse según los plazos de cada

obligación. En este tanto, lo primero que se debe realizar es identificar la tasa

legal real o neta correspondiente. Recuérdese que los réditos pueden ser

pactados por las partes o legales. Los primeros se erigen por la tasa de interés

acordada por los contratantes de conformidad con el numeral 497 del Código de

Comercio. Los segundos, nacen a falta de convenio y se manifiestan de dos

formas. Cuando la obligación es mercantil, se echa mano al artículo 497 citado,

para lo cual se recurre a los intereses reglados por el Banco Central de Costa

Rica. Cuando la obligación es civil o indemnizatoria, se recurre a lo dispuesto por

el numeral 1163 del Código Civil, que refiere a la tasa de interés que paga el

Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a seis meses

plazo. Los datos de la tasa legal vigente son tomados del sistema que al efecto

dispone la página web del Poder Judicial, por ejemplo, en el caso concreto, desde

el 5 de agosto de 1999 a la fecha el primer pago realizado por el Incop, se extraen

los siguientes tramos:

INFORMACIÓN DEL SISTEMA EN PAGINA WEB TASA LEGAL

Fecha Inicio

Fecha Fin

% Anual

% Diario

Días Tramo

Imp. Interes

05/08/1999

15/08/1999

17,00

0,047

11

0,52

16/08/1999

29/08/1999

16,00

0,044

14

0,62

30/08/1999

07/11/1999

15,50

0,043

70

3,01

08/11/1999

17/01/2000

15,00

0,042

71

2,96

18/01/2000

07/02/2000

14,50

0,040

21

0,85

08/02/2000

02/03/2000

14,50

0,040

24

0,97

03/03/2000

31/07/2000

14,00

0,039

151

5,87

01/08/2000

29/09/2000

16,25

0,045

60

2,71

30/09/2000

18/12/2000

14,00

0,039

80

3,11

19/12/2000

14/01/2001

13,75

0,038

27

1,03

15/01/2001

18/02/2001

13,50

0,038

35

1,31

19/02/2001

02/04/2001

13,25

0,037

43

1,58

03/04/2001

31/07/2001

12,75

0,035

120

4,25

01/08/2001

17/02/2002

12,50

0,035

201

6,98

18/02/2002

01/05/2003

13,50

0,038

438

16,42

02/05/2003

13/07/2003

13,00

0,036

73

2,64

14/07/2003

17/09/2003

12,25

0,034

66

2,25

18/09/2003

29/09/2003

12,25

0,034

12

0,41

30/09/2003

20/10/2003

12,00

0,033

21

0,7

21/10/2003

08/01/2004

11,75

0,033

80

2,61

09/01/2004

23/01/2005

11,50

0,032

381

12,17

24/01/2005

01/05/2005

12,50

0,035

98

3,4

02/05/2005

04/09/2005

14,67

0,041

126

5,13

05/09/2005

30/11/2005

13,67

0,038

87

3,3

01/12/2005

01/05/2006

14,80

0,041

152

6,25

02/05/2006

23/05/2006

13,00

0,036

22

0,79

24/05/2006

26/06/2006

12,50

0,035

34

1,18

27/06/2006

24/08/2006

13,00

0,036

59

2,13

Ahora, para extraer los porcentajes de la tasa legal que se deben aplicar según el

plazo, es necesario identificar una serie de datos que se describen y detallan a

continuación:

“Inicio”, es la definida por el momento a partir del cual se deben calcular los

intereses a favor del ejecutante.

“Fecha Fin”, es la fecha final, la cual

corresponde al momento cuando termina la vigencia de la tasa de interés

reconocida conforme a los ajustes efectuados en los certificados de depósito a

plazo del Banco Nacional (ordinal 1163 del Código Civil).

“%” es la tasa de

interés o el porcentaje establecido por el Banco Nacional para reconocer en los

Certificados de Depósito a Plazo.

“Plazo”, son los días transcurridos entre la

fecha de inicio y la fecha de fin.

Finalmente la “tasa legal según el plazo”, es el

reconocimiento de los intereses por el tiempo de vigencia de cada tasa, ya que la

se presenta es anualizada, de ahí que, para definir este rubro se multiplica la “tasa

de interés” por el “plazo” divido entre 360. Hasta aquí se ha identificado la tasa

legal aplicable según el plazo. En segundo término, conteste con la posición

adoptada por este órgano colegiado respecto del tema en debate, ha de

indicarse que los pagos realizados por el Instituto así como las partidas

correspondientes a capital, deberán ser indexadas a favor del recurrente, acorde

al IPC vigente. De conformidad con el principio de tutela judicial efectiva y por

razones de celeridad procesal al tratarse de un proceso de ejecución de sentencia

constitucional, es de rigor fijar el monto de tal actualización monetaria,

lo cual se hará dentro de los parámetros referidos en el considerando anterior.

En términos generales, como mecanismo establecido para ese fin, se ha utilizado

el IPC acumulado correspondiente a cada período para definir la inflación

acumulada, aplicada a cada monto adeudado, según la siguiente fórmula.

·

(IPC final/ IPC inicial) * 100-100=X

,

·

X es igual a: X=MONTO*(1+X/100)

·

IPC: Índice de precios al consumidor.

Explicada de otra forma, ha de señalarse que la indexación corresponde al

período transcurrido entre el mes en que debió efectuarse el pago (inicial) y al

que efectivamente se realizó (final). Una vez identificados tanto el mes inicial

como el final del respectivo período, se extraen las cifras correspondientes

dentro de los Índices Generales de Precios al Consumidor (IPC) que

mensualmente determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) los

cuales se encuentran disponibles en el sitio web del Banco Central de Costa Rica

(http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/). Luego hay que efectuar una división

aritmética en la que el dividiendo corresponde al IPC del mes final y el divisor es

la cifra del IPC del mes en que debió efectuarse el pago (inicial). El resultado de

tal división se multiplica por 100 y al producto así obtenido se le resta 100. El

resultado representa la variación del IPC entre los meses por los cuales se ha

efectuado el cálculo. Por último, el monto a indexar se multiplica por el

porcentaje de variación del IPC ya calculado y el producto se divide entre 100,

con ello se obtiene el monto correspondiente a la actualización, el cual sumado a

la cantidad inicial a reajustar genera el monto total reajustado (fórmula utilizada

por esta Sala en casos precedentes, por ejemplo se puede consultar el Voto no.

519-F-2005 de las 16 horas 10 minutos del 20 de julio del 2005). Con las dos

fórmulas el resultado es siempre igual. En este sentido, mediante un ejemplo, se

muestra lo que la elaboración del modelo de cálculo  debe contener:

Fecha de inicio del cálculo del IPC, conforme a la fecha de interés legal.

La

fecha de fin del cálculo del IPC, conforme a la fecha de interés legal.

El plazo

IPC, corresponde a los días transcurridos entre la fecha inicio y la fecha de fin.

IPC inicial, monto tomado del sitio web del Banco Central de Costa Rica,

conforme a la fecha inicio de cálculo (punto 1). Importante es que el dato del

IPC, calculado con información al cierre de un mes, esta vigente para el mes

siguiente.

El IPC final, monto tomado del sitio web del Banco Central de

Costa Rica, conforme a la fecha de fin del cálculo (punto 2).

El IPC

acumulado, que surge de la aplicación de la fórmula:   (IPC final/ IPC inicial) *

100-100=X.

El IPC ajustado al plazo, corresponde al cálculo del IPC

acumulado por el plazo de la “tasa legal” entre el “plazo del IPC”, que se calcula

para ser aplicado a la “tasa legal según plazo”; o bien, la siguiente fórmula: IPC

Ajustado al Plazo= IPC Acumulado *(Plazo Tasa Legal /Plazo IPC). Por último,

precisa referirse a la explicación de los datos del modelo

cálculo del principal e

intereses. Aquí deben tomarse en consideración las siguientes variables:

Tasa legal según plazo. Para este modelo, se deben reconocer los intereses por

el plazo de vigencia de cada tasa, ya que la que se presenta es anualizada, de ahí

que para definir este rubro se multiplica la “tasa de interés” por el “plazo” divido

entre 360.

El IPC ajustado al plazo, se repite, corresponde al cálculo del IPC

por el  “plazo de la tasa Legal” entre el “plazo del IPC”.

La tasa real aplicada,

responde al ajuste de la “tasa legal según plazo” entre el “IPC ajustado al plazo”, a

fin de definir el interés nominal a ser aplicado, mediante la formula: [(1+Tasa legal

según plazo)/(1+IPC ajustado al plazo)-1].  Con este procedimiento se establece la

tasa real del periodo de cálculo.

El principal ajustado, contempla  la operación

del “principal” por el IPC acumulado (punto 6 del cuadro anterior) mediante la

siguiente formula: principal ajustado = principal*(1+IPC acumulado).

Ajuste por

inflación. Es la diferencia, entre el principal y el principal Ajustado, con lo cual se

demuestra la cuantía que se incrementó en el periodo por el efecto del IPC. Ajuste

por inflación = (principal ajustado - principal). Es importante advertir que una vez

ajustado el principal para un período específico, se convierte en el principal inicial

para el siguiente período.

Finalmente, el interés real del período establece la

operación del “principal” por la “tasa legal real aplicada” (punto 13), mediante la

siguiente formula: interés legal real = principal * (tasa legal aplicada). Estos son los

modelos necesarios para poder realizar la actualización de una obligación

dineraria y a la vez, poder extraer el interés neto correspondiente. Lo que ahora

procede, es realizar el ajuste de la obligación del Instituto, mediante la

determinación de las cifras debidas, su indexación y el cálculo del interés real o

neto aplicable.

Sin embargo, para analizar el monto que debe cancelar el Incop al

Fondo, se deben tomar en consideración y conjugar otros aspectos que de

seguido se detallan:

Que el Fondo fue creado mediante Ley no. 7667 del 9 de

abril de 1997, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 5 de mayo de 1997,

con ello, la obligación de girar el 20% del superávit financiero y de operación

del Instituto nació a partir de ese período. Fue constituido formalmente hasta el

5 de agosto de 1999.

La obligación principal o legal, existió desde que el

Instituto tuvo utilidades, sea desde el año 1997; sin embargo, entre los períodos

1997 a 1999 el atraso en el pago no generó intereses, ya que aún no se

encontraba constituido el Fondo.

En este sentido, el cálculo de intereses debe

realizarse, como bien lo estableció el Juzgado, a partir del 5 de agosto de 1999,

fecha a partir de la cual el Fondo demostró cumplir con los requisitos señalados

por la Contraloría y en consecuencia la obligación del Instituto era plenamente

exigible.

Para la determinación del superávit es preciso realizar la

correspondiente liquidación presupuestaria, teniendo como fecha límite el 16 de

febrero del año siguiente; por lo que se entiende el 17 de febrero como punto

de partida para el cálculo de cada uno de los períodos adeudados (cardinal 19 de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).

No se demostró la

existencia de superávit durante los años 1999, 2000, 2001 y 2006.

Cada uno

de los desembolsos hechos por la ejecutada, deben ser aplicados a la deuda por

intereses en primer término y el resto al capital; este último, previo a la

imputación deberá ajustarse.

El abono del 16 de abril de 2008, supera el

20% de la utilidad, generando una diferencia a favor del INCOP de

¢700,315.26, por lo cual, ese monto es reducido del aporte de ese año (se

contabilizan ¢

47.601.372,80 en lugar de ¢48.301.688,06).

Siendo así, de conformidad con la prueba existente en el proceso,

concretamente el oficio PC-126-2008 del Incop, el informe pericial del Ingeniero

R. y su ampliación, visibles a folios 60, 218 al 220 y 239 del expediente

judicial), el nuevo cálculo se describe en tres apartados. El primero de ellos,

toma en consideración los períodos 1997 al 2005 (primera columna), en los

cuales el Instituto reportó utilidades pero no realizó abonos a la deuda. En la

segunda columna, se establece la utilidad reportada en cada año; en la tercera,

el porcentaje (20%) que le correspondía al Fondo en cada período que hubo

utilidades. Ahora bien, cada uno de esos montos que conformaban parte de la

deuda del Incop, fueron actualizados según la formula de indexación descrita,

siempre tomando como IPC inicial, el 17 de febrero del año siguiente a cada

período, y como fecha final el 24 de agosto de 2006 (fecha del primer pago).

Así por ejemplo, el monto debido del año 1997 (¢202.250.994,92) luego de

ajustar los IPC de ese lapso así como la tasa real en relación a la legal, establece

que por concepto de indexación se deben cancelar ¢225.186.391,22 (cuarta

columna) y por intereses reales o netos ¢62.109.499,02 (quinta columna). Se

repite, para las utilidades del año 2002, los réditos se computan desde el 17 de

febrero de 2003; las del 2003 desde el 17 de febrero de 2004;  las del 2004

desde el 17 de febrero de 2005; y en las del 2005, desde el 17 de febrero de

2006; todos hasta el 24 de agosto de 2006 cuando se realizó el primer pago. Al

final, en la última línea (subtotal 1), se muestran, de previo a los pagos que

realizó el Instituto, los montos totales correspondientes a indexación

(¢541.350.412,66) e interés neto (¢142.999.182,87).

Luego, el segundo esquema debe ser asociado con el tercer cuadro, puesto que

en ambos se desarrollan los pagos realizados por el Incop y la correspondiente

acreditación a los intereses en primer término y luego al capital. De este modo,

en la segunda tabla de resultados se resumen los montos debidos luego de

acreditar cada uno de los pagos recibidos primero a los intereses y después al

capital debidamente indexado o ajustado; posteriormente, a los nuevos saldos

se les vuelve a aplicar la fórmula de actualización y de interés neto del periodo

correspondiente, y así sucesivamente hasta llegar al final de los pagos. De este

modo, en la primera columna se muestra el año de cada pago; en la segunda, la

utilidad reportada cuando correspondió; en la tercera columna el capital debido

(saldos luego de aplicar pagos al principal); en la cuarta, el monto de indexación

de ese capital; y en la quinta, el interés real de ese periodo hasta el siguiente

pago. Cifras que se especificarán con mayor detalle en el próximo esquema. Es

importante reiterar que en el 2007, el Instituto tuvo utilidades, por lo cual

aportó el 20% como lo ordena la ley. En virtud de ello, en la quinta línea

(columnas dos, tres, cuatro y cinco) están representados esos extremos, junto

con la respectiva indexación monetaria e intereses netos (no produjo intereses

debido a que la tasa resultante fue negativa), los cuales se calcularon a partir del

17 de febrero de 2008 hasta el 16 de abril de 2008 (cuando se realizó el último

pago). Al final se presentan las sumas definitivas que debe cancelar el Incop al

Fondo ejecutante.

Finalmente, el tercer cuadro desarrolla con mayor precisión cada uno de los

pagos hechos por el Instituto, junto con la correspondiente acreditación a los

intereses y el resto al capital. El punto de partida lo constituye el monto total de

capital indexado por un lado (¢1.954.271.999,74), e intereses netos por el otro

(¢142.999.182,87), descritos en el primer cuadro (cuarta y quinta columna). Al

extremo de intereses, se le debe acreditar el primer pago de ¢300.000.000,00

hecho por el Incop el 24 de agosto de 2006, el cual cubre todo lo debido hasta

ese entonces por ese rubro. El remanente, (¢157.000.817,13) debe ser

acreditado al capital y de esta forma, la deuda correspondería, en este momento

(primer pago), únicamente por concepto de capital y por la suma de

¢1.797.271.182,60. A esta última cantidad se le aplica la fórmula de indexación

y de ajuste por intereses para el período correspondiente del año 2006 (primer

pago) al 2007 (segundo pago) el cual genera en razón de los intereses, una

deuda de ¢56.229.137,54 y por capital indexado hasta antes del segundo pago

de ¢1.874.777.064,54. Extremos que, en el orden analizado, se les debe

imputar el siguiente pago que fue realizado el 28 de febrero de 2007 por la

suma de ¢500.000.000,00. Así sucesivamente hasta llegar al último de los

pagos el 16 de abril de 2008. Ahora, la última casilla examina varios aspectos.

En primer término, la indexación e intereses sobre el último saldo del año 2007

correspondiente a ¢

865.320.778,60, esto desde el 31 de mayo de 2007 hasta el

16 de abril de 2008, lo cual representa un principal total ajustado de

¢942.201.959,31 y de ¢169.142,61 en virtud del interés neto.

En segundo

término, refleja el 20% de utilidades que el Instituto tuvo en el 2007

(¢47.601.372,80), y la indexación de esa cifra para el periodo (del 17 de febrero

de 2008 al 16 de abril del mismo año) que responde a ¢719.190,49. No se

generaron intereses porque para ese plazo (60 días) la tasa real resultó negativa.

Por consiguiente, el monto del principal indexado para ese entonces llegó ser de

¢990.522.522,61.

En tercer lugar, toma como parámetro el abono del 16 de

abril de ese mismo año (¢48.301.688,06), el cual cubre todos los intereses

netos vigentes en esa época, por lo tanto, el saldo se entiende acreditado al

capital. El fruto de esos componentes, corresponde al monto total debido (solo

por capital) de ¢941.689.661,89, que será el monto de la deuda del Instituto

hasta el 16 de abril de 2008, fecha del último pago.

Cuadro no. 3

Resumen de los movimientos analizados

FECHAS

DESCRIPCION

ABONOS INCOP

INTERESES

INDEXACION

PRINCIPAL

Principal

+ Indexación -

ABONO

24/08/2006

Saldo Inicial  de

cobro

1.412.921.587,08

Más Indexación

541.350.412,66

1.954.271.999,74

Más interes legal real

142.999.182,87

24/08/2006

Menos ABONO INCOP

300.000.000,00

-

142.999.182,87

-        157.000.817,13

-

541.350.412,66

1.797.271.182,60

24/08/2006

Saldo anterior

-

1.797.271.182,60

28/02/2007

Más Indexación

77.505.881,93

1.874.777.064,54

28/02/2007

Más interes legal real

56.229.137,54

1.874.777.064,54

28/02/2007

Menos ABONO INCOP

500.000.000,00

-

56.229.137,54

-        443.770.862,46

Saldo

-

77.505.881,93

1.431.006.202,07

31/05/2007

Saldo anterior

-

1.431.006.202,07

31/05/2007

Más Indexación

38.813.102,10

1.469.819.304,17

31/05/2007

Más interes legal real

8.423.061,51

1.469.819.304,17

31/05/2007

Menos ABONO INCOP

612.921.587,08

-

8.423.061,51

-        604.498.525,57

Saldo

-                     0,00

38.813.102,10

865.320.778,60

16/04/2008

Saldo anterior

865.320.778,60

16/04/2008

Más Indexación

76.881.180,71

942.201.959,31

16/04/2008

Más interes legal real

169.142,61

942.201.959,31

16/04/2008

Mas 20% año 2007

47.601.372,80

989.803.332,11

16/04/2008

Más Indexación año 2007

719.190,49

990.522.522,61

16/04/2008

Más interes legal real

-

990.522.522,61

16/04/2008

Menos ABONO INCOP

48.301.688,06

-

169.142,61

-          48.132.545,45

16/04/2008

Menos ABONO INCOP

700.315,26

-              700.315,26

Saldo al 16-4-2008

-

125.201.744,01

941.689.661,89

Nota 1: El abono del 16-4-2008, supera el 20% de la utilidad, generando una diferencia a favor del Incop de

¢700,315.26, el cual se incluye como abono.

Nota 2:  En todos los casos, los abonos se aplican cancelando primero los intereses y la diferencia al principal.

En conclusión, la obligación del Incop surgió en 1997, que es a partir del

momento en que bajo la vigencia de la Ley se creó el Fondo, sin embargo, este

se constituyó hasta el 5 de agosto de 1999 y por lo tanto, la deuda devenga

intereses desde ese año. En ese sentido, cada uno de los pagos del Instituto se

deben imputar primero a los intereses y después al capital, quedando hasta el 16

de abril de 2008, un saldo de ¢941.689.661,89 por cancelar, el cual

corresponde únicamente a capital. De conformidad con el canon 123 del CPCA,

esa cifra también debe ser indexada conforme al IPC, a partir del 16 de abril del

2008 (fecha del último pago y cuando fue determinado con exactitud el monto

debido) hasta su pago efectivo. Asimismo, se deberá reconocer sobre esa

cantidad, un interés neto o puro por el mismo periodo.

Resta aclarar un aspecto relacionado al tema de la indexación, de

cara al agravio del recurrente y su pretensión en la ejecutoria sobre el particular.

Como se indicó anteriormente, el Fondo pidió en la pretensión número cuatro:

“Que se condene a la demandada a pagar la indexación, a fin de compensar la

variación en el poder adquisitivo que se de entre el lapso de la exigibilidad de la

obligación y el efectivo pago”. Al tener que analizar este órgano jurisdiccional la

liquidación realizada por el juzgado, indefectiblemente debía adentrarse al

estudio de dicha pretensión, razón por la cual la indexación debía ser concebida

entre el lapso que media entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su

determinación en sentencia al tenor del canon 123 del CPCA. Máxime que el juez

ejecutor como se analizó, rechazó erróneamente este rubro y por ende el interés

neto procedente. Ahora, debe entenderse que otra cosa es el reclamo del

recurrente de que la obligación debía ser actualizada desde el año 2008 hasta la

fecha de resolución del caso, ya que esto estaba referido al monto total de la

liquidación que se aprobó en sentencia (desde el último de los pagos hechos por

el Instituto en el año 2008), hasta el 2010, fecha de la resolución. Desde esta

óptica, de conformidad con el precepto 123 ibídem, esta petición también es

procedente, a saber, la actualización del monto de capital concedido en esta

resolución, desde el 16 de abril de 2008 hasta la fecha de su efectivo pago. De

este modo, ambas planteamientos y solicitudes son diferentes, y no existe

colisión entre ellas. En realidad, la indexación concedida sobre los montos

originales, es distinta a la que el casacionista alega en su recurso, ya que la

primera fue otorgada por tres razones claramente delimitadas, a saber;

1.

Porque al casarse la sentencia en cuanto a las sumas concedidas en el fallo

impugnado, era necesario partir de cero, y ese análisis por ende, debía

contemplar el cálculo de la indexación;

Así lo ordena el CPCA, según lo

explicado en el considerando XI; y,

Aunque esta indexación opere de oficio, el

ejecutante también la solicitó expresamente (folio 109 del expediente judicial),

por lo cual, al tenor del principio dispositivo, tal extremo debía ser de obligatorio

pronunciamiento en sentencia. El agravio por su lado, si bien guarda relación

con la pretensión principal, no se refería al análisis de los montos originales de

la deuda, sino a partir de una fecha determinada (2008), ya que por las

cantidades iniciales, de antemano había solicitado indexación, la cual fue

rechazada erróneamente por el juzgador.

En la última censura, considera, existe indebida valoración de

prueba (informes periodísticos y solicitudes de ayuda realizadas por estudiantes),

que demostraban un daño moral objetivo del Fondo. A fin de brindar un

correcto estudio del agravio expuesto por el casacionista, resulta esencial

efectuar algunas referencias atinentes al tema del daño y en particular al daño

moral objetivo y subjetivo. El daño, se debe concebir en sentido jurídico, como

todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o

extrapatrimonial de la persona (damnificada), el cual provoca la privación de un

bien jurídico, respecto del que era objetivamente esperable su conservación de

no haber acaecido el hecho dañoso. Con base en esta tesitura, no hay

responsabilidad civil o patrimonial de la Administración según sea el caso, si no

media daño, así como no existe daño si no hay damnificado (al respecto puede

verse la resolución no. 618 de las 10 horas 50 minutos del 1° de octubre de

2003). El artículo 41 de la Carta Magna no distingue en cuanto a personas

–físicas o jurídicas- como posibles víctimas de daños, en cualquiera de sus

diferentes calificaciones. Esto supone que, desde la perspectiva constitucional es

plausible que personas jurídicas puedan verse afectadas por padecimientos de

orden moral, aún cuando no necesariamente guarden consonancia con ciertas

afectaciones extrapatrimoniales de las personas físicas. No obstante, es menester

apuntar que el daño moral objetivo reclamado por el casacionista en su

memorial, no fue otorgado en sentencia porque el ejecutante en ningún

momento solicitó su indemnización bajo éstos términos; lo que es suficiente a la

luz del artículo 150 del CPCA para su rechazo, pues la Sala tiene vedado entrar

al análisis de aspectos que no fueron oportunamente debatidos. En efecto,

nótese que tanto del escrito de ejecución como del soporte auditivo de la

audiencia celebrada para evacuar prueba, se desprende que el daño solicitado

corresponde a un “daño moral subjetivo”. En este sentido, el representante legal

de la ejecutante reclamó en su escrito inicial, que el daño moral solicitado: “(…)

representa la afectación en el ejercicio de la actividad económica de mi

representada ya que se ha vivido un ambiente de inseguridad sobre el momento

a partir del cual se podría dar inicio a las labores de apoyo a la educación

superior y técnica de los puntarenenses, teniendo que acudir a la vía judicial

para el giro de los recursos (…)” (folio 108). Asimismo, en la comparecencia

celebrada el 28 de julio de 2010, el representante del Fondo expuso: “(…)

podemos valorar un daño moral, no es objetivo, sino subjetivo, en donde es

sabida la jurisprudencia en este sentido de que queda a criterio del juzgador

valorar la existencia del daño moral (…)” (al transcurrir 1 hora 2 minutos según

la grabación de audio). En virtud de lo anterior, el juez resolvió:

“(…) el

representante del Fondo invocó un daño moral subjetivo, el cual como se ha

indicado, resulta improcedente, habida cuenta que el sentimiento de inseguridad

ni los atributos propios del daño moral subjetivo pueden ser sufridos por una

persona jurídica (…)” (folio 258). Al amparo de las razones expuestas, se

impone el rechazo del presente motivo de disconformidad.

Con base en lo expuesto, se rechaza el recurso del Instituto

Costarricense de Puertos del Pacífico con las costas a su cargo, y se acoge

parcialmente el formulado por el Fondo de Apoyo para la Educación Superior y

Técnica del Puntarenense. En consecuencia, se anula el fallo del juez ejecutor, en

cuanto denegó la indexación solicitada por el ejecutante, así como la liquidación

realizada en sentencia, mediante la cual, imputó los pagos al capital en

detrimento de los intereses. En su lugar, resolviendo por el fondo, el Incop

deberá cancelar a la ejecutante, la suma total de ¢941.689.661,89 que

corresponde al saldo final por concepto de capital, luego de indexar cada una de

las sumas debidas y de reconocer cada uno de los pagos realizados por la

ejecutada, los cuales primero se deben acreditar a los intereses netos o reales y

luego al capital. Asimismo, se deberá proceder a la indexación y reconocimiento

de un interés neto de esa suma (¢941.689.661,89), esto a partir del 16 de abril

de 2008, fecha en que se dio el último desembolso y hasta su efectivo pago. En

lo demás, se mantiene incólume la sentencia recurrida.