Resolución 01605-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: "(...)

la

responsabilidad civil de parte de Japdeva , por concepto

de incumplimiento de obligaciones del contrato administrativo suscrito,

y se ordene el pago de los daños y perjuicios ocasionados a su representada, en

específico: a) e l no pago del arrendamiento durante seis

meses de prórroga del con trato administrativo , aun cuando hizo

uso de los portacontenedores comprados a mi representada,

b) el pago de los intereses de le y correspondientes a

los días de re traso que tuvo la d emanda desde el

comunicado formal de la decisión de compra hasta la fecha en que se hizo

efectivo el pag o correspondiente a l valor residual ,

c) L os daños sufridos por mi re pr ese

n t ada al dar mantenimiento adicional es a los

portacontenedores que no estaban contemplados contractualmente, y qu e

se de bi er o n al mal uso o uso indebido

por parte de Japdeva. "    De igual manera,

solicita se declare : " contrari o a derecho las

actuaciones de parte de la  demandad a que con

respecto al contrato administrativo provocaron el pago indebido de sumas por

parte de mi representada ,   e n específico

los montos correspondientes al 1% del impuesto según la Ley no. 6946 y el 13% del I

mpuesto de V enta s del valor residual del contrato

administrativo , y además, se hiciera el cobro de sumas que no le

correspondían contractualmente , y la suma de $68.052,47 por concepto de

pago en exceso correspondiente a l as multas que efectivamente

debía pagar mi representada por atrasos durante la vigencia del con trato

en el mantenimiento preventivo y correctivo.  En relación a los

daños o sumas que aquí se etablecen, que no

correspond a n a un porcentaje específico o sumas de dinero

líquidas, solicito que las mismas s e an condenadas a pagar por

parte de la

Administración, siendo esta condenatoria en abstracto a fin

de ser detalladas y desglosadas en el proceso de ejecución de sentencia respectivo

.  Además, solicita mos que condene a la demandada  al pago de ambas costas del presente proceso ."

2.

El

representante de Japdeva contestó la demanda y opuso

la excepción de falta de derecho.

La audiencia preliminarse efectuó a las 9 horas del

8 de marzo de 2011, oportunidad en que ambas partes hicieron uso de la palabra.

Se fijó

fecha y hora para realizar el juicio oral y público, y el Tribunal

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrada por

los Jueces Karen Calderón Chacón, David Fallas Redondo y Ana Isabel Vargas

Vargas; en sentencia no. 370-2011 de las 13 horas 48 minutos del 15 de

noviembre de 2011, resolvió: “Se declara de oficio la caducidad de la acción

promovida por Distribuidora Yale Costa Rica S.A. contra la Junta de Administración

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

(JAPDEVA). Se declara inadmisible la demanda, se ordena el archivo del expediente y se

condena en ambas costas a la parte actora vencida.”

5.

La parte actora formula recurso de casación e indica expresamente las razones

en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han

observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Mediante acuerdo del

Consejo de Administración de la

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica

(en adelante Japdeva), tomado en sesión ordinaria no. 29-99 del 5 de agosto de

1999, le adjudicó la licitación pública no. 17-98 a Distribuidora YALE Costa

Rica Sociedad Anónima (en adelante YALE), para el arrendamiento con opción de

compra de tres portacontenedores (straddle carrier).  El respectivo

contrato fue suscrito el 15 de noviembre de ese

año.  Su vigencia era de siete años, a partir de la fecha de puesta en

operación del

equipo a satisfacción de Japdeva, lo cual se manifestaría mediante la entrega a

YALE de un comunicado suscrito por su Presidente Ejecutivo o el Gerente

Portuario en un plazo máximo de 24 horas.  Japdeva se comprometió a

cancelar mensualmente, y en forma consecutiva durante

los 84 meses, la suma de US.

$58.788,85.  En las cláusulas 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 14, 15 y 16 las partes dispusieron las reglas contractuales tocante a los

siguientes puntos: garantía de cumplimiento, forma de pago y reconocimiento de

intereses, términos para la finalización del contrato, valor residual al

conclui r el convenio, reconocimiento de intereses por el retardo en el pago

del valor residual al termina r el acuerdo, garantía de pago para respaldo de

eventuales compromisos pendientes al término del arrendamiento, traspaso del

equipo y documentos, mantenimiento correctivo y preventivo y como pago de

indemnizaciones a Japdeva por retrasos en los trabajos de mantenimiento

preventivo y correctivo.  En oficio GP-1082-2006 del 27 de octubre de

2006, la gerente portuaria de Japdeva  le

comunicó a YALE el interés de negociar las diferentes opciones para la

permanencia y uso del equipo en sus

instalaciones a partir de la fecha de vencimiento del contrato. Mediante oficio SEP

222-06 del 16 de

noviembre de 2006, el Jefe del Departamento de Equipo Pesado de Japdeva le

comunicó a YALE la lista de desperfectos que debía solucionar respecto del equipo arrendado.

Con posterioridad a esta fecha, y hasta el 5 de mayo

de 2007, YALE efectuó otros actos de mantenimiento correctivo y preventivo en

el equipo. El 13 de marzo de 2007, YALE le solicitó a Japdeva certificación de

exoneración para completar el trámite de nacionalización de los equipos, la

cual le fue rechazada por medio del oficio no. DIAF-125-07 del día

26 de ese mes y año. El plazo

contractual finalizó en mayo de 2007.  En oficio GP 1299-2007, del

16 de noviembre de 2007, la Gerencia Portuaria de Japdeva le comunicó a YALE

el recibo a satisfacción de los equipos arrendados. En oficio DIAF 515-07 del

24 de noviembre de 2007, Japdeva le comunicó a YALE que debía cancelar, por

concepto de multas, la suma de US. $241.685,80.

Mediante nota CARR-A-077-2007, del 13 de diciembre de 2007, YALE le solicitó a la Gerencia Portuaria

y a la Dirección

de Financiamiento Administrativo de Japdeva la readecuación de los montos de

las multas impuestas por atrasos en el mantenimiento correctivo y preventivo de

los equipos. La

Gerencia Portuaria de Japdeva, en oficio GP-1477-2007 del 28

de diciembre de 2007, le comunicó a YALE el artículo VII, tomado en la sesión

extraordinaria de la

Junta Directiva no. 54-2007, celebrada del día 21 de ese mes

y año, el cual corresponde al acuerdo en firme no. 1157-07, de acuerdo con el

cual se le autorizó tramitar la cancelación del valor residual pactado, por un

monto de US. $ 1.234.565,85. El pago

efectivo se dio el día 24 de marzo de 2008, mediante cheque. En nota del 11 de abril de 2008, YALE

presentó, ante la

Gerencia Portuaria y la Proveeduría

Administrativa Portuaria de Japdeva, solicitud para el reconocimiento

de los intereses moratorios por el pago tardío del valor residual.  Mediante

oficio no. DIAF-324-08 del 19 de mayo de 2008, Japdeva

rechazó la solicitud de reconocimiento de los réditos.  El día 23 del

mismo mes y año YALE recurrió esa decisión, cuestionamiento que, al momento de

la interposición de la demanda, no ha sido resuelto.

El 29 de julio de 2010,

el apoderado especial judicial de YALE formuló este proceso, según se indica en

el escrito de demanda –folio 18, lo cual ratificó en la audiencia preliminar

celebrada el 8 de marzo de 2011 (acta de grabación a partir de las 9:11:27, en

especial a las 9:14:29)- para que se declare la

responsabilidad civil de Japdeva por concepto del incumplimiento de las

obligaciones surgidas del contrato.  En consecuencia, requiere se le

condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados a su representada,

consistentes en: a) la no cancelación del

arrendamiento, durante seis meses de prórroga del

convenio, aun cuando se usaron los portacontenedores comprados a su

representada, lo cual estimó en US.

$352.733,10; b) el pago de los intereses legales, correspondientes a 53 días de

atraso que tuvo la institución demandada, desde el comunicado de la decisión de

compra y hasta la fecha cuando se hizo efectivo el desembolso del valor

residual –US. $92.181,04-; c) los daños sufridos por

su patrocinada, al dar mantenimiento adicional a los portacontenedores que no

estaban contemplados contractualmente, debido al mal uso o uso indebido por

parte de Japdeva –US. $84.215,82-.  De igual

manera, solicita se declaren contrarias a derecho las actuaciones del

ente demandado que, con respecto al contrato administrativo, provocaron el pago

indebido de sumas por parte de su representada.  En específico, los montos

correspondientes al 1% del impuesto según la Ley no. 6946 y el 13% del impuesto de venta del

valor residual del contrato administrativo –US. $172.839,21-;

además, se hiciera el cobro de sumas que no le correspondían contractualmente;

así como US.

$68.052,47 por concepto de pago en exceso, originado

de las multas que, efectivamente, debía pagar su representada por atrasos

durante la vigencia del

convenio, en el mantenimiento preventivo y correctivo.  Tocante a los

daños que no corresponden a un porcentaje específico o

sumas de dinero líquidas, pide se reconozcan en abstracto, a fin de ser

detalladas y desglosadas en el proceso de ejecución de sentencia.  Por

último, solicita se le impongan las costas del proceso.

El apoderado especial judicial del ente demandado aceptó unos

hechos y rechazó otros.  Opuso la defensa de falta de

derecho. Además, en la audiencia preliminar, celebrada el 8 de marzo de

2011 (acta de grabación a partir de las 9:15:18), formuló las defensas previas

de prescripción y caducidad, las cuales fueron declaradas sin lugar por el Juez

Tramitador (acta de grabación a partir de las 9:40:00) al amparo de lo

dispuesto en el artículo 41 inciso 1 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA), en relación con el 198 de la Ley General de la Administración Pública

(LGAP), al estimar que se está ante un proceso civil de hacienda y que el plazo

prescriptivo no había transcurrido; también, porque, a la luz de lo preceptuado

en el artículo 66 inciso k) del CPCA no resultaban evidentes y

manifiestas.  El Tribunal, durante la audiencia

de juicio celebrada el 9 de noviembre de 2011 (acta de grabación a las

12:04:29) apreció de oficio la existencia de una posible caducidad del plazo para demandar,

al estimar que no se está ante un proceso civil de hacienda sino uno

contencioso administrativo. Luego de oír a ambas partes, difirió el dictado de

su decisión para las 13 horas 30 minutos del 15 de noviembre de ese año.  En esa data, en resolución no. 370-2011 estimó la caducidad de la

acción. Por ende, declaró inadmisible la demanda y ordenó el archivo del

expediente. Asimismo, condenó a la sociedad actora al pago de las costas del

proceso.  Inconforme, el apoderado especial judicial de

la empresa demandante formula recurso de casación.

En su recurso,

indica el casacionista que, con la interposición de la demanda, lo pretendido

por su poderdante es que en sentencia se declare la responsabilidad civil de la Junta de Administración

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

(en lo sucesivo, Japdeva), debido al incumplimiento de obligaciones surgidas

del contrato administrativo suscrito entre ambas partes.  También, que se

ordene el pago de los daños y perjuicios infligidos, en concreto por:  a)

la no cancelación del arrendamiento durante seis meses de prórroga del

convenio, aun cuando se usaron los portacontenedores comprados a su

representada; b) el pago de los intereses legales, correspondientes a los días

de atraso que tuvo la demandada, desde el comunicado de la decisión de compra y

hasta la fecha en que se hizo efectivo el desembolso por el valor residual; c)

los daños sufridos por su patrocinada, al dar mantenimiento adicional a los

portacontenedores que no estaban contemplados contractualmente, debido al mal

uso o uso indebido por parte de Japdeva. De igual manera, alega, se solicitó se

declaren contrarias a derecho de las actuaciones del ente demandado

que, respecto al contrato administrativo, provocaron el pago indebido de sumas

por parte de su mandante. En específico, los montos correspondientes al 1% del

impuesto según la Ley

no. 6946 y el 13% del impuesto de venta del valor residual del contrato

administrativo. Además, que se hiciera el cobro de sumas que

no le correspondían contractualmente. Así como el pago en exceso de US. $68.052,47, originado en las multas que, efectivamente, debía pagar

su representada por atrasos durante la vigencia del convenio en el mantenimiento preventivo

y correctivo. De igual manera, comenta, se solicitó, tocante a los daños o

sumas que no correspondían a un porcentaje específico,

o montos de dinero líquidos, que se reconocieran mediante una condenatoria en

abstracto, a fin de ser detalladas y desglosadas en el proceso de ejecución de

sentencia.  Por último, indica, se pidió se le impusieran las costas del

proceso.  En su criterio, apunta, la sentencia impugnada se dictó

contrario a derecho, ya que, de conformidad con el artículo 138 del CPCA, se

hizo una indebida aplicación e interpretación del instituto de la caducidad,

contemplado en los numerales 39, 40 y 41 íbid.  El Tribunal, alega,

analizó de manera oficiosa, en el juicio oral y público, la posible existencia

de la caducidad del proceso, resolviéndola al amparo del precepto 120 inciso 2,

en relación con los cánones 5 y 66 inciso 1, todos del cuerpo normativo indicado.

El análisis principal, comenta, fue en torno a la naturaleza del proceso, a fin

de determinar los plazos de caducidad.  Transcribe, en lo de su interés,

lo considerado por las juzgadoras y el juzgador, en el sentido de que este proceso no es de naturaleza civil de hacienda, sino

contencioso administrativo, razón por la que se aplicó el plazo de un año para

que operara la caducidad.  El Tribunal, comenta, confundió el objeto del

proceso, en específico, las pretensiones deducidas en la demanda, toda vez que

el proceso sometido a su conocimiento lo fue de acuerdo con lo previsto en el

artículo 2 incisos a) y b) ibídem. Es decir, se trata de materia de

contratación administrativa (interpretación del contrato,

efectos y extinción de la relación contractual) y, además, la responsabilidad

patrimonial de la

Administración Pública. Lo peticionado en la demanda, señala,

tiene como objeto la condena al pago de los daños y perjuicios irrogados a su

representada, de acuerdo con el precepto 42 inciso j) íbid. Las pretensiones,

asevera, tienen carácter estrictamente indemnizatorio; así como otras aparte de

tipo anulatorio.  Con las de carácter indemnizatorio no se pretendía la

anulación o declaratoria de ilegalidad de algún acto administrativo, pues se

trataba de mensualidades de arrendamiento dejadas de cubrir una vez prorrogado

de hecho el contrato, los intereses de ley posteriores al momento cuando se

hizo el pago tardío del valor residual convenido, así como los daños por

mantenimiento adicionales en que incurrió su representada con posterioridad a

la terminación del convenio. Mientras que, añade, las pretensiones anulatorias

tenían como objetivo principal la declaratoria de ilegalidad del acto

administrativo, identificado como PPL-097-2007 del 21 de marzo de 2007,

correspondiente a los impuestos pagados de más por su poderdante y el pago

adicional que se hizo de multas e indemnizaciones. La objeción, arguye, fue

resuelta, en primera instancia por la demandada, mediante oficio DIAF-515-2007.

Además, las gestiones que se hicieron ante el Banco Improsa, el cual ha

retenido, hasta la fecha, las sumas correspondientes a

esas pretensiones, las cuales fueron reclamadas ante dicha entidad bancaria. Al

amparo de lo anterior, estima, el Tribunal confundió el objeto del proceso,

pues estableció que, de previo a entrar a conocer la procedencia o no de la

reclamación patrimonial por daños y perjuicios de su poderdante, primero debía

analizar la legalidad o no de diferentes conductas administrativas,

representadas en actos formales y actuaciones presuntas, aun cuando su

patrocinada, en ningún momento, solicitó se revisaran tocante a las

pretensiones indemnizatorias. Como no existe un acto administrativo que se

pretenda impugnar en las pretensiones estrictamente de carácter indemnizatorio,

afirma, no opera el plazo de caducidad previsto en los artículos 39 y 40 íbid;

sino que, agrega, para este proceso, el que aplica es el previsto en el 41

ejúsdem. Reproduce, en lo conducente, la sentencia de esta Sala no. 733 de las

11 horas 30 minutos del 31 de octubre de 2008. La resolución cuestionada,

comenta, incurrió en error de interpretación, al indicar que el instituto de la

prescripción, establecido en el indicado precepto 41 ibídem, solo opera para la

responsabilidad extracontractual de la Administración,

pues, según lo visto, también resulta procedente para la contractual cuando,

dentro del proceso se pretenda, exclusivamente, cuestiones de índole

patrimonial, como ocurre en esta lite. Dentro de esta línea de pensamiento,

afirma, esta Cámara ha señalado que la materia de contratación administrativa,

cuando solo se formulen pretensiones patrimoniales, está contemplada dentro de

los tipos de procesos civiles de hacienda y, por ende, los plazos de caducidad

de los artículos 39 y 40 íbid no son de aplicación, sino que es el prescriptivo

del derecho de fondo, conforme al numeral 35 de la Ley de Contratación

Administrativa y que es de cinco años. Transcribe, en lo de su interés la

sentencia de dicho órgano judicial no. 469 de las 15 horas 20 minutos del 7 de

mayo de 2009. El fallo impugnado, insiste, interpretó incorrectamente, para el

presente caso, el objeto del proceso y, con ello, la normativa correspondiente

a la terminación anormal del proceso contencioso administrativo, al deducir

que, antes de revisar la posible condenatoria en daños y perjuicios, primero

debía pronunciarse acerca de la legalidad de algunas conductas administrativas,

lo cual no fue deducido en la pretensión de su patrocinada. Así, de manera

equívoca, en la justificación, se indica que, por ejemplo, tendría que

pronunciarse acerca del acto administrativo correspondiente al giro del cheque

con el que se pagó el valor residual del contrato administrativo, para

determinar que no fue legal, ya que le faltaron montos por cubrir, los cuales

pretendió su representada y, con base en ello, corre el plazo de caducidad de

un año a partir de ese acto administrativo, para poder interponer el proceso

contencioso a fin de anular dicha actuación. El Tribunal dispuso una caducidad

inexistente, afirma, cuando lo que debió revisar era la existencia o no de una

prescripción que, según se desprende de las últimas actuaciones de la Administración Pública

para el caso concreto, como lo sería el mismo pago que aduce el Tribunal, no

transcurrieron cinco años desde el 24 de marzo de 2008 hasta la fecha cuando se

interpuso el proceso –el 29 de julio de 2010-, porque debió continuarse con el

conocimiento de esta lite y, por ende, con el juicio oral y público que

interrumpió.

Atendiendo la manera

cómo se formula el recurso, es menester, en primer lugar, analizar la

naturaleza de las pretensiones formuladas por la empresa actora en su demanda.

En este sentido, y según se expuso en el considerando II de esta sentencia, la

compañía actora, con este proceso, pretende en sentencia se declare: “[…] la

responsabilidad civil de parte de JAPDEVA, por concepto de incumplimiento de

obligaciones del contrato administrativo suscrito, y se ordene el pago de los

daños y perjuicios ocasionados a mi representada, en específico: a) el no pago

de arrendamiento durante seis meses de prórroga del contrato administrativo,

aún cuando [sic] hizo uso de los portacontenedores comprados a mi

representada, b) el pago de los intereses de ley correspondientes a los días de

retraso que tuvo la demanda [sic] desde el comunicado formal de la

decisión de compra hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago

correspondiente al valor residual, c) los daños sufridos por mi representada al

dar mantenimiento adicionales [sic] a los portacontenedores que no

estaban contemplados contractualmente, y que se debieron al mal uso o uso

indebido por parte de Japdeva. / Asimismo, solicitamos se declare contrario a

derecho las actuaciones de parte de la demandada que con respecto al contrato administrativo

provocaron el pago indebido de sumas por parte de mi representada, en

específico los montos correspondientes al 1% del impuesto según Ley No. 6946 y

13% de Impuesto de Ventas del valor residual del contrato administrativo, y

además, se hiciera cobro de sumas que no le correspondían contractualmente, y

la suma de $68.052,47 por concepto de pago en exceso correspondiente a las

multas que efectivamente debía pagar mi representada por atrasos durante la

vigencia del contrato en el mantenimiento preventivo y correctivo. En relación

a los daños o sumas que aquí se establecen, que no corresponden a un porcentaje

específico o sumas de dinero líquidas, solicito que las mismas sean condenadas

a pagar por parte de la

Administración, siendo esta condenatoria en abstracto a fin

de ser detalladas y desglosadas en el proceso de ejecución de sentencia

respectivo. Además, solicitamos que se condene a la demandada

al pago de ambas costas del

presente proceso.” Debido a

la manera cómo se plantearon dichos ruegos, en relación con los hechos de la

demanda –reseñados, en lo de interés, en el apartado primero de esta

resolución-, en la audiencia del juicio oral y público, celebrada el día 9 de

noviembre de 2011, las juzgadoras y el juzgador, le solicitaron al apoderado

especial judicial de la empresa demandante que los aclarara; porque, a criterio

del Tribunal, eso incidía en la naturaleza de este proceso. Por

la trascendencia que reviste para su solución, resulta necesario transcribir, a

pesar de su extensión, lo acontecido en dicha audiencia, haciéndose énfasis en

lo expuesto por el representante de la sociedad actora y lo manifestado y

resuelto por el Tribunal. En este sentido, a

partir de las 11:08:30 del acta de grabación,

la jueza Presidenta manifiesta: “Voy a proceder a manifestarles una

situación que, pues, ha detectado este Tribunal de juicio respecto de la

demanda y la contestación de la demanda, que es lo que justifica que nos

hallamos ausentado durante este tiempo que hemos decretado como receso. Básicamente este tiempo adicional que nosotros tomamos para poder analizar, de

una mejor forma, tanto las pretensiones como la contestación de la

demanda, porque encontramos que las mismas no son claras. En ese

sentido, incluso, recurrimos a analizar, o a oír, nuevamente, la audiencia

preliminar de este proceso, y pudimos determinar que existe una cierta mezcla o

una cierta confusión en cuanto a lo que son las pretensiones los hechos y el

derecho; así como respecto de la naturaleza propia de este proceso, respecto de

las pretensiones que se están planteando, así como lo correspondiente a la

contestación de la demanda. Consideramos que en este proceso existe una

mezcla de pretensiones que corresponden a lo propio de una ejecución

contractual, con fundamento en la

Ley de Contratación Administrativa; pero también, algunas que

son correspondientes, o de naturaleza más propia de un proceso civil de

hacienda que, precisamente, pues, nosotros, al escuchar la audiencia

preliminar, pudimos determinar que, en efecto, esta situación haya llevado un

poco, pues, a la confusión tanto a ustedes como al juez tramitador.

Incluso, pues, estuvimos analizando esa situación para poder aclarar, en este

momento, para poder pedirles a ustedes que, este, bueno, especialmente a don J,

para que nos aclare, porque nosotros hemos notado que hay pretensiones

anulatorias dentro de sus, bueno, incluso dentro de lo que se expone tanto en

los hechos como en el derecho de la demanda, así como, propiamente, en la parte

de pretensiones, entonces debemos, en virtud de esta situación, y para poder

aclarar y resolver de mejor forma este proceso, debemos solicitarles, a

don J, que sobre los cinco puntos fundamentales de su pretensión, que sería

básicamente, este, pues, los intereses sobre valor residual de las compra de

los portacontenedores, que ese sería el primer punto; el segundo punto sería

sobre la prórroga tácita que, este, pues, se está alegando respecto de

los  alquileres de un plazo de seis meses; y respecto de las reparaciones

adicionales que usted considera, en representación de la empresa YALE de Costa

Rica, este, que fueron realizadas fuera de los  términos iniciales

del contrato, y que eso está establecido en el hecho cuarto de la demanda, y

ahí se establece, pues, un desglose; también, respecto de, este, la exoneración

de los impuestos tanto del impuesto de ventas y relacionados con la

nacionalización de los portacontenedores; y, finalmente, sobre el cálculo o el

cobro, que indebidamente usted considera que se realizó, respecto de las multas,

este, que se definieron en marzo del 2008, respecto de estos cinco puntos yo le

voy a pedir que usted, por favor, nos especifique aquí, a los miembros del

tribunal, cuál fue el  reclamo propiamente, muy concretamente. […]

que usted nos diga, cuál fue el reclamo expreso, de parte de la empresa

hacia la demandada, las fechas en las cuales esos reclamos se interpusieron y

por medio de qué documento y en qué fecha usted recibió, o la empresa recibió,

la contestación y la resolución sobre estos puntos que se están debatiendo en

este proceso. […]” (Lo subrayado es suplido). El

apoderado de la sociedad actora, a las 11:14:05 del acta de grabación, expone lo siguiente: ”[…] son varias cosas para hacerlo tan concreto y en

unos minutos. Mi representada, pues, durante el año 2007, planteó varios

oficios, en este caso, pues, sería ante Japdeva, para lo que es,

específicamente, el cobro de las multas o las multas en exceso, ahí sí se

presentaron varios documentos o varias oposiciones a esas comunicaciones que,

en específico, serían el CARR-A-069-2007 visible folio 58 y 61 del expediente

judicial y, posterior, también se presentó lo que es el reclamo por el cobro, y

específicamente para el cobro de intereses que eso sí está establecido en el hecho

décimo octavo, décimo noveno y vigésimo que es, en específico, lo que es el

cobro de los intereses. Sobre eso, pues, la última comunicación recibida fue la DIAF, perdón, el último

documento presentado fue el de fecha 23 de mayo del 2008, en relación a la

respuesta que fue la DIAF

324-08 del 19 de mayo

del 2008. En

específico, digamos, esas son las reclamaciones que sí se habían presentado

directamente ante Japdeva para, digamos, para que Japdeva se pronunciara en

cuanto a lo que son mantenimientos y en cuanto a lo que son intereses. En

cuanto a los otros puntos, pues, mi representada no había presentado algún

tipo, digamos, de reclamo en contra o hacia Japdeva, sino que, de una vez, se

presentó, digamos, lo que es la reclamación ante la jurisdicción contenciosa

administrativa para lo que es el reconocimiento de la responsabilidad

contractual por incumplimientos. Entonces, en este caso, por parte de la Administración Pública,

verdad, que en este caso serían las mensualidades, los trabajos de

mantenimiento fuera; perdón, los trabajos de mantenimiento sí se presentó un

documento, lo que pasa es que, en este momento, se me escapa el oficio exacto

en el que se presentó esa reclamación por mantenimiento, bueno, y que en este

caso sería el CARR-A-077-2007 en el que se hace la reclamación, digamos, de lo

que también esa parte de las multas de los trabajos extras que había hecho,

esto en el mes de noviembre del 2007. En específico, bueno, pues, en cuanto

a la pretensión, me parece que sí hay situaciones, digamos, en cuanto a

actuaciones de la

Administración Pública que nosotros, pues, en los alegatos de

derechos, se hiciera una manifestación de que fueron contrarias a derecho, en

este caso si lo pretendido por mi representada, más que todo, de manera

principal, es la responsabilidad contractual por incumplimiento. En este

caso, pues, eso deviene, obviamente, por una actividad que nosotros

consideramos ilícita por parte de la Administración y que, en este caso, se redundan

en incumplimiento de ciertas cláusulas contractuales de que ya se han

expresado, por lo menos en el alegato o en el discurso de apertura.” (Lo subrayado es suplido). Por su parte, el juez David

Fallas Redondo, a las 11:18:15, efectúa la siguiente aclaración: “Don J,

buenos días de nuevo, y haciendo eco a lo que señaló

la señora Presidenta, en realidad, el Tribunal tiene una confusión, que es lo

que nos interesa precisar aquí. Voy a tomarme la libertad de señalar algunos

puntos de la demanda para que tal vez usted nos aclare

algunos aspectos. Ya usted nos mencionó, en relación con la posición a lo que

considera son multas cobradas en exceso, el oficio CARR-A-077-2007, quisiéramos

saber por qué no, bueno, se lo voy a explicar de esta manera, revisando

ahora la demanda, y por eso la señora Presidenta habló de pretensiones

anulatorias mezcladas con indemnizatorias, porque observamos que la

primera primera pretensión [sic] suya, bueno, de su representada,

la segunda, la página, el folio 18 del expediente judicial, hay una solicitud

genérica de que se declare contrario a derecho las actuaciones por parte de la

administración y, luego, se señalan algunas, pero, en la primera sobre los

daños y prejuicios en relación con los seis meses que consideran de prórroga

tácita, el pago de intereses de ley, el dar mantenimiento adicionales, vemos

que se presenta en ese folio 18 como pretensiones indemnizatorias por daños y

perjuicios; pero en el elenco de hechos que usted denuncia, se señala que hubo

gestiones hechas ante la

Administración, de las cuales, en algunas, menciona, pero no

cita el oficio, hay respuesta y, en otra, que me parece que es solo una, señala

que no hubo respuesta todavía al día de presentación de la demanda, que era la

relacionada, en particular, con la oposición descrita en el oficio DIAF-324-08 en

que se rechazó el reclamo de intereses moratorios que, en su criterio, debía

Japdeva pagar a la demandante. Entonces, la confusión que tenemos es, hubo

gestiones ante la

Administración que fueron respondidas, otras, incluyendo esa

última, hubo respuesta inicial, pero, luego hubo oposición; en las demás, no se

menciona que haya habido oposición y el elenco, conforme está redactado, vemos

que, por ejemplo, en relación con las multas en exceso, hubo gestión de la

demandante en relación con el cobro de intereses, hubo gestión de la demandante

y hubo respuesta de la

Administración en relación con el pago que hizo la empresa,

eso no está controvertido; el pago que hizo la empresa de los impuestos por

nacionalización de maquinaria, hubo una gestión para que se reconociera la

exoneración, se rechazó esa exoneración pero ¿qué ocurrió luego? Es algo que

todavía, es decir, ¿hubo algún reclamo adicional por parte de la empresa?, no

nos consta, por lo menos en este enunciado. Lo mismo

sucede con el tema del mantenimiento, donde, de la forma como está redactado el

hecho noveno, sí, es el hecho noveno […] Entonces, el hecho

noveno empieza a folio 3 y brinca a folio 5 y continúa a folio 6, en esos tres

folios se hace referencia a un oficio SEP 222-06, hubo una respuesta por parte

de la empresa, CARR-A-069-2007 y, luego, se señala que no consta la fecha,

bueno sí, la fecha es 6 de noviembre del 2007 y detallan las reparaciones que

luego señalan pero, pese a que se pagaron, según lo que indican ustedes en la

demanda, pese a que se incurrió en gastos por US. $14.784.00

en relación con el portacontenedor número 37 y por US. $47.166.80 en relación

con el portacontenedor número 36, lo que nos queda ahí en el aire, pendiente de

información es, bueno, se entregó ese oficio a la Administración ¿era

un reclamo o no era un reclamo, ese CARR-A-069-2007, y si hubo respuesta o no

por parte de la administración?, esos son los temas con los que nos estamos

encontrando y que nos llaman a inquietud, porque necesitamos tenerlos claros,

primero para saber de qué van a hablar los testigos y poder tener un panorama

de qué es lo que se está discutiendo realmente y, bueno, si efectivamente, como

ya indicó la señora Presidenta, entendemos que hay pretensiones anulatorias

dirigidas contra estas conductas de la Administración que,

por eso, es importante conocer las fechas en que hubo ya una conducta de la Administración

denegatoria, o lo que sea, conocida por la empresa accionada. Entonces, este es el panorama en que estamos, y si usted pudiera

ayudarnos a esclarecer eso, viera que se lo agradeceremos bastante.” (Lo

subrayado no es del

original).  A partir de las 11:24:46, el representante de la empresa

actora expone: “De hecho, lo que pasa es que yo aquí, dentro de mi

expediente tengo, digamos, el documento tal cual fue presentado, en el orden de

los hechos, verdad, y sí, me parece que puede, tal vez, en el momento de hacer

o de confeccionar el expediente que, digamos, que se traspapelaron y,

desgraciadamente, sí veo que, digamos, a mí me faltó lo que fue la numeración

de las hojas, verdad, para, por lo menos, llevar ese orden, para no confundir

al Tribunal, digamos, dónde comienza un hecho y  después dónde termina,

porque me parece que, entonces, esa es la confusión que se podría tener, porque

así, a grandes rasgos, solo se hicieron, digamos, gestiones reclamatorias [sic],

por llamarlo de alguna manera o, por lo menos, de oposición en cuanto a lo que

son, fueron los mantenimientos extras mediante ese oficio CAR [sic] 069,

y en cuanto a los intereses que se solicitaban que se reconocieran, por

ejemplo, por lo que respecta al pago de impuestos, pues mi representada, en

definitiva, lo más recomendable, o por lo menos, lo que requería hacer, era

pagar los impuestos para poder recibir el valor residual que era el que estaba

pendiente, verdad. Entonces, sobre eso, no hay uso de

reclamación para poder recibir el valor residual, que era una suma cuantiosa de

US.

$1.200.000,00. Con relación a lo que son

arrendamientos y demás, no se presentó, arrendamientos dejados de cubrir, no se

presentaron, sí hubo ciertas comunicaciones, por parte de mi representada, en

el momento en el que se estaban reclamando mantenimientos y demás, de que los

equipos todavía se estaban utilizando y también, a raíz de eso, en estos

oficios, en el 077, en el 069, específicos se decía que era muy difícil para mí

representada, pues, o por lo menos, continuar con los mantenimientos si los

equipos todavía estaban siendo utilizados. Entonces, con eso

se deja ver que, por lo menos, se le está haciendo la indicación a la Administración de

que el equipo estaba siendo utilizado. Con relación a lo que es el pago,

digamos, de  las multas en exceso que después es el que, digamos, por lo

menos, el quinto punto en que se establece la estimación y en las pretensiones

en lo que son las multas, en el cobro de las multas en exceso, pues, eso es un

dinero que  la

Administración no es que nos lo tiene que pagar, sino que se

encuentra dentro de un fideicomiso de Banco Improsa al cual sí se le hicieron

las gestiones para la devolución de ese dinero; lo cual, el fideicomiso, pues,

determinó en última, ya, en última instancia, que hasta lo que se resolviera en

este proceso veía a quién le correspondía ese monto, si lo entregaba a Japdeva,

dependiendo de lo que determinara el Tribunal o lo entregaba a mi representada,

pero por eso, en relación a un certificado de garantía que ya se encuentra

desmaterializado, verdad, ya Improsa lo desmaterializó, entregó una parte de

ese dinero a Japdeva, otra nos hizo devolución y una parte quedó en pendiente,

que es esa diferencia, en cuanto a las multas en exceso de lo que se estaba

hablando.  Los, sobre los intereses, ese sí hubo un

específico, una reclamación, en el mes de abril del 2007. Recordamos que el pago se hizo en

marzo del 2007, en abril del 2007, se hizo una reclamación que fue respondida

por parte de la

Administración casi que de seguido, en el mes de abril o mayo

del 2007, y sobre eso, pues, ya no se siguió más el asunto, se estuvo, por lo

menos, ya se estuvo por última instancia lo resuelto por la Administración. Lo

que sí quedó pendiente en este caso, no perdón, sí hubo una última reclamación,

que ese es el hecho vigésimo, que ese vigésimo fue, digamos, el de oposición a

la respuesta en cuanto a los intereses que hasta el día de hoy no se ha

recibido respuesta. Es eso, entonces, yo no sé si tal

vez cotejar el documento de la demanda con eso para aclarar.” Luego de

escuchar al representante de la institución demandada, quien hizo uso de la palabra a partir de las 11:28:59 del acta de grabación, a las 11:31:27 la

señora Presidenta decretó un receso. A las 12:04:29 reinició la audiencia, en

donde el Tribunal manifiesta que, de oficio, en virtud del objeto del proceso y

las pretensiones formuladas, aprecia la posible caducidad de la acción, pues

estima que este proceso es de naturaleza contencioso administrativa y no civil

de hacienda; razón por la cual, les otorgó audiencia a las partes para que se

refirieran en torno a ese aspecto. En este sentido, dispuso quien presidía:

“[…] Queda claro, para este Tribunal, que el asunto que se está

discutiendo corresponde a una responsabilidad contractual por incumplimiento de

cláusulas, respecto de la contratación administrativa que fue perfeccionada

entre las partes, de acuerdo con la licitación pública número 17-98. Es decir,

en ese tanto, y en ese cuanto, queda claro, para este

Tribunal, que no nos encontramos ante un asunto que sea de naturaleza civil de

hacienda. Siendo así las cosas, corresponde indicarles a ustedes que, de

oficio, este Tribunal y, con un análisis bastante profundo de lo actuado en el

expediente, y especialmente, el escrito de contestación de la demanda y de la

[…] demanda, veamos escritos, se ha podido detectar una posible

caducidad; ello, de acuerdo con el  artículo 120 inciso

2 y en relación con el artículo 5 del Código Procesal Contencioso

Administrativo.  […]” (Lo subrayado no es del

original).  A las 12:08:02, el juez David Fallas Redondo amplía las

razones del Tribunal de la siguiente manera: “Bien, el Tribunal, luego de

conocer lo que aquí se está discutiendo, y les rogaría que tomen nota de la

normativa, para que puedan ustedes formular sus alegaciones en el momento en

que se les conceda la palabra para ello, ha tenido en cuenta lo siguiente. En

primer lugar, buena parte de la confusión que nos surgió a nosotros, como

habíamos dicho anteriormente, estaba referida a la coexistencia de pretensiones

anulatorias con pretensiones meramente indemnizatorias. Un proceso

contencioso administrativo, perdón, un proceso civil de hacienda, verdad, todos

conocemos que está referido, esencialmente, a pretensiones de naturaleza

indemnizatoria, pero en este caso, y ya fue muy preciso don J al respecto, cosa

que nosotros no teníamos claro hasta, o teníamos dudas si realmente era así,

estamos ante un reclamo por responsabilidad de naturaleza contractual.

Siendo esto así, lo que aprecia este Tribunal en

pleno, y de manera sucinta expuesta por la señora Presidenta, es lo siguiente.

Los cinco reclamos que formula la actora, por los intereses, perdón, el reclamo

porque formula en esta sede por las multas que considera fueran cobradas en

exceso; el reclamo por el monto de intereses sobre el precio residual que se

pagó por los bienes arrendados; el reclamo por los mantenimientos que considera

fueron dados de manera extra, o sea, fuera de lo contratado por la Administración; el

reclamo, también, por los impuestos; y el reclamo en relación con los seis

meses que considera fueron de arrendamiento extra, en virtud de una prórroga

tácita; están referidos, los cinco, a conductas formales de la Administración. En

relación con el reclamo que aquí se formula por el mantenimiento extraordinario

que se está cobrando, que considera la actora que debía habérsele dado, no

podemos obviar que la

Administración pagó y, en ese momento, en el momento que se

liquida lo que se está pagando, no se reclama a la Administración que

falten los rubros que se está reclamando ahorita de 17 mil y algo de dólares y

de 47 mil y algo de dólares por concepto de esos trabajos de mantenimiento que

considera la actora no estaban comprendidos en el contrato. De manera que,

aunque alegue aquí que es una interpretación indebida por parte de la Administración de

los términos del contrato referido en oficio 2006 [sic], nos parece que

podría generar caducidad, en el tanto la conducta formal de la Administración, que

es del año 2007, no fue impugnada dentro del término de un año. En relación con

los intereses, de nuevo, el pago fue hecho, según se desprende de la demanda,

en mayo del 2008, y tampoco, en el año siguiente, se reclamó, por lo menos no

consta más reclamo que la oposición a un oficio de la Administración,

pero que todavía no nos dice, bueno, eso está mal por tal y cual razón. En

relación con el tema de los impuestos, fue claro que no hubo oposición a la

decisión administrativa de, en el sentido de que, bueno, los tres equipos no

estaban exentos de impuestos y esta decisión administrativa se toma en el año

2007, de manera que, de nuevo, no vemos un reclamo en ese año posterior que

permita establecer el proceso por esa razón. En cuanto a los seis meses de

arrendamiento que se considera extra, pues, de nuevo, una vez que se paga el

monto con una liquidación formal de pago, por parte de la Administración, no

se reclama a partir de ahí, dentro del término del año. Y, por último, en

relación con las multas que considera fueron cobradas en exceso, una vez que,

según  la demanda, según se dice en la demanda, que Banco Improsa informa

a la parte actora del cobro que está haciendo Japdeva sobre el fideicomiso, o

sea, tiene conocimiento, el cobro es un conducta formal de la Administración y, a

partir de ahí, tampoco se impugna esa conducta dentro del año. ¿Por qué

hablamos del año en este momento, y es la norma que, en este momento, de manera

preliminar, consideramos es la aplicable?, es porque se trata de conductas

formales, que fueron plasmadas en documentos y que, a raíz de las mismas, se

supone que se reclama, se generan daños y perjuicios, estamos hablando,

entonces, de la ejecución de un contrato. Estas conductas formales son

comunicadas y, a partir de ahí, según el artículo, que es el que cito de manera

expresa, el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se

aplica el plazo de un año, o el término de un año para demandar. Sabemos que este tema fue discutido en la audiencia preliminar, y que

hay una resolución interlocutoria que rechaza esta defensa previa. Sin embargo,

de lo aclarado aquí, que nos parece que no fue debidamente aclarado en la

audiencia preliminar, donde se estimó que era un proceso civil de hacienda,

simplemente porque se discuten extremos patrimoniales, nos parece que hubo un

error, o podía haberse dado un error en la audiencia preliminar, al considera

que esto es un asunto civil de hacienda puro y simple meramente indemnizatorio,

¿por qué estimamos que pueda haber habido un error, y sobre esto le rogamos

que por favor se pronuncien, para ver si es que nosotros estamos equivocados o

estamos en lo correcto al apreciar este tema?, porque la materia civil de

hacienda no requiere, para que sea propiamente civil de hacienda, de una

anulación de conductas, y aquí es necesario pronunciarse sobre la legalidad de

esas conductas, para poder declarar, en caso de que sea procedente, el extremo

indemnizatorio que reclama la empresa. Si nosotros no declaramos esa nulidad,

entonces, no podríamos declarar la procedencia de los daños y perjuicios.

Así es como lo estamos viendo en este momento, sin

entrar a prejuzgar si esos actos son nulos o no. Aquí no

estamos hablando, para nada, de la legalidad de esos actos. Es un tema

ya de fondo, pero recordemos, repito, la responsabilidad que se reclama es de

naturaleza contractual, de manera que esto presupone que hubo gestiones ante la Administración para

efectos de una adecuada ejecución del contrato y, ante la respuesta de la

administración, es que se generarían estos daños y perjuicios que aquí se

reclama. De allí que, estimamos que estamos, repito, ante conductas formales y,

consecuentemente, el plazo no es el de la simple prescripción de daños y

perjuicios, que es el que aplica para procesos puros de civiles de hacienda,

sino que, en este caso, aplicaría el plazo de un año, o el término de un año,

partir de la conducta formal de la Administración que se mostró, o se expuso una decisión

contraria a los intereses de la parte actora. Decía que esto fue resuelto en la

audiencia preliminar, entonces podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que el

Tribunal lo plantea ahora de oficio?, resulta por lo siguiente, vean que el

capítulo II del título VI del Código Procesal Contencioso, específicamente el

artículo 120 del Código Procesal Contencioso, contempla un supuesto muy similar

al del antiguo artículo 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, en el tanto, inciso segundo, si el Tribunal determina la

existencia del supuesto contemplado en el apartado uno del artículo 66,

procederá conforme al artículo 5, ambas normas de este Código, aun cuando, por

resolución interlocutoria, se haya rechazado alguna defensa previa interpuesta.

De manera que, este 120 nos remite al artículo 5 y al artículo 66 inciso

primero, si vemos el artículo 66 inciso primero, están las defensas previstas,

las defensas de fondo y defensas previas dentro de las cuales está la

caducidad, de manera que esta determinación que hace el Tribunal, en el

artículo 120, que podría diferirse para sentencia, es oficiosa. Esta norma nos

otorga la potestad oficiosa de advertir esta situación, pero nos exige, antes

de declararla en sentencia, proceder conforme al artículo 5 del Código, y este

artículo 5 del Código, lo que nos obliga es a plantearles, de manera expresa y

fundamentada, qué es lo que estamos viendo nosotros en este momento, qué es lo

que estamos haciendo aquí, al exponérselo y concederles un espacio para que se

pronuncien al respecto como si fuera una falta de competencia. O sea, el

procedimiento que se aplica para la falta de competencia, que es apreciable de

oficio, se aplica también para las defensas previas observables de oficio, y

eso es lo que estamos cumpliendo en este momento.

Repito, aquí no estamos diciendo nada en absoluto sobre si las conductas

formales que interesan a la empresa son legítimas o no, son lícitas o no, aquí

no lo vamos a decir, pero sí, el plazo o el término, para ser exactos, para

impugnar, que en juicio de nosotros, por ser conductas formales, pudiera ser el

del artículo 39; es decir, de un año a partir de que estas conductas se dieron,

la última se dio en el año 2008 y la demanda se interpuso en julio del 2010,

cuando ya había transcurrido más de ese año, aún partiendo de la última de las

conductas de la

Administración. De manera que, por lo anterior, consideramos

importante, esencial, escucharles antes de tomar una decisión al respecto.”

(Lo subrayado es suplido). Al efecto, el representante

de la compañía demandante, a las 14:10:12 indica: “[…] Este caso, bueno,

pues, se trata de lo que dispone en materia de conocimiento de la jurisdicción

contenciosa administrativa el artículo 2 del Código Procesal en el inciso

primero, que es la materia de contratación administrativa. Y la materia de

contratación administrativa el Tribunal, entonces, o por la jurisdicción,

revisará, entonces, lo que es interpretación y efectos del contrato, que es en

lo que nos encontramos en este momento, y de una vez se establece también la

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública,

eso nos lleva, entonces, a determinar, entonces, cuáles fueron las

pretensiones que se hicieron y, de conformidad con el artículo 42, y de lo que

se estableció en el escrito de demanda, las pretensiones son las del artículo

42 J, que serían la condena del pago de daños y perjuicios y, en esto,

entonces, analizando nuevamente las pretensiones, podemos determinar que sí,

efectivamente, existen pretensiones indemnizatorias y, a su lado, también

existen pretensiones anulatorias. Las pretensiones indemnizatorias, en este caso, se tratan de los daños que mi representada

considera que se le ocasionaron con el no pago de mensualidades del arrendamiento, una

vez finalizado el contrato. Esas mensualidades del

arrendamiento, nótese que no se está haciendo ningún tipo de impugnación de

conducta por parte de la

Administración. Sí, es lógico, que el no pago de un daño o un

perjuicio conlleva a una actividad, o a una conducta omisa, por parte de

la Administración;

eso es claro, pero digamos que esa no es la tesis de principio; sino la tesis

de principio sería el pago del daño y perjuicio que, en este caso, mi

representada considera que es el no pago de las cuotas de arrendamiento. Eso en

definitiva, es una pretensión indemnizatoria y, como tal,

cabe dentro del supuesto del artículo 41 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, que sería prescripción del

derecho de fondo que lo veremos más adelante. La segunda pretensión, que en este caso es de carácter indemnizatoria, se trata de los

intereses de ley por el no pago, a tiempo, del valor residual. Ese pago tardío, verdad,

que se dio hasta el mes de marzo del 2008 a mi representada, definitivamente le

ocasionó un perjuicio, que sería el valor del dinero, verdad, o por lo menos,

la readecuación del valor del dinero en el tiempo, verdad, que, en este caso,

se vería compensada con intereses, en este caso, estaríamos hablando, más que

nada, de un perjuicio y, en esta pretensión, tampoco se está pretendiendo, o se

está buscando, la anulación de un acto administrativo, ya que los intereses, en

sí, pues, son más que nada accesorios, en cuanto al no pago a tiempo del valor

residual del equipo. [14:14:34] Por otra parte, tenemos que existe una

pretensión indemnizatoria que, en este caso, serían los daños por

mantenimientos adicionales posteriores a la terminación del contrato, que estos

daños, en definitiva, una vez que ya haya finalizado el contrato, pues, mi

representada, a fin de poder recibir lo que es el pago del valor residual,

pues, procuró, entonces, la reparación de los equipos, según así fue

solicitado, para la puesta puntual de los mismos.  Esto fue, digamos, ya

de, manera, finalizado el contrato, después del día 29 de mayo del 2007, que se

pudo finalizar lo que eran esas reparaciones que, en definitiva, se vieron ya

como recibidas por parte de la Administración en el mes de noviembre del 2007;

esa, entonces, es una pretensión indemnizatoria. Tampoco acá se está

pretendiendo, o se está buscando, la anulación de un acto

administrativo o de una conducta administrativa, entonces, igual en este

caso, cabe dentro del supuesto del artículo 41, que sería la prescripción del derecho de fondo. Las

que sí consideramos, entonces, que son pretensiones anulatorias, y así se

establece dentro del escrito de demanda, sería lo correspondiente al pago

de los impuestos pagados como bien los indicó antes de este

receso. [sic] Esos impuestos pagados, hubo una

actuación formal por parte de la Administración Pública,

que determinó que se debían [sic] de hacer ese pago y mi representada no

interpuso ningún tipo de reclamo o recurso en contra de esa actuación, que

sería el oficio PPL-097-2007 del 21 de marzo del 2007, visible a folios 919 y

921 del expediente administrativo. Entonces, en ese

caso, sí consideramos que podría ser esta una pretensión indemnizatoria [sic]

en cuanto a los impuestos pagados y que no se presentó un recurso en cuanto al

oficio que determinaba el pago o no de estos impuestos. Por otro lado,

también encontramos una pretensión anulatoria que, en este

caso, sería el pago adicional por motivo de multas e indemnizaciones. Aquí es

importante establecer que, entonces, la actuación que encontramos que

estableció el monto a pagar por estas indemnizaciones y multas fue el oficio

DIAF 515-07 del 24 de

noviembre del 2007, visible a folio 953 del expediente administrativo, que estable que se debía

de pagar la suma de US.

$241.685,80 por materia de esas multas y de

arrendamientos, que mi representada, en sí, no estaba de acuerdo, para lo cual

sí ejerció algún tipo, digamos, de actuación en contra, que fue cuando solicitó

al Banco el no pago de la diferencia que, en este caso, la diferencia redunda

en la suma de US.

$68.052,00 que se encuentra en el Banco Improsa y mi representada hizo las

gestiones necesarias para la devolución ante Banco Improsa que, según lo

pudimos ver en la argumentación que dio el Tribunal, también antes del receso,

estas son, pues, actuaciones formales, pero estas actuaciones formales del

Banco, en este caso la fiduciaria, se dieron, las últimas, en el año 2010,

específicamente, según consta en el folio 937 a 938 del expediente administrativo, que

entonces estamos hablando que fue, pues, unos meses antes de la interposición

de la demanda. Entonces, en este caso, para este caso

específico de las multas y las indemnizaciones, se hicieron las gestiones

necesarias para que así, o por lo menos no corriera la caducidad del artículo 40 para

esta pretensión anulatoria.  Entonces, teniendo en cuenta que tenemos

tres pretensiones indemnizatorias que serían: el pago de las mensualidades de

arrendamiento, los interés de ley y los daños por mantenimientos adicionales no

contemplados dentro del contrato o por lo menos fuera de la terminación del contrato,

ocurriría, entonces, que no estamos dentro del supuesto de caducidad, sino de

prescripción del derecho de fondo para este caso, pues no tenemos una norma

específica que establezca cual es el plazo, ya que la Ley de Contratación

Administrativa solamente impone este plazo de prescripción para la Administración Pública

en el artículo 35 que dice […] [14:19:35] O sea, es un articulado

que solamente establece ese plazo prescriptivo para efectos de la Administración Pública,

no así para el administrado; entonces, analógicamente, podríamos utilizar, o en

este caso se podrían establecer dos tesis. La primera de ellas sería la

prescripción de cuatro años que establece la Ley General de la Administración Pública,

específicamente el artículo 198 que está establecido en el Capítulo Primero de la Responsabilidad

Administrativa y, en específico, la Sección Cuarta del

Título Sétimo del Régimen Común de la Responsabilidad

que establece que la prescripción para reclamar daños y perjuicios a la Administración

prescribe en cuatro años. Pero también acá nos encontramos una segunda tesis,

que ya eso sería a criterio del Tribunal la adopción de las mismas, que la

encontramos que se ha establecido jurisprudencialmente, en este caso, la

jurisprudencia tenemos la sentencia 469 de las 15 horas 20 minutos del 7 de

mayo del 2009, que consta del expediente 08-528-1027-CA, en el cual la Sala Primera indicó […]

[14:21:36] Entonces, lo que ha establecido jurisprudencialmente la Sala Primera, es que

se debería de tomar en cuenta, en un equilibrio de las obligaciones y

contraprestaciones que se dan en un contrato administrativo, que si la Administración

cuenta con un plazo prescriptivo de cinco años, así se debería de adoptarse

también para el particular o contratista, para poder reclamar daños y

perjuicios a la

Administración Pública.  Entonces, como lo vemos, el

pago en sí, el último arrendamiento se dio en el mes de mayo del 2006 y la

interposición de la demanda se hizo cuatro años después, en julio del

2010.  En este caso, jurisprudencialmente

aceptable, ha sido que son cinco años la prescripción de la indemnización por

daños y perjuicios del

contratista hacia el particular, entonces estaríamos en tiempo. En cuanto a los

intereses, de la misma forma, porque el pago se hizo en el mes de, en el año

2008 y, entonces, igual, estaríamos hasta dentro del plazo de los cuatro y de

los cinco años. Lo mismo, entonces, sería con la última pretensión

indemnizatoria, que serían los mantenimientos posteriores, que si vemos, esos

mantenimientos posteriores, acabaron hasta en el mes de noviembre del 2007, por

lo que también estaríamos tanto dentro del plazo de los cuatro y cinco años. En

vista de lo anterior, solicito, entonces, en este caso, que la resolución que

adopte el Tribunal, sobre este particular, sea entonces que las pretensiones

que son de carácter meramente indemnizatorias se encuentran presentadas en

tiempo y en el plazo que contempla el ordenamiento jurídico; y las

indemnizaciones anulatorias [sic], pues, que disponga lo que

corresponda en cuanto a los impuestos pagados por mi representada para la

nacionalización de los equipos y, en específico, lo que es la devolución del

dinero por Banco Improsa, siendo que las gestiones también se han presentado

dentro del tiempo que contempla el ordenamiento jurídico, y tenemos unas, pues,

las últimas, resoluciones por parte de la fiduciaria del año 2010, pues que con

eso también se tenga por establecida en tiempo la demanda por esta pretensión.”

(Lo subrayado no es del original).  El Tribunal,

en la resolución que se cuestiona, no. 370, emitida a las 13 horas 51 minutos

del 15 de noviembre de 2012, en lo de interés, dispuso lo siguiente:

“[14:05:50] Presidenta del Tribunal:  Explicado lo anterior [se

refiere a los alegatos de las partes en torno a la posible caducidad de la

acción] y siendo que se requiere hacer una diferenciación y una

especificación respecto de la naturaleza del proceso ante el cual nos

encontramos para efecto de determinar los plazos de caducidad correspondientes,

de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, voy a hacer una breve

explicación respecto de las consideraciones de este Tribunal en ese sentido.

Vale indicar que el Tribunal, a partir de lo establecido o indicado a ustedes

en la audiencia que antecede a esta, pues, ha entrado en un proceso de

deliberación y un análisis detallado de los hechos, del derecho y de las

pretensiones expresadas por la parte actora en la demanda. [14:06.40] Pudimos

determinar que, en efecto, pues, la demanda tiene una conjunción, o una especie

de mezcla, entre diferentes pretensiones y respecto de los hechos y la prueba y

el derecho que se está aportando, pues, este, para nosotros es claro y puede

concluirse que este proceso no es un proceso civil de hacienda puro y simple,

sino que nos encontramos en un proceso ordinario contencioso administrativo,

por las razones que les voy a explicar. [14:07:16] En primer

lugar, debo rescatarles la diferencia, tanto de tratamiento doctrinal, como

normativo, así como procesal, que existe entre los procesos contenciosos

administrativos ordinarios y los civiles de hacienda puros y simples, y que

esta no viene, necesariamente, determinada o dictada por la denominación que

subjetivamente, o que en su apreciación personal, pueda dar, pues, cualquiera

de las partes en el proceso, sino que está referido más que  todo, pues,

al objeto del proceso, que viene dado por las pretensiones y por los hechos que

se ventilan, así como, pues, la causa del mismo que correspondería propiamente

a las pretensiones sobre las que se debate.  En ese sentido, vale rescatar

que el proceso contencioso administrativo tiene por objeto principal la

revisión jurisdiccional de la actuación administrativa y que eso se manifiesta

por medio de una conducta administrativa que puede ser, o que, como ustedes lo

conocen, pues, viene dada por actos formales que es lo que se conoce como los

actos administrativos y también por los actos materiales de la Administración Pública,

que corresponden tanto a sus actuaciones como a sus […] Partiendo de

esta situación, pues este, el principio es que la conducta ejercida por la Administración, y

que va a ser revisada en sede jurisdiccional, contencioso administrativa,

corresponden, pues, a la Administración Pública en el ejercicio de sus

poderes de imperio o de sus facultades administrativas.  En ese sentido,

vale citar, o recordar, reiterar lo establecido en el artículo primero del

Código Procesal Contencioso Administrativo, que indica que el objeto de la

jurisdicción contencioso administrativa, establecida en el artículo 49 de

nuestra  Constitución Pública [sic], es,

precisamente, tutelar las situaciones jurídicas de las personas, restablecer la

legalidad de la conducta administrativa, y conocer y resolver todos los

aspectos relacionados con la relación jurídica-administrativa. [14:09:29] Por

su parte, el proceso civil de hacienda, corresponde a este proceso utilizado

por la

Administración Pública y contra la Administración Pública

para, en primer lugar, dilucidar los aspectos estrictamente patrimoniales de

esta y, es decir, todo lo que se va a discutir aquí no es respecto de la

legalidad o ilegalidad de una actuación administrativa en el ejercicio de sus

potestades de imperio o sus facultades administrativas.  En segundo lugar,

este, se va a discutir obligaciones pecuniarias de la Administración, o

de un administrado a favor de esta, originada en una responsabilidad civil en

su actuación material legítima o ilegítima y, este, que puede causar lesiones o

daños al particular, y que esta es la pretensión típica sobre los daños y

perjuicios correspondientes a una responsabilidad extracontractual. [14:10:22]

Y, finalmente, pues, se aplicaría el proceso civil de hacienda respecto de

la relación, en una relación en la cual es parte una Administración Pública,

pero que corresponde a su facultad o a su faceta de derecho privado; es decir,

en este caso, la

Administración actúa, o se parte de que la Administración

tiene una doble capacidad ya sea en derecho público o en derecho privado; pero

en el civil de hacienda se vería, únicamente, su capacidad en derecho privado;

y es decir, en la cual no estamos hablando de ejercicio de sus facultades

administrativas o públicas, ni tampoco del ejercicio de potestades de imperio y

en el cual debemos partir que, en efecto, la Administración y el

administrado están en un plano de igualdad. [14:11:11] Dicho

esto, tanto la diferenciación y respecto básicamente por qué es que existe esta

diferenciación, pues, vale indicar que de esto, se desprende que en tanto este

Tribunal requiera analizar las diversas facetas de la conducta administrativa

para conceder o denegar una pretensión específica sometida a su conocimiento,

aunque esta, pues, eventualmente, tenga un contenido patrimonial o una

repercusión pecuniaria, este, que se está reclamando contra la Administración Pública

demandada, debe desecharse la posición respecto de que sea un proceso civil de

hacienda puro y simple, pues no se trata solamente de aspectos pecuniarios,

pues debe iniciarse una revisión de todas la facetas o todas las aristas que pueda

tener una conducta administrativa. Entonces, en este proceso, bueno, en los

procesos civiles de hacienda, se parte de que existan aspectos, que el reclamo

de la parte actora corresponda, únicamente, a aspectos patrimoniales, donde no

se discute la legalidad de una conducta administrativa. Entonces, estamos en

un reclamo o un objeto procesal correspondiente a los daños y perjuicios por

una responsabilidad patrimonial extracontractual o de las actuaciones de la Administración en

su capacidad de derecho privado, supuestos en los cuales, evidentemente, pues,

no nos encontramos y, por lo tanto, no se puede compartir, no comparte este

Tribunal la posición de la parte actora respecto de sus alegaciones

correspondientes a este punto. [14:13:00] En segundo lugar, me

permito indicarles que, analizados los hechos y las pretensiones, se concluye

que, en este caso concreto, deben analizarse, incluso,

actos administrativos formales que, bueno, están desglosados debidamente en

los hechos que se tienen por probados en la presente sentencia. También tenemos

actos presuntos por silencio negativo, correspondientes, básicamente, pues, a

lo que se estaba indicando también en los hechos probados; y actuaciones

materiales de la institución demandada que deben ser analizados de previo a

conceder o denegar las peticiones indemnizatorias de la parte actora. Y es

importante indicar que, a pesar de que expresamente no se indique cuáles son

los actos que deben anularse, sí, efectivamente, como les estaba recapitulando,

al folio 18, en la segunda parte de la pretensión, sí se indica que se solicita

la revisión de una actuación administrativa que se considera disconforme con el

ordenamiento jurídico y que aunque no se haya pedido expresamente, son de

pronunciamiento o análisis obligatorio para este Tribunal, en función de las

pretensiones formuladas por la parte actora y, por ello, se puede concluir que

estamos ante un proceso contencioso administrativo ordinario y no ante un

proceso civil de hacienda. Pues, nótese además, que este Tribunal pudo

determinar que, para obtener este resarcimiento que ha sido pedido, respecto de

todas las pretensiones, que todas corresponden, igualmente, pues, a la

ejecución de este contrato que les expliqué en el hecho probado número uno,

pues debe atacarse la actuación administrativa que media en todo. [14:15:00]

El tercer punto, que debo indicarles es que, pues, nada más a manera de

observación, que la jurisdicción contencioso administrativa no está separada

físicamente, o que no existe una división en cuanto a lo que es el conocimiento

de los procesos contencioso administrativos con los civiles de hacienda, aunque

sí, por el objeto de los procesos, deba hacerse esa delimitación, por

una serie de consecuencias jurídicas que corresponde pues analizar en su momento.

[14:15:34] Y, finalmente, y únicamente, para aclarar un punto que ya

habíamos dejado enunciado en la audiencia anterior, corresponde a que,

efectivamente, este es un punto tratado en la audiencia preliminar, pero que,

probablemente esa confusión, o esta resolución en este sentido, de rechazar la

defensa previa de caducidad, pudo deberse a la estructuración o a la redacción

de la demanda, en cuanto a los hechos, fundamento de derecho y pretensiones; y,

porque, además, en la audiencia preliminar se conoce, de forma sumaria, ciertos

asuntos que este Tribunal, pues, tiene obligación sobre ello de pronunciamiento

y que, además, está facultado a llevarlo a cabo de acuerdo con  el

artículo 120 del Código Procesal Contencioso Administrativo. [14:16:37] Y,

pues, como considerando cuarto, y ya correspondiente al fondo, ya vamos a

conocer un análisis respecto a los alegatos de las partes y las pretensiones

concretas de la actora, este, pues, vale indicar que, pues, la parte actora, en

resumen, en sus alegatos indica que tiene cinco pretensiones principales en el

proceso, que son […] que son todas, según nos indica la parte actora, de

índole civil de hacienda, correspondientes a peticiones sobre reparación de

daños y perjuicios causados por la entidad demandada, Japdeva. De manera que, a

su criterio, debe aplicarse el artículo 41 del Código Procesal Contencioso

Administrativo y, por ende, que se determine que el plazo de caducidad

correspondiente a esta acción es el correspondiente a la prescripción del

derecho de fondo, que está establecido en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública;

lo cual no es compartido por este Tribunal, debido a las siguientes razones. En

primer lugar, de la teoría de este caso, y que fue debidamente expresada por la

parte con sus alegatos de apertura, así como de la lectura de la demanda, se

puede determinar que, corresponden todas las pretensiones a aspectos

íntimamente relacionados, directamente relacionados, con la ejecución del

contrato de la licitación pública que fue adjudicataria; es decir, la número

17-98 y, que por tanto, es claro que, de ese análisis integral de este proceso,

pues, en que realidad, lo que se está discutiendo acá es una posible

responsabilidad contractual de Japdeva. No estamos hablando, pues, de un

supuesto de responsabilidad extracontractual, en la cual deban aplicarse los

principios generales de la responsabilidad objetiva extracontractual de la Administración Pública

que, incluso, indica la parte actora en su demanda, correspondiente al artículo

190 de la Ley General

de la

Administración Pública.  En vista de que

no estamos, en ese supuesto, de una responsabilidad extracontractual, cuya

consecuencia es únicamente la reparación de daños y perjuicios, pues debemos

hacer hincapié de que, en realidad, nos encontramos en una posible

responsabilidad contractual, relacionada a la ejecución del contrato indicado.

En segundo lugar, debo indicarles que las pretensiones de la parte actora

implican a este Tribunal, que se  inicie o que se entre a un análisis

de  conductas administrativas correspondientes a estos actos de ejecución

del contrato y que tenemos como hechos probados de acuerdo con la lista que

hemos hecho al inicio. Estas pretensiones implican, en algunos

casos, porque incluso, la anulación de actos formales y, también, de actos

presuntos, como por ejemplo, lo correspondiente al silencio negativo y

actuaciones materiales de la

Administración, como lo correspondiente a los alquileres que,

pues, se consideran […] Para redondear esta idea, es útil hacerles

ver a ustedes lo siguiente, que esta situación es así, de esta forma, porque

este Tribunal no puede entrar a conocer las pretensiones solicitadas por la

parte actora, por ejemplo, al respecto de los alquileres que están al

descubierto o que  consideren están al descubierto, [14:20:35] sin

entrar a analizar concretamente el contenido del contrato administrativo en

cuanto al plazo -el inicio y su final-, así como el pago efectivo del valor

residual, y también  respecto de la inexistencia de los reclamos por parte

de la actora.  En el caso de los intereses sobre el residual, que también

se están reclamando, debe, primero, entrarse a analizar el oficio DIAF 324-2008

de 19 de mayo de 2008; y, pues, esto implica que deba hacerse una consideración

de este acto administrativo en concreto. [14:21:17] En cuanto a las

reparaciones adicionales del

equipo, igualmente, debe analizarse el contenido del contrato administrativo y,

especialmente, lo establecido en la cláusula o el artículo 14 correspondiente

al mantenimiento correctivo y preventivo y las actuaciones de ejecución

correspondientes al contrato en este sentido. En cuanto a la exoneración, por

ejemplo, debe analizarse el oficio DIAF 125-2007 del 26 de marzo de

2007. [14:21:47] Y respecto, finalmente, de las multas indebidas no

puede,  debe iniciarse, pues, un análisis del oficio DIAF 515-2007 del

26 de diciembre del 2007, que dispuso que,

pues,  la empresa actora debía pagar, por  multa, la suma de US. $241.000,00, para hacer, pues, una suma redonda. [14:22:09] Este,

pues, ciertamente de acuerdo como les  vengo

explicando para este Tribunal el objeto de este proceso no es solo una

indemnización de daños y perjuicios; sino que corresponde a la revisión de

conductas administrativas y, pues, que en este caso, vale decir, que algunas no

fueron impugnadas, o no fueron, digamos, objetadas en sede administrativa, sino

que se acudió directamente a esta vía judicial.  Entonces, como les venía diciendo, la parte actora, ya para ir

finalizando con la parte considerativa, la actora contaba con un plazo de un

año para ejercitar su acción judicial en contra de la Administración.

[14:22:55] En este caso, pues,  correspondiente al plazo común,

dispuesto en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

respecto de todas las pretensiones que se desglosaban o que se pedían, que

constan al folio 18 de la demanda, del expediente principal correspondiente,

pues, a la parte de pretensiones de la demanda, de forma que no es correcta la

afirmación de la parte actora de que este plazo de caducidad correspondía, o

podía corresponder, ya sea a cuatro o cinco años, correspondientes al plazo de

prescripción del derecho en materia civil de hacienda, de acuerdo con el

artículo 41, en relación con el 198 de la Ley General de la Administración Pública,

por, correspondiente al reclamo ante la Administración Pública

en materia de contratación administrativa, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 35 de la Ley

de Contratación Administrativa. [14:23:48] Ello porque, no nos encontramos

ante un proceso civil de hacienda puro y simple; y porque, el artículo 35 de la Ley de Contratación

Administrativa se refiere al ejercicio del reclamo directo ante la Administración Pública;

es decir, se […] Administración Pública; siendo que, de manera que si se

viene o si se opta por la vía judicial, pues deben aplicarse los plazos

comunes, establecidos en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso

Administrativo. [14:24:23] Entonces, partiendo de que este

proceso fue interpuesto en fecha 29 de julio del 2010, y que, parcialmente se

comparten los argumentos de la parte demandada, en el sentido de que los plazos

de caducidad se completaron sobre la totalidad de las pretensiones de la

siguiente forma: [14:24:38] En cuanto a los alquileres, pues consta,

folio 12, que tal como lo explica la parte actora, cuando se reclama desde el

día 22 de mayo del 2007 y hasta el 28 de diciembre del 2007; es decir, además

consta que no se hizo ningún reclamo en sede administrativa y, por tanto, pues,

la acción correspondiente a esta pretensión está afectada por la caducidad

desde el día 29 de diciembre de 2008. En cuanto a los intereses sobre el valor

residual de la contratación, consta que, mediante el oficio DIAF 324-2008 del

19 de mayo de 2008, se rechazó la gestión por parte de Japdeva.

Posteriormente, fecha 23 de mayo del mismo año, pues la actora presenta otra

gestión, que indica que no ha sido resuelta formalmente, por lo cual, debe

aplicarse el plazo de dos meses, correspondiente al silencio negativo, tal y como

lo establece el artículo 32 del Código Procesal Contencioso Administrativo;

sea, de esta forma, que desde el 19 de julio de 2009 la acción se encuentra

caduca. En cuanto a las reparaciones adicionales al equipo, pues se tiene, como

un hecho probado, correspondiente al número ocho, que YALE reparó los equipos

desde el 16 de noviembre del año 2006 y hasta el 5 de mayo de 2007. Igualmente,

no consta que exista un reclamo por este rubro ante la Administración; por

lo tanto, el día 5 de mayo de 2008 se encuentra caduca la acción sobre este

punto. En cuanto a la exoneración que se viene reclamando, sobre el pago que

tuvo que realizar la empresa actora respecto de impuestos para la

nacionalización de los equipos, se tiene que el, este oficio, DIAF 125-07, del 26

de marzo de 2007, rechazó la solicitud correspondiente que hizo la empresa

actora; por lo cual, este se tiene que, bueno igualmente se indica que se hizo

el pago correspondiente para efectos de poder obtener, debidamente, el pago más

ágilmente, el pago del valor residual del contrato; por lo cual, se tiene que,

para el día 26 de marzo de 2008, pues, caducó el asunto. […] Finalmente,

respecto de la multas indebidas, o indebidamente cobradas que considera la

parte actora, mediante el oficio DIAF 515-2007 del 26 de diciembre de 2007,

Japdeva indicó a la parte actora que la suma que debía pagar por multa era de

US. $241.685,80. Este acto tampoco fue impugnado en

sede administrativa, por lo cual, aplicando el plazo de caducidad de un año, tendríamos que caducó el día 26 de diciembre del año 2008. En

conclusión, considera este Tribunal que, en función de la naturaleza del

proceso, de las pretensiones planteadas por la parte actora, el elenco fáctico

expuesto por la parte interesada, así como el respaldo probatorio aportado

tanto por la parte actora como por la demandada, el Tribunal, este debe

concluir, que todas las pretensiones planteadas por la parte actora se

encuentran caducas, dado que este, pues, no fueron planteadas para su

conocimiento de esta jurisdicción dentro del plazo correspondiente, un año,

determinado por el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

siendo, entonces, lo correspondiente, declarar la caducidad del proceso y

aplicar lo indicado en el inciso 2 del artículo 120 del Código Procesal

Contencioso Administrativo y, en ese sentido, debe declararse inadmisible,

totalmente, las pretensiones de la parte actora así, como así se declara.”

(Lo subrayado no es del original). A las 14:28:49, la Presidenta del Tribunal indica que el señor juez, David Fallas Redondo, va a

hacer una observación en torno a lo que ha expuesto, antes de proseguir con el

siguiente considerando y con el dictado del

por tanto. A las 14:29:05, del juez Fallas Redondo indica: “Solamente

a título de mayor abundamiento la siguiente acotación.  Uno, en este caso particular, aunque efectivamente hay pretensiones

de naturaleza patrimonial, estamos ante un supuesto en que la antigua Ley

Reguladora denominaba de plena jurisdicción. ¿Por qué?, porque como ya señaló

la señora Presidenta, para poder otorgar, en caso de que así procediera, las

sumas que reclama su representada, don J, pues habría que declarar la

ilegalidad, primero, de las actuaciones administrativas, bien señalaba ahorita

doña K que, hay conductas formales, algunas de tipo material y otras de

naturaleza que, si se quiere, actos presuntos que también son formales por el

silencio negativo. Pero, en este caso en particular, hay un

factor adicional que podemos unir a lo ya expuesto, y es el siguiente. Aún

suponiendo que no se hubieran hecho reclamaciones durante la ejecución del

contrato, cosa que sucede solo con uno de los aspectos reclamados, que era el

relacionado con el arrendamiento, con el pago de las mensualidades, porque en

todos los demás siempre hubo intercambio de oficios y rechazos por parte de la Administración,

incluso uno en particular, que fue el que todavía nos decía don J, no encuentra

un pronunciamiento formal, pero que han transcurrido más de tres años, por lo

que aplicando el silencio negativo está claro que se rechazó el recurso que en

su momento se presentó, aún partiendo de todo eso, hay algo que plantea en su

propia teoría de la parte actora, que es lo que motiva, repito, a mayor

abundamiento, a considerar que más allá de estos plazos específicos, que señala

doña K, hay, por lo menos, uno formal muy claro, a partir del cual no cabe

duda, independientemente, de esto, repito, que está caduca la acción, y es el

momento de que se gira el cheque para poner fin al contrato. Si la relación

contractual finaliza con el pago, y el pago, según lo plantea la propia parte

actora, se hizo mediante cheque que se giró el 24 de marzo de 2008, y todo lo

que se está reclamando es de ejecución contractual y antes de eso se dio la

decisión de compra, por la última que fue en diciembre del 2007, entonces, ese

momento podía, todo lo que se consideraba pendiente por incumplimiento de

contrato, había que reclamarlo a partir de ese momento, una vez que se hace, se

indica vamos a pagar tanto a tal fecha y se hace el pago, ahí tenemos una

conducta formal de la

Administración que es el pago, lo que lo libra ya de sus

relaciones contractuales en teoría y, a partir de ahí, tenemos una conducta

clarísima que si algo quedaba pendiente contaba a partir de ahí la

indemnización, porque ese pago hubiera sido ilegal en el sentido que faltaban

sumas por pagar, habría que revisar ese monto, pero la conducta, mediante la

cual, la Administración

se libera ya de su obligación contractual es, precisamente, el pago, esa conducta

formal, para nosotros, aún si no existieran estas otras que ya señaló doña

Karen, es que tenemos una actuación formal en el año el 2008 que se cumpliría

el 25 de marzo del 2009 para interponer la acción, aplicando los términos del

artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo y no se hizo. Eso es

el aspecto que a mayor abundamiento quería agregar a lo

ya expuesto por la señora Presidenta.” (Lo subrayado es

suplido).

A la luz de lo transcrito en el apartado anterior, esta Sala, al

igual que lo señalaron la parte actora y el Tribunal, determina que, en la

demanda (lo cual fue reiterado en la audiencia preliminar), se formularon tanto

pretensiones de carácter indemnizatorio como

anulatorias. No obstante, esta Cámara, distinto a lo considerado por el A quo

en la resolución que se cuestiona, determina que, entre ellas,

no existe relación alguna. En este sentido, debe indicarse, los ruegos

indemnizatorios (vale decir, que se declare la responsabilidad de la

institución demandada debido al incumplimiento de sus obligaciones

contractuales y que, como consecuencia de ello, se ordene el pago de los daños

y perjuicios ocasionados, consistentes en: 1) el no pago del arrendamiento

durante seis meses de prórroga del contrato administrativo, a pesar de haberse

hecho uso de los portacontenedores comprados a su representada; 2) el pago de

los intereses legales,  correspondientes a los días de retraso, desde el

comunicado formal de la decisión de compra hasta la fecha en que se hizo

efectivo el pago correspondiente al valor residual; y 3) los daños sufridos al

dársele mantenimiento adicional a los portacontenedores que no estaban

contemplados contractualmente, los cuales se debieron al mal uso o uso indebido

por parte de Japdeva), no derivan, o son consecuencia, de los anulatorios

(donde se solicita se declare contrarias a derecho las actuaciones de la

demandada que provocaron el pago indebido de sumas; en específico los montos

correspondientes al 1% del impuesto según Ley No. 6946 y 13% de Impuesto de Ventas

del valor residual del contrato administrativo. Además, por

el cobro de montos que no le correspondían contractualmente. Así como $68.052,47 por concepto de

pago en exceso como consecuencia a las multas

que efectivamente debía pagar la empresa actora por atrasos durante la vigencia

del contrato

en el mantenimiento preventivo y correctivo). Por ello, este órgano juridicial

estima que se está ante una indebida acumulación de pretensiones (artículo 45

del CPCA, interpretado a contrario sensu), pues, al tener diferente objeto y

causa (en la indemnizatorias, se busca el resarcimiento de daños debido a la

supuesta falta de pago de sumas adeudadas en la ejecución del contrato;

mientras que, en las anulatorias, se solicita la anulación de actuaciones

administrativas ante cobros que se consideran indebidos; se reitera, sin

conexión alguna entre ellas) –principio derivado de lo previsto en el numeral

41 del Código Procesal Civil- resultan incompatibles entre sí. En consecuencia,

el Juez Tramitador o el Tribunal de juicio debieron desacumularlas –precepto 45

inciso 2 del

CPCA-, lo cual no hicieron.  No obstante, según se determina de lo

argumentado en el recurso de casación formulado, el casacionista limita su

inconformidad a lo resuelto en torno a las

pretensiones indemnizatorias.  Por ende, lo resuelto en

torno a las anulatorias adquirió firmeza. Ergo, el

agravio será analizado, únicamente, respecto a dichos ruegos.

Dentro de esta línea

de pensamiento, esta Sala, de manera reiterada, ha señalado que el articulo 2

del CPCA retoma la denominada “unificación de vías” de la jurisdicción

contencioso administrativa y civil de hacienda, la cual implica la capacidad y

competencia del Juez en esta materia, para conocer tanto de los conflictos

públicos de la

Administración Pública como de los privados, en la medida en

que se ejercite en su esfera privada de actuación. Precisamente, es esa la

razón del

porqué esta jurisdicción se denomina “Contencioso Administrativa y Civil de

Hacienda”. En este sentido, pueden consultarse, entre otras, las resoluciones

de este órgano judicial números 733-F-S1-2008 de las 11 horas 30 minutos del 31

de octubre de 2008; 995-C-S1-2011 de las 9 horas 10 minutos y 1047-C-2011 de

las 11 horas, ambas del 23 mes de agosto de 2011.  También ha señalado

que, con la nueva legislación procesal, se mantiene la tradicional

clasificación tripartita de los procesos que pueden interponerse en esta

jurisdicción, a saber: 1) anulación pura; 2) plena jurisdicción y 3) civiles de

hacienda.  Al respecto, pueden consultarse, mutatis mutandis, las

resoluciones números  733 de las 11 horas 30 minutos del 31 de octubre de

2008, 469 de las 15 horas 20 minutos del 7 de mayo de 2009 y 185 de las 8 horas

55 minutos del 3 de marzo de 2011. En este orden de

ideas, ha dispuesto que, en los procesos civiles de hacienda, se deducen

pretensiones de tipo indemnizatorio, en donde lo solicitado se circunscribe a

aspectos patrimoniales. A ruegos relacionados con la responsabilidad civil

contractual –incumplimiento, resolución y efectos de los contratos

administrativos- y extracontractual de la Administración Pública,

el dominio, la posesión y la titularidad de inmuebles, cobro judicial y

expropiaciones. Al respecto, pueden consultarse, en lo que es aplicable, las

sentencias no. 50 de las 14 horas 50 minutos del 29 de mayo de 1996, 66 de las

15 horas 45 minutos del 23 de julio de 1997, 469 de las 15 horas 20 minutos del

7 de mayo de 2009 y 185 de las 8 horas 55 minutos del 3 de marzo de 2011.

Acorde con las

transcripciones efectuadas en el apartado IV de esta sentencia, el Tribunal, en

la audiencia del juicio oral, verificada los días 9  y

15 de noviembre de 2011, es claro al indicar que las pretensiones deducidas por

la parte actora están relacionadas, directamente, con la ejecución del contrato

emanado de la licitación pública de que fue adjudicataria la empresa actora; es

decir, la número 17-98. Por tanto, lo que se está discutiendo es una posible

responsabilidad contractual debido a la ejecución de ese

convenio. Ergo, conforme se indicó en el considerando anterior, y

distinto a lo afirmado por las juzgadoras y el juzgador, tales pretensiones son

típicas de un proceso civil de hacienda.  Además,

como

también lo señaló el Tribunal en la resolución que se impugna, la parte actora

no solicitó, para dichos ruegos, la nulidad de acto administrativo alguno. En

todo caso y, de igual manera, diferente a lo dispuesto en la resolución

cuestionada, al amparo de lo preceptuado en el artículo 38 inciso 2) del CPCA, la empresa demandante no tenía obligación de

impugnar la actuación administrativa (formal o por acto presunto), en el caso

de que hubiese decidido agotar la vía administrativa, en sus pedimentos

indemnizatorios. En consecuencia, al estarse ante un proceso civil de hacienda

–no de plena jurisdicción-, pues el objeto de debate (materia contractual) así

lo impone (canon 2 inciso a) ibídem), se determina que no resulta aplicable el

plazo de caducidad para formalizar la demanda, previsto en el artículo 39 íbid;

sino el de prescripción, dispuesto en el numeral 41 inciso 1) ejúsdem, el cual

preceptúa: “El plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que

disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo

derecho de fondo que se discute en los siguientes supuestos:/

En

materia civil de Hacienda. …”. La normativa de fondo aplicable a este proceso, en virtud de alegarse una responsabilidad

contractual, es la contenida en la

Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento. Como se ha indicado, en este

proceso la sociedad actora pretende se le resarzan los daños y perjuicios que

dice se le infligieron como consecuencia de la

ejecución del

contrato que la unía con el ente demandado. No obstante, la LCA no regula en qué plazo

prescribe el derecho del constratista para reclamar esa

indemnización. El artículo 35 de ese cuerpo legal

dispone una situación inversa: cuando la Administración es

quien hace el reclamo. Al efecto dispone: “Prescripción de la

responsabilidad del

contratista.  En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de

reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en

el incumplimiento de sus obligaciones.  Si se trata de obras públicas, el

término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de

diez años, contados a partir de la entrega de la obra.”,

en iguales términos está redactado el canon 38 del Reglamento. En consecuencia, en virtud

de una integración analógica, y en consideración de los principios de igualdad

en las cargas contractuales y equilibrio de intereses, los cuales deben privar

en las relaciones convencionales entre el Estado y el particular, es posible

concluir que si la

Administración cuenta con cinco años para cobrarle al

contratista el resarcimiento originado en el incumplimiento contractual, es

lógico se aplique igual plazo cuando el administrado es quien lo solicita. Por

consiguiente, la disposición en comentario resulta aplicable a un supuesto como

el analizado en esta lite. Es decir, el plazo de prescripción

para que el contratante reclame el pago de los daños y perjuicios es de cinco

años. Al respecto, pueden consultarse, mutatis mutandis, las sentencias

de esta Sala nos. 469 de las 15 horas 20 minutos del 7 de mayo de 2009 y 185 de

las 8 horas 55 minutos del 3 de marzo de 2011. El Tribunal aplicó indebidamente

el plazo de caducidad, previsto en el artículo 39 del CPCA, al considerar que este proceso era de

naturaleza contencioso administrativa; cuando, como

se indicó, es un civil de hacienda y, en consecuencia, lo pertinente era actuar

la disposición 41 inciso 1 del

CPCA. Por ende, resulta atendible el reparo del casacionsita.

Además, acorde con el hecho probado mencionado a las 13:56:08 del acta de

grabación de la audiencia celebrada el 15 de noviembre de 2011, “El plazo

contractual finalizó en mayo de 2007”; motivo por el cual, al momento de interponerse el

proceso, el 29 de julio de 2010, no había transcurrido el plazo para que

operara la prescripción.

En mérito de las

razones expuestas, débese acoger el recurso interpuesto y anularse lo resuelto

en la audiencia del

juicio oral celebrada el 15 de noviembre de 2011, en cuanto se declaró de

oficio la caducidad del

plazo para interponer el proceso. Por ende, se ordenará devolver el expediente

al Tribunal de procedencia para que continúe con dicha audiencia y se

resuelvan, conforme a derecho, las alegadas pretensiones indemnizatorias.