Resolución 00133-2021

Según los hechos de la demanda, los actores, Ronny Solís Ugalde, Ruth Ugalde Murillo, La Choza de Laurel de la Fortuna S.A. e Inversiones Solís Ugalde S.A., conforman una unidad económica, cuyos ingresos provienen de los restaurantes “La Choza de Laurel”, uno ubicado en Liberia y otro en La Fortuna de San Carlos. Suscribieron cuatro contratos de crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (en lo sucesivo BPDC, Banco), los cuales, en síntesis, solicitan sean anulados, a raíz de una serie de violaciones a sus derechos como consumidores. Demandaron al BPDC y al señor David Corrales Arias, planteando, como pretensiones principales: "1.- Que se declare la Nulidad de las operaciones crediticias N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4 y N° 025-053-534495-7, por:// a) El otorgamiento de los créditos sin capacidad de pago del deudor. // b) El otorgamiento de los créditos sin protección al interés económico.// e) Vicios en el consentimiento, induciendo a error, por falta de información clara, en lenguaje sencillo, oportuna, que le permita al consumidor el entendimiento de lo que está firmando y de lo que se está comprometiendo a cumplir, y por ende a ejercer el derecho de libre elección. //

Que se declare la nulidad de las garantías hipotecarias, ya que lo accesorio, sigue la suerte de lo principal, sobre los siguientes bienes inmuebles: a) Propiedad inscrita al partido de Alajuela folio real 409271-000 // b) Propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 403653-000. e) Propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 242321-000. // d) Propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 360890-000. // e) Propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 360891-000. //

Que se declare la ineficacia de las obligaciones contenidas en las operaciones de crédito N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, por indeterminabilidad de la obligación al amparo de los artículos 630 y 631 del Código Civil, por carecer de tasa techo o ser la misma inalcanzable. //

Que se declare la ineficacia de las obligaciones contenidas en las operaciones de crédito N° 25-17-534459-4 y N° 025-053-534495-7, por indeterminabilidad de la obligación al amparo de los artículos 630 y 631 del Código Civil, por no establecer el factor fijo y el factor de variabilidad de la tasa. //

Nulidad del proceso de convenio colectivo, tramitado ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del segundo Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos, expediente N° 09-100946-0297-CI, por basarse en cuatro obligaciones viciadas de nulidad absoluta, por prácticas y cláusulas abusivas, y con obligaciones indeterminables.- //6. Que se ordene limpiar el nombre ante la SUGEF y entidades financieras”. Como pretensiones subsidiarias solicitaron lo siguiente: "1. Que se declare la resolución de los acuerdos de préstamos de dinero mercantil, de las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N°25-17-534459-4, No 025-053-534495-7, por excesiva onerosidad sobreviniente, a raíz de la crisis financiera y falta de protección del interés económico del consumidor.//

Que se declare la extinción de las obligaciones operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4, N° 025-053-534495-7, y liberación de los deudores, por imposibilidad de cumplimiento, a raíz de la crisis financiera y falta de protección del interés económico del consumidor.//

Que se declare la nulidad absoluta de las cláusulas de tasa piso de todos los contratos de préstamo mercantil, mediante las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4 Y N° 025-053-534495-7.//

Que se declare la nulidad absoluta de las cláusulas relacionadas directamente con los intereses corrientes de puntos fijos superiores a 2 puntos porcentuales adicionales a la tasa referenciada con factor variable.//

Que se declare la nulidad absoluta de la tasa escalonada de la operación N° 006-075-647101-8.//

Que se declare la nulidad absoluta de las cláusulas de vencimiento anticipado por atraso en el pago de cuotas, de las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4 y N° 025-053-534495-7.//

Que se declare la nulidad absoluta de las cláusulas en contratos de préstamo mercantil, en escrituras públicas con garantía hipotecaria, que mencionen el cobro de gastos de formalización, honorarios de abogados, honorarios de peritos, honorarios de notarios públicos e inscripciones registrables sin la información del porcentaje, monto correspondiente y sin factura, de las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4 y N° 025-053-534495-7.//

Que se declare la nulidad absoluta de las garantías hipotecarias excesivas que pesan sobre las propiedades, en las líneas abiertas de crédito://a. Hipoteca en segundo grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 403653-000.// b. Hipoteca en segundo grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 24 2321-000.// c. Hipoteca en primer grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 360890-000.// d. Hipoteca en primer grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 360891-000.// g, Que se declare la nulidad absoluta de las cláusulas en los contratos de préstamo mercantil, escrituras públicas con garantía hipotecaria, que generen renuncias del usuario al domicilio, a la disponibilidad de su propiedad privada, a la notificación de cesión de derechos del acreedor, a la cesión de derechos del deudor y a la imputación o requerimientos de pagos, de las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4 y N° 025-053-534495-7”. Formularon las siguientes pretensiones por concepto de daño material, perjuicios y daño moral: "PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS POR DAÑO MATERIAL.

Que se condene al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según los montos que indique el informe pericial, para la devolución del dinero obtenido mediante las siguientes cláusulas y/o prácticas abusivas:// A. La devolución del dinero cobrado en exceso a partir de 2 puntos porcentuales fijos sobre la tasa referenciada, por cada operación de crédito afectada, por la suma aproximada de 9.786.028, 59 colones, según avalúo pericial.// B. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la cláusula de tasa piso, por cada operación de crédito afectada, por la suma aproximada de 7.110.967,56 colones, según avalúo pericial. C. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la tasa escalonada, por la suma que indique el informe pericial.// D. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la diferencia entre la tasa aplicada y la tasa referenciada el día del pago, por la suma aproximada de 26.494.465,89 colones, según informe pericial.// E. La devolución del dinero pagado sin la debida información al consumidor y sin factura, sobre los montos de honorarios de notario público, inscripción registral y peritaje de las operaciones de crédito dadas en dichas condiciones, por la suma que indique el informe pericial. //2.- El pago que la entidad bancaria le debe a la parte deudora, por la aplicación de la variación hasta 20 puntos porcentuales inferior a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, en las operaciones N° 025-053-534495-7 y N° 25-17-534459-4, según avalúo pericial. PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS POR PERJUICIOS. Que se condene al Banco Popular y de Desarrollo Comunal a pagar los intereses legales. PRETENSIONES POR DAÑO MORAL.

Que se condene al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al pago de daño moral por la suma de ¢35.000.000 de colones por el sufrimiento humano que generaron los créditos sin capacidad de pago, sin información completa y en lenguaje sencillo y con cláusulas abusivas a favor de Ronny Solís Ugalde y Ruth Ugalde Murillo, en partes iguales.

Que se condene a David Corrales Arias, al pago de daño moral, por la suma de 5.000.000 de colones, por hacer un análisis de capacidad de pago, sin cumplir con la normativa vigente, dando lugar a un crédito que no se puede pagar desde diciembre del año 2009, poniendo en riesgo los intereses económicos de la parte deudora, a favor de Ronny Solís Ugalde y Ruth Ugalde Murillo, en partes iguales, generando un estado de tensión, estrés y sufrimiento humano”. Solicitaron se condene a los demandados al pago de ambas costas del proceso.

El Banco contestó negativamente, y planteó las excepciones de falta de derecho, falta de interés, falta de legitimación en sus dos modalidades, y acto no susceptible de impugnación. El codemandado Corrales Arias se opuso a la demanda y formuló defensas de falta de derecho, falta de interés y acto no susceptible de impugnación (acogida en lo interlocutorio respecto de la pretensión principal 5). El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VIII, mediante sentencia no. 81-2018 de las 08 horas 10 minutos del 05 de setiembre de 2018, dispuso: “Se rechazan las excepciones de falta de interés, falta de legitimación activa y pasiva, y se acogen las excepciones de falta de derecho alegadas por los codemandados.- Se declara sin lugar la presente demanda en todos sus extremos.- Son las costas procesales y personales a cargo de los demandantes, más los respectivos intereses que éstas generen desde la firmeza de esta resolución hasta su efectivo pago”. Inconforme con lo resuelto, la parte actora formula recurso de casación. De previo al análisis de las censuras aducidas, se aclara que toda referencia al Código Procesal Civil (CPC) deberá ser entendida con respecto a la Ley no. 7130 de 1989, por ser esa la normativa vigente al momento cuando fue dictada la sentencia impugnada.

En el primer agravio refiere, la primera pretensión de la demanda consiste en la nulidad de las operaciones de crédito, por haber sido otorgadas sin capacidad de pago del deudor. Sostiene, para poder determinar si la capacidad de pago fue correctamente analizada por parte del Analista del Crédito del Banco y correctamente aprobada por parte del Comité de Crédito, el juzgador debe verificar: a) Normativa de capacidad de pago en el año 2006 y en el año 2008; b) El ingreso mensual promedio de cada deudor; y c) El monto de la cuota mensual para cada deudor. Apunta, la normativa de capacidad de pago vigente a la fecha cuando se otorgaron los primeros dos créditos era el Acuerdo SUGEF 1-05, Reglamento para la Calificación de Deudores (aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 7, del Acta de la Sesión 540-2005, celebrada el 24 de noviembre de 2005 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 238, del viernes 9 de diciembre de 2005, con rige a partir del 09 de octubre del 2006), cuyos artículos 3 y 7 estima inaplicados por el Tribunal. Añade, los Lineamientos Generales SUGEF-A-001 emitidos en el Despacho del Superintendente General de Entidades Financieras, a las 15 horas del 25 de noviembre de 2005, indican: "

Que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante el Artículo 7 de la Sesión 540 del 24 de noviembre del 2005 aprobó el Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05.

Que de conformidad con el Artículo 6 del Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05, le corresponde al Superintendente emitir los Lineamientos Generales para la Aplicación del Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05.

Que para este efecto los Lineamientos Generales deben definir los aspectos necesarios para la aplicación del Reglamento 1-05 según lo establecido en esa normativa.

Que de conformidad con el Artículo 131, inciso b) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley #7558) corresponde al Superintendente tomar las medidas necesarias para ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de Supervisión. Por tanto, dispone: Emitir los "Lineamientos Generales para la Aplicación del Reglamento para la Calificación de Deudores, Acuerdo SUGEF 1-05", de conformidad con el siguiente texto: ACUERDO DEL SUPERINTENDENTE SUGEF-A-001 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE DEUDORES." "ACUERDO DEL SUPERINTENDENTE SUGEF-A-O01 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE DEUDORES ACUERDO SUGEF-1- 05 Objetivo general: Determinar aspectos generales que deberán observar las entidades financieras en la evaluación de la capacidad de pago y del comportamiento de pago histórico de sus deudores, así como en la evaluación de la calidad de las garantías como mitigadores de riesgo crediticio." "I ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO (deudores del Grupo

A. Flujos de caja proyectados y análisis de la situación financiera (persona jurídica) Objetivo: Determinar la capacidad financiera del deudor y la estabilidad de la fuente primaria de reembolso para hacer frente a sus obligaciones financieras en el futuro, tomando en cuenta la calidad y oportunidad de la información disponible." "2. Análisis de la situación financiera Se debe evaluar la situación financiera del deudor al menos durante los últimos tres años (o a partir de la constitución de la persona jurídica, cuando ésta tenga una antigüedad menor a tres años), considerando al menos indicadores financieros de liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Asimismo, debe realizarse un análisis del estado de cambio con base en efectivo”. Reprocha, acerca del Informe de Capacidad de Pago del Deudor, hubo varias opiniones técnicas que los juzgadores no tomaron en cuenta, a saber: i.- Observaciones del Crédito a nombre de La Choza de Laurel de la Fortuna S.A., por parte de Guiselle Tatiana Norton Chaves, analista de crédito del BPDC, visibles a folios del 146 al 150 del expediente judicial, donde se señala: *Punto 13: Que la razón capital de trabajo pasaría a ser de ¢2.212.941 y no de ¢7.512.560, como está de forma errónea en el informe de crédito. *Punto 14: Respecto a las razones financieras, el endeudamiento total proyectado con el crédito pasaría al 87.76%, el cual es muy alto. * Puntos 15 y 18: la sensibilización se hizo con 8,25% y no con 10% como corresponde. * Punto 16: la proyección de ingresos en el informe de crédito es por la suma anual de ¢395.056.258, cuando en la realidad los ingresos anuales son de ¢225.425.412. ii.- El perito judicial en su informe escrito acotó: "6-Análisis sobre capacidad de pago del deudor por cada operación de crédito vigente, en el proceso de seguimiento y actualmente. Al revisar el procedimiento llevado a cabo por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en las cuatro operaciones nos encontramos ante situaciones que nos preocupa, pues pueden incidir en el otorgamiento de un crédito sin que el solicitante cumpla con los requerimientos para que le pueda hacer frente y cumplir con los pagos de las cuotas presentes y futuras es decir se puede dar el no cumplimiento del pago por el deudor. Entre los procesos que nos encontramos están los siguientes:

Falta de análisis de la situación financiera y flujos de caja o efectivo esperados, por parte del Banco Popular para que se pueda razonar sobre una certeza de estabilidad y generar ganancias e ingresos que les respalde el cumplimiento de las deudas.

Falta de análisis de la solvencia financiera de la empresa en cuanto o la aplicación de las razones financieras para determinar los índices como los de liquidez y de solvencia, así como aplicar otros indicadores, que son usados con frecuencia en la revisión y análisis de capacidad de pago a los solicitantes de créditos.

Se han basado en proyecciones muy escuetas y poco fiables pues son estadísticas de tan solo cinco meses, creemos que estos datos no brindaran un dato razonable y fidedigno. Si la empresa tiene movimientos desde el año 1990, hubiera sido de mayor robustez ampliar más el ámbito de revisión para tener un criterio más claro y omitir una opinión más objetiva. 4.-El análisis financiero tiene que ser profundo, amplio y riguroso, entre más datos se examinen el resultado va a permitir mejor criterio para resolver. En ese sentido las proyecciones de flujo son muy cortos en tiempo, de tal forma si los créditos son a un plazo de 15 años se debería ampliar el rango del flujo de efectivo mínimo a la mitad de estos periodos es decir 7 u 8 años, pero no es prudente hacerlo para un 25% del período o plazo de la operación.

Aunque la empresa, es dueña y responsable de emitir y dar a conocer la información financiera, no puede el Banco obviar ser altamente crítico y riguroso al momento de aplicar el análisis, castigar el proyecto y ser objetivo, más bien se debe asegurar que la información presentada por el solicitante de crédito es confiable, real y sustentable, porque esta información es la base para identificar si el cliente tiene solvencia económica. 7- ¿Cuál es el monto mensual que se encuentra dentro de la capacidad de pago al día del análisis? Cuando se prepara un análisis de capacidad de pago, se debe demostrar por parte del interesado que tiene un ingreso libre, líquido o neto que soporta el pago de la cuota, constituida por el pago o amortización al principal y sus intereses. Para ello la cuota debe representar el 30% de este ingreso. 8- ¿Cuál es el monto de capital que se encuentra dentro de la capacidad de pago al día del análisis? Si la capacidad de pago es el ingreso líquido que se tiene y la cuota representa el 30% de este ingreso líquido, el monto capital es el 70% de ingreso liquido de su capacidad de pago”. Reclama, los ingresos mensuales de cada uno de los tres deudores, al momento de la constitución del crédito, se encuentran certificados por contador público autorizado, por medio de estados financieros, flujos de caja y certificación de ingresos, todos los cuales fueron preteridos por el Tribunal:

OPERACIÓN

DEUDOR

MONTO

FECHA

UTILIDAD NETA

PROMEDIO POR

MES

PRUEBA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

06-37-647103-0

Choza del Laurel

¢10.000.000

09-11-2006

¢5.891.526

Estados financieros

2004 y 2005 en el

tomo II

06-075-647101-8

Choza del Laurel

¢249.000.000

09-11-2006

¢5.891.526

Igual que el anterior

0250175344594

Inversiones Solís U.

¢54.000.000

02-09-2008

¢9.956.858

Flujo de caja 2008,

folio 2

0250535344957

Ronny Solís Ugalde

¢14.000.000

02-09-2008

¢2.436.438,17

Folio 66, tomo I

Acusa, también pretirió el Tribunal los montos de las cuotas mensuales que fueron acreditadas con los historiales de pago de cada operación de crédito:

OPERACIÓN

MONTO

FECHA

CUOTA MENSUAL

PRUEBA EXPEDIENTE JUDICIAL DIGITALIZADO

06-37-647103-0

¢10.000.000

09-11-2006

¢131.830,99

Folio 16 y 247

06-075-647101-8

¢249.000.000

09-11-2006

¢3.436.833,77

Folio 27 v 248

0250175344594

¢54.000.000

02-09-2008

¢897.972,40

Folio 33

0250535344957

¢14.000.000

02-09-2008

¢247.496,40

Folio 31

TOTAL

¢4.714.133,56

Concluye, de la prueba documental y la normativa especial citadas, se determina que, de los tres deudores, dos tenían capacidad de pago y el otro quedaba muy ajustado y comprometido, porque el nivel de endeudamiento era muy alto:

OPERACIÓN

DEUDOR

INGRESO NETO

POR MES

CUOTA

MENSUAL

PORCENTAJE

CAPACIDAD DE PAGO DEL

30%

06-37-647103-0 +

06-075-647101-8

Choza del Laurel

¢5.891.526

¢131.830,99 +

¢3.436.833,77=

3.568.664,76

60%

Endeudamiento es muy alto, que compromete otras obligaciones de la empresa (impuestos de patentes, impuestos de bienes inmuebles, etc.)

0250175344594

Inversiones Solís U.

¢9.956.858

¢897.972,40

9%

Si tiene

0250535344957

Ronny Solís Ugalde

¢2.436.438,17

¢247.496,40

10%

Si tiene

Sintetiza, sin tomar en cuenta la normativa vigente en materia de capacidad de pago al momento de la constitución de cada crédito, los ingresos promedios mensuales de cada uno de los tres deudores y el monto de cada cuota mensual, lo externado por la funcionaria Guiselle Tatiana Norton Chaves y por el perito judicial, con un fundamento muy pobre la sentencia considera que los créditos fueron aprobados con capacidad de pago del deudor, porque los comités de crédito superiores avalaron los contratos de préstamo de dinero.

Al margen de si la demostración fehaciente de la capacidad de pago del deudor es un asunto que -en exclusiva- le corresponde a él demostrar al momento de solicitar el crédito, o, bien, si la responsabilidad de determinar ese aspecto se traslada a la entidad financiera -dando pie entonces a la posibilidad de anular un crédito en caso de incumplimiento de esa obligación en perjuicio del tomador- (aspecto sobre el cual no se emite criterio por innecesario), por la forma como fue expuesto el reclamo de análisis, éste habrá de ser rechazado. En lo referente a los créditos nos. 0250175344594 y 0250535344957, nótese que la propia casacionista en su recurso reconoce que los deudores Inversiones Solís U. y Ronny Solís Ugalde, respectivamente, sí tenían capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones, con lo cual, se desvirtúa el motivo de agravio aducido respecto de dichos contratos. Ahora, en lo tocante a las operaciones de crédito nos. 06-37-647103-0 y 06-075-647101-8, aún y cuando se admitiese la tesis de la recurrente en cuanto a que la determinación de la capacidad de pago era responsabilidad exclusiva del ente bancario -y que tal obligación fue incumplida por el demandado-, sus reclamos resultan inertes. Aduce que existieron opiniones técnicas que refutaban el Informe de Capacidad de Pago realizado en su caso, y que fueron preteridas por el Tribunal. La primera, las observaciones realizadas por parte de la analista de crédito del BPDC, Guiselle Tatiana Norton Chaves: “Punto 13: Que la razón capital de trabajo pasaría a ser de ¢2.212.941 y no de ¢7.512.560, como está de forma errónea en el informe de crédito. *Punto 14: Respecto a las razones financieras, el endeudamiento total proyectado con el crédito pasaría al 87.76%, el cual es muy alto. * Puntos 15 y 18: la sensibilización se hizo con 8,25% y no con 10% como corresponde. * Punto 16: la proyección de ingresos en el informe de crédito es por la suma anual de ¢395.056.258, cuando en la realidad los ingresos anuales son de ¢225.425.412”. La recurrente se limita a aducir que el Tribunal omitió valorar tales observaciones, pero no precisa ni analiza la forma cómo, en el caso concreto, dichos puntos técnicos, valorados en conjunto, y con las tablas de ingreso neto mensual, cuota mensual y porcentaje de endeudamiento que expone, incidían en la verdadera capacidad de pago de La Choza de Laurel S.A. y cómo a partir de ellos se determina que el Banco erró en esa valoración, y por qué entonces el otorgamiento de ese crédito se realizó en contravención de la normativa de SUGEF que se acusa infringida. La exposición de un examen preciso, circunstanciado y detallado en cuanto a esos aspectos se tornaba imperiosa, más aún cuando se advierte que el propio agravio contiene datos que no coinciden entre sí y que no permiten por sí mismos arribar a la conclusión pretendida por la promovente. Por ejemplo, nótese que, en el punto 14 citado, la analista de crédito indicó que el endeudamiento total del proyecto con el préstamo era de un 87.76%, el cual catalogó como alto, mientras que en las tablas expuestas por la recurrente se indica que el nivel de endeudamiento de La Choza de Laurel S.A. fue de un 60%, lo cual es considerablemente más bajo que el referido por la señora Norton Chaves. La recurrente omite explicar, de acuerdo a la técnica y a la normativa citada, por qué aún ese nivel de endeudamiento seguía siendo alto (según su tesis) y era sinónimo de una incapacidad de pago que tanto el Banco como el Tribunal debieron apreciar. Ahora, en lo tocante al peritaje, al Contador Público designado se le solicitó un análisis de la capacidad de pago del deudor por cada operación de crédito vigente, en el proceso de seguimiento y actualmente. El perito indicó que en las cuatro operaciones de crédito encontró situaciones preocupantes que pueden incidir en el otorgamiento de un crédito, puesto que pueden implicar que el solicitante no reúna los requisitos para hacerle frente y termine incumpliendo con el pago. En el acápite sexto enumeró cinco presuntas irregularidades en el proceso de análisis de la capacidad de pago (supra transcritas), no obstante, se advierte que, contrario a aquello sobre lo cual se le solicitó rendir su pericia, sus aseveraciones son genéricas, sin referirse a la determinación de la capacidad de pago de los deudores de cada una de las cuatro operaciones de crédito (en el proceso de seguimiento y en la actualidad), y sin explicar con fundamentó en qué datos, fuentes, o documentación emitió su criterio sobre el particular. Luego, en los apartados 7 y 8, respectivamente, se refirió a ¿cuál es el monto mensual que se encuentra dentro de la capacidad de pago al día del análisis? y ¿cuál es el monto de capital que se encuentra dentro de la capacidad de pago al día del análisis? En el mismo sentido apuntado, el perito se limita a afirmar que la cuota mensual debe representar el 30% del ingreso neto del solicitante del crédito, y que el monto del capital es el 70% del ingreso líquido de su capacidad de pago, pero ello no dice nada acerca del caso concreto y de aquello sobre lo cual se le pidió rendir criterio pericial (por ejemplo, se le requiere indicar montos mensuales al día del análisis, más responde indicando porcentajes, sin referirse a ninguna operación de crédito en particular). En lo que al agravio interesa, el peritaje por sí mismo no acredita la incapacidad de pago de La Choza de Laurel S.A. y la no apreciación de esa circunstancia por parte del Banco, puesto que, según se observa, el informe no profundiza en un análisis concreto de ese aspecto, tomando en consideración el perfil del deudor y el contrato de préstamo en específico. Por consiguiente, al no evidenciarse los yerros valorativos acusados, se denegará el reproche aducido.

En la segunda censura recrimina: i.- Preterición de la prueba documental sobre el histórico de pagos de la operación de crédito no. 006-075-647101-8. ii.- Preterición de las declaraciones de renta y los estados financieros de La Choza de Laurel S.A. y de Inversiones Solís Ugalde S.A. iii.- El Tribunal tuvo por demostrado que el deudor adquirió otro crédito por ¢950.000.000 sin prueba documental que lo respalde. iv.- El Tribunal consideró que dicho crédito afectó la capacidad de pago del deudor, lo cual corresponde a una presunción humana errónea, por no ser consecuencia directa de un hecho comprobado, lo que vulnera el artículo 417 del Código Procesal Civil. v.- Inaplicación del artículo 1189 del Código Civil. Apunta, demandó la resolución del contrato de crédito no. 006-075-647101-8 por excesiva onerosidad sobreviniente. Acerca de esta figura, transcribe una cita doctrinal y un extracto de la sentencia no. 509-1994 del Tribunal Segundo Civil, Sección

Señala, a folio 248 del expediente judicial se puede visualizar el histórico de pagos de dicha operación de crédito, certificado por parte de un funcionario del BPDC, donde se observan los 32 pagos realizados por parte del deudor. En esa documentación, acota, puede verse que: a) La tasa de interés corriente en la primera cuota mensual era de 14,25% y subió al 15%, es decir, que no hubo un alza desproporcionada de la tasa de interés corriente. b) Que el deudor pagó las cuotas de noviembre y diciembre del año 2006 en tiempo y forma. c) Que el deudor pagó las cuotas mensuales de enero a diciembre del año 2007 en tiempo y forma. d) Que el deudor pagó las cuotas mensuales de enero a diciembre del año 2008 en tiempo y forma. e) Que en el mes de diciembre de 2008, el deudor pagó la cuota correspondiente a ese mes y adelantó el pago de dos cuotas para el año 2009, lo cual era lógico por ser temporada alta para el sector turístico. f) Que las cuotas del año 2009, fueron canceladas de la siguiente forma:

FECHA DE PAGO

MES QUE SE DEBE APLICAR

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

23-12-2008

Enero 2009

Al día

30-12-2008

Febrero 2009

Al día

31-01-2009

Marzo 2009

Al día

06-03-2009

Abril 2009

Al día

31-03-2009

Mayo 2009

Al día

30-04-2009

Junio 2009

Al día

19-07-2009

Julio 2009

Al día

04-08-2009

Agosto 2009

Al día

30-09-2009

Setiembre 2009

Al día

30-09-2009

Octubre 2009

No reconoce que corresponda el pago al mes de octubre y pone con concepto de “arreglo”

No hubo pago

Un mes de mora: noviembre 2009

30-12-2009

Noviembre 2009

Un mes de mora: diciembre 2009

g) Que hubo un cambio de circunstancia en el mes de setiembre que impidió que el deudor pagara la siguiente cuota y no se pudo levantar. Aduce, el 04 de setiembre de 2009, el crédito se encontraba totalmente al día con 31 cuotas canceladas y con un saldo en descubierto por la suma de ¢230.076.434,70. Asegura, el 30 de setiembre del mismo año, 26 días después de haber pagado la cuota mensual, la deuda subió de ¢230.076.434,70 a ¢241.996.581,95, sin información alguna. Objeta, en el juicio los funcionarios del Banco indicaron que era un arreglo de pago por cuotas atrasadas, pero no tenía un solo mes de atraso. Prosigue, el 30 de setiembre de 2009, realizó el pago del mes de octubre y, en lugar de aplicárselo a la cuota 32, le indicaron que correspondía a la cuota 36, sin ninguna información. Subraya, dentro del pago de la cuota de ¢3.436.833, correspondía la suma de ¢1.994.246,55 por concepto de intereses, lo cual se reiteró durante las primeras 31 cuotas, con aumentos o disminuciones pequeñas y proporcionales. Refiere, en la siguiente cuota, la número 36 según el Banco, cuando en realidad era la número 32, el pago fue por ¢3.516.081,30 y lo debido por intereses eran ¢18.274.782,80 colones. Alega, los cambios de circunstancia que fundamentan la pretensión de excesiva onerosidad sobreviniente corresponden al aumento del principal de ¢230.076.434,70 a ¢241.996.581,95, sin ninguna información, así como al aumento de los intereses de dos millones de colones a ¢18.274.782,80, sin un aumento de la tasa de interés corriente y sin un solo mes de mora. Asegura, después del aumento del saldo en descubierto y del aumento de intereses de setiembre de 2009, el deudor sólo pudo realizar un solo pago más. En otro orden de ideas, también reclama que el Tribunal tuvo por demostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en autos. Explica, se tuvo como hecho probado no. 18) que Inversiones Solís Ugalde S.A. presentó un estudio para instalar un restaurante en Liberia en el año 2008, según los hechos probados de la sentencia números 12, 13, 14, 15, 16 y

Dice, hay prueba documental que demuestra que Inversiones Solís Ugalde S.A., adquirió un crédito con el BPDC por la suma de ¢54.750.000, para el restaurante de La Choza de Laurel de Liberia, el 02 de setiembre de 2008, según escritura pública no. 26 del notario público Alberto Acosta Gutiérrez, que consta en el expediente de crédito, folios 7 y

Agrega, el flujo de caja que hizo el Contador Público Autorizado certifica que el restaurante de Liberia en el año 2008 tenía ingresos mensuales netos por ¢9.956.858, según el folio 2 del expediente de crédito de Inversiones Solís Ugalde S.A. Acota, el restaurante de Liberia se abrió en el año 2008, y fue en enero de 2010 que el deudor no pagó; por ende, no hay coincidencia de fechas. Enfatiza, la apertura del restaurante en Liberia en el año 2008 no fue la razón por la cual La Choza de Laurel dejó de pagar en enero 2010. Señala, en el hecho probado 18) el Tribunal indicó que la empresa contó con un financiamiento por ¢651.700.000 con Coopenae R.L. y que pretendía un financiamiento con esa institución por un total de ¢950.000.000. Refuta, si la empresa dice que cuenta con un financiamiento por ¢651.700.000 con Coopenae R.L no quiere decir que constituyó un crédito por dicha suma, sino que tiene una expectativa solamente. En el mismo sentido, si dice que pretende la obtención de un crédito por ¢950.000.000, jamás está afirmando que constituyó un crédito por dicha suma, sino que simplemente aspira a su obtención. Enfatiza, no existe en el proceso judicial una prueba documental que demuestre que el deudor adquirió otro crédito por ¢950.000.000 y que ello incidió en la morosidad de los créditos obtenidos por los demandantes con el Banco demandado; ello, acusa, es una presunción humana del Tribunal que resulta errada. Adicionalmente, aduce, el Tribunal confundió a los deudores y sus créditos. Explica, en el año 2006, La Choza de Laurel S.A. obtuvo dos créditos con el BPDC para el restaurante denominado La Choza de Laurel ubicado en La Fortuna de San Carlos; en el año 2008, Inversiones Solís Ugalde S.A. obtuvo un crédito con el BPDC para el restaurante denominado La Choza de Laurel ubicado en Liberia de Guanacaste. Apunta, los créditos de La Choza de Laurel S.A. fueron cancelados desde el año 2006 hasta finales del año 2009; la cuota mensual que no pagó fue la de enero de 2010, según los historiales de pago supra citados. Asevera, en esos documentos consta que La Choza de Laurel sólo pagó los créditos propios del restaurante de La Fortuna de San Carlos, nunca pagó el crédito de Inversiones Solís Ugalde S.A. por el restaurante de Liberia de Guanacaste. Refiere, en los folios del 168 al 173 y del 183 al 190 del expediente judicial, constan los estados financieros de La Choza de Laurel S.A. y de Inversiones Solís Ugalde S.A., que demuestran que La Choza de Laurel S.A. nunca pagó ningún crédito de Inversiones Solís Ugalde S.A. por el restaurante de Liberia Guanacaste. Señala, lo mismo se comprueba con las declaraciones de renta de La Choza de Laurel S.A. y de Inversiones Solís Ugalde S.A., que constan en los folios del 162 al 166 y del 191 al 196 del expediente judicial.

El agravio será denegado. Como primera pretensión subsidiaria, la parte actora solicitó: “1. Que se declare la resolución de los acuerdos de préstamos de dinero mercantil, de las operaciones N° 06-37-647103-0, N° 006-075-647101-8, N° 25-17-534459-4, N° 025-053-534495-7, por excesiva onerosidad sobreviniente, a raíz de la crisis financiera y falta de protección del interés económico del consumidor”. En su agravio únicamente recurre lo resuelto respecto de la operación de crédito no. 006-075-647101-8, a lo cual se limitará el análisis de este Tribunal de Casación. Nótese que, según la literalidad de la petitoria, la parte actora demanda la resolución del contrato de crédito por excesiva onerosidad sobreviniente por causa de la crisis financiera y la falta de protección de su interés económico como consumidora. Ahora bien, en el acápite “Fundamento de hecho y de derecho” del escrito de demanda original indicó que en el caso concreto “hay excesiva onerosidad sobreviniente por causas ajenas a las partes, como consecuencia de la afectación del sector turístico a raíz de la crisis financiera y baja del dólar”; citó un extracto de la sentencia no. 175-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, acerca de la excesiva onerosidad sobreviniente en relaciones de consumo. Como fundamento fáctico de ello, se encuentran los hechos 22 y 23 de la demanda: “25. Tenemos voluntad de pago de la cuota mensual, pero enfrentamos falta de capacidad de pago debido a factores externos como consecuencia de la afectación del turismo por la crisis financiera mundial y la reducción del dólar con relación al colón;

La vulnerabilidad del turismo como principal fuente de ingresos, no fue evaluada en los informes técnicos de capacidad de pago de cada deudor, así como tampoco lo fue la disminución del dólar en relación al colón, en empresas turísticas cuyo ingreso principal es en la moneda del dólar de Estados Unidos de América”. Posteriormente, en el escrito de corrección y ampliación de la demanda, hechos 41, 42 y 60, adujo: “41. Tenemos voluntad de pago de la cuota mensual, pero enfrentamos falta de capacidad de pago debido a factores externos como consecuencia de la afectación del turismo por la crisis financiera mundial y la reducción del dólar con relación al colón, así como por prácticas y cláusulas abusivas, que encarecieron el costo financiero.

La vulnerabilidad del turismo como principal fuente de ingresos, no fue evaluada en los informes técnicos de capacidad de pago de cada deudor, así como tampoco lo fue la disminución del dólar en relación al colón, en empresas turísticas cuyo ingreso principal es en la moneda del dólar de Estados Unidos de América.

La parte demandada, no protegió el interés económico del consumidor. a) Si el informe de capacidad de pago establece por todo el plazo del crédito, las vulnerabilidades de la principal fuente de ingresos, la vulnerabilidad del cambio del dólar y la vulnerabilidad de la tasa, y se la entrega una copia al consumidor antes de tomar la decisión final; el consumidor, puede optar por seguros colectivos o individuales que lo protejan, contratar asesores especialistas en administración de restaurantes, asesores en mercadeo, etc. b) En el presente caso, el consumidor tuvo acceso a los informes de capacidad de pago, 5 años después de obtener Jos créditos, a raíz del presente proceso. e) La entidad bancaria demandada, no ofreció seguros colectivos, para proteger la principal fuente de ingresos de la MIPYMES. d) La entidad bancaria demandada, no ofreció seguros colectivos, para proteger la variabilidad de la tasa. e) Las cláusulas abusivas de tasa piso sin tasa techo o con tasa techo inalcanzable, protegen el interés económico del acreedor, en desequilibrio absoluto con el interés económico del deudor”. Según se aprecia, de acuerdo a los hechos citados, la causa fáctica aducida con la demanda como detonante de la excesiva onerosidad sobreviniente del contrato, radicó en la presunta afectación del sector turismo (crisis financiera mundial y caída del dólar) y la desprotección del interés económico del deudor. Ahora, en esta sede, la recurrente pretende cimentar la pretensión de análisis en otros hechos, distintos de los que constituyeron su causa de pedir, y de los que fueron oportunamente alegados y debatidos. En sus palabras, “los cambios de circunstancia que fundamentan la pretensión de excesiva onerosidad sobreviniente corresponden al aumento del principal de 230.076.434,70 colones a 241.996.581,95 colones, sin ninguna información, así como al aumento de los intereses de 2 millones de colones a ¢18.274.782,80, sin un aumento de la tasa de interés corriente y sin un solo mes de mora”. Según se examinó, en su demanda no alegó tales circunstancias como sustrato fáctico de su pretensión, incluso, en el cuadro fáctico de su acción siquiera hace referencia al recuento cronológico de los pagos que dice haber realizado y de la supuesta modificación sorpresiva de los montos del principal e intereses, del cambio en las cuotas mensuales (en los términos en que ahora pretende acusarlo ante esta autoridad casacional), y de cómo todo ello le imposibilitó seguir pagando el crédito en cuestión. El único hecho de la demanda que refiere a un aumento del monto principal es el no. 36 -del escrito de ampliación, no. 20 del memorial original-, el cual indica: “36. Se capitaliza 6 cuotas al saldo del crédito, por un monto de ¢10.843.062.80 siendo el nuevo saldo de este sub préstamo la suma de ¢241.996583.95”, mas no es un hecho circunstanciado del cual pueda extraerse – por sí mismo- todo el análisis fáctico que ahora en esta instancia extraordinaria pretende aducir la parte actora como fundamento de su pretensión. Así, en atención a lo dispuesto en el ordinal 608 del CPC, de aplicación supletoria en virtud del artículo 220 del CPCA, y los principios de buena fe y lealtad procesal, el agravio deviene inatendible. En todo caso, advierte este Órgano casacional, no demuestra la recurrente, con la prueba técnica requerida, cómo la aducida crisis del turismo y la desprotección a su interés económico como consumidora, pudieron degenerar en un desequilibrio contractual tal que implicó el empobrecimiento incausado de una parte y el enriquecimiento injusto de la otra, acreditando el necesario nexo causal entre las circunstancias de hecho que en su demanda adujo como causa del supuesto desequilibrio que ahora expone en su agravio, y el incumplimiento del contrato. De los argumentos esgrimidos en el cargo no es posible tener por acreditados tales aspectos. El reclamo referente a la ausencia de prueba de la existencia de un crédito con COOPENAE por ¢950.000.000, y de su incidencia en la capacidad de pago de la deudora, resulta inútil, toda vez que, por las razones supra apuntadas, sigue la parte actora sin demostrar el acaecimiento de la excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de crédito, y, en consecuencia, se mantiene el rechazo de la pretensión de resolución contractual sustentada en esa figura. En razón de lo expuesto, se denegará el cargo formulado.

En el tercer reparo sustantivo endilga: i.- Preterición de la prueba documental sobre el histórico de pagos de las operaciones de crédito; ii.- Preterición de las declaraciones de renta y los estados financieros de La Choza de Laurel S.A. y de Inversiones Solís Ugalde S.A.; iii.- Inaplicación de los ordinales 633, 830 y 834 del Código Civil. Señala, los dos créditos de La Choza de Laurel se dieron en noviembre de 2006. Expone la siguiente tabla:

UTILIDADES NETAS POR MES DE LA CHOZA DE LAUREL DE LA FORTUNA S.A., FOLIO 31, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS, TOMO I EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO y TOMO II PARA EL 2006.

8 meses del 2006

Al 30 set 2007

Al 30 set 2008

Al 30 set 2009

¢24.444.513

¢27.417.412

¢27.975.832

¢2.974.266,90

UTILIDADES NETAS POR MES DE LA CHOZA DE LAUREL DE LA FORTUNA S.A., FOLIO 168 DEL EXPEDIENTE JUDICIAL, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 set 2010

Al 30 set 2011

Al 30 set 2012

Al 30 set 2013

-¢42.493.283

¢13.152.945,85

¢23.060.990,13

¢1.663.569,84

Asevera, consta en los estados financieros y declaraciones de renta supra citados de La Choza de Laurel de La Fortuna S.A., que dicha empresa nunca pagó una sola cuota mensual de créditos del restaurante de Liberia, ni subsidió la operación económica del restaurante de Liberia. Asegura, es un hecho público y notorio que la crisis financiera mundial afectó terriblemente el sector de turismo y que en Costa Rica se empezó a sentir a mediados del año 2009, manteniéndose esa situación en el año 2010. Acota, las utilidades netas por ¢27.975.832 del año 2008, se redujeron a ¢2.974.266,90 en el año 2009, y en 2010 tuvo pérdidas por ¢42.493.283, producto de la crisis financiera mundial en el sector turismo. Refiere, La Choza de Laurel de La Fortuna S.A. dejó de pagar el crédito en enero de 2010. En el mismo sentido, alega, según los estados financieros de Inversiones Solís Ugalde S.A., propietario del restaurante de Liberia, en el año 2008 los ingresos mensuales del restaurante correspondieron a la suma de ¢9.956.858 (flujo de caja de folio 2 del expediente de crédito), mientras que del 1-10-2009 al 30-09-2010, hubo pérdidas por ¢66.188.448, y del 1-10-2010 al 30-09-2011 hubo pérdidas por ¢24.624.621; se levantó un poco del 1-10-2011 al 30-09-2012 con una utilidad neta de ¢9.613.897 (folios 182 a 185 del expediente judicial). Bajo ese escenario, aduce, se configuraron los requisitos para una imposibilidad de cumplimiento: un cambio de circunstancias imprevisibles y completamente ajenas al deudor, por una crisis financiera mundial que afectó al sector turístico costarricense; es decir, el deudor no asumió responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, de ahí que no sea cierto que la falta de pago de los créditos, de enero de 2010 en adelante, se dio por culpa del deudor.

El reclamo será rechazado. La parte recurrente no combate el criterio del Tribunal, para quien: “los demandantes, si bien han realizado una labor ardúa (sic) para el levantamiento de sus empresas, considera que éstos mismos pasaron a ser responsables de su situación económica, al haber propiciado la obtención de créditos a un punto que no poder satisfacer sus deudas de forma oportuna (…) si bien es cierto el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, no es un banco estatal, si tiene acceso al ahorro público, por lo que los fondos acreditados a los demandantes, no puede sin más que condonarse (sic) debido a circunstancias externas de los créditos que forman parte del riesgo empresarial y que todo deudor debe ponderar ante una gestión de crédito por la variabilidad de las circunstancias financieras de toda actividad económica” [refiriéndose a la cita textual incluida en el Considerando VII, en el sentido de que “(…) Cuando un consumidor adquiere un crédito, paralela y necesariamente contrae un riesgo, por ello debe tener claro cuál es su capacidad de pago, ante un mercado incierto y lleno de vicisitudes, es una responsabilidad y un riesgo que debe asumir de forma personal, y no trasladarlo al banco que desconoce la dinámica total de sus finanzas como sólo el cliente tiene el deber y posibilidad directa de hacerlo, la falta de este ejercicio de parte de los actores, solo puede acarrear perjuicios que se traducen en situaciones de insolvencia”] (la negrita es del original). Además, de la lectura conjunta de los ordinales 633, 830 y 834 del Código Civil se colige que la imposibilidad de cumplimiento, como modo de extinción de las obligaciones, acontece cuando perece, se pierde o sale del comercio de los hombres, la cosa que era objeto de la obligación. En la especie, tratándose de un contrato de préstamo mercantil, no se aprecia que haya fenecido el objeto de la obligación propiamente (sea el dinero pagado sucesivamente por el deudor por concepto de capital e intereses), sino que, más bien, a juicio de la promovente, existió una circunstancia de hecho, ajena a ella, que le colocó en una situación financiera vulnerable, la cual conllevó al no pago de las cuotas del crédito. Tal argumentación, sustentada en la imposibilidad de cumplir por causa de una crisis en el sector turístico, técnicamente no se ajusta a la figura regulada en los ordinales citados como forma de extinción de la obligación, sino que más bien es propia de la causal de resolución contractual por excesiva onerosidad sobreviniente, la cual ya fue analizada en los Considerandos antecedentes. En todo caso, aún y cuando se aceptara la tesis de la promovente, en cuanto a que la crisis financiera mundial y sus efectos sobre el turismo en Costa Rica a finales de 2009, sea un hecho público y notorio, lo cierto es que a partir de ese elemento fáctico no es posible deducir, como consecuencia necesaria y unívoca, la disminución en los ingresos que la parte actora dice haber sufrido y que ello la colocara en una imposibilidad absoluta de cumplimiento de sus obligaciones para con el Banco acreedor. Ni en su demanda, ni en el recurso, la parte actora precisa cómo ese supuesto hecho público y notorio degeneró en las pérdidas económicas que ahora alega en su defensa, pues, por ejemplo, no se refiere a cómo resultó afectada la masa de empresarios que se dedicaban a la misma actividad económica en las zonas donde operaban los negocios de la parte actora (como sustento de su afirmación de la notoria afectación a nivel país), ni mucho menos a los efectos concretos en la esfera económica de los demandantes. La parte casacionista pretende que de la simple enunciación de un hecho público y notorio -según ella lo califica- se extraiga una conclusión unívoca, sin necesidad de prueba que respalde ese razonamiento, pero tal argumento no es sostenible. Aún en la hipótesis de admitir que la crisis financiera mundial del año 2009 y sus efectos en el turismo en Costa Rica sea un hecho público y notorio, el mismo carácter no puede predicarse respecto de los daños concretos que esa situación generó en la esfera económica de los actores y en el ejercicio de su actividad productiva; tal cuestión requiere ser probada. No es dable asumir que, en sí misma, la aducida crisis financiera y su incidencia negativa en el turismo en el territorio nacional, sea la causa única y directa de la disminución de los ingresos de ambos restaurantes, y que, por sí misma, implicó una imposibilidad absoluta de cumplimiento de los deudores. A lo sumo, (siempre en sentido hipotético) lo que podría catalogarse como público y notorio es la crisis financiera mundial y su efecto nocivo en el turismo, mas no las pérdidas económicas aducidas, su relación directa con aquel hecho, y la consecuente insolvencia de los deudores que de forma absoluta les imposibilitó honrar los pagos mensuales al Banco acreedor. La carga de probar estos últimos aspectos correspondía a la parte actora (artículo 317 inciso 1) del CPC). Así, en vista de que tales cuestiones no han sido abordadas, ni demostradas por la interesada, el reparo se torna infructuoso.

En el cuarto reparo acusa: a) Inaplicación del artículo 1023 inciso L) del Código Civil, que tipifica la garantía excesiva como causal de nulidad absoluta; b) Inaplicación del precepto 14 del Reglamento 1-05 SUGEF, el cual establece que el monto del crédito corresponde al 80% del valor de la garantía hipotecaria. c) Preterición de la prueba pericial y del avalúo de la propiedad del Partido de Alajuela no. 409271-000. Expone el siguiente cuadro:

PROPIEDAD ALAJUELA

VALOR

EXCESO DE GARANTÍA

409271-000

629.306.080 colones

403653-000

113.377.032 colones

X

242321-000

16.161.630 colones

X

360890-000

25.000.000 colones

X

360891-000

25.000.000 colones

X

Total: 808.844.742 colones

Alega, en conjunto, las deudas con el BPDC ascienden a la suma de ¢327.000.000, y las garantías equivalen a ¢808.844.742, lo cual es reconocido en la sentencia, generándose un desequilibrio en la relación de consumo financiero y mala fe contractual. Explica, el 80% de ¢808.844.742 corresponde a la suma de ¢647.075.793,60, y, según indicó, los créditos ascienden a la suma de ¢327.000.000. Refiere, la prueba pericial señala: "10- Análisis del porcentaje de responsabilidad sobre los bienes dados en garantía según los avalúos realizados por las entidades bancarias con relación al monto del crédito, en el momento de la constitución del crédito, con la finalidad de verificar si hay o no, garantía excesiva. Al analizar las propiedades dadas en garantía y los préstamos cubiertos, se da una relación de 1 a 3 es decir la garantía cubre por tres veces el monto del crédito, por lo que si estamos ante un exceso de garantía".

En lo que al agravio interesa, la pretensión subsidiaria no. 8 consiste en: "Que se declare la nulidad absoluta de las garantías hipotecarias excesivas que pesan sobre las propiedades, en las líneas abiertas de crédito://a. Hipoteca en segundo grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 403653-000.// b. Hipoteca en segundo grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 242321-000.// c. Hipoteca en primer grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real número 360890-000.// d. Hipoteca en primer grado sobre propiedad inscrita en el partido de Alajuela, folio real 360891-000.// (…)". En criterio de la recurrente, las garantías hipotecarias indicadas resultan excesivas porque, según interpreta los numerales 1023 inciso L) del Código Civil y 14 del Reglamento 1-05 SUGEF, el monto total de los créditos debe ser equivalente al 80% del valor de la garantía hipotecaria, y en la especie el monto dado en préstamo es menor que ese porcentaje. La censura resulta inatendible por varias razones. Primero, la recurrente expone una tabla donde consigna el supuesto valor pecuniario de cada uno de los cinco inmuebles dados en garantía hipotecaria en las cuatro operaciones de crédito con el Banco Popular. No obstante, tales montos no fueron tenidos por probados en la sentencia recurrida, ni la promovente en esta instancia identifica la prueba que los sustenta (y que eventualmente fue preterida). De ahí que no puedan tenerse como montos ciertos y debidamente acreditados, a partir de los cuales se analice la infracción sustantiva acusada, motivo suficiente para rechazar el reproche. A lo sumo, en el hecho probado 25) se indicó que la solicitud de préstamo por ¢14.300.000.00 por parte del señor Ronny Solís Ugalde (operación de crédito no. 025-794910), fue garantizada con la propiedad no. 2-360890-000, la cual contaba con un avalúo por la suma de ¢25.864.800.00 (monto distinto del aducido por la casacionista en la tabla supra expuesta), y en el hecho probado 28), se hizo constar que el ingeniero Víctor Manuel Perera, de la empresa CN Ingenieros y Arquitectos Norteños S.A., en noviembre de 2013, elaboró un avalúo del Proyecto denominado "Restaurante La Choza de Laurel", con la finalidad de establecer el valor real correspondiente a las edificaciones y el terreno del proyecto, el cual concluyó que el valor del terreno y obras exteriores, corresponde a la suma de ¢448.522.680 y el valor del edificio es de ¢180.783.400, para un total por ambos componentes de ¢629.306.080,00. Segundo, el argumento propuesto por la casacionista parte de un dato erróneo, toda vez que, de acuerdo a los hechos tenidos por probados 7), 14) y 23), el monto total de los créditos asciende a ‭¢328,050,000‬, no a ¢327.000.000, como ella lo afirma. Tercero, si bien el perito concluyó que la garantía cubre tres veces el monto del crédito, y que, por consiguiente, es excesiva, no precisa cuál fue el método y datos utilizados para arribar a tal conclusión, razón por la cual la prueba carece de idoneidad para demostrar el hecho en cuestión. Cuarto, la recurrente no refuta el criterio del Tribunal, en el sentido de que la parte actora no acreditó que las garantías fuesen excesivas al momento de otorgarse y que ese eventual exceso implique, por sí mismo, la nulidad de la garantía, aunado a que ese otorgamiento fue aceptado libremente por los tomadores de los créditos para que las propiedades respondieran por los montos dados en préstamo. Finalmente, aún admitiendo que las propiedades ostentan el valor señalado por la recurrente, el mero hecho de que el monto de los créditos no corresponda al 80% del valor de los bienes hipotecados, no implica una cláusula abusiva que amerite la nulidad de las garantías hipotecarias. Sobre el particular, la Sala Primera, en la resolución no. 182-F-S1-2019 de las 15 horas 42 minutos del 07 de marzo de 2019, señaló: “(…) tampoco existe lesión del precepto 14 del Reglamento 1-05 SUGEF el cual establece. “Artículo

Garantías. Las garantías y el porcentaje máximo de su valor que puede considerarse para el cálculo de las estimaciones (porcentaje de aceptación máximo) son los siguientes: a. Hipoteca sobre terrenos y edificaciones: El 80% del valor del avalúo menos el saldo de los gravámenes de mayor prelación…”. En este tanto, como se sabe, los Bancos tienen el deber de valorar la capacidad de pago de sus clientes y de respaldar los créditos que otorguen, para ello deben acudir a las reglas que establece la normativa Sugef entre ellas la alegada 1-05. No obstante, tratándose de garantías hipotecarias, cualquier garantía adicional que solicite el Banco, no es abusiva por sí, ya que lo pretendido es asegurar el crédito ante posibles incumplimientos y eventualidades propias del riesgo financiero. En ese sentido, el precepto 66 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional exige lo siguiente: “Artículo

Los créditos que concedan los bancos comerciales deberán ser asegurados con garantías que a juicio suyo sean satisfactorias…”. Es decir, el Banco tiene una libertad de escoger a satisfacción la garantía que estime adecuada a sus requerimientos, y todo depende no solo de los parámetros que establezca la Sugef, sino también del riesgo que exista en las operaciones. En este asunto, el BCR no debe arriesgar los fondos públicos que administra, pues está latente el riesgo de que después no pueda recuperarlos por insuficiencia de las garantías. La normativa Sugef analizada, en ningún momento impone un límite insoslayable, sino que se trata de “estimaciones” que deben ser consideradas en resguardo de las operaciones de crédito garantizadas con garantías hipotecarias. Así se infiere del numeral 1 de esa misma normativa financiera que establece: “Artículo

Objeto. Este Reglamento tiene por objeto cuantificar el riesgo de crédito de los deudores y constituir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades y conglomerados financieros.”. Así, el numeral 14 ibídem, solo establece una estimación y guía que deben seguir los Bancos, pero ello no significa que sea prohibido solicitar mayores garantías hipotecarias a los créditos. Se trata de una norma contable establecida por la Sugef, pero debe valorarse el riesgo que pueda existir y que amerite una garantía mayor. Por ello es que de conformidad con la Ley 4631 indicada, los excedentes deben ser devueltos al expropietario [en caso de remate del bien dado en garantía; artículo 1], esa es la garantía con la que cuenta el deudor ante garantías que excedan el valor del crédito”. Por las razones apuntadas, se impone el rechazo del agravio de examen.‬‬‬‬

En el quinto cargo acusa indebida valoración de la prueba pericial e inaplicación del primer párrafo del artículo 1023 del Código Civil. Asevera, hubo incumplimiento contractual por parte del BPDC, pues aplicó una tasa diferente a la tasa acordada. Señala, al perito se le preguntó: "4- Los montos que hubiera pagado de menos el deudor, en caso de que no existiera diferencia entre la tasa cobrada y la tasa referenciada el día de pago, en las operaciones: 06-37-647103-0. 8-1-2007, 006-075-647101-8 8-1-2007, 25-17534459-4. 31-1-2009 y 25-053-534495-7. 31-1-2009". Refiere, el perito respondió: "4.1 Para la operación 006-075-647101-8 se hubiera pago de menos las suma de ¢23.201.656,00 (veintitrés millones doscientos un mil seiscientos cincuenta y seis colones con 00/100). 4.2 Para la operación 06-37-647103-0 se hubiera pago de menos las suma de ¢1.242.457,00 (Un millón doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y siete colones con 00/100). 4.3 Para la operación 25-175344594 se hubiera pago de menos las suma de ¢1.337.426,00 (Un millón trescientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis colones con 0/100). 4.4 Para la operación 25-053-5344957 se hubiera pago de menos las suma de ¢712.926,00 (Setecientos doce mil novecientos veintiséis colones con 00/100)" (sic). Opina, en medio de la crisis financiera, cuando las utilidades disminuyeron y se generaron pérdidas por la falta de turistas nacionales e internacionales a nivel nacional, el Banco accionado le cobró en exceso al deudor las sumas supra indicadas, lo cual califica como una injusticia. Recrimina, el Tribunal rechazó la pretensión de devolución del dinero cobrado en exceso, contrariando el precepto 1023 del Código Civil.

El Tribunal de instancia rechazó las pretensiones por concepto de daño material con fundamento en lo siguiente: “1.- Que se condene al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según los montos que indique el informe pericial, para la devolución del dinero obtenido mediante las siguientes cláusulas y/o prácticas abusivas:// A. La devolución del dinero cobrado en exceso a partir de 2 puntos porcentuales fijos sobre la tasa referenciada, por cada operación de crédito afectada, por la suma aproximada de 9.786.028, 59 colones, según avalúo pericial.// B. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la cláusula de tasa piso, por cada operación de crédito afectada, por la suma aproximada de 7.110.967,56 colones, según avalúo pericial. C. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la tasa escalonada, por la suma que indique el informe pericial.// D. La devolución del dinero cobrado en exceso a raíz de la diferencia entre la tasa aplicada y la tasa referenciada el día del pago, por la suma aproximada de 26.494.465,89 colones, según informe pericial.// E. La devolución del dinero pagado sin la debida información al consumidor y sin factura, sobre los montos de honorarios de notario público, inscripción registral y peritaje de las operaciones de crédito dadas en dichas condiciones, por la suma que indique el informe pericial. //2.- El pago que la entidad bancaria le debe a la parte deudora, por la aplicación de la variación hasta 20 puntos porcentuales inferior a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, en las operaciones N° 025-053-534495-7 y N° 25-17-534459-4, según avalúo pericial./ Este Tribunal