Resolución 09855-2022

Por escrito agregado a este expediente el 22 de diciembre del 2021, la recurrente expuso lo siguiente:

“La suscrita, [Nombre01 001] , portadora de la cédula de identidad número [CED02], mayor, divorciada, Abogada y funcionaria judicial, vecina de San José, en tiempo y derecho, interpongo formal Recurso de Amparo en contra del acto administrativo dictado por el Tribunal de la Inspección Judicial, bajo resolución de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno.

Al respecto, me voy a servir enunciar los derechos lesionados con el acto administrativo que objeto en esta sede constitucional, básicamente por violaciones graves y odiosas a la libertad de de opinión y libertad de pensamiento, materializado en los numerales 28 y 29 de la Carta Constitucional de la República de Costa Rica, así como otra serie de derechos conexos, que penden de la libre difusión de ideas.

l. HECHOS

Hecho No 1: El pasado 14 de diciembre, al ser las doce horas y cuatro minutos, fui notificada de la resolución de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial, a través de la que se procede con la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario en mi contra, por supuesta "Violación del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), violación de la prohibición establecida en el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incumplimiento del Reglamento: "Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial", aprobado por Corte Plena en sesión No 14-19 celebrada el 01 de abril de 2019, artículo XIII.", el mismo se tramita bajo el expediente número [Valor 003] .

Hecho No 2: Dentro de los hechos que se me endilgan en dicha resolución, se encuentran los siguientes:

“1-Su persona [Nombre01 001] se desempeña en el puesto de letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

2-El día 16 de noviembre de 2021, el medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", publicó un artículo de opinión en su medio digital, titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" cuya autora, según dicho artículo es su persona [Nombre01 001] y en éste, se le identifica como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial. 3-En la redacción del contenido del artículo indicado en el cargo anterior, haciendo referencia al expediente No [Valor 004], en el que figuran como imputados los señores Nombre03, Nombre04 y la señora Berenice Smith Bonilla, su persona señaló: al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Nombre03, Nombre04 y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos". 4-En la redacción del contenido de ese mismo artículo titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" publicado el 16 de noviembre de 2021, por medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", en relación al expediente No [Valor 006], caso conocido popularmente como: "cementazo", en el que figuran como imputados los señores Nombre05 y Nombre06, su persona [Nombre01 001], manifestó: "(...) cuatro años después, y con la ex Fiscal General Nombre02 fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló lo acusación en el caso llamado "cementazo". No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses"

Según informó el señor José Paulo Miranda Hurtado, Fiscal de la Fiscalía General de la República, el expediente [Valor 007], que usted menciona en el artículo titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", salió de la Fiscalía desde el 30 de julio de 2021 con solicitud de acusación contra los imputados Nombre05 y Nombre06 a la Fiscalía de Probidad y actualmente, se encuentra en el Juzgado Penal pendiente de realizar la audiencia preliminar; mientras que el expediente, [Valor 004] al que usted igualmente alude en dicho artículo, se encuentra activo, propiamente en estudio de fondo, esto según lo informó el señor Marcos Vinicio Ulate Herrera, Técnico Judicial del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José. 6-Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye a su persona [Nombre01 001], que por haber externado su parecer o criterio sobre dos causas penales tramitabas bajo los expedientes No [Valor 007] y [Valor 004], cuya tramitación, resolución o ejecución definitiva no ha concluido, usted presuntamente violentó la prohibición establecida en el numeral 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 35 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye asimismo a su persona [Nombre01 001], haber presuntamente violentado el deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que la referencia que su persona [Nombre01 001] realizó en el artículo: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" en cuestión, a las causas penales tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 008], podría atentar contra la independencia, objetividad, imparcialidad e imagen de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en esa publicación su persona se identificó como funcionaria de esa Sala y esos asuntos podrían ser eventualmente conocidos por esa instancia judicial, esto según lo establece el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que con las manifestaciones que usted real expedientes [Valor 010] iza aludiendo a las causas tramitadas bajo losy [Valor 004], así como a personas investigadas judicialmente, en el artículo de opinión titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad" el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió su criterio y asumió una posición jurídico evidente respecto a las mismas, acciones que resultan incompatibles con los deberes y obligaciones que se imponen a su persona por el cargo público que como funcionaria judicial ostenta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y atentan contra la imagen institucional y la labor jurisdiccional de esa Sala” 9-Que en el artículo suscrito por su persona denominado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad", el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió una serie de consideraciones, al parecer personales, acerca de causas administrativas o penales en las que a usted se le involucró. Propiamente se destacan las siguientes líneas: “(…) muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias". Nombre02 se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público. Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la ley procesal penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad sino nuestro prestigio profesional." "(…) fuimos instrumentalizados y condenados mediáticamente sin siquiera existir aspectos objetivos para llevar el asunto a juicio" 10-De acuerdo con lo indicado en el cargo anterior y siendo que en el artículo en mención, su persona [Nombre01 001] se identificó como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, usted presuntamente vulneró la regulación establecida en el numeral 27 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés, el cual en su inciso "a)" prohíbe: "Utilizar el poder oficial, el prestigio o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos, o cualquier otro beneficio personal a su favor, de sus familiares, amistades o cualquier otra persona; medie o no remuneración”, ya que a pesar de esa prohibición, su persona hizo señalamiento expreso a los cargos que desempeña en la institución para emitir una opinión en defensa de sus intereses personales."

Hecho No 3: Lo afirmado en relación con los hechos endilgados, no son producto antojadizo de una opinión sin fundamento, esas aseveraciones las hice en el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de la libertad de opinión. Además, se estableció mi Nombre01 como autora del artículo con mención de los puestos que desempeño en el Poder Judicial, a saber: Letrada de Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, lo que siempre se establece en cualquier artículo de ese estilo para ser publicado por un medio de comunicación. Esto es así, por cuanto, lo he realizado con anterioridad; sin que ello pueda interpretarse como una falta a mi deber de probidad o buena imagen como funcionaria del Poder Judicial. Cabe destacar que en nuestra institución hemos tenido el privilegio de leer y escribir artículos de índole similar al suscrito por mi persona, como por ejemplo algunos realizados por nuestro señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin que tenga que enfrentar la apertura de procedimientos administrativos como el que me han notificado, por simplemente externar una opinión relacionada con una futura elección de un puesto de tal relevancia.

Hecho No 4: El acto administrativo que amparo, me acusa de hechos totalmente descontextualizados de lo que en estricto sentido se refirió, y me permito aclararlo pese a que muchas de las personas que lo leyeron comprendieron perfectamente la opinión que emití. Pero que resulta necesario ser detallada en el presente recurso. Como primer aspecto debo señalar que nunca se mencionó número de expediente relacionado a personas de un proceso, ni emití ningún pronunciamiento de fondo, más allá que una simple opinión, a la cual como ciudadana tengo derecho. Contrario a ello y violentando. mis derechos fundamentales e infiriéndose aspectos que nunca formaron parte de lo que escribí, se emite una imputación conclusiva de algo que nunca se dijo de mi parte, pues lo único que se refirió fue "que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Nombre03, Nombre04 y la señora Berenice Smith que desde el Ministerio Público se patrocino testigos falsos" lo que se publicó en todos los medios de comunicación nacional, siendo esto un hecho público y notorio, que en nada incide en mi deber de probidad como funcionaria pública o en los puestos que desempeño.

Además, mi cargo desde julio del presente año, en la Sala Tercera, es de Letrada del Centro de Jurisprudencia, por lo que no tengo contacto alguno con ningún expediente que ahí se tramite, ni elaboro proyectos de ningún tipo, funciones que conoce perfectamente la señora quejosa y que omitió indicar, y aunque puedo presumir las razones no las puedo asegurar y por lo tanto es importante aclararlas; por cuanto este aspecto es de suma relevancia, debido a que al desconocerse se podrían realizar conclusiones falaces como las que sirvieron de base para el dictado del acto administrativo que amparo.

Hecho No 5: El artículo de opinión que realicé se fundamenta en hechos reales que fueron publicados por medios de comunicación a nivel nacional e internacional y consecuentemente conocidos por todas las personas que tuvieron acceso a ellos, entre esas yo.

En el acto administrativo que amparo como violatorio a mis derechos constitucionales como ciudadana de un Estado Democrático de Derecho sometido al absoluto respeto del principio constitucional de libertad de expresión, opinión y otros, que incluso han sido ratificados en convenios internacionales por nuestro país. Pese a ello me encuentro enfrentando persecuciones ilegítimas por externar y ejercer mi opinión de un hecho que revierte interés nacional, en el que claramente algunos podrán coincidir conmigo y otros no.

Como ciudadana en ejercicio se me deben de respetar mis derechos y garantías constitucionales, especialmente porque mi opinión está basada en hechos reales y que me permiten emitir o externar lo que pienso, esto como parte de mi control ciudadano, en un país como el nuestro, donde la democracia nos permite expresarnos con el fin de favorecer los intereses de mi patria.

Esto es de vital importancia, debido a que el artículo contiene un tema de actualidad e interés nacional, que fue precisamente la motivación que tuve para publicarlo, con ocasión del concurso convocado por Gestión Humana para llenar la vacante de la persona que se desempeñará en adelante como propietaria de ese puesto tan importante. Tanto es así, que esto se pude derivar de lo mencionado en la parte final de la publicación que en lo que interesa dice: "Esta página negra y tan perjudicial para nuestra institucionalidad debe servir de advertencia para Corte Plena, porque si bien todos los funcionarios judiciales que en algún momento tenemos que ver con la administración de justicia, estamos expuestos a tener que inhibirnos en algún caso en particular, lo cierto es que si ya la situación es preexistente, como sucede en el caso de marras, debería llamar a la prudencia y mesura en el nombramiento de la persona que ocupe en el futuro la silla de Fiscal o Fiscala General de la República." En otras palabras, el artículo invita a la reflexión sobre el futuro nombramiento y que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor transparencia posible y con ello evitar el nombramiento de personas que cuenten desde ya con impedimento para conocer de causas de supuesta corrupción tan importantes u otras condiciones que pueden dañar una dependencia que resulta vital para nuestra institución y el país en general.

Hecho No 6: El traslado de cargos, hace una imputación que es falaz, injuriosa y tendenciosa. Mi persona de forma simple realizó ante el medio de comunicación nacional "Semanario Universidad" una publicación de un artículo de opinión, que se hizo a título personal y no en Nombre01 de la Sala Tercera como se sugiere en la acusación, por lo que bajo ningún criterio lógico e incluso resulta contradictorio con la finalidad que tenía mi artículo de opinión, aseverarse como se estableció, que con dicha publicación se atentaría con la independencia, objetividad o imparcialidad de dicho órgano, máxime que en mi caso no soy Magistrada, por ende no tomo esas decisiones y tampoco redacto proyectos que incidan de alguna forma en quienes sí deben tomarlas.

Lo más grave aún, es que el Tribunal de la Inspección Judicial, me abra un proceso administrativo mediante una resolución que se basa en hechos que violentan mi libertad de expresión y libertad de opinión y de pensamiento, consagrados en nuestra Carta Magna y ratificados por el Derecho Convencional ratificado por Costa Rica.

Hecho No 7: Soy funcionaria del Poder Judicial desde hace más de trece años y como tal he sido intachable y me he dedicado a defender los intereses de la Institución y ponerla en los más altos estándares en cada una de mis funciones diarias.

El acto que me fue comunicado me permiten percibir que la Inspección Judicial y la señora Patricia María Solano Castro, pretenden silenciarme, conllevando a una clara violación de los derechos aludidos como los de información, expresión, opinión, pensamiento, aplicándome la LEY MORDAZA.

Hecho No 8: Solicito a esta honorable Sala Constitucional, que lo expuesto en mi artículo de opinión titulado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", así como los hechos endilgados en la resolución que amparo se interprete de la forma correcta. Mi intención, no lleva en lo más mínimo el deseo de afectar a la señora Nombre02 como persona, porque la opinión que externé fue en relación con los hechos, las labores y el desempeño de quien ostentaba ese cargo en ese momento, pudiendo haber sido cualquier otra persona, de tal suerte que mi reflexión es única y exclusivamente en el sentido indicado, y en mi derecho de replicar información veraz que interesa a la población en general.

Hecho No 9: Más bien lo que se está buscando con la apertura del traslado de cargos, es lesionar una serie de derechos de raigambre de control convencional en el marco de esta misma Sala Constitucional. Concretamente me referiré a una serie de disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, que han sido violentadas con el accionar de la Inspección Judicial. A continuación, me permitiré invocar los fundamentos que se violentan con el accionar y solicitud del recurrido, TOTALMENTE EN MI PERJUICIO y a la luz de la jurisprudencia del Sistema -Interamericano, y jurisprudencia constitucional”.

Considera que lo expuesto lesiona sus derechos por las siguientes razones:

Violenta el artículo 13 CADH con respecto al Derecho de Libre Expresión de los Medios

Las limitaciones a las libertades públicas como la libertad de opinión y pensamiento dispuesta en el artículo 19 párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solo admite reserva legal por interés público según se desprende del artículo 28 de la Constitución Política.

Viola la jurisprudencia de carácter erga omnes de la Sala Constitucional en cuanto a las referidas garantías. En detalle expuso al respecto lo siguiente:

“II. INVOCACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES LESIONADOS

Primer derecho violentado:

Articulo 13 CADH con respecto al Derecho de Libre Expresión de los Medios

Iniciamos este acápite indicando que, según jurisprudencia de larga data de esta instancia jurisdiccional, los tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos, debidamente ratificados por nuestro país y en la medida en que otorguen mayores beneficios y libertades a los individuos; privan sobre cualquier fuente formal en el ordenamiento jurídico costarricense, inclusive la misma Constitución Política.

En torno al valor normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde sus orígenes ha señalado en términos generales que este ámbito del Derecho a diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el artículo 7° constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida en que brinden mayor cobertura, protección o tutela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre estos; lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política.

Por su parte, en la sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93 esta Sala reconoció que "los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución ". En este recurso de amparo la Sala reconoce el derecho del extranjero casado con mujer costarricense a naturalizarse, luego de haber interpretado el artículo 14 inciso 5) de la Constitución Política, de acuerdo con los artículos 2.1, 3 y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2, 17, 24, 51, 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23.1.4. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo, el citado tribunal constitucional menciona que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno valor y que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado costarricense. Con respecto a las citadas opciones, precisamente la Corte desarrolla la OC-07/86 ("Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta"), a solicitud del Estado costarricense y de la cuál nos valdremos para analizar algunos antecedentes al respecto.

Citando textualmente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece lo siguiente:

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5 Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".

La jurisprudencia ha venido connotando el citado derecho de manera compuesta; es decir, a través de la Libertad de Pensamiento, la Libertad de Opinión y la Libertad de Expresión, que nos interesa más referirnos en la especie por considerar que en mi caso concreto, están tratando de amedrentar mis manifestaciones en un artículo de opinión.

La Corte Interamericana en el Caso "La Última Tentación de Cristo", estableció que "La libertad de expresión, como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada" (Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos V otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No.

Párrafo 68).

Asimismo, la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que:

“[...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de uno sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre" (párrafo 90).

En un caso fallado contra el Gobierno de Costa Rica, el honorable Tribunal Interamericano estableció sobre la libertad supracitada, lo siguiente:

"Al respecto, la Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión "no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios". En este sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente (Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004.

Serie CN0. 107, Párrafo 109).

Asimismo, sobre la investidura de las personas públicas como es el caso de la Señora Nombre02, quien fungió con Fiscal General de la República, siendo miembro de un Poder de la República tan importante y necesario para el país, no está exenta de recibir mayor importancia en las informaciones dadas en razón del puesto que ocupó, y según se desprende de lo expuesto en la anterior sentencia invocada:

"Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan fas actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público" (Párrafo 129).

Para el caso de marras, estamos ante una afrenta clara y directa contra la Libertad de Expresión, Libertad de Pensamiento y la Libertad de Opinión, puesto que hice referencia a hechos públicos y notorios, y por ser la señora Nombre02 una persona pública, está más expuesta a este tipo de situaciones de índole informativa y en razón objetiva del cargo que ocupó, siendo una premisa válida y tolerada por la misma jurisprudencia invocada del sistema interamericano de derechos humanos, y por las consideraciones expuestas de este libelo, de aplicación directa en nuestro sistema jurídico.

Segundo reproche constitucional:

Las limitaciones a las libertades públicas como la libertad de opinión y pensamiento dispuesta en el artículo 19 párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solo admite reserva legal por interés público según se desprende del artículo 28 de la Constitución Política

Ahora bien, siguiendo con las restricciones que viene hacer el de traslado de cargos, con los hechos endilgados, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, contraviene dos fuentes jurídicas de principal preponderancia. La primera de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), concretamente en los párrafos segundo y tercero del artículo 19 del citado instrumento y que pasamos a reseñar:

"Artículo 19

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (...)

Para el caso en cuestión no procede a través de ninguna ley cercenar este derecho humano a la libertad de opinión e información en sentido amplio, y mucho menos a través de un acto administrativo de inferior jerarquía como sería una Resolución Administrativa de un procedimiento disciplinario.

Tercer reproche constitucional:

Violación a la jurisprudencia de carácter erga omnes de la Sala Constitucional

Luego de realizar una exposición acerca del cúmulo de instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos y el control de convencionalidad que ejercen diversos organismos internacionales en cuanto a las referidas garantías, vamos a examinar dos antecedentes conocidos por la Sala Constitucional que por su carácter erga omnes, resultan de especial relevancia para éste asunto. El primero de ellos data del año dos mil dos, en el que el contexto analizado es sumamente similar al presente caso. En esa oportunidad, el Alto Tribunal Constitucional dispuso lo siguiente: “… V.-Sin perjuicio de lo que en sede penal eventualmente pudiera determinarse, en cuanto a la calificación de tales manifestaciones como injurias y calumnias, desde el punto de vista de la tutela de los derechos fundamentales de la amparada, la Sala considera que para el análisis del caso, hay que partir de que dichas manifestaciones fueron hechas por la amparada, en ejercicio de su libertad de expresión, y que ella, aparte de ser una vecino interesada en los asuntos locales, es empleada municipal y, además, gozando de la especial protección que el fuero sindical le otorga como miembro de la Junta Directiva del Sindicato -Secretaria General-. En dichas condiciones, la recurrente concurrió como representante de un Sindicato, ante el Concejo Municipal, para solicitar el pago de cinco mil colones que se le adeudan a los trabajadores según lo dispuesto en la Convención Colectiva, así como para hacer referencia a una exoneración de tributos a compañías bananeras y para cuestionar el funcionamiento de los vehículos municipales para otros fines distintos al servicio y solicitar que esos vehículos sean rotulados como tales. Por otra parte, hay que tomar en consideración que la sanción aquí impugnada se trata del despido de un empleado municipal y que, tratándose de empleados públicos, no rige el sistema de libertad de despido, previsto para los trabajadores en régimen de derecho privado, sino que, por el contrario, rigen las reglas estatutarias. Hay que agregar, además, que los funcionarios públicos deben estar expuestos a la constante crítica de los ciudadanos que les exigen rendición de cuentas en virtud de la propia Constitución. De manera que 70 que aquí se asoma es la utilización velada de un procedimiento público sancionatorio, para castigar, no tanto una conducta que configura una causal de despido, sino la presunta violación del derecho al honor del Alcalde y miembros del Concejo que se dieron por aludidos ante las críticas de una ciudadana quien, además, es funcionaria municipal... " (Ver resolución número 2002-11895 de las trece horas con quince minutos del trece de diciembre del dos mil dos, expediente número 02-0079340007-CO). (Lo resaltado es propio).

Hago un llamado vehemente a este Honorable Tribunal para que denote la gravedad de las afirmaciones expuestas en ese asunto, en el que, entre otros aspectos, la amparada cuestionó el funcionamiento de vehículos municipales para fines distintos al servicio. Es importante hacer énfasis, en que la Sala Constitucional partió del hecho de que las manifestaciones expuestas por la ciudadana, fueron realizadas en el ejercicio de su libertad de expresión. Abonado a lo anterior, dicho órgano jurisdiccional introduce otro elemento de relevancia, en el sentido de que los funcionarios o funcionarias públicas deben estar expuestos a la constante crítica de la ciudadanía.

En el segundo caso, la Sala Constitucional, de forma contundente resolvió:

“…. IV. -DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN ESTATUTARIA. El reclamo se centra principalmente, en la acusada violación de la libertad de expresión del amparado, funcionario del Ministerio recurrido, por la eliminación del portal de internet del MOPT, de manifestaciones realizadas por correos masivos por el amparado el 11 de febrero de 2014. Cuestiona el recurrente la eliminación del contenido en que expresa su disconformidad en relación con la posición asumida por jerarcas de la institución en atención a una resolución jurisdiccional en que el Tribunal Contencioso Administrativo analiza la conducta de una funcionaria del MOPT; decisión que fue recurrida por la Procuraduría General de la República ante la Sala de Casación, lo que aun está pendiente de resolución. En segundo lugar, acusa que se eliminó del portal institucional la red social LA MOPISTA, creada por el amparado. Por último, se cuestiona el recurrente que, por haberse pronunciado en los términos en que 70 hizo, se dio inicio un procedimiento disciplinario de despido sin responsabilidad patronal, lo que afecta sus derechos laborales. Al resolver un caso semejante al actual, este Tribunal Constitucional en la sentencia número 2005-10341 del 9 de agosto del 2005 caracterizó así la libertad de expresión: «La libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, en privado o en público, sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor (artículo 28, párrafo 1 0, de la Constitución Política). En el ejercicio de este derecho fundamental las personas, únicamente, deben respetar los límites extrínsecos generales establecidos para todo derecho como lo son el orden público, la moral y las buenas costumbres (artículo 28, párrafo 2 0, ibidem). Desde luego que, también, los derechos personalísimos de las demás personas constituyen una barrera para su ejercicio, tales como el derecho al honor subjetivo y objetivo-(artículo 41 de la Constitución Política), a la intimidad (artículo 24 ibidem) o a la propia imagen (artículo 41 ibidem). Precisamente por lo anterior, en el nivel de la mera legalidad, el legislador ha tipificado, en el Código Penal, los delitos de injurias, calumnias y difamación (artículos 145 a 147) y en el Código Civil -Título Preliminar- recogió, en su artículo 22, la teoría del abuso del derecho, razón por la cual cualquier persona que haga un ejercicio abusivo y antisocial de un derecho debe resarcir a quien sufra una lesión antijurídica, En una sociedad abierta y democrática, a la que le son consustanciales los principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público, a un personaje público o a una persona con notoriedad pública. Lo anterior no significa que el Derecho de la Constitución prohíja, implícitamente, un seudo derecho al insulto por el ejercicio de expresiones ofensivas, ultrajantes o constitutivas de delito penal o civil». En esa misma sentencia, al analizar lo conducente a esa libertad de expresión en el marco de una relación estatutaria, concluyó: «Los funcionarios o servidores públicos, por la circunstancia de estar sometidos a una relación estatutaria, no pueden ver diezmada o limitada su libertad de expresión y opinión y, en general, ninguno de los derechos fundamentales de los que son titulares por intrínseca dignidad humana. Las organizaciones administrativas no son compartimentos estancos o separados del conglomerado social y la existencia de una carrera administrativa o de una relación estatutaria no justifican el despojo transitorio o las limitaciones de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos de los cuales gozan en todas las facetas de su vida. Ciertamente, la libertad de expresión en el ámbito de una relación funcionarial o estatutaria puede sufrir leves modulaciones por razón de la relación de jerarquía inherente a la organización administrativa, la confianza que debe mediar entre el superior y el inferior, los deberes de lealtad de ambos con los fines institucionales y de reserva respecto de las materias que han sido declaradas secreto de Estado por una ley. Sobre el particular, conviene agregar que tal matización ha de ser proporcionada y razonable, y que ni siquiera un interés público podría limitar o restringir los derechos fundamentales de un funcionario público por la vinculación más fuerte, la eficacia directa e inmediata y la superioridad jerárquica de éstos. los conceptos de buena fe y lealtad no pueden enervar la libertad de expresión de un funcionario público cuando a través de su ejercicio no se causa una lesión antijurídica al ente u órgano público al cual pertenece y representa o a terceros. Los jerarcas o superiores jerárquicos de un ente u órgano público, por sus especiales y acusadas responsabilidades y exposición al público, deben estar sujetos y tolerar la crítica no dañina o antijurídica tanto de los usuarios de los servicios públicos, administrados en general como de los propios funcionarios. Lo anterior es, también, predicable respecto de las formas e instrumentos de gestión o administración de un ente u órgano público. la crítica de los usuarios, administrados en general y de los funcionarios públicos sobre el desempeño individual de algún servidor e institucional del ente u órgano público constituye una poderosa herramienta para el control y fiscalización de la gestión pública y, desde luego, para obtener mayores niveles de rendimiento -resultados-, rendición de cuentas y transparencia administrativa. Ningún funcionario público puede ser inquietado, perseguido, recriminado o sancionado por expresar sus opiniones, ideas, pensamientos o juicios de valor acerca de la gestión del ente público o las actuaciones de otro funcionario público». (Ver resolución número 2014011854 de las once horas y treinta y cuatro minutos del dieciocho de julio del dos mil catorce, expediente 14-003772-0007-CO). (lo resaltado es propio).

Así, se infieren los siguientes deberes a la hora de ejercer razonablemente el derecho a la libertad de expresión: a. El respeto los límites extrínsecos generales relacionados con el orden público, la moral y las buenas costumbres. b. El respeto por el derecho al honor, la intimidad y la imagen de las demás personas. c. Evitar expresiones ofensivas o ultrajantes. En el caso concreto, mis manifestaciones constituyen una crítica a la capacidad profesional de la señora Nombre02 para ostentar el cargo que ocupaba de Fiscal General. En ese sentido, mis manifestaciones no infringen el orden público, la moral o las buenas costumbres; tampoco ofendí o insulté a la señora Nombre02, ya que en mi opinión si da pena que la propia Corte Suprema de justicia no recibiera a satisfacción el informe de labores presentado por la señora Nombre02 y que la Auditoria indicara que el mismo no reúne los requisitos que el mismo debía contener”.

Por otra parte, alegó también que esta Sala tiene competencia para conocer lo planteado.

Con base en lo expuesto solicita lo siguiente:

“PETITORIA

1)-Solicito respetuosamente se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y de previo a emitir la resolución final, se pueda interlocutoriamente suspender la aplicación y los efectos del acto administrativo objetado en esta sede. (artículo 39 y 41 Ley Jurisdicción Constitucional).

2)-Solicito se declare la nulidad de la Resolución de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial.

3)-Solicito que se declare que estamos ante una legítima restricción de la Libertad de Expresión, Libertad de Opinión y Libertad de Pensamiento, incongruente con la normativa atinente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con la jurisprudencia constitucional patria.

4)-Solicito igualmente que se declare la condenatoria en daños y perjuicios ocasionados a mi persona con motivo de la estimatoria del fallo que corresponde”.

Por resolución de las 9:44 horas del 27 de diciembre del 2021 se le dio curso al proceso, lo que se notificó a la autoridad recurrida el 3 de enero del 2022.

Por escrito agregado a este expediente el 6 de enero del 2022, Siria Carmona Castro, Presidenta a.i. del Tribunal de la Inspección Judicial, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Tal y como se indica en los antecedentes incorporados al Recurso de Amparo planteado por la funcionaria judicial [Nombre01 001], en este Tribunal de la Inspección Judicial se tramita expediente No 21-004468-0031-DI, que es proceso disciplinario en su contra y que deriva de una queja formulada por la señora Magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro y suscrita el día tres de diciembre de dos mil veintiuno.

Con sustento en la información recibida, la inspectora instructora asignada en el desempeño de su cargo y con sustento en las potestades conferidas en el ordinales 187 y 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estimó pertinente el inicio de un proceso disciplinario en contra de la servidora judicial [Nombre01 001] y en consecuencia, emitió el auto de traslado de cargos de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre del año dos mil veintidós, por hechos calificados como: "Violación del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), Violación a la prohibición establecida en el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e Incumplimiento del Reglamento: "Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial" aprobado por Corte Plena en sesión No 14-19 celebrada el 01 de abril de 2019, artículo XIII". Propiamente se le atribuye:

"1- Su persona [Nombre01 001] se desempeña en el puesto de letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El día 16 de noviembre de 2021, el medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", publicó un artículo de opinión en su medio digital, titulado:

"Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA! cuya autora, según dicho artículo es su persona [Nombre01 001] y en éste, se le identifica como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial.

En la redacción del contenido del artículo indicado en el cargo anterior, haciendo referencia al expediente No [Valor 004], en el que figuran como imputados los señores Nombre03, Nombre04 y la señora Berenice Smith Bonilla, su persona señaló: "(...) al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Nombre03, Nombre04 y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos".

En la redacción del contenido de ese mismo artículo titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado el 16 de noviembre de 2021, por medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", en relación al expediente No [Valor 007], caso conocido popularmente como: "cementazo", en el que figuran como imputados los señores Nombre05 y Nombre06, su persona [Nombre01 001], manifestó: "(...) cuatro años después, y con la ex Fiscal General Nombre02 fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló la acusación en el caso llamado "cementazo ". No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses".

Según informó el señor José Paulo Miranda Hurtado, Fiscal de la Fiscalía General de la República, el expediente [Valor 007], que usted menciona en el artículo: “Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" salió de la Fiscalía desde el 30 de julio de 2021 con solicitud de acusación contra los imputados Nombre05 y Nombre06 a la Fiscalía de Probidad y actualmente, se encuentra en el Juzgado Penal pendiente de realizar la audiencia preliminar; mientras que el expediente, [Valor 004] al que usted igualmente alude en dicho artículo, se encuentra activo, propiamente en estudio de fondo, esto según lo informó el señor Marcos Vinicio Ulate Herrera, Técnico Judicial del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye a su persona [Nombre01 001], que por haber externado su parecer o criterio sobre dos causas penales tramitabas bajo los expedientes No [Valor 007] y [Valor 004], cuya tramitación, resolución o ejecución definitiva no ha concluido, usted presuntamente violentó la prohibición establecida en el numeral 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 35 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye asimismo a su persona [Nombre01 001], haber presuntamente violentado el deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que la referencia que su persona [Nombre01 001] realizó en el artículo: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" en cuestión, a las causas penales tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], podría atentar contra la independencia, objetividad, imparcialidad e imagen de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en esa publicación su persona se identificó como funcionaria de esa Sala y esos asuntos podrían ser eventualmente conocidos por esa instancia judicial, esto según lo establece el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que con las manifestaciones que usted realiza aludiendo a las causas tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], así como a personas investigadas judicialmente, en el artículo de opinión titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad" el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió su criterio y asumió una posición jurídica evidente respecto a las mismas, acciones que resultan incompatibles con los deberes y obligaciones que se imponen a su persona por el cargo público que como funcionaria judicial ostenta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y atentan contra la imagen institucional y la labor jurisdiccional de esa Sala. 9-Que en el artículo suscrito por su persona denominado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad", el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió una serie de consideraciones, al parecer personales, acerca de causas administrativas o penales en las que a usted se le involucró. Propiamente se destacan las siguientes líneas: "(...) muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias". Nombre02 se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público. Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la ley procesal penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad sino nuestro prestigio profesional.” “(…) fuimos instrumentalizados y condenados mediáticamente sin siquiera existir aspectos objetivos para llevar el asunto a juicio”.

De acuerdo con lo indicado en el cargo anterior y siendo que en el artículo en mención, su persona [Nombre01 001] se identificó como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, usted presuntamente vulneró la regulación establecida en el numeral 27 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés, el cual en su inciso “a)” prohíbe: “Utilizar el poder oficial, el prestigio o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos, o cualquier otro beneficio personal a su favor, de sus familiares, amistades o cualquier otra persona; medie o no remuneración ", ya que a pesar de esa prohibición, su persona hizo señalamiento expreso a los cargos que desempeña en la institución para emitir una opinión en defensa de sus intereses personales. " (sic).

El acto de inicio del proceso administrativo, en el que se describen los hechos acusados así como la prueba que sustenta dicha actuación, le fue debidamente notificado a la denunciada [Nombre01 001] el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, la encausada otorgó un Poder Especial Administrativo al licenciado José Andrés Torrentes Rodríguez, a fin de que dicho profesional en derecho la represente en el proceso disciplinario en cuestión.

Mediante escrito debidamente incorporado a los autos el día veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Torrentes Rodríguez, en tiempo y forma se refirió ampliamente a cada uno de los hechos acusados en contra de la servidora [Nombre01 001]; hizo referencia a circunstancias que en su criterio constituyen una violación de derechos a partir de la apertura del proceso disciplinario aperturado [sic] y la vulneración a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional. Finalmente, ofreció la prueba testimonial y documental que estimó pertinente y señaló medio para atender notificaciones.

Como puede apreciar la honorable Sala Constitucional, a la fecha el referido proceso se encuentra sujeto al trámite correspondiente, mismo al que en virtud de su reciente inicio, le resta el análisis de admisibilidad de la prueba ofrecida y el consecuente señalamiento a audiencia; ello, a fin de recabar el elenco probatorio testimonial. En ese orden, es claro que no se ha dictado acto final por parte del órgano decisor. Por el contrario, a esta data el área de instrucción de este Tribunal de la Inspección Judicial mantiene una investigación dirigida a determinar, con sustento en una tesis acusatoria, si el proceder de la ahora recurrente por la vía del amparo, encuadra en alguna irregularidad que la haga merecedora de la aplicación del régimen disciplinario y la fijación de una sanción administrativa de acuerdo a la falta reprochada.

Así, estima esta servidora, en el asunto objeto del presente recurso no ha mediado resolución, acción, omisión o simple actuación material no fundamentada en un acto administrativo eficaz, que haya violentado o amenace con violentar siquiera, derecho fundamental alguno en perjuicio de la servidora judicial [Nombre01 001].

Véase que en la actualidad, la génesis del presente asunto descansa en la pendencia de una tesis acusatoria que se encuentra a la espera de ser debidamente comprobada, para lo que deberán ser consideradas las garantías de orden constitucional inherentes a este tipo de procesos, así como a los principios rectores del proceso administrativo disciplinario”.

Por escrito agregado a este expediente el 11 de enero del 2022, la recurrente solicitó agregar al expediente un comprobante de incapacidad que aporta.

Por escrito agregado a este expediente el 12 de enero del 2022, la recurrente solicitó que se agregara a este expediente copia de la gestión de recusación que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia contra una de sus Magistradas, para que sea separada del conocimiento de todo asunto en el que ella (la recurrente) esté involucrada.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Jara Velasquez; y,

Objeto. La recurrente interpone este amparo contra la decisión del Tribunal de la Inspección Judicial de abrir en su contra un procedimiento administrativo disciplinario por la publicación en un medio de prensa de un artículo de opinión titulado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", por supuesta violación del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), violación de la prohibición establecida en el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incumplimiento del Reglamento: "Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial", aprobado por Corte Plena en sesión No 14-19 celebrada el 01 de abril de 2019, artículo XIII." La recurrente alega que la apertura del procedimiento, constituye una violación grave y odiosa a la libertad de opinión y libertad de pensamiento, materializado en los numerales 28 y 29 de la Carta Constitucional de la República de Costa Rica, así como otra serie de derechos conexos, que penden de la libre difusión de ideas. Sostiene que las aseveraciones que manifiesta en el artículo indicado no son producto antojadizo de una opinión sin fundamento y que las hizo en el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de la libertad de opinión sin el deseo de afectar a la señora Nombre02 como persona, porque la opinión fue en relación con los hechos, las labores y el desempeño de quien ostentaba ese cargo en ese momento, pudiendo haber sido cualquier otra persona. Agregó que al indicar su Nombre01 como autora del artículo se consignaron los puestos que desempeña en el Poder Judicial, a saber: Letrada de Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, lo que siempre se establece en cualquier artículo de ese estilo para ser publicado por un medio de comunicación y lo que ha realizado con anterioridad, sin que ello pueda interpretarse como una falta al deber de probidad o buena imagen como funcionaria del Poder Judicial. También se ha publicado otro artículos de índole similar, como, por ejemplo, algunos de la autoría del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin que tenga que enfrentar la apertura de procedimientos administrativos. En todo caso, lo publicó a título personal. Alegó también que en el procedimiento se le acusa de hechos descontextualizados: nunca se mencionó número de expediente relacionado a personas de un proceso, no emitió ningún pronunciamiento de fondo, más allá que una simple opinión, se le imputa algo que nunca dijo. De igual forma su cargo desde julio del 2021 es de Letrada del Centro de Jurisprudencia de la Sala Tercera, por lo que no tiene contacto alguno con ningún expediente ni elabora proyectos de ningún tipo y no es Magistrada. Alega también que la opinión se fundamente en hechos reales que fueron publicados por medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Además, externar lo que piensa no solo es su derecho sino que es parte del control ciudadano. En tal sentido, el artículo contiene un tema de actualidad e interés nacional y llama a la reflexión, lo que la motivó a publicarlo, con ocasión del concurso convocado para llenar la vacante de ese puesto tan importante. A su juicio, el procedimiento permite percibir que el Tribunal de la Inspección Judicial y la señora Patricia María Solano Castro, pretenden silenciarla (Ley mordaza). Aduce que se encuentra enfrentando persecuciones ilegítimas por externar y ejercer su opinión de un hecho que revierte interés nacional. Se está buscando lesionar una serie de derechos de raigambre de control convencional en el marco de esta misma Sala Constitucional. En general, considera que lo expuesto lesiona sus derechos por las siguientes razones:

Violenta el artículo 13 CADH con respecto al Derecho de Libre Expresión de los Medios

Las limitaciones a las libertades públicas como la libertad de opinión y pensamiento dispuesta en el artículo 19 párrafos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solo admite reserva legal por interés público según se desprende del artículo 28 de la Constitución Política.

Viola la jurisprudencia de carácter erga omnes de la Sala Constitucional en cuanto a las referidas garantías. Por otra parte, alegó también que esta Sala tiene competencia para conocer lo planteado. Con base en lo expuesto solicita lo siguiente: “PETITORIA / 1)-Solicito respetuosamente se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y de previo a emitir la resolución final, se pueda interlocutoriamente suspender la aplicación y los efectos del acto administrativo objetado en esta sede. (artículo 39 y 41 Ley Jurisdicción Constitucional). / 2)-Solicito se declare la nulidad de la Resolución de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial. / 3)-Solicito que se declare que estamos ante una legítima restricción de la Libertad de Expresión, Libertad de Opinión y Libertad de Pensamiento, incongruente con la normativa atinente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con la jurisprudencia constitucional patria. / 4)-Solicito igualmente que se declare la condenatoria en daños y perjuicios ocasionados a mi persona con motivo de la estimatoria del fallo que corresponde”.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

El Tribunal de la Inspección Judicial tramita contra la recurrente el expediente número 21-004468-0031-DI, que es procedimiento disciplinario y que deriva de una queja formulada por la señora Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, y suscrita el día 3 de diciembre de 2021 (informe rendido).

Por resolución de las 15:22 horas del 9 de diciembre del 2021, el Tribunal de la Inspección Judicial dicta el traslado de cargos por hechos calificados de la siguiente manera: "Violación del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), Violación a la prohibición establecida en el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e Incumplimiento del Reglamento: "Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial" aprobado por Corte Plena en sesión No 14-19 celebrada el 01 de abril de 2019, artículo XIII".

Se le atribuye lo siguiente:

"1- Su persona [Nombre01 001] se desempeña en el puesto de letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El día 16 de noviembre de 2021, el medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", publicó un artículo de opinión en su medio digital, titulado:

"Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA! cuya autora, según dicho artículo es su persona [Nombre01 001] y en éste, se le identifica como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial.

En la redacción del contenido del artículo indicado en el cargo anterior, haciendo referencia al expediente No [Valor 004], en el que figuran como imputados los señores Nombre03, Nombre04 y la señora Berenice Smith Bonilla, su persona señaló: "(...) al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Nombre03, Nombre04 y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos".

En la redacción del contenido de ese mismo artículo titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado el 16 de noviembre de 2021, por medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", en relación al expediente No [Valor 007], caso conocido popularmente como: "cementazo", en el que figuran como imputados los señores Nombre05 y Nombre06, su persona [Nombre01 001] , manifestó: "(...) cuatro años después, y con la ex Fiscal General Nombre02 fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló la acusación en el caso llamado "cementazo ". No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses".

Según informó el señor José Paulo Miranda Hurtado, Fiscal de la Fiscalía General de la República, el expediente [Valor 007] , que usted menciona en el artículo: “Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" salió de la Fiscalía desde el 30 de julio de 2021 con solicitud de acusación contra los imputados Nombre05 y Nombre06 a la Fiscalía de Probidad y actualmente, se encuentra en el Juzgado Penal pendiente de realizar la audiencia preliminar; mientras que el expediente, [Valor 004] al que usted igualmente alude en dicho artículo, se encuentra activo, propiamente en estudio de fondo, esto según lo informó el señor Marcos Vinicio Ulate Herrera, Técnico Judicial del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye a su persona [Nombre01 001], que por haber externado su parecer o criterio sobre dos causas penales tramitabas bajo los expedientes No [Valor 007] y [Valor 004], cuya tramitación, resolución o ejecución definitiva no ha concluido, usted presuntamente violentó la prohibición establecida en el numeral 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 35 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye asimismo a su persona [Nombre01 001], haber presuntamente violentado el deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que la referencia que su persona [Nombre01 001] realizó en el artículo: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" en cuestión, a las causas penales tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], podría atentar contra la independencia, objetividad, imparcialidad e imagen de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en esa publicación su persona se identificó como funcionaria de esa Sala y esos asuntos podrían ser eventualmente conocidos por esa instancia judicial, esto según lo establece el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que con las manifestaciones que usted realiza aludiendo a las causas tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], así como a personas investigadas judicialmente, en el artículo de opinión titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad" el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió su criterio y asumió una posición jurídica evidente respecto a las mismas, acciones que resultan incompatibles con los deberes y obligaciones que se imponen a su persona por el cargo público que como funcionaria judicial ostenta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y atentan contra la imagen institucional y la labor jurisdiccional de esa Sala. 9-Que en el artículo suscrito por su persona denominado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad", el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió una serie de consideraciones, al parecer personales, acerca de causas administrativas o penales en las que a usted se le involucró. Propiamente se destacan las siguientes líneas: "(...) muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias". Nombre02 se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público. Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la ley procesal penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad sino nuestro prestigio profesional.” “(…) fuimos instrumentalizados y condenados mediáticamente sin siquiera existir aspectos objetivos para llevar el asunto a juicio”.

De acuerdo con lo indicado en el cargo anterior y siendo que en el artículo en mención, su persona [Nombre01 001] se identificó como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, usted presuntamente vulneró la regulación establecida en el numeral 27 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés, el cual en su inciso “a)” prohíbe: “Utilizar el poder oficial, el prestigio o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos, o cualquier otro beneficio personal a su favor, de sus familiares, amistades o cualquier otra persona; medie o no remuneración ", ya que a pesar de esa prohibición, su persona hizo señalamiento expreso a los cargos que desempeña en la institución para emitir una opinión en defensa de sus intereses personales" (informe rendido).

El 9 de diciembre del 2021, el Tribunal de la Inspección Judicial notificó a la recurrente el acto de inicio del procedimiento administrativo, en el que se describen los hechos acusados así como la prueba que sustenta dicha actuación (informe rendido).

Mediante escrito incorporado al expediente administrativo el 23 de diciembre del 2021, el apoderado de la recurrente se refirió a los hechos acusados en contra de la amparada y ofreció prueba testimonial y documental (informe rendido).

El procedimiento se encuentra sujeto al trámite correspondiente, le resta el análisis de admisibilidad de la prueba ofrecida y el señalamiento a audiencia para recabar el elenco probatorio testimonial (informe rendido).

Hechos no probados. De importancia para resolver este proceso, se tiene por no demostrado el siguiente: Único.- Que la autoridad recurrida haya dictado algún acto sancionatorio en contra de la recurrente.

Sobre el fondo. La recurrente alega que la apertura de un procedimiento administrativo en su contra, lesiona su derecho a la libertad de expresión. Al respecto se debe indicar, en primer lugar, que la razón de ser de la jurisdicción constitucional es, entre otras, la tutela efectiva de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. Así se desprende del numeral 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional al regular su objeto. En segundo término, no hay que perder de vista que la libertad de expresión, así como la libertad de prensa, son elementos esenciales del sistema democrático, al extremo, que es uno de sus elementos nucleares. Así lo ha reconocido este Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su amplia jurisprudencia.

A partir de lo anterior, y siguiendo los precedentes de esta Sala es necesario concluir que se debe declarar con lugar el recurso de amparo. Para el caso en concreto, respecto de conflictos sobre libertad de expresión causados por manifestaciones de los servidores públicos en relación con la institución para la que trabajan, y en el sub lite un artículo de opinión criticando la laboral de una alta exfuncionaria del Poder Judicial, es de interés transcribir parte de lo dicho en la sentencia n.º 2016-8429 de las 15:05 horas del 21 de junio de 2016:

“I.- ACERCA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La Sala Constitucional, al conocer alegatos similares al que aquí se expone, ha precisado la relación que existe entre la función pública y la libertad de expresión, en los siguientes términos:

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN . La libertad de expresión incluye la posibilidad de cualquier persona de manifestar, difundir o comunicar, por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, en privado o en público, sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor (artículo 28, párrafo 1°, de la Constitución Política). En el ejercicio de este derecho fundamental las personas, únicamente, deben respetar los límites extrínsecos generales establecidos para todo derecho como lo son el orden público, la moral y las buenas costumbres (artículo 28, párrafo 2°, ibidem). Desde luego que, también, los derechos personalísimos de las demás personas constituyen una barrera para su ejercicio, tales como el derecho al honor –subjetivo y objetivo-(artículo 41 de la Constitución Política), a la intimidad (artículo 24 ibidem) o a la propia imagen (artículo 41 ibidem). Precisamente por lo anterior, en el nivel de la mera legalidad, el legislador ha tipificado, en el Código Penal, los delitos de injurias, calumnias y difamación (artículos 145 a 147) y en el Código Civil -Título Preliminar- recogió, en su artículo 22, la teoría del abuso del derecho, razón por la cual cualquier persona que haga un ejercicio abusivo y antisocial de un derecho debe resarcir a quien sufra una lesión antijurídica. En una sociedad abierta y democrática, a la que le son consustanciales los principios de tolerancia, pluralismo y transparencia, la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otras personas físicas o jurídicas aunque le disguste e incomode a sus destinatarios. Esa posibilidad se ve reforzada cuando se trata de la crítica a la gestión o funcionamiento de un ente u órgano público, a un personaje público o a una persona con notoriedad pública. Lo anterior no significa que el Derecho de la Constitución prohija (sic), implícitamente, un seudo derecho al insulto por el ejercicio de expresiones ofensivas, ultrajantes o constitutivas de delito penal o civil.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RELACION ESTATUTARIA. Los funcionarios o servidores públicos, por la circunstancia de estar sometidos a una relación estatutaria, no pueden ver diezmada o limitada su libertad de expresión y opinión y, en general, ninguno de los derechos fundamentales de los que son titulares por intrínseca dignidad humana. Las organizaciones administrativas no son compartimentos estancos o separados del conglomerado social y la existencia de una carrera administrativa o de una relación estatutaria no justifican el despojo transitorio o las limitaciones de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos de los cuales gozan en todas las facetas de su vida. Ciertamente, la libertad de expresión en el ámbito de una relación funcionarial o estatutaria puede sufrir leves modulaciones por razón de la relación de jerarquía inherente a la organización administrativa, la confianza que debe mediar entre el superior y el inferior, los deberes de lealtad de ambos con los fines institucionales y de reserva respecto de las materias que han sido declaradas secreto de Estado por una ley. Sobre el particular, conviene agregar que tal matización ha de ser proporcionada y razonable, y que ni siquiera un interés público podría limitar o restringir los derechos fundamentales de un funcionario público por la vinculación más fuerte, la eficacia directa e inmediata y la superioridad jerárquica de éstos. Los conceptos de buena fe y lealtad no pueden enervar la libertad de expresión de un funcionario público cuando a través de su ejercicio no se causa una lesión antijurídica al ente u órgano público al cual pertenece y representa o a terceros. Los jerarcas o superiores jerárquicos de un ente u órgano público, por sus especiales y acusadas responsabilidades y exposición al público, deben estar sujetos y tolerar la crítica no dañina o antijurídica tanto de los usuarios de los servicios públicos, administrados en general como de los propios funcionarios. Lo anterior es, también, predicable respecto de las formas e instrumentos de gestión o administración de un ente u órgano público. La crítica de los usuarios, administrados en general y de los funcionarios públicos sobre el desempeño individual de algún servidor e institucional del ente u órgano público constituye una poderosa herramienta para el control y fiscalización de la gestión pública y, desde luego, para obtener mayores niveles de rendimiento –resultados-, rendición de cuentas y transparencia administrativa. Ningún funcionario público puede ser inquietado, perseguido, recriminado o sancionado por expresar sus opiniones, ideas, pensamientos o juicios de valor acerca de la gestión del ente público o las actuaciones de otro funcionario público.

En el presente asunto al recurrente en amparo se le abrió un procedimiento disciplinario en el que se le impuso una sanción de ocho días sin goce de salario, por haberse publicado en el periódico vecinos de Alajuela, las manifestaciones del mismo denunciando varias irregularidades tales como (a) que los laboratorios del Hospital y la Clínica tienen capacidad para atender la demanda sin necesidad de contratar servicios privados y externos y (b) que las listas de espera están ‘montadas’. Evidentemente, tales críticas o irregularidades apuntadas por el recurrente no fueron transmitidas con una intención vejatoria o ultrajante y, por consiguiente, no afectaron el honor subjetivo y objetivo de cada uno de los profesionales que integran el cuerpo médico de la Clínica u Hospital como tampoco el prestigio de la institución -valor este último que no se puede identificar al honor de las personas físicas y que, desde luego, no puede gozar de igual protección que un derecho fundamental-. No pueden pretender las autoridades recurridas anteponer los deberes de buena fe y lealtad al goce y ejercicio del derecho de expresión u opinión y, más concretamente, a las críticas acerca de la contratación de laboratorios privados y el supuesto montaje de las listas de espera, puesto que, están referidas a la gestión de los centros de salud indicados. En lo tocante a la veracidad de las opiniones vertidas por el recurrente, es menester indicar que en tratándose del ejercicio de la libertad de expresión, las críticas o juicios de valor emitidos no se deben someter –a diferencia de lo que acontece con la libertad de información- a la demostración de su exactitud, certeza y objetividad. Bajo esta inteligencia el procedimiento administrativo y la sanción impuesta como acto final –suspensión de ocho días sin goce de salario- en el mismo resultan flagrantemente inconstitucionales por quebrantar la libertad de opinión o expresión del aquí recurrente, independientemente de haberse ejercido en su condición de funcionario de la entidad recurrida o como regidor municipal”. (Sentencia N° 2003-01527 de las 14:58 horas del 26 de febrero de 2003)

El pronunciamiento antes citado debe ser complementado con lo que este Tribunal declaró en el fallo N° 2015007500 de las 11:32 horas del 22 de mayo de 2015, a saber:

“ El hecho de que a un funcionario público se le abra un procedimiento administrativo por realizar un comentario genérico sobre el desempeño de los jefes en la corporación municipal constituye una medida excesiva de la Administración Pública que limita su libertad de expresión. Es bien sabido que las limitaciones a la libertad de expresión y de información están sometidas a un test estricto de razonabilidad, lo cual significa, ni más ni menos, que toda acto o medida que la restrinja es sospechoso, por lo que la autoridad pública tiene la carga de la prueba de demostrar que hay un interés público apremiante, plenamente justificado, en la medida o acto, así como el deber de demostrar que la medida o acto adoptado es la menos gravosa para el derecho fundamental, amén que debe de interpretarse restrictivamente. Concretamente, debemos verificar que la finalidad perseguida con la apertura del procedimiento administrativo es legítima, importante e imperiosa; que es un medio adecuado, efectivamente conducente y además necesario y que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo; y adicionalmente, se debe aplicar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto mediante el cual se verifique que los beneficios de la apertura del procedimiento administrativo excedan claramente las restricciones impuestas a la libertad de expresión. En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una expresión que aunque mortificante no es atribuida a nadie en específico. El comentario en general sobre el desempeño de los funcionarios que ejercen las jefaturas en la municipal de San José, no es una imputación a ninguna persona en concreto y, por consiguiente, la apertura del procedimiento administrativo en sí mismo no constituye un medio razonable, idóneo y necesario para exigir una responsabilidad ulterior, tal y como lo prescribe el numeral 29 de la Carta Fundamental y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este caso, porque a nadie en específico se está ofendiendo, sino, por el contrario, se constituye en un instrumento intimidante para el recurrente y los funcionarios de la institución y, de esa forma, se impide que expresen lo que piensan –son mayores las restricciones a la libertad de expresión que los beneficios de la medida-, máxime que la frase en sí misma no tiene entidad suficiente para merecer sanción alguna. En esta dirección, se debe tener presente que la libertad de expresión ‘(…) protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, pues esta libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono. Su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa’ (véase la sentencia 575/09 de la Corte Constitucional de Colombia). Así las cosas, La simple apertura de un procedimiento por unas manifestaciones cuyo contenido no individualiza a ninguna persona, tampoco es admisible, porque se trata del ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión; no se justifica la apertura de un procedimiento disciplinario por expresiones que en su contenido se refieren, sin la menor duda, al ejercicio de esa libertad. Distinto sería el caso si la imputación se hubiese hecho a un jefe concreto y estás fueran irrespetuosas .

En otro orden de ideas, no cabe duda que en la sociedad democrática los funcionarios públicos estamos en el deber de soportar frases mortificantes, todo ello en garantía de una libertad que constituye un presupuesto esencial del Estado social y democrático de Derecho. En este caso, es mejor tolerar un exceso de naturaleza genérico que restringir indebidamente la libertad de expresión, especialmente que la afirmación, que tanto molesta al jerarca de la municipalidad de San José, no se dirige a ninguna persona específica. De ahí que resulta procedente acoger el recurso de amparo, como en efecto se hace” (el resaltado no es del original).

En el sub lite se tiene que examinar que la apertura y realización del procedimiento administrativo por violación al deber de probidad, se ajuste a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que justifiquen que el beneficio público por su realización sea mayor a la limitación a posteriori de la libertad de expresión o sus efectos intimidantes (cual prevención general a otro funcionario que quiera emitir opinión al respecto). En el caso en concreto, se advierte que no se cumple que la apertura de dicho procedimiento sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto por los siguientes motivos: 1) la amparada, funcionaria judicial, en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, hace una crítica en un artículo de opinión a la función que realizó una alta exfuncionaria;

La persona que fue objeto de las críticas es una alta exfuncionaria del Poder Judicial, posición que conlleva –por sus especiales y acusadas responsabilidades y exposición al público– mayor tolerancia a la crítica, tanto de los administrados en general como de los propios funcionarios de la institución; 3) el artículo de opinión de la recurrente se enmarca dentro del ejercicio de la libertad de expresión, en las que se cuestiona la idoneidad y desempeño de una alta exfuncionaria del Poder Judicial; y 4) lo expresado por la recurrente es lo que espera en una sociedad democrática abierta y pluralista, donde la libre circulación de las ideas resulta ser el norte de este tipo de sociedad.

Por las razones expuestas, se reitera que la libertad de expresión comprende la posibilidad de formular críticas contra la conducta o funcionamiento de otra persona, aunque disgusten e incomoden, posibilidad que se tutela con mayor permisividad y tolerancia cuando se trata de crítica a la gestión o idoneidad de una persona con notoriedad pública por su función, como es el caso de una fiscala General. De igual importancia, como se estableció en el precedente supra citado, lo siguiente:

“…la crítica de los usuarios, administrados en general y de los funcionarios públicos sobre el desempeño individual de algún servidor (…) constituye una poderosa herramienta para el control y fiscalización de la gestión pública y, desde luego, para obtener mayores niveles de rendimiento –resultados-, rendición de cuentas y transparencia administrativa. Ningún funcionario público puede ser inquietado, perseguido, recriminado o sancionado por expresar sus opiniones, ideas, pensamientos o juicios de valor acerca de la gestión del ente público o las actuaciones de otro funcionario público”.

Así las cosas, tomando en consideración las particularidades del cuadro fáctico de este caso, la apertura del procedimiento administrativo en sí mismo no constituye un medio razonable ni proporcional para exigir una responsabilidad ulterior, tal y como lo prescribe el numeral 29 de la Carta Fundamental y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino, por el contrario, se constituye en un instrumento intimidante para la amparada y, de esa forma, se impide que exprese lo que piensa sobre el desempeño de una alta funcionaria del Poder Judicial, siendo mayores las restricciones a la libertad de expresión que los beneficios de la medida. Aunado a lo anterior, no se logró demostrar fehacientemente el interés público imperioso de abrir dicha investigación, y se constató que las críticas realizadas en el artículo de opinión se enmarcaron en lo que se espera de los habitantes de la República cuando ejercen la libertad de expresión, sea para criticar o exaltar la gestión de un funcionario público.

Es importante indicar que los límites entre la potestad disciplinaria y la libertad de expresión de los funcionarios judiciales debe analizarse caso por caso. En el asunto que nos ocupa contrastado el traslado de cargos versus el artículo de opinión, materialmente se observa que el procedimiento disciplinario constituye claramente una sanción por la opinión emitida, fungiendo a modo de mordaza. Se debe tomar además en consideración que para el momento en que la recurrente emite la opinión en el Semanario Universidad no era la Juzgadora o Letrada encargada del conocer el fondo del asunto, sino que ocupaba un cargo como Letrada en el Centro de Recuperación Jurisprudencial de la Sala Tercera.

Por las razones expuestas, al desprenderse un actuar excesivo, que conculca los derechos de la tutelada, lo procedente es declarar con lugar el recurso en todos sus extremos.

Voto salvado del magistrado Rueda Leal. En el sub examine, la accionante, letrada del Centro de Jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, interpone recurso de amparo contra la decisión del Tribunal de la Inspección Judicial de abrir un procedimiento administrativo disciplinario en su contra por la publicación en un medio de prensa de un artículo de opinión titulado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!". Arguye que la apertura de tal procedimiento constituye una violación grave y odiosa a la libertad de opinión y libertad de pensamiento. Sostiene que las aseveraciones que manifiesta en el artículo indicado no son producto antojadizo de una opinión sin fundamento y que las hizo en pleno ejercicio de los derechos fundamentales a las libertades de expresión y de opinión, sin el deseo de afectar a Nombre02 como persona. Agrega que al consignar su Nombre01 como autora del artículo se consignaron los puestos que ha desempeñado en el Poder Judicial, a saber: Letrada de Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, lo que siempre se establece en cualquier artículo de ese estilo para ser publicado por un medio de comunicación, sin que de ello pueda colegirse una falta al deber de probidad o la buena imagen como funcionaria del Poder Judicial. Aduce que también se han publicado otros artículos de índole similar, por ejemplo, algunos de autoría del presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin que tenga que enfrentar la apertura de procedimientos administrativos. Aduce que el artículo lo publicó a título personal. Alega que en el procedimiento se le acusa de hechos descontextualizados, pues nunca mencionó números de expedientes relacionados con personas de un proceso ni emitió algún pronunciamiento de fondo. Menciona que desde julio de 2021 es letrada del Centro de Jurisprudencia de la Sala Tercera, por lo que no tiene contacto con algún expediente ni elabora proyectos de algún tipo. Asevera que el artículo contiene un tema de actualidad e interés nacional y llama a la reflexión, lo que la motivó a publicarlo, con ocasión del concurso convocado para llenar la vacante de ese puesto tan importante. Arguye que, a su juicio, el Tribunal de la Inspección Judicial y la magistrada Patricia María Solano Castro pretenden silenciarla. Formula esta petitoria: “ 1)-Solicito respetuosamente se declare con lugar el presente Recurso de Amparo y de previo a emitir la resolución final, se pueda interlocutoriamente suspender la aplicación y los efectos del acto administrativo objetado en esta sede. (artículo 39 y 41 Ley Jurisdicción Constitucional). / 2)-Solicito se declare la nulidad de la Resolución de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial. / 3)-Solicito que se declare que estamos ante una legítima restricción de la Libertad de Expresión, Libertad de Opinión y Libertad de Pensamiento, incongruente con la normativa atinente de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con la jurisprudencia constitucional patria. / 4)-Solicito igualmente que se declare la condenatoria en daños y perjuicios ocasionados a mi persona con motivo de la estimatoria del fallo que corresponde”.

Por su parte, la presidenta a.i. del Tribunal de la Inspección Judicial informó, en lo que interesa: “Tal y como se indica en los antecedentes incorporados al Recurso de Amparo planteado por la funcionaria judicial [Nombre01 001], en este Tribunal de la Inspección Judicial se tramita expediente No 21-004468-0031-DI, que es proceso disciplinario en su contra y que deriva de una queja formulada por la señora Magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro y suscrita el día tres de diciembre de dos mil veintiuno. Con sustento en la información recibida, la inspectora instructora asignada en el desempeño de su cargo y con sustento en las potestades conferidas en el ordinales 187 y 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estimó pertinente el inicio de un proceso disciplinario en contra de la servidora judicial [Nombre01 001] y en consecuencia, emitió el auto de traslado de cargos de las quince horas veintidós minutos del nueve de diciembre del año dos mil veintidós, por hechos calificados como: "Violación del deber de probidad (artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública), Violación a la prohibición establecida en el artículo 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e Incumplimiento del Reglamento: "Regulación para la prevención, identificación y la gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial" aprobado por Corte Plena en sesión No 14-19 celebrada el 01 de abril de 2019, artículo XIII". Propiamente se le atribuye: "1- Su persona [Nombre01 001] se desempeña en el puesto de letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El día 16 de noviembre de 2021, el medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", publicó un artículo de opinión en su medio digital, titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA! cuya autora, según dicho artículo es su persona [Nombre01 001] y en éste, se le identifica como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial.

En la redacción del contenido del artículo indicado en el cargo anterior, haciendo referencia al expediente No [Valor 004], en el que figuran como imputados los señores Nombre03, Nombre04 y la señora Berenice Smith Bonilla, su persona señaló: "(...) al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Nombre03, Nombre04 y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos".

En la redacción del contenido de ese mismo artículo titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado el 16 de noviembre de 2021, por medio de comunicación nacional denominado "Semanario Universidad", en relación al expediente No [Valor 007], caso conocido popularmente como: "cementazo", en el que figuran como imputados los señores Nombre05 y Nombre06, su persona [Nombre01 001], manifestó: "(...) cuatro años después, y con la ex Fiscal General Nombre02 fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló la acusación en el caso llamado "cementazo ". No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses".

Según informó el señor José Paulo Miranda Hurtado, Fiscal de la Fiscalía General de la República, el expediente [Valor 007], que usted menciona en el artículo: “Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" salió de la Fiscalía desde el 30 de julio de 2021 con solicitud de acusación contra los imputados Nombre05 y Nombre06 a la Fiscalía de Probidad y actualmente, se encuentra en el Juzgado Penal pendiente de realizar la audiencia preliminar; mientras que el expediente, [Valor 004] al que usted igualmente alude en dicho artículo, se encuentra activo, propiamente en estudio de fondo, esto según lo informó el señor Marcos Vinicio Ulate Herrera, Técnico Judicial del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Segundo Circuito Judicial de San José.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye a su persona [Nombre01 001], que por haber externado su parecer o criterio sobre dos causas penales tramitabas bajo los expedientes No [Valor 007] y [Valor 004], cuya tramitación, resolución o ejecución definitiva no ha concluido, usted presuntamente violentó la prohibición establecida en el numeral 9 inciso 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en el artículo 35 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés.

Por los hechos anteriormente descritos y numerados 3 y 4, se le atribuye asimismo a su persona [Nombre01 001], haber presuntamente violentado el deber de probidad establecido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ya que la referencia que su persona [Nombre01 001] realizó en el artículo: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!" en cuestión, a las causas penales tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], podría atentar contra la independencia, objetividad, imparcialidad e imagen de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en esa publicación su persona se identificó como funcionaria de esa Sala y esos asuntos podrían ser eventualmente conocidos por esa instancia judicial, esto según lo establece el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que con las manifestaciones que usted realiza aludiendo a las causas tramitadas bajo los expedientes [Valor 007] y [Valor 004], así como a personas investigadas judicialmente, en el artículo de opinión titulado: "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad" el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió su criterio y asumió una posición jurídica evidente respecto a las mismas, acciones que resultan incompatibles con los deberes y obligaciones que se imponen a su persona por el cargo público que como funcionaria judicial ostenta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y atentan contra la imagen institucional y la labor jurisdiccional de esa Sala. 9-Que en el artículo suscrito por su persona denominado "Nombre02: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA!", publicado en el medio de comunicación: "Semanario Universidad", el día 16 de noviembre de 2021, su persona emitió una serie de consideraciones, al parecer personales, acerca de causas administrativas o penales en las que a usted se le involucró. Propiamente se destacan las siguientes líneas: "(...) muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias". Nombre02 se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público. Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la ley procesal penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad sino nuestro prestigio profesional.” “(…) fuimos instrumentalizados y condenados mediáticamente sin siquiera existir aspectos objetivos para llevar el asunto a juicio”.

De acuerdo con lo indicado en el cargo anterior y siendo que en el artículo en mención, su persona [Nombre01 001] se identificó como letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial, usted presuntamente vulneró la regulación establecida en el numeral 27 del Reglamento: Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés, el cual en su inciso “a)” prohíbe: “Utilizar el poder oficial, el prestigio o la influencia que surja de él, para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos, o cualquier otro beneficio personal a su favor, de sus familiares, amistades o cualquier otra persona; medie o no remuneración ", ya que a pesar de esa prohibición, su persona hizo señalamiento expreso a los cargos que desempeña en la institución para emitir una opinión en defensa de sus intereses personales. " (sic). El acto de inicio del proceso administrativo, en el que se describen los hechos acusados así como la prueba que sustenta dicha actuación, le fue debidamente notificado a la denunciada [Nombre01 001] el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, la encausada otorgó un Poder Especial Administrativo al licenciado José Andrés Torrentes Rodríguez, a fin de que dicho profesional en derecho la represente en el proceso disciplinario en cuestión. Mediante escrito debidamente incorporado a los autos el día veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Torrentes Rodríguez, en tiempo y forma se refirió ampliamente a cada uno de los hechos acusados en contra de la servidora [Nombre01 001]; hizo referencia a circunstancias que en su criterio constituyen una violación de derechos a partir de la apertura del proceso disciplinario aperturado [sic] y la vulneración a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional. Finalmente, ofreció la prueba testimonial y documental que estimó pertinente y señaló medio para atender notificaciones. Como puede apreciar la honorable Sala Constitucional, a la fecha el referido proceso se encuentra sujeto al trámite correspondiente, mismo al que en virtud de su reciente inicio, le resta el análisis de admisibilidad de la prueba ofrecida y el consecuente señalamiento a audiencia; ello, a fin de recabar el elenco probatorio testimonial. En ese orden, es claro que no se ha dictado acto final por parte del órgano decisor. Por el contrario, a esta data el área de instrucción de este Tribunal de la Inspección Judicial mantiene una investigación dirigida a determinar, con sustento en una tesis acusatoria, si el proceder de la ahora recurrente por la vía del amparo, encuadra en alguna irregularidad que la haga merecedora de la aplicación del régimen disciplinario y la fijación de una sanción administrativa de acuerdo a la falta reprochada. Así, estima esta servidora, en el asunto objeto del presente recurso no ha mediado resolución, acción, omisión o simple actuación material no fundamentada en un acto administrativo eficaz, que haya violentado o amenace con violentar siquiera, derecho fundamental alguno en perjuicio de la servidora judicial [Nombre01 001]. Véase que en la actualidad, la génesis del presente asunto descansa en la pendencia de una tesis acusatoria que se encuentra a la espera de ser debidamente comprobada, para lo que deberán ser consideradas las garantías de orden constitucional inherentes a este tipo de procesos, así como a los principios rectores del proceso administrativo disciplinario”.

Desde este panorama, considero que el recurso debe declararse sin lugar por prematuro.

En mi criterio, el hecho de que el Tribunal de la Inspección Judicial esté investigando la posible falta de una persona funcionaria judicial no constituye prima facie alguna actuación improcedente, sino el cumplimiento de una función pública que le impone el numeral 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De ahí que resulte anticipado conocer de alguna violación a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de opinión de la parte recurrente, sin que el Tribunal de la Inspección Judicial haya tenido oportunidad de resolver los hechos sometidos a su conocimiento y sin que la tutelada haya recibido alguna sanción. En tal sentido, solo después de finalizado el procedimiento y, de ser el caso, de haberse dictado alguna sanción, se podría entrar a valorar si se infringieron o no tales derechos fundamentales, tomando en consideración el contenido de las manifestaciones de la parte tutelada, las circunstancias en que fueron emitidas, y la argumentación del órgano recurrido.

En concordancia con esta línea argumentativa me he pronunciado en ocasiones anteriores, como por ejemplo en mi voto salvado a la sentencia n.º 2017017765 de las 12:25 horas de 3 de noviembre de 2017:

“El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar el recurso.

La recurrente cuestiona que el Tribunal de la Inspección Judicial haya iniciado un procedimiento disciplinario en su contra debido a sus manifestaciones durante una huelga, lo que “aparentemente” afectó la imagen del Poder Judicial. El tribunal recurrido justificó su actuación, con que la recurrente marchó durante la huelga no solo en su condición personal, sino también en la de jerarca institucional, con un letrero que decía “Defensa Pública de Costa Rica PRESENTE en la lucha por la independencia del Poder Judicial y su régimen de pensiones”; además, al manifestarse en forma pública con un micrófono, dijo que lo hacía en representación de la Dirección de la Defensa Pública, entre otras cosas.

A diferencia de la mayoría, en el sub lite considero prematuro afirmar que en este momento del procedimiento disciplinario se ha verificado una lesión a los derechos fundamentales de la tutelada. En realidad, estamos ante la acción del Tribunal de la Inspección Judicial para instruir una investigación disciplinaria a fin de determinar si la recurrente, en su condición de Jefa de la Defensa Pública de ese entonces, incurrió o no en una falta disciplinaria, tomando en consideración que los defensores públicos en materia penal y alimentaria bajo su dirección ejercen un servicio público esencial, relacionado directamente con la libertad de las personas y la salud de los deudores alimentarios, razones por las que no pueden acogerse a huelga pues afectarían un servicio público esencial en la administración de justicia. Así lo expuse en mis razones adicionales y consideraciones separadas de la sentencia N° 2017- 13786 de las 11:51 horas de 29 de agosto de 2017, donde indiqué lo siguiente:

“(...) el ejercicio del derecho a huelga encuentra una limitante en la puesta en peligro de bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, tales como la vida y la salud, así como la libertad, derecho tan fundamental que incluso tiene asignada, a los efectos de su defensa, el proceso constitucional del habeas corpus.

En el caso del Poder Judicial el ejercicio de la huelga debe ser proporcional y razonable, toda vez que sus servicios se encuentran relacionados con tales derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad de una persona podría correr riesgo, si la jurisdicción penal dejase de brindar su servicio, lo mismo que sucedería en la jurisdicción de familia cuando se trata de personas apremiadas. Igualmente, sería improcedente negar a un menor de edad su derecho al sustento con motivo de una huelga, como podría ocurrir si se le obstruyera la obtención de una pensión alimentaria.

En adición a lo anterior y conforme a la exposición realizada, puede establecerse que la dignidad humana merece una protección semejante y debe ser reconocida como una limitación al derecho de huelga, tanto por su relevancia para el individuo como para la especie humana. (...)”. (El destacado no es original).

Conforme a lo expuesto, todo servicio público cuya interrupción pueda afectar la libertad personal y la salud es esencial, incluso la administración de justicia en la medida que afecta tales bienes constitucionales de primer orden. En adición, la restricción del derecho a huelga resulta plausible, cuando se trata de funcionarios que ejercen su autoridad en Nombre01 del Estado. Así lo ha avalado el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en la Recopilación de decisiones de ese Comité de 2018, Sexta edición, haciendo mención específica de los servidores judiciales:

“826. El reconocimiento del principio de la libertad sindical a los funcionarios públicos no implica necesariamente el derecho de huelga. (Véase Recopilación de 2006, párrafo 572.)

827.El Comité admitió que el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se trate de la función pública o de servicios esenciales, en la medida en que la huelga pudiere causar graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías compensatorias. (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 573; y 374° informe, Casos Núms. 2941 y 3026, párrafo 662.)

828.El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública sólo en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en Nombre01 del Estado. (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 574; 344° informe. Caso núm. 2365, párrafo 1446; y 372° informe, Caso núm. 3025, párrafo 152.)

"832. Los funcionarios que trabajan en la administración de justicia y’ en el poder judicial son funcionarios que ejercen funciones de autoridad en Nombre01 del Estado, por lo que su derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, como la suspensión del ejercicio del derecho o incluso su prohibición. (Véanse Recopilación de 2006, párrafo 578; 344° informe, Caso núm. 2461, párrafo 313; 348° informe, Caso núm. 2088, párrafo 176; 353° informe, Caso núm. 2614, párrafo 398; 359° informe, Caso núm. 2776, párrafo 288; 371° informe. Caso núm. 2203, párrafo 534; y 374° informe, Caso núm. 3024, párrafo 556.)” (El subrayado no es del original).

Por consiguiente, cuando el Tribunal de la Inspección Judicial advierte el posible incumplimiento de deberes de un funcionario judicial está en la obligación de comenzar la investigación correspondiente; lo anterior constituye un deber ineludible a la luz del ordinal 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En un caso donde un colegio profesional también ejerció sus funciones de control y vigilancia, referidas al ejercicio profesional respecto de un agremiado, de similar manera salvé el voto:

“En precedentes de este Tribunal Constitucional, en los que se ha señalado la importancia de las funciones que ejercen los colegios profesionales en el país, se ha explicado que los colegios profesionales tienen el deber, entre otros, de fiscalizar el ejercicio de la profesión, para cuyo efecto evidentemente están facultados para desarrollar todas aquellas investigaciones y procedimientos necesarios para velar por el adecuado desempeño profesional, condicionado a que se respete el derecho al debido proceso. Así, en la sentencia número 2014-007772 de las 14:30 horas del 04 de junio de 2014, la Sala indicó: “(...) en reiteradas ocasiones esta Sala se ha pronunciado sobre la función de interés público que cumplen los colegios profesionales, para controlar y fiscalizar el buen ejercicio de la profesión, lo cual puede ejercer sobre todos sus miembros dada la obligatoriedad de la colegiatura. Ahora bien, en el caso específico del Colegio de Abogados, es en virtud de esa función pública, que la Ley otorga al Colegio la potestad de conocer y sancionar las faltas de sus miembros, así como de emitir los reglamentos y parámetros necesarios para regular la actividad de sus agremiados. De esta forma y de conformidad con el artículo 22 inciso 11 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, corresponde a la Junta Directiva o Junta de Gobierno de ese Colegio aplicar el régimen disciplinario y sancionar las faltas de sus agremiados, para lo cual se encuentra facultada para dictar, los parámetros para cumplir ese fin, como el Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho (ver en igual sentido las sentencias 493-93, 7019-95 y 11611- 04); pues además, es el órgano designado por la misma Asamblea General de agremiados (...)” (lo destacado no es del original). Asimismo, la sentencia número 2000-005137 de las 17:25 horas del 28 de junio de 2000 establece que: “(...) Todo ello conduce, a su vez, a que en el funcionamiento de los Colegios profesionales, puedan éstos representar a sus colegiados frente al poder, ejerciendo, entre otros, la facultad consultiva en todas sus modalidades, ejerciendo la legitimación ante los Tribunales en defensa de la profesión y ejercitando la condición de perito natural en la materia de su conocimiento. También, son competentes los Colegios para darse su propia organización interna (funcionamiento de los órganos superiores: asambleas generales y consejo o junta directiva), por medio de estatutos o reglamentos que aseguren la presencia y continuidad de la corporación en el ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares que utilizan los servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad. En resumen, las atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración en cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio profesional (...)

En el caso de los profesionales en Psicología, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos (Ley N° 6144 del 28 de noviembre de 1977) establece: “Los fines del Colegio son: (...) b) Velar porque las especialidades psicológicas se ejerzan profesionalmente con arreglo a las normas de la ética Conforme a ese marco jurídico y la jurisprudencia constitucional citada, en el sub examine, el Colegio de Psicólogos se limitó precisamente a ejercer las prerrogativas que el ordenamiento jurídico le ha conferido para vigilar el adecuado ejercicio de la profesión. En tal sentido, de conformidad con el principio de legalidad, el Colegio de Psicólogos está llamado a ejercer estos controles cuando sospecha que algún agremiado está ejerciendo su profesión en abierta contradicción de las normas éticas y profesionales correspondientes, todo ello condicionado a que se respete el derecho al debido proceso. Al respecto, del elenco de hechos probados se constata que el 10 de diciembre de 2013, el Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos inició un procedimiento en contra de la recurrente para determinar la verdad real de lo sucedido. El inicio de este tipo de procedimiento forma parte de las prerrogativas conferidas al Colegio de Psicólogos para ejercer un adecuado control de la profesión. En el informe final de la investigación preliminar incoada contra la amparada, se indicó que los hechos podrían estar vulnerando normas del Código de Ética del Colegio, motivo por el que el subsiguiente inicio del procedimiento respectivo se encuentre ajustado a la normativa vigente.

Amén de lo expuesto, al momento de interpuesto este amparo, la tutelada no había sido objeto de sanción alguna. Ante tal circunstancia, resulta anticipado aseverar que se ha dado una violación a la libertad de expresión sin que la amparada hubiese recibido sanción alguna y sin darle oportunidad al colegio accionado de arribar a determinada conclusión en el ejercicio de su deber de fiscalización. (Lo destacado en negrita no corresponde al original; ver sentencia No. 2014-5589 de las 16:21 horas del 29 de abril de 2014)

En el sub iudice, justamente, el tribunal recurrido se limitó a cumplir la tarea que el ordenamiento jurídico le ha impuesto para velar por el adecuado cumplimiento de los deberes públicos por parte de los funcionarios judiciales. En tal sentido, de conformidad con el principio de legalidad, dicho órgano se encuentra compelido a ejercer tales controles, cuando sospecha que algún servidor está actuando de modo contrario a las normas éticas y disciplinarias correspondientes, todo ello condicionado a que en todo momento se respete el derecho al debido proceso.

En virtud de lo expuesto, concluyo que el mero hecho de instruir el procedimiento administrativo en cuestión no lesiona derecho constitucional alguno de la tutelada. En efecto, resulta anticipado aseverar que se ha dado una violación a la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales, sin que la amparada haya recibido sanción alguna y sin darle oportunidad al tribunal accionado de arribar a determinada conclusión en el ejercicio de su deber de fiscalización. Únicamente luego de finalizado el procedimiento mencionado, se puede entrar a valorar si tomando en consideración las características y el contenido de las manifestaciones de la amparada así como las circunstancias en que fueron emitidas, se ha dado o no una infracción a la libertad de expresión.

Por consiguiente, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso”.

Con base en las consideraciones expuestas, declaro sin lugar el recurso.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.