Resolución 24194-2020

Mediante el voto n° 1173-F-20 de las 09:11 horas del 25 de noviembre de 2020, el Tribunal Agrario del

Segundo Circuito Judicial de San José “(…) consulta si los artículos 177, en relación al 66 de la Ley de

Tierras y Colonización; 2 inciso f y 12 inciso d de la Ley de Jurisdicción Agraria, 100 inciso 2 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, 69 de la Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en

Instituto de Desarrollo Rural; 80, 134, 125, 141 y 169 del Reglamento a la Ley No. 9036 -Decreto No.

41086-MAG-, artículo 49 del Decreto Ejecutivo No. 39688-MAG, artículos 2 inciso 11, 11 inciso 4, 341,

del Código Procesal Agrario, en cuanto reforma el artículo 177 de la Ley de Tierras y Colonización, son

contrarios a la Constitución Política; todos en cuanto otorgan recurso de apelación ante el Tribunal

Agrario, contra las resoluciones dictadas por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural y otros

entes, lo cual es contrario al principio de separación de poderes y atribuci ón de competencias contenido

en la Constitución Política, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en particular los artículos

153, 183 y 182 de la Constitución Política, y a los precedentes de la jurisprudencia de la Sala

Constitucional”. El tribunal consultante explica que el caso sometido a su conocimiento, como jerarca

impropio, lo es el expediente n° [Valor 005]

, se trata del procedimiento de revocatoria de asignación y

nulidad de título del Instituto de Desarrollo Rural contra [Nombre 001]

y [Nombre 002]

. En dicho

procedimiento, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por resolución final

dictada a las 08:00 horas del 3 de marzo de 2020, procedió a revocar la parcela, indicando expresamente en su

parte dispositiva lo siguiente: “Contra la presente resolución final podrá interponerse Recurso de

Apelación para ante el Tribunal Agrario, en el término de 5 días hábiles a partir de la notificación, con

fundamento en el art ículo 69 de la Ley de Transformación del IDA en Inder N° 9036, y 12 de la Ley de

Jurisdicción Agraria No. 6734…”. El Tribunal agrario estima que el acto administrativo dictado por la Junta

Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, de conformidad con varias normas de las anteriormente

mencionadas, establece que cabe recurso de revocatoria ante la misma Junta Directiva y de apelación ante el

Tribunal Agrario, como superior o contralor jerárquico. Es decir, a través de la jerarquía impropia, en este

caso bifásica, el Tribunal Agrario no ejerce una función jurisdiccional, sino administrativa, lo cual no se

ajusta a la normativa constitucional. Como razones sobre la duda de inconstitucionalidad expone las

siguientes: a) el Tribunal Agrario, por ende, fiscaliza y verifica la legalidad de la resolución del órgano

administrativo (Junta Directiva del INDER), emitiendo una nueva resolución administrativa, cuyo efecto es

agotar la vía administrativa, previo al acceso a la judicial. b) El Tribunal Agrario, al resolver la alzada, en

consecuencia, dicta un acto administrativo, que no puede ser anulado, sino por los medios que pauta el

mismo ordenamiento. c) Las normas cuestionadas son presuntamente inconstitucionales -partiendo de los

precedentes de la Sala Constitucional-, toda vez que lesionan el principio de separación de poderes y

funciones atribuidas por el constituyente originario, en el artículo 9 de la Constitución Política, al Ejecutivo

(INDER, como ente descentralizado) y, por otra parte, el judicial. La función jurídico-administrativa del

órgano ejecutivo del INDER, debe ser ejercida independientemente por dicho órgano. De igual modo, la

función jurisdiccional del Tribunal Agrario, en los demás casos de su competencia, debe ser ejercida de

manera independiente, en su funci ón estrictamente jurisdiccional, sin interferir, invadir, o delegar la función

que constitucionalmente se asigna a los Tribunales de la República. d) El Poder Judicial, al tenor de lo

dispuesto en el artículo 153 de la Constituci ón le fue atribuida la competencia jurisdiccional, y la misma Ley

de Jurisdicción Agraria dispone expresamente, en el artículo 1: "Con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 153 de la Constitución Política, créase la jurisdicción agraria, como función especial del Poder

Judicial, a la que corresponderá, en forma exclusiva, conocer y resolver definitivamente sobre los conflictos

que se susciten, con motivo de la aplicación de la legislación agraria...". De lo cual resulta claro que el

Tribunal Agrario forma parte de esa estructura jurisdiccional, con competencia para conocer en segunda

instancia de las sentencias dictadas por los juzgados agrarios. Sin embargo, posteriormente, en todas las

normas aquí cuestionadas se le endosan competencias ajenas a la esfera constitucional y jurisdiccional. e)

Por otra parte, las referidas normas infringen, indirectamente, la independencia del Poder Judicial. Esta

garantía constitucional implica que otro poder no debe interferir en la función de administrar justicia, y

otorga el monopolio y la unidad de la jurisdicción al Poder Judicial, excluyendo la atribución de

competencias judiciales al ejecutivo y legislativo. f) El Tribunal Agrario, al ejercer la función de jerárquico

impropio, se substrae y distrae de sus funciones y competencias propiamente jurisdiccionales. La atribución

de competencias puramente administrativas, indudablemente afecta el correcto funcionamiento del Poder

Judicial, con un importante impacto también en su presupuesto, al tener que disponer de recursos para

atender causas que no son propiamente jurisdiccionales, y obligando a las personas juzgadoras de segunda

instancia a distraerse de funciones judiciales propias de su cargo. En cuanto a la normativa de dudosa

constitucionalidad aplicable al caso concreto, señala que Se desprende de la resolución dictada por la Junta

Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, que en su parte dispositiva señaló: "

Contra la presente

resolución final podrá interponerse Recurso de Apelación para ante el Tribunal Agrario, en el término de

5 días hábiles a partir de la notificación, con fundamento en el art ículo 69 de la Ley de Transformación

del IDA en Inder N° 9036, y 12 de la Ley de Jurisdicción Agraria No. 6734...". Expone que dicha

competencia del Tribunal Agrario, para conocer como superior jerárquico de la apelación, deriva de varias

disposiciones normativas que expresamente le atribuyen esa competencia (violando el principio de

separación de poderes y funciones atribuidas al órgano jurisdiccional), las cuales a continuación explica:

1)

Desde una perspectiva histórica, el antecedente jurídico inmediato, anterior a la Ley de Jurisdicción Agraria,

lo fue la Ley de Tierras y Colonización 2825, del año 1961, en cuyo artículo 66 estableció que la resolución

administrativa debía ser dictada por la Junta Directiva del, en aquel entonces, Instituto de Tierras y

Colonización. Sin embargo, el art ículo 177 de la misma Ley, dispuso el recurso de apelación, como jerarquía

impropia, ante la Sala Segunda Civil de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, la Ley de Jurisdicción

Agraria No. 6734, de 1982, traslada esa competencia jerárquica impropia, agregando en el artículo 2 inciso f),

los recursos "contra las resoluciones del Instituto correspondiente", y también se agrega una funci ón,

distinta de la jurisdiccional, al Tribunal Agrario, en el artículo 12 inciso d), para conocer de los recursos que

se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario -hoy INDER-, lo que ampliaba la

competencia a otras hipótesis distintas del artículo 66 de la Ley de Tierras y Colonización. Luego, con la

reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en 1993 y 1997), al establecer las funciones de los Tribunales

Colegiados Agrarios, en el artículo 100 inciso 2, se incluyen los recursos que se interpongan contra las

resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario en materia de su competencia; lo cual es reformado y

prácticamente ampliado en el artículo 341 del Código Procesal Agrario, al reformar ese artículo 100,

incorporando la jerarquía impropia en el inciso 4, aún más amplia: "4)

En grado y de forma definitiva, los

recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás

entes que la ley disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural". Esta

norma, aún cuando está en vacancia legislativa, si entrara en vigor se afectaría enormemente la función

jurisdiccional del Tribunal Agrario, porque se están ampliando las funciones de jerarquía impropia, no solo

respecto a las resoluciones dictadas por el INDER, sino, también, respecto a los "..

.demás entes que la ley

disponga ". Esto puede provocar una dislocación de la competencia del Tribunal Agrario, pues se aumenta

sensiblemente la competencia para conocer de otros casos y sobre otros entes, las resoluciones por

jerarquía impropia; sino que también provoca una situaci ón de falta de correspondencia presupuestaria,

porque el Poder Judicial, tendría que asumir funciones administrativas -no propiamente jurisdiccionales-

dado que el Código Procesal Agrario fue aprobado sin contenidos presupuestarios para asumir estas

nuevas competencias de jerarquía impropia, de por sí presuntamente inconstitucionales.

2)

La Ley de

Transformación del IDA en INDER, No. 9036, en el artículo 69 retomó lo dispuesto en los artículos 66, en

relación al 177 de la Ley de Tierras y Colonización, ergo además los amplía, al permitir apelación de la

resolución final de la Junta Directiva del INDER, en los procedimientos administrativos de revocatoria de

asignación y nulidad de títulos, otras modalidades de asignación de tierras, y resoluciones vinculadas al

desarrollo rural. Esa "vis expansiva", de esa norma -derivada de la competencia propia del legislador-, es

ampliada (de manera ilegal y, sobre todo, inconstitucional), en el Reglamento de la Ley No. 9036, aprobado

por Decreto No. 41086-MAG, con lo cual el Poder Ejecutivo invade, de manera inapropiada, las facultades

del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Lo anterior, se desprende de la lectura de los artículos 80, 134

párrafo final, 125 y 169 del mismo, al otorgar competencia al Tribunal Agrario (TA), para conocer de los

recursos de apelación, contra las resoluciones de Junta Directiva del INDER, en todos esos supuestos -se

repite, algunos de estos no contemplados en la Ley-. Además, el Reglamento de otorgamiento de

concesiones en Franjas Fronterizas (Decreto No. 39688-MAG), también le otorga recurso de apelación a las

resoluciones de la Junta Directiva, en el artículo

Lo cual no solamente es contrario al ejercicio de

funciones por parte del legislador ordinario, sino también al principio de división de poderes. Lesiona la

independencia del poder judicial, le otorga una competencia administrativa y una carga financiera

injustificada. Alega que, en todos los casos, resulta evidente que se provoca la distracción de las funciones

propiamente jurisdiccionales, de jueces y juezas del Tribunal Agrario, para tener que conocer en alzada,

recursos de apelación en resoluciones o actos propiamente administrativos, de la Junta Directiva del INDER,

que debería agotar por sí mismo la vía administrativa con el recurso de reconsideración ante el propio

órgano.

Finalmente, aduce que, también por conexidad, la -eventual- entrada en vigencia del Código

Procesal Agrario (con vacancia legislativa), mantendría la situación de posible inconstitucionalidad, al

mantener y desarrollar aún más, en sus artículos 2 inciso 11, 11 inciso 4, y 341 (reforma al artículo 177 de la

Ley de Tierras y Colonización), la jerarquía impropia presuntamente inconstitucional, a cargo del Tribunal

Agrario como superior jerárquico no solamente del INDER, sino de otros entes. El Tribunal Agrario solicita a

la Honorable Sala Constitucional, a fin de resolver la duda sobre la constitucionalidad de las normas

consultadas, la mayoría de aplicación directa al caso concreto y algunas por conexidad (en cuanto a la vis

expansiva de la jerarquía impropia), tener a la vista y aplicar los precedentes existentes respecto a la

inconstitucionalidad de la jerarquía impropia bifásica, no contemplada en la Constitución Política. En

particular, las sentencias n° 6866-2005 de las 14:37 horas del 1° de junio de 2005 y n° 3669 de las 15:00 horas

del 15 de marzo de 2006. Asimismo, en la resolución judicial que da origen a esta consulta judicial, el

Tribunal Agrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, emplaz ó a las partes para que dentro de tercero día, manifestaran lo que consideraran

pertinente. Además, suspendió la tramitación del proceso hasta tanto la Sala Constitucional no haya

evacuado la consulta y remitió los antecedentes ante la Jurisdicción Constitucional.

2.-

Los artículos 9 y 106 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional facultan a la Sala para rechazar de

plano o por el fondo, en cualquier momento, toda gestión manifiestamente improcedente, o cuando existan

elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una

gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada

Hernández López; y,

CCONSIDERANDO:

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS JUDICIALES. El artículo 102 de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional establece los presupuestos de admisión de las consultas judiciales;

disposición de la que se desprenden algunos elementos condicionantes y fundamentales para su

procedencia, que son los siguientes: que sea formulada por un juez; que existan “

dudas fundadas” sobre la

constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión que se deba

aplicar o juzgar; que exista un caso

sometido al conocimiento del juzgador o tribunal; y que en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o

juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad. Tales presupuestos fueron

analizados en detalle en la sentencia de esta Sala n° 01617-97 de las 14:54 horas del 17 de marzo de 1997, de

la siguiente manera:

“

A. Que la formule un "juez", término genérico que -desde luego- se

aplica tanto a los juzgadores unipersonales como a los tribunales

colegiados, y sobre lo cual es innecesario precisar más que: a) que

debe tratarse de autoridades dotadas de poder jurisdiccional, lo cual

excluye las consultas formuladas por tribunales administrativos, pero

sí incluye las que hagan los árbitros en el marco de los asuntos

sujetos a su decisión (nótese que lo relevante en todos los casos es que

se esté ante el trámite de un proceso conducente al dictado de una

sentencia o laudo arbitral, dotados de la autoridad de la cosa

juzgada); y, b) que el juzgador debe estar, al momento de formular la

consulta, debidamente habilitado para ejercer esa competencia (ya

que mal podría pensarse que una resoluci ón que sea inválida en el

proceso en cuestión pueda surtir el efecto de dar inicio a un trámite

que, como éste, posee un carácter puramente incidental).

B. Que existan "dudas fundadas" sobre la constitucionalidad de la

norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar. Esto

quiere decir que el cuestionamiento debe ser razonable y ponderado.

Además implica que no puede versar sobre aspectos sobre cuya

constitucionalidad la Sala ya se haya pronunciado. Ello es así no

sólo porque aceptar lo contrario implicaría desconocer la eficacia

erga omnes de las resoluciones de esta jurisdicción, sino también

dado que una consulta bajo esas circunstancias evidentemente

carecería de interés actual. Pero subráyese, por su relevancia para el

sub examine, que la explicada circunstancia sólo deriva de aquéllos

pronunciamientos en que la Sala haya validado expresamente la

adecuación de la norma, acto, conducta u omisión a los parámetros

constitucionales. En consecuencia, si una norma ha superado

anteriormente el examen explícito de constitucionalidad (en vía de

acción o consulta), no sería viable un nuevo cuestionamiento sobre el

mismo punto, pero sí podría serlo respecto de un acto, conducta u

omisión basados en la misma norma, particularmente porque -en este

caso- siempre existe la posibilidad de un quebranto constitucional, ya

no en la norma en sí, sino en su interpretación o aplicación. A la

inversa, el hecho de que un acto, conducta u omisión haya sido

refrendado anteriormente (quizás en vía de amparo o hábeas corpus)

no significa que no puedan existir dudas sobre la constitucionalidad

de la norma misma en que aquéllos se fundamenten. Y, en esta

hipótesis, la consulta judicial es pertinente.

C. Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o

tribunal. Al igual que en la acción de inconstitucionalidad, la

consulta judicial nunca se da en el vacío o por mero afán académico,

sino que ella debe ser relevante para la decisión o resolución del

llamado "asunto previo" o "principal". Finalmente,

D. Que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o juzgarse el

acto, conducta u omisión que suscite la duda de constitucionalidad,

aspecto que -por su relevancia para el caso- resulta conveniente

precisar. En efecto, la expresión "deba aplicarse la norma o juzgarse

el acto, conducta u omisión", conlleva un sentido actual muy definido

y totalmente distinto a que si la ley hablara en términos de que

"pueda aplicarse la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión". La

consulta judicial no procede ante la mera eventualidad de que

acaezcan esas circunstancias, ya que -como se explicó arriba- esta

concepción equivaldría a que se inviertan los recursos de la

jurisdicción constitucional en un simple ejercicio académico o

doctrinario. Para que la consulta sea viable, el juzgador debe estar

enfrentado, con certidumbre y en tiempo presente, a la aplicación de

la norma o al juzgamiento del acto, conducta u omisión que le suscite

una duda de constitucionalidad.”

Asimismo, el artículo 104 de la misma Ley, exige que la consulta judicial se formule en resolución

fundada, se emplace a las partes dentro de tercero día y se suspenda la tramitación del proceso, hasta tanto

la Sala no haya evacuado la consulta.

OBJETO DE ESTA CONSULTA JUDICIAL. El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial

de San José alega tener dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad de la jerarquía impropia otorgada por

el legislador al Tribunal Superior Agrario (de apelación), sobre las resoluciones de la Junta Directiva del

Instituto de Desarrollo Rural (antes ITCO, luego IDA) y otras vinculadas con el desarrollo rural. Por lo

anterior, literalmente consulta lo siguiente: “ (…)

si los artículos 177, en relación al 66 de la Ley de Tierras

y Colonización; 2 inciso f y 12 inciso d de la Ley de Jurisdicción Agraria, 100 inciso 2 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, 69 de la Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de

Desarrollo Rural; 80, 134, 125, 141 y 169 del Reglamento a la Ley No. 9036 -Decreto No. 41086-MAG-,

artículo 49 del Decreto Ejecutivo No. 39688-MAG, artículos 2 inciso 11, 11 inciso 4, 341, del Código

Procesal Agrario, en cuanto reforma el artículo 177 de la Ley de Tierras y Colonización, son contrarios a

la Constitución Política; todos en cuanto otorgan recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, contra

las resoluciones dictadas por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural y otros entes, lo cual es

contrario al principio de separación de poderes y atribuci ón de competencias contenido en la

Constitución Política, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en particular los artículos 153,

183 y 182 de la Constitución Política, y a los precedentes de la jurisprudencia de la Sala

Constitucional”.

SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA CONSULTA. Esta Sala Constitucional ha señalado

que solo los órganos jurisdiccionales en ejercicio de la función jurisdiccional pueden plantear consultas de

constitucionalidad ante este Tribunal, según lo establecido en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional. En este sentido, por sentencia n° 2012-015906 de las 15:35 horas del 14 de noviembre de

2012, este Tribunal Constitucional dispuso lo siguiente:

“(…)

Inadmisibilidad de la consulta en el caso concreto.

La

consulta es planteada por la Jueza del Juzgado de Trabajo de Mayor

Cuantía de Heredia, en atenci ón a que tiene bajo su conocimiento el

recurso de apelación planteado por A.A.H y M.C.A contra la sanción

de despido sin responsabilidad patronal por parte de la

Municipalidad de San Pablo de Heredia tramitado en el expediente

No. [...] No obstante, dicho proceso lo tiene bajo su conocimiento en

calidad de jerarca impropio en vía administrativa, de manera que la

Juzgadora en este proceso no se encuentra ejerciendo actividad

jurisdiccional, requisito de admisibilidad ineludible para admitir la

legitimación en este proceso. Así lo ha señalado la Sala en las

sentencias No. 2011-3605 y 2011-6396:

“II.- SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA.

Considera la Jueza

Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, que el artículo

150 incisos a), b), c) y d) del Código Municipal, en tanto otorga la

competencia a los juzgados de trabajo para conocer de las

apelaciones contra las suspensiones sin goce de salario y los despidos

que de sus servidores públicos acuerden las municipalidades, es

inconstitucional, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo

49 de la Constitución Política y lo resuelto por esta Sala en

sentencias número 2010-009928 de las 15:00 horas del 9 de junio de

2010 y 2010-017990 de las 15:00 horas del 26 de octubre de 2010 el

conocimiento de esos asuntos corresponde, por Constitución, a la

jurisdicción contencioso-administrativa. De otro modo no sólo que

estaría creando una desigualdad en detrimento de los funcionarios

municipales en relación con el resto de los empleados públicos,

privándoseles, asimismo, de los recursos que el Código Procesal

Contencioso Administrativo ofrece, en particular en lo referente a las

medidas cautelares y a la conciliación, y de la oralidad, celeridad y

eficiencia de esa jurisdicción. Lo anterior se plantea dado que a

juicio de la consultante, al establecer el inciso b) del artículo 150 del

Código Municipal que “…el alcalde o alcaldesa remitirá la

apelación con el expediente respectivo a la autoridad judicial, que

resolverá según los trámites ordinarios dispuestos en el Código de

Trabajo y tendrá la apelación como demanda…” se trata de una

demanda de carácter jurisdiccional y, por ende, la autoridad judicial

resolverá en su función de órgano jurisdiccional. Sin embargo,

de la

lectura del numeral en cuestión se concluye que, contrario a lo que se

afirma en la consulta, la tramitación y resolución de esa apelación

no se hace en ejercicio de la función jurisdiccional que asiste al

órgano jurisdiccional de que se trate, sino que el órgano judicial

conoce del asunto como superior jerárquico impropio, en los

términos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Constituci ón

Política. De manera que ejerce y resuelve como órgano

administrativo de instancia, no como órgano jurisdiccional, motivo

por el cual lo que resuelva tiene carácter administrativo. En vista de

ello, no es aplicable lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución

Política ni los precedentes de esta Sala establecidos en las sentencias

número 2010-009928 de las 15:00 horas del 9 de junio de 2010 y

2010-017990 de las 15:00 horas del 26 de octubre de 2010, como se

alega. En consecuencia, la consulta es inevacuable y así se declara.”

(Sentencia No. 2011-3605)

Sentencia que posteriormente fue adicionada en el siguiente sentido:

“Dado que en la sentencia número 04-08016 de las diecis éis horas

con veintiséis minutos del veintiuno de julio de dos mil cuatro la

Sala, al examinar la constitucionalidad del artículo 150 del Código

Municipal -objeto de la duda de constitucionalidad planteada en esta

consulta- consideró que el Tribunal de Trabajo que conoce de la

apelación que interponga un servidor municipal contra su despido

conoce como órgano jurisdiccional y no como jerarca impropio en los

términos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Constitución Política

–criterio reiterado en la sentencia número 04-011879 de las catorce

horas con cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de dos

mil cuatro-, se aclara y adiciona la sentencia número 2011-003605 de

las trece horas y treinta y dos minutos del dieciocho de marzo de dos

mil once, en el sentido de que se rectifica y cambia el criterio de este

Tribunal consignado en las sentencias dichas y se declara que los

tribunales de trabajo que conocen de los despidos de los servidores

municipales en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 del

Código Municipal lo hacen en ejercicio de la jerarquía impropia

establecida en el artículo 173 de la Constituci ón Política y no en

funciones de órgano jurisdiccional. En los términos dichos queda

adicionada y aclarada la sentencia número 2011-003605 de las trece

horas y treinta y dos minutos del dieciocho de marzo de dos mil once.”

(Sentencia No. 2011-6396)

En el presente caso, de la propia resolución en la que la Juzgadora

plantea la consulta a folio 278 del expediente judicial, se indica que

el proceso que tiene bajo su conocimiento, obedece a que la

Municipalidad de San Pablo de Heredia, con base en el artículo 150

inciso a) del Código de Trabajo, remiti ó a ese Juzgado el recurso de

apelación que interpusieron los ex funcionarios municipales citados

contra la sanción de despido sin responsabilidad patronal que la

corporación municipal demandada les impuso dentro del

procedimiento administrativo disciplinario que se le siguió bajo el

expediente municipal No[...] . En razón de lo expuesto, no hay duda

de que el Juzgado consultante en el proceso que tiene bajo su

conocimiento se encuentra ejerciendo potestades de jerarca impropio

en carácter administrativo y no de autoridad jurisdiccional, motivo

por el cual la presente consulta resulta inevacuable según los

términos indicados y así se declara. (…)”(En el mismo sentido, véase

la sentencia n° 2012-18309 de las 14:30 del 19 de diciembre de 2012).

Con base en las consideraciones precitadas, la consulta judicial que nos ocupa resulta inadmisible,

toda vez que no es planteada por un juez o tribunal en ejercicio de la función jurisdiccional. Tal como lo

señala el Tribunal Agrario consultante, el asunto que sirve de base a esta consulta judicial es un recurso de

apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo de revocatoria y nulidad de título del

Instituto de Desarrollo Rural, el cual conoce en su condición de superior jerárquico impropio del INDER, es

decir, en ejercicio de una función materialmente administrativa y no jurisdiccional. En consecuencia, no

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo

que esta gestión resulta improcedente.

CONCLUSIÓN.

Con base en lo anterior, la presente consulta resulte inadmisible, como así se

dispone.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

.. Se previene a las partes que de haber aportado

algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos

deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación

de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este

plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado

por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del

Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.