Resolución 00638-2017

Criterios contrarios a la aplicación de las

medidas de seguridad. En contra de la implementación de las medidas de

seguridad en materia penal juvenil, se han expuesto las siguientes

consideraciones: A.- Al promulgarse la Ley 7383 de 1994 o Ley Tutelar

de Menores –el 30 de marzo de 1994-, el legislador derogó expresamente el

numeral 99 del Código Penal que regulaba la aplicación de las medidas de seguridad

a los mayores de diecisiete y menores de veintiún años, por lo que, se ha

interpretado que partiendo de esa derogatoria, es posible inferir que la

intención parlamentaria fue desaplicar esas medidas para la población menor de

edad. Sin embargo, a esa posición, deben efectuarse varios reparos importantes,

en concreto: i) Esa interpretación desconoce el contexto en que se

discutió y concibió la Ley

7383, pues la derogatoria del artículo 99 del Código Penal que contemplaba la

imposición de medidas de seguridad a mayores de diecisiete años y menores de

veintiuno en la jurisdicción penal, obedeció a que esa tarea fue encomendada a

la jurisdicción de familia y tutelar de menores, para cuya legislación al menor

no se le concebía como sujeto de protección estatal, sino como uno sin

responsabilidad e incapaz de infringir la ley penal, siendo que ese tipo de

medidas al ser administrativas podían ser dictadas sin que la capacidad del

menor fuese objeto de mayor análisis, pues para “…ese modelo no era

determinante el tema de la imputabilidad o inimputabilidad

de la persona sujeta a esa jurisdicción. El postulado de peligrosidad del

anterior modelo, era lo que permitía la intervención estatal, sin que fuese

determinante establecer la capacidad penal –en términos de la culpabilidad- del

menor encausado, por esa razón es que las dos modificaciones apuntadas –del

numeral 17 y 99 del Código Penal- eran necesarias para fortalecer el modelo

tutelar desligado de la jurisdicción penal, que le negaba al joven todas los

derechos y garantías prescritos en materia punitiva. Esta, precisamente, ha

sido la crítica que se le hacía a la Ley Tutelar de Menores”. (Sala de Casación Penal,

voto número 2015-652, de las 11:00 horas, del 22 de mayo de 2015)…” (Sala

Tercera de la Corte

Suprema de Justicia, voto 2015-01535, de las nueve horas y

cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre del dos mil quince). A

los argumentos ante esbozados, debe sumarse que según la exposición de motivos

del proyecto de la Ley

7383 antes citada, de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa, la

reforma procurada pretendió: “brindar una protección a los menores que no

tienen edad para llegar a un juzgado tutelar y atender a quienes si han

cometido conductas tipificadas como delictivas, por lo que deben llegar a un

juzgado, para recibir las medidas tutelares” (Asamblea Legislativa, Expediente

Legislativo número 10932, Ley 7383 o Ley de Reforma a la Ley Orgánica de la

jurisdicción Tutelar de Menores, folio 5 del expediente legislativo). Es

decir, que esa variación legislativa tuvo como objeto establecer el límite de

edad para ser sujeto del proceso tutelar, siendo que dispuso que aquella fuese

aplicada para menores entre doce y dieciocho años, lo que da cuenta que su

finalidad radicó en fortalecer la competencia exclusiva del modelo tutelar

desligado de la jurisdicción penal, que le negaba al menor todos los derechos y

garantías prescritos en materia punitiva. B.- Por otra parte, se

ha sostenido que la omisión de regulación de las medidas de seguridad en la

actual Ley de Justicia Penal Juvenil no corresponde a un error parlamentario,

sino a una omisión consciente del legislador al tenor de los principios

rectores  contenidos en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil como lo son la

protección integral del menor de edad, el interés superior, el respeto a sus

derechos, su formación integral y la reinserción de la persona menor de edad

tanto en la familia como en la sociedad. Sin embargo, debemos coincidir en que

si nos encontráramos ante una omisión  “consciente” alguna referencia

existiría en los antecedentes de la ley que plasmara esa decisión -de excluir

la regulación sobre las medidas de seguridad- no obstante, no hay referencia a

que ese tema haya sido objeto de discusión por los diputados de la época, pues

de ser así se habría dejado constancia en las respectivas actas legislativas.

Así las cosas, se estima que la aplicación supletoria del Código Penal,

específicamente del artículo 98, resulta conforme con una interpretación

sistemática y armónica de los principios de interés superior, principio

educativo y al modelo de protección integral, en el tanto, para la imposición

de las medidas de seguridad en materia penal juvenil, es claro que el Juzgador

a cargo del caso, no solo debe comprobar a través del contradictorio, la

comisión del injusto penal, realizado por una persona menor de edad, sino que

también debe verificar su capacidad de culpabilidad, lo que hace que se trate

sin lugar a dudas de una respuesta acorde al sistema de derechos y obligaciones

que contempla nuestra actual legislación en esa materia, pues contribuiría al

restablecimiento de los derechos y mejoramiento de las condiciones personales,

familiares y sociales de la persona menor sentenciada. C.- Para darle

una solución a la situación de los menores inimputables

o con imputabilidad disminuida, también se ha sostenido que lo procedente es

remitirlos al Patronato Nacional de la Infancia, para la imposición de medidas de

carácter administrativo. A criterio de esta Cámara, ello implicaría un

retroceso en nuestro actual sistema de justicia, al optar por volver al modelo

de la situación irregular, que nuestro legislador desechó cuando promulgó la Ley de Justicia Penal Juvenil

vigente, pues en ese procedimiento administrativo, no sería necesaria la

determinación previa de comisión de un hecho típico y antijurídico, ni contar

con el informe del Instituto Nacional de Criminología que prescribe el numeral

97 del Código Penal, siendo que menos sería obligación de un Juez de la República revisar cada

seis meses la medida conforme a los parámetros contemplados en el artículo 487

del Código Procesal Penal. D.- También se ha esbozado el criterio

de que a los menores inimputables o con imputabilidad

disminuida, les sea aplicadas las medidas de protección contempladas en el

numeral 135 incisos d) y e) del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739, publicada en la Gaceta del 6 de febrero de 1998, que en lo que

interesa establecen: "…Las medidas de protección que podrá dictar la

oficina local del Patronato Nacional de la Infancia serán: (…) d) Orden de tratamiento

médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación en hospital o

tratamiento ambulatorio. e) Inclusión en programas oficiales o comunitarios de

auxilio, que impliquen orientación y tratamiento a alcohólicos o

toxicómanos".  En el voto número 2015-1535, de las nueve horas y

cuarenta y cuatro minutos, del veintisiete de noviembre del dos mil quince,

esta Sala explicó que esa iniciativa violenta el principio de legalidad. Al

respecto se indicó: “… posición entra en colisión con el principio de

legalidad, pues la competencia del juez de familia contemplada en el Código de la Niñez y Adolescencia está

limitada a los procesos especiales de protección de personas menores de edad

que no se encuentren en conflicto con la ley penal o más bien, excluye de

manera expresa los que sí lo están, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso a)

del numeral 116 del  Código de la

Niñez y Adolescencia; razón por la cual, no es atendible este

criterio del ad quem…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2015-01535, de las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos, del

veintisiete de noviembre del dos mil quince). E.- Otro de los

argumentos utilizados tiene relación con los fines de la pena, que en el caso

de los menores la sanción tiene un carácter socioeducativo. No obstante, como

se dijo en el voto 2015-652 de esta Cámara, no es posible ignorar que al amparo

del numeral 121 en relación con el 131, en la justicia penal juvenil no sólo

existe sanciones con ese fin socioeducativo, sino también la pena privativa de

prisión. Sobre el particular, se concluyó que “(…) no podemos obviar que el

poder punitivo del Estado está también presente en los asuntos penales en

contra de la persona menor de edad, aunque reconociendo que se trata de una

medida que debe ser la última opción dentro del catálogo de sanciones y

encaminada a cumplir un fin de prevención especial positiva”; advirtiéndose

que la diferenciación entre los fines de la pena de adultos o del penal

juvenil, no podría justificar la inaplicabilidad de las medidas de seguridad a

las personas menores de edad. F.- Asimismo, se ha citado el

principio de intervención estatal mínima como fundamento para rechazar la

aplicación de las medidas de seguridad en materia penal juvenil. No obstante,

como ya lo ha señalado esta Sala, los tratados internacionales sobre derechos

de los menores ratificados por nuestro país,  imponen a los Estados la

obligación de abordar integralmente la problemática de la población menor de

edad al reconocerla como sujeta de derechos, siendo que dicho compromiso

resulta aún más puntual, para aquellos menores que se encuentran en estado de

vulnerabilidad por su condición de discapacidad, por lo que más bien la

aplicación de esas medidas, estaría acorde con los parámetros establecidos.

Debe recordarse que el modelo de justicia adoptado por nuestro país desde 1998,

se asienta en el reconocimiento de la responsabilidad penal del menor de edad y

de su capacidad para responder por la infracción a la ley penal, por lo que

sobre esa base, resulta claro que pese al reconocimiento o no de la aplicación

de medidas de seguridad, siempre se mantiene la posibilidad de reacción estatal

que puede implicar la imposición de diversos tipos de sanciones socioeducativas

o incluso la sanción privativa de libertad. G.- Algunos

detractores de las medidas de seguridad en esta materia, sostienen que lo que

corresponde es aplicar el procedimiento regulado en el artículo 6 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

que contiene la remisión de la causa al Patronato Nacional de la Infancia de los actos

cometidos por un menor de doce años de edad que constituyan delito o

contravención. Dicho numeral señala: “ARTICULO

Menor de doce años. Los

actos cometidos por un menor de doce años de edad, que constituyan delito o

contravención, no serán objeto de esta ley; la responsabilidad civil quedará a

salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin

embargo, los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional

de la Infancia,

con el fin de que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. Si las

medidas administrativas conllevan la restricción de la libertad ambulatoria del

menor de edad, deberán ser consultadas al Juez de Ejecución Penal Juvenil,

quien también las controlará”. A criterio de los suscritos Magistrados,

esta disposición no es susceptible de aplicación a los mayores de doce años, inimputables o con imputabilidad disminuida que cometan un

injusto penal en razón de que:

Como lo determina la norma

citada, legalmente los únicos exentos de responsabilidad penal son las personas

menores de doce años, mismas sobre las que el legislador consideró su exclusión

por falta de capacidad de culpabilidad, aplicando un criterio objetivo en razón

de la edad.

No menos importante es que la Ley Orgánica del

Patronato Nacional de la

Infancia o Ley 7648, del nueve de diciembre de mil

novecientos noventa y seis, en vigencia a partir de la publicación en la Gaceta No. 245, del

veinte de diciembre de mil novecientos noventa y

nueve, no contempla dentro de las atribuciones de esa institución la creación

de un procedimiento para aplicar medidas de seguridad en esa Sede, pues

conforme al numeral 4 de dicha ley, las atribuciones de ese ente estatal están

circunscritas a: “a) Gestionar la actualización y promulgación de las leyes

necesarias  para el cumplimiento efectivo de los derechos de la niñez, la

adolescencia y la familia. b) Propiciar y fomentar el reconocimiento de los

deberes cívicos y de aquellos inherentes correlativamente a los derechos de los

menores de edad. c) Promover y difundir los derechos establecidos en la Convención sobre los

Derechos del Niño. d) Realizar el seguimiento y la auditoría

del cumplimiento de los derechos de los menores de edad y evaluar

periódicamente las políticas públicas sobre infancia y adolescencia. e)

Realizar diagnósticos e investigaciones sobre la realidad económica, social,

psicológica, legal y cultural de la niñez, la adolescencia y la familia y

difundir los resultados de esos estudios. f) Brindar supervisión y

asesoramiento en materia de niñez, adolescencia y familia, tanto a

organizaciones públicas y privadas como a la sociedad civil que los requieran. g)

Constituir fideicomisos para financiar programas y modelos innovadores en

beneficio de menores de edad y sus familias. h) Promover el cumplimiento de los

principios de la Convención

sobre los Derechos del Niño. i) Capacitar a los órganos gubernamentales, no

gubernamentales, municipales y, en general, a la sociedad civil, sobre los

principios de la Convención

citada y el cumplimiento de las políticas dictadas por su Junta Directiva. j)

Colaborar con las entidades en la promoción y ejecución de proyectos y programas

específicos en materia de niñez y adolescencia. k) Intervenir como parte en los

procesos judiciales y administrativos en que esté vinculada cualquier persona

menor de edad que requiera esa intervención, para que se le garantice el

disfrute pleno de sus derechos. l) Representar legalmente a los menores de edad

que no se encuentren bajo autoridad parental ni

tutela, así como a quienes estén bajo la patria potestad de una persona no apta

para asegurarles la garantía de sus derechos. m) Disponer en forma provisional

de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés

superior. n) Dictar resoluciones motivadas con carácter vinculante, en casos de

conflicto, hasta tanto los tribunales resuelvan, en forma definitiva, sobre el

particular. ñ) Administrar los bienes de los menores de edad cuando carezcan de

representación legal o cuando, teniéndola, existan motivos razonables de duda

sobre la correcta administración de los bienes conforme a la legislación

vigente. o) Promover la adopción nacional e internacional, y otorgar el

consentimiento para que se adopte menores de edad por medio del Consejo

Nacional de Adopciones, como autoridad central administrativa, según la

normativa vigente dentro y fuera de Costa Rica. p) Resolver las solicitudes de

funcionamiento de organizaciones públicas y privadas, cuyo fin sea desarrollar

actividades vinculadas con la atención de las personas menores de edad. q)

Suscribir convenios de cooperación, nacionales e internacionales, para apoyar y

fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. r) Aceptar

donaciones, herencias, legados y cesiones de derechos, así como cualquier otra

transacción que beneficie el patrimonio de la Institución. s)

Administrar el fondo proporcionado por el Poder Ejecutivo para atender, en todo

el país, a la población infantil en riesgo. t) Dictar los reglamentos internos

necesarios para el adecuado cumplimiento de sus objetivos. u) Las demás

atribuciones establecidas en la

Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación

vigente sobre la materia”. Con base en lo anterior, esta Cámara ya se ha

pronunciado en el sentido de que no podría ser equiparada -para ser conocida en

esa Sede administrativa- a aquellos casos en los que están involucradas

personas mayores de doce y menores de dieciocho años, que presentan

imputabilidad o inimputabilidad disminuida, ya que

conforme a esas funciones atribuidas al Patronato Nacional de la Infancia, descritas tanto

en la Ley 7648

como en el numeral 6 supra citado de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

las medidas de seguridad no se encuentran contempladas dentro de las

obligaciones que la Ley

de constitución de ese ente estatal le atribuye como institución

gubernamental  encargada de velar por el efectivo cumplimiento de los

derechos de la niñez costarricense. Tampoco podría, vía jurisprudencia,

atribuir esta labor a la entidad estatal, pues ello violentaría groseramente el

principio de legalidad y de división de poderes.

A lo señalado debe

agregarse que, como ya se ha indicado, la imposición de medidas de seguridad no

conllevan un ejercicio arbitrario del poder punitivo estatal. De acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 97 del Código Penal, debe cumplirse con una serie de

requisitos, como la comprobación de la realización de una acción típica y

antijurídica, la verificación de la inimputabilidad o

imputabilidad disminuida del menor de edad, sin obviar que se debe contar con

el informe del Instituto de Criminología. Además, una vez firme la medida,

conforme a los parámetros del artículo 487 del Código Procesal Penal, debe ser

revisada cada seis meses, período en el cual los personeros del centro

correspondiente, deben emitir dictámenes sobre la situación mental del menor

infractor, misma sobre la que se podrá determinar su suspensión en el caso de

resultar innecesaria. Bajo esta tesitura, no llevan razón aquellos que señalan

que nos encontramos ante un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. H.-

Otro argumento se relaciona con la intervención del Juez de Familia, a cuya

competencia pretende remitir estos casos. Sin embargo, esa posición colisiona

frontalmente con el principio de legalidad; en la medida en que la misma norma

116 del Código de la Niñez

y Adolescencia, exceptúa del conocimiento del Juez de Familia en sede judicial

lo relativo a la materia penal, cuando establece: “… Deberes de

los jueces de familia. En la vía judicial, corresponderá a los

jueces de familia: a) Conocer, tramitar y resolver, por la vía del proceso

especial de protección, las denuncias o los reclamos contra toda acción u

omisión que constituya amenaza o violación de los derechos humanos de las

personas menores de edad y los demás derechos reconocidos en este Código, salvo

lo relativo a la materia penal”. En síntesis, ni el Patronato Nacional de la Infancia ni el Juez de

Familia tienen la competencia de resolver la situación de menores de edad en

conflicto con la ley penal en condición de inimputabilidad

o imputabilidad disminuida.

Sobre el caso concreto y la posición de

esta Sala de Casación Penal. En la sentencia recurrida, los jueces y la

jueza consideraron que no resultaba procedente la aplicación de las medidas de

seguridad a personas menores de edad debido a que el Código Penal las regula

pero para persona adultas. De acuerdo con el ad quem,

estas medidas, basadas en la peligrosidad, son contrarias a los fines y

principios de justicia de menores desarrollados en el Derecho Internacional de

los Derechos Humanos, en el Derecho Convencional y en la normativa

costarricense. Analizados que fueren los argumentos en contra de la procedencia

de las medidas de seguridad, corresponde reiterar las razones por las cuales

considera esta Cámara de Casación Penal que las medidas de seguridad sí pueden

ser impuestas en el proceso de menores, de acuerdo al criterio vertido que

confirma la posición asumida: i. La supletoriedad

de las leyes . El numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

establece que: “ En todo lo que no se

encuentre regulado de manera expresa en la presente ley, deberán aplicarse

supletoriamente la legislación penal y el Código Procesal Penal. Sin embargo,

al conocer el caso concreto, el Juez Penal Juvenil siempre deberá aplicar las

disposiciones y los principios del Código Penal, en tanto no contradigan alguna

norma expresa de esta ley”. Como ya se ha señalado en otros fallos

-2015-01535 y 2015-00652, esta Sala de Casación Penal es del criterio que lo

que procede es remitirnos a la legislación penal y procesal penal para suplir

el vacío de la Ley

de Justicia Penal Juvenil  en el tema que nos ocupa. Remisión que resulta

útil para este caso, ante la omisión de la legislación especializada. Así,

adviértase, que conforme a lo dispuesto por el numeral 1 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

el ámbito de competencia según los sujetos se extiende a todas aquellas

personas que “al momento de la comisión de un hecho tipificado como

delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales” (El

suplido es nuestro) , tengan entre los doce y diecisiete años de edad, por lo

que la esfera de aplicación de la ley está debidamente definida en razón de la

edad del sujeto activo, rango dentro del cual se presume la capacidad de

culpabilidad penal, lo que resulta consecuente con el modelo de responsabilidad

en que se asienta esta normativa, pues es precisamente lo que se negaba en el

anterior sistema de corte tutelar. Ahora bien, en forma expresa el legislador

dispuso que los aspectos no contemplados en la ley especializada, deban ser

suplidos con la legislación penal y procesal de adultos, sin que hiciera una

excepción con respecto a las medidas de seguridad. En consecuencia, reitera

esta Cámara que, la aplicación supletoria de las normas del Código Penal que

regulan las diferentes formas de imputabilidad, inimputabilidad

e imputabilidad disminuida, que resultan necesarias para determinar la

capacidad de culpabilidad del sujeto activo dentro del análisis de la teoría

del delito, es correcta y necesaria. ii.

Medidas de Seguridad. Esta Sala de Casación Penal reitera que,

atendiendo a las precisiones conceptuales de los votos 2008-017298, de las

catorce horas y cincuenta y uno minutos, del diecinueve de noviembre del dos

mil ocho, y 2011-934, de las once horas treinta y ocho minutos, del veintinueve

de julio de dos mil once, ambos de la Sala Constitucional

ha mantenido la tesis que las medidas de seguridad curativas, no pueden ser

consideradas como una sanción o pena, ya que: “…V. Las medidas de seguridad

tienen una naturaleza jurídica diferente de las penas. Las primeras son medidas

preventivas que responden a necesidades preventivas y curativas. La pena es la

privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a ley, por

órganos jurisdiccionales competentes, al culpable de un delito, esta

restricción puede dirigirse a bienes de su pertenencia, a la libertad personal,

a la propiedad, entre otras. La pena es la justa retribución del mal ocasionado

por el ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del imputable. Sin negar

la posible finalidad resocializadora y en alguna manera

preventiva de la pena, su esencia radica en la retribución, retribución que no

se traduce en reproche o venganza; sus fines son más amplios y elevados:

mantener el orden y el equilibrio, fundamento de la vida moral y social, para

protegerlos y restaurarlos en caso de quebranto. Las medidas de seguridad

tienen otro régimen jurídico, es decir, no son penas, razón por la cual los

sujetos sometidos a ellas no pueden ser objeto del tratamiento y beneficios,

tales como el indulto, el beneficio del artículo 55 del Código Penal, la

libertad condicional, que se otorgan a los reos, porque se trata de medidas

eminentemente curativas y preventivas…” (Sala Constitucional

de la Corte Suprema

de Justicia, voto 2008-017298, de las catorce horas y cincuenta y uno

minutos, del diecinueve de noviembre del dos mil ocho. En igual sentido, Sala

Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia, 1993-2583, de las quince horas

treinta y seis minutos, del ocho de junio de mil novecientos noventa y tres).

Al amparo de los anteriores conceptos, en los votos 2005-1049, de las quince

horas quince minutos, del doce de  septiembre de dos mil quince y

2008-1118, de las nueve horas veinticinco minutos, del diez de octubre de dos

mil ocho, se ha mantenido la tesis sostenida en los noventas, que dicha medida

debe estar acorde con el principio de proporcionalidad, en el tanto: “…presupone

la comisión de una infracción penal, que en razón de la inimputabilidad

del sujeto que la comete y el grado de peligrosidad del mismo, no se reprime

con pena, sino que posibilita la imposición de una medida de seguridad. Como ya

se dijo, las medidas de seguridad que se imponen a los inimputables,

son las que se aplican a los sujetos que al momento de la comisión del hecho se

hallaba en estado de incapacidad psíquica de delito. Se trata de medidas

administrativas que sólo son procesal y jurisdiccionalmente penales, pero en

modo alguno, materialmente penales. Por esto no pueden ser llamadas

"sanciones" pues no constituyen sanción a ninguna conducta, por lo

que de conformidad con el inciso 3.) del artículo 320

del Código de Procedimientos Penales, pueden ser aplicables incluso a supuestos

en los que ni siquiera hay conductas o acciones, ya que su naturaleza es

netamente administrativa y su objetivo expresamente asistencial, pero para su

imposición se requiere se acredite la existencia de un hecho injusto (típico y

antijurídico), ejecutado materialmente por el sujeto a quien se le impone la

medida. No a todos los inimputables se les impone

este tipo de medidas, pues ello depende de su necesidad, de las condiciones

personales del sujeto, con miras a la mejoría de su estado psíquico anormal, de

ahí la necesidad del informe del Instituto Nacional de Criminología en el que

se establezca la posibilidad de que se vuelva a delinquir en razón del estado

de inimputabilidad…” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2583-93, de las quince horas con veintisiete minutos del ocho de

junio de mil novecientos noventa y tres). Con base en lo señalado supra, debemos concluir que no es posible equiparar

las sanciones establecidas de forma taxativa en la Ley de Justicia Penal Juvenil,

a las medidas de seguridad que contempla el Código Penal en su artículo 100. iii. Interés superior del

menor. Tal y como fue admitido en los votos 2015-01535 y

2015-00652 de esta Sala, resultaría improcedente, negar la preeminencia del

postulado de interés superior como principio rector de toda política y

legislación dirigida a la población menor de edad, en razón de que  tanto

la doctrina, como la

Declaración Universal de Derechos del Niño (Principio 2 y 7),

el Código de la Niñez

y Adolescencia (artículo 5) y la

Ley de Justicia Penal Juvenil (numeral 7) coinciden en la potencialización de ese enfoque para alcanzar los demás

fines del proceso penal juvenil. Así, adviértase que esta Cámara ha señalado

que: “Tratándose de personas menores de edad en conflicto con la ley penal,

el principio de interés superior implica no solo el pleno reconocimiento y

posibilidades de ejercicio legítimo de sus derechos dentro del proceso penal,

sino además la finalidad primordial que informa la materia penal juvenil, cual

es el pleno desarrollo de las capacidades de la persona menor de edad y su

reinserción social y familiar”. (Voto número 2012-1436, de las 10:25 horas, del

7 de septiembre de 2012). En conclusión, el Estado está en la obligación de

adoptar las medidas necesarias en atención al interés superior del niño y de

asegurar la adecuada protección y cuidado del menor. Como se indicó en el voto

2015-652: “Bajo esta tesitura, un Estado que ignore la situación de las

personas menores de edad en conflicto con la ley penal que hayan sido

declaradas inimputables o con imputabilidad

disminuida, es decir, en un estado de vulnerabilidad mayor, está incumpliendo

el mandato internacional, y sin duda alguna también el nacional. La necesidad

de protección del menor –rechazando tajantemente que hacemos eco del modelo de

la situación irregular-, junto a la búsqueda de su interés, es el norte que

debe tener toda institución que tenga la competencia de la atención de la

persona menor de edad, en esta categoría se encuentra el sistema judicial en

general, y el penal en particular”. Por lo tanto, esta Sala es del criterio

que, por razones de legalidad, reconociendo además, la normativa internacional

y los principios rectores en el tema de los menores de edad, especialmente el

interés superior del niño, la aplicación de las medidas de seguridad a las

personas inimputables resulta procedente para cumplir

a cabalidad con dicho postulado, pues una posición en contrario podría dar al

traste con una desprotección de la población menor que se encuentre en dicha

condición…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 2015-01535, de

las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos del veintisiete de noviembre del

dos mil quince). En suma, la necesidad de atender a esa población resulta

acorde con el principio del interés superior del niño y a los postulados de un

Estado Social de Derecho. Véase que, como ya se explicó, de negarse la intervención

de la jurisdicción penal juvenil en estos casos, esta población quedaría en

total desatención, en el tanto no existe otra autoridad –administrativa ni

judicial- que tenga competencia para resolver su situación. iv.

Protección a la víctima y tutela judicial efectiva. Por

último, los votos 2015-01535 y 2015-00652 de esta Sala, resaltan que como

corolario del modelo de responsabilidad de la persona menor de edad como sujeto

de derecho, está prevista una amplia participación de la víctima a través del

reconocimiento de sus derechos en procura de la satisfacción de sus intereses

procesales, lo que sin duda, conlleva a la aplicación del principio de tutela

judicial efectiva (Ver TIFFER SOTOMAYOR (Carlos), Ley

de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada, San José, Juritexto, 2da edición, 2004, p.91). En efecto, este

postulado lo desarrolla el proceso penal juvenil en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

que establece: “Principios rectores. Serán principios rectores de la

presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el

respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y

la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y

las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como

la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho”. Criterio

que también encuentra respaldo en: “…la Declaración sobre los

principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder,

documento de la

Organización de Naciones Unidas (Resolución 40/34 de la Asamblea General),

que define como víctima a “las personas que, individual o colectivamente, hayan

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en

los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”,

reconociéndosele el derecho al acceso a la justicia y un trato justo, así como

a la reparación del daño sufrido,  al indicarse que: “4. Las víctimas

serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al

acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que

hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

Se

establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos

y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener

reparación mediante esos mecanismos”, quedando clara la necesidad de conciliar

los derechos de las víctimas con la de brindar protección integral y efectiva

al principio de interés superior del niño…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, voto 2015-01535, de las nueve horas y cuarenta y cuatro minutos del

veintisiete de noviembre del dos mil quince). En atención a todo lo expuesto,

se procede a acoger  los reclamos planteados por la licenciada Quirós

Rodríguez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, por asistirle

razón a sus planteamientos, ya que corrobora esta Cámara de Casación la

existencia de precedentes contradictorios sobre el tema cuestionado, así como

la errónea aplicación de los numerales 8 y 9 de la Ley de Justicia Penal juvenil

y la inobservancia de los artículos 1, 15, 42 y 43, 51, 97, 98, 100, 101 y 102

del  Código Penal. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de

casación del Ministerio Público. Se anula la resolución del Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil  del Segundo Circuito Judicial de San

José, N° 2017-0020, de las 14:25 horas, del 19 de

enero de 2017. De igual manera, se anula la Sentencia de

Sobreseimiento Definitivo dictada por el Juzgado Penal Juvenil de Cartago, de

las 14:41 horas, del 8 de diciembre de 2016 (cfr,

folios 92 a 93). Se

ordena el reenvío de la causa ante el Juzgado Penal Juvenil de Cartago, el cual

con integración diferente, deberá proceder a resolver el proceso, a la mayor

brevedad posible, conforme a lo dispuesto en esta sentencia.”