Resolución 00010-2013

Con base en el acuerdo

JD-451 tomado en el artículo IV) inciso 5) de la sesión no. 31-2006 de la Junta Directiva de

la Junta de

Protección Social de San José, el actor presenta la respectiva liquidación por

reajustes salariales a partir del 01 de junio de 2001 y hasta su efectivo pago,

así como los intereses correspondientes sobre las sumas reclamadas, los cuales

liquida en de la siguiente manera: por reajuste salarial la suma de

¢571.150.534,37, más los intereses legales que genere dicho monto hasta su

efectivo pago; así como las costas procesales y personales de este proceso.

La audiencia de conciliación se celebró al ser

las 9 horas 4 minutos del

5 de setiembre de 2011. En esta, el apoderado de la Junta demandada interpuso

las defensas de litis pendencia (la que fue resuelta en el acto) y falta de

derecho.

3.-

La Juez Ejecutora

Lorena Montes de Oca Monge, en sentencia no. 184-2011 de las 16 horas del

20 de setiembre de 2011, resolvió: “Sin lugar la falta de derecho alegada

por la Junta de

Protección Social de San José. Toda vez que la validez y procedencia de los

derechos patrimoniales reconocidos a don L mediante acto administrativo emitido

por la Junta Directiva

de la Junta de

Protección Social de San José en sesión ordinaria número 31-2006 celebrada el

tres de octubre del año dos mil seis, acuerdo JD-451, artículo IV, inciso 5),

están siendo revisados en sede laboral, Juzgado de Trabajo, Segundo Circuito

Judicial de San José, expediente número 08-000541-0166-LA, esta Juzgadora no

encuentra prudente ejecutar un acto administrativo que le favorece pero que no

es nada pacífico, en el sentido de que su objeto está siendo debatido en otra

jurisdicción. Pro todo lo anterior, quien les habla dispone que este proceso debe declararse sin lugar, resolviéndose sin

especial condena en costas…”

Los apoderados del actor formulan

recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis

del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

En demanda de ejecución, el señor L señala que

fue nombrado en propiedad como Gerente General de la Junta de Protección Social

(en adelante JPS) el día primero de junio de 2001, conforme acción de personal

2001-5216 y acuerdo de la

Junta Directiva, artículo II, acta no. 01-2001 de la sesión

extraordinaria del 7 de junio del mismo año; nombramiento que se extendió hasta

el primero de julio de 2008. Afirma, para la fecha cuando se le designó estaba

vigente la convención colectiva suscrita por la entidad desde 1976, cuyo

artículo 32 disponía un estudio anual de clasificación

y valoración de puestos. En acuerdo tomado en sesión ordinaria del 3 de agosto

de 1999, artículo III, la

Junta Directiva dispuso la aplicación de las conclusiones de

ese estudio a la clase gerencial. Y, dice, en artículo III inciso 1) del acta

de la sesión no. 19-2000 celebrada el 23 de mayo de 2000 aprobó el estudio

integral que realizó la empresa Ceciliano y Compañía, para todos los cargos

fijos de la institución. Continúa, en sentencia no. 816 del 11 de marzo de

2004, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, ordenó a la Junta realizar un nuevo

estudio salarial para la clase gerencial. Relata, en el punto IV, artículo 7

del acta no. 32-2005 del 30 de agosto de 2005, la Junta Directiva

aprobó que el estudio general de puestos del canon 32 de la Convención se aplicara

a los puestos de la Gerencia,

según la metodología y sistema utilizado por Deloitte y Touche. Expresa, el 30 de agosto de 2006 presentó reclamo administrativo

para el reconocimiento de extremos laborales. Prosigue,

en acuerdo no. JD-451-2006 de la sesión ordinaria no. 31-06 del 3 de

octubre de 2006, la

Junta Directiva declaró con lugar el reclamo administrativo y

la firmeza de esa decisión, aprobó el reajuste salarial, asimismo que se le

cancelase en forma retroactiva al primero de junio de 2001 y hasta su efectivo

pago las diferencias salariales resultantes de la aplicación del estudio

integral de puestos ordenado por el Juzgado de Trabajo. También, que el

reajuste incorporara el rubro de anualidades y quinquenios a partir del primero

de junio de 2001 y se realizaran los cálculos que correspondan a esas

diferencias en los rubros de aguinaldo, salario escolar y cualquier otro

componente salarial, por lo que le reconoció intereses sobre las sumas

reclamadas desde el ingreso a la entidad. Agrega, en acuerdo

no. JD-838-2007, artículo IV inciso 1) de la sesión 38-2006 del 30 de

octubre de 2007, resolvió aplicar e incorporar al salario de todos los cargos

fijos el estudio integral realizado por Ceciliano y Compañía a partir del 15 de

noviembre de 2007, y cancelar las diferencias salariales adeudadas desde el año

2000 a

todos los funcionarios, una vez que se tramitara el primer presupuesto

extraordinario de 2008. Manifiesta, mediante actos JD-846-2007 de sesión

extraordinaria 07-2007 del primero de noviembre de 2007 y JD-875-2007 de sesión

ordinaria 39-2007 del 6 de noviembre de 2007, se decidió dotar de contenido

económico el pago de los derechos derivados del estudio de reajuste de salarios

y que a él se le reconocieron en la resolución no. JD-451-2006 antes

mencionada. Señala que en acuerdo no. JD-928-2007 de

la sesión 41-2007 del

20 de noviembre de 2007 se reconoció como un

derecho subjetivo consolidado de todos los trabajadores, la aplicación del estudio elaborado

por Ceciliano y Compañía. Posteriormente, expresa, en sesión no. 44-2007 del 11

de diciembre de 2007, mediante acto JD-975-2007 resolvió allanarse a las

pretensiones que se esgrimieron contra la entidad en diversos procesos

judiciales pendientes, y aprobó la modificación presupuestaria no. 07-2007 del

presupuesto institucional, en la que incorporó los recursos para realizar el

pago a todos los funcionarios conforme a lo dispuesto, entre otros, por el

acuerdo JD-451-2006. Narra, en oficio DCP-1917 del 19 de diciembre de 2007, el

Departamento de Contabilidad y Presupuesto, presentó ajuste a la modificación

presupuestaria no. 07-2007,

a fin de pagar lo señalado en los acuerdos de Junta

Directiva no. JD-838-2007, JD-928-2007 y JD-451-2006.

Manifiesta, este último órgano en acuerdo JD-11-2008 de sesión no. 01-2008 del

15 de enero de 2008, artículo III, inciso 10), dejó sin efecto el reajuste de

salario, ordenó enviar presupuesto extraordinario para que incluya el pago

total del estudio integral de puestos efectuado por Ceciliano y Compañía, a

todos los funcionarios. Relata, en acto no. JD-43-2008

de la sesión no. 02-2008 del 22 de enero de 2008, artículo III, la Junta Directiva

estableció que: a) a él no se le había cancelado el pago reconocido en

sentencia; b) él estaba en la misma situación que la señora C y el subauditor,

a quienes ya se les había pagado; y c) los acuerdos han sido que el pago del

estudio se debía reconocer a todos los funcionarios; y ratificó el acuerdo

JD-11-2008 inciso c) en cuanto a la inclusión de todos los funcionarios en el

presupuesto extraordinario. Sostiene, el 25 de febrero de 2008 interpuso

proceso ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial se San José, expediente

08-000541-0166-LA-5, para que se le pagasen los extremos no expresamente

reconocidos por la JPS

en el acuerdo JD-451-2006. Expresa, en oficio no.

RH-725 del 15 de mayo de 2008, el Departamento de Recursos Humanos calculó los

perjuicios derivados de las diferencias salariales dejadas de percibir por la

inaplicación del artículo 32 de la convención colectiva, con base en el estudio

de Deloitte y Touche para la clase gerencial, lo que determinó en la suma de

¢446.708.182,13. En virtud de lo anterior, el señor L demanda en ejecución a la Junta de Protección Social,

para que en sentencia: 1) se ordene cancelarle la suma de ¢571.150.534,37,

dentro del plazo máximo de 15 días, en cumplimiento del acuerdo JD-451-2006,

así como los intereses legales hasta el efectivo pago; 2) se instruya al

presidente de la Junta

Directiva sobre el deber legal de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva;

se expida oficio a la

Contraloría General de la República para que no

apruebe presupuestos o modificaciones presupuestarias a la JPS, si ellos no incluyen la

previsión presupuestaria para cancelarle el compromiso adquirido en el acuerdo

no. JD-451-2006 por el monto de ¢571.150.534,37; 4) se

le condene al pago de ambas costas de este proceso; y 5) se testimonien piezas

al Ministerio Publico para que se investigue la falta de deberes y eventuales

delitos. La Junta

de Protección Social se opuso a la demanda, planteó una litispendencia y

formuló la excepción de falta de derecho. De forma

interlocutoria, la

Jueza Ejecutora del Tribunal denegó la litispendencia.

En sentencia declaró sin lugar la ejecución, en razón de que

el acto cuya ejecución se pretende –estableció- “no es pacífico”, sino

que está siendo debatido en la jurisdicción laboral. Inconforme,

el ejecutante establece recurso de casación que fue admitido por esta Sala.

II.-

Manifiesta, se tuvo por demostrado que el acuerdo de la Junta Directiva

no. 451-2006 es un acto que le concede una serie de reajustes, es decir, que le

favorece. Dice, la Jueza

determinó que el acto le concede derechos y que si estaban mal reconocidos

debió utilizarse los mecanismos legales para revertirlos, que si bien está de

por medio la

Autoridad Presupuestaria, la aprobación de esta no es

requisito para la validez y eficacia. Asevera, lo resuelto es coincidente con

el ordenamiento jurídico, en el sentido de que los reclamos administrativos que

resuelve la JPS

no están sometidos a un régimen de autorización por

parte de la

Autoridad Presupuestaria. Explica, la Autoridad Presupuestaria

emite directrices generales y no órdenes o actos concretos, como sería el pago del reajuste salarial a un trabajador. Y

esto, acota, tiene especial significación, ya que la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria

no. 6821, en su artículo 9, dispone que este órgano debía respetar los derechos

adquiridos de los trabajadores del sector público derivados de instrumentos

convencionales, si eran situaciones consolidadas antes de la entrada en

vigencia de esa Ley. Tal, expone, es precisamente su caso, pues ingresó a la JPS el primero de junio de

2001, antes de la entrada en vigencia de la Ley no. 8131 (a saber, el 18 de setiembre de ese

año) y en la cual se definió las actuales potestades de la Autoridad Presupuestaria;

y antes también “del rige del voto 4453-2000 de la Sala Constitucional

que estableció la vigencia de las convenciones colectivas del Estado”. De ahí, afirma, es lógico que haya concluido la Jueza el rechazo de la

excepción de falta de derecho opuesta por la Junta. Lo que no es

comprensible, continúa, es que luego de probada la existencia del acto

favorable y su firmeza se niegue su ejecución, considerando que por estarse

ventilando en otra sede la validez y procedencia de los derechos que el acto

administrativo le concedió “por prudencia, no debe ejecutarse en este

momento sino esperar efectivamente a lo que se resuelva en vía laboral”.

Expresa, llama la atención que la misma Jueza en resolución interlocutoria no.

168-2011 de las 11 horas 19 minutos del 5 de setiembre de 2011, declaró sin

lugar la excepción de litispendencia opuesta por la JPS, y señaló que se estaba

jugando con las dos vías, lo que la ley permite, en una pidiendo que se le

reconozca el derecho, y en esta, teniendo por entendido que ya existe el

derecho. En efecto, detalla, en sede laboral pide el reconocimiento del

derecho, en ningún momento se cuestiona la validez y procedencia de los

derechos que en un acto administrativo se le otorgaron. Aclara, lo que

pretendió en el año 2008 fue que un juez laboral le reconociera el derecho,

único medio aceptado en aquel momento para que su patrono le pagara los

derechos que inicialmente le reconoció pero que se niega a ejecutar, y para ese

tiempo esta Sala no había emitido jurisprudencia de los alcances de la

ejecución de actos administrativos firmes y favorables. En aquel momento,

reitera, la JPS

desconocía los derechos que le otorgó, y que según la Ley General de la Administración Pública

(LGAP) y el Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) podían ser

ejecutados. Pero, destaca, no acudió a la jurisdicción laboral a cuestionar

esos actos en que se ordena se le pague, sino que solicita su aplicación

inmediata, y eso está en las pretensiones de la demanda laboral que se

incorporó como

prueba no.

La Junta,

relata, tampoco entró a cuestionar los actos, simplemente se niega a pagar. Esa

negativa, prosigue, nada dice de la validez del acto, y para ello hay mecanismos legales, como bien apuntó la Jueza, a saber, el de

lesividad. Reitera, es titular de un derecho subjetivo que sedebió ejecutar, el

artículo 228 de la LGAP

dispone que la

Administración debe ejecutar los actos firmes, al igual que

señala el canon 176 del CPCA. Dice, no podía entonces la Jueza Ejecutora

declinar la competencia que le brinda el mandato 155 del CPCA, sin

desconocer los preceptos citados y el principio de justicia pronta y cumplida. Tampoco es procedente, sostiene, que decline su competencia bajo el

argumento de que la jurisdicción laboral le es potencialmente más beneficiosa.

Esta decisión se traduce en denegación de justicia y violenta los deberes que

atribuye el canon 49 de la

Carta Magna a la jurisdicción contencioso administrativa.

Narra, en la sentencia se

dispone que el acto administrativo no. JD-451-2006 “no incluyó

montos, así que (…) de todas formas no lo podría incluir montos en ese momento, porque el acto administrativo que se ejecuta no

los tenía, pudo haber sido una consecuencia de haber sido de recibo la

ejecución, pero como

tal, la pretensión es improcedente”. Expresa, el canon 163 del CPCA dispone

que cuando la sentencia condene en abstracto al pago por daños y perjuicios, el

victorioso presentará liquidación concreta y detallada con indicación de los

respectivos montos y ofrecimiento de prueba; y –explica- en este caso se presentó

el acto firme y favorable contenido en la resolución JD-451-2006, donde lo

resuelto fue en abstracto y declaró los derechos que transcribe literalmente. Ese acto, continúa, fue reiterado y ampliado en su

motivación, según consta en la pruebas 13 y 14, mediante acuerdos no. JD-11-2008 y JD-43-2008 del 15 y 22 de enero de 2008.

Prosigue, con fundamento en todo ello, el Departamento de Recursos Humanos, en

oficio RH-725 del 15 de mayo de ese año, calculó los perjuicios que sufrió en

¢446.708.182,13 y esta fue la liquidación concreta de daños, perjuicios y

montos que presentó al proceso según la prueba no.

Ésta, acota, es un acto

administrativo técnico, actuarial y válido de la instancia técnica en materia

de administración de personal, que contiene una descripción clara y detallada

de las partidas que configuran las diferencias resultantes de salario dejadas

de percibir: salario base, antigüedad, quinquenio, prohibición, carrera

profesional, salario escolar, aguinaldo, cargas patronales, intereses de de la Ley de Protección al

Trabajador, intereses, cargos por mora. La Junta, añade no objetó ese

cálculo en la audiencia, sino que reconoció su existencia y montos y que se

había efectuado para incluirla liquidación en el presupuesto extraordinario

1-2008. Por ausencia de contradictorio respecto de esa prueba

y el hecho decimoctavo, expone, se debe tener por contestado afirmativamente.

Agrega, resultó victorioso en el reclamo administrativo que presentó, por lo

que adjuntó además en este proceso la liquidación concreta

y detallada de los daños y perjuicios causados por la inercia de la JPS, escogiendo la que efectuó

la propia Administración y añadiendo los intereses desde la determinación hasta

el presente. Es cierto, observa, que el acto JD-451-2006 es

en abstracto, no contiene montos, pero estableció los parámetros para

calcularlos, y eso fue lo que hizo el Departamento de Recursos Humanos.

Sostiene, si la Jueza

hubiese valorado esa prueba, se habría percatado de que existían montos a

liquidar, y debió constatar que esa liquidación se ajustara al acto firme que

se ejecutaba, en cumplimiento de la tutela judicial efectiva y del artículo 41

de la

Constitución Política que contempla la reparación plena de

los daños sufridos. Lo anterior, concluye, violenta los cánones 82, 119, 155 y

164 del

CPCA, 39 y 41 de la

Constitución.

De previo a conocer

los cargos que plantea el recurrente se advierte lo siguiente. La sentencia es

el acto procesal que pone fin, en forma definitiva, a la controversia

sometida a conocimiento y decisión del órgano jurisdiccional,

pronunciando el recibo o rechazo de las pretensiones esgrimidas, y por ende, de

las excepciones formuladas. En este sentido, dispone

el canon 119 del CPCA que la sentencia ha de resolver todas las pretensiones,

así como todos

los extremos que permite el mismo cuerpo normativo (verbigracia, los contenidos

en los artículos 122, 123, 124, 127 y 128 ibídem). La declaratoria de

procedencia o denegatoria de las peticiones de las partes debe ser motivada,

esto es, requiere análisis y conclusión sobre las circunstancias fácticas

relevantes y el derecho que las enmarca. Contendrá por tanto los elementos que

se extraen –en criterio de los juzgadores- de las probanzas admitidas y

evacuadas, asimismo los aceptados expresa o tácitamente; los cuales en conjunto

subsumirá a las normas sustantivas, atribuyéndoles las consecuencias que éstas

prevean. Así pues, debe plasmar o poner en manifiesto las

razones o fundamentos, fácticos y jurídicos, por los que se adopta la decisión.

Por ende, el acto de motivar se erige como presupuesto sustancial

de la sentencia. Además de este presupuesto de orden sustantivo, existen otros

de carácter formal, que si bien el CPCA no contempla expresamente, si lo

hace el Código Procesal Civil (CPC), cuya aplicación supletoria procede

conforme al mandato 220 del primero, y en la medida –claro está- que se adapten

al principio de oralidad y, en concreto a la posibilidad de emitir oralmente

los fallos finales que admite este último. Así, los referidos

a la estructura de la sentencia, en particular, las partes

considerativa y dispositiva. Según lo apuntado, del inciso 3 sub

apartados ch), d) y e) del precepto 155 del CPC, se extrae que en materia

contencioso administrativa, la primera (la parte considerativa) deberá

contener una declaración concreta de los hechos que se tengan por

probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestran, las

circunstancias no acreditadas que resulten relevantes para la decisión, así

como el análisis de las cuestiones de fondo expuestas, las excepciones

formuladas y las costas, según la normativa aplicable. Y es que esta

sección no es otra cosa que la forma que adopta o en que se consigna la motivación

misma, tanto relativa a los hechos como

al derecho, que ya se identificó es el presupuesto sustantivo del fallo. La parte dispositiva

expresará el acogimiento o denegatoria de las pretensiones, defensas y lo

relativo a los efectos económicos del

proceso (en reflejo de la parte considerativa), de la misma forma en que lo

ordena el inciso 4) sub apartado d) del

canon 155 citado. Se insiste entonces, que la motivación en tanto es el presupuesto

sustantivo de la sentencia, le es consustancial; por ello es que el artículo

137.a del CPCA dispone su ausencia como un motivo autónomo de casación, que

–sobra destacar- implica una afronta al derecho de defensa de las partes. Por

otra parte, y dicho lo anterior, conviene precisar ahora –como de forma

reiterada se ha manifestado también- que la falta de motivación acontece en dos

supuestos. El primero, por inexistencia absoluta, o lo que es

igual, cuando el juzgador omite consignar los cimientos de su decisión.

El segundo, cuando el despliegue argumentativo del órgano decisor resulta confuso o exhibe

contradicciones de tal envergadura, que se erigen como obstáculo para determinar de forma

diáfana los motivos que le sirven de base. En este sentido puede consultarse la

resolución no. 184-F-S1-2009 de las 13 horas del 23 de febrero de 2009.

En el presente asunto,

la Jueza Ejecutora

una vez que identificó el proceso, el número de expediente y las partes,

señaló: “(…) El tema traído a esta jurisdicción (…) implicó muchísimo

estudio de muchos temas para efectos de tomar la decisión, de manera que

considero que fue un punto que efectivamente valía la pena tratar y definir”.

Luego de referir las pretensiones de la parte actora y la defensa del demandado, en lo que podría

identificarse como

hechos probados -a los que agregó algunas consideraciones jurídicas- manifestó

lo siguiente: “en este asunto efectivamente hay un acuerdo de Junta

Directiva, el 451, donde le concede a don Luis Arturo Polinaris una serie de

ajustes (…). Este acto (…) acuerda a favor de don Luis Arturo

Polinaris Vargas, como gerente general y en aplicación del estudio integral de

puestos realizado para la clase gerencial, auditor y subauditor, y al amparo de

la convención colectiva, de la sentencia 816 del Juzgado de Trabajo del II

Circuito (…) además de ese reajuste, el pago retroactivo al primero de

julio del 2001 hasta su efectivo pago, las diferencias salariales resultantes

de la aplicación de ese estudio, incorporando lo que fueron anualidades, o lo

que fueran anualidades y quinquenios a partir del primero de junio del 2001, y

además reconoció intereses (…) A partir de ahí, y con una serie de

bemoles y circunstancias empiezan a gestionarse, primero la solución o la

disposición en vía jurisdiccional, en vía laboral de esta famosa sentencia 816,

donde con ocasión de tres actores se resuelve y se les reconoce a ellos

efectivamente el derecho de que se les pagara los reajustes con ocasión de la

convención colectiva, y en razón del puesto esa misma sentencia 816 dispone

otro estudio para la clase gerencial dice ahí, de toda la exposición de la

sentencia sobresale el hecho de que para esta juzgadora el estudio Ceciliano,

el estudio de la firma Ceciliano y Compañía no incluyó a la clase gerencial; y

en razón de ello, pues ordenaba un nuevo estudio, entiendo que ahí es donde

surge la de Deloitte y Touche en cumplimiento de esto. Empiezan las gestiones a

nivel presupuestario, a nivel de incluirlo, va a presupuesto ordinario, el

extraordinario, que no, que lo afinen, que no, que lo modifiquen, y empiezan

efectivamente, pues toda una serie de incluso cuestiones que llaman

poderosamente la atención de que a esta fecha, pues habiendo un acto

administrativo que le reconoce derechos a don L, y que si estaban mal

reconocidos, tuvieron tiempo para ejercer los mecanismos legales para

revertirlos, incluso cambios de criterio muy llamativos; de un momento a otro

están con las pretensiones de don L, y en el capítulo siguiente, afirman todo

lo contrario, personas que participaron en uno u otro sentido. Todas estas

anomalías y todo lo que ha sucedido fue estudiado por mi persona, les insisto,

llama poderosamente la atención todo esto acontecido, la naturaleza del acto

administrativo este que se reclama y, no obstante, la representante de la Junta de Protección Social

afirmar que no se trata de un acto administrativo firme y favorable, pues sí es

un acto que le favorece a don Luis, es un acto que le favorece, que está de por

medio, igualmente lo de la Autoridad Presupuestaria, y que en eso siguen,

porque siguen en vía administrativa dependiendo y nadie define, se derogó una

ley que incluía a la Autoridad Presupuestaria, surgió otra con la Ley de Administración

Financiera y el tema sigue, sigue a e nivel administrativo. Los efectos de la

sentencia laboral (…) son específicamente para quienes participaron en

esos procesos, sin embargo –y sí creo igualmente de buena voluntad- la Junta de Protección Social

extrae la disposición de hacer un nuevo estudio para aplicarlo para la clase

gerencial, porque pareciera que hasta ahí, y con esa sentencia y otros

antecedentes que no cito en este momento, pareciera que el derecho de quienes

trabajaban para la Junta

en esos períodos no está en discusión. Surge entonces después el tema de sí por

ser un puesto de confianza, si no tenía derecho a los

beneficios de las convenciones y entonces empieza a entrabarse hasta la fecha

en que no se cumple. El ajuste y las revalorizaciones de puestos para la clase

gerencial, por lo menos para esta juzgadora quedó claro, de acuerdo con la

sentencia 816 (…), no incluyó a la clase gerencial, de manera entonces

que seguir afirmando o seguir pidiendo, pareciera, sobre este estudio de

Ceciliano y Compañía para la clase gerencial, pareciera que no está del todo

correcto, tanto así que existe y no tuve conocimiento de ello durante la

prueba, solamente el nombre que existió, pero que quedó en el aire en este

sentido, no es necesario, ni provocó ningún efecto en la solución de este

asunto, pero existió otro estudio de Deloitte y Touche y éste pareciera que sí

fue exclusivo para la clase gerencial o ya se incluyó a la clase gerencial, eso

no quedó claro durante o con la prueba que se ofreció y lo que se leyó de los

autos. La

Autoridad Presupuestaria existe y hay que respetarla. Si hay un acto administrativo que inobserva su existencia o que

quiere pasarla por alto o que quiere asumir las responsabilidades, si las

tuviera, porque no estamos decidiendo sobre eso, pues también es otro tema que

debe tratarse por la Junta

de Protección Social. Por último un proceso laboral que interpone don L el 25

de febrero de 2008, donde solicita se le reconozcan, a raíz de todo esto y que

al final nada en concreto, primero que sí, después que no, después que la Autoridad Presupuestaria,

que no hay presupuesto, que extraordinario, que me lo cambian, que le ajusten,

que le quite, que le ponga, que no Ceciliano, que sí Deloitte, todo esto lleva

a don L a presentar un proceso laboral el 25 de febrero del 2008, un mes antes,

poquito más, el primero de enero del 2008 entra en vigencia el Código Procesal

Contencioso Administrativo, que permitía y daba la posibilidad a la parte de

acudir a la ejecución de un acto firme y favorable. Sin embargo, cuando o para

cuando se presenta la ejecución de este acto firme y

favorable, el 8 de julio del

2011, ya tenía bastante rato de estar corriendo, de estarse tramitando este

proceso en sede laboral.” De inmediato expresó: “Les decía cuando

inicié, muchos temas importantes a tratar, muchos temas que muy enriquecedores

para ambas partes, aún cuando se hubiera decidido de una u otra manera; sin

embargo, con todo esto, y no, pareciera y quisiera ser muy clara: la falta de

derecho que opone la Junta

de Protección Social debe declararse sin lugar. Sin embargo, esta juzgadora es

del criterio que por todo lo expuesto, y por estarse ventilando en otra

sede, precisamente la validez y procedencia de los derechos que en un acto

administrativo le concedieron a don Luis, por prudencia, no debe ejecutarse en

este momento, sino esperar a lo que resuelvan en vía laboral. No tenían,

recuerden que con la vigencia del Código no había que agotar vía (…)

había una serie de, digamos, como de apertura o facilidades para el

administrado, pero habiendo elegido la vía laboral y estando el objeto,

precisamente el de la procedencia o no a recuperar o a recibir esos ajustes

como gerente que fue durante siete, ocho años (…) mal haríamos

ejecutándolo aquí, precisamente insisto, porque está cuestionando esa validez

en una vía ordinaria que de pleno y con todas sus garantías puede lograr una mayor

inclusión de todo lo que aquí se pide. Recuérdese además que en esta vía lo que

se ejecuta es un acto administrativo como tal, el acto administrativo 451 no

incluyó montos, así que esta juzgadora de todas formas no podría incluir montos

en este momento, porque el acto administrativo que se ejecuta no los tenía,

pudo haber sido una consecuencia de haber sido de recibo la ejecución, pero

como tal, la pretensión es improcedente”. De seguido, finalizó la Jueza: “Así las cosas,

por tanto, toda vez que la validez y procedencia de los derechos

patrimoniales reconocidos a don L, mediante acto administrativo emitido por

la Junta Directiva

de la Junta de

Protección Social de San José (sic), en sesión ordinaria no. 31-2006,

celebrada el 3 de octubre del 2006, acuerdo JD-451, artículo 4) inciso 5),

están siendo revisados en sede laboral, dentro del expediente 08-000541-0166-LA

del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, esta juzgadora no

puede ejecutar un acto administrativo que le favorece, pero que no es pacífico,

en el sentido de que está siendo debatido en esa sede, en esa jurisdicción

laboral, por lo que quien les habla, dispone que este proceso debe

declararse sin lugar; resolviéndose en esta ocasión, sin especial condenatoria

en costas.” Posteriormente adicionó de oficio: “que copia de la parte

dispositiva debe presentarse al Juzgado de Trabajo del

II Circuito Judicial de San José, para que se

agregue al expediente que ante ellos tramita don L” (trascripción del audio de la

resolución).

El casacionista,

recrimina una falta de motivación aunque no con la terminológica procesal

apuntada, sino a través de reclamos que plantea como sustantivos, pero que en suma muestran

desconcierto: si se determinó que el acto es firme y favorable, no podía

negarse su ejecución. De sus afirmaciones se extrae una primigenia

disconformidad con la argumentación, que estima no es consecuente. Una contradicción, se desprende, que impide comprender porqué la Juzgadora no atribuye de

forma lógica la consecuencia que prevé el ordenamiento jurídico. En

última instancia, lo denunciado es que el fallo no expone los elementos para

desatender la ejecución de un acto que se calificó de

firme y favorable. Lo que finalmente sería una afrenta a su derecho de defensa.

En efecto, al reservarse un órgano jurisdiccional los

criterios por los que tomó una determinación particular, el afectado no los

puede identificar puntualmente e impugnarlos con precisión en esta fase. Y es

que –como se ha reiterado-, la motivación es uno de los elementos del debido

proceso y del derecho de defensa, pues sólo conociendo los motivos por los que

se arriba a la determinación, es que se coloca al afectado en posibilidad de

combatirlos; lo contrario implicaría una carga irracional para éste, quien

habría de realizar un ejercicio –eventualmente infructuoso- para tratar de

adivinar y asumir cuáles son los fundamentos que en su fuero interno valoró el

juez, e intentar romper ese presunto razonamiento. Sobre este

vicio, de la trascripción del

fallo observa esta Sala que en efecto la sentencia recurrida carece de

motivación, ya que resulta en extremo confusa y contradictoria. Primero, se advierte que padece de imprecisión o relata en

forma poco detallada las circunstancias ocurridas. Así, estableció que

después del acuerdo no. 451 “con una serie de bemoles y circunstancias

empiezan a gestionarse, primero la solución o la disposición en vía

jurisdiccional, en vía laboral de esta famosa sentencia 816, donde con ocasión

de tres actores se resuelve y se les reconoce a ellos efectivamente el derecho

de que se les pagara los reajustes con ocasión de la convención colectiva, y en

razón del puesto esa misma sentencia 816 dispone otro estudio para la clase

gerencial dice ahí (…) Empiezan las gestiones a nivel presupuestario, a

nivel de incluirlo, va a presupuesto ordinario, el extraordinario, que no, que

lo afinen, que no, que lo modifiquen, y empiezan efectivamente, pues toda una

serie de incluso cuestiones que llaman poderosamente la atención”. Y más

adelante, se refiere a “un proceso laboral que interpone don L el 25 de

febrero de 2008, donde solicita se le reconozcan, a raíz de todo esto y que al

final nada en concreto, primero que sí, después que no, después que la Autoridad Presupuestaria,

que no hay presupuesto, que extraordinario, que me lo cambian, que le ajusten,

que le quite, que le ponga, que no Ceciliano, que sí Deloitte”.

Aún y cuando el proceso versa sobre la

ejecución de un acto administrativo, la claridad sobre los elementos fácticos

resulta indispensable, pues con ellos se conduciría a la certeza sobre la

condición de final, firme y, por ende, favorable de aquél; es decir, a la

existencia misma del presupuesto procesal. Máxime en consideración

a la teoría de defensa que planteó la

JPS, bien sea para descartarla, bien para admitirla.

Como se escucha en el audio de la audiencia celebrada el 5 de setiembre de

2011, entre otros aspectos, la entidad afirmó que: a) la Junta Directiva no

era la competente para fijar el salario de la clase gerencial, b) el acto

requería la aprobación de Autoridad Presupuestaria, era por tanto complejo, y

esa aprobación no se había concedido, c) por ende, no cumplía con los

presupuestos, era inválido, no firme y favorable, y d) tan es así que el señor

Polinaris acudió a la vía laboral al percatarse que no era factible la

actualización salarial administrativamente. La Jueza no se pronuncia sobre estos argumentos de

la defensa, sólo señaló: “llama poderosamente la atención todo esto

acontecido, la naturaleza del acto administrativo este que se reclama y, no

obstante, la representante de la

Junta de Protección Social afirmar que no se trata de un acto

administrativo firme y favorable, pues sí es un acto que le favorece a don L,

es un acto que le favorece, que está de por medio, igualmente lo de la Autoridad Presupuestaria”

y que “Autoridad Presupuestaria existe y hay que respetarla. Si hay un acto administrativo que inobserva su existencia o que

quiere pasarla por alto o que quiere asumir las responsabilidades, si las

tuviera, porque no estamos decidiendo sobre eso, pues también es otro tema que

debe tratarse por la Junta

de Protección Social”.

La

sentencia impugnada exhibe una argumentación contradictoria: luego de estimar

el acto como firme y

denegar la falta de derecho opuesta por la JPS (sin contestar realmente –como se vio- aquel alegato), deniega su

ejecución, en virtud de un supuesto cuestionamiento que de ese acto hace el

aquí ejecutante en un proceso incoado por él mismo en la sede laboral.

Concluyó: “pareciera y quisiera ser muy clara: la

falta de derecho que opone la

Junta de Protección Social debe declararse sin lugar. Sin

embargo, esta juzgadora es del criterio que por todo lo expuesto, y por estarse

ventilando en otra sede, precisamente la validez y procedencia de los derechos

que en un acto administrativo le concedieron a don Luis, por prudencia, no debe

ejecutarse en este momento, sino esperar a lo que resuelvan en vía laboral”.

Y esto sin mencionar siquiera los elementos probatorios que sustentarían esa

conclusión, la que además no coincide con la referencia que sobre el mismo

proceso laboral efectuó minutos antes, en el sentido de que su objeto era el

reconocimiento o declaratoria de los derechos del señor Polinaris. Tampoco

refiere el fundamento jurídico que le autoriza para desestimar la ejecución con

base en ese motivo.

Así las cosas, a pesar

de que el casacionista no lo alega (pues en algunos aspectos el pronunciamiento

le beneficia), y tampoco lo hace ver la parte ejecutada (en tanto la parte

dispositiva le es favorable), lo cierto es que una vez abierta la competencia

de esta Cámara en virtud del recurso extraordinario planteado, se observa que

la resolución atenta contra el derecho de defensa de ambos contendientes,

denegándoles la tutela judicial efectiva. Esto en razón de la particular forma como

fue estructurada y motivada. No sólo no se identifica en ella, por ejemplo, una

sección de resultandos y considerandos, y dentro de la última, una relativa a

los hechos que estimó demostrados, sino porque –y en lo esencial- hace una

referencia imprecisa a circunstancias fácticas, las que ni siquiera enlista,

enumera, ordena cronológicamente (o con algún otro criterio ostensible), ni las

detalla. Las partes –y esta Sala- se ven constreñidas a

inferirlas, con la consecuente incertidumbre que ello genera. Luego no subsume

esos imprecisos hechos a normas jurídicas que estime

aplicables, con lo cual carece además de fundamentación jurídica, lo que a su

vez impide el control casacional que en este caso solicita la parte

ejecutante.

En virtud de lo

expuesto, en tanto adolece de motivación, presupuesto sustancial de la

sentencia, el pronunciamiento deberá anularse. Se ordenará el reenvío del

expediente al juez ejecutor del Tribunal, a fin de que dicte nueva sentencia

conforme a derecho corresponda.