Resolución 00796-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, el actor formuló proceso arbitral,

a fin de que en laudo se declare:“ PRETENSIÓN PRINCIPAL:

LA

NULIDAD ABSOLUTA de la cláusula primera, puntos a) y c)

establecida en el “Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial” suscrito por las partes

el día 19 de febrero de 2010, en virtud de tratarse de una condición

suspensiva potestativa , carente por parte de las sociedades

demandadas de una voluntad seria de obligarse al cumplimiento de lo

pactado, es decir, ausencia de un elemento esencial del negocio jurídico,

voluntad viciada conforme al numeral 1007 del Código Civil, lo que al amparo

del canon 681 del Código Civil conduce a su nulidad absoluta, en virtud que las

demandadas de manera aparente declaran y manifiestan una voluntad viciada al

suscribir una obligación suspensiva que depende enteramente su cumplimiento de

su comportamiento con total exclusión del actor o cualquier tercero.

2)

Que al acogerse la nulidad absoluta de la cláusula suspensiva potestativa

indicada en la pretensión anterior deberá ser con efectos retroactivos a la

fecha de suscripción del “Acuerdo Conciliatorio Extrajudidal”, sea el 19 de

febrero de 2010, en consecuencia, por tratarse de una obligación pura y simple,

se declarará que están obligadas las demandadas a cancelar al actor la suma de

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES, moneda de curso legal de los Estados Unidos

de América, a partir de la firmeza del laudo que así lo declare.

Que igualmente deberán

cancelar las demandadas al actor los intereses que corran desde el 19 de

febrero de 2010 y hasta su efectivo pago, las  (sic) que se

liquidaran (sic) al tipo fijado para los intereses legales que se

encuentre vigente a la fecha de pago.

Que están obligadas las

demandadas a cancelar al actor la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES,

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y tenerse por cumplida

la obligación al amparo del cardinal 682 del Código Civil, en virtud que ha

sido por el comportamiento obstructivo de estas, al impedir el cumplimiento de

la condición suspensiva de venta absteniéndose de realizar la conducta prevista

como “vendedora” del “Proyecto Puerto Pedregosa” a Kenara Holding Company

Limitada-. Igualmente deberán las demandadas reconocer y pagar los intereses

legales al actor desde la fecha de verificación de cumplimiento de la

obligación y hasta su efectivo pago a los tipos que rijan al momento del pago-.

Que se condene en ambas costas a las demandadas. PRETENSIÓN

SUBSIDIARIA : Subsidiariamente para el caso que no prosperare la

pretensión principal, pedimos que en sentencia se declare:

Que las

sociedades demandadas están obligadas a cancelar al actor la suma de UN MILLÓN

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES; moneda de curso legal de los Estados Unidos

de América, al tenerse por cumplida, verificada o eficaz la condición

suspensiva pactada en el “Convenio Conciliatorio Extrajudicial” cláusula

primero (sic) apartados a) y b) suscrito entre las partes el 19 de

febrero de 2010, en tanto, la formalización efectiva de la “compra-venta” del

Proyecto Puerto Pedregosa a la sociedad KENARA HOLDING COMPANY LIMITADA

no se ha realizado por actuaciones de las demandadas que impiden u obstruyen su

cumplimiento. En consecuencia, el Tribunal declarará cumplida y eficaz la

obligación como consecuencia de actos impeditivos realizados por las demandadas

para su cumplimiento-. Deberán igualmente las demandadas reconocer y cancelar

los intereses legales al actor desde la fecha de verificación de cumplimiento

de la obligación y hasta su efectivo pago a los tipos que rijan al momento del

pago-. PRETENSION SUBSIDIARIA NÚMERO DOS: Para el remoto y eventualísimo

supuesto que no prosperare la pretensión principal ni la pretensión subsidiaria

número uno, solicito que en el laudo se declare: a) Que por los incumplimientos

graves y voluntarios realizados por las demandadas, el “Convenio Conciliatorio

Extrajudicial” suscrito por las partes el 19 de febrero de 2010, se deberá

resolver y se condenará al pago de los daños y perjuicios a la demandadas, los

cuales se liquidarán en ejecución del laudo arbitral. Para cumplir con lo

dispuesto en el numeral 290 inciso 5) del Código Procesal Civil, señalamos que

el motivo que origina los daños y perjuicios consisten (sic) en el

incumplimiento grave y voluntario por las demandadas del “Convenio

Conciliatorio Extrajudicial”, consisten en las sumas de capital adeudas por las

demandadas más sus intereses legales, se estiman los daños en la suma de UN

MILLON QUINIENTOS MIL DÓLARES U.S. , y los perjuicios o intereses

legales a la fecha de presentación de la (sic) suma en la suma (sic)

de SETENTA MIL DÓLARES U.S.”.

Anadarko. S.A. no se

apersonó al proceso. Las otras codemandadas contestaron negativamente y

opusieron las excepciones previas de  transacción y cosa juzgada. Además

las de falta de: derecho, interés y legitimación en su doble modalidad.

El Tribunal Arbitral,

integrado por Diego Baudrit Carrillo, Rodrigo Montenegro Trejos y Gino Capella

Molina, en laudo dictado a las 16 horas del 28 de abril de 2011, resolvió: "…I.

Se admiten los documentos de los folios 1313 y ss. y 1416.

II.

Se deniega la excepción de transacción y de cosa juzgada.

III.

Se declara sin lugar, en todos sus extremos, las demandas principal y

supletorias interpuestas por el señor Marco Antonio Castillo Incera contra CURTIS

SPARROW, y de PUERTO PEDREGOSA S.A., ANADARKO S.A., CUPRU

S.A. y CIUDAD VERDE S. A.

Se deniegan las excepciones de

falta de legitimación activa y pasiva opuestas.

Se

acogen las excepciones de falta de interés actual y de falta de derecho.

VI.

Se absuelve al actor del pago de las costas personales, únicamente y se le

condena al pago de las costas procesales de este proceso arbitral, lo que

incluye los aspectos que indica el artículo 226 del Código Procesal Civil,

tales como especies fiscales, honorarios de intérprete, gastos de grabación y

transcripción, copias, etc. Su liquidación se hará en ejecución de laudo.

VII.

Los honorarios del Tribunal Arbitral, que corresponden a la suma de

USD$11.392,50 (esto es, USD$3.797,50 para cada árbitro) se pagarán contra el

dictado de este laudo. Los fondos se tomarán de lo depositado por el actor y al

demandado se le restituirán las sumas que hubiere depositado por este concepto.

Gírese a cada uno de los árbitros la indicada suma.

Los

costos de administración del arbitraje quedarán en forma definitiva a favor

CICA y corresponden a la suma de USD$6.250,00. Los fondos se tomarán de lo

depositado por el actor y al demandado se le restituirán las sumas que

depositado por este concepto.

Los honorarios de

intérpretes, gastos de grabación y transcripción de audiencias serán pagados

fundamentalmente con los depósitos hechos por la parte actora y si faltare, con

los de la parte demandada, sin perjuicio del derecho de ésta de reclamarlos en

la vía correspondiente a titulo costas procesales.

Entiéndase

denegado todo aquello sobre lo cual no se emita pronunciamiento expreso en la

parte dispositiva del presente laudo.

Se emite este Laudo en

tres tantos todos originales y con idéntico valor y efecto. A cada parte se le

entregará un original y el tercero quedará para el expediente”.

El actor interpone recurso de

nulidad contra el laudo arbitral.

En los procedimientos ante esta

Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León F eoli

Marco Antonio Castillo Incera demandó a Curtis James Sparrow, Ciudad

Verde S.A., Cupru S.A., Puerto Pedregosa S.A. y Anadarko S.A., para que en el

laudo se declare, en esencia, como pretensión principal:

La nulidad

absoluta de la cláusula primera, puntos a) y c), establecida en el “Acuerdo

Conciliatorio Extrajudicial” , suscrito el 19 de febrero de 2010. Ello, en

virtud de tratarse de una condición suspensiva potestativa, carente por parte

de las sociedades codemandadas de una voluntad seria de obligarse al

cumplimiento de lo pactado, es decir, por ausencia de un elemento esencial del

negocio jurídico conforme al numeral 1007 del Código Civil. Eso, al amparo del

artículo 681 Ibidem., conduce a su nulidad absoluta, en razón de que ellas, de

manera aparente, declaran una voluntad viciada al suscribir una obligación

suspensiva, cuyo cumplimiento depende enteramente de su comportamiento, con

total exclusión de la contraparte o de cualquier tercero.

La nulidad con

efectos retroactivos al 19 de febrero de 2010, fecha del mencionado acuerdo. En

consecuencia, por tratarse de una obligación pura y simple, se decretará que

están obligadas a girarle $1.500.000,00, a partir de la firmeza del laudo.

3.-

El pago de los intereses desde la referida data, hasta la efectiva cancelación,

al tipo vigente a la fecha.

El reconocimiento $250.000,00, teniéndose por

satisfecha la obligación de acuerdo con el numeral 682 del Código Civil, por el

comportamiento obstructivo al impedir el cumplimiento de la condición

suspensiva de venta, absteniéndose de realizar la conducta prevista como “vendedora”

del “Proyecto Puerto Pedregosa” a Kenara Holding Company Limitada.

Además, deberán reconocer los intereses legales desde la verificación del

cumplimiento y hasta que cancelen, según los tipos que rijan en ese momento.

Pagarán ambas costas del proceso. Como pretensión subsidiaria primera pide

se disponga: Las codemandadas deben girarle $1.750.000,00, al tenerse por

cumplida, verificada o eficaz la condición suspensiva pactada en el “Convenio

Conciliatorio Extrajudicial”, cláusula primera, apartados a y b). Es así,

en tanto la formalización efectiva de la “compra-venta” del “Proyecto

Puerto Pedregosa” a la sociedad Kenara Holding Company Limitada no se ha

realizado por actuaciones de ellas, que impiden su observancia. Igualmente, los

intereses legales desde la fecha de la verificación de cumplimiento y hasta su

efectivo pago, en los tipos que rijan a ese momento. Pretensión subsidiaria

segunda: Por los incumplimientos graves y voluntarios realizados por las

codemandas al “Convenio Conciliatorio Extrajudicial”, este se deberá

resolver, condenándose al pago de los daños y perjuicios que se liquidarán en

ejecución del laudo. Esos detrimentos consisten en el capital adeudado que

asciende a $1.500.000,00 e intereses legales por $70.000,00.

Anadarko S.A. no se apersonó al proceso. Las demás codemandadas

contestaron negativamente y opusieron las excepciones previas de transacción y

cosa juzgada, respecto a los hechos anteriores al 19 de febrero de 2010.

También las de falta de: derecho, interés y legitimación en su doble modalidad.

El Tribunal acogió las de falta de derecho e interés actual y desestimó las

restantes. Declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. Absolvió al

actor del pago de las costas personales y lo condenó a las procesales. Este

formuló recurso de nulidad.

Posterior a la impugnación, el demandante presentó: a) Escrito

donde indica que ha hecho gestiones para que se emplace a los codemandados,

pero no ha logrado su cometido. En esa virtud y a fin de evitar ulteriores

nulidades, con cita de los artículos 600 y 601 del Código Procesal Civil, pide

que esta Sala, mediante resolución, ordene al Centro Internacional de

Conciliación y Arbitraje (CICA) a emplazarlos o, en su defecto, les notifique

en ese particular. La gestión debe denegarse. Los preceptos se refieren al recurso

de casación, no al de nulidad. En cuanto a este, la Ley sobre Resolución

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley RAC) dispone en el

canon 66, que una vez interpuesto la Sala requerirá el expediente y al

recibirlo “…procederá a resolverlo en cuanto a su admisibilidad y al fondo,

sin dilación ni trámite alguno”. Por lo demás, según los términos en que se

decidirá este asunto, la falta de ese emplazamiento no determinará perjuicio

alguno para la parte demandada. b) Escrito pretendiendo ampliar su

impugnación y ofreciendo prueba para mejor proveer, con fundamento en los

artículos 145, 600, 601, 604, 609 y 616 del Código Procesal Civil. De

conformidad con el citado canon 66 de la Ley RAC, ambas gestiones se deben

denegar. Según este precepto, una vez recibida la impugnación se procederá a

resolver, lo que no daría cabida a que se amplié. Además, esa posibilidad no se

encuentra autorizada en la relacionada normativa, contrario al recurso de

casación donde el Código Procesal Civil sí la admite sujeta a las

correspondientes regulaciones. Lo propio cabe indicar respecto a la prueba para

mejor proveer, aunado a que la valoración probatoria, a los fines de resolver

el litigio, es materia de resorte exclusivo de los árbitros.

El recurrente plantea dos agravios. Primero: “VIOLACION

DE NORMAS IMPERATIVAS, ORDEN PÚBLICO, ABUSO DE DERECHO Y EJERCICIO ANTISOCIAL”.

Explica que para establecer la procedencia de la causal invocada, se debe

conocer la relación fáctica o causa petendi, la prueba ofrecida y evacuada, su

valoración, las pretensiones reclamadas, la oposición de la demandada y

finalmente el laudo. Así se podría examinar si lo decidido por el Tribunal

conculca esa normativa. También, agrega, en la mayoría de los casos, se deberá

analizar el negocio base, causal o relación subyacente, para poder emitir un

criterio fundamentado. Expone, en la demanda se peticiona la nulidad de la

cláusula primera, puntos a) y c), establecida en el “Acuerdo Conciliatorio

Extrajudicial”, suscrito el 19 de febrero de 2010. Ese punto a), señala,

tiene la naturaleza de una condición suspensiva potestativa, nula e ineficaz al

tenor de lo dispuesto en el artículo 681 del Código Civil. La estipulación

estatuye: “ a. Efectuar, en los términos y condiciones que se detallan en el

punto “b” siguiente, el pago a Marco Castillo Incera del monto total de US

$1.500.000.00, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, de ahora

en adelante dólares. Es claro, entendido y expresamente pactado entre las

partes, que el pacto indicado en este punto se encuentra condicionado y sujeto

a la venta de los inmuebles más conocidos como Proyecto Puerto Pedregosa”.

Aduce, la referida suma que las codemandadas le deben reconocer, constituye una

manifestación sobre un monto cierto, líquido y determinado. La existencia de la

deuda, agrega, está reconocida mediante prueba documental, según los artículos

318 inciso 3), 368, 373 del Código Procesal Civil. Además, la contraparte no la

impugnó ni la desconoció. Tanto es así, que en el escrito de contestación de la

demanda aceptó haber llegado a un “Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial”

, confesión espontánea al amparo del numeral 342 Ibidem. La cláusula es

injusta, arbitraria, antojadiza, unilateral, inequitativa, exagerada,

caprichosa, perversa, abusiva, leonina, desproporcionada, discrecional e

irracional, aduce, porque solo beneficia a la parte deudora y perjudica a la

acreedora. El ordenamiento jurídico no tutela el enriquecimiento sin causa ni

el abuso del derecho. El Tribunal, censura, al no fundamentar el laudo,

trascribe casos que también aborda la doctrina extranjera (Carbonnier) y cita

de una resolución de esta Sala, donde la obligada sujeta a condición

potestativa el cumplimiento de una deuda, normalmente casos de compraventa y

opción de compraventa, empleando expresiones tales como: “vendo si me voy de

la ciudad”, “prometo vender mi casa si contraigo matrimonio” . Sin

embargo, añade, la citada doctrina no analiza la hipótesis de “pago si vendo

mi casa” . No es lo mismo, asevera, el desplazamiento patrimonial

voluntario (venta) de un bien que le pertenece (vendo si me parece atractiva la

oferta o si quiero), pero que no garantiza, en sentido lato, el cumplimiento de

una obligación dineraria, que adquirir un compromiso de pagar (solvere) con

efectos liberatorios, donde debe ser cancelado un crédito expresado en una suma

cierta y determinada, a un acreedor con el precio de la venta. Explica por qué,

a su juicio, son situaciones disímiles. Argumenta que dentro de los valores que

inspiran e identifican un ordenamiento jurídico democrático, en un Estado

Social de Derecho, no se puede admitir una cláusula de esa naturaleza, porque

privilegia el abuso del derecho o su ejercicio  antisocial, como se

contempla en el artículo 22 del Código Civil. En su criterio, las codemandadas,

como parte fuerte de la relación obligacional, valiéndose de esa circunstancia,

lo sometieron a suscribir el acuerdo, cuya eficacia pende de la voluntad exclusiva

de ellas. El Tribunal permitió que la obligación líquida, cierta y determinada

se convirtiera en moral, donde los deudores pagarán “si quieren” vender.

Puede ocurrir que nunca lo deseen, expone, o que no desarrollen el proyecto y

él, como acreedor, nunca pueda cobrar, sin ninguna consecuencia jurídica o

patrimonial. Es más, continúa, les resulta beneficioso no vender, por el

beneficio económico de no tener que atender y cancelar la deuda de $1.500.00,00

que reconocieron. Reitera, existe un enriquecimiento sin causa o ilícito al

desplegar la conducta omisa de venta y un abuso del derecho. Asegura, esa

cláusula sobrepasa los límites del ejercicio de un derecho con daño a la

contraparte. Ello, en virtud de que convencionalmente llegaron a un acuerdo para

desistir de acciones judiciales, a cambio de reconocer la existencia de una

deuda. Pero sometieron el cumplimiento a una condición meramente potestativa,

negándose las codemandadas a fijar plazo y garantía real, como él lo peticionó,

para el pago del adeudo. Así se tuvo por acreditado, expone, con la testimonial

de Jeannette Incera Aguilar y Mariano Jiménez. Menciona documentos y otro

testimonio más, para insistir en que la suscripción de la cláusula suspensiva

no era seria. Lo mismo para censurar el comportamiento omisivo de las

codemandadas y referirse al compromiso de la venta de inmuebles y también del

Proyecto Puerto Pedregosa. Alude a los requisitos que han de operar en los

contratos de compraventa, sobre todo, a la voluntad, con lo que se debe estudiar

la conducta de la obligada a vender. Cita y objeta el laudo pues a su juicio,

en el contradictorio, se acreditó con una certificación municipal, como se tuvo

por cierto en el hecho probado 11, que durante el 2010 y hasta el 17 de marzo

de 2011, la sociedad Puerto Pedregosa no se ha presentado al ayuntamiento de

Santa Cruz, Guanacaste, para solicitar la actualización de los permisos de

urbanización necesarios a fin de iniciar el desarrollo del proyecto. Según las

probanzas, expresa, las codemandadas no estaban en condición de enajenar, es

decir, no realizaron una labor seria para concluir o perfeccionar la venta. Por

lo expuesto, acusa infracción del numeral 681 del Código Civil. Objeta que el

Tribunal haya considerado que la negociación no depende exclusivamente de las

propietarias de los inmuebles, sino de que se presenten las condiciones de

mercado apropiadas. Censura la valoración probatoria que llevó a cabo y la

decisión que adoptó, repitiendo que las codeudoras no están ni estuvieron en

condiciones de vender. Estima que la demanda de nulidad se basó en que la

cláusula cuestionada es contraria a una norma imperativa y de orden público, es

decir, el referido canon 681 del Código Civil. Acusa falta de aplicación de ese

precepto, en relación con los artículos 18, 19, 22 del mismo cuerpo legal; 12,

28, 129, 140 incisos 6) y 16) de la Constitución Política, “preceptos

normativos que son de carácter imperativo y orden público, al determinar la

validez de la cláusula impugnada”. Redunda en que los valores del sistema

jurídico no permiten estipulaciones nulas e ineficaces de acuerdos

particulares, negociadas al amparo del principio de autonomía de la voluntad,

cuando atenten contra disposiciones de la naturaleza señalada. La cláusula en

comentario, afirma, atenta contra el numeral 28 Ibid., como también debe

considerarse que  el numeral 129 de ese cuerpo jurídico, declara la

nulidad de los actos y contratos contra las leyes prohibitivas, siendo que el

precepto 681 del Código Civil tiene ese carácter. Por eso, la cláusula pactada

es nula, al conculcar los referidos numerales. A ellos añade los artículos 712

y 1023 del Código Civil, para apoyar su discurso sobre el perjuicio que deriva

de lo pactado, como también del desequilibrio en las prestaciones y del abuso

del derecho, que se plasma en el canon 22 del Código Civil, que cataloga como

norma de orden público. Extracta una sentencia de esta Sala para explicar qué

se entiende por orden público. Reprocha a los árbitros que no declararan la

nulidad y confirmaran su validez. No llevan razón, opina, pues parten del

principio de autonomía de la voluntad y consideran que la condición es mixta.

Cuestiona el examen que hicieron de las circunstancias de hecho y otra vez

expresa: “…la cláusula objetada es nula e inválida por abusiva,

desproporcionada e irracional, puesto que otorga beneficios a la deudora la que

morbosamente puede dejar de ofrecer seriamente o vender los inmuebles del

Proyecto Puerto Pedregosa, o no realizar gestiones efectivas o tendentes a

realizar los activos (como en efecto está demostrado que ya ha ocurrido) sin

sufrir ninguna consecuencia patrimonial o jurídica”. El Tribunal,

recrimina, ha permitido que se configure un abuso del derecho. Si la parte

demandada, propietaria de los inmuebles, decide no vender el Proyecto Puerto

Pedregosa a terceros, por su decisión unilateral se extingue el deber de

pagarle el $1.500.000,00. Así lo prohíja esa Cámara, al dotar de validez a la

estipulación impugnada. Reitera en la existencia del incumplimiento de las

codemandadas. Expone que el Colegio Arbitral no lo consideró, pese a la

demostración probatoria al respecto. Según opina, la cláusula primera, inciso

a), debe ser interpretada en conjunto con el inciso c), dado que si las

vendedoras deciden no vender, su obligación se limita a comunicarle al

acreedor. En este sentido, arguye, ellas al suscribir el acuerdo conocían que

su único deber era informar la no venta. Por eso la cláusula es abusiva, en

virtud de su carácter unilateral, desproporcional e irracional. Afirma que se

le está sometiendo a un plazo perpetuo, lo cual cuestiona, por eso es que la

disposición que combate es meramente potestativa, en tanto las vendedoras

pagarán la deuda o crédito “si quieren”.  Esto no depende de la

voluntad de un tercero sino solo de ellas. Además, indica, reconocieron el

adeudo, pero no están dispuestas a pagar. Cierra su disertación con la cita de

un fallo de esta Sala sobre el abuso del derecho.

Para el recurrente, esta Cámara debe examinar la relación fáctica,

la prueba ofrecida y practicada, su valoración, las pretensiones reclamadas, la

oposición de la demandada y el laudo, a fin de determinar si existe la causal

alegada. Además, expresa que en la mayoría de los casos, se deberá analizar el

negocio base, causal o relación subyacente, hacia lo cual destina gran parte de

sus manifestaciones de censura, pretendiendo que también incursione en toda esa

temática. Precisa aclarar, según lo dispuesto en el artículo 43 de la

Constitución Política, toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias

patrimoniales por medio de árbitros. Asimismo, el canon 2 de la Ley RAC

reconoce la posibilidad de acudir a los medios alternos de solución de

conflictos, incluido el arbitraje, para dirimir las diferencias patrimoniales

de naturaleza disponible. En la especie, las partes escogieron la vía arbitral

para resolver la contienda, por eso no solo ellas deben respetar ese acuerdo,

sino también la Sala. En este particular, el papel que el legislador le ha

asignado es sumamente restringido, sobre todo, en punto a la decisión final

adoptada por los árbitros. En este particular, el precepto 67 Ibid., contempla

causales taxativas que la autorizan a decretar la nulidad del laudo. Pero no

por asumir la condición de órgano juzgador ni decisor del conflicto. Sino solo

de garante en cuanto a la observancia de ciertos presupuestos que deben

cumplirse en el arbitraje, en punto a las hipótesis de hecho previstas en ese

elenco de motivos de nulidad. Hecha esta advertencia, se examinarán las

diferentes causales acusadas, sin abordar temas que son de resorte exclusivo

del Tribunal Arbitral, por así disponerlo los propios litigantes al elegir ese

canal de solución de controversias.

Las argumentaciones para establecer que la cláusula primera, puntos

a) y c), contenida en el “Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial”, tiene la

naturaleza de una condición suspensiva potestativa y por eso es nula e ineficaz

al tenor de lo dispuesto en el artículo 681 del Código Civil, constituyen

aspectos estrictamente de fondo, cuya valoración le corresponde al Colegio

Arbitral. La Sala carece de competencia no solo para calificar esa estipulación

y determinar su naturaleza jurídica, sino también para precisar los efectos

jurídicos que esa categorización desprende incluyendo la nulidad reclamada. En

igual sentido, no le compete examinar si las sumas o prestaciones que asumieron

las codemandadas constituyen manifestaciones de voluntad en reconocimiento de

un monto cierto, líquido y determinado. Tampoco puede analizar si las probanzas

permiten acreditar la existencia de la deuda, ni está legitimada para

establecer la fuerza probatoria de los diferentes elementos de convicción que

se citan en apoyo de esas censuras. Las características que la parte actora

expresa de la susodicha cláusula, en torno a que es injusta, arbitraria,

antojadiza, unilateral, inequitativa, exagerada, caprichosa, perversa, abusiva,

leonina, desproporcionada, discrecional e irracional, es materia de

pronunciamiento arbitral. Asimismo lo es, el examen de si solo reporta

beneficios a las deudoras y perjuicios al demandante, si existen o no

prestaciones desproporcionadas o cuáles son los alcances, en la especie, del

principio de autonomía de la voluntad. Por eso, los pilares en que se apoyan

las consideraciones en torno al enriquecimiento sin causa, abuso del derecho y

su ejercicio antisocial, lo mismo que a los incumplimientos atribuidos a las

codemandadas, no pueden ventilarse en esta sede, pues corresponde decidirlo el

órgano de solución escogido por los contendientes.

En otro orden de ideas, inmerso dentro del agravio sobre el

supuesto quebranto de normas imperativas y de orden público, se invoca falta de

fundamentación del laudo. La crítica sobre la cita que el Tribunal hace del

tratadista Carbonnier, del fallo de esta Sala, lo mismo que de los

razonamientos que los árbitros externaron para concluir que la cláusula es

mixta y no suspensiva potestativa, también son aspectos que escapan al

presupuesto que contempla el precepto 67, apartados b) y e), de la Ley RAC, que

guardan relación con el deber de motivarse el laudo. De igual manera sucede con

toda la disertación que se hace de las diversas posibilidades y situaciones

aplicables a las deudoras en contratos de compraventas y opciones de compraventa,

la temática sobre el cumplimiento de obligaciones dinerarias, los compromisos

asumidos, los efectos liberatorios, los cuestionamientos a la admisión de

cláusulas potestativas que atentan contra el ordenamiento jurídico democrático

y el Estado Social de Derecho.

Las vicisitudes que a juicio del recurrente giran en torno a la

susodicha cláusula son temas propios del fondo de la controversia. Ello

imposibilita un pronunciamiento que determine si la nulidad reclamada procede,

ya sea porque el criterio del Tribunal convirtió la obligación en moral, porque

el incumplimiento que se atribuye a las codemandadas les resulta beneficioso,

en virtud de que se produce un enriquecimiento sin causa y abuso del derecho, o

bien, en razón de que se negó la fijación de plazo y la garantía real. En el

mismo orden de ideas, toda la referencia a las distintas pruebas se hace con el

fin de que la Sala determine que la suscripción de la cláusula suspensiva no

era seria y que mediaron conductas omisivas de las obligadas. De igual forma,

con la intención de que se establezca que el laudo contradice el resultado de

las probanzas. En apoyo de esas manifestaciones, nótese la constante referencia

que se hace a doctrina y jurisprudencia, para establecer el reproche contra la

decisión de fondo.

No procede establecer si el Tribunal acertó en su razonamiento

sobre lo que son las condiciones de mercado apropiadas. Mucho menos si de la

labor de apreciación probatoria resulta patente que las deudoras no hicieron lo

propio para consolidar la venta. Como se indicó, es materia de pronunciamiento

arbitral determinar la naturaleza jurídica de la cláusula. La Cámara Arbitral

lo hizo y justificó su criterio, sin que llegase a estar de acuerdo con la

tesis expuesta por el demandante para fundamentar la nulidad peticionada. En

este sentido, si concluyó que la cláusula no era potestativa, sino mixta, no es

posible sostener el quebranto de los preceptos que se acusan vulnerados bajo el

argumento de que son normas imperativas y de orden público. Lo que en realidad

se cuestiona con los cargos en examen, es la conclusión a la que se arriba en

el laudo y la decisión de fondo emitida, para que así prevalezca la tesis del

actor, respecto a que la nulidad impera por la naturaleza de la cláusula, según

lo que, a su juicio, desprendieron las probanzas.  Pero ello no puede ser

revisable en esta sede y, en ese predicado, se impone el rechazo de las

censuras.

Alega el recurrente, como segundo agravio: “VIOLACIÓN DEL

DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO. AUSENCIA DE MOTIVACIÓN DEL LAUDO”.

Acusa infringidos los numerales 33, 39, 41 de la Constitución Política; 39 y

58, párrafo final, de la Ley RAC; 33, inciso e), del Reglamento de Arbitraje

del CICA; 99, 155 del Código Procesal Civil. Todos ellos, afirma, en cuanto

garantizan los principios de igualdad procesal, debido proceso, congruencia y

derecho de defensa. Indica que esos preceptos, en su conjunto, establecen que

los laudos deben ser motivados. Además, son normas impositivas, por lo que su

inobservancia también determina la nulidad del fallo. Asimismo, acota, la

ausencia de fundamentación implica quebranto del derecho de defensa y del

debido proceso, al no expresarse el Tribunal con exactitud y desconocerse los

razonamientos que esgrimió para rechazar la demanda. Describe el laudo en su

estructura y el número de páginas de cada apartado. Censura que en solo 13

renglones se deniega la pretensión principal, sin motivación, como así también

se rechazan las subsidiarias. Los árbitros, acusa, no tuvieron por demostrados

ni por no probados los incumplimientos de las codemandadas en el denominado “Kenara

Deal”, que a su juicio impidieron que se concluyera el contrato principal

de compraventa. De nuevo censura el empleo de solo 13 renglones para desestimar

la pretensión principal mediante una “Sentencia de Autoridad (se conoce con

tal calificativo la decisión que debe respetarse solamente por que asÍ lo

decreta el Juzgador, tal es el caso de los Reyes, Soberanos o Emperadores que

no están obligados a justificar o motivar su decisión, por razones divinas o de

otra naturaleza)”. Trascribe partes del laudo y cuestiona la decisión de

fondo, en punto al objeto de la venta, sobre lo que también endilga

contradicciones. De nuevo alega que mediante certificación de la Municipalidad

de Santa Cruz y según el hecho probado 11, durante el 2010 y hasta 17 de marzo

de 2011, la sociedad Puerto Pedregosa no se presentó a ese ayuntamiento a

solicitar la actualización de los permisos de urbanización requeridos para

iniciar el desarrollo del proyecto encargado. Por ende, sostiene, se deriva de

ese hecho probado y de la prueba que lo sustenta, que las codemandadas no

estaban en condición de vender, es decir, no realizaron una labor seria para

perfeccionar el negocio. Sin embargo, expresa, el Tribunal, pese a que en su

misma redacción establece que se trataba de un proyecto, no consideró que es

sumamente diferente traspasar un terreno, por su cantidad de área o superficie,

que un proyecto con sus regulaciones específicas. Denuncia “…ausencia total

de fundamentación, es decir, frontal omisión de motivación en el Laudo para

rechazar la demanda principal”. De seguido, indica que la Cámara Arbitral “dispone:

La venta no depende exclusivamente de las propietarias de los inmuebles,

sino de que se presenten las condiciones de mercado apropiadas para su

realización, 2) que la condición es mixta”. En su criterio, ese órgano no

explica en qué consisten las “condiciones apropiadas del mercado”.

Tampoco su pronunciamiento es entendible, autosuficiente, ni expresa razones

claras, precisas y concordantes para la partes, como lo exige el debido proceso

y también los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Debe convencer a

la perdidosa con argumentos sólidos y categóricos del por qué se ha tomado la

decisión y rechaza lo pretendido. Es decir, continúa, la perdidosa no debe

adivinar ni  presumir los motivos de lo resuelto. Incluso, la

fundamentación es esencial para ejercitar el control de legalidad. Su ausencia,

insiste, viola el derecho de defensa y el debido proceso, por el irrespeto de

los derechos y garantías de las partes procesales, el acceso a la justicia, la

defensa y el contradictorio. Además, le atribuye al Tribunal desconocimiento

del concepto “mercado”, haciendo una disertación sobre esta temática, en

punto también a las “condiciones apropiadas de mercado”. A partir de

ello, reafirma su objeción al rechazo de la demanda, repitiendo argumentos

atinentes a la prueba que, a su juicio, acredita que las vendedoras no han

estado en condiciones de enajenar el proyecto. Contrario a lo externado en el

laudo, estima, en el caso concreto no hay una condición mixta. Lo trascribe en

lo de su interés, para repetir y justificar que es suspensiva potestativa,

sujeta solo a la voluntad de las deudoras. Detalla aspectos relacionados con el

contrato de compraventa y otra vez incursiona en el tema probatorio, para

reafirmar que la parte accionada tiene el “dominio del hecho”, esto es,

decidirá si acepta ofertas de sus eventuales compradores, a su libre arbitrio y

determinación, en tanto, no hay ningún comportamiento objetivo que la obligue a

aceptar la compraventa en determinados supuestos negociados previamente. Hace

referencia al argumento de defensa de su contraparte al contestar la demanda y

asevera que a esta no le interesa vender y ha dejado de realizar actos

concluyentes dirigidos a la enajenación con algún

Vuelve a acusar y a

justificar lo que califica de incumplimiento contractual, voluntario y grave,

enfatizando en lo que en su opinión fueron las características de lo pactado,

para reiterar que las codemandadas pueden, sin perjuicio ni responsabilidad,

dejar pasar el plazo “…a su gusto y antojo, por décadas y centurias, sin

tener la obligación de pagar al acreedor, es decir, puede cumplir cuando quiera

o le sea posible”. Estima, en ese sentido, que el acreedor no puede pender

de una condición abusiva respecto del plazo, tan abierta que atente contra la

seguridad jurídica y la paz social, o sea, el orden público. Cita doctrina

nacional sobre las condiciones en los contratos y vuelve a indicar que según lo

estipulado, queda al libre albedrío de las codemandadas vender o no, y frustrar

el acuerdo sin ninguna consecuencia jurídica. Con referencia a las susodichas

cláusulas, destaca que existe una falta de seriedad del vínculo obligacional de

las vendedoras, en tanto, el pago del $1.500.000,00 se hará con el producto de

la enajenación de los inmuebles del Proyecto Puerta Pedregosa. Pero en el

evento de que no se vendan, no hay consecuencia jurídica para ellas, solo el

deber de informar que no negociaron. Compara el caso con un precedente de esta

Sala atinente a un pagaré sujeto a condición suspensiva. En la especie, aduce,

no hay plazo determinado o determinable, solo una condición meramente

potestativa, por las mismas razones ya expuestas. De nuevo alude al

incumplimiento de la parte demandada, a la prueba que a su juicio así lo

patentiza. Agrega: “Según manifestación del testigo Blake Bolton (folios

1306 a 1310), una persona sin formación en el campo de los bienes raíces, joven

de edad y cuyo trabajo anterior era ser “bartender”, viene a ser la persona

encargada de correr y ofrecer la venta del “Proyecto” cuyo valor es superior a

los $ 40.000.000,00 (CUARENTA MILLONES DE DOLARES U.S.), LO QUE REVELA LA FALTA

DE SERIEDAD CON QUE PROCEDEN LAS DEMANDADAS…”. Trascribe varios testimonios

para establecer que no existieron esfuerzos para consolidar la venta, pese a la

contratación de la empresa ICICOR para tales propósitos, cuyas recomendaciones,

indica, no se llevaron a la práctica. Vuelve a mencionar la certificación

municipal con idéntica argumentación a la del primer agravio y enfatiza en el

valor de esa probanza según el numeral 370 del Código Procesal Civil. A su

juicio, no se encuentra debidamente fundamentado que en el sub lite haya una

condición mixta, ni se emiten razones para desestimar sus alegatos realizados

en extensos memoriales. Sostiene: “El Tribunal de manera autárquica entiende

que se necesita de la voluntad de terceros para concertar la venta, pero la

parte actora le ha ofrecido prueba suficiente para enervar o eliminar esa

tesitura, en tanto, le ha acreditado que las demandadas no han estado en

condiciones de cumplir el contrato denominado Kenara Deal ni vender a un

tercero”. Cita jurisprudencia de esta Sala sobre el deber de fundamentación

de los laudos. En cuanto a la pretensión subsidiaria número uno, refiere,

existe el vicio de falta de motivación. Según alega, partiendo de la premisa de

que la cláusula primera del “Acuerdo Conciliatorio Extrajudicial” sea

válida, la condición se debe tener por verificada en orden a la conducta omisa

y obstruccionista de las vendedoras de concluir el contrato principal con

Kenara Deal. Menciona el documento “Sale and Purchase Agreement”,

sobre el cual, sostiene, se interrogó al apoderado especial judicial de la

parte accionada, señor Nisbet, quien lo habilitó. De este modo, expone,

cualquier falta de idoneidad de esa probanza, que hubiera alegado

anticipadamente, quedó subsanada. Además de la declaración de Donald Nisbet,

hace referencia a las de Mariano Jiménez, Jeannette Incera y Douglas Ruiz, para

establecer pormenores de la contratación y concluir que en esas condiciones

opera lo que en doctrina se conoce como el cumplimiento legal o ficción de

verificación. Se apoya en doctrina nacional, que a su vez cita un caso resuelto

por el Tribunal de Chambéry en la sentencia del 13 de diciembre de 1897, para

explicar ese tema, en punto, esencialmente, a que cuando el deudor o prometiente

impide que se realice el hecho en que la condición consiste, esta se tiene por

cumplida y se hace exigible la respectiva obligación. Insiste en que se probó

el acuerdo, sus detalles, los incumplimientos de las vendedoras. A este mismo

propósito, de nuevo cita los testimonios recabados en el arbitraje y demás

prueba que a su juicio apoya sus pretensiones. Repite, según esos mismos

argumentos, que las codemandadas no tuvieron intención de cumplir y frustraron

la venta. Además, que como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 682 del

Código Civil, la obligación se tiene por verificada, debiendo percibir los

$250.000,00. Agrega referencias doctrinarias sobre el corredor o libre

intermediario, sus honorarios, la conclusión de los negocios, la obligación sujeta

a condición suspensiva, el cumplimiento y otras vicisitudes también

relacionadas con el precepto 298 Ibidem. Sintetiza que por los incumplimientos

graves y la forma caprichosa de no atender propuestas razonables de

compraventa, se debe tener por cumplida y verificada la obligación, debiendo

condenarse a las codemandadas a pagar lo pactado. Recalca que el Tribunal no

fundamenta adecuadamente el laudo, dado que ni siquiera se pronuncia sobre sus

alegatos atinentes a la conducta obstruccionista de aquellas para ejecutar la

venta. De modo contradictorio, asevera, acude a la contratación de ICICOR,

según prueba para mejor resolver admitida a la parte demandada, con el supuesto

fin de que se establecieran aspectos de relevancia para una eventual oferta de

venta del proyecto. En este particular, extracta el laudo en lo de su interés,

para reafirmar su inconformidad en la decisión adoptada y acusar a la Cámara

Arbitral de violar el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad

procesal, con total falta de motivación. Asimismo, por no haber apreciado las

pruebas en su conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme lo

ordena el artículo 330 del Código Procesal Civil. También, por interpretarlas

de manera incorrecta, en tanto, según está acreditado en el hecho 11 del fallo,

con la referida certificación municipal, las vendedoras no hicieron lo propio

para cumplir el negocio, lo que igual refuerza aludiendo a la empresa ICICOR y

a la declaración de Blake Bolton. Agrega: “…no puede el Tribunal fundamentar

el Laudo en que las demandadas realizaron gestiones efectivas, puesto que la

firma ICICOR solamente presentó un “Status Project” (Informe de Situación),

pero de allí no se puede derivar que esto sea suficiente para eliminar su

conducta obstruccionista, es decir, para evitar que la condición se cumpliera”.

Estima que los árbitros se confundieron sobre la negociación; explica cuál es

la conducta que debe enjuiciarse y valorarse. Acude nuevamente a la prueba con

la que dice se acreditan los incumplimientos denunciados y las conductas

posteriores de las deudoras y cómo deben valorarse. Menciona otros detalles

que, en su opinión, el Colegio Arbitral debió considerar, atinentes a la

relación fáctica y a las pretensiones, como la actualización de los permisos,

los pozos de agua, el suministro de la lista de acreedores. Todo fue

demostrado, acota, con abundante prueba. También lo acusa de no pronunciarse

sobre los incumplimientos señalados en el hecho tercero de la demanda e informa

que existe prueba que los acredita, lo que conlleva quebranto del principio de

congruencia, argumento que refuerza mencionando los artículos 33 del Reglamento

de Arbitraje del CICA; 99 y 155 del Código Procesal Civil. Esos aspectos,

acusa, no se tuvieron por demostrados o indemostrados. Además, repite, no

fundamentó el fallo sobre la temática de la condición suspensiva que se debe

tener por verificada, en virtud de no celebrarse el contrato definitivo por los

comportamientos graves de las codemandadas. Reconoce que el Tribunal, de manera

parcial, se refiere al tema en el folio 14 del laudo, puntos cuatro y cinco.

Pero, a su juicio, no profundiza en determinar si la parte demandada incurrió

en esos incumplimientos. Arguye que ese órgano se confundió en los puntos

referentes a la información y al cumplimiento de los aspectos alegados como

suministro de agua, lista de acreedores del Grupo 42 y permisos, antes de que

venciera el contrato preparatorio. Insiste en que el fallo impugnado es

contradictorio y omiso, por su falta de motivación. También adolece de ese

yerro, acusa, respecto a la segunda petitoria subsidiaria, que se resolvió en

solo nueve renglones. Con total falta de fundamento, acota, los árbitros

establecieron que no se ha patentizado que las codemandadas incurrieran en conducta

desidiosa, maliciosa, indolente o de inercia. Recapitula en los incumplimientos

que les atribuye lo mismo que en la prueba que los establece. Incluye aspectos

tocantes a cambio de los administradores de la Junta Directiva, agente

residente, certificaciones registrales, inobservancias de la cláusula relativa

al pago de los honorarios y gastos del Tribunal, sobre lo cual, objeta, no

basta decir en abstracto: “Tampoco se ha demostrado incumplimiento de tan

grave intensidad que amerite la resolución contractual reclamada (doctrina de!

artículo 629 del Código Civil)”. Recrimina, tampoco se enlistó, en los

hechos probados o no demostrados, que la parte actora haya reclamado esos

incumplimientos. El Tribunal debió analizarlos, afirma, y establecer si

califican o no como tales. También, determinar si la parte demandada estaba

autorizada a no cumplir, pues hasta en la contestación reconoce los

incumplimientos de los cambios en el órgano gestor o de administración.

Establecer si eran graves o no y si tenían la virtud de generar la resolución

contractual. La referencia genérica atenta contra el numeral 58 de la Ley RAC,

expone. Concluye estimando que: “En relación con todas las pretensiones

reclamadas, estimamos que el conflicto real fue marginado, pues sin mayores razones

jurídicas se acoge el rechazo de la demanda, colocando a la actora en un estado

de indefensión y desigualdad procesal (artículos 33, 39 y 41 de la Constitución

Política), en tanto, se ha omitido una correcta referencia a pruebas concretas

que le sirvan de fundamento y las escasamente citadas se oponen frontalmente a

otras pruebas que rolan en el expediente”.

Consta de los autos que el actor ha tenido acceso a la justicia

alterna. Planteó el requerimiento arbitral, formalizó la demanda, estuvo a su

disposición el control sobre el nombramiento de los árbitros y del expediente,

participó de las diversas etapas del procedimiento. No hubo reconvención y

contó con la oportunidad de pronunciarse sobre las manifestaciones de las codemandadas,

de forma que no existe mérito para establecer que se le ha dejado en estado de

indefensión. Por lo demás, no se detecta quebranto del contradictorio ni

desigualdad procesal en su perjuicio. Se le atendieron sus gestiones

probatorias. Está ejerciendo la posibilidad de recurrir el laudo. En

consecuencia, tampoco hay base para concluir que se ha vulnerado el debido

proceso.

Tocante al laudo, se cumplen a cabalidad los requisitos dispuestos

en el precepto 58 de la Ley RAC y 33 del Reglamento del CICA, entre ellos, la

relación de hechos probados y no acreditados, lo mismo que la indicación del

material probatorio que les sirve de soporte. El artículo 58 de referencia,

establece que esa relación será la que a criterio del Tribunal resulte

relevante. Si el recurrente no está de acuerdo con la apreciación de esos

elementos de prueba, no implica que el fallo sea incongruente o que se vulnere

el debido proceso; lo mismo si estima que debieron incorporarse otros eventos

en el elenco. También, se analizaron y resolvieron cada una de las pretensiones

planteadas en la demanda, con la justificación correspondiente. En el mismo

sentido expuesto, las argumentaciones de censura que conforman el segundo

agravio, no revelan falta de fundamentación, sino oposición al criterio de

fondo adoptado por el Tribunal. Eso tampoco representa que se haya infringido

el principio del debido proceso. Antes bien, la motivación ha sido suficiente

para entender en qué consistieron las razones por las cuales se desestimó la

demanda en su reclamo principal y también en los subsidiarios. Una debida

fundamentación no necesariamente requiere de extensas manifestaciones, cuando

bien puede comprenderse el criterio jurídico, que justifica el fallo, a partir

de una exposición clara y concreta, como así se observa en el laudo en examen.

Evidentemente, el Colegio Arbitral no resolvió basado en “razones divinas o

de otra naturaleza”, ni de manera autárquica. Citó doctrina,

jurisprudencia, normas jurídicas y emitió pronunciamiento sobre cada una de las

pretensiones, como también resolvió las excepciones y dispuso sobre las costas.

En síntesis, no existen los vicios denunciados.

El resto de expresiones del recurrente vuelven a girar sobre la

decisión de fondo que no comparte. De nuevo, aborda el tema probatorio para

establecer que con otra apreciación es claro que las pretensiones tienen

respaldo y debieron admitirse, en virtud de la naturaleza que, según considera,

tiene la cláusula cuestionada, y en orden a los incumplimientos que atribuye a

las codemandadas. Diserta sobre variados aspectos como el significado del

concepto de mercado, condiciones apropiadas del mercado, corredores y

honorarios, actualización de permisos, pozos de agua, suministro de lista de

acreedores, cambio de administradores de la Junta Directiva, agentes

residentes, certificaciones registrales, gastos y emolumentos del Tribunal,

cuestiones atinentes al contrato de compraventa, plazos, condiciones, ventajas

de las vendedoras, perjuicios que él dice haber sufrido por el comportamiento

negocial de ellas y las omisiones en cumplir los deberes asumidos

convencionalmente. Esos aspectos y argumentaciones, lejos de patentizar los

quebrantos al debido proceso y a defectos en la fundamentación del fallo, más

bien revelan la inconformidad en la labor apreciativa de las pruebas que

hicieron los árbitros y en cómo decidieron el conflicto, lo que no corresponde

a esta Sala examinar. Todo ello determina el rechazo total de la impugnación.