Resolución 00200-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció

proceso de conocimiento, cuya pretensión fue ajustada en la audiencia

preliminar, para que en sentencia se declare: “1. Se me reintegre el

monto sustraído a mi Certificado de Inversión número 400-02-148-019421-3,

emitido por ese Banco Nacional de Costa Rica en fecha 29 de Agosto (sic)

del 2008, por un monto de $15.001.66 (Quince Mil (sic)

Un (sic) Dólares (sic) con

66-/100) moneda de los Estados Unidos de América.- Lo anterior por la Falta al Deber de Cuidado.-

Se Condene (sic) además por la falta al Deber de

Cuidado, al pago d elos intereses legales a apartir de la fecha de emisión del Certificado de Inversión, sea el 29 de Agosto (sic)

del

2008, hasta el efectivo pago de la suma reclamada.-

Asimismo se condene al Banco Demandado (sic) al

pago del Daño Moral, que evidentemente me ha ocasionado, cuando me informó, que

no se hace responsable, por la sustracción de los dineros de mi Certificado de

Inversión que aquí reclamo, pues esos dinero, constituyen ni más ni menos, los

ahorros de toda mi vida.- Lo anterior lo solicito, con fundamento en la misma

causa, sea por la Falta

de Deber de cuidado.-

Finalmente se condena al Banco,

al pago de las Costas Personales, y Procesales, que ocaciona (sic) este

Proceso Judicial, todo por la falta al Deber de Cuidado del Banco.-

Todos los rubros aquí reclamados, serán liquidados oportunamente

mediante Ejecución de Sentencia.-“

El

apoderado del ente demandado contestó negativamente y opuso las excepciones de

falta de derecho, culpa de la víctima, hecho de un tercero y la expresión

genérica de “sine actione agit”.

Se señalaron las 8

horas 30 minutos del 21 de mayo del 2010, para llevar a

cabo la audiencia de conciliación. A esta se

presentaron únicamente los representantes de la actora por lo que la audiencia

se declaró fracasada.

Al ser

las 9 horas 30 minutos del 21 de mayo de 2010, se efectuó la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de

ambas partes.

El Tribunal

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrada por las Juezas Ileana

Sánchez Navarro, Sady Jiménez Quesada y el Juez Julio Cordero Mora, en

sentencia no. 4015-2010 de las 15 horas 30 minutos del 27 de octubre de 2010,

resolvió: “Se rechazan las excepciones de FALTA DE INTERÉS ACTUAL, FALTA

DE LEGTIMIACIÓN ACTIVA Y PASIVA, HECHO DE UN TERCERO, CULPA DE LA VÍCTIMA, así como FALTA DE

DERECHO formuladas por el personero bancario. En consecuencia, se declara con

lugar, en todos su extremos, la demanda planteada por la señora ROSA MARGARITA

MOREIRA CAMPOS y se condena al BANCO NACIONAL DE COSTA RICA a pagarle los daños

y perjuicios ocasionados, que consisten en reponer la suma de quince mil un

dólares con sesenta y seis centavos de dólar ($15.001,66) por la inversión realizada

según el certificado a plazo Número 400-02-148-019421-3 de 29 de agosto del 2008,

así como  los intereses generados desde esa fecha hasta la efectiva

cancelación del monto principal, a calcular en ejecución de sentencia, con una

tasa de interés del dos punto setenta y cinco (2.75) por ciento anual.

Finalmente, se condena al banco accionado a pagar a la actora por concepto de

daño moral la suma de un millón de colones (¢1.000.000,oo),

así como ambas

costas de este proceso.”

El representante bancario, formula recurso de

casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del

Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

El 29 de agosto de

2008, la señora Moreira Campos constituyó en la agencia del Banco Nacional de

Costa Rica, ubicada en San Juan de Tibás, el certificado no.

400-02-148-019421-3 por la suma de $15.001,66 y cuya fecha de vencimiento era

el 29 de setiembre de ese mismo año. El 17 de setiembre se apersonó a esa misma

agencia una persona quien, suplantando la identidad de la señora R, solicitó

hacer efectiva la inversión en forma anticipada. Posteriormente, el 24 de

setiembre, la titular original del certificado, presentó una

denuncia ante el OIJ por cuanto el certificado en cuestión había desaparecido

de su casa de habitación y había sido cobrado. En virtud de lo anterior, y

alegando que el intermediario financiero incurrió en una falta a su deber de

cuidado por no tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar ese tipo

de acciones, solicitó el reintegro de $15.001,66, los

intereses legales desde la fecha de emisión del certificado hasta la efectiva

cancelación, daño moral (rubro que fue cuantificado durante la audiencia de

juicio en la suma de ¢5.000.000,00), así como ambas costas. La entidad bancaria

se opuso y formuló las defensas de falta de derecho, interés actual y

legitimación (tanto activa como

pasiva), así como

culpa de la víctima y hecho de un

Dichas excepciones fueron rechazadas

por el Tribunal, el cual declaró con lugar la demanda, y condenó al Banco al

reintegro del capital más  los intereses, calculados a una tasa del 2,75%

anual y al pago de ¢1.000.000,00 por concepto de daño moral, así como ambas

costas del proceso. Acude en casación la representación legal del Banco Nacional

de Costa Rica.

II.-

El

recurrente formula en forma imprecisa y desarticulada sus distintos argumentos.

Identifica cuatro acápites (numerados en el recurso como II, III, IV y

VI) en los cuales desarrolla las inconformidades que plantea. Los primeros dos,

contienen reclamos referidos a la valoración de la prueba, mientras que los

restantes sobre el detalle de las normas que considera

vulneradas. No obstante, en el tercero, dentro de las cinco sub-secciones, se

incluyen dos alegatos referidos a vicios procesales (por incongruencia e

indefensión) y otro a las costas. Los restantes argumentos se vinculan con la

resolución de fondo emitida por el Tribunal en cuanto a la procedencia del

reclamo de la actora y las defensas rechazadas. Así, siendo que es facultad de la Sala la calificación correcta

de los agravios expresados por el casacionista, a condición de que cumplan con

los requisitos de admisibilidad previstos en la normativa aplicable,  los cargos relativos a la incongruencia, la

indefensión y a la condena en costas se analizarán en forma autónoma, mientras

que los restantes planteamientos referidos a la vulneración de normas

jurídicas, en forma conjunta con lo indicado en cuanto a la valoración de la

prueba.

Casación por violación de normas

procesales

De acuerdo a lo

señalado en el anterior considerando, en un primer agravio endilga, de

conformidad con el inciso b) del numeral 137 del Código Procesal

Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), que se le causó indefensión al

haberse concedido la indemnización por daño moral. Acusa, se transgredió el

artículo 90 del

cuerpo normativo citado. Esto, explica, debido a que durante

la etapa de juicio se permitió a la actora concretar dicha pretensión, cuando

el momento procesal oportuno para hacerlo era la audiencia preliminar. Puntualiza, en la fase en que se dio la modificación, no pudo

ofrecer prueba de descargo.

En primer término, es

preciso señalar que el artículo 137.2 del CPCA establece como

requisito de admisibilidad de los motivos procesales del

recurso de casación, que la parte haya gestionado ante el órgano jurisdiccional

pertinente la rectificación del

vicio siempre que esto sea posible. En el caso concreto, contra la decisión del Tribunal de ajustar las pretensiones, la entidad

demandada tenía a su disposición un medio correctivo para impedir lo que, en su

criterio, constituye una actividad procesal defectuosa, cual es el recurso de

revocatoria. En el video de la audiencia se puede observar como, en el momento

en que se dio el ajuste de la pretensión, la representación legal de la entidad

financiera, si bien expuso su inconformidad no formuló la impugnación a que se

hizo referencia, por lo que, al no ejercer este mecanismo en el momento

procesal oportuno, su reclamo resulta inadmisible en esta instancia

extraordinaria. Ahora bien, al margen de lo anterior, lo

cierto es que tampoco lleva razón el casacionista en cuanto a sus alegatos.

El actuar del Tribunal se encuentra ajustado a derecho toda vez que tanto el

CPCA como el Reglamento de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa y Civil de Hacienda le dan cobertura legal a su actuación. Así,

el primero, en el numeral 95.1 dispone: “Si la jueza, el juez tramitador o

el Tribunal, de oficio o a gestión de parte, estima que las pretensiones o

los fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o

aclaración, dará a los interesados la palabra para formular los respectivos

alegatos y conclusiones.”(el subrayado es

suplido). Esta facultad es reafirmada en el inciso 8 del artículo 73 del cuerpo

reglamentario de cita, el que incluye dentro de las funciones propias de los

jueces de juicio lo siguiente: “Inmediatamente después de abierto el juicio

oral, ampliar, adaptar, ajustar o aclarar las pretensiones y alegatos

contenidos en la demanda, contrademanda, contestación y réplica. Con ese fin

dará la palabra a los interesados, a efecto de que formulen los alegatos

correspondientes […] Para la aplicación de cualquiera de los supuestos

consignados en este apartado, deberá respetarse siempre los principios del

debido proceso, la defensa, el contradictorio y la bilateralidad de la

audiencia.” Como se colige de las anteriores disposiciones, el CPCA prevé

expresamente la posibilidad de ajustar, no solo las pretensiones, sino también

los fundamentos jurídicos incluso en la etapa de juicio, siempre y cuando se

respete el debido proceso. Esto último implica, por una parte, el

respeto de los límites que se derivan del principio dispositivo (de aplicación

matizada en el CPCA como consecuencia de los pronunciamientos oficiosos que los

juzgadores están habilitados a realizar) y de imparcialidad, cuyos postulados

configuran el marco de actuación de los juzgadores, y en virtud de los cuales

se encuentran vedados de sustituir a cualquiera de las partes en litigio. Si

bien el CPCA le otorga tanto al juez tramitador como al de juicio

amplias facultades en torno a la aclaración de las pretensiones, el alcance de

estas se encuentra subordinado a una función aclaratoria, y no de innovación. Por otra, supone la posibilidad de que la contraparte pueda ofrecer

pruebas que tengan por objeto desacreditar las modificaciones incorporadas.

En este sentido, nótese que incluso las normas citadas

dan la posibilidad de suspender hasta por cinco días la audiencia. Ahora bien,

en el caso concreto, el recurrente no ofreció prueba de descargo, ni precisa en el recurso algún medio probatorio que, de

haberse admitido pudiera incidir sobre lo resuelto por los juzgadores de

instancia. Todo lo anterior permite descartar la existencia

de una indefensión.

En un segundo

reparo, reclama una aplicación errónea de los artículos 99 y 156 del Código Procesal

Civil. Según expone, el primero por cuanto se prohíbe al juez

pronunciarse sobre cuestiones no debatidas y el segundo, en tanto dispone que

cuando la sentencia contenga una condena al pago de daños y perjuicios, su

importe se fijará conforme a las pretensiones de las partes. En el mismo

sentido, menciona los numerales 119 y 126 del CPCA. Con base

en las anteriores normas, endilga que la sentencia da

más de lo que se pide y no se ajusta a las disposiciones del ordenamiento jurídico. Esto, explica, en

la medida en que al formular la demanda la parte solicitó que se condene al

pago de los intereses legales, mientras que la sentencia utiliza una tasa del 2,75%,

concediendo más de lo que pide la actora.

VI.-

El

recurrente dirige su inconformidad contra la tasa de interés utilizada por el

Tribunal como

referencia para el cálculo de los réditos concedidos en sentencia. Esto, debido

a que en la demanda la parte solicitó la aplicación de intereses legales,

mientras que en la sentencia se dispuso que el cálculo se realizará según una

tasa fija del 2.75%, la cual corresponde a aquella pactada originalmente entre

la entidad bancaria y la inversionista en el certificado de depósito a plazo.

Tal y como lo alega el

recurrente, existe una disociación entre lo solicitado (intereses legales) y lo

concedido (prolongación del interés

convencional), lo que viene a confirmar la existencia del vicio que se recrimina. No obstante lo

anterior, dado que la extralimitación en que incurrió el Tribunal se da, no en

cuanto al reconocimiento del

extremo como

tal sino en la tasa de interés a aplicar, lo cierto es que carece de todo

interés ordenar el reenvío ante el órgano de instancia. Esto por cuanto, si

bien la tasa de interés resulta un aspecto fundamental para el cálculo,

adquiere una posición accesoria respecto del ruego de la parte, toda vez que el

reconocimiento realizado sobre dicho rubro se mantendría incólume en su

esencia, sin dejar de lado que la determinación del monto se realizará en

ejecución de sentencia. A partir de una lectura correcta del artículo 150.1 del CPCA, y en particular

respecto del

vicio de incongruencia, el reenvío (que incluso la Sala ha valorado que puede

ser parcial) se hace necesario en aquellos casos en que el Tribunal haya

omitido realizar un pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones de la

parte. No puede obviarse que el defecto que se acusa recae directamente sobre

la sentencia, por lo que la devolución del expediente tendría el efecto,

únicamente, de generar un nuevo fallo. A partir de lo anterior, lo cierto es

que el reenvío resulta innecesario en algunos casos de ultra o extra petita,

toda vez que para corregir la actuación procesal defectuosa no es necesario un

nuevo pronunciamiento, sino únicamente eliminar lo otorgado en demasía por el

órgano jurisdiccional de instancia, lo cual se da, en todo caso, con la

anulación de la sentencia y el ajuste del pronunciamiento a lo requerido por la

parte. En la especie, el error reclamado no versa sobre el reconocimiento del

rubro de intereses, sino en cuanto a la tasa de interés que se aplicó, por

considerar que se varía lo peticionado expresamente por la parte. De esta

forma, y bajo la misma lógica señalada en las líneas precedentes, resulta

innecesario ordenar el reenvío del presente asunto para corregir la falencia en

que incurrieron los juzgadores de instancia, y por lo tanto, basta modificar lo

dispuesto en cuanto al índice con base en el cual se deben calcular los

réditos, extremo que, se insiste, fue reconocido en sentencia y no fue cuestionado.

Por ende, lo procedente es acoger el agravio en las

condiciones indicadas, y al fallar por el fondo, fijar que el interés a

reconocer es el legal.

Casación por violación a normas

sustantivas

En el primer cargo de

esta naturaleza, acusa una indebida valoración de la prueba pericial aportada

por el Banco Nacional así como del oficio USI-44-OP-2008 del 10 de noviembre de

2008 suscrito por el señor M, Jefe de Seguridad e Investigaciones de la Dirección Regional

de la Oficina Principal.

Cuestiona lo afirmado por el Tribunal en cuanto a que no se utilizó el sistema

ID Check que proporciona el Banco, ya que el informe indicado señala que se

observa “una transacción normal y no asociada a un

hecho irregular”. Aduce, del

video analizado en la audiencia se desprende que no se trató de una transacción

sospechosa y que la funcionaria del

ente financiero empleó su ordenador e hizo las consultas correspondientes.

Adicionalmente, destaca, el documento USI-44-OP-2008 afirma que comparando la

copia de la cédula de identidad y con los videos tomados ese

día se puede indicar que se trata de la misma persona. No obstante, recrimina,

en la sentencia se consigna lo contrario, apartándose del artículo 16 de la LGAP. Respecto a la

firma, critica que el fallo haya indicado que existió una falta de diligencia

al no consultarse la firma mediante fax según el procedimiento fijado por el

Banco, no obstante, explica, en el informe, cuya indebida valoración acusa, se

señala que las firmas no presentan diferencias significativas. Adicionalmente,

reclama, los juzgadores de instancia incurren en una contradicción, ya que la

omisión destacada no se produjo, en la medida en que esta consulta solo es

necesaria cuando el título valor fue emitido en una oficina distinta de la que

recibe el documento para el cobro, lo que no sucede en este caso. Sobre la

verificación de las fotografías, transcribe en lo

conducente el oficio mencionado y arguye conforme al video que la funcionaria

empleó su ordenador y realizó la consulta de rigor al sistema ID Check.

Critica, con la simple presencia de la actora en la sala de debates, el

Tribunal llega a la conclusión de que ella y quien hizo efectivo el certificado

no son la misma persona, sin embargo, pretender que el funcionario del Banco

haga esa valoración es imposible, y atenta contra los principios de

razonabilidad y proporcionalidad. Acusa el quebranto del artículo 318 del

Código Procesal Civil, así como el 82.4 del CPCA, este último, en la medida en

que la sentencia afirma lo contrario de lo que señala la investigación

administrativa que efectuó el Banco Nacional. Dice, el fallo tuvo por

indemostrados hechos en contradicción con la prueba que consta en el proceso.

Específicamente, reclama que no se tuviera como acreditado la falta de comportamiento

diligente de la actora en la guarda y conservación del título valor. Destaca, se le resta valor

a lo que esta indicó en la denuncia que interpuso ante

el Organismo de Investigación Judicial, la cual reproduce en lo conducente.

Señala, la confesión judicial prueba plenamente contra quien la hace según el

numeral 338 del

Código Procesal Civil en relación con el artículo 220 del CPCA. Dice, la señora R reconoce que no

guardó el título en un lugar adecuado (esto incluso lo

reitera en el hecho segundo de la demanda); que no informó al Banco a tiempo;

que colocó el certificado en su gaveta, sin llave y que su empleada doméstica y

el esposo de esta “se impusieron de su contenido y lo detentaron”.

Asimila la custodia de este título valor a la que debe

tener el cuenta correntista de las fórmulas de cheque, lo que, en su criterio,

no se dio en este caso. Cuestiona, la sentencia tolera la

falta de diligencia o de cuidado de la actora, lo que exonera a la entidad

financiera de las consecuencias, máxime que los recursos fueron obtenidos por

terceros. Critica que el fallo interpreta y aplica en forma indebida los

artículos 702 y 704 del Código Civil. El primero por

cuanto no se acreditó una conducta omisa de la funcionaria del

Banco; la segunda, en el tanto la indemnización de daños y perjuicios solo

procedería si se acredita un incumplimiento de la obligación contractual, lo

que no se dio. Endilga, además, el quebranto del numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa

Efectiva del Consumidor. Dice, el Tribunal no reconoce la existencia de una

relación contractual entre las partes, y con ello vulnera no solo las normas

civiles relacionadas con el régimen de responsabilidad contractual, previamente

citadas, sino también el precepto 1021 del Código Civil, en tanto dispone que

el contrato es ley entre las partes. Por ello, afirma, no

puede aplicarse la responsabilidad objetiva, ya que esta es una modalidad de la

extracontractual. Expone que fue decisión de la actora

materializar el documento en el cual consta su inversión y de llevarlo a su

casa de habitación y guardarlo conforme a su mejor criterio. Las

anteriores situaciones, agrega, conllevan a un riesgo en cuanto a la guarda y

conservación del título, lo que pudo evitar de dos formas: desmaterializando la

inversión y representarla mediante un registro electrónico (tal y como lo

permite la Ley

Reguladora del Mercado de Valores) o depositando el

certificado en una caja de seguridad, siendo que el Banco Nacional de Costa

Rica brinda ambos servicios. Asevera, la interpretación realizada del

numeral 35 de la Ley

del Consumidor ignora que el riesgo lo asumió la señora R al llevarse el título

a su casa de habitación y no utilizar las anteriores opciones, existiendo culpa

de la víctima. Se desaplica, en su criterio, lo regulado en el precepto 190 de la LGAP, según el cual, la

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero son eximentes. A lo

anterior, agrega, no se le puede imputar la teoría del riesgo cuando

el pago se efectuó conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo,

manifiesta, en el proceso se demostró la participación de un

tercero, y en consecuencia, el daño fue ajeno al demandado. Arguye la

vulneración de normas y principios del derecho constitucional. Señala que trasladar a la entidad financiera los efectos de la

decisión de la actora de asumir el riesgo atenta contra la razonabilidad y

proporcionalidad. Se refiere a la naturaleza de los fondos que

administra el Banco y que el rechazo del reclamo de la señora R se basa en la

observancia del procedimiento establecido para el pago de los títulos así como

los informes técnicos y de seguridad. Afirma que la sentencia

“rompe el equilibrio de las prestaciones económicas que impera en toda contratación

mercantil”, lo que a su vez quebranta los principios citados. En su

criterio, el artículo 35 de la Ley

del Consumidor se debe interpretar y aplicar en forma tal

que no se haga un desequilibrio. Concluye, a pesar de que existe una denuncia

contra un tercero, se le obliga al Banco a pagar

“fondos públicos, que son de todos lo costarricenses”, vulnerando, además, los

numerales 132, 133 y 134 de la

LGAP.

VIII.-

La relación jurídica que surge como consecuencia de la constitución de un certificado

de depósito a plazo implica, como la mayoría de vínculos jurídicos, que ambas

partes se convierten en titulares de derechos, obligaciones y cargas

específicas propias del negocio jurídico y que definen la forma mediante la

cual se desarrollará la transacción a lo largo del tiempo. Si bien el contenido

esencial de la prestación es la obligación que recae en la entidad financiera

de pagar el capital y los intereses a favor del poseedor legítimo del

título valor (no necesariamente será el constituyente), también debe señalarse

que surgen algunas cargas o deberes accesorios que derivan tanto del objeto contractual como de la buena fe negocial. Así, en lo que

interesa para el caso concreto, el Banco debe velar por garantizar, en la

medida de lo posible, que el pago del certificado sea debido, es

decir, debe procurar establecer aquellos mecanismos de seguridad adecuados para

evitar situaciones anómalas al momento en que se presenta el título al cobro.

Claro está, se trata de una obligación de medios, no de resultados, toda vez

que lo que interesa para su cumplimiento es que los mecanismos con que cuenta

la institución sean aptos, adecuados y suficientes (bajo un parámetro de

exigencia cualificado en cuanto al establecimiento de estos sistemas) para prevenir

este tipo de acciones antijurídicas por parte de terceros y que estos se hayan

empleado correctamente en el caso concreto. En este

punto, es importante aclarar que no basta, a efectos del cumplimiento de esta obligación, el solo

establecimiento de mecanismos de prevención, sino que estos además cumplan con

los más altos estándares de seguridad que se deriven de las buenas prácticas

bancarias. En forma concomitante, cuando la inversión se representa en forma

material en un título valor transmisible, la buena fe

le impone al acreedor un deber de custodia, en virtud del cual, debe procurar que el documento se

mantenga en un lugar seguro y que su manipulación sea acorde con tal finalidad.

Previo al análisis de

la sentencia, y por lo que se apuntará en los siguientes considerandos,

conviene referirse a la relación existente entre el régimen de responsabilidad

previsto en el artículo 35 de la

Ley del Consumidor y aquellos otros previstos para las

relaciones entre particulares, en especial, el contractual y extracontractual

regulados en los artículos 702 y 1045 del Código Civil. Cabe señalar que la

principal diferencia entre el primero y los segundos es que aquél es de índole

objetiva mientras que estos se basan, fundamentalmente, en un

esquema subjetivo (con algunas salvedades como

las dispuestas en el precepto 1048 del

Código Civil). Así, la prescindencia de la culpa o el dolo se erige como

el principal criterio de distinción, con las consecuencias a nivel probatorio

que de esto se deriva. Lo anterior explicita que los regímenes en cuestión

presentan diversos criterios de imputación. Mientras que en la Ley del Consumidor, además del

elemento estrictamente objetivo derivado de la utilización del bien o el

servicio, se incorporan por disposición expresa de la norma la teoría del

riesgo y la falta de información, en el caso de los preceptos del Código Civil

la responsabilidad surge a partir de la existencia de culpa (falta, negligencia

o imprudencia) o dolo. Los anteriores conceptos constituyen

los distintos criterios de imputación de la responsabilidad. Consecuencia de lo anterior, una misma conducta dañosa puede

subsumirse en uno o varios de estos criterios de atribución. De allí que

esta Sala, en el voto 300-F-S1-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo

de 2009 haya señalado que nada obsta para que en una relación contractual se

aplique el régimen previsto en el numeral 35 de la Ley del Consumidor. Por lo

expuesto, no es admisible el alegato formulado en cuanto a que esta norma sea aplicable únicamente en conflictos de carácter

extracontractual. Claro está, al margen de cuál criterio de atribución sirva de

fundamento al resarcimiento, este es uno solo,

derivado del principio constitucional de

reparación integral del daño, por lo que lo

apuntado no debe entenderse como

la posibilidad de reclamar responsabilidades acumulativas.

Las anteriores

precisiones resultan relevantes en el presente caso, toda vez que el análisis

del Tribunal, a pesar de la cita al artículo 35 de la Ley del Consumidor, norma que sirvió

además de basamento de la demanda planteada, fundó la responsabilidad de la

entidad bancaria en un actuar culposo en el pago del certificado de depósito a

plazo. Dice dicho órgano jurisdiccional: “Por todo lo expuesto, considera

esta Tribunal que en la especie el Banco Nacional de Costa Rica actuó con

negligencia, lo que conlleva a culpa de dicha entidad en la lesión acaecida y

que, en aplicación del numeral 35 de la

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,

Ley número 7472, de aplicación a la especie según los artículos 2 y 31 de la

misma norma, establece la culpa como criterio de imputación del instituto de la

responsabilidad objetiva de los entes que suministran servicios […]”. Esta

variación, dada su incidencia en el deber probatorio y en la teoría del caso

del demandado, podría generar, según el desarrollo del proceso, una eventual

indefensión, toda vez que al haber sido planteada la demanda bajo un esquema

objetivo, la parte demandada no se encontraba en la necesidad de aportar

elementos probatorios que desvirtuaran la culpa (o lo que es lo mismo,

acreditar la diligencia), aunque, eventualmente, pudiera contar con ellos, sino

únicamente las causas eximentes de la responsabilidad. Sin embargo, en el caso

concreto este análisis resulta ocioso, dado que la prueba aportada al proceso

por la parte accionada procura acreditar que en el pago del certificado de

depósito a plazo se dio un funcionamiento normal por parte del Banco, es decir,

que el demandado incluyó dentro de su defensa del caso elementos demostrativos

para acreditar su actuar diligente. Ello descarta la

existencia de una eventual indefensión. Por lo anterior, el yerro

apuntado no es óbice para la declaratoria de responsabilidad, siendo necesario,

entonces, proceder a analizar la indebida valoración

de la prueba que fue alegada respecto a la culpa.

Los juzgadores de

instancia, con base en el mismo procedimiento interno del intermediario financiero, analizaron lo

acontecido al momento en que se pretendió cobrar el título valor, determinando

que se dieron varias irregularidades al verificar la identidad de la persona

que realizaba la gestión. En este sentido, se señaló que no se solicitó a la

oficina en la cual se había originado el certificado que remitiera la copia de

la cédula de identidad, lo cual es cuestionado por el recurrente, indicando que

ese procedimiento solo es necesario cuando el cobro se realiza en una agencia

distinta a aquella en la cual se emitió, lo que no se da en este caso. Si bien

lleva razón sobre este punto, ello no permite

desvirtuar la existencia de un funcionamiento incorrecto, ya que si bien no era

necesario solicitar el envío de la copia de la cédula, lo cierto es que esta

tampoco fue consultada a pesar de que debía estar disponible en la oficina

bancaria. Ahora, al margen de este punto, es importante destacar que el

Tribunal identificó otros yerros en el proceder del Banco, a saber, la falta de

consulta del sistema ID Check con base en el cual se hubiera constatado que se

trataba de otra persona, así como la diferencia respecto de la firma. Sobre el

particular señaló: “para esa época, pese a que no existiere garantía de que

estuviere actualizado, el Banco contaba con un mecanismo de

confrontación de documentos denominado ID Check que permitía observar

las últimas cédulas de identidad reportadas por los ciudadanos. Observa el

Tribunal que la actora es una señora adulta mayor, de tez blanca entretanto la

persona que se apersonó cuenta con menos edad, tiene ojos rasgados, pómulos

salientes, y es de piel morena, datos que, nuevamente, de haberse satisfecho la

cautela necesaria, habrían permitido en ese mismo acto confirmar con ayuda del

sistema ID Check que se trataba de personas diferentes, duda que, en todo caso,

ya tenía la funcionaria al solicitar una segunda firma en el certificado y que

este órgano jurisdiccional, al confrontar las firmas realizadas por quien

cambió el documento con la de la aquí actora reafirma que es visiblemente

manifiesta la diferencia entre ellas, aún sin ser partícipe de la destreza que

deben tener los cajeros bancarios.”

Adicionalmente, sobre

este último punto, indica: “al cotejar las firmas, la realizada ante la

funcionaria y la que constaba en la cédula, la empleada bancaria debió ser

cuidadosa, máxime que, como se observa en el video aportado como prueba y se

constata en el anverso de la copia fotostática del certificado, por duda se le

solicitó a la señora que ejecutaba la gestión realizara una segunda firma, es

decir, válidamente, de principio, la cajera notó que algo no estaba bien, por

lo que pidió una segunda rúbrica, pero sin acatar las directrices de seguridad

a que hizo referencia el testigo M, jefe de seguridad del Banco Nacional de

Costa Rica […] pues no se le retiró la cédula de identidad sino que se le dejó

y se observa en el video que la señora la utiliza para guiarse en los trazos a

realizar.” Contra lo acá señalado, el recurrente alega que se incurrió en

una errónea valoración del informe USI-44-OP-2008, en el

cual se incluye una comparación entre la fotografía que consta en la cédula de

identidad y en el sistema informático y que las firmas no presentaban una

diferencia visiblemente manifiesta. En cuanto al primer aspecto, si bien el

recurrente alega que se hizo la consulta, del video analizado

durante el juicio oral y público, y que consta en la grabación de la audiencia,

no se puede concluir con certeza que esta se realizó. A pesar

de que se observa que la funcionaria utilizó la computadora en distintos

momentos mientras se realizaba la gestión, lo cierto es que el ángulo de la

cámara y la claridad de la imagen hacen que no sea posible determinar los

programas utilizados. Adicionalmente, no se aporta ningún registro o

prueba alguna a partir del cual se pueda afirmar que la

verificación se dio. Ahora bien, aún admitiendo que esta se realizó, concuerda

esta Sala con el Tribunal en el sentido de que las diferencias entre ambas

personas –la titular legítima del certificado de depósito a plazo y quien

suplantó su identidad- presentan suficientes diferencias físicas como para que

la funcionaria, de haber consultado la información en el sistema ID Check,

hubiera determinado que existían elementos suficientes como para sospechar una

irregularidad. Aún y cuando la fotografía no esté actualizada,

las diferencias apuntadas en la sentencia en cuanto a las mujeres involucradas

en la controversia serían igualmente apreciables. A partir de las

anteriores circunstancias se puede inferir, con base en el acervo probatorio,

una de dos circunstancias, o que la verificación no se realizó, o bien, que aún

habiéndose hecho, esta fue ineficaz por la falta de cuidado de la funcionaria.

Lo anterior demuestra la existencia de un actuar

negligente por parte del Banco, y a pesar de que de una revisión del informe y de las

firmas en cuestión no se puede afirmar que presenten diferencias visiblemente

manifiestas, lo cierto es que ello no desvirtúa lo expuesto con anterioridad.

Por ello, el reparo formulado sobre este punto debe

rechazarse.

XIII.-

Por otro lado, es preciso referirse a la segunda línea argumentativa

desarrollada en el agravio que se analiza referido a la culpa de la víctima

como causa eximente de responsabilidad. Sobre el particular,

en la sentencia se llega a la conclusión de que no existe ajenidad. Dice

el Tribunal:  “la causa eficiente del daño lo fue la negligencia y el

descuido que llevaron a no tomar las medidas de precaución necesarias, conducta

en la que, ni por asomo, tiene relación el hurto del certificado de la esfera

de seguridad de la actora ni la participación de un tercero.” Como se dijo en el considerando VIII, en las relaciones bancarias las

obligaciones recaen en ambas partes, y no únicamente en los intermediarios

financieros. Ejemplo de lo anterior es el deber de custodia

de los títulos valores que compele al acreedor. Dejando

sentado el anterior aspecto, por criterio de mayoría, considera esta Sala que

en la especie no se le puede reprochar una conducta indebida a la actora.

En primer término, no es correcto lo señalado por el recurrente en el sentido

de que la negligencia de la actora se dio cuando esta, al constituir el título,

no optó por la opción de que este fuera

desmaterializado, o bien que no haya contratado los servicios de cajas de

seguridad que ofrece la institución. En cuanto al primero, debe señalarse que

si bien un título desmaterializado resulta más seguro,

ello no quiere decir que el contar con un documento físico implique una

desatención al deber de custodia. Ambos son formas válidas de representar valores,

de forma tal que los clientes bancarios pueden optar

por cualquiera de ellas indistintamente. En cuanto a la necesidad de adquirir

el servicio de las cajas de seguridad, ello tampoco resulta exigible para el

titular de la inversión a efectos de cumplir con su

deber de custodia. Lo cierto es que la actora mantuvo el certificado en su

casa, aún más, en el recinto de su habitación, la cual constituye un lugar seguro para la tenencia de este tipo de documentos.

Por otro lado, si bien la misma actora reconoció en la denuncia ante el

Organismo de Investigación Judicial que un tercero tuvo acceso a la ubicación

del título, lo cierto es que la causa adecuada del daño es el indebido

funcionamiento de los sistemas del Banco, que en caso de haber operado en forma

correcta, no se hubiera producido el daño.

En virtud de lo

anterior, el recurso deberá declararse con lugar en los términos expuestos en

los considerandos anteriores, por lo que se impone anular la sentencia

recurrida, únicamente en cuanto dispuso que los intereses solicitados debían

calcularse a una tasa del

2.75%. Dado que ello implica fallar por el fondo la controversia, se omite

pronunciamiento sobre el reparo dirigido contra la condena en costas. En cuanto a los intereses solicitados, se mantiene la condena

realizada pero el cálculo deberá realizarse de conformidad con la tasa de

interés legal.