Resolución 01242-2011

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora formuló demanda a

fin de que en sentencia: "Se ordene al Ministerio de Obras Públicas y

Transportes a Reglamentar (sic) la Ley 7331 de (sic) 13 de abril

de 1993 y sus reformas en lo referente a los (sic) pruebas psicológicas

para conducir, como requisito para obtener licencia y permiso temporal, en

consulta y con la participación del Colegio Profesional de Psicólogos, como

asesor, en su redacción."

El proceso fue

declarado de trámite preferente mediante resolución de las 9 horas del 2 de noviembre de

2009.

El Estado contestó

negativamente y opuso la excepción de falta de derecho.

Ambas partes

manifestaron su consentimiento para prescindir de la celebración de audiencias.

El Tribunal Contencioso

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, integrado por la jueza

Cynthia Abarca Gómez y los Jueces Roberto Garita Navarro y Otto González

Vílchez, en resolución no. 0177-2010 de las 16 horas del 21 de enero de

2010, resolvió: “Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por el

Estado únicamente en cuanto a que resulta legalmente improcedente obligar al

Poder Ejecutivo a tener como asesor al Colegio demandante en la redacción del

Reglamento cuya omisión se ha declarado. En lo demás se

rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda

en los siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido

expresamente.

Se ordena al Poder Ejecutivo que en un plazo máximo de

seis meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia proceda a

reglamentar cuáles son las deficiencias que dentro del examen de aptitudes

físicas y psicológicas impiden o hacen riesgosa la conducción de un vehículo,

así como los demás aspectos necesarios para implementar ambas pruebas.

2)

Del

cumplimiento de lo ordenado, deberá rendir informe al Juez Ejecutor de este Despacho.

En caso de que el Poder Ejecutivo

incumpla con la conducta debida que se ha impuesto, deberá procederse con los

mecanismos de ejecución que regulan los numerales 159 y 161 del Código Procesal

Contencioso Administrativo y que resulten pertinentes para el cumplimento

específico de la conducta que se ha ordenado.

Son

ambas costas a cargo de la Administración demandada.”

El Estado formula

recurso de casación.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

El Colegio Profesional

de Sicólogos de Costa Rica (el Colegio en lo sucesivo) interpuso proceso contra

el Estado, a fin de que en sentencia se ordene al Ministerio de Obras Públicas

y Transportes (en adelante MOPT) a reglamentar, en consulta y con la

participación del Colegio como asesor, la Ley de Tránsito por Vías Públicas

Terrestres (Ley nº 7331 o Ley de Tránsito) y sus reformas, en lo referente a

las pruebas sicológicas para conducir, como requisito para obtener la licencia

y el permiso temporal de aprendiz de conductor. El demandado,

se opuso e invocó la excepción de falta de derecho. El Tribunal, acogió

esa excepción únicamente en cuanto a la pretensión de obligar al Poder

Ejecutivo a tener como

asesor al Colegio. Declaró parcialmente con lugar la demanda, en los siguientes

términos entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente.

1)

Ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo máximo de seis meses, contados a

partir de la firmeza de la sentencia, proceda a reglamentar cuáles son las

deficiencias que dentro del examen de aptitudes físicas y sicológicas impiden o

hacen riesgosa la conducción de un vehículo, así como los demás aspectos

necesarios para implementar ambas pruebas.

Del cumplimiento de lo ordenado, deberá

rendir informe al Juez Ejecutor.

En caso de que el Poder Ejecutivo

incumpla con la conducta impuesta, deberá procederse con los mecanismos de

ejecución que regulan los numerales 159 y 161 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA) y que resulten pertinentes para el cumplimento específico

de la conducta ordenada.

El pago de ambas costas. Inconforme la parte

vencida, presentó recurso de casación, que fue admitido por esta Sala en auto

de las 13 horas del

22 de julio de 2011.

El representante

estatal aduce violados los artículos 66, 68, 71 y 76 de la Ley de Tránsito, 10

del Código Civil y 10 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) por

errónea interpretación 9, 11, 121. 1 y 140. 3 de la Constitución Política y 11 de la LGAP, por falta de

aplicación. Según los jueces, manifiesta, el Estado ha incurrido en una

conducta omisiva, al no reglamentar el citado numeral 71, lo que afecta la

implementación de las pruebas físicas y sicológicas para obtener los permisos

temporales y licencias para conducir, obligando a que se proceda a hacerlo en

el plazo de seis meses a partir de la firmeza del fallo. La desatención

acusada para el Tribunal, califica en lo que en doctrina se denomina “inactividad

material jurídica”, que se produce cuando la Administración omite dictar un

acto de alcance general y normativo, como lo sería un reglamento, supuesto que

se configuraría, en su criterio, cuando la ley fija un plazo para reglamentar

la ejecución de determinada ley, pasando esa potestad de discrecional a

vinculante. Cita en su apoyo el voto de la Sala Constitucional nº 1463-1990 de

las 14 horas con 30 minutos del 30 de octubre de 1990. Contrario a lo que

indican los juzgadores, refiere, no se ha incurrido en la conducta apuntada,

toda vez que la Ley de referencia, no estableció un

plazo para reglamentar. Continúa manifestando, aún y cuando se admitiera que se

ha omitido reglamentar, no puede entenderse que la norma

impone una prueba psicológica, independiente de la física, como requisito para obtener permisos

temporales y licencias de conducir. Esa interpretación, dice,

no sólo no puede extraerse de la ley, sino que contraría el principio

constitucional de división de poderes y el de legalidad. Resalta, en

ningún momento en la reforma introducida por la Ley n° 8696 a los artículos 66, 68,

71 y 76 de la Ley nº 7331, se establece la obligación del Poder Ejecutivo de

hacerlo dentro de un plazo específico. Tampoco, prosigue, que la prueba debe

ser realizada por profesionales afiliados al Colegio de Psicólogos, competencia

que, de otorgarse, debe estar estipulada en la ley, por tratarse de la

imposición de un requisito que incide directamente en la posibilidad del

administrado de obtener su permiso o licencia de conducir. En su criterio, el

precepto 10 del Código Civil, introduce una serie de métodos interpretativos

propios del derecho común: el literal, según el sentido de las palabras, el

histórico, conforme a los antecedes históricos y legislativos, el lógico, de

acuerdo a la realidad social, y el finalista o teleológico, acorde al espíritu

y finalidad de las normas. El Tribunal, alega, efectúa una

interpretación finalista, que excede los alcances de los numerales de reciente

cita, lo que, en su criterio, resulta violatorio de su contenido.

Transcribe esas disposiciones para resaltar que, en cada una de ellas, se establece la obligación de presentar un único

examen médico realizado por un profesional en medicina. Destaca,

están redactadas en singular, aludiendo a una sola prueba médica. La

Ley, asevera, delega esa función en los profesionales en medicina, otorgándoles

una competencia exclusiva, sin que pueda interpretarse que se trata de un

examen interdisciplinario compuesto de dos pruebas, una médica y otra

psicológica, partiendo que se deriva como consecuencia lógica de que cada una

debe ser realizada por el profesional competente en la materia, debidamente

incorporado al Colegio respectivo. De haberlo pretendido el

legislador de esa manera, arguye, así lo habría estipulado, sin que el juez

pueda completar los aspectos omitidos por aquel. En el fallo que se

recurre, afirma, se violan los cánones 121 inciso 1) 140 inciso 3), 9 y 11 de

la Constitución Política, por falta de aplicación, al suplir la decisión del

legislador, incluyendo un requisito no dispuesto por el órgano

constitucionalmente competente, irrespetando a la vez el principio de potestad

reglamentaria al ordenar la emisión de un reglamento con un contenido que no

está claro en la Ley y el artículo 11 Constitucional, al atribuir una

competencia no otorgada por el Poder Legislativo.

El casacionista centra su

inconformidad en tres ejes fundamentales:

La Ley nº 7331 no

establece un plazo para su reglamentación, motivo por el cual no se ha omitido

el deber de hacerlo.

Imposibilidad del juez

de definir el contenido del

reglamento que la Ley delega al Poder Ejecutivo.

De las

disposiciones 66, 68, 71 y 76 de esa Ley, no se deriva la obligación de

realizar dos pruebas para obtener el permiso y licencia de conducir, una médica

y otra psicológica, la última elaborada por un psicólogo. La potestad

reglamentaria en lo que al caso interesa, es la atribución otorgada por ley  al Poder Ejecutivo para emitir normas de carácter

general que faciliten su funcionamiento o desarrollo. En algunas ocasiones ese ejercicio, por disposición de la propia ley, es

obligatorio, inevitable, pues se limita a establecer un mandato para que se

proceda de esa manera. Para los juzgadores de instancia “…este tipo de omisión engloba,

entre otras, la también denominada inactividad normativa genérica o inactividad

formal negativa, según sea la clasificación doctrinaria que se siga.

Ocurre ésta cuando el sujeto de derecho público omite el dictado de

disposiciones de carácter general o reglamentos, pese a la existencia de norma legal previa que así lo imponga. Como consecuencia de

esta inactividad, la efectividad de la ley se ve comprometida. Ahora bien, la

omisión en el dictado de este tipo de normas debe

necesariamente analizarse a la luz del

contenido de la potestad reglamentaria. En este sentido, debe señalarse que el

artículo 140 de la Constitución Política en sus incisos 3) y 18) otorgan a la

Administración potestad para emitir normas que faciliten su funcionamiento o

que permitan el desarrollo de las normas legales. Así, la potestad

reglamentaria se convierte en un instrumento normativo

del Poder

Ejecutivo. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que el

ejercicio de la potestad reglamentaria se convierte en obligatorio cuando el

legislador ha impuesto al Poder Ejecutivo la obligación de reglamentar una ley.

Si se incumple con la obligación impuesta por el legislador, se produce una

omisión que lesiona el ordenamiento jurídico y puede incidir negativamente en

la esfera subjetiva de los justiciables (en ese sentido, pueden consultarse

entre otros los Votos No. 101-90, No. 3528-97, No. 643-98, 16999-07, No.

8065-2009, todas de la Sala Constitucional). Estima este Tribunal que igual

omisión se produce cuando, aunque la Ley no imponga la obligación específica de

reglamentar algún aspecto, ese desarrollo reglamentario resulta necesario para

concretar y hacer efectivo lo dispuesto en la norma legal, máxime si involucra

el ejercicio de derechos fundamentales.”. La Ley de Tránsito dispuso

expresamente la obligación de reglamentar lo concerniente a la prueba de las

aptitudes físicas y psicológicas de quienes aspiren al permiso de aprendiz o a obtener una licencia para conducir. La representación

estatal así lo reconoce en su recurso, sin embargo alega que como no se

estableció un plazo para hacerlo, no se configura la conducta achacada,

apoyando su posición en votos de la Sala Constitucional. Contrario a lo dicho, la línea

jurisprudencial no establece que esa omisión solo ocurre en ese supuesto. Lo

que se extrae más bien, es el deber de hacerlo cuando así lo dispone la ley,

mutando de una potestad facultativa a una obligación jurídica. Dice la cita

utilizada por el recurrente: “Sobre el fondo del asunto, se observa que el

accionante acusa la omisión del Poder Ejecutivo en tanto (a) no reglamentó la

Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público conforme lo ordena su

artículo 61 y (b) no realizó la evaluación completa del sector público,

iniciándola por ciertos programas e instituciones que señala el artículo 37 de

la Ley, (...) Lo que debe precisarse, pues, es si el Poder Ejecutivo podía

decidir el cumplimiento o no de esos deberes. Como tesis de principio, puede

afirmarse que la potestad reglamentaria, es la competencia que se le asigna al

Poder Ejecutivo de desarrollar la ley (reglamento ejecutivo) no es un poder- deber en sí mismo, puesto que dependerá del contenido de la

propia ley. El que aquél se vea obligado a desarrollar algunos de sus

principios, pues correspondiendo al Ejecutivo aplicar o velar por que la ley se

aplique, en tanto sea necesario para ello decidirá su reglamentación. Es decir,

la reglamentación se otorga al Ejecutivo como un instrumento que facilita el

ejercicio de administrar. Sin embargo, distinto es el caso en

el cual el legislador expresamente le impone en la ley el deber de

reglamentarla. Aquí se hace inescapable para el Poder

Ejecutivo el ejercido de esa competencia. Dentro del ilimitado espacio

de la legislación, aquí el destinatario de un deber hacer es

el Poder Ejecutivo y, como tal, queda sujeto a la orden contenida en la

Ley. Desaparece para él toda discrecionalidad, pues la norma

legal regló su actuación, de modo que el ejercicio de la competencia se hace

inevitable.” Sala Constitucional, voto 1463-1990 de las 14 horas con 30

minutos del

30 de octubre de 1990. En sentido similar el voto n° 8418-97.

Adicional a lo expuesto, debe recordarse que la Administración está sujeta a

principios como

el de celeridad, eficiencia, eficacia y sobre todo al de legalidad, por lo que,

no cabe duda que si la ley dispone el ejercicio reglamentario para su debida

ejecución, aún cuando no fije un plazo, debe procederse de inmediato en ese

sentido. Resulta inaceptable que transcurran plazos irrazonables y

desproporcionados para acatar un mandato legal. La

reforma a la Ley nº 7331, entró en vigencia, el 17 de diciembre de 2008, es

decir, han transcurrido más de dos años, sin que se promulgue la reglamentación

de comentario, lo que no puede justificarse como lo pretende el Estado, en la

falta de un plazo legal para que se configure la referida inactividad, motivo

por el cual no se dan las infracciones acusadas.

Un segundo elemento a

dilucidar estriba en determinar, si estaba imposibilitado para definir el

contenido del

reglamento que ordena emitir. Para una mayor claridad de lo que se resuelve,

deben tenerse presentes algunos conceptos básicos sobre la naturaleza misma del

reglamento y los alcances de la labor controladora que compete al juez

contencioso administrativo. El reglamento ejecutivo, es de

carácter secundario, subordinado y complementario en relación a la ley, lo que

implica que no puede dejarla sin efecto, contradecirla o suplirla. Su naturaleza es instrumental, en el tanto se encarga de

desarrollar y precisar su contenido para permitir o facilitar su

implementación. Así lo ha dispuesto esta Sala, entre otros, en los votos

números 749-F-04 de las 9 horas 30 minutos del 10 de setiembre de 2004 y

1000-F-S1-2010 de las 9 horas 35 minutos del 26 de agosto de 2010. En otro

orden de ideas, de acuerdo a la teoría de distribución de funciones o  “separación

de poderes”, cada uno de los poderes de la República tiene constitucionalmente

definidas sus competencias (reserva constitucional de la esfera competencial),

que ejercen con plena independencia. Por otra parte, la jurisdicción

contenciosa administrativa realiza un control de legalidad derivado también de

la propia Constitución Política, concretamente del numeral 49, control que de

manera puntual desarrolla el ordenamiento infra constitucional precisando que

puede manifestarse sobre aquellas conductas o actuaciones incluso de contenido

discrecional, o frente a la inactividad de la Administración,

según se desprende de los numerales 36 b, 42 f, 122 f, 128 del CPCA. Este

control, no supone en modo alguno invasión de funciones. El tema ha sido

tratado ya por esta Cámara, en la resolución no. 116-F-S1-2010 de las 9 horas

del 22 de enero de 2010, en la que, sobre el particular señaló: "En

primer lugar, la sustitución de la Administración en el dictado de los actos

administrativos prevista en el CPCA, específicamente en el precepto 161.2,

constituye un supuesto excepcional, y el cual requiere de una serie de

circunstancias específicas para su procedencia. Se trata de una medida contra

la inactividad de la Administración Pública, que en todo caso, adquiere un matiz especial cuando se trata de actos con elementos

discrecionales. De conformidad con la Ley General de la Administración Pública,

en virtud del

principio de regulación mínima del

acto, al menos el motivo o el contenido deben estar regulados. Dicho de otra forma, cuando el motivo no esté normado, lo debe

estar el contenido y a la inversa. (...) Ante este

panorama, y en respeto del principio de

división de funciones, no es factible sustituir al órgano competente cuando

subsiste un margen de discrecionalidad que le fue otorgado para el dictado del acto. Lo contrario implicaría desbordar los límites propios de la función

jurisdiccional, desconociendo el diseño constitucional de frenos y

contrapesos." Ante esa potestad de contenido discrecional, el

juzgador no puede sustituir a la Administración, como en efecto, no sucedió en

la especie, debido a que se está ante una omisión jurídico material, con la que

se incumple el ordenamiento jurídico superior (la ley) y se infringen, de

manera colateral los derechos subjetivos o intereses legítimos del colectivo.

En ese tanto, tratándose de este tipo de conductas,  se infringe el Estado

de Derecho, el bloque de legalidad en sentido positivo, y la tutela judicial

efectiva que contemplan los artículos 9, 11, 33, 41 y 49 de la Carta

Fundamental. De allí que, el Juzgador, no solo puede sino que además debe

corregir la omisión bajo los criterios de un control

universal de la conducta administrativa, que incluyen no solo las actuaciones

sino también las omisiones. Así, configurada la omisión, corresponde ordenar no

solo el deber de reglamentarla, sino además de interpretarla a los fines de dar

cabal cumplimiento a su contenido que por demás, no ofrece ningún margen de

discrecionalidad. Es en este contexto, que con respeto pleno de la

discrecionalidad residual que nace y permanece en el Órgano Administrativo

originario, otorgó un plazo específico para la emisión de un reglamento

necesario y dispuesto por el ordenamiento jurídico. Se respetó en consecuencia

el ejercicio de la potestad reglamentaria y de la discrecionalidad en cuanto a

la definición de su contenido (para el que se perfila tan solo la adecuada

interpretación de la ley que rige la materia en ejercicio estricto de la

función básica de la potestad jurisdiccional), excepto en el punto específico

que se ha señalado.  Lo actuado, encuentra respaldo en las disposiciones 126 a 128 del CPCA, que, en

lo que al caso interesa, facultan al juez contencioso ante una sentencia

estimatoria, a obligar a la ejecución de las obligaciones necesarias o conducta

debida para la satisfacción de las pretensiones reconocidas en el fallo,

otorgando para ello un plazo que es precisamente lo que en la especie sucedió.

V.-Para la parte

recurrente, de los artículos 66, 68, 71 y 76 de la Ley de Tránsito, no se

extrae la interpretación dada por los jueces en el sentido de que para el

permiso de conducir y la licencia, se deben realizar dos pruebas distintas, una

física y otra sicológica, esta última realizada por un especialista en el ramo.

Sobre el particular, el fallo que se recurre indica: “…Sin duda el

legislador, conocedor que el Derecho no puede desconocer la realidad histórica

y social, detectó la necesidad de comprobar la idoneidad y estabilidad

psicológica de las futuros conductores, regulando e imponiendo las citadas

pruebas como un requisito previo al otorgamiento de la licencia de conducir, en

aras de proteger un interés público superior como lo es la seguridad vial y los

derechos fundamentales que éste comprende. No otra cosa puede interpretarse de

los citado numerales 66 y

Así las cosas, es indiscutible que de conformidad

con los artículos 10 de la Ley General de la Administración Pública y el

numeral 10 del Código Civil, debe privar una interpretación finalista,

coherente y sistemática de las normas de cita, respetuosa del Principio de

Plenitud de Ordenamiento Jurídico, y según la cual debe entenderse que se trata

de un examen interdisciplinario que comprende dos tipos de prueba: una que

permita medir la idoneidad física y otra, la psicológica. (…) debe entenderse, como

consecuencia lógica que cada uno debe ser realizado por el profesional

competente en la materia. Así las cosas, ese aspecto puede ser desarrollado

perfectamente por la vía reglamentaria, porque se insiste, solo el psicólogo

podría realizar esa prueba, de la misma forma que la prueba para medir la

idoneidad física únicamente podría ser realizada por un profesional en

medicina. En este sentido, las mismas normas refiere a

que deben ser realizadas por un profesional colegiado, claro está, cada uno en

su materia...” En lo que resulta de interés las normas de comentario

establecen: “ARTÍCULO

Con

la finalidad de obtener el permiso temporal de aprendiz de conductor, el

aspirante deberá: (…) ch) Presentar un examen médico en el que se detallen las

pruebas de idoneidad física y psicológica para conducción, el cual debe ser

realizado por un profesional colegiado e incluir la calificación de la

idoneidad en capacidad visual y habilidad de coordinación motora, necesarias

para la conducción. Para tales efectos, el profesional en Medicina debe

dictaminar acerca de la Idoneidad en agudeza visual, campo, capacidad de

respuesta al contraste, al deslumbramiento y al movimiento de objetos...  ARTÍCULO

Para obtener, por primera vez, la licencia de

conducir, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos: (…) c)

Presentar un examen médico en el que se detallen las pruebas de idoneidad

física y psicológica para conducción, el cual debe ser realizado por un

profesional colegiado e incluir la calificación de la idoneidad en capacidad

visual y habilidad de coordinación motora, necesarias para la conducción. Para

tales efectos, el profesional en Medicina debe dictaminar acerca de la

idoneidad en agudeza visual, campo, capacidad de respuesta al contraste, al

deslumbramiento y al movimiento de objetos, y la función motora, midiendo los

reflejos tendinosos profundos y cutáneos superficiales… ARTÍCULO

La licencia de conducir se extenderá por un período... En

ambos casos, deberá haberse cumplido, satisfactoriamente, el examen médico de

aptitudes físicas y sicológicas señalado en el inciso c) del artículo 68 de la

presente Ley.... En los casos en que por razones médicas o clínicas, la

conducción pueda ser riesgosa para los demás usuarios de la vía, podrá

otorgarse una licencia de conductor por un período de dos (2) años como máximo.

Esta situación deberá ser debidamente determinada y

comprobada mediante el dictamen médico correspondiente. En caso de que

el postulante no esté de acuerdo con el resultado del dictamen, deberá apelar

ante el Colegio de Médicos y Cirujanos el resultado vertido, el cual

determinará, por medio del órgano correspondiente, el resultado final sobre el

tema en cuestión. Dicho resultado será inapelable. (…)

El Poder Ejecutivo determinará, en el Reglamento de esta Ley, cuáles

deficiencias físicas y mentales imposibilitan la conducción de un vehículo ARTÍCULO

Para efectos del examen médico, el Poder Ejecutivo determinará, en el

Reglamento de esta Ley, cuáles deficiencias físicas y mentales imposibilitan la

conducción de un vehículo…” Como puede

apreciarse, las normas trascritas, son claras en el

sentido de que el solicitante del

permiso o la licencia de conducir, debe acreditar su idoneidad física y

sicológica. Sin embargo, no lo son en punto a si se trata de dos pruebas

expedidas por profesionales distintos: médico y sicólogo o si por el contrario,

el primero acredita ambas aptitudes. Para esta Sala, al igual que el Tribunal, la ley impone dos

valoraciones distintas, cuyo conocimiento depende de profesionales de distintas

ramas. En ese sentido, aún y cuando la ley no

lo diga de manera expresa, es al sicólogo a quien compete definir la capacidad

sicológica de una persona. Se trata de dos aspectos

distintos, donde no es posible entender que uno comprende al otro. En ese sentido, y siendo que el fin último del reglamento ejecutivo es precisar los

alcances de la ley, respetando su espíritu, no encuentra este órgano que se den

las violaciones apuntadas, al haber procedido el Tribunal a interpretar las

disposiciones legales transcritas de la forma en que lo realizó. En igual

sentido, considera esta Sala, la interpretación normativa arribada no excede la

competencia de los jueces, ni invade la del Poder Ejecutivo, pues se encuentra

dentro del marco de una correcta lógica jurídica y es consecuencia de ésta,

amén de que se reitera, no se trata de una potestad discrecional sino de una

obligación jurídica, cual es reglamentar ese concreto aspecto. El control

jurisdiccional desplegado, no entraba el cometido de la Administración sino que

garantiza el efectivo cumplimiento de su finalidad, protegiendo los derechos e

intereses de los particulares, atribuidos directamente por el ordenamiento

jurídico, y en concreto de las normas llamadas a interpretar.

En razón de lo

expuesto, no existe la indebida interpretación ni falta de aplicación normativa

acusada en el recurso; lo que conduce a su rechazo con sus costas a cargo de la

parte que lo interpuso conforme al canon 150 inciso 3 de CPCA.