Resolución 00668-2026

ANTECEDENTES PROCESALES.- A continuación se hace un recuento del trámite procesal:

En fecha trece de julio del dos mil veintiuno, la representación de la Municipalidad de Belén presentó demanda de lesividad, en virtud de la cual solicita lo siguiente: "V.1 Admitir y se declarar (sic) con lugar en todos sus extremos la presente demanda. / V.2 Declarar lesivo al interés público los siguientes certificados de uso No. 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019 del 29 de julio de 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000. / V.3 Declarar la nulidad absoluta de citados certificados de uso de suelo, expedidos por la Municipalidad de Belén, por ser lesivos al interés público, por afectar y conculcar las reglas de control interno, legalidad, protección del medio ambiente control urbanístico y por ende a los munícipes del cantón de Belén. V.4 Condenar a la Asociación WATH (sic) TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA, cédula jurídica 3-002-045311, al pago de las costas personales y procesales del presente asunto en caso de negarse y oponerse a las presentes pretensiones" (imágenes 2 a 14 del expediente judicial). Concomitantemente se aporta el expediente administrativo certificado en formato físico, conformado por un total de noventa folios (en adelante "expediente administrativo").

Con resolución de las diecinueve horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno se otorgó a la entidad accionada traslado de la demanda de lesividad que origina este proceso (imágenes 17 y 18 del expediente judicial).

El tres de febrero de dos mil veintitrés, mediante intervención notarial, se le notifica al representante de la asociación accionada la demanda de lesividad establecida en su contra (imágenes 47 y 48 del expediente judicial).

El quince de marzo de dos mil veintitrés la entidad accionada contesta la demanda, manifiesta que no se opone a los hechos y se allana a lo que decida el Tribunal. Asimismo expone que no existe oposición a las pretensiones y pide que se tenga por contestada la demanda y se resuelva sin condenatoria en costas (imágenes 49 a 51 del expediente judicial).

En virtud de prevenciones giradas a la parte accionada en resolución de las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, la parte accionada aclaró su contestación a la demanda mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el cual reitera su allanamiento a la demanda, pide se le exonere de la condenatoria en costas y se declare el asunto como de puro derecho (imágenes 61 a 62 del expediente judicial).

Con resolución de las diez horas cuatro minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, se dio traslado de la contestación de la demanda y se cita a audiencia preliminar (imágenes 67 y 68 del expediente electrónico).

En la audiencia preliminar realizada en fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, no se determinaron aspectos por sanear a gestión de las partes. En cuanto a las pretensiones, se mantuvieron como fueron presentadas inicialmente. Se declaró la inexistencia de hechos controvertidos y se admitió como prueba la certificación del expediente administrativo aportado, y se rechazó la testimonial ofrecida. Se declaró el proceso como de puro derecho y se escucharon las conclusiones de las partes (minuta de audiencia visible en imágenes 73 a 75 del expediente judicial y grabación incorporada al escritorio virtual).

Mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 26-2025, celebrada el 27 de marzo de 2025, ARTÍCULO XXXII, se aprobó el plan de descongestionamiento para reducir el rezago judicial en asuntos de puro derecho del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, diseñado por la Dirección de Planificación, y contenido en el informe N° 310-PLA-MNP-2025, de 14 de marzo de 2025, cuya prórroga fue aprobada por la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria N° III-2025, celebrada el 18 de noviembre de 2025, Artículo N°01. Siendo que el presente expediente cumple con los criterios establecidos, la Coordinación del Despacho lo incluye dentro del citado plan de descongestionamiento y lo turna al Juez José Roberto Brenes Chinchilla, a fin de que junto con la integración correspondiente proceda a fallar este asunto (imagen 77 del expediente judicial).

No existen en autos defectos u omisiones que provoquen nulidad procesal.

ARGUMENTOS DE LA DEMANDA.- La representación de la entidad promovente argumenta lo siguiente: La accionada es propietaria de las fincas inscritas en el Sistema Folio Real matrículas 4-025858-000 y 4-231767-000, respectivamente con planos catastrados H-1681061-2013 y H-1519176-2011, localizadas ambas en "Zona Residencial de Baja Densidad" conforme al Plan Regulador de la Municipalidad de Belén, y que en dicha categoría urbanística los usos permitidos conforme al citado plan son: residencial, hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales y otros usos compatibles con el residencial solo se permitirán en sitios previamente definidos en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18.00 metros de derecho de vía o carretera nacional. Se manifiesta que el informe plasmado en MEMORANDO CTA-004-2020 del nueve de marzo de dos mil veinte determinó que cambiar el uso de los inmuebles de la actora a "oficinas, oficentros o para uso mixto comercial" obligaba a cumplir con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y obtener la aprobación de viabilidad ambiental del SETENA y que el informe DTO-105-2020/DJ -229-020 del veintiséis de junio de dos mil veinte concluyó que los certificados de uso de suelo 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019 del 29 de julio de 2019 fueron otorgados incorrectamente por la entidad actora y deberían ser declarados lesivos por el trámite correspondiente. Con fundamento en el estudio previamente citado el Concejo Municipal solicita el análisis de su asesor legal y este recomienda, mediante oficio MB-026-2020, aprobar un acuerdo que declare la lesividad, lo cual fue avalado por el mencionado órgano en Sesión Ordinaria No. 53-2020, Capítulo V, artículo 10, celebrada el veintidós de setiembre de dos mil veinte, ratificada el día veintinueve del mismo mes y año. Se expone en la demanda que el otorgamiento de los tres certificados de uso de suelo contraviene el principio de legalidad, por cuanto indican la posibilidad de llevar a cabo actividades comerciales que no son compatibles con lo que estipula el Plan Regulador, en otras palabras, no comprendidas dentro de los usos permitidos para "Zona Residencial de Baja Densidad". También se fundamenta la demanda planteada, conforme al escrito de interposición, en que los permisos emitidos violan el deber de motivación técnica de los actos administrativos, conforme al numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto los criterios cuestionados son contrarios a reglas técnicas por haberse considerado viables usos comerciales en una zona que no los permite, con lo cual se conculca las disposiciones de ordenamiento urbano y protección del medio ambiente, con tutela legal y constitucional. Se concluye con la indicación de haber sido cumplido en sede municipal todo lo referente a la declaratoria de lesividad conforme al numeral 34.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).

ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN.- La representación de la parte accionada indica en su comparencia al proceso que no se opone a la demanda y se allana a lo decidido por el Tribunal. Dentro de algunas aclaraciones realizadas se expone que dicha asociación religiosa ha tenido su sede en los inmuebles indicados en la demanda desde antes de la entrada en vigencia del plan regulador cantonal y que los certificados de uso de suelo no fueron solicitados por la accionada. En virtud de las prevenciones dictadas por el Despacho la representación de la accionada expone que se tenga por presentado su allanamiento y se proceda al dictado de sentencia.

IV.-

De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés:

Que el 16 de enero de 2019 la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén emitió el certificado de uso de suelo No. de Trámite 4851-2018, relativo a la finca 4-205858-000, ubicada en Zona Residencial de Baja Densidad y aprueba uso de suelo como "edificio de oficinas" (folio 49, frente y vuelto, del expediente administrativo).

Que el 29 de julio de 2019 la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén emitió el certificado de uso de suelo No. de Trámite 2683-2019, relativo a la finca 4-205858-000, ubicada en Zona Residencial de Baja Densidad y aprueba uso de suelo como "centro educativo" (folio 50, frente y vuelto, y 51 frente del expediente administrativo).

Que el 29 de julio de 2019 la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén emitió el certificado de uso de suelo No. de Trámite 2684-2019, relativo a la finca 4-231767-000, ubicada en Zona Residencial de Baja Densidad y aprueba uso de suelo como "centro educativo" (folio 51 vuelto, y 52 frente y vuelto del expediente administrativo).

Que el Concejo Municipal de Belén, mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No. 71-2020, realizada el 7 de diciembre de 2020 y ratificada el 10 de diciembre de 2020, Capítulo IV, artículo 15, dispuso: "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.

Ratificar lo acordado en el Oficio MB-026-2020 del Asesor Legal Luis Álvarez presentado en el acta de la Sesión Ordinaria 53-2020, celebrada el 22 de setiembre de 2020, artículo

10.

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se declaran lesivos a los intereses públicos los certificados de uso de suelo No. 4851-2019, del 16 de enero de 2019, 2683-2019, del 29 de julio de 2019 y 2684-2019, del 29 de julio de 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000.

Se instruye al Alcalde Municipal para que presente las acciones judiciales requeridas para demandar la anulación de dichos actos administrativos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran sus efectos.

Igualmente se le instruye al alcalde municipal que prevea el contenido presupuestario necesario para afrontar las consecuencias económicas que de dicho proceso puedan generarse" (imagen 86, frente y vuelto, del expediente administrativo, correspondiente a oficio 7115/2020 del 11 de diciembre de 2020).

Que para completar la motivación de su previo acuerdo el Concejo Municipal de Belén, mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria No. 38-2021, realizada el 29 de junio de 2021 y ratificada el 6 de julio de 2021, Capítulo IV, artículo 14, dispuso: "SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Reiterar y confirmar el acuerdo plasmado en la Sesión Ordinaria No 71-2020 celebrada el siete de diciembre de 2020, ratificada el diez del mismo mes y año.

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se declaran lesivos a los intereses públicos los certificados de uso de suelo No. 4851-2019, del 16 de enero de 2019, 2683-2019, del 29 de julio de 2019 y 2684-2019, del 29 de julio de 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén a favor de las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000.

Se instruye al Alcalde Municipal para que presente las acciones judiciales requeridas para demandar la anulación de dichos actos administrativos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para lo cual se aclara que dichos actos contienen vicios de nulidad absoluta y hasta el día de hoy perduran sus efectos.

Se dispensa del trámite de comisión" (imagen 87 frente a 90 frente del expediente administrativo, correspondiente a oficio 73814/2021 del 7 de julio de 2021).

Que la demanda que origina este proceso se plantea en sede judicial el 13 de julio del 2021 (imágenes 1 a 14 del expediente judicial).

Que a la fecha de emisión de este pronunciamiento la sociedad accionada es propietaria registral de las fincas inscritas en el Sistema Folio Real, Partido de Heredia, matrículas 4-205858-000 y 4-231767-000 (consulta a la página oficial del Registro Nacional).

HECHOS NO PROBADOS.- Para la resolución de este asunto no existen hechos relevantes carentes de demostración.

SOBRE EL PROCESO DE LESIVIDAD COMO MECANISMO DE SUPRESIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES. De manera general, se debe indicar que este proceso constituye un mecanismo jurisdiccional en virtud del cual la Administración pretende la supresión de un acto propio que genera efectos favorables o declara derechos en favor de un administrado. Desde ese plano, en este tipo de contiendas, la lesividad es de corte subjetivo, en tanto se pretende la anulación de una conducta que concede un derecho subjetivo o en general, un beneficio al administrado. Por su contenido favorable, ese control exige la participación del destinatario de esa conducta específica en el proceso jurisdiccional, a efectos de que pueda ejercitar su derecho de defensa y contradictorio respecto de pretensiones que buscan la alteración de su situación jurídica. La lesividad se encuentra regulada en el artículo 34 del CPCA, norma que fija los elementos previos y regulaciones procesales de esta figura, en relación con los numerales 173 inciso 6) y 183 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). Desde la óptica de los presupuestos procesales, se imponen condiciones subjetivas, objetivas, procedimentales y temporales. En cuanto a la arista subjetiva, la legitimación activa se concede a la Administración emisora del acto cuestionado, en tanto que el legitimado pasivo es el receptor de los efectos de la conducta declarada lesiva, sea, quien obtiene sus bondades. En su arista objetiva, se debe atender a que la lesividad se constituye en un mecanismo de supresión jurídica de actos administrativos –favorables o declarativos de derechos– que sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico; sea, los actos que padezcan de algún nivel de invalidez, sea absoluta o relativa, en cualquiera de sus tipologías, conforme a lo dispuesto en los artículos 128, 158, 165 y concordantes de la LGAP. En lo que respecta al orden procedimental, la Administración debe declarar lesivo a los intereses públicos esa conducta, lo que debe ser establecido dentro de un marco de acciones internas de la Administración que son impostergables para formular la acción. En efecto, se impone que el jerarca máximo supremo de la Administración Pública respectiva declare la lesividad del acto, sea por lesión a intereses económicos, fiscales o de otra índole que se desprendan del interés público, para lo cual, ha de contar con un criterio jurídico-técnico de base que sustente esa determinación. A diferencia de otras figuras de supresión de conductas públicas (como es el caso de la nulidad oficiosa prevista en el artículo 173 LGAP), no requiere de audiencia al tercero, en tanto son acciones a lo interno de la Administración que buscan verificar la existencia expresa de voluntad administrativa emitida por el jerarca máximo, en el sentido de pretender la supresión del acto. Es dentro del proceso judicial que el tercero podrá establecer sus alegatos de defensa, por lo que la ausencia de su participación dentro de la fase administrativa para la declaratoria de lesividad no cercena en modo alguno su derecho al debido proceso o procedimiento administrativo. Ahora bien, cuando el acto emane del Estado, sea, de la Administración Central, la demanda solo podrá ser incoada por la Procuraduría General de la República (canon 16 del CPCA), previo pedimento del jerarca máximo supremo y previa declaratoria interna de lesividad, con detalle de los motivos de ese criterio. Lo anterior aplica igualmente cuando el acto lesivo dimane de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto ejerzan función administrativa. Tal representación se impone, además, en el caso de los actos del Poder Judicial emitidos en el ejercicio de su función administrativa, como es el caso de los actos dictados por el Consejo Superior, cuya lesividad debe declararse por la Corte Plena. Si es el caso de las Entidades Públicas Descentralizadas, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Debe aclararse que la pretensión anulatoria en virtud de declaratoria de lesividad no puede ser planteada por vía de contrademanda. Finalmente, en cuanto a la dimensión temporal, la normativa procesal vigente (artículo 34 del CPCA) establece, como regla general, un plazo de un año contado a partir del día hábil siguiente a su emisión (que no de su comunicación) para declarar lesivo el acto a los intereses públicos en sede administrativa. Lo anterior, salvo los supuestos en que el acto padeciere de nulidad absoluta y siga surtiendo efectos, en cuyo caso, al tenor de lo regulado por el ordinal 34 inciso 1) del CPCA, esa declaratoria interna puede hacerse mientras perduren tales efectos. En tal hipótesis, el año se computa desde el cese de los mismos y la sentencia que disponga la eventual nulidad, lo hará únicamente para la anulación e inaplicabilidad futura de la conducta anulada. Luego de esa declaratoria (y no a partir del vencimiento de ese primer año), se otorga un plazo de un año para plantear la acción contenciosa administrativa a modo de plazo fatal de caducidad, según lo estatuye el artículo 39 inciso e) del CPCA. En este punto, es necesario indicar que cualquier excepción a estas limitaciones temporales debe estar expresamente establecida una norma, al menos, de rango legal. Es el caso, por ejemplo, de las acciones referentes a la tutela de dominio público, caso en el que la acción de lesividad no está sujeta a plazo, según se deriva del artículo 34 inciso 2) del CPCA, en aplicación de la cláusula general de imprescriptibilidad de ese tipo de bienes, según se deriva del canon 261 del Código Civil. De esa manera, cuando existan normas legales que así lo dispongan expresamente, el plazo para declarar la lesividad que establece el ordinal 34 ibidem es inaplicable, lo que implica que puede promoverse este tipo de proceso en cualquier momento. De igual manera, en materia tributaria, el ordinal 41 inciso 2) del CPCA establece que el plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute, regulación que de manera expresa aplica incluso en el proceso de lesividad.

SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA LESIVIDAD EN EL CASO CONCRETO. En la especie, no existe oposición de la parte accionada a la lesividad declarada en sede administrativa y la pretensión de anulación en esta sede de las conductas objeto de este proceso, pero en criterio de este Tribunal, eso no inhibe a las autoridades judiciales de constatar que se cumple con los presupuestos de la declaratoria de nulidad que se peticiona. En primer lugar, en el caso concreto el marco subjetivo y el objetivo se ajustan a lo estipulado legal y jurisprudencialmente, por cuanto la parte promovente es la entidad pública involucrada como autora de la conducta sometida a examen jurisdiccional, la Municipalidad de Belén, y que la declaratoria de lesividad fue efectuada por el Concejo Municipal, órgano máximo competente para tal fin, y la parte accionada es la entidad jurídica propietaria de las dos fincas a las cuales se encuentran referidos los tres certificados de uso de suelo que se pide anular y previamente declarados lesivos a los intereses públicos. Nótese que para los efectos de legitimación pasiva, no modifica lo resuelto que los criterios sobre el uso de los terrenos propiedad de la accionada fuesen o no emitidos a solicitud de personas investidas por ella formalmente como sus representantes, o por terceras personas, porque solo la entidad propietaria de los inmuebles es quien podría percibir algún tipo de beneficio o alegar algún interés producto de la existencia de dichos criterios, pese a lo cual no se omite señalar que en tesis de principio los certificados de uso de suelo no se ha considerado que constituyan manifestaciones de la Administración constitutivas de derechos. En segundo lugar, lo referente al camino procedimental en el caso concreto se encuentra ajustado al ordenamiento aplicable. Se estima que los órganos competentes de la Administración llevaron a cabo las medidas indispensable, tales como recabar los criterios técnicos correspondientes, incluidos los jurídicos. Asimismo, se dictaron pronunciamientos claros, expresos y motivados sobre las conductas administrativas objeto de declaratoria de lesividad y en relación con las cuales se solicita la anulación en vía jurisdiccional, previa oportunidad de defensa concedida en esta sede a la entidad propietaria de los dos inmuebles, como se refirió en el punto precedente de este considerando. Nótese que resulta de especial importancia la aportación del expediente administrativo certificado, que contiene el pronunciamiento de la jerarquía municipal competente, el Concejo Municipal, y la referencia a la aprobación y ratificación de lo dispuesto en sesiones formales de ese órgano colegiado. En relación con este aspecto, el Despacho ratifica los motivos de nulidad absoluta tomados en consideración en sede administrativa para declarar la lesividad de los permisos de uso de suelo objeto señalados en el objeto de este proceso y acudir a sede jurisdiccional a peticionar su declaratoria de invalidez. Específicamente que los certificados de uso de suelo números 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019 del 29 de julio de 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén en relación con  las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000, localizadas ambas en "Zona Residencial de Baja Densidad" conforme al Plan Regulador de la Municipalidad de Belén, por cuanto para dicha categoría urbanística los usos permitidos conforme al citado plan son: residencial, hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales y otros usos compatibles con el residencial solo se permitirán en sitios previamente definidos en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18.00 metros de derecho de vía o carretera nacional. Adicionalmente a dicha incongruencia con la normativa municipal, un cambio en el uso que facultara actividades como  "oficinas, oficentros o para uso mixto comercial" o bien "centros educativos" únicamente habría sido posible al amparo del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana y mediante aprobación de viabilidad ambiental por parte del SETENA, todo lo cual en relación con los certificados objeto de este asunto no se cumplió, viciándose también de nulidad absoluta su contenido por ese motivo. En tercer lugar, correspondiente al orden temporal, conforme a los hechos probados, no se ha rebasado ningún plazo legal, con lo cual no se está en presencia de caducidad alguna que inhiba la procedencia de la petitoria formalizada en esta sede. Acorde con los hechos probados 1, 2 y 3, las conductas administrativas declaradas lesivas datan del 16 de enero y 29 de julio de 2019, pero debe ser tomado en consideración que las determinaciones para efectos urbanísticos u otros que contienen los tres documentos impugnados carecen de un punto de delimitación de su eficacia expreso en sus textos, tal y como un plazo de vigencia o término final, por lo cual se deben considerar las disposiciones normativas que rigen ese aspecto. Habida cuenta que las regulaciones municipales consultadas en el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) no estipulan nada sobre el plazo de vigencia de los certificados de uso de suelo emitidos por la entidad accionante, se debe acudir a lo señalado en el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, emitido el 15 de marzo de 2018 y vigente a partir del 31 de julio de 2018, en cuyo numeral 102 se establece: "Certificado de Uso de Suelo. Para el diseño y construcción de una edificación, se debe obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso del suelo, según las disposiciones y restricciones contenidas en el plan regulador vigente. La vigencia del certificado de uso de suelo debe ser por el tiempo que el plan regulador permanezca vigente y no se modifique. Cuando un plan regulador cambia o se modifica, la vigencia de los certificados de uso de suelo emitidos con anterioridad debe ser la indicada en el nuevo plan regulador; en caso que no se indique, debe ser de 2 años. / En caso de no contar con plan regulador, la municipalidad debe indicar los requerimientos establecidos en el presente Reglamento, según el tipo de edificación. / Todo certificado de uso de suelo debe señalar como mínimo el uso, retiros, cobertura, densidad, altura, frente y área mínima. Además, la municipalidad que lo emita debe indicar en el documento el periodo de vigencia" (el subrayado no es del original). Por ende, se concluye que al momento de dictarse el acuerdo municipal que declara lesivas las conductas objeto de este proceso estas desplegaban efectos, por lo cual en aras de la seguridad jurídica y para efectos de la institución cuyos presupuestos se analizan, se trata de conductas administrativas vigentes y habilitadas para la producción de efectos jurídicos, además, que los vicios que contienen, en particular la contravención del principio de legalidad administrativa en razón de su contenido, involucran un vicio de nulidad absoluta, por lo cual al amparo del numeral 34.1 del CPCA no existe caducidad alguna de la potestad administrativa de declararlos lesivos a los intereses públicos. Por ende, al producirse declaratoria de lesividad, el 7 de diciembre de 2020 y que se confirma por el Concejo Municipal el 10 de diciembre de 2020 (hecho probado número 4), queda determinado que se estaba en plazo para que se emitiera el acuerdo municipal, y también, tomando como base ese acuerdo se acudió en tiempo a la sede contencioso administrativa en fecha 13 de julio de 2021 (hecho probado número 6), es decir, dentro del plazo de un año que estipula el numeral 39.1, inciso e, del CPCA, contado desde la declaratoria en firme. Al margen de lo anterior, este Tribunal no puede dejar de señalar que no avala en modo alguno que una ratificación de la declaratoria de lesividad mediante acuerdo del órgano emisor pueda ser admisible para violentar el plazo legal establecido para plantear el respectivo proceso jurisdiccional de lesividad. En el presente caso, la ratificación que se da en julio de 2021 obviamente no tiene ese propósito, puesto que entre la emisión del pronunciamiento original y la presentación de la demanda transcurren menos de siete meses, y como consta en el segundo pronunciamiento del ente municipal (del 29 de junio de 2021 y confirmado el 6 de julio de 2021 como consta en el hecho probado número 5), la denominada ratificación se da para, sin variar el contenido de lo resuelto, completar aspectos omitidos por error en la motivación de lo resuelto, de ningún modo con miras a subsanar omisión alguna en el cumplimiento de plazos legales ineludibles. Conclusión: En virtud del análisis precedente, corresponde admitir las pretensiones planteadas y declarar lesivos a los intereses públicos los actos impugnados y en consecuencia, anular los certificados de uso de suelo números 4851-2019, del 16 de enero del 2019, 2683-2019, del 29 de julio del 2019 y 2684-2019 del 29 de julio de 2019, otorgados por la Municipalidad de Belén en relación con las fincas 4-205858-000 y 4-231767-000.

SOBRE LAS COSTAS. Según el artículo 193 del CPCA, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone al vencido solo por serlo. No obstante, en el presente asunto la propia parte promovente, al amparo del principio dispositivo, pidió que la condenatoria en costas a la parte demanda se plasmara únicamente si la contraparte se oponía a la pretensión, lo cual no sucedió. Por ende, lo que procede es resolver sin especial condenatoria en costas.