Resolución 05294-2018

1°—Por escrito recibido en la Secretaría de la

Sala a las 19:45 hrs. de 5 de mayo de 2017, el

accionante Luis Diego Castro Brenes, portador de la cédula de identidad N° 01-0501-0334, solicita se declare la

inconstitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de lo

Contencioso Administrativo, Sección II (expropiaciones), plasmada en los votos

Nos. 414-2016-II de las 10:35 hrs. de 20 de octubre

de 2016, 10-2017-II de las 15:15 hrs. de 18 de enero

de 2017 y 348-2016 de 30 de agosto de 2016. Alega que esos votos contienen

interpretaciones que, a su juicio, son violatorias del principio de legalidad,

debido proceso, inderogabilidad de las normas, justicia pronta y cumplida y propiedad

privada, contenidos en los artículos 11, 39, 41, 45 y 129 de la Constitución

Política. Señala, a efectos de admisibilidad de la acción, que se encuentra

pendiente el proceso de expropiación –expediente N°

14-000167-1028-CA, promovido por el Estado en su contra, como dueño del derecho

comercial Soda D’Castro. Precisa que dicho proceso se

encuentra con apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia,

ante la sección II del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso

Administrativo, autoridad que ha venido dictando la jurisprudencia cuestionada.

Manifiesta que los referidos votos indican que no cabe la indemnización de los

derechos comerciales por la vía de expropiación, para lo cual aducen que no

existe despojo del derecho, como sí ocurre en relación con el inmueble o

terreno expropiado. El Tribunal interpreta que no se está ante un tema de “justi precio por expropiación” de manera que, si no se

está de acuerdo con la suma acordada por el Estado como un acto de liberaridad, el afectado deberá discutirlo en la vía

ordinaria, no en el proceso de expropiación. A juicio del Tribunal, se trata de

daños ocasionados por una conducta lícita y no una expropiación. Señala que el

criterio del Tribunal, plasmado en los votos indicados, incurre en el error de

no entrar a discutir el precio de los derechos comerciales en la instancia de

apelación, acogiendo el avalúo administrativo porque, según el Tribunal, no les

queda más que hacerlo así. Estima más grave la interpretación contenida en el

voto N° 348-2016 de 30 de agosto de 2016, que excluye

de la indemnización de los derechos comerciales, el derecho de llave y el lucro

cesante, aduciendo que hay una extralimitación de facultades y que soslaya el

derecho contenido en el artículo 194 de la Ley General de la Administración

Pública. Esta disposición, expresamente, prohíbe el lucro cesante para el caso

de reclamos de daños por conducta lícita de la Administración Pública.

Considera violado el artículo 33 de la Constitución Política, pues hay un

tratamiento desigual respecto al método que se utiliza para indemnizar al dueño

de un derecho comercial que está siendo afectado con la expropiación, versus el

dueño del inmueble expropiado. Considera que tanto el dueño del terreno como el

dueño de un derecho comercial, que se está explotando, son afectados por un

mismo motivo de interés público que obliga a expropiar y privar a los

propietarios y dueños comerciales de disfrutar el bien, sea tangible o

intangible. Insiste que no se encuentra fundamento jurídico para hacer un trato

diferenciado, que obligue al dueño del derecho comercial a tener que irse a la

vía más larga para reclamar la indemnización de su derecho comercial; mientras

que, el dueño del inmueble sí es indemnizado en forma previa, por la vía del

proceso sumario de expropiación. En relación con la alegada violación del

artículo 41 constitucional, señala que obligar al administrado, propietario de

un derecho comercial, a que acuda a reclamar el pago de los daños causados por

la afectación de su derecho a través de un ordinario contencioso, y no pagarlo

por vía del sumario de expropiación, es impedirle obtener justicia pronta y

cumplida. La Ley de Expropiaciones, continúa, dispone en el artículo 22, inciso

e), el deber del perito de valorar los derechos comerciales; es parte de la

afectación que se debe indemnizar previo avalúo de parte del Estado. En

consecuencia, manifiesta que no comprende el motivo por el cual se obliga al

administrado a recurrir al proceso ordinario en el caso de no estar de acuerdo

con el valor que se reconoce. Manifiesta que los derechos comerciales y

cualquier otro derecho patrimonial de los administrados, están incluidos en el

artículo 45 constitucional como garantía de protección. Precisa que si bien el

administrado afectado mantiene su derecho, no conserva la ubicación geográfica

y demográfica para explotarlo; de ahí que deba ser indemnizado por esa

afectación, por la vía sumaria de la expropiación. Forzar al administrado a

presentar un reclamo en la vía ordinaria, en caso de no estar de acuerdo con el

monto establecido para discutir su derecho, es una forma oculta de presionar al

afectado para que acepte un precio que no le corresponde en lugar de iniciar un

ordinario contencioso, que es el proceso jurisdiccional más largo. La jurisprudencia

impugnada desaplica, bajo un criterio de interpretación errada, la Ley de

Expropiaciones N° 7495, violentando el principio de

legalidad; en el tanto, dicha norma, que es especial, dispone que el Estado

debe indemnizar no sólo la adquisición de bienes inmuebles o muebles, sino

también derechos tangibles o intangibles. Aclara que, según el criterio de la

jurisprudencia accionada, se debe recurrir a otro procedimiento (ordinario) y

no al sumario (expropiación) para el pago de indemnizaciones originadas por

trámites de expropiación que tienen una ley especial que les regula. De haber

querido el legislador que los administrados afectados por la expropiación,

diferentes al titular de la propiedad, acudieran a otra vía a reclamar sus

derechos, no tendría sentido lo regulado en los artículos 1°, 13 y 22, inciso

e), de la Ley de Expropiaciones. Tal indemnización no está excluida de la Ley

de Expropiaciones, puesto que aquella debe estar ajustada al artículo 45

constitucional y la Ley de Expropiaciones, expresamente, contempla el derecho

de indemnizar los derechos comerciales. Manifiesta que ninguna de sus

disposiciones, dispone que si el propietario de un derecho comercial no está de

acuerdo con el precio ofrecido, deberá recurrir a la vía ordinaria a reclamar el

precio y el pago de los daños y perjuicios. Estima que el criterio

jurisprudencial impugnado lesiona el principio del debido proceso, pues obliga

al propietario a acudir a otra vía y otro procedimiento, para lograr el pago de

la afectación por daños y perjuicios producto de la privación de derechos

comerciales. También estima lesionado el principio de inderogabilidad de las

normas, contenido en el artículo 129 constitucional. No es válido que a través

de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso, Sección II, y

no mediante ley o reforma emitida por la Asamblea Legislativa, se deje sin

efecto lo dispuesto en los artículos 1°, 13, 21 y 22, inciso e), de la Ley de

Expropiaciones Nos. 7495 y 9286. En relación al principio de reserva de ley, sostiene

que en materia de afectación y limitación de derechos, debe estarse a lo que

disponga la ley, en este caso, la ley especial de Expropiaciones. Aprecia que

no puede un Tribunal hacer una interpretación que se aparte de lo que dispone

dicha normativa, excluyendo la indemnización de derechos comerciales dentro del

proceso sumario de expropiación, bajo el argumento que no son expropiaciones

sino, solamente, afectaciones. Asevera que la ley es clara en su artículo 1° al

regular la expropiación forzosa por causa de interés público, señalando que

“comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada, o de derechos

o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que sean sus titulares,

mediante el pago de una indemnización que represente el precio justo de lo

expropiado”. Insiste que en materia de afectación y limitación de derechos,

debe respetarse la ley, en este caso, la Ley de Expropiaciones. Considera

lesionado el principio de contenido esencial del derecho. A su juicio, basta

con una privación o afectación grave de derechos patrimoniales, comerciales,

para que, también, se tenga como una expropiación forzosa de los bienes o

derechos, aunque no exista adquisición por parte del Estado, solo afectación.

El administrado no tiene que soportar el cierre de su negocio sin una

indemnización previa y tiene derecho, como lo tiene el propietario del

inmueble, a no estar de acuerdo y no aceptar el avalúo, sin que por esto esté

impedido de recibir el depósito del avalúo hecho por el Estado, mientras en el proceso

de expropiación se discute el valor real de su afectación. No permitirle el

reclamo del justiprecio en vía del proceso sumario de expropiación, aduciendo

que se trata de daños reclamables en la vía del ordinario contencioso, es

vaciar el contenido esencial de su derecho garantizado en el artículo 45

constitucional, que prevé la indemnización previa en caso de violación o

afectación al derecho de propiedad y demás derechos. El actor considera

lesionado, también, el principio de razonabilidad, pues debe haber concordancia

de los criterios vertidos con las leyes y valores constitucionales. Lo cual, en

su criterio, no se cumple en el caso de la jurisprudencia cuestionada, ya que,

no existe razonabilidad entre los principios constitucionales sobre el derecho

de propiedad, inviolabilidad e indemnización previa en caso de afectación o

privación del derecho de propiedad (derechos patrimoniales tangibles e

intangibles). También estima que se lesiona el principio constitucional de

seguridad jurídica, pues la interpretación cuestionada se hace ignorando lo que

dispone la Ley de Expropiaciones. Por último, el criterio cuestionado atenta

contra la libertad de comercio y trabajo, pues aducir que el Estado o la

Administración Pública pueden limitar por conducta lícita, motivado en un

interés público, los derechos comerciales sin indemnización previa, debiendo el

administrado reclamar en la vía ordinaria los daños y perjuicios ocasionados

por el cierre del negocio, es atentar contra el derecho del trabajo y la

libertad de comercio. Argumenta que no hay razones válidas que justifiquen que

el principio de buena fe que rige las relaciones entre la Administración

Pública y los administrados, no rija en los supuestos de afectación de derechos

comerciales por motivos de expropiación de bienes inmuebles. Solicita se acoja

la acción y se declare inconstitucional el criterio vertido por la sección II

del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

2°—A efecto de fundamentar la legitimación que ostenta para promover esta

acción de inconstitucionalidad, el accionante cita el expediente N° 14-000167-1028-CA, que corresponde a un proceso de

expropiación del Estado contra Luis Diego Castro Brenes, en el que se invocó la

inconstitucionalidad de la jurisprudencia impugnada.

3°—En fecha 15 de mayo de 2017 se requirió ante el Tribunal de

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo

Circuito Judicial de San José la remisión del expediente judicial N° 14-000167-1028-CA que es proceso de expropiación del

Estado contra Luis Diego Castro Brenes.

4°—A las 10:20 hrs. de 16 de mayo de 2017 se

recibió en la Secretaría de la Sala el expediente judicial solicitado.

5°—El 7 de junio de 2017 se presentó un pronto despacho de este proceso

de constitucionalidad.

6°—Por resolución de las 14:15 hrs. de 26 de

junio de 2017 se le dio curso a esta acción de inconstitucionalidad y se

confirió audiencia a la Procuraduría General de la República y al Tribunal de

Apelaciones de lo Contencioso. Administrativo, Sección II.

7°—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81, de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional, fueron publicados en los Nos. 128,

129 y 130 del Boletín Judicial, de los días 6, 7 y 10 de julio de 2017,

respectivamente.

8°—Por sentencia N° 2017-010896 de las 9:20 hrs. de 12 de julio de 2017, se acumuló a esta acción la

que se tramitó bajo el expediente N°

17-010052-0007-CO.

9°—En el memorial de interposición de la acción de inconstitucionalidad N° 17-0010052-0007-CO, se apersonó Gustavo Alonso Castro

Solé, cédula de identidad No. 1-1202-0769, en representación de Exclusive Cars

Importaciones S. A., cédula jurídica N° 3-101-507382,

contra la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de lo

Contencioso-Administrativo, Sección II, plasmada en los votos Nos. 414-2016-II

de las 10:35 hrs. de 20 de octubre de 2016,

10-2017-II de las 15:15 hrs. de 18 de enero de 2017 y

348-2016 de 30 de agosto de 2016. Reitera los mismos argumentos planteados en

el libelo de interposición de la acción de inconstitucionalidad N° 17-006916-0007-CO.

10.—Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de julio

de 2017, Julio Alberto Jurado Fernández, en su condición de Procurador General

de la República, contestó la audiencia conferida. Manifestó que la acción

impugnada no es un medio razonable para la defensa del derecho del actor.

Precisó que, si bien la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones ha indicado

que no es procedente indemnizar, por concepto de expropiación, a las personas

titulares de derechos comerciales que han sufrido algún daño como resultado, a

su vez, de la expropiación de los inmuebles que servían para operar sus

establecimientos comerciales, lo cierto es que dichas consideraciones y razones

no podrían tener un efecto directo, ni indirecto, en el caso del actor. Destaca

que el asunto previo invocado es el expediente de proceso especial de

expropiaciones N° 14-167-1028-CA tramitado ante el

Juzgado Contencioso Administrativo, en el cual se discute la fijación del

justiprecio correspondiente a la expropiación practicada por Acuerdo Ejecutivo N° 17-MOPT de 5 de febrero de 2014, dictado por el Poder

Ejecutivo y que dispuso la expropiación de los derechos comerciales del señor

actor en su condición de propietario del establecimiento comercial soda D’

Castro. Esta expropiación fue declarada de interés público por resolución N° 2517 de 6 de diciembre de 2012. En consecuencia, lo que

se discute en el expediente N° 14-167-1028-CA, es la

revisión del avalúo administrativo realizado por la Administración N° 2014-001 de 14 de enero de 2014 y que consta en el

expediente administrativo N° 28.770. Indicó que la

propia Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones ha indicado que dicho órgano

tiene el deber de circunscribirse a resolver los agravios que formule quien

apele y a determinar el respectivo justiprecio, sin que tengan potestades para

anular los actos administrativos que hubiesen expropiado los correspondientes

derechos comerciales. Apreció que el criterio jurisprudencial impugnado, no

tiene la virtud de afectar ni de ser de aplicación en el asunto previo del

actor, pues, el proceso que se invoca como tal, es un proceso especial de

expropiación, cuyo objeto se circunscribe a la revisión jurisdiccional del

avalúo administrativo, sin que el Tribunal de Apelaciones, como, tampoco, el

Juzgado Contencioso Administrativo, tengan las competencias y potestades para

anular el acto administrativo que expropió los derechos comerciales del actor.

Considera que es evidente que la acción no es un medio razonable para defender

el derecho discutido en el asunto previo invocado por el actor y la acción de

inconstitucionalidad resulta, entonces, inadmisible. Aclara que el criterio

aquí impugnado de la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones no ha hallado

eco en la Sección Primera de ese mismo Tribunal, por lo que las sentencias

invocadas por el actor no pueden ser consideradas, en sentido propio, como

jurisprudencia pues no se trata de un criterio adoptado, de modo conforme ni

consistente, por ambas secciones del órgano de alzada en materia de

procedimiento especial de expropiaciones. Ahora bien, resalta que, a pesar de

la inadmisibilidad de la acción, el asunto objeto de la misma es de interés

público, pues a pesar de que el criterio expresado por la Sección Segunda del Tribunal

de Apelaciones tiene un carácter de obiter dicta, lo

cierto es que dicho criterio ha provocado mucha incertidumbre, al punto que la

Coordinación de la Unidad de Tasación del MOPT ha indicado que no haría más

avalúos para efectos de expropiación. En cuanto al fondo, expresó que en

criterio de la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso

Administrativo, no es procedente la expropiación de derechos comerciales,

porque cuando la administración acuerda indemnizar dichos derechos, el efecto

no es, propiamente, un despojo porque la administración no se adjudica o

apodera de dichos derechos comerciales. La Sección Segunda entiende que la

privación de esos cabe más dentro de la categoría de daños y que, por supuesto,

deben ser indemnizados, pero no a través del instituto de la expropiación ni

por medio de un proceso especial de expropiación, sino a través del proceso de

conocimiento ordinario ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Estimó

que el problema del criterio expuesto por la Sección Segunda del Tribunal de

Apelaciones es que parte de un concepto muy restringido de lo que constituye

una expropiación, pues para los jueces que integran dicho panel, sólo habría

expropiación si la administración se apodera o adjudica el bien indemnizado

para utilizarlo, a su vez, para un fin público. Agregó que por expropiación se

debe entender aquel acto imperativo del Estado que priva unilateral y,

coactivamente, a una persona de un determinado derecho de propiedad, como lo ha

entendido la jurisprudencia constitucional (Sentencias Nos. 4878-02, 5097-1993,

1551-1998 y 7856-2007). Manifestó que no, necesariamente, el fin público que el

Estado persigue con la expropiación de un bien, se satisface con el hecho que

aquel se apodere de éste para utilizarlo, pues existen especies en que el fin

público exige más bien que el bien expropiado sea destruido o eliminado.

Precisó que la Ley de Expropiaciones, desde su artículo 1°, prevé y

habilita a la administración pública para expropiar derechos, incluyendo los

derechos comerciales. Aclaró que cuando la administración expropia un derecho

comercial, su finalidad, usualmente, no reside en apropiarse del mismo, pues,

normalmente, se trata de derechos relacionados con establecimientos comerciales

que funcionan en inmuebles que, asimismo, la misma administración desea

expropiar para realizar una obra pública de interés general. Insistió que el

yerro de los criterios de la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones

consiste en que su concepto del instituto de la expropiación es muy estrecho;

lo cual implicaría una lesión del artículo 45 constitucional, no sólo porque la

finalidad de la expropiación puede ser más amplia de lo que supone dicha

Sección, sino porque el concepto implícito de la garantía de la propiedad privada

que tiene dicho panel de jueces supondría un debilitamiento de dicha garantía

constitucional. Siguiendo el razonamiento de la Sección Segunda del Tribunal de

Apelaciones, los derechos comerciales no se encontrarían protegidos bajo la

garantía de la propiedad privada-artículo 45 constitucional- y el Estado,

entonces, podría suprimirlos sin necesidad de comprobar el interés

público-mediante acuerdo ejecutivo- ni de indemnizarlo, previamente. Advirtió

que las formas de propiedad privada tienden a evolucionar, de tal modo que hoy

se admite que la propiedad privada comprende los derechos patrimoniales de las

personas sobre cosas y bienes, incluidos aquellos de carácter inmaterial; todas

estas formas se encuentran protegidas por el artículo 45 constitucional sin

perjuicio del régimen legal de cada una y de la protección especial que el

numeral 47 constitucional dispensa a la propiedad intelectual.

Estima que la tesis adoptada por la Sección Segunda del Tribunal de

Apelaciones de lo Contencioso no resulta conforme con el artículo 45

constitucional, en el sentido que excluiría una determinada forma de propiedad,

sea los derechos comerciales, de la protección y garantía del artículo 45

constitucional. Esto en el tanto, implícitamente, se estaría admitiendo que la

administración en orden a privar a una persona de sus derechos comerciales no

necesitaría acudir al proceso especial de expropiación, ni comprobar,

legalmente, el interés público ni indemnizarlo, previamente. Manifestó que la

garantía constitucional de la previa indemnización exige que la ley desarrolle,

a su vez, un procedimiento útil para que la persona pueda discutir el

justiprecio, pues sin la existencia de dicho procedimiento, se podría hacer

nugatoria aquella garantía. Así, el legislador ha desarrollado el denominado

proceso especial de expropiación cuyo objeto es revisar el avalúo

administrativo, con el fin de establecer y fijar el monto final de la

indemnización. Citó la sentencia N° 4878-02 de la

Sala Constitucional. Señaló que el criterio adoptado por la Sección Segunda del

Tribunal de Apelaciones tendría por efecto práctico que los titulares de

derechos comerciales no estarían protegidos por la garantía que supone el

proceso especial de expropiación ni por el instituto de la indemnización previa.

Reiteró que el criterio impugnado por el actor desconoce tanto la garantía

constitucional de la indemnización previa como la garantía procedimental del

proceso de justiprecio. Precisó que el poder acudir a un proceso de

conocimiento por responsabilidad civil del Estado, otorgado a los titulares de

derechos comerciales no subsana la desmejora en la tutela de sus derechos de

propiedad ni supone un remedio aceptable ni razonable, pues no recibirían la

garantía de la indemnización previa. Insistió que la privación de derechos

comerciales constituye una forma de expropiación por lo que en dicha materia

son de aplicación todas las garantías del artículo 45 constitucional y el

proceso especial de expropiación para determinar el justiprecio; la concreción

de cuáles elementos son constitutivos del justiprecio es un asunto, en

principio, de mera legalidad. Concluye que la cuestión constitucional que se ha

planteado en esta acción es de gran interés público, a pesar de que la misma no

constituya un medio razonable de defensa; además, que el criterio expuesto por

la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo

en las sentencias Nos. 414-2016, 10-2017 y 348-2016, es inconstitucional por

quebrantar el artículo 45 de la Constitución Política.

11.—Por oficio N° 510-2017-TACACH, del 20 de

julio de 2017, recibido en la secretaria de la Sala el 21de julio de 2017,

Fernando Alberto Gamboa Calvo y Julio Alberto Cordero Mora, integrantes de la

Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda, contestaron la audiencia conferida. Aclararon que no han

descartado la posibilidad de indemnizar los derechos comerciales durante un

proceso de expropiación. Precisaron que la posición, aquí cuestionada, ha consistido

en descartar el reconocimiento de indemnizaciones por rubros que se apartan de

la naturaleza jurídica del instituto de los derechos comerciales, siempre

manteniendo como norte la tutela del derecho de propiedad en los términos del

ordinal 45 constitucional. Refiere que no se excluye el resarcimiento de los

derechos comerciales en una expropiación; por el contrario, se concluye por el

Tribunal que su indemnización es propia de este tipo de procesos. Manifestaron

que todo el planteamiento del accionante se apoya en una afirmación no acorde

con la postura jurídica de ese Tribunal; los extractos que cita nunca indican

que los derechos comerciales no se reconocen, sino que refiere a eventuales

daños que, por su naturaleza jurídica, deberían ser reclamados en otra vía que,

de manera errada, el accionante, de mutu

proprio, decide titularlos como derechos comerciales, cuando no lo son. Por

esto, afirman, al no reconocer extremos que no detentan la naturaleza de

derechos comerciales (como prestaciones laborales cuotas de la Caja

Costarricense de Seguro Social, lucro cesante y otros) no implica que se niega

la posibilidad de indemnizar derechos comerciales, sino que desde una óptica

técnico-jurídica, se realiza una confrontación de lo evaluado, pericialmente,

con lo dispuesto por el legislador.

Aclararon que los derechos comerciales fueron, expresamente,

contemplados y resarcidos, declinándose, únicamente, el reconocimiento

económico, superior al avalúo administrativo cuando, pese a no corresponder,

técnicamente, a derechos comerciales, se les dio esa calificación por la

administración expropiante. Citaron como ejemplo el reconocimiento de

prestaciones legales de los trabajadores, cuya naturaleza dista en mucho de un

derecho comercial y alquileres del nuevo local comercial, sin siquiera

demostrar la ruptura del vínculo laboral y, menos aún, que los trabajadores

hubieren recibido tales dineros. Indicaron que el Tribunal de Apelaciones de lo

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Segunda, resolvió en

alzada los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de primera

instancia dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, fijando el justiprecio en los expedientes que dieron origen a los

votos aquí cuestionados. Resaltaron lo estipulado en el numeral 22, inciso e),

de la Ley de Expropiaciones, según el cual, para resarcir un derecho comercial

expropiable, debe acudirse a la ley y a la doctrina para entender cuáles

aspectos quedan comprendidos dentro del concepto. Afirma que la norma

constitucional y la legal imponen el deber de indemnizar, para lo cual, el

expropiante debe responder, siempre y cuando se trate de un sujeto pasivo de

los previstos por el legislador ordinario y que, además, abarque los elementos

intrínsecos que distinguen a la figura de los derechos comerciales, dispuestos

en la legislación. Estos aspectos de legalidad ordinaria son los que dan

sustento a la posición asumida por el Tribunal. Aclararon que en el expediente N° 13-000297-1028-CA -voto N°

348-2016-II-, se tomó en cuenta que el expropiante concedió el ítem de “diferencia

inquilinaria”, sin cuestionar la existencia de un

vínculo de arrendamiento entre el expropiante y el expropiado. Al hacerlo así,

se evitó la discusión en torno a la ausencia de características de sujeto

pasivo de la expropiación. La sentencia apelada por el expropiado había

confirmado el avalúo administrativo aduciendo razones de credibilidad del

peritaje, para desacreditarlo y así coincidir con lo dispuesto en dicho avalúo.

El Tribunal de Apelaciones explicó que se confirmaría la sentencia al no

existir otra alternativa viable. Explicó que la indemnización, cuya cuantía el

expropiado intentaba aumentar mediante la revisión de alzada, contemplaba ítems

que no correspondían, según los lineamientos de la Ley de Expropiaciones, a

derechos comerciales sino a extremos discutibles en un reclamo por

responsabilidad. No obstante, al estar incluidos en el avalúo administrativo,

confirmado en primera instancia, el Tribunal no podía negarlos. En cuanto al

segundo caso expediente N° 13-001177-1028-CA -voto N° 10-2017-II- consideró que el sujeto pasivo no era

titular del bien, ni arrendatario o inquilino del inmueble afectado por la

potestad expropiatoria y los rubros indemnizados no correspondían a un derecho

comercial, en la forma dispuesta por ley. De esta manera los elementos

denominados lucro cesante, salarios caídos, gastos y pérdidas por traslado,

crédito mercantil, diferencia inquilinaria, mejoras

no removibles, mejoras del nuevo local al que se trasladaría el administrado,

papelería y publicidad, no estaban contempladas en la definición de “derechos

comerciales” y sus características. El Tribunal razonó que, ante la

ausencia de requisitos en cuanto al sujeto pasivo y el contenido de los “derechos

comerciales indemnizados”, el acto de liberalidad de la administración a

favor del administrado no podía ser desconocido. Esto llevó a establecer que la

obligación dineraria sería el equivalente a la suma que en sede administrativa

dispuso el expropiante, al acordar su deseo de entregarle ese monto a la

contraparte. En el expediente N°

13-001174-1028-CA-voto N° 414-2016-II- el Tribunal

entró a conocer el recurso de apelación de la parte expropiada, mientras que el

Estado no apeló. La sentencia venida en alzada fijó una indemnización,

concediendo el pago por los rubros de lucro cesante, salarios caídos, traslado

de mercadería y maquinaria del local, reposición de la papelería del local

comercial, elaboración de volantes publicitarios y publicación de 10 anuncios

en un diario de circulación nacional. Precisaron que al analizarse el recurso

de la parte expropiada, se evidencia que el interesado no es titular de la nuda

propiedad, ni, tampoco, posee un vínculo de arrendamiento con aquél, por lo que

no se encuentran las características propias del sujeto pasivo de la

expropiación; mientras que los rubros indemnizados caen en el mismo problema de

enfoque jurídico ya comentado. Estimaron que los 3 antecedentes evidencian la

confusión que impera en el accionante respecto del alcance de una indemnización

cuya causa sea la expropiación de un bien o un derecho, sin diferenciar otras

modalidades de resarcimiento ajenas al proceso especial en comentario, y que no

obedecen a los elementos que conforman el justiprecio, sino a extremos que el

accionante considera le generan lesión, empero, su resarcimiento requiere la

existencia del contradictorio en pleno y el cumplimiento del artículo 196 de la

Ley General de la Administración Pública. Manifestaron que el numeral 45

constitucional ordena la indemnización previa conforme a la ley y el artículo

41 constitucional la obligación de reparar, integralmente, el daño, sin que

esto implique el reconocimiento incuestionado de cada uno de los extremos que

pretenda el expropiado y, mucho menos, se imposibilite al juez la confrontación

de lo pretendido con el ordenamiento jurídico. La única excepción, continuaron,

sería el reconocimiento por parte de la administración, mediante avalúo

administrativo, de extremos que resultan improcedentes, ya que, en dicha

circunstancia, aquellos deben otorgarse, tal y como ha sucedido en estos

asuntos. Sostuvieron que los denominados derechos comerciales se indemnizan en

un proceso expropiatorio, siempre y cuando la administración los afecte siempre

con la obligación que lo indemnizado comprenda los elementos a que refiere el

artículo 22, inciso e), de Ley de Expropiaciones. Aclararon que los expropiados

(al igual que el accionante) reconocen que mantendrán -bajo su esfera de derechos

(a título de dueño)- la actividad comercial a la que se dedican, en conjunto

con el nombre del establecimiento y sus demás atributos y, de esta manera,

confirman que no están realmente, frente a una privación de derechos

comerciales, sino que se sienten lesionados por tener que cambiar de “punto

comercial”, pretendiendo, entonces, la indemnización de daños hipotéticos y

eventuales, que giran sobre la expectativa personal (hecho futuro e incierto).

Sobre esa idea, el Estado indemnizó el referido lucro cesante, salarios y

aportes patronales, traslado de mercadería y mobiliario, gastos de papelería y

publicidad, para cuyo fin impulsó las diligencias de fijación de justiprecio,

previa declaratoria de interés público, la emisión de un acuerdo expropiatorio

y la realización de un avalúo administrativo. Señalaron que el Tribunal, en

dichos antecedentes y para cada caso en concreto, reiteró que el administrado

obtuvo una suma indemnizatoria a título de justiprecio, sin negar el acceso a

la justicia sino dejando en evidencia las diferencias sustanciales que

caracterizan un juicio de conocimiento en el que sería necesario comprobar un

eventual daño paralelo por la conducta del expropiante en los términos que

afirma la persona expropiada, frente a un proceso para fijar un justiprecio, en

una expropiación. Concluyeron que el Tribunal plasmó el criterio que los

derechos comerciales resultan susceptibles de ser indemnizados, aclarando que

es necesaria la satisfacción de los elementos que al menos la doctrina y la

legislación determinan para ser catalogados como tales; el término

técnico-legal no contempla como elemento distintivo conceptual, al lucro

cesante, los salarios de los trabajadores, mientras se encuentren “inactivos”

o las liquidaciones laborales, los distintos aportes patronales que deben

rendir por esa condición, el traslado de la mercadería o de los inventarios y

el mobiliario hacia el nuevo local, donde continuará ofreciendo la misma

actividad comercial de la que no sufrió privación o desposesión, los gastos de

papelería, la publicidad o la publicación de anuncios, entre otros. Reiteraron

que tales rubros resultarían ajenos al marco de un proceso de fijación de

justiprecio en una diligencia de expropiación, no sólo porque no se trata,

técnicamente, de derechos comerciales, sino, además, porque lo que se busca es

la imposición de una responsabilidad futura en torno a una actividad que el

expropiado continuará ejerciendo y lucrando, libremente. Concluyen que el

Tribunal sólo expuso su parecer en torno a la ley y, en todos estos casos, el

expropiado obtuvo un pronunciamiento judicial fijando un justiprecio, fueron

reconocidos los derechos comerciales, en tanto fueran afectados y la exclusión

se limitó a aquellos tópicos no propios de un proceso de expropiación.

12.—Mediante escrito de 27 de julio de 2017, se apersonó al proceso

Claudio Adrián Paniagua Gamboa en su condición de Presidente con facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma de Tierra Feliz del Caribe S. A.

Solicita que se le tenga como coadyuvante activo de este proceso de

constitucionalidad promovida contra la jurisprudencia del Tribunal de

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en cuanto determina que no cabe la

indemnización derechos comerciales por la vía de expropiación. El proceso de expropiación

indicado se dirige contra el Banco Agrícola de Cartago en su condición de

propietario fiduciario de la finca inscrita en el Registro Inmobiliario bajo

matrícula N° 96192-000 del Partido de Limón y el

objeto expropiado son los derechos comerciales que se desarrollan en dicho

inmueble. Dentro del proceso su representada figura como tercera interesada en

razón que es fideicomitente en el fideicomiso de garantía denominado Tierra

Feliz BCR Dos Mil Siete. Otorga poder especial a Carlos Eduardo Quesada

Hernández para que lo represente en el proceso.

13.—Mediante memorial de 27 de julio de 2017 el señor Carlos Quesada

aportó certificación de piezas del expediente de expropiación.

14.—Por oficio de 19 de marzo de 2018 se solicitó el expediente judicial

N° 13-001176-1028-CA.

15.—En la sustanciación del proceso, se han observado las prescripciones

de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

I.—De previo. Mediante memorial de 27 de

julio de 2017 se apersonó al proceso Claudio Adrián Paniagua Gamboa en su

condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de

suma de Tierra Feliz del Caribe S. A., solicitó que se le tenga como

coadyuvante activo de este proceso de constitucionalidad. Alega figurar como

tercero interesado en un proceso de expropiación que se tramita en el Juzgado

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda bajo el expediente N° 15-832-1028-CA. Estima este Tribunal que le asiste

interés legítimo en el resultado de la acción, por lo que se admite la intervención

adhesiva planteada (artículo 83 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

II.—Legitimación. En sendas acciones de inconstitucionalidad

acumuladas, los accionantes tienen como asunto previo unas diligencias de

expropiación donde se discute el justiprecio, siendo que, también, se encuentra

pendiente de resolverse la respectiva apelación por el Tribunal de apelaciones

de lo Contencioso-Administrativo. Con lo que se satisface el requisito del

asunto previo que se requiere en el control concreto de constitucionalidad

(artículo 75, párrafo 1°, Ley de la Jurisdicción Constitucional).

III.—Objeto de impugnación. Se impugna la línea jurisprudencial

de la Sección Segunda del Tribunal de apelaciones de lo Contencioso-

Administrativo, contenida en las sentencias números 348-2016 de 30 de agosto de

2016, 414-2016 de 10:35 horas de 20 octubre de 2016 y 10-2017 de las 15:15

horas de 18 de enero de 2017. En esta jurisprudencia se establece que cuando

los derechos comerciales no le aprovechan a la administración expropiante o que

algunos extremos que reclama el expropiado para la indemnización previa de un

derecho comercial, no deben conocerse y resolverse en las diligencias de

expropiación, sino en un proceso ordinario contencioso-administrativo. Entiende

esa sección del Tribunal de apelaciones que, tales reclamos son cuestiones que

exceden el concepto constitucional de indemnización previa y que derivan de la

responsabilidad extracontractual por actividad lícita de la administración, por

lo que, en su criterio, por aplicación del ordinal 194 de la Ley General de la

Administración Pública deben discutirse en la vía ordinaria. Cabe advertir que

los accionantes cumplen con aportar tres sentencias que recogen el mismo

razonamiento y que constituyen un pronunciamiento último o definitivo, por

cuanto, no existe otra instancia en esta materia. Este Tribunal Constitucional

ha sostenido, reiteradamente, que es posible la acción de inconstitucionalidad

contra pautas jurisprudenciales a partir de lo estatuido en el ordinal 3 de la

Ley de la Jurisdicción Constitucional al indicar que el derecho de la

constitución se tendrá por infringido cuando esto resulte “de su

interpretación o aplicación por las autoridades públicas”. El carácter

preceptivo de la jurisprudencia citada, queda aún más evidente al constatarse

que la Dirección de Asesoría del Departamento de Adquisición de Bienes

Inmuebles del MOPT en fecha 21 de diciembre de 2016 expidió el oficio N° DAJ-ABI-2016-3218, dirigido por funcionarios de esa

unidad a una Procuradora, donde se indica, expresamente, que “Este

departamento en lo referente a los posibles derechos o afectaciones sobre

actividades comerciales, no está realizando análisis de dicha índole debido a

que el Tribunal de apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda, sección segunda emite las sentencias orales números 324-2016-II de

las 10:05 horas de 17 de agosto, dictada dentro del expediente de expropiación N° 13-000299-1028-CA, 348-2016-II de las 11:10 horas del 30

de agosto de 2016, dictado (sic) dentro del expediente de expropiación N° 08-001089-1028-CA”. En ese documento, también se

cita el oficio “(…) DAJ-2016-4684 con fecha 2 de noviembre de 2016 (…) en el

cual indica “En razón de lo expuesto el Departamento de Adquisición de Bienes

Inmuebles de esta Cartera Ministerial, no podrá indemnizar los rubros que

conforman un posible avalúo comercial”. Es evidente y manifiesto, entonces,

que sí existe una línea jurisprudencial, tanto que la propia administración

activa cita tal pauta, proyectándose así sobre los administrados. Es menester,

también, señalar que el Procurador General de la República, al rendir su

informe en el expediente: 17-6919-0007-CO, afirma, categóricamente, que sí

existe una línea jurisprudencial lesiva para los administrados emanada de la

Sección Segunda del Tribunal de apelaciones en el sentido de no conocer y

resolver la indemnización justa, plena e íntegra de derechos comerciales, por

cuanto, a su entender, la administración expropiante no gozará o disfrutará de

tales derechos. El Procurador General de la República, incluso, afirma que “dicho

criterio ha provocado mucha incertidumbre en el aparato jurisdiccional y

administrativo” y que “la cuestión planteada en esta acción es de gran

interés público”. De otra parte, es menester agregar que, además de las dos

acciones de inconstitucionalidad acumuladas que ahora se resuelven, existe una

tercera contra la misma jurisprudencia presentada ante esta Sala que tiene por

número de expediente el 17-16767, con lo que se acredita que sí existe una

interpretación jurisprudencial que no comparten algunos expropiados y que

estiman les perjudica. La Sección Segunda, de su parte, informa que no existe

tal jurisprudencia, por cuanto, no han actuado oficiosamente sino atendiendo,

únicamente, los agravios formulados en alzada, por lo que no han aplicado su

criterio. Aunque fuera así, es lo cierto que la persistencia en reiterar y

afirmar, incluso sin que venga a colación al caso concreto que conocen, que los

derechos comerciales, al no ser gozados o aprovechados por la propia

administración pública, no deben ser cubiertos en la indemnización previa,

justa e íntegra o indicar que existen extremos que no deberían estar incluidos

en el justiprecio, sugiriendo que deben ser discutidos en la vía ordinaria, ha

causado una grave y profunda dislocación de la seguridad jurídica en los

expropiados, la propia administración expropiante y en la Procuraduría General

de la República.

IV.—Expropiación supuesto de responsabilidad administrativa por

conducta lícita regulado directamente por la constitución. La expropiación

es una institución del Derecho Administrativo constitucional directamente

regulada en la Constitución, el ordinal 45, párrafo 1°, indica que “La propiedad

es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público

legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley (…)”. Por

supuesto, que la expropiación es un supuesto, con regulación constitucional y

legal propias, de responsabilidad administrativa por conducta lícita, ya que,

se ejerce una potestad legítima como lo es la expropiatoria. Eso significa, que

las normas que se deben aplicar a la expropiación, exclusivamente, son las

constitucionales que hacen referencia a ese instituto y la Ley de

Expropiaciones, salvo, claro está, si existe una laguna normativa. La

Constitución impone una indemnización previa, la que debe ser plena, íntegra y

justa, sin dejar rubros al descubierto, de lo contrario, se producirá una

confiscación que se encuentra, expresamente, prohibida por el texto

constitucional (artículo 40).

V.—La garantía de las diligencias de expropiación frente al proceso

ordinario contencioso administrativo. El legislador concibió las

diligencias de expropiación, para cuando, el expropiado o los expropiados están

de acuerdo con la validez y ejercicio de la potestad expropiatoria, esto es,

para discutir, únicamente, el justiprecio, sea el monto de la indemnización, la

que, como se ha indicado, debe ser previa, plena, íntegra y justa. Estas

diligencias, por contraste a un proceso ordinario, son más sumarias y céleres,

lo que le ofrece al expropiado la garantía de poder contar con la indemnización

plena e integral antes que la administración expropiante entre en posesión del bien.

Obligar a un expropiado, que está de acuerdo con la validez, la regularidad y

el ejercicio de la potestad expropiatoria, a tener que interponer un proceso

ordinario para discutir extremos que, presuntamente, forman parte de la

indemnización integral o plena, violenta el derecho a una justicia pronta y

cumplida del artículo 41 constitucional o si se quiere el derecho a un proceso

en un plazo razonable del ordinal 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos. Tal interpretación, constituye un obstáculo injustificado e indebido

al derecho de acceso a la jurisdicción, diseñado en el caso de las diligencias

de expropiación, para discutir el quantum de la indemnización, de manera

sumaria y célere. Adicionalmente, supone un costo adicional, en recursos

económicos y temporales, para el expropiado, al tener que asumir los gastos de

un proceso ordinario que no fue diseñado para conocer y resolver tales

extremos. En el proceso ordinario, lo que se discute es la validez del decreto

expropiatorio o del ejercicio de la potestad expropiatoria, para declarar su

eventual nulidad absoluta o relativa. El legislador ordinario, para garantizar

la noción constitucional de “previa indemnización” plena e integral,

diseñó y creo, precisamente, las diligencias de expropiación.

VI.—Inconstitucionalidad de la jurisprudencia impugnada. La pauta

jurisprudencial impugnada, resulta, a todas luces, inconstitucional, por

cuanto, restringe las nociones constitucionales de indemnización previa, plena,

integral y justa, adicionalmente, obstruye y retarda, por lo ya apuntado, el

derecho a la tutela judicial efectiva.

VII.—Corolario. En mérito de lo expuesto, se impone declarar

inconstitucional la jurisprudencia de la Sección Segunda del Tribunal de

apelaciones de lo contencioso-administrativo contenida en las sentencias Nos.

348- 2016 de 30 de agosto de 2016, 414-2016 de 10:35 horas de 20 octubre de

2016 y 10-2017 de las 15:15 horas de 18 de enero de 2017, por infringir los

artículos 40, 41, 45 de la Constitución Política y 8.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos.

VIII.—Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. Con el respeto

acostumbrado, me separo del criterio de mayoría por los siguientes motivos. Tal

como expresa la Procuraduría General de la República en el informe rendido, no

se aprecia que el motivo de queja de la parte accionante tenga incidencia

directa en el asunto que sirve de base a la acción de inconstitucionalidad. La

situación fue parecida en las sentencias que fueron aportadas para establecer

la existencia de un criterio jurisprudencial del Tribunal de Apelaciones,

objeto de este proceso. Así, por ejemplo, en la sentencia N°

324-2016-II de las 10:05 horas 17 de agosto de 2016 se expresó:

“(…) Sin embargo en este caso, es necesario o

no puede evitarse reconocer que fue el propio Estado el que trajo al proceso el

reconocimiento de todos estos rubros por formar parte del avalúo administrativo

y en ese caso pues fueron objeto de revisión en instancia y en esta sede de alzada no pueden ser

contradichos o no pueden ser negados, porque al haber sido la parte demandada

la única apelante no podemos aplicar una reforma en perjuicio, razón por la

cual, no podemos entrar a revisar estos extremos. A pesar de lo cual sí

consideramos necesario destacar que nos parece impropio haberlos incluido

dentro de la fijación del justiprecio y esto lo destacamos, como cosa

importante, porque no, no nos parece oportuno que pueda por vía de lo que se

discute en este caso, establecerse algún tipo de precedente a futuro en el

sentido de que esta clase de rubros puedan ser objeto de conocimiento y

discusión en esta sede. Recordemos, en todo caso, que si lo que se estuviese

discutiendo fuese un reclamo de responsabilidad civil por conducta lícita del

Estado, como lo podría ser el objeto de realizar un proceso de expropiación de

acuerdo con lo establecido al respecto en la Ley General de la Administración

Pública en esta serie de reclamos, solamente, es posible el reconocimiento del

daño estricto, no del lucro cesante, razón por la cual, con mayor razón

todavía, esta clase de extremos que hemos venido haciendo referencia nos

parecen impropios de haber sido discutidos en esta sede; sin embargo, repito por las razones indicadas, no podemos

revisarlos en esta sede.

(…)” (El subrayado es agregado).

Lo mismo puede verse en la sentencia N° 348-2016 del 30 de agosto de 2016:

“(…) En ese sentido, el Tribunal dada la

limitación de competencia que tiene, porque estamos ante un proceso especial de

expropiación y el artículo 30 de la Ley General de Expropiaciones no le permite

entrar, por ejemplo, a rozar con el avalúo administrativo, a rozar con algún

tipo de temas que son propios de una sentencia de fondo, evidentemente el Tribunal no tiene otra suerte que confirmar lo

resuelto por el señor juez de primera instancia en este punto de los dos

agravios puesto que no es de resorte del proceso especial de expropiación,

aún y cuando a título personal y a título también de mis compañeros no estamos

de acuerdo con los rubros que se han indemnizado, no nos alcanza la competencia

para anular o retrotraer y en general soslayar en algún tema de estos y un

ejemplo claro que se da en esta expropiación a la luz de este análisis que se

ha dado, (…)” (El subrayado es

agregado).

Por su parte, la sentencia N°

414-2016-II de las 10:35 horas del 20 de octubre de 2016 señaló:

“En primer orden para referirnos a aspectos

que no son agravios, sino que retrotraen a lo que menciona la representación

del Estado, hemos de decir que, en razón de la instancia en la que nos

encontramos, que es una instancia rogada, que entra a conocer única y

exclusivamente en el mérito de los agravios, carece de una potestad oficiosa

este Tribunal de Apelaciones para modificar las sumas que ha concedido el Juez

en la decisión que está siendo examinada y que a la vez no hayan sido

recurridas.(…)”.

De la misma manera, en el sub examine no se

observa con claridad que la anulación del criterio jurisprudencial impugnado

tenga un efecto directo sobre el asunto base, tal cual nota la Procuraduría en

su informe:

“Así las cosas, es claro que el criterio

jurisprudencial aquí impugnado por el actor, no tiene la virtud de afectar ni

de ser de aplicación en el asunto previo del actor, pues como se ha explicado,

el proceso que se invoca como tal, es un proceso especial de expropiación, cuyo

objeto se circunscribe a la revisión jurisdiccional del avalúo administrativo,

sin que el Tribunal de Apelaciones, como tampoco el Juzgado Contencioso

Administrativo, tengan las competencias y potestades para anular el acto

administrativo que expropió los derechos comerciales del actor.”

Estimo que la objeción de la Procuraduría es

válida, toda vez que el criterio jurisprudencial impugnado tampoco tuvo efecto

alguno en las resoluciones supra citadas. Es decir, si se efectuara una

supresión hipotética de tal criterio en los casos anteriores, las sentencias

transcritas siempre habrían llegado al mismo resultado.

Debe recordarse que una de las formalidades de la acción de

inconstitucionalidad se relaciona con la naturaleza incidental de la misma, pues

se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver en sede judicial o

administrativa, en el cual la inconstitucionalidad de la norma sirva como medio

razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado (véase

el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

En el caso de marras, no se desprende con claridad que la

inconstitucionalidad del criterio expuesto incida directamente en el asunto

base, pues incluso no lo hizo en las sentencias invocadas por la parte para establecer

el criterio jurisprudencial. Tampoco resulta válido remitir a los posibles

efectos que dicho criterio tenga sobre terceros, pues eso se aparta del

requisito exigido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo

mencionado. En ese tanto, considero que la acción resulta inadmisible y procede

declararla sin lugar.

IX.—Documentación aportada al expediente. Se previene a las

partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o

pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico,

informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías,

estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles

contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según

lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder

Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°

27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como

en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión

N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo

LXXXI.