Resolución 01678-2014

1.

Mediante sentencia N° 0336-2014, dictada a las once horas veinte

minutos del nueve de julio de dos mil catorce, el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió:

“

I.

El representante del Ministerio Público, licenciado Michael Morales

Molina, formuló recurso de casación contra el fallo número 336-2014, dictado por

el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, a las 11:20

horas, del 9 de julio de 2014, en cuanto declaró con lugar el recurso de apelación

interpuesto por la defensa, y dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa por

prescripción de la acción penal. Mediante resolución número 1529-2014,  de las

9:45 horas, del 12 de septiembre de 2014, esta Sala admitió ambos motivos del

recurso incoado (fs. 267-270).

II.

Primer motivo de la impugnación: Inobservancia de normas procesales,

puntualmente, los artículos 9, 106, 108 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil;

30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y 141, 145, 360 y

364 del Código Procesal Penal. A juicio de quien recurre, la mala interpretación de

las normas que establecen qué debe entenderse como “dictado de la sentencia”,

para efectos de  interrumpir la prescripción, en materia penal juvenil, condujo al

Tribunal de Apelación de Sentencia a establecer que en el caso bajo examen,

había transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal. Los eventos por los

que se condenó al encartado, ocurrieron el 12 de mayo de 2011, y constituyen el

delito de robo agravado. Partiendo de ello, el plazo de prescripción corresponde a

tres años. El debate concluye en la especie, el 12 de mayo de 2014, citándose a

la partes a fin de notificarles la parte dispositiva, a las 8:00 horas del 13 de mayo

de 2014 (actas de debate de fs. 93, 103, 125, 135 bis y 136, y grabación

audiovisual del juicio). Al respecto señala la parte, que el 12 de mayo de 2014, la

Juez Penal Juvenil, luego de deliberar, “…tomó la decisión y dictó por escrito la

parte dispositiva de la sentencia, precisamente al ser las diecinueve horas y

treinta minutos del doce de mayo del dos mil catorce (…) Dicha decisión la realizó

en el Sistema de Gestión del Juzgado Penal Juvenil de San José, quedando

debidamente registrada y respaldada, a la misma hora y fecha señalada (Actas de

Debate de folios 93, 103, 125, 135 bis y 136, DVDs con grabación del debate,

Parte Dispositiva de folios (sic) 136 e Informe del Departamento de Informática del

Poder Judicial Nº DTI-01786-2014, que se adjunta como prueba. d) El día 13 de

Mayo de 2014, al  ser las 09:32 horas, la Jueza Penal Juvenil, comunicó y notificó

a las partes del por tanto, para lo cual dio lectura a la parte dispositiva (…) Luego

procedió a dar, de forma verbal y sintética, los fundamentos de la decisión tomada

el día anterior…” (f. 239 fte. y vto.). Tal y como claramente lo señala el numeral 30

de la Ley de Ejecución de las Sentencias Penales Juveniles, una de las causales

de interrupción de la acción penal es “El dictado de la sentencia, aunque no se

encuentre firme…” . No obstante lo anterior, los jueces de apelación de sentencia,

estimaron que para que tenga efectos interruptores, no bastaba el dictado de la

parte dispositiva, sino que era necesaria la comunicación del “por tanto” a las

partes, mediante lectura y breve explicación de lo resuelto, la cual se llevó a cabo

el 13 de mayo de 2014, cuando la acción penal ya se encontraba prescrita. A

juicio de quien recurre, dado que el numeral 106 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, indica únicamente que el fallo debe dictarse al finalizar la audiencia,

pudiendo diferirse hasta tres días después de ese momento, debe recurrirse

supletoriamente al artículo 364 del Código Procesal Penal, el que diferencia el

“dictado de la sentencia” del “momento de su comunicación y notificación”.

Refiere además, que el artículo 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo que

regula es la forma de notificación del fallo. Por todo ello, a su juicio, los jueces de

apelación erraron al considerar que el dictado de la parte dispositiva, corresponde

al “…momento en que el juez penal juvenil cumple con su obligación legal, de

brindar al imputado y demás partes presentes, los fundamentos que motivaron su

decisión (parte dispositiva)…” (f. 241).  Lo anterior, corresponde a la fase de

comunicación de la parte dispositiva, pero no a su dictado, el cual se dio desde el

momento en que la juzgadora emitió el por tanto y lo registró. Y en el caso

particular, “…Nadie ha puesto en cuestionamiento que ese día 12 de Mayo de

2014, al ser las 19:30 horas, la jueza elaboró y firmó la parte dispositiva por

escrito, donde plasmó la hora y fecha de su decisión y el contenido de la

misma…” (f. 243 vto.). Así las cosas, desde su punto de vista, el plazo de

prescripción se interrumpió antes de su cabal cumplimiento. Se admitió como

prueba, el informe del Departamento de Informática del Poder Judicial, número

DTI-01786-2014, agregado a folios 255 y 256 del expediente principal. El reclamo

se declara sin lugar: Las causales de interrupción de la acción penal, se

encuentran contenidas en materia penal juvenil, en el artículo 30 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Propiamente, en lo que resulta de

interés, se indica que: “El dictado de la sentencia, aunque no esté firme,

interrumpe la prescripción de la acción penal…” Tal disposición se asemeja al

inciso f) del artículo 33 del Código Procesal Penal, el cual señala que interrumpe

el plazo de prescripción, “El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre

firme…”. Ahora bien, en el caso particular, los hechos se tienen por ocurridos el

día 12 de mayo de 2011. Es así que, ateniéndose a las reglas de prescripción

fijadas en el artículo 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el plazo corresponde

a tres años, por no tratarse de un delito contra la vida, la integridad física o de

naturaleza sexual, y ser de acción pública. Indicaron los jueces de apelación, a

partir de ello, que al no existir causas de interrupción o suspensión adicionales, el

plazo de prescripción se cumplió el 12 de mayo de 2014. Ahora bien, el punto

álgido de la discusión reside en que ese mismo día de cumplimiento del plazo, la

Juez Penal Juvenil redactó y firmó la parte dispositiva del fallo (sobre este aspecto

particular no existe controversia de la defensa), con lo que, a juicio del Ministerio

Público, se dio el “dictado de la sentencia” que interrumpió el plazo antes de su

finalización. No existe duda, además, en que la “sentencia” que interrumpe la

prescripción, tanto en materia de adultos como en materia penal juvenil, es la

denominada “sentencia acto”, que se da con el dictado de la parte dispositiva del

fallo, a diferencia de la “sentencia documento” o sentencia integral, la cual

interesa para efectos del cálculo del plazo para interponer el recurso de apelación

de sentencia. El dictado del “por tanto”, es la culminación del acto de deliberación

del Tribunal, y corresponde a la toma de decisión sobre todos los aspectos

sometidos a su conocimiento. Sin embargo, el asunto particular se caracteriza,

porque a diferencia de lo que ocurre habitualmente, la fecha de redacción del por

tanto (entiéndase su existencia como documento ingresado en el Sistema de

Gestión), difiere del momento de su lectura a las partes. De manera que resulta

esencial definir si es la creación del “por tanto”  en el sistema informático lo que

tiene efectos interruptores, o si para tenerlos, es necesario que además, la parte

dispositiva haya sido comunicada a las partes. La Ley de Justicia Penal Juvenil,

establece en el numeral 106, lo siguiente: “El Juez dictará sentencia

inmediatamente después de concluida la audiencia, con base en los hechos

probados, la existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la participación del

menor de edad, la existencia o la inexistencia de causales excluyentes de

responsabilidad, las circunstancias o gravedad del hecho y el grado de

responsabilidad. El Juez podrá diferir el dictado de la sentencia hasta tres dí­as

después de finalizar la audiencia”. La forma cómo debe notificarse la parte

dispositiva del fallo, en esta materia, se encuentra regulada en el artículo 108 de

la misma Ley: “La decisión sobre la culpabilidad y la sanción

se les notificará

personalmente a las partes en las mismas audiencias…”. Lo establecido en los

numerales 106 y 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, con respecto al plazo y

forma de comunicación del por tanto, es similar a lo preceptuado, en el artículo

364 del Código Procesal Penal al respecto. Dicha norma indica: “La sentencia

será dictada y firmada inmediatamente después de la deliberación. Enseguida, el

tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser

convocadas verbalmente las partes. El documento será leído en voz alta por el

secretario ante quienes comparezcan…”  Esta disposición prevé también que en

los casos en que sea necesario diferir el dictado de la sentencia integral para otro

momento, “…se leerá tan solo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará

sintéticamente al público, los fundamentos que motivaron la decisión…” Si bien la

forma específica en que debe comunicarse la parte dispositiva del fallo, y en

particular, el relato sintético de los fundamentos de la decisión a las partes, no se

encuentra prevista en la normativa especializada en materia penal juvenil, la

disposición que al respecto contiene el numeral 364, es plenamente aplicable, en

virtud de lo preceptuado en el numeral 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y de

los principios rectores que priman en esta materia, en particular, el principio de

formación integral y reinserción social, que deriva en el deber de explicar al menor

en qué consistió su conducta antijurídica y qué consecuencias implican para él, de

acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Es precisamente la obligación que

tienen los jueces, de explicar sintéticamente los fundamentos de su decisión, a la

hora de dictar el por tanto, lo que permite sustentar la conclusión de que es desde

dicho momento, que existe sentencia. Esto es así, porque la base esencial sobre

todos los temas sometidos a discusión en el juicio, ya ha sido delineada, siendo el

dictado integral del fallo, la exposición, en forma detallada y en extenso, de los

que ya fue establecido y explicado sucintamente, con al exposición de la parte

dispositiva del fallo. Así lo ha señalado esta Cámara:“…El artículo 364 del Código

Procesal Penal establece como regla que el fallo debe redactarse y firmarse

inmediatamente después de la deliberación (acto que, conforme a lo establecido

en el artículo 361 del texto legal de comentario, supone que se ha discutido y

decidido lo correspondiente a la existencia del hecho, la calificación legal del

mismo y la culpabilidad del imputado, entre otras cosas). Pero ese artículo 364

permite, en ciertos casos, leer solamente la parte resolutiva y diferir la redacción

de la sentencia para otro momento, supuesto en el cual debe explicarse de

manera sucinta a las partes los fundamentos que motivaron la decisión. De lo

expuesto se deriva que cuando se lee la parte dispositiva y se difiere la redacción

total para otro momento ya existe una decisión judicial producto de la deliberación,

aún cuando no esté redactada. Si tienen que exponerse oralmente los

fundamentos de esa resolución, es evidente entonces que en ese acto de lectura

de la parte dispositiva se hacen públicos, adelantándolos, los argumentos

esenciales que se tuvieron para alcanzar la decisión que se anuncia. De allí que

sea válido considerar la fecha en que se lee la parte dispositiva como la

correspondiente a la sentencia, pues ya hubo deliberación y, además, en esencia

y de manera resumida en ese acto se explica lo que posteriormente se dará a

conocer en su versión escrita. Otra cosa es que se requiera la lectura integral

como acto de notificación del fallo a las partes y que a partir de allí se cuente el

plazo para recurrir…” (Sala Tercera, número 857-2005, de las 9:20 horas, del 5 de

agosto de 2005. El resaltado no corresponde al original). En esta misma línea de

razonamiento, se pronunció el Tribunal de Casación Penal, al resolver asuntos de

la materia especializada penal juvenil, pues mantuvo que: “…

la sentencia como

acto de resolución se produce con el acto oral de la lectura de la parte dispositiva

,

en tanto la sentencia como documento se suscita en el momento en que las

partes son informadas de los fundamentos de la decisión que ya fue tomada…”

(Tribunal de Casación Penal de San José, fallo número 113-2002, de las 9:55

horas, del 15 de febrero de 2002). En un asunto que guarda mucha similitud con

el que ahora se conoce, y que por dicho motivo toca los puntos esenciales de la

discusión que ahora nos ocupa, se indicó que: “…la sentencia como tal se emite

en el momento en que el Tribunal de Juicio determina cómo resuelve el asunto

sometido a su conocimiento, adopta la decisión de fondo que estima procedente y

así  lo informa verbalmente a las partes, todo lo cual se refleja en la lectura de la

parte dispositiva del fallo o «por tanto». (…) En este mismo orden de ideas, se

estima que el dictado de la sentencia definitiva, que existe desde el momento

mismo en que se pone en conocimiento de los sujetos interesados y del público

en general, la parte dispositiva del fallo (oportunidad en la que además se

exponen verbalmente los fundamentos o las razones en las que esencialmente

basó el Tribunal de Juicio su decisión jurisdiccional), constituye una garantía al

principio de justicia pronta y cumplida. Por su parte, la sentencia integral,

entendida como sentencia-documento, lo que permitirá a las partes será fortalecer

dicho garantía al brindarles la oportunidad para que, imponiéndose por escrito de

los fundamentos de la decisión adoptada anteriormente, procedan a formular las

objeciones o impugnaciones que puedan tener (…) La lectura de la parte

dispositiva, lo mismo que la exposición de los fundamentos del pronunciamiento,

se estima también que constituyen un canal idóneo a través del cual se tutela no

sólo el principio penal de justicia pronta y cumplida (como ya se dijo), sino además

del debido proceso, garantizándole a los sujetos en litigio y al público, comprender

el por qué de lo decidido. No en vano incluso se habla de sentencia

definitiva

,

pues una vez que la autoridad jurisdiccional emite oralmente su decisión (parte

dispositiva), la misma no podrá ser ya modificada, incluso ni siquiera podrá llegar

a existir contradicción entre los fundamentos expuestos en forma oral y los que se

posteriormente se lleguen a plasmar en el texto («sentencia documento» o

«sentencia integral» ya que ello eventualmente podría llegar a generar la nulidad

de la decisión, al punto que se ha dicho (…) que ambos razonamientos «(...)

deben permanecer idénticos y por ello, las diferencias existentes a ese nivel,

vician por contradictoria la fundamentación (...)» (ver Sala Tercera de la Corte,

voto No. 982-2003 de las 10:05 horas del 31 de octubre de 2003)…” (Tribunal de

Casación Penal de San Ramón, número 641-2007, de las 11:17 horas, del 8 de

noviembre de 2007). El razonamiento antes expuesto lo prohíja esta Sala. La

obligación de exponer sucintamente a las partes el fundamento de la decisión,

junto con la lectura del “por tanto”, no es una mera formalidad. Produce una

consecuencia imprescindible para que el dictado de la parte dispositiva tenga

consecuencias jurídicas, cual es que tanto el encartado, como las restantes partes

interesadas, conozcan los fundamentos de la decisión, al menos en sus líneas

básicas. Garantiza que al momento en que el justiciable cambia su condición, de

imputado a sentenciado (en caso de condena), sea informado en forma sintética

sobre la existencia del hecho, su tipicidad, el grado de participación, la existencia

o inexistencia de causales excluyentes de responsabilidad, la imputabilidad y el

grado de reproche por los hechos que se le imputan, dadas las particularidades

del caso y la de los sujetos intervinientes. De manera que aún cuando se logre

demostrar, por vía documental, que la juez tuvo redactado el por tanto el último

día del plazo de prescripción, ello no produjo el efecto de interrumpir dicho plazo.

Para que existiera “sentencia”, se requería además, la exposición del mismo a las

partes, junto con las razones esenciales que sustentaron la toma de la decisión.

Tal conjunción de factores, no ocurrió sino hasta el 13 de mayo de 2014, cuando

la acción penal ya se había extinguido. Por lo expuesto, resulta correcta la

conclusión del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil (cfr. f. 232), en el

sentido de que la acción penal se encontraba prescrita, pues por “dictado de la

sentencia”, debe entenderse tanto la confección del

“por tanto” (su redacción y

firma), luego de la deliberación, como su comunicación a las partes, es decir: su

lectura y una breve explicación de las razones que llevaron a dicha determinación.

En consecuencia, se declara sin lugar el primer motivo de la casación incoada,

por inobservancia de normas procesales.

III.

Como segundo motivo de casación, el impugnante alega la existencia

de precedentes contradictorios: Para el recurrente, lo resuelto por el ad quem,

contraría numerosos precedentes de esta Sala, y del antiguo Tribunal de Casación

Penal, en lo que respecta a qué se entiende por sentencia, para efectos de

interrumpir la prescripción, y en específico, desde qué momento debe tenerse por

dictada la parte dispositiva del fallo. Cita sobre el particular, los fallos de la Sala

Tercera, número 1192-2006, y 1127-2005 (ambos corresponden a materia de

adultos), así como los pronunciamientos 192-2011 y 11-2011 del Tribunal de

Casación Penal de Santa Cruz (materia penal de adultos); 177-2008 del Tribunal

de Casación Penal de San Ramón (materia penal de adultos), y las resoluciones

número 653-2006 (materia penal de adultos), 235-2006 (materia penal juvenil),

1117-2004 y 113-2002 (materia penal de adultos), todas del antiguo Tribunal de

Casación de San José. En los pronunciamientos antes mencionados,  se hace ver

que la sentencia existe a partir del dictado de la parte dispositiva, diferenciándose

este momento de la redacción o comunicación de la sentencia integral. Este

segundo momento, que es distinto del surgimiento del fallo, coincide con la lectura

integral (materia penal de adultos) o bien su comunicación al medio señalado

(materia penal juvenil). Explica que la Ley de Justicia Penal Juvenil permite diferir

la redacción de la sentencia hasta tres días después de la conclusión del debate,

pero que la sentencia existe desde el momento en que se deja plasmado el por

tanto. Sin embargo, el Tribunal de Apelación, con su interpretación sobre el

concepto de “sentencia” a efectos de interrumpir la prescripción, riñe con lo

establecido por la Sala Constitucional (fallos 1503-1997, 11376-2003 y

5012-2006), tesis que se sostiene de manera reiterada en los precedentes

mencionados. Esto, porque se adiciona a la existencia del fallo (por tanto), su

comunicación a las partes, a fin de que esta tenga el efecto de interrumpir el plazo

de extinción de la acción penal. Por las razones que se dirán no asiste razón al

recurrente: Tal y como se adelantó ya, el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, guarda identidad con lo establecido, en materia de

adultos, en el inciso f) del artículo 33 del Código Procesal Penal, en cuanto al

“dictado de la sentencia”, como una de las causales de interrupción de la

prescripción. Además, respecto a la forma específica de comunicación del por

tanto a las partes, debe recurrirse supletoriamente al artículo 364 del Código

Procesal Penal, dado que la Ley de Justicia Penal Juvenil no regula expresamente

este aspecto, más allá de la indicación de que: “La decisión sobre la culpabilidad y

la sanción se les notificará personalmente a las partes en las mismas

audiencias…” (artículo 108 ejúsdem). Por tal motivo, sin desconocer la

especialidad de la materia, sí resultan pertinentes las resoluciones de la

jurisdicción penal de adultos, que sustentan la interposición del segundo motivo

del recurso, en específico, en cuanto establecen qué debe entenderse por “

dictado de la sentencia” para efectos de interrupción del plazo de prescripción.

Tratándose de la causal de precedentes contradictorios, lo primero que habría que

aclarar, es que esta Sala tiene asignado por ley unificar únicamente los

pronunciamientos dictados “por los tribunales de apelación de sentencia, o de

estos con precedentes de la Sala de Casación Penal”. De manera que las

resoluciones de la Sala Constitucional que se citan, no vienen al caso, tratándose

de la causal prevista en el inciso a) del artículo 468 del Código Procesal Penal.

Pero a mayor abundamiento, es preciso mencionar que en ninguno de los fallos

de la Sala Constitucional que el recurrente cita (número 1503-2007, 11376-2003 y

5012-2006) se indica que la redacción del por tanto, por sí misma, constituye

sentencia para los efectos que interesan. Muy por el contrario, el asunto base

correspondiente al fallo 5012-2006, de las 10:37 horas, del 7 de abril de 2006,

corresponde a un caso en el que se dio lectura al por tanto, señalándose que a

partir de dicho momento, la situación jurídica del encartado ha sufrido un cambio,

para efecto del dictado de medidas cautelares. La Sala Constitucional nunca ha

sostenido la tesis que quiere hacer valer el requirente, y más bien, ante la consulta

judicial facultativa realizada por el Tribunal de Casación Penal, Sección Segunda

del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sobre qué produce el efecto interruptor del

cómputo de la prescripción de la acción penal previsto por el artículo 33 inciso d)

del Código Procesal Penal: si esto ocurre a partir del dictado de la parte

dispositiva de la sentencia, o por el contrario, hasta que se cumpla con su lectura

integral, el máximo contralor de constitucionalidad, declaró improcedente

evacuarla, pues interpretó que se trataba de un asunto de mera legalidad (al

respecto: Sala Constitucional, número 14993, de las 15:00 horas, del 17 de

octubre de 2007). Ahora bien, los fallos del Tribunal de Apelación de Sentencia,

del antiguo Tribunal de Casación Penal y de este Despacho, que cita el

recurrente, tampoco resultan en su apoyo. En el fallo de esta Sala, número

1192-2006, de 10:25 horas, del 24 de noviembre de 2006, se indica más bien que:

“…

existe sentencia desde el momento que se dicta la sentencia-acto, donde ya

los Juzgadores han expresado el resultado decisorio de la causa y conforme a la

nueva normativa procesal (artículo 364 del Código Procesal Penal), uno de los

integrantes relatará de forma verbal y sintética los fundamentos de la misma,

siendo que la sentencia-documento podrá ser redactada posteriormente (el

Código de rito permite que se difiera la lectura integral del fallo) plasmando por

escrito los fundamentos y la decisión que ya se había dado a conocer a las partes

verbalmente desde la parte dispositiva…” (el subrayado corresponde al original).

Nótese que la anterior cita, sirve de apoyo más bien a la posición sostenida en

este fallo, en el considerando anterior, respecto a que por “dictado de la

sentencia” debe entenderse tanto la deliberación, redacción y firma del por tanto,

como la explicación sucinta de la parte dispositiva a las partes. Tal obligación de

exponer los fundamentos de la decisión, establecida en el numeral 364 del Código

Procesal Penal, fue introducida a partir del 1º de enero de 1998, cuando entró en

vigencia la Ley 7594 de 10 de abril de 1996. Ello explica que con anterioridad a la

obligación de explicar oralmente a las partes los fundamentos de la decisión – lo

que le da publicidad a lo resuelto – la Sala Constitucional expresara que: “…la

sentencia-acto, aunque diversa de la sentencia-documento, no existe mientras no

se plasme en el acto externo que es el documento que la expresa…” (fallo número

1025-90, de las 10:30 horas, del 29 de agosto de 1990). Es decir, durante la

regulación procesal penal anterior, era el dictado del fallo integral lo que se

consideraba como “sentencia”, no así la parte dispositiva. Sin embargo, a partir de

la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el numeral 364 impone la

obligación de leer el por tanto en presencia de las partes, pero además, explicar

las bases de la decisión en sus aspectos más trascendentales, de forma muy

sintética, de modo que es a partir de ese momento, que se dicta “sentencia”. El

segundo fallo de esta Sala que el recurrente cita en su apoyo (1127 de las 9:20

horas, del 30 de septiembre de 2005), tampoco apoya su tesis porque allí más

bien se deja entrever que no se vulnera el principio de juez natural, pues el

Tribunal se encontraba integrado al momento de deliberación, redacción del por

tanto, pero además, porque el juez que posteriormente se jubiló, sí participó en

dicho momento, en la exposición de las “…razones fácticas y legales que

justificaban la decisión del caso…” , con lo que

“…sí cumplió con la función

preceptuada legalmente y conforme a los principios de inmediación y

concentración, puesto que era una autoridad jurisdiccional al momento de tomar la

decisión de la litis y comunicar los fundamentos a las partes

de dicho

pronunciamiento…” (ibid). Ahora bien, el estudio de los restantes precedentes que

cita el promovente, muestra más bien una confusión de términos de quien

impugna. Los pronunciamientos invocados, son contestes al señalar que existe

sentencia a partir de la lectura del por tanto, no bastando su simple redacción,

como pretende sostenerlo el licenciado Morales Molina. El yerro en el que incurre

el impugnante, consiste en equiparar el momento de lectura y explicación del por

tanto a las partes, con la comunicación del fallo íntegro, ya sea en su modalidad

escrita u oral. Lo primero, corresponde a una exigencia establecida legalmente

para el dictado de la parte dispositiva, de manera que sin el cumplimiento de dicha

obligación no existe sentencia, mientras que la notificación a las partes del fallo

integral, que se impone en forma escrita en materia penal juvenil, se da en una

fase posterior, y tiene efectos no ya para interrumpir la prescripción, sino para

garantizar el derecho a impugnar de las partes. Al referirse en los fallos de cita,

que la sentencia existe desde el dictado del por tanto, en ningún momento se

exime al Tribunal de su deber de lectura y breve información a las partes, de los

fundamentos de la decisión. Los pronunciamientos citados por el peticionario, no

resultan contradictorios, sino que más bien coinciden en indicar que existe

sentencia, para efectos de interrumpir la prescripción, desde el momento del

dictado de la parte dispositiva. No omite considerar esta Cámara, que sí existen

pronunciamientos que se oponen a la conclusión aquí desarrollada, en cuanto a

que existe sentencia para efectos de interrumpir la prescripción, desde el

momento en que se dicta el por tanto. Se trata de la posición sostenida por el

antiguo Tribunal de Casación Penal de

San

José, en los fallos número 1082, de 14:35 horas, del 5 de septiembre de 2007 y

numero 1384, de 10:15 horas, del 29 de octubre de 2007. Sin embargo, en estos

lo que se sostiene, es que la única sentencia con efectos de interrumpir el plazo

de extinción de la acción penal, es el dictado del fallo integral. Por las razones que

se desarrollaron en esta resolución, corresponde unificar la jurisprudencia en torno

al punto cuestionado, pero no en los términos que aduce el recurrente, sino en el

sentido de que existe sentencia, desde el momento del dictado de la parte

dispositiva (entendido esto como la lectura del por tanto y la explicación sucinta de

los fundamentos de lo resuelto a las partes, en el mismo acto, tal y como lo

establece el artículo 364 del Código Procesal Penal). En consecuencia, se declara

sin lugar también, el segundo motivo del recurso de casación incoado.