Resolución 00415-2013

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció

proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: "1. Que la

demandada debe pagarle a los actores los daños y perjuicios morales y

materiales causados por la muerte de Omar Valverde Chavarría.

Que se

condene en costas a la parte demandada. DAÑOS Y PERJUICIOS: a) Daño

moral subjetivo: …se estima prudencialmente en la suma de cien millones de

colones para cada actor. b) Daño y perjuicio económico: …Se

estiman prudencialmente estos daños y perjuicios en doscientos millones de

colones.”

El

apoderado del Instituto demandado contestó negativamente y opuso las excepciones

de caducidad del derecho (resuelta en audiencia preliminar) y falta de

legitimación ad causam activa.

Se señalaron las 8

horas 30 minutos del 29 de noviembre de 2010 para realizar la audiencia

conciliación. La apoderada del INA expresó la negativa de la Institución para

conciliar, por lo que la audiencia se declaró fracasada.

Al ser

las 9 horas del 29 de noviembre de 2010, se efectuó la audiencia preliminar,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrada por la Jueza

Grace Loaiza Sánchez y los Jueces David Fallas Redondo y José Joaquín

Villalobos Soto, en sentencia no. 326-2011 de las 14 horas 40 minutos del 7 de

julio de 2011, resolvió: “Se rechaza la defensa de falta de legitimación ad

causam activa, opuesta respecto a la actora Seily Solís Muñoz, se tiene por

allana la parte demandada con respecto al derecho y pretensiones del menor Omar

Enrique Valverde Solís, se declara con lugar la demanda incoada por ambos

actores, se condena al instituto (sic) nacional (sic) de

aprendizaje (sic)  a pagar por concepto de daño moral la suma de

treinta millones de colones, en favor del menor Omar Valverde Solís y quince

millones de colones a favor de la señora Seily Solís Muñoz, de igual forma se

condena a la institución demandada al pago del daño material a favor de ambos

actores, traducido en una renta alimentaria la cual deberá ser determinada en

la etapa de ejecución de sentencia, previo nombramiento de perito actuario

matemático conforme a las reglas establecidas en el primer párrafo del artículo

130 de las reglas de responsabilidad civil del Código Penal de 1941, respecto a

la señora Solís Muñoz dicha renta será vitalicia y en referencia al menor Omar

Valverde Solís bajo las reglas que establece el artículo 173 inciso 5) del

Código de Familia, pensiones alimentarias las cuales serán calculadas con base

al salario devengado por el señor Omar Valverde Chavarría en el mes de octubre

del año dos mil seis, que consta en el documento visible a folio 157 del

expediente, las citadas pensiones alimentaria deberán ser canceladas

retroactivamente a partir del mes de noviembre del año dos mil seis y

actualizadas desde esa fecha y permanentemente conforme a lo dispuesto en el

artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, los citados montos por pensión

para ambos actores serán depositados a una cuenta bancaria que deberá

suministrar al despacho la señora Solís Muñoz, quien administrara (sic)

la pensión del menor hasta tanto no adquiera este su mayoría de edad, momento a

partir del cual de ser procedente se depositara (sic) directamente a

nombre de Omar Valverde Solís. Respecto al monto otorgado al menor por concepto

de daño moral, el mismo deberá la madre bajo orden judicial suscribir por la

totalidad del monto un certificado de deposito (sic) a plazo, anual en

una entidad bancaria estatal, la cual aun cuando se realice a nombre, por

imposibilidad legal de hacer lo (sic) a nombre del menor, no podrá

disponer de la suma concedida tan solo de los intereses que el certificado a

plazo devengue los cuales deberá invertir en el menor, la citada suma se pondrá

a disposición del menor cuando este cumpla su mayoría de edad. No obstante lo

anterior en caso de necesidad del menor podrá la señora Solís Muñoz acudir

sobre dicho monto a las diligencias de necesidad y utilidad que establece el

numeral 216 del Código de Familia en aquella cede, todas las sumas concedidas

deberán ser indexadas a partir de la firmeza de esta sentencia y en el caso del

daño material a partir de su determinación en firme. Se rechaza la pretensión

de la representación del Patronato Nacional de la Infancia, respecto a la

reducción en el contrato de cuota litis del porcentaje pactado a un veinte por ciento,

en lo concedido al menor Omar Valverde Solís. Son ambas costas de este proceso

a cargo de la parte demandada.”

6.-

El representante del INA formula recurso de casación indicando las razones en que

se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la magistrada León Feoli

En la demanda origen de

este proceso, argumentó la señora Seily Solís Muñoz, que el señor Omar Enrique

Valverde Chavarría, con quien convivía en unión libre, murió el 20 de octubre

de 2006. Expuso, la muerte del señor Valverde Chavarría se debió a una colisión

que tuvo su motocicleta con un automóvil del Instituto Nacional de Aprendizaje

(en adelante INA o el Instituto), cuando el segundo, a la altura del kilómetro

145 de la Carretera Interamericana Sur, invadió el carril del primero,

colisionándolo de frente y causándole la muerte de forma inmediata. Para ese

entonces, dijo, tenían más de cinco años de convivencia, y juntos, procrearon

al menor Omar Enrique Valverde Solís, nacido el 3 de febrero de 2002. Añadió,

al momento del deceso, el señor Valverde Chavarría tenía más de 13 años de

laborar para el Ministerio de Educación Pública de Pérez Zeledón. Manifestó,

dentro del proceso penal (06-002324-0219-PE) seguido contra el funcionario y

chofer del vehículo institucional (Juan Eudes Mora Cruz), el informe

criminalístico no. 0161-ING-2009 rendido por el ingeniero Gaudy Vega Segreda,

del Organismo de Investigación Judicial, determinó que el suceso fue tipo “colisión

lateral excéntrica cuando el vehículo 1 (del INA) que circulaba en

sentido norte sur invadió su carril contrario e impactó su costado derecho

posterior contra la pared delantera del vehículo 2 (motocicleta) que circulaba

hacia el norte por su carril correspondiente”. El fallecimiento de don Omar

a sus 33 años, afirmó, les causó enormes daños (morales y materiales) y

perjuicios. Por las razones expuestas, solicitaron al Tribunal en sentencia se

declare:

Que el demandado debe pagarles, los daños y perjuicios morales y

materiales causados por la defunción del señor Valverde Chavarría.

Las

costas personales y procesales. El daño moral subjetivo lo estimaron

prudencialmente en la suma de ¢100.000.000,00 para cada actor, debido al

sufrimiento, dolor, angustia, tristeza, soledad, falta de apoyo y destrucción

de planes sufridos por la muerte de don Omar. El daño y perjuicio económico

consistente “en el no ejercicio de actividad económica futura por parte del fallecido”

lo cuantificaron en ¢200.000.000,00, así como la indexación de esta última

cifra. En este proceso interviene el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

en virtud de que el joven Omar Enrique Valverde Solís es menor de edad. Esta

última entidad solicitó que el contrato de cuota litis existente entre la

actora y su representante, fuera revisado en virtud de los intereses del menor.

El Instituto contestó negativamente y opuso las defensas de falta de

legitimación ad causam activa y de caducidad. La Jueza Tramitadora rechazó la

excepción de caducidad. Durante el juicio oral y público, el INA se allanó

respecto de las pretensiones del menor, salvo el monto solicitado por daño

moral, ya que a su entender, era desproporcionado. Conociendo el fondo del asunto,

el Tribunal denegó la defensa de falta de legitimación ad causam activa y se

tuvo por allanada a la parte demandada respecto a lo solicitado para el menor.

Declaró con lugar la demanda. Condenó al Instituto a pagar por concepto de daño

moral, la suma de ¢30.000.000,00 al joven Omar y ¢15.000.000,00 a favor de la

co-actora Solís Muñoz. Ordenó a la institución demandada al pago del daño

material  a favor de ambos co-actores, traducido en una renta alimentaria

la cual deberá ser determinada en la etapa de ejecución de sentencia, previo

nombramiento de perito actuario matemático. Respecto a la señora Solís Muñoz

dispuso que dicha renta sea vitalicia y en referencia a Omar Valverde Solís

según las reglas que establece el artículo 173 inciso 5) del Código de Familia

(de conformidad con el salario que devengaba el señor Omar Valverde Chavarría

en el mes de octubre del año 2006). Estas pensiones, consideró, deberán ser

canceladas retroactivamente a partir del mes de noviembre del año 2006 y

actualizadas desde esa fecha permanentemente, conforme a lo dispuesto en el

artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Estableció que la señora Solís

Muñoz, será la administradora de la pensión del menor hasta que cumpla su

mayoría de edad. En relación al monto otorgado al menor por concepto de daño

moral, decidió, que la madre, con base en orden judicial, deberá suscribir por

la totalidad del monto, un certificado de depósito a plazo anual, en una

entidad bancaria estatal, la cual, aún cuando se realice a nombre de la madre

(por imposibilidad legal de hacerlo a nombre del menor), no podrá disponer de

la cantidad dineraria concedida, tan solo los intereses devengados, los cuales

deberá invertir en el menor. El monto total deberá entregarse a Omar cuando

cumpla su mayoría de edad. Realizó la dispensa, en relación con las diligencias

de necesidad y utilidad que establece el numeral 216 del Código de Familia, en

caso de ser necesario. Definió que todas las sumas concebidas deban ser

indexadas a partir de la firmeza de la sentencia y en el caso del daño material

(rentas), a partir de su determinación en firme. Rechazó la pretensión del

PANI, respecto a la reducción del porcentaje pactado en el contrato de cuota

litis en torno a lo concedido al co-actor Valverde Solís. Condenó en costas a

la demandada. Disconforme con lo decidido, el INA presentó recurso de casación

por vulneración de normas procesales y sustantivas.

Recurso de casación por violación a normas

procesales

En el único agravio

de esta naturaleza, la representante del Instituto acusa vulnerados los

artículos 106 y 137 incisos b) y c) del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA). Critica, en el juicio oral no se incomunicó a la testigo

Seily Solís Muñoz. Arguye, su declaración fue tomada en cuenta sin considerar

que se encontraba viciada de nulidad, ya que estuvo informada de todo lo

ocurrido en la audiencia oral y pública. Argumenta, se produjo una violación a

las normas procesales contenidas en el precepto 106 citado, lo cual le generó

indefensión, afectando el debido proceso. Reclama, la sentencia se fundó en un

medio probatorio ilegítimo, al no haberse incomunicado a la actora. Considera,

la prueba obtenida, sea la declaración de la señora Solís, fue recabada después

de que tuvo conocimiento de lo acontecido en la audiencia, habiendo sido

prejuiciada al estar presente en todas las consideraciones del juicio. Ello,

asevera, provocó que se convirtiera en prueba espuria conforme lo alegó en el

recurso verbal de revocatoria que planteó con fundamento en el numeral 86 en

relación al 106 ambos del CPCA, el cual fue rechazado por el Tribunal, bajo el

pretexto de que la discusión que presenció la actora es sobre su legitimación y

no sobre el daño moral. Asegura, en la audiencia se discutió tanto la

legitimación de doña Seily como la valoración del daño moral y material. De

seguido, hace un resumen de los todos los acontecimientos acaecidos durante el

juicio, hasta que se practicó la declaración cuestionada. Durante ese lapso,

explica, la señora Solís estuvo presente en el debate y conoció los detalles

ahí discutidos. Lo anterior, afirma, demuestra que la estadía de la actora en

el desarrollo del debate, vició de nulidad su declaración, ya que influyó y

preparó para todo cuanto se le preguntó y repreguntó. En este sentido,

sostiene, el cardinal 106 del CPCA, establece que para la etapa de juicio, se

debe incomunicar a aquellas personas quienes vayan a rendir declaración, a

efectos de que no escuchen o estén informadas de lo que ocurre en la sala, ya

que esto puede prejuiciar, preparar y viciar la declaración. Sin embargo,

acota, el Tribunal permitió que la declarante estuviera presente durante todos

los alegatos de apertura y declaración de sus propios testigos, argumentando que

ella solo se referiría al daño moral y no a los demás aspectos debatidos, lo

cual no es cierto. A su entender, en todo momento se discutió sobre la

procedencia del daño moral, su cuantificación y a los medios por los cuales

sería probado. Reconoce que el incumplimiento en la incomunicación no impide se

reciba la declaración de la actora, tal y como lo dispone el canon 106 inciso

ibídem, pero esta situación, según la norma, debe ser tomada en cuenta por

los jueces al valorar la prueba y aceptarla en la resolución que se emita. De

la revisión del testimonio, advierte, se denota cómo su permanencia afectó la

declaración rendida, ya que se refleja la preparación y provecho que obtuvo de

todos los alegatos ofrecidos por las partes con anterioridad.

El artículo 82 del CPCA

dispone que la jueza o el juez ordenará y practicará todas las diligencias de

prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos relevantes en el

proceso. Esos medios de prueba preceptúa la misma norma, podrán ser todos los

que estén permitidos por el derecho público y el derecho común. Asimismo,

existe el deber del juzgador de apreciar esas probanzas de conformidad con las

reglas de la sana crítica.  Ahora bien, el Código Procesal Civil (CPC) de

aplicación supletoria en este asunto por remisión expresa del canon 220 del

CPCA, en su artículo 318 enlista los medios de prueba que rigen esa materia, a

saber:  documentos e informes, dictámenes de peritos, reconocimiento

judicial, medios científicos, presunciones e indicios, declaración de testigos

y declaración de partes. En relación con esta última, distingue entre el

interrogatorio de parte (artículos 333 y siguientes) y la confesión (artículos

338 y siguientes). Aquella es el género y ésta la especie, pues es obvio que no

toda declaración de parte entraña, ciertamente, una confesión. Por declaración

de partes debe entenderse, toda manifestación formal que realiza una de las

partes en el proceso y que genera una serie de efectos jurídicos a nivel

probatorio. Con una específica significación probatoria, es dirigida o

destinada a convencer al tribunal de la existencia de determinados datos de

hecho que han adquirido naturaleza procesal (mediante la demanda respectiva).

Parte es aquél sujeto jurídico que pretende o contra el que se pretende una

tutela jurisdiccional concreta y que afectados por el pronunciamiento judicial

correspondiente, asumen plenamente los derechos, cargas y responsabilidades

inherentes al proceso. Ahora bien, el interrogatorio a las partes, consiste en

una serie de preguntas dirigidas a las partes (actor o demandado) sobre los

hechos de la demanda o en su caso la contrademanda. Se erige como un medio

probatorio que puede surgir como una potestad del juzgador, pero también puede

ser solicitado por los propios litigantes. Aunque el daño moral subjetivo no

requiere prueba, la declaración de parte resulta útil a fin de encontrar la

verdad real sobre este aspecto. En el proceso contencioso, una vez que la

declaración de parte fue debidamente admitida ya sea durante la audiencia

preliminar o como prueba para mejor resolver por el Tribunal, debe ser rendida

en la etapa del juicio oral y público (artículo 99 inciso 2) del CPCA y 73 del

Reglamento). Por su naturaleza, no le son aplicables las reglas de separación o

aislamiento de testigos que dispone el cardinal 106 inciso 2) del CPCA, puesto

que ninguna de las partes de un proceso, aunque dispongan de representantes,

pueden ser aisladas del debate, ya que ello más bien constituiría violación al

debido proceso. Por regla general, cualquiera de las partes, siempre que sea

antes de la etapa de conclusiones, puede ser llamada a declarar (prueba para

mejor resolver), máxime si el Tribunal lo considera conveniente e indispensable

para establecer el conocimiento de los acontecimientos que interesan y para

determinar la verdad real de los hechos (artículo 82 inciso 1) ibídem). Su

declaración no debe ser relacionada con su posición dentro del proceso, ya que

son dos cuestiones distintas. Nunca puede ser asimilada a un testimonio de tercero,

el cual carece de esa necesaria correspondencia que ha de existir entre la

parte y el derecho o interés legítimo pretendido. La declaración busca

esclarecer los hechos de la demanda, la contraparte incluso tiene derecho a

preguntar, pero antes de producirse el interrogatorio, el declarante siempre

tiene la potestad de permanecer en la sala de juicio, puesto que su interés,

deber y actuación en el proceso contencioso, terminan con el dictado de la

sentencia final. Jamás podría negarse el acceso a una parte al debate, ni antes

ni después de rendir su declaración, ya que ello causaría indefensión y ventaja

para la contraparte. En todo caso, el Tribunal tiene el deber de valorar esa

probanza, ya que en el supuesto de considerar que la declaración se encuentra

viciada o no guarda relación con el cuadro fáctico, así debe apreciarlo a la

hora de deliberar y redactar el fallo (artículos 82 inciso 4) y 106 inciso 4)

del CPCA). Incluso, tiene el deber legal de comunicar al Ministerio Público,

los casos de perjurio que infiera en cada proceso. En suma, la declaración de

parte se diferencia radicalmente del testimonio de terceros, ya que la primera

es un derecho o un deber (según haya sido admitida u ordenada) que tiene el

actor o el demandado en el proceso y sobre el cual tiene pleno interés dado su

posición procesal. El testigo por su lado, únicamente colabora con la justicia

y con una de las partes, declarando bajo fe de juramento, sobre hechos que le

constan, por ello es indispensable que su declaración sea libre de toda

influencia acerca de lo debatido en el proceso, máxime que su actuación en el

litigio termina con el testimonio brindado. La declaración de parte aquí

cuestionada, surgió por el motivo de que la persona que mejor conocía los

hechos de la demanda, era la parte que los alegó, sobre todo por tratarse de

sentimientos y aspectos relacionados con el daño moral subjetivo.

Independientemente de su declaración y su presencia en el debate, la actora

siempre tendrá dominio y conocimiento sobre ellos, dado que fue ella quien

eventualmente sufrió los eventos que se discuten en sede judicial. Otra cosa es

que la declarante mienta en sus afirmaciones, ya que para ello debe seguirse el

procedimiento penal correspondiente. En este caso, la señora Solís Muñoz declaró

sobre el daño moral subjetivo sufrido, para eso fue admitida durante la etapa

preliminar por el Tribunal. Incluso así quedó constatado cuando ese último

órgano jurisdiccional resolvió durante el juicio, el recurso de revocatoria

planteado por el INA. Además, del análisis de esa audiencia, se desprende que

la primera prueba recabada por el Tribunal fue la declaración de doña Seily

Muñoz, por lo que no es cierto que fue prejuiciada por el resto de testimonios.

Por otro lado, tampoco se podía impedir la declaración de la actora si así fue

admitida en la audiencia preliminar, puesto que ello también hubiese causado

indefensión. Por lo demás, el Tribunal valoró que con tal declaración, se podía

acreditar el impacto emocional y moral que produjo la muerte de don Omar

Valverde Chavarría. Esa declaración contribuiría a arrojar luz sobre el

presente litigio, y la única forma de rescatar su dicho era mediante la

“declaración de parte”, vista su condición respecto del proceso. Por este

motivo, no se observa la lesión del cardinal 106 del CPCA apuntada, por lo que

el agravio debe ser desestimado.

Recurso de casación por violación a normas

sustantivas

En el primer

reparo, acusa violación de los artículos 41, 70 inciso b) y 71 inciso 3) del

Código Procesal Penal (CPP); 242 y 243 del Código de Familia y la indebida

valoración de la “Sentencia no. 106-11 del Juzgado de Pérez Zeledón”

(folios 198 a 200). Manifiesta, el fallo impugnado indica que “se rechaza la

defensa de falta de legitimación ad causam activa respecto a la señora Seily

Solís Muñoz”.  También señala que resulta esencial para el Tribunal,

tener claro que la responsabilidad atribuida al INA es consecuencia de los

hechos probados en sede penal y trae a colación los preceptos 41, 70 inciso b);

71 inciso 3 del CPP, donde se legitima a quien se considere como victima, a

ejercer la acción civil resarcitoria; y que las reglas de la responsabilidad

civil del Código Penal de 1941, resultan aplicables en razón de los hechos que

la generan. La sentencia expresa que el artículo 129 de este último texto

normativo, legitima al consorte del ofendido que haya muerto a causa de un

injusto penal, a solicitar la indemnización que corresponda a consecuencia de

sus resultados. Por este motivo, los juzgadores indican: “De las citadas

normas, considera el Tribunal que no es requisito dentro de este proceso que la

convivencia que sostuvo Seily Solís con Omar Valverde por varios años previo a

su fallecimiento, deba estar reconocida por un juez de familia”. En suma,

arguye, el Tribunal arribó a la conclusión de que no resulta necesario

que la unión de hecho de Omar y Seily sea reconocida por el Juez de Familia, ya

que la finalidad de tal reconocimiento en los términos del numeral 242 del

Código de Familia, lo es para efectos patrimoniales propios del matrimonio y

para efectos indemnizatorios consecuencia de un injusto penal. En criterio de

los juzgadores, el extremo indemnizatorio producto de un ilícito penal al que

tiene derecho la víctima, es un efecto patrimonial, que solo puede ser

reclamado por el cónyuge o el conviviente debidamente acreditado, lo cual,

afirma, no sucede en este caso, puesto que la señora Solís no demostró ser la

conviviente del difunto. Señala, existe prueba de que su derecho para el

reclamo está caduco. En este entendido, resalta la sentencia 106-11 del

Tribunal de Familia de Pérez Zeledón de las 15 horas del 10 de marzo de 2011

que se encuentra aportada al proceso, la cual decretó la caducidad de la acción

del reconocimiento de unión de hecho entre la actora y el occiso. De esa

resolución, expresa, se infiere que el tiempo para solicitarla feneció, y por

ende, no se pudo demostrar la relación con el difunto, ni el derecho a reclamar

efectos patrimoniales producto de esa relación. Por lo expuesto, refiere, existe

indebida valoración de la sentencia comentada, al estimar el Tribunal que el no

reconocimiento de la relación, no afectaba el derecho a reclamar la

indemnización producto del injusto penal. Lo anterior, por considerar que el

artículo 70 inciso b) del CPP, cataloga como víctima a la persona conviviente

con más de dos años de vida común; y que el canon 71 punto 3 inciso f) ibídem,

le da derecho a presentar la acción. Enfatiza, pese a que el precepto 41 del

CPP, dispone que la acción civil podrá ejercerse en el proceso penal, conforme

a las reglas establecidas por esa norma, o bien intentarse ante los tribunales

civiles, en su criterio, necesariamente deben integrarse con las estipulaciones

contenidas en el Código de Familia. Entonces, para que un conviviente pueda

hacer algún tipo de reclamo patrimonial (acción civil) por la relación

existente con su pareja, esta debe estar reconocida por un juez de familia. En

el segundo planteamiento, aduce indebida valoración de la “certificación

notarial de fecha 22-11-2010” y violación de lo dispuesto en el artículo

107 del Código Penal. Alega, el Tribunal decidió acreditar la legitimación a la

señora Solís indicando que “con fundamento en el artículo 134 y 107 del

Código Penal actual donde establece la obligación de reparar civilmente y esta

obligación se transmite a herederos del ofensor así como el derecho a exigirla

también a herederos del ofendido, condición que tienen en este proceso ambos

actores como se ha demostró (sic) en la certificación notarial que

presentan para demostrar que en el proceso sucesorio se encuentran como únicos

herederos ambos actores”. Expone, según la certificación a la que alude el

Tribunal, en el proceso sucesorio del señor Omar Valverde Chavarría, tramitado

en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Pérez Zeledón, es cierto que figuraron

como herederos la señora Solís y el hijo de don Omar; pero la primera lo hizo

como heredera a raíz de una cesión de derechos hereditarios de los padres del

causante. De esta forma, apunta, se evidencia que la señora Solís no es

heredera legítima del señor Valverde Chavarría por convivir en unión de hecho,

sino que fue en virtud de la cesión de derechos que adquirió tal condición.

Destaca, de no ser por esa cesión, la actora no formaría parte de la sucesión

del señor Valverde, por cuanto ella no posee derecho a reclamar patrimonio

alguno que sea producto de su relación con el difunto, por haber caducado su

derecho. En el tercer reparo, endilga indebida valoración de la prueba

testimonial que fundamenta la renta vitalicia. Para dar una mejor claridad a

ese alegato, al quebranto a las reglas de la sana critica y a la falta de

fundamentación descriptiva de la sentencia, refiere ampliamente a lo indicado

por el Tribunal. Asevera, de acuerdo al interrogatorio realizado a la señora

Solís por su abogado en el juicio oral y público, y a lo manifestado por el

señor Omar Valverde Calderón, padre del occiso, es evidente que la actora

trabajaba como educadora en dos colegios, además de contar con una profesión de

contaduría privada. Afirma, la declaración en este sentido es amplia y

contradictoria. Insiste, el Tribunal no valoró que la señora Solís es contadora

privada y “educadora universitaria”. Conforme a la situación expuesta, imputa

indebida valoración de la prueba, al estimar que se ha dado una inexacta

interpretación a la probanza indicada, pues se parte de que prácticamente, la

actora no trabajaba, cuando la realidad indica otra situación. Por ese motivo,

alega, no es posible que con apoyo en una parte de la declaración de la

demandante, el Tribunal fundamente una renta vitalicia donde a lo sumo, lo que

se pudo haber considerado es una renta conmutada. Considera, lo procedente

sería aplicar para la valoración del daño material, una renta conmutada, no una

vitalicia para la señora Solís y hasta la mayoridad o hasta los 25 años para el

menor. Concluye, considerar una renta vitalicia perjudicaría al erario

público.

Los tres agravios del

Instituto recurrente giran en torno a un eje común: indebida valoración de la

prueba e incorrecta interpretación de los preceptos 242 y 243 del Código de

Familia, ya que en su criterio, para que la actora contara con la legitimación

suficiente para solicitar la indemnización discutida en el proceso, resulta

necesario que el vínculo de hecho alegado haya sido reconocido por el Juez de

Familia. En torno a lo anterior, en el primer agravio, endilga preterición de

la sentencia no. 106-11 del Juzgado de Familia de Pérez Zeledón, la cual

decretó la caducidad del reconocimiento de unión de hecho entre la actora y el

occiso. El Tribunal consideró al respecto: “La responsabilidad que se le

pudiera atribuir a la institución demandada, lo es por los daños provocados

consecuencia de los hechos investigados en sede penal. Trae a colación entonces

las normas procesales penales y concretamente el artículo 70 inciso b) del

Código Procesal Penal, define o establece, quienes serán considerados durante

el proceso como víctimas y en lo que interesa dispone: “El cónyuge, la persona

conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o la hija…” y

menciona otros presupuestos…. El 71 informa sobre los derechos y los deberes

que tiene la víctima dentro de ese proceso. El inciso 3 f) indica concretamente

que se legitima a quien se encuentre en calidad de víctima a ejercer la acción

civil resarcitoria, en los términos y alcances que define el Código Procesal

Penal. Integrando siempre la normativa procesal penal, el artículo 41 de la

misma, dispone que el ejercicio alternativo a disposición de la víctima, podrá

ser la acción civil en el proceso penal o intentarse ante los tribunales

civiles, pero establece la prohibición de que no podrán tramitarse

simultáneamente en ambas jurisdicciones. De igual forma, las reglas de

responsabilidad civil del Código Penal de 1941, las cuales resultan de

aplicación en razón de los hechos que generan la responsabilidad, concretamente

en el artículo 129, legitiman al consorte del ofendido que haya muerto, a causa

de un injusto penal, a solicitar la indemnización que corresponde en consecuencia

del resultado muerte. De las integraciones de las citadas normas, considera

este Tribunal, que no es requisito dentro de este proceso, que la convivencia

que sostuvo la actora Solís Muñoz con el señor Omar Valverde Chavarría por

varios años, previo a su fallecimiento, deba estar recocida por un juez de

familia… debe tenerse claro que la legislación procesal, otorga una

calificación de víctima a la persona sobreviviente con más de dos años de vida

en común con el ofendido, supuesto que cumple a criterio del Tribunal, como

quedó demostrado, la señora Solís Muñoz, tanto en sus declaraciones en el

juicio oral y publico como de los mismos padres del señor Omar Chavarría….”

(soporte del dictado de la sentencia a partir de las 14 horas 58 minutos).

El ordinal 242 del

Código de Familia establece: “La unión de hecho pública, notoria, única y

estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud

legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios

del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”.

Por otro parte, el canon 243 ejúsdem dice: “Para los efectos indicados en el

artículo anterior, cualquiera de los convivientes o sus herederos podrá

solicitar al Tribunal el reconocimiento de la unión de hecho. La acción se

tramitará por la vía del proceso abreviado, regulada en el Código Procesal

Civil, y caducará en dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la

muerte del causante”. Del análisis de las normas recién transcritas, se

desprende que efectivamente, el artículo 243 del Código de Familia establece un

plazo de caducidad para establecer el respectivo procedimiento para que se

reconozca una unión de hecho que cumpla los requisitos establecidos en el

numeral 242 del mismo cuerpo legal, a saber: "notoria, única y estable,

por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para

contraer matrimonio". Lo anterior a efecto de reconocerle "todos

los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al

finalizar por cualquier causa". En virtud de ello, el plazo

establecido es de dos años a partir de la ruptura de la convivencia o de la

muerte del causante. Los requisitos analizados son necesarios, precisamente por

la particularidad de la relación, puesto que al no existir un vínculo legal,

son indispensables ciertos elementos notorios y fácilmente constatables para el

juez. El matrimonio, es un vínculo jurídico, que se inscribe en el Registro

Civil, su prueba se puede dar en cualquier momento con vista en los registros

de esa institución. La unión de hecho por el contrario, debe acreditarse

mediante otros medios, sea por testigos, eventos y circunstancias que conduzcan

al juzgador del derecho a constatar que efectivamente esa relación se dio. Por

tal motivo, es imprescindible que exista declaratoria judicial previa, ya que

la existencia de un vínculo de hecho entre dos personas solo puede ser surtir

efectos patrimoniales mediante sentencia judicial que así lo disponga. El

conviviente debe someterse al trámite de reconocimiento para su validez, esa

sería la única forma de sustentar su legitimación a raíz de ese vínculo. En el

caso concreto, la señora Muñoz Solís dejó transcurrir el plazo de caducidad que

dispone el canon 243 ibídem para obtener el reconocimiento de la unión de

hecho. Así fue declarado por el Juzgado de Familia de Pérez Zeledón en la

resolución no. 106-11 de las 15 horas del 10 de marzo de 2011 (folios 198-199

del expediente judicial). Ese elemento probatorio debió ser analizado por el

Tribunal, ya que de él se desprende, que la co-actora no disponía de la

legitimación necesaria para solicitar la indemnización pretendida al INA. Para

que la señora Solís Muñoz exigiera la responsabilidad patrimonial, en virtud de

la muerte de don Omar, era necesario que obtuviera la correspondiente

declaratoria de unión de hecho en sede judicial. A raíz de la caducidad del

derecho para obtener ese pronunciamiento, en el caso concreto, no existe esa

debida correspondencia o nexo entre la actora demandante y el derecho o interés

legítimo pretendido, puesto que falta el requisito legal expuesto en el

cardinal 243 del Código de Familia. Falta de este modo, ese vínculo o relación

con la pretensión procesal formulada, dado que no se ha acreditado la unión formal

entre el occiso y la demandante. Distinto ocurre con el menor, debido a que

quedó demostrado que sí es hijo del señor Valverde Chavarría (además sobre sus

pretensiones, salvo por el monto solicitado, existe un allanamiento del INA).

Incluso, lleva razón el Instituto, en el sentido de que si no fuera por la

cesión de derechos hereditarios realizados por el padre y la madre del occiso a

favor de la señora Solís Muñoz, ella no hubiese tenido derecho en la sucesión

de Omar Valverde. Por tal motivo, no demanda responsabilidad de la

Administración en carácter de conviviente judicialmente declarada ni como

heredera legítima. Esta Cámara no discute la posibilidad que tiene la víctima

de un ilícito penal de acudir a la vía contenciosa a exigir la responsabilidad

de la Administración por ser causante de aquél ilícito; sin embargo, debe

resaltarse que las reglas del Código Penal no deben ser aplicadas al caso

concreto, puesto que no hay una sentencia que declare la responsabilidad penal

del funcionario del INA, ya que en la causa llevada al efecto se dictó un

sobreseimiento definitivo. En este entendido, hay que tener presente que las

reglas de responsabilidad civil vigentes del Código Penal de 1941, en todo

momento hablan de condenado, y este no es el supuesto del chofer del Instituto.

De este modo, las reglas que a lo sumo se debían aplicar, son las de

responsabilidad patrimonial de la Administración, establecidas en la Ley

General de la Administración Pública. Sin embargo, también era necesario que la

demandante demostrare el vínculo que mantuvo con el señor Valverde Chavarría.

Es un asunto de legalidad, que se infiere de integrar al caso concreto, las

normas del Código de Familia mencionadas. De lo contrario, se estaría tutelando

a cualquier persona que simplemente alegue la existencia de una unión de hecho.

Como se indicó, existe un procedimiento abreviado para ese fin, el cual se

configura como una etapa de obligado acatamiento para cualquier interesado

(conviviente) que plantee un proceso de responsabilidad patrimonial de la

Administración y en virtud de la muerte de cualquiera de los convivientes.

Cuando el Código de Familia indica que la unión de hecho judicialmente

declarada “surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio

formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”, también se

refiere a la muerte de alguno de los consortes como causa normal de

finalización del vínculo. El conviviente, asimismo, tiene el derecho de

exigirle responsabilidad a una Institución del Estado en virtud de la muerte de

su pareja (un caso de efecto patrimonial), pero de previo, debe acreditar su

legitimación, sea la razón o el vínculo que lo une con el interés o el derecho

reclamado. En mérito de lo expuesto, lleva razón la representación del

Instituto, al manifestar que el Tribunal omitió analizar la sentencia del

Juzgado de Familia de Pérez Zeledón (no. 106-11 de las 15 horas del 10 de marzo

de 2011) e interpretó indebidamente las normas 41, 70 inciso b), 71 inciso 3)

f. del CPP; y 129 del Código Penal de 1941.

Con base en lo

anterior, se debe acoger el recurso formulado por el INA. En consecuencia, se

anula el fallo del Tribunal únicamente en cuanto condenó al Instituto a pagar a

la señora Solís Muñoz ¢15.000.000,00 por concepto de daño moral y una renta

vitalicia. En su lugar, fallando por el fondo, se acoge la excepción de falta

de legitimación ad causam activa opuesta por el INA y se declara sin lugar la

demanda en cuanto a la señora Seily Solís Muñoz. En aplicación del precepto 193

y 197 del CPCA, se resuelve sin especial condenatoria en costas, ya que por una

parte el INA se allanó en cuanto a las pretensiones del menor y por el otro,

resultó parcialmente vencedor. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia

recurrida, especialmente en lo que se refiere a al daño moral y a la pensión

otorgada al menor Valverde Solís. Por innecesario, se omite pronunciamiento

sobre el resto de los agravios.