Resolución 00014-2013

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció

proceso de ordinario, cuya cuantía se fijó en la suma de setecientos cincuenta

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “A. Que la privación de

libertad sufrida por la actora Jiménez Rosabal como consecuencia de una

sentencia condenatoria arbitraria e ilegal, lo fue como resultado de un error

judicial al fundamentar el Tribunal Superior de Puntarenas la sentencia en

prueba ilegal e insuficiente. B. Que las sentencias judiciales del caso: sentencia

condenatoria, recurso de casación y recursos de revisión denegados fueron

dictados en representación y por el Estado de Costa Rica. C. Que el Estado o

Gobierno de Costa Rica, es responsable de los daños y perjuicios causados a la

actora como consecuencia de una sentencia condenatoria con base a (sic)

un error. D. Que el Estado de Costa Rica, pagará a la actora Ivonne

Jiménez Rosabal la suma de VEINTE MILLONES DE COLONES, más los intereses de ley

(sic) por tal suma, por los salarios que dejó de devengar como

instructora de Gimnasia, desde (sic) la fecha en que ella recobró su

libertad y hasta su efectivo pago; por no haber podido la actora trabajar o

ejercer su oficio por el plazo de su detención ilegal. E. Que el pago ordenado

al Estado es a título de indemnización para la actora Jiménez Rosabal por los

daños y perjuicios causados por una sentencia arbitraria e ilegal. El daño

material es por no haber podido trabajar o ejercer su oficio como Instructora

de Gimnasia, al estar recluida. El motivo que lo origina es su ilegal detención

por más de nueve años, como producto de un severo error judicial por las

sentencias dictadas por el Estado. F. Que el Estado de Costa Rica pagará

a la actora Ivonne la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE COLONES, y los intereses

de Ley por tal suma, desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago, como

indemnización por DAÑO MORAL causado a la actora por su ilegal detención con base

en una sentencia arbitraria e ilegal. G. Que el pago por DAÑO MORAL ordenado al

Estado de Costa Rica a título de indemnización por los daños y perjuicios

ocasionados por la sentencia arbitraria e ilegal, consiste en el sufrimiento,

aflicción, pena y trauma psicológico que tuvo y que tiene que llevar la actora

por su ilegal detención descrito en los hechos. La perdida de su libertad

misma, el alejamiento de sus hijos y seres queridos, el estigma social, el no

poderse ganarse (sic) la vida trabajando y la pérdida de su oficio,

devienen en daño moral. El motivo que origina este daño es la fundamentación

arbitraria e ilegal de las distintas sentencias, tanto condenatoria como de

casación y las de revisión que el Estado emitió como consecuencia de un error judicial

que se vino a determinar hasta el último proceso de revisión después de más de

nueve años. H) Que el Estado demandado pagará ambas costas de este

proceso."

El

Estado contestó conforme a folios 18 a 69 e interpuso la excepción de falta de

derecho; así como la expresión genérica de “sine actione agit.”

La

jueza Patricia Calderón Rodríguez, en sentencia n.° 875-2009 de las 10 horas 24

minutos del 30 de abril de 2009, resolvió: “Se declara parcialmente con

lugar la demanda, debiendo entenderse aceptada en cuanto al daño moral y

rechazada en cuanto al daño material y los perjuicios reclamados por no haber

sido demostrados los mismos. Se condena al Estado al pago de ¢100.000.000.00

(Cien millones de colones), por concepto de daño moral subjetivo, más los

intereses que a partir de que adquiera firmeza la presente sentencia se generen

hasta su efectivo pago. Se rechaza la excepción de falta de derecho así como la

pretendida Sine Actione Agit. Son ambas costas del proceso a cargo de la parte

perdidosa.”

4.

La actora apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima,

integrada por los jueces Bernardo Rodríguez Villalobos, Judith Reyes Castillo y

Francisco Jiménez Villegas, en sentencia n.° 28-2011 de las 9 horas 30 minutos

del 26 de abril de 2011, dispuso: “En lo que ha sido objeto de

recurso, por la actora y el demandado, se confirma la sentencia apelada.”

5.

Ambas partes formulan recurso de casación indicando expresamente las razones en que se

apoyan para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández

El 19 de octubre de

2006, la señora Ivonne Lidieth Jiménez Rosabal, presentó demanda ordinaria

contencioso administrativa contra el Estado, la cual dedujo el 19 de marzo de

2007. En lo esencial indicó que hace muchos años se llevó a cabo el proceso

penal número 97-200151-416-PE, en los Tribunales de Puntarenas, en contra de

ella y de José Alberto Martínez Cernas, Henry Alberto Castro Ríos e Israel

Astúa Coto, por el delito de homicidio calificado en perjuicio del señor Alexis

Murillo Rojas. Desde que fue indagada, dijo, fue detenida y recluida en el

Centro de Atención Institucional El Buen Pastor. El 19 de noviembre de 1997,

expresó, mediante resolución número 115-97 el Tribunal Superior de Puntarenas

absolvió de toda pena y responsabilidad a todos los coimputados, excepto al

señor Martínez Cernas y a ella; a quienes condenó a 25 años de prisión. Ante

recursos de casación interpuestos contra ese fallo, indicó, la Sala Tercera en

resolución número 904-98 de las 14 horas 19 minutos del 29 de setiembre de

1998, pese a haber evidenciado defectos en su motivación, declaró sin lugar la

gestión correspondiente en lo que a ella concierne; pero anuló la condena

respecto del coimputado José Alberto Martínez y ordenó el reenvío para una

nueva sustanciación, que finalizó con una sentencia absolutoria a favor de

aquél. Con posterioridad, expuso, el 11 de marzo de 1999 y el 15 de octubre de

2003, se interpusieron dos procesos de revisión, el primero fue declarado sin

lugar, el otro inadmisible. El 1 de febrero de 2005, señaló, se volvió a

gestionar una revisión, en la cual el representante del Ministerio Público se

allanó y solicitó su absolutoria, pues consideró que la prueba con que se

contaba y que fundamentaba la sentencia era insuficiente, utilizando aspectos

ilógicos y arbitrarios. Ante esta situación, apuntó, aquella Sala mediante

sentencia número 2005-1531 de las 10 horas 5 minutos del 23 de diciembre de

2005 anuló el fallo donde se le había declarado culpable del delito de

homicidio y se le imponía la condena de prisión, asimismo, ordenó su inmediata

liberación. En virtud de lo anterior, dijo, durante su detención ilegal, no

pudo trabajar ni ejercer su oficio de instructora de gimnasia. Aunado a lo

anterior, refirió, sufrió terriblemente al ser reducida a prisión y perder así

su vida privada y social por todo ese tiempo. Además dicha situación se vio

agravada por hechos como los siguientes: a- fue la única condenada; b-

incertidumbre respecto del futuro de su familia; c- fue obligada a alejarse de

sus dos hijos menores de edad, quienes para ese momento contaban apenas con

ocho y 10 años; e- la muerte de su madre en 1999, sin la posibilidad de poderla

ver antes del deceso ni asistir a las honras fúnebres. No se debe obviar,

aseveró, pasó recluida ilegalmente durante nueve años, cinco meses y 20 días;

situación que le va a afectar por toda la vida. Con base a esa relación de

hechos, en lo medular pidió se condene al Estado al pago de los daños y

perjuicios ocasionados, nacidos en el error judicial cometido por el Tribunal

Superior de Puntarenas los cuales cuantificó de la siguiente manera: daño

material ¢20.000.000,00 por los salarios dejados de percibir durante su

detención como instructora de gimnasia; ¢600.000.000,00 como daño moral;

asimismo los intereses que esas sumas generen hasta su efectivo pago. También,

solicitó las costas a cargo del demandado. Este contestó de manera negativa e

interpuso las excepciones de falta de derecho y las comprendidas en la

expresión genérica “sine actione agit”. En primera instancia, se

denegaron todas las defensas opuestas. Declaró parcialmente con lugar la

demanda. Condenó al Estado al pago de ¢100.000.000,00 por daño moral subjetivo,

más los intereses a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo

pago. En el recurso de apelación el Estado alegó la excepción de falta de competencia;

la cual fue rechazada interlocutoriamente. El Tribunal confirmó. Ambas partes

acuden ante esta Sala. Dada la manera como se resolverá el asunto los recursos

se conocerán en el siguiente orden.

Recurso de la parte demandada

La representación estatal

lo interpone por razones de fondo. Aduce los siguientes dos motivos.

Primero:

alega violación de los cardinales 154 y 166 de la Constitución Política y el

419 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). Dice, la responsabilidad del

Estado tratándose de la función jurisdiccional, solo procede en los casos en

que la ley expresamente lo señale. Aquel último precepto, expresa, impone que

la indemnización sea impuesta por el propio tribunal que conoce del recurso de

revisión y a instancia de parte, en consecuencia, la jurisdicción contencioso

administrativa carece de competencia para conocer el caso. Este tema, indica,

el Ad quem no lo abarcó pues solo se limitó a decir que el asunto ya había sido

resuelto en resolución número 3337-2010 de las 15 horas 25 minutos del 12 de

agosto de 2010, dictada por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso y que

por ello, solo refirió “no se aportan otros argumentos capaces de modificar

lo resuelto sobre la competencia, debiendo mantenerse lo resuelto.”. La

indemnización, insiste, solo procede cuando se demuestra fehacientemente que se

incurrió en un error judicial, lo cual implica que no en todos los casos cuando

se acoge un recurso de revisión, resulte procedente el resarcimiento. Sin

embargo, explica, en este litigio lo que sucedió es que a la actora se le

sentenció y fue recluida en prisión, después de haber pasado por un

procedimiento judicial en el que se le respetó su derecho de defensa y debido

proceso, siendo que con la prueba con la que se contaba en ese momento el

Tribunal Penal de Puntarenas y la Sala Tercera no tenían otra alternativa que

condenar. Lo que hace cambiar de opinión, agrega, es la aparición de hechos

nuevos y probanzas que motivaron la revisión. Señala, la absolutoria lo es en

aplicación del in dubio pro reo, sin que en ningún momento se haya

establecido que existió error judicial y mucho menos que la aquí actora fuera

totalmente inocente de los cargos que se le imputaron y por los cuales fue

sentenciada y recluida en prisión. Se debe tomar en cuenta también, apunta, que

el recurso de revisión fue interpuesto al amparo del numeral 408 inciso e) del

CPP, lo cual es muy relevante porque ello demuestra que a doña Ivonne se le

absolvió, no por un error judicial, si no por hecho y pruebas acaecidos con

posterioridad, que no se conocían  Aunado a lo anterior, menciona, es

claro nunca existió certeza de que la accionanate no participara en el ilícito

penal; por el contrario, en las resoluciones que la condenan, sí se tuvo por

acreditada su participación directa en el homicidio. Tanto fue así, refiere,

que la propia Sala Tercera rechazó en dos ocasiones anteriores los recursos de

revisión. En virtud de lo anterior, manifiesta, no procede indemnización alguna

a favor de la señora Ivonne Jiménez. Cita jurisprudencia de esta Sala.

Advierte, según los criterios de esta Cámara, en este tipo de casos, la

compensación solo procede cuando la persona haya sido absuelta con base en el

principio de certeza. Pero como ya lo dijo, insiste, en este caso se aplicó el

de duda, de manera tal que no es posible hablar de error judicial.

Segundo:

asegura se han violado los artículos 154 y 166 de la Carta Magna, en relación

con el canon 419 del CPP, así como los principios de razonabilidad y

proporcionalidad. Lo anterior, asevera, en razón de que conceder

¢100.000.000,00 por daño moral es desmedido. Afirma, los juzgadores no tomaron

en cuenta los hábitos y ocupación de la actora al momento de su detención, como

el hecho de que consumía drogas. Sostiene, para que el daño moral proceda, es

necesario que su existencia quede demostrada, pero en ninguna de las dos

resoluciones de este proceso, se tuvo como hecho demostrado, dicho sufrimiento.

Por otra parte, alega, aún y cuando le compete al juez determinar su

cuantificación, lo fundamental es comprobar sí realmente se generó y que la

compensación que se fije no sea exorbitante o excesiva. En este caso, arguye,

con la suma otorgada se conculcan los principios antes mencionados, dándose un

enriquecimiento injusto a favor de la reclamante.

Previamente al análisis

de fondo del reparo, se hace indispensable aclarar, que el casacionista alega

una falta de competencia, pues en su criterio, de acuerdo a lo dispuesto en el

ordinal 419 CPP, la indemnización debió haber sido impuesta por la Sala

Tercera. Sobre este particular el Tribunal consideró: “El (sic) representación

estatal pidió declarar la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia

material, sin embargo, como ya adelantamos, esa gestión le fue rechazada, por

resolución de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, en la

cual, tras un considerando "II.- DEL OBJETO PROCESAL, en que

se transcriben las pretensiones de la demanda, esa Sección consideró, lo

siguiente: "... "III.- DE LA INCOMPETENCIA ALEGADA:

Claro lo anterior, se tiene que la parte actora lo que pretende en esta sede es

la declaratoria de responsabilidad de la administración de justicia, con base

en una sentencia condenatoria que a su parecer fue dictada con error judicial,

ante lo cual se solicitan sumas cuantiosas por concepto de indemnización,

petitoria que tiene un contenido meramente pecuniario (proceso civil de

hacienda), siendo así, se determina que tanto por el objeto procesal como por

el sujeto (ya que se demanda al estado), conforme al artículo 97 y 110 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, este asunto es de conocimiento de la

jurisdicción Contenciosa Administrativa y así se declara. En cuanto a la bondad

de las pretensiones del actor, éstas deben ser dilucidadas en la sentencia de fondo

y no en la presente articulación, todo lo anterior conlleva irremediablemente

al rechazo de la Incompetencia alegada por la representación estatal. (sic)

(fs. 169 y 197 a 202). Y no se aportan otros argumentos capaces de modificar

lo resuelto sobre la competencia, debiendo mantenerse lo resuelto.”. En

este sentido, el numeral 419 de cita establece: “Reparación civil por error

judicial. Cuando a causa de la revisión del procedimiento se reconozca un error

judicial, a consecuencia del cual el sentenciado descontó una pena que no debió

cumplir, o una mayor o más grave de la que le correspondía, el tribunal que

conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del

Estado y a instancia del interesado, siempre que este último no haya contribuido

con dolo o culpa a producir el error. […]”. Vale aclarar, que este numeral

refiere una competencia especial a la Sala Tercera (en este caso) para que, al

conocer el recurso de revisión, imponga al Estado la obligación de reparar al

afectado. No se trata de una competencia exclusiva y excluyente respecto de

otros órganos jurisdiccionales. De su propia literalidad y en lo que a la

indemnización concierne, su competencia depende de que sea requerida por la

persona interesada. Esta limitación unida a una interpretación armónica con el

artículo 49 constitucional y acorde al ámbito competencial propio de la

jurisdicción contencioso administrativa, comprensivo de la responsabilidad del

Estado, en la óptica de esta Sala, habilita a un órgano distinto de aquel, a

efecto de resolver una pretensión resarcitoria contra el Estado. Todo lo

anterior implica, que desde la perspectiva de la persona afectada con la

decisión jurisdiccional, cuenta con dos vías establecidas legalmente para

ejercer el reclamo correspondiente. Debiéndose agregar, el hecho de que el

particular no haya pretendido la indemnización ante la Sala Tercera no agota la

posibilidad de que, comprobado el error judicial, se plantee un proceso civil

de hacienda independiente.

Para continuar con el

estudio del primer agravio, resulta importante indicar cuáles fueron las

consideraciones del Tribunal: “De previo a exponer las razones, es

conveniente transcribir, con base en el Sistema Costarricense de Información

Jurídica, el marco normativo básico. Así, en cuanto al deber de indemnización,

al imputado, en el supuesto de prisión preventiva - que no es el supuesto que

ahora nos ocupa-, el Código Procesal Penal establece: […]  ARTICULO

271.-Deber de indemnización. El Estado deberá indemnizar a la persona

que haya sido sometida, indebidamente, a una medida cautelar por un funcionario

público que actuó arbitrariamente o con culpa grave, en los términos del

artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. En este caso, el

funcionario será solidariamente responsable con el Estado. También procederá la

indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya sido

sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena

demostración de inocencia. (subrayado suplido. Este artículo tiene una

acción de inconstitucionalidad sin resolver -expediente 10-6789-0007-CO-, pero

no es óbice, por no ser el caso que ahora nos ocupa)./ Por su parte, en cuanto

a la reparación civil por error judicial, en el caso del procedimiento para la revisión

de la sentencia - que es el supuesto, que ahora nos ocupa -, el Código Procesal

Penal establece:/ ARTICULO 419.-Reparación civil por error judicial.

Cuando a causa de la revisión del procedimiento se reconozca un error

judicial, a consecuencia del cual el sentenciado descontó una pena que no debió

cumplir, o una mayor o más grave de la que le correspondía, el tribunal que

conoce de la revisión podrá ordenar el pago de una indemnización a cargo del

Estado y a instancia del interesado, siempre que este último no haya

contribuido con dolo o culpa a producir el error. Los jueces que dictaron la

sentencia revisada serán solidariamente responsables con el Estado, cuando

hayan actuado arbitrariamente o con culpa grave en los términos del artículo

199 de la Ley General de la Administración Pública./ La reparación civil sólo

podrá acordarse en favor del condenado o sus herederos legítimos./ De lo

anterior se deduce, en criterio de esta Sección del Tribunal, sin necesidad de

interpretación, máxime que esas normas tienen un contenido y sentido distinto

de manera que regulan situaciones diversas, con lo que no pueden ser

asimilados, que se trata de supuestos diferentes y/o regulaciones distintas, al

menos actualmente. Sea que, si bien en el primer caso se requiere que la

persona sometida a prisión preventiva, sea luego sobreseída o absuelta, con

plena demostración de inocencia; en el segundo caso no se requiere esto último,

al menos no necesariamente, sino, simplemente, y en lo que ahora interesa, que

se reconozca que hubo un error judicial, a consecuencia del cual el sentenciado

descontó una pena que no debió cumplir. Así, en el primer supuesto, el imputado

sufre un daño - prisión preventiva -, que no estaba obligado a soportar -

antijurídico-, a consecuencia de que era inocente, mientras que, en el segundo

caso, el sentenciado sufre un daño - descuenta una pena, p. ej. privación de

libertad -, que no estaba obligado a soportar - antijurídico-, a consecuencia

de un error judicial. Cual sucedió en el caso de la actora, al reconocerse, en

el procedimiento de revisión, básicamente, la inutilidad de los elementos

probatorios y, por ende, la imposibilidad para arribar al juicio de certeza

constitucionalmente exigido para fundar una condena (artículo 39

constitucional). Siendo irrelevante, para la procedencia de la reparación civil

por error judicial y en razón de lo expuesto, si el recurso de revisión es

acogido, al tenerse por acreditada su inocencia y/o en aplicación del principio

in dubio pro reo. […] Lo contrario implicaría invertir el principio del

Derecho Penal Democrático de la presunción de inocencia (artículo 39

constitucional). Consecuentemente se desestiman las conclusiones del personero

estatal de que solo cabrá responsabilidad cuando la sentencia absolutoria - que

se dicte con ocasión de un procedimiento de revisión -, establezca con certeza

la inocencia del sentenciado, respecto de los hechos que se le imputaron; o

bien, contrario sensu, que si esta certeza no existe, tampoco surge el derecho

a ser indemnizado, aún y cuando exista una sentencia absolutoria. Siendo

inútil, en consecuencia, su alegato de que en el presente caso nunca existió la

certeza de que la actora no participó en el ilícito penal por el cual se le

condenó a 25 años de prisión. Por otra parte, el argumento de que el Tribunal

Penal de Puntarenas como la propia Sala Tercera tuvieron por acreditado que sí

tuvo participación directa en el delito que se le imputó y por el cual estuvo

recluida, se rechaza, por estéril, pues esas sentencias, de condena y

confirmación, quedaron sin efecto - nulas- […] Reiteramos, el que la

absolutoria de la actora no tuviera lugar porque se comprobara fehacientemente

que no tuvo participación, no es lo relevante, sino el hecho, en sí, de que

sufrió un daño - descontó una pena de prisión - que no tenía el deber de

soportar, en tanto lo fue a consecuencia de una condenatoria, respecto de la

cual se reconocieron yerros judiciales. Por otra parte, el Tribunal no estima

que el recurso de revisión hubiese sido acogido por nuevos hechos sobrevenidos

despues (sic) de la condena; como insinúa el personero estatal […] Cabe

reiterar, además, que el hecho de que la Sala Tercera acogiera la solicitud -de

nulidad y absolución- en aplicación del principio in dubio pro reo, no implica,

per se, en el caso presente al menos y conforme con la legislación actual, que

no nos encontremos en presencia de los supuestos en los que procede la

responsabilidad del Estado por actos jurisdiccionales. […]”. Lo subrayado y

destacado pertenece al original.

El primer agravio

planteado, se refiere al tema del error judicial, pues es el que da pie a la

indemnización que se está reclamando por daño moral. En ocasiones anteriores,

esta Sala ha manifestado: “Existe responsabilidad objetiva del Estado por el

ejercicio de la administración de justicia como servicio público, caso en el

cual le serán aplicables las regulaciones de la Ley General de la

Administración Pública por cuanto esa actividad prestacional debe respetar los

principios y reglas del servicio público en lo que es propio de la gestión

administrativa. Pero también resulta responsable por los daños generados cuando

desarrolla función jurisdiccional en su concepto primario o fundamental

(artículo 153 de la Constitución Política), al resolver litigios y demás

controversias, o ejecutar sus fallos, haciéndolo de manera anormal, ilícita o

arbitraria. Así entonces, de producirse una afectación antijurídica en

perjuicio de una de las partes del proceso, o de un tercero, cuando se ejercite

esa competencia jurisdiccional, surge la responsabilidad del Estado-juez bajo

la cobertura de los artículos 9, 11, 33, 41 y 154 de la Constitución Política.

Incluso, esto no representa obstáculo para la responsabilidad personal que

tiene el juzgador, de frente a las partes, o bien, ante al Estado. […] En

este orden, el numeral 154 de la Constitución Política establece: “El Poder

Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones

que dicte en asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades

que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.” En este

sentido, la responsabilidad objetiva puede generarse por el ejercicio de la

administración de justicia como servicio público, esto es, cuando actúa no en

su fase jurisdiccional, sino como administración, caso en el cual serían de

aplicación las normas sobre responsabilidad de la Ley General de la

Administración Pública. Pero a la vez, resulta responsable por los daños

ocasionados en el ejercicio de la función constitucional que le es propia, esto

es, en la resolución de las controversias que le sean planteadas y ejecución de

sus sentencias (canon 153 constitucional), cuando su proceder haya sido

arbitrario, anormal o ilícito. Así, en este último escenario (relevante al

presente caso), en tanto exista una lesión antijurídica o ilegítima causada al

justiciable, producida como consecuencia de estas competencias, se impone la

responsabilidad del Estado por el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo

anterior encuentra sustento en el contenido sistémico de la Constitución

Política, en particular, los numerales 9, 11, 33, 41 y 154, todos de la Carta

Magna, normas que sientan las bases de la responsabilidad por el error

judicial, el funcionamiento anormal o ilícito de la función jurisdiccional. En

este sentido, no puede dejar de mencionarse que el canon 9 de la Constitución

Política establece el principio de la responsabilidad del Estado, cuya

actuación se impone en el presente caso, y con base en el cual, no podría

sostenerse una “impunidad” del Estado Juez, con el fundamento de que carece de

desarrollo legal, pues, como ya se indicó, aquella se encuentra establecida en

el propio marco de la Constitución, a la vez que supondría un quebranto a la

seguridad jurídica, el principio de igualdad y al control de la arbitrariedad

de los poderes públicos. Así visto, su reconocimiento no está condicionado a la

existencia de un mandato legal que la regule, ergo, no es óbice lo estatuido en

el artículo 154 ibídem. La norma en cuestión, interpretada como parte del

sistema normativo constitucional, en particular, en relación con los alcances

extensivos del principio de responsabilidad estatal como elemento central de un

Estado Social de Derecho, debe entenderse referida a resoluciones dictadas

conforme a la Constitución y a la ley, de forma tal que, ante un fallo

arbitrario, el precepto citado no puede generar un ámbito de inmunidad,

contrario al Derecho de la Constitución. Lo anterior por cuanto no se está

frente a resoluciones ajustadas a derecho, sino por el contrario, ante

decisiones que presentan vicios o arbitrariedades generadoras de un daño

antijurídico. La responsabilidad aludida se rige por lo estipulado en la Carta

Fundamental, es decir, constituye un principio de base constitucional, impuesto

por las normas referidas y que busca el control del ejercicio de dicha función

y la tutela de los derechos e intereses de los justiciables. Como ya se indicó,

son múltiples las disposiciones que tutelan las situaciones jurídicas de los

particulares frente a la acción del ente estatal o de terceros, las cuales

delimitan los contornos que circunscriben cualquier limitación de

responsabilidad. […] Por otro lado, puede darse en tesis de principio,

tanto por error judicial como por funcionamiento anormal. El primero, es una

especie del género común del funcionamiento anormal, todo error judicial

supone, teóricamente, una anormalidad en ese funcionamiento, pero no a la

inversa. El error judicial comprende toda decisión jurisdiccional errónea o

contraria a derecho que prive a la persona de uno de sus derechos o intereses

legítimos. Así visto, es exclusivo de la función jurisdiccional, siendo

entonces, una modalidad de funcionamiento anormal que solo cabe en esa

dimensión. Lo anterior comprende no solo el error de hecho (por equivocado

conocimiento o valoración de los hechos, se dicta un fallo no ajustado a la

realidad fáctica y que por tal, deviene en injusta), sino el de derecho (como

quebranto al Derecho por su indebida interpretación, errónea o falta de

aplicación). En este punto, pese a la existencia de todo un sistema recursivo

contra esas decisiones, lo determinante es que una vez dado el reconocimiento

de ese yerro judicial, se hubieren producido en la esfera jurídica de la

persona, como consecuencia de esas deficiencias (nexo causal), daños

indemnizables conforme al Ordenamiento Jurídico. Ergo, el error indemnizable no

se encuentra limitado a los supuestos concretos en que el ordenamiento prevé

dicha consecuencia, ni a la materia penal, como el presente, por una medida

cautelar que deriva en improcedente, sino que por el contrario, su aplicación

trasciende dichas circunstancias para abarcar la totalidad de la función

jurisdiccional, esto es, cualquier resolución, indistintamente de la

jurisdicción en la que se emita, puede derivar en el deber de reparación a

cargo del Estado si genera un daño antijurídico. […] (sobre el tema se

puede consultar el voto de esta Sala no. 654-F-S1-2008 de las 10 horas 45

minutos del 26 de setiembre de 2008).”.” Resolución de las 8 horas 35

minutos del 2 de febrero de 2012, correspondiente al voto 112.

Se tuvo por demostrado

que la Sala Tercera en su voto número 2005-01531 de las 10 horas 5 minutos del

23 de diciembre de 2005 reconoció que en las sentencias en que se condenó a

doña Ivonne Lidieth Jiménez Rosabal hubo una indebida valoración de la prueba,

en tal sentido consideró: “Es evidente, además, que incluso una confesión

extrajudicial es insuficiente para dar soporte a una condena. Se requiere la

concurrencia de otras pruebas que le brinden apoyo y permitan arribar a una

conclusión razonable y de estricta certeza, conforme lo demandan los preceptos

constitucionales básicos. Tales pruebas, sin embargo, se echan de menos en este

asunto. No existe ninguna de carácter técnico pericial que relacione a la

sentenciada con su estadía, al menos, en el sitio en que ocurrieron los hechos.

Tampoco hay testigos que la hayan visto cerca de ese lugar de manera que puedan

establecerse vínculos temporales y espaciales […] En esta condiciones el

único sustento real de la condena se restringe al testimonio de Barahona

Contreras, el cual, además de los cambios sustanciales que ha sufrido, se

limita a referir lo que, según ella, le narró la acusada sobre la forma en que

ocurrió el delito y quiénes fueron sus autores. Los datos que se extraen de tal

declaración no se ven corroborados por ninguna otra prueba idónea, sino por

simples indicios anfibológicos […] lo cierto es que tales elementos no

pasan de allí y son inútiles para arribar al juicio de certeza

constitucionalmente exigido para fundar una conducta […]”. No cabe ninguna

duda que los casi 10 años que pasó doña Ivonne Jiménez en prisión, se debieron

a un error en la de valoración probatoria por parte de los juzgadores que

conocieron su causa. Así se tiene por ejemplo el que no existan probanzas que

demuestren la culpabilidad de doña Ivonne Jiménez; tampoco las hay de

naturaleza pericial; ni se cuenta con testigos, quienes afirmen haber visto a

la actora en las cercanías de dónde ocurrió el hecho. De tal manera que el

error endilgado a la Administración de Justicia, en su función jurisdiccional

fue bien analizado en el fallo recurrido, y por ende se debe tener como

existente.

En esta misma línea de

pensamiento, coincide esta Sala con lo dispuesto por el Tribunal, en la

aplicación de las normas procesales del derecho penal que se deben utilizar en

el caso particular. Así, efectivamente, la aplicación de los artículos 271 y

419 ambos del CPP, trascripción que se omite para evitar repeticiones, establece

dos supuestos totalmente distintos. El primer numeral se refiere a la

indemnización que procede cuando el Estado sometió a una persona, a cumplir

prisión preventiva y posteriormente es sobreseída o absuelta con plena

demostración de inocencia. Situación distinta establece el segundo canon, el

cual se refiere al deber de indemnizar ante la presencia de un error judicial.

En ese sentido la norma es clara en establecer, que el resarcimiento nace

cuando a raíz de la revisión de un procedimiento, se reconoce el error

judicial, y se evidencia que por esa causa, una persona cumplió una condena. En

este caso específico, la ley no exige que se tenga que haber declarado la

inocencia por certeza. El único requisito que se establece es que quede

evidenciado el error judicial. De tal manera, que en el caso en estudio, carece

de relevancia si la revisión se acogió debido a un in dubio pro reo.

Basta que se declare un yerro judicial, como aquí sucede al indicarse que en la

sentencia revisada hubo una valoración indebida de los elementos probatorios,

para que la indemnización sea procedente.

Para finalizar lo

aducido en este agravio primero, resulta importante mencionar que el

representante estatal aduce que en el caso particular, la absolutoria de la

accionante en el recurso de revisión, se debió a hechos y probanzas nuevas;

afirmación que no es cierta. Tal y como se desprende de la resolución de la

Sala Tercera, lo que se razonó en esa oportunidad fue “De esta suerte,

aunque se cuente con sospechas que podrían servir para sentar la probabilidad

de que Jiménez Rosabal interviniera activamente en los actos ilícitos que se le

atribuyeron […] lo cierto es que tales elementos no pasan de allí y son

inútiles para arribar al juicio de certeza constitucionalmente exigido para

fundar una condena […]”. Tal y como se aprecia, los señores Magistrados, no

analizaron ninguna probanza ajena a la que había en el expediente para cuando

se dictó al sentencia condenatoria. Tan débil es la afirmación del Estado, que

ni siquiera en su recurso dice con precisión cuáles son esas nuevas probanzas a

las que se refiere.

IX.

El

segundo reparo se refiere a su inconformidad por el monto otorgado por daño

moral. Sin embargo, como se estudiará a continuación, el recurso de la parte

actora también versa sobre ese punto en específico. De tal manera, que para una

mejor comprensión, se hará el resumen de lo alegado por doña Ivonne Rosabal y

de seguido se procederá al análisis conjunto de los reparos.

Recurso de la parte actora

Alega un único

motivo de fondo. Dice, se han conculcado: el artículo 8 de la Convención

Americana de Derechos Humanos, así como el numeral 41 de la Constitución

Política, en el tanto el Tribunal avaló los hechos tenidos por demostrados por

el Juzgado; por cuanto no se debe obviar, se le hizo sufrir una pena por un

delito sin que mediara prueba sobre su culpabilidad. En esta línea, expresa, se

trasgredieron los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de

fijar la indeminización. Reclama, la A quo utilizó la sentencia 654-2008 de

esta Sala para realizar la cuantificación del día prisión, el cual calculó en

¢29.325,50 y así obtuvo un total de ¢100.000.000,00. Actuación, indica,

desproporcionada, pues hay otros fallos de esta Cámara en donde se ha otorgado

un monto más elevado, cuando lo que sufrieron fue solo prisión preventiva y no

un descuento de pena como es el caso en estudio. El Ad quem, expone, no aceptó

subir el monto, pues en su criterio es razonable y proporcional. Apunta, “Aduce

[la A quo] que aunque parezca contradictorio, pero no lo es, que el

sentenciado que descuenta una pena de prisión, a consecuencia de un error

judicial, reciba menos indemnización que la persona sometida a prisión

preventiva y que luego es sobreseída o absuelta. Justifica ese aserto en el

hecho de que en el primer caso –mi defendida- no requiere obligadamente la

plena demostración de su inocencia sino la existencia de un error judicial, tal

y como ocurrió, y en el segundo, sí se requiere la demostración plena de su

inocencia –caso que sirvió de parámetro para el quantum a la señora Jueza ad

quo. Que ello implica un plus de antijuricidad en cuanto al daño cometido o

lesión sufrida y por ende en punto a la indemnización ya que lo contrario sería

o implicaría tratar de forma igual situaciones desiguales.”. En ambas

instancias, menciona, se ha comprobado la existencia de un error judicial, en

donde se le condenó injustamente, purgando una pena de prisión de casi 10 años

y, durante ese lapso sufrió todos los vejámenes y consecuencias derivadas de

esa reclusión. No obstante lo anterior, refiere, a la hora de cuantificar el

daño moral subjetivo, se basan en una ecuación matemática con un resultado

injusto, desproporcionado e irrazonable. En virtud de ello, considera, el monto

otorgado es muy bajo. No es posible comparar, manifiesta, a una persona que

sabiéndose inocente tiene que ir a demostrar su inocencia pero sin haber sido

condenada, con otra que siendo inocente, ha sido condenada sin poder demostrar

la realidad. Ahora bien, advierte, la honra y dignidad de una persona son

bienes inapreciables, la indemnización lo que pretende es mitigar la lesión

sufrida y sus consecuencias. Cita jurisprudencia de esta Sala a su favor. El Ad

quem, asegura, debió verificar no solo el aspecto comparativo respecto de los

casos que utilizó como base la jueza de primera instancia, sino que también,

debió ponderar el hecho de que permaneció sentenciada y privada de su libertad

durante nueve años y cinco meses, insiste, debido a un error judicial. Es

claro, asevera, que la reclusión de la que fue víctima, desencadenó una serie

de repercusiones en el entorno familiar, social y en el ámbito interno que la

afectaron seriamente; aspectos que necesariamente tienen que ser considerados a

la luz de los principios generales del derecho y la equidad, con el fin de

poder determinar si la suma concedida era desmedida o no. Insiste, la

indemnización otorgada es muy baja, dado que su privación de libertad obedeció

a una sentencia arbitraria e ilegal y que con posterioridad fue anulada.

Rechaza de manera contundente la posición del Ad quem, de que aunque se le

achacara haber matado a una persona, por motivos de robo, se le detuviera como

medida cautelar, luego fuere condenada a la pena máxima, se interpusieran

recursos de casación y revisión y que no hubiese sido, sino hasta 3410 días

después que la absolvieron por falta de prueba; aún así, dijo el Tribunal, que

si bien estos aspectos podían tener incidencia sobre su fuero interno, en

realidad no son atendibles o pertinentes para fijar y mucho menos elevar la

indemnización porque no pueden relacionarse con la pérdida de su libertad, pues

no son consecuencia de esta. En su criterio, esos aspectos son muy importantes

para determinar el daño causado, lo cual afectó profundamente su estado

emocional. Tampoco comparte, afirma, el razonamiento del Tribunal de que la

muerte de su madre pueda ser reconocida como parte del sufrimiento por estar en

prisión; pero no es eso lo que se reclama, sino, que al haber estado privada de

libertad no pudo acudir al sepelio de su progenitora. Es evidente, alega, todas

estas situaciones no fueron valoradas de la manera debida, en apego a las

reglas del correcto entendimiento humano. No se puede dejar de lado, arguye,

que durante su estadía en prisión, no pudo estar con sus hijos en la etapa de

crecimiento, cercenándosele su papel como madre, todo lo cual es obviado por

los juzgadores. En este caso, dice, no se trata de aplicar un método de

valoración, ya que al ser cuestiones anímicas, resultan aspectos inapreciables;

es por ello que lo razonable es hacer una tasación prudencial, limitada por las

circunstancias del caso, el derecho, la equidad, la razonabilidad y

proporcionalidad. Indica, el voto de la Sala Tercera que la absuelve de toda

culpa y responsabilidad lo hace por certeza y no por in dubio pro reo, aspecto

que es relevante a tomar en cuenta para determinar el daño causado, que se

refleja en la angustia, la afectación física y emocional y psico-social que la

llevaron incluso a sufrir fuertes depresiones.

Sobre este aspecto el

Tribunal consideró: “En cuanto al monto de ¢100.000.000,oo de indemnización

por daño moral subjetivo, el personero estatal lo estima desproporcionado. Este

alegato se rechaza, de entrada, por genérico. Además considera que no se toma

en cuenta que la actora se dedicaba, al momento de la detención, al consumo de

drogas y la prostitución; lo cual, estima, también debió tenerse presente, en

la valoración del presunto daño moral. Estos alegatos se rechazan, por

improcedentes, pues esos hábitos, aún siendo ciertos, no autorizan practicar

ninguna discriminación contraria a su dignidad humana; menos sufrir pena por un

delito, sin la necesaria demostración de culpabilidad, ni implican,

consecuentemente, que no pudiera y debiera encontrar reparación para los daños

recibidos, en sus intereses morales. En todo caso, la actora no fue procesada -

ni sufrió prisión-, por drogadicción o prostitución. Ahora bien, aún aceptando,

como probable, que el sufrimiento, la aflicción y la pena puedan ser

experimentados, en el fuero interno, de manera diferente, o con mayor o menor

gravedad o peso, por las distintas personas, p. ej.: por efecto de la mayor o

menor consideración y aprecio que de ellas se tenga, socialmente, por su

calidad y circunstancias; y que, cosa parecida pueda ocurrir, también, con el

estigma social, sin embargo, el Tribunal considera que la cantidad concedida

por daño moral subjetivo, no es un monto irrazonable o desproporcionado, en

este caso, por el sufrimiento, aflicción, pena y alejamiento de sus hijos, y

estigma social, padecidos por la actora, como consecuencia de la pena privativa

de libertad - por más de 9 años -, que no debió soportar, siendo como lo fue la

condenatoria, según se reconoció, contentiva de yerros judicales (sic) […] Estos

reparos se rechazan, además, por infundados, pues de los hechos probados se

desprende, sin mayor esfuerzo, que la actora estuvo en prisión desde el 3 de

julio de 1996, hasta el 1 de febrero del 2005, en que se declaró la

absolutoria, a su favor, por parte de la Sala Tercera, anulándose la sentencia,

del 19 de noviembre de 1997, que la había condenado por el delito de homicido

(sic) calificado e impuesto una pena de veinticinco años de prisión. Y tal y

como señala la Jueza, en sus consideraciones de fondo, de la sola privación de

libertad se infiere, in re ipsa, un daño moral, indecible, por el dolor, la

angustia y la afectación física, emocional y psico-social de la persona que la

padece. Así como el hecho de que en la mayoría de los casos estas personas se

sumen en un abismo que las puede llevar a depresiones, como sucedió con la

actora, que desde un inicio alegó su inocencia, como indican los testimonios

(folios 89 a 92); y no fue sino hasta más de nueve años despues (sic)

que recobró su libertad, tras el fallo de la Sala Tercera en que se acogió el

recurso de revisión a su favor. Siendo evidente, por lo demás, el nexo con los

hechos o actos imputables a la Administración, sea del Estado en su esfera

Juez. […] Tras el estudio del expediente, de la sentencia y del recurso

de la parte actora, en cuanto al monto por el daño moral, el Tribunal considera

que tampoco lleva razón en sus apreciaciones. Veamos: La actora fue condenada a

25 años de prisión, de los cuales descontó 9 años, 5 meses y 20 días

-equivalentes a 3410 días -, a consecuencia, como vimos, de yerros judicales

(sic) en la sentencia condenatoria -de valoración de prueba y

fundamentación, básicamente-, reconocidos por la Sala Tercera. Ahora bien, esta

Sección del Tribunal no considera que el monto de cien millones de colones

(¢100.000.000) que la Jueza A Quo fijó y concedió, por concepto de reparación

del daño moral subjetivo; sea muy poco, desmedido o contrario a la razonabilidad

y proporcionalidad, como señala su apoderado. […] Es obvio que el

resarcimiento se fundamenta en la prisión sufrida por la actora. Del expediente

se desprende que estuvo privada de su libertad por más de 9 años; desde el 3 de

julio de 1996 hasta, al menos, el 1 de febrero del 2005. Igualmente consta que

esa prisión desencadenó repercusiones, básicamente en el ámbito interno y

entorno familiar, que la afectaron. Así las cosas, tras el análisis de estos

dos aspectos, y otros que se dirán; y a la luz de los principios -de

proporcionalidad y razonabilidad-, el Tribunal no considera que el monto

concedido resulte irrisorio o inocuo. Veamos: Para empezar, no es cierto que

para fijar la cuantía, la Jueza tomara en cuenta, únicamente, el plazo de la preventiva.

Tampoco lo es, al menos no en los términos que expone el apelante, que la Jueza

hubiese considerado lo "doloroso, traumático, deprimente e

interminable" de la situación, sino propiamente lo transcrito, (sic) líneas

arriba. Tampoco es cierto que en la sentencia apelada se hayan enlistado, como

hechos debidamente probados, los indicados por el apelante, al menos no en los

términos en que los expone. En todo caso, aunque a la actora se le achacara

darle muerte en forma calificada a una persona con fines de robo; fuera

detenida cautelarmente y luego condenada a la pena máxima; se hubieran

interpuesto recursos de casación y revisión, y no hubiera sido sino tras más de

9 años - 3410 días - de prisión que la absolvieron por falta de prueba que

justificara con certeza su condena, aún así, y aunque estos aspectos pudieran

tener incidencia en su fuero interno, no son atendibles o pertinentes para

fijar y mucho menos elevar la indemnización, puesto que no pueden achacarse,

propiamente, a la pérdida de su libertad, no siendo pues ninguno de ellos,

consecuencia de la misma. Lo mismo cabe decir en cuanto a que de los cuatro

imputados acusados originalmente sólo ella guardaba prisión; que se habían

interpuesto tres recursos sin éxito pese a que ella pregonaba desde su génesis

su inocencia, y en cuanto a que sufrió la muerte de su madre, pues aunque

pudieran tener incidencia en su fuero interno, no están ligados ni pueden

achacarse, propiamente, a la pérdida de su libertad, ni son su consecuencia.

Los alegatos en cuanto a vejámenes; afectación de su imagen propia y ajena y

repercusiones en su salud física y emocional, son relativos o poco relevantes,

al menos en este caso, pues, pese a que dos testigos señalan que Ivonne sufrió

depresión e incluso fue internada, en algún momento, en el psiquiátrico, en

autos no consta, ningún diagnostico médico que determine la existencia de

secuelas, físicas o emocionales. Tampoco se comprobó que tuviera como oficio

habitual el de Instructora de Gimnasia, lo cual incide, quierase (sic) o

no, en su posición social. Al contrario, la testigo Mora Chavarría señaló que

no le constaba cuál era el oficio de la actora antes de estar en prisión y que

más bien le dijo que antes de ingresar a prisión en lo que estaba era en

drogas, que no tenía oficio (f.90). Por otra parte, de la prueba testimonial se

desprende que el estigma no fue más alla (sic) del odio proferido por

parte de una tía de sus hijos y la humillación o burla de algunas privadas de

libertad, oriundas de Puntarenas. Finalmente, admitiendo que sufrió la

separación de sus dos hijos y los retomó ya adultos; el largo período de

encarcelamiento; y, obviamente las condiciones propias de la prisión, lo cual,

se estima, pudieron incidir en las condiciones anímicas de la actora, aún así,

el Tribunal los considera suficientemente cubiertos por el equitativo,

razonable y proporcionado monto de cien millones de colones (¢100.000.000), en

que fue fijado y concedido el daño moral subjetivo.”.

Resulta esencial

mencionar lo que esta Cámara en ocasiones anteriores ha dispuesto sobre el daño

moral subjetivo: “no repercute en el patrimonio de manera directa. Supone

una perturbación injusta de las condiciones anímicas. No requiere de una prueba

directa y queda a la equitativa valoración del Juez. Si se trata de daño moral

subjetivo los tribunales están facultados para decretar y cuantificar la

condena. La naturaleza jurídica de este tipo de daño no obliga al liquidador a

determinar su existencia porque corresponde a su ámbito interno. Ello no es problema

de psiquiatras o médicos. Se debe comprender su existencia o no porque

pertenece a la conciencia. Se deduce a través de las presunciones inferidas de

indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño

moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el

honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la

prueba del daño moral existe “in re ipsa ”. Tampoco se debe probar su valor

porque no tiene un valor concreto. Se valora prudencialmente. No se trata,

entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es inapreciable, sino de fijar

una compensación monetaria a su lesión, único mecanismo al cual puede acudir el

derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa […] Su

otorgamiento no guarda una estrecha sujeción a factores probatorios (salvo que

se refieran a la relación de causalidad), sino a la prudencia y objetivo

arbitrio del juzgador. Sin embargo, su fijación está sujeta a los principios de

razonabilidad y de proporcionalidad, los que deben ser valorados por la

autoridad competente en cada caso, para que su cuantificación sea acorde a

Derecho y no lleve a indemnizaciones excesivas que beneficien

injustificadamente a una de las partes. Es decir, debe guardar un justo

equilibrio derivado del cuadro fáctico específico, cuestión que ha de

ponderarse dentro de los límites señalados.”. Resolución de las 10 horas 40

minutos del 3 de setiembre de 2003, correspondiente al voto número 537,

reiterado en el fallo de las 14 horas del 22 de marzo de 2011.

Asimismo, es

importante mencionar algunos aspectos relevantes que giran en torno a este

asunto, por las características particulares que lo rodean. En el caso de

estudio, se está ante la situación de una mujer en estado de pobreza (así se

evidencia del expediente penal y las sentencias penales) y madre soltera de dos

hijos (según se comprueba de las constancias del Registro Civil constantes en

el expediente a folios 2 y 3), quien para el momento cuando ocurrieron los

hechos del homicidio residía en Puntarenas, según se desprende de los autos.

Fue involucrada como supuesta autora del delito de homicidio, por algunas de

las personas, quienes conformaban un grupo de amigos, que vivían en la zona

cercana a ella, también en situación de pobreza y vinculadas a las drogas. Con

base en el dicho de dos mujeres, quienes pertenecían a ese grupo, los jueces

tanto de primera como segunda instancia penal, consideraron sus manifestaciones

junto con ciertas apreciaciones hechas por un policía que adujo haber visto a

doña Ivonne la madrugada de ese día recién bañada y con una bolsa con ropa;

como indicios, los cuales estimaron suficientes para determinar la culpabilidad

de la aquí actora. Prueba que como posteriormente consideró la Sala Tercera no

era suficiente para determinar que la acusada fuese quien cometió el homicidio

del señor Alexis Murillo Rojas. Ante esta situación, no se puede perder de

vista que se le encarceló durante casi 10 años siendo jefa de hogar, con dos

hijos menores a su cargo, uno de ocho años y el mayor de 10 años, para el

momento cuando fue privada de su libertad; afectándose de esta manera su

condición de madre. No se debe olvidar que la mujer en esta sociedad cumple

roles, irrenunciables como lo es la maternidad; una mujer sigue siendo madre

tanto fuera como dentro de una prisión. En la mayoría de los casos de las

familias de este país, la crianza de los hijos recae sobre la madre, de tal

manera que, cometer un error y despojar a los menores de su progenitora y

cercenar la maternidad de doña Ivonne es un acto que no puede ser obviado, pues

el daño que se le causa resulta irreparable. Aunado a lo anterior, tampoco se

puede dejar de lado que una vez que una mujer es sometida a este tipo de

situaciones, surgen distintos cuestionamientos sociales, respecto de su aptitud

como madre que también inciden en su fuero interno. Interesa también para esta

Cámara hacer mención del hecho de que los otros coimputados fueron absueltos

desde el principio, por la misma razón que doña Ivonne lo fue casi 10 años

después. En este sentido, para este Órgano decisor es contundente que a la

señora Jiménez Rosabal, contrario a lo que afirma la representación estatal, sí

se le causó un daño que no tenía por qué soportar. Nótese que tal y como lo

manifiesta en su demanda, resulta indiscutible la afectación a su vida privada

y social, repercutiendo ello en un sufrimiento, aflicción y dolor; ya que

además, para su mayor pesar, resultó ser la única condenada, deviniéndole en

incierto su futuro y expectativa de vida; a más de saber que se le estigmatiza

socialmente por haber estado en prisión. No le cabe ninguna duda a esta Cámara

que la afectación por haber estado privada de su libertad durante más de nueve

años, alejada de su familia y culpada por un delito que no cometió;

evidentemente, tuvo que provocarle un menoscabo en su estado anímico y llevarla

a sentir frustración, tristeza, impotencia, angustia y zozobra por lo que ella

estaba viviendo; al ser la valoración del daño moral in re ipsa como ya se dijo

con anterioridad y quedar a la equitativa valoración del juez, considera esta

Sala, que en este caso ha quedado acreditada su existencia.

De seguido, entonces,

corresponde analizar lo concerniente al monto. Tal y como se ha indicado líneas

atrás, en este caso, el Tribunal concedió la suma de ¢100.000.000,00 a la

demandante por el daño sufrido en su fuero interno.  Coincide esta Sala

con la apreciación que hace el Ad quem, al aclarar que lo que se está valorando

no es la relación que pueda tener la accionante con las drogas ni la

prostitución, sino respecto del daño que ha tenido que soportar por habérsele

enviado a la cárcel cercenándosele el derecho a la libertad, cuando no era

culpable. Esta última situación es la que genera el deber de que se le

indemnice, pues es clara la terrible afectación emocional sufrida. Ahora bien,

sobre el quantum, ha de señalarse que este depende de la equitativa valoración

del juez; quien debe atender a las circunstancias especiales del caso, así como

a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. En un

caso similar a este, cuando a una persona, mediante prisión preventiva, se le

despojó de su libertad por cuatro años, esta Sala le reconoció el haber

tolerado un daño que no estaba en la obligación de soportar, pues fue declarado

inocente, en ese sentido en aquella oportunidad se razonó: “Los efectos del

daño que se analiza, como se indicó, no se agotan en las condiciones anímicas

del afectado, por lo que, partiendo del evento lesivo (privación de libertad),

es presumible que el actor, en efecto, experimentó una serie de aflicciones que

sin duda, dan sobrado fundamento al daño moral subjetivo que reclama. […] En

virtud de lo anterior, la suma fijada [¢96.000.000,00] (que es lo que se

cuestiona) resulta conforme con los presupuestos y parámetros de equidad,

proporcionalidad y razonabilidad, en tanto se encuentra justificada y acorde

con lo ocurrido. Con ella, se tiene al demandante, como equitativa, razonable y

proporcionalmente resarcido. También, debe indicarse que […] la

determinación del monto por el daño moral subjetivo, no resulta una especie de

ejercicio aritmético […] Como lo ha indicado reiteradamente esta Sala,

es menester recordar que no se trata de ponerle un precio al sufrimiento, sino

brindar una compensación al daño infligido, sin que de ello resulte la creación

de un valor eminentemente económico. Con el monto fijado, que considera

diferentes aspectos detallados tanto por el Tribunal como por esta Sala, se

cumple con la justa compensación […]”. Resolución de las 8 horas 40

minutos del 12 de abril de 2012, correspondiente al voto número 446. Ante este

panorama y tomándose en cuenta lo dispuesto en el considerando XII de esta

sentencia, siendo evidente que este ha sido un drama de dolor, desesperanza y

de casi una década de su vida en prisión, en lugar que no merecía ser hacinada

y privada de su libertad, de sus derechos y deberes de madre. Considera esta

Sala que el monto concedido de ¢100.000.000,00 por daño moral es poco

proporcionado y razonable, de tal manera que este debe aumentarse a

¢150.000.000,00, con el fin de compensar de alguna manera el gravamen sufrido

por doña Ivonne Jiménez. De tal manera, que el reparo debe ser acogido.

Según lo razonado y

expuesto, deberá rechazarse el recurso de casación presentado por el Estado,

con las costas a su cargo. (Artículo 611 del Código Procesal Civil). Y se

acogerá el de la actora. En consecuencia, se modificará la sentencia del

Tribunal solo en cuanto confirmó el monto concedido por daño moral, para en su

lugar, establecer dicho rubro en ¢150.000.000,00.