Resolución 01440-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones

legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, a fin de que en

sentencia se declare: “Las sociedades demandadas deben pagar al Estado la

suma total de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO COLONES (¢3.597.000), desglosado de de (sic) la siguiente

manera: ¢1.197.000 (un millón ciento noventa y siete colones ) a favor del

Estado por concepto de daño ambiental y ¢2.4000.000 (dos millones cuatrocientos

mil colones) a favor de FONAFIFO en Certificados de Conservación de Bosque,

como obligación compensatoria y estabilizadora del medio ambiente, según lo

ordenado por el Tribunal Ambiental Administrativo en resolución N° 130-98,

expediente 12-98-TAA.

Las accionadas deben pagar al Estado sobre las sumas

anteriores el monto de ¢4.837.848.91 (cuatro millones ochocientos treinta y

siete mil ochocientos cuarenta y ocho con noventa y un céntimos) por concepto de

intereses legales, desde la firmeza de la resolución administrativa que impuso

el pago (13 de noviembre de 1998) hasta el día de hoy, más los que se generen a

partir de la presentación de la demanda y hasta su efectivo pago, los que se

liquidan así:

Las sumas que las demandadas adeudan, según los desgloses anteriores,

deberán ser indexados utilizando como parámetro para ello el índice de precios

al consumidor (ver resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia N.° 1016-F2004 de las 9:30 horas del 26 de noviembre del 2004-

Considerandos VIII y IX- y N.° 519-F-2005 de las 16:10 horas del 20 de julio

del 2005- Considerando IX y X, N.° 795-F-2005 de las 16:00 horas del 31 de

octubre del 2005-Considerando XII-), con los intereses legales que devengue el

monto indexado desde la firmeza de la sentencia hasta su efecto pago.

Las

demandadas deben pagar ambas costas de este proceso.”

Los codemandados contestaron negativamente

y opusieron las excepciones de falta de derecho, de legitimación activa y

pasiva, agotamiento de la vía administrativa y prescripción o caducidad del

capital cobrado y sus intereses.

La

representante estatal expresó la negativa estatal por conciliar por lo que se

prescindió de dicho trámite.

La audiencia preliminar se realizó al ser

las 9 horas 18 minutos del 7 de marzo de 2011, oportunidad en que hicieron uso

de la palabra los representantes de ambas partes. En este mismo acto, se

declaró el proceso de puro derecho. (f179)

El

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrada por la jueza Cynthia Abarca Gómez y los Jueces Christian Hess Araya y

Sergio Mena García, en sentencia número 97-2011-VI de las 8 horas 05 minutos

del 15 de abril de 2011, resolvió: “Se rechaza las excepciones de falta de

derecho, falta de legitimación activa y pasiva y prescripción del capital

cobrado y sus intereses. Se declara PROCEDENTE la demanda interpuesta por el

Estado contra Asociación Corp. de San José, S.A. y Club de Golf Los Delfines,

S.A. las cuales se condena solidariamente a: a) pagar al Estado un millón

ciento noventa y siete mil colones (¢1.197.000,00) en concepto de daño

ambiental por la destrucción de los hectáreas de humedal; b) depositar en el

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) la suma de dos millones

cuatrocientos mil colones (¢2.400.000,00) en Certificados de Conservación de

Bosque para la zona de Cubano y Paquera, como obligación compensatoria y

estabilizadora del medio ambiente; y c) reconocer intereses legales sobre el

total resultante de tres millones quinientos noventa y siete mil colones

(¢3.597.000,00) contados desde el 13 de noviembre de 1998 y hasta su efectivo

pago, lo cual será determinado y cobrado en la fase de ejecución de sentencia.

Se confirma la medida cautelar impuesta a las coaccionadas.”

El

apoderado de la codemandada Asociados Corp. de San José S.A., formula recurso

de casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis

del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

La Procuraduría

General de la República, en representación del Estado, demandó a Club de Golf

los Delfines S.A y Asociados Corp. de San José S.A. A raíz de un procedimiento administrativo,

adujo, tramitado por denuncia sobre destrucción de un humedal, el Tribunal

Ambiental Administrativo mediante resolución n.° 130-98 del 15 de junio de

1998, condenó a las empresas aludidas al pago de ₡1.197.465,00 a titulo

de daño ambiental, así como a ₡2.400.000,00 por concepto de obligación

compensatoria y estabilizadora del medio ambiente. Contra tal determinación,

refirió, se interpuso recurso de revocatoria, el cual fue rechazado en

resolución n.° 154-98-TAA del 14 de julio de 1998, dando por agotada la vía

administrativa. Firme la resolución n.° 130-98, apuntó, se realizaron dos

intimaciones de pago, la segunda notificada el 10 de noviembre de 1998. Las

sociedades citadas, señaló, demandaron al Estado con el objetivo de anular la

sanción impuesta, no obstante, el Juzgado la declaró sin lugar, confirmando la

validez y eficacia de la condenatoria. En fecha 22 de mayo del 2000, agregó,

con el fin de hacer efectivo el pago de los montos indicados, se entabló ante

el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios un proceso ejecutivo,

notificado a las empresas deudoras el 21 de junio siguiente, el cual se rechazó

por cuestiones formales en relación al título ejecutivo (no se emitió por el

jerarca correspondiente). En el Juzgado Especializado de Cobros, expresó, se

interpuso una nueva demanda, empero, su curso fue denegado por resolución n.°

644-N-2009 del 4 de mayo de 2009, remitiendo a la vía Contenciosa

Administrativa. Con base en lo expuesto solicitó, se condene a las

co-demandadas a cancelar: a) la suma total de ₡3.597.465,00, desglosada

de la siguiente manera: ₡1.197.465,00 por daño ambiental y ₡2.400.000,00

por obligación compensatoria y estabilizadora del medio ambiente, según lo

ordenado por el Tribunal Ambiental Administrativo; b) el pago de ₡4.837.848,91

a título de intereses legales desde la firmeza del fallo administrativo (13 de

noviembre de 1998) hasta la interposición de la demanda, así como aquellos que

se generen hasta su efectivo pago; c) la indexación respectiva y los intereses

legales que devengue el monto indexado desde la firmeza de la sentencia y hasta

su efectivo pago; d) ambas costas del proceso. Las co-demandadas contestaron de

forma negativa. Opusieron las excepciones de falta de: derecho y de

legitimación activa y pasiva, así como las defensas previas de falta de

agotamiento de la vía administrativa, prescripción de capital e intereses. En

la audiencia preliminar, el Juez Tramitador declaró sin lugar la falta de

agotamiento de la vía administrativa y reservó la de prescripción para ser

conocida en sentencia. El Tribunal, junto con las restantes la rechazó. Declaró

con lugar la demanda en los siguientes términos: condenó solidariamente a las

empresas co-demandadas al pago de ₡1.197.000,00 por concepto de daño

ambiental y ₡2.400.000,00 a título de obligación compensatoria y

estabilizadora del medio ambiente. Reconoció intereses legales sobre dichas

sumas desde el 13 de noviembre de 1998 y hasta su efectivo pago, lo cual se

determinará en etapa de ejecución de sentencia. Impuso ambas costas a las

vencidas. Inconforme, la co-demandada Asociados Corp de San José S.A establece

recurso de casación, que fue admitido por esta Sala.

Casación por violación de normas procesales

La recurrente

formula dos agravios procesales, no obstante, de su análisis y

contenido, esta Cámara determina que ambas censuras giran en torno a un mismo

tema, de modo que se conocerán de manera conjunta. El Tribunal, recrimina,

incurre en incongruencia por ultra e infra petita. En el primer

caso, sostiene, al concederle al actor intereses legales. El acto

administrativo que da pie para esta acción, reclama, no condena en cuanto a

réditos sino únicamente respecto a un monto fijo y determinado, suma que se

encuentra cuantificada en la resolución n.° 130-98. Así las cosas, estima,

imponer el pago de intereses, cuando la resolución citada no lo establece, es

violentar el derecho y sobrepasar lo dispuesto en sede administrativa. La infra

petita, afirma, se configura debido a que no le fue resuelto en el fallo

impugnado uno de sus alegatos, en concreto: que el Estado no le notificó las

intimaciones de cobro.

Según ha

reiterado esta Cámara en diversas ocasiones, la incongruencia se presenta

cuando no existe relación entre lo pedido por las partes y el dispositivo de la

sentencia; es decir, cuando no hay conexidad o coincidencia entre lo resuelto

en la parte dispositiva del fallo y las pretensiones y excepciones opuestas por

las partes, tanto en la demanda, la contestación, como en las audiencias orales

que se efectúen de conformidad con la legislación procesal contencioso

administrativa. En concreto, se produce al pronunciarse los juzgadores sobre

cuestiones no peticionadas (ultra petita), o en exceso sobre lo pedido (extra

petita), asimismo, cuando omiten resolver, cada una de las pretensiones y

excepciones establecidas (mínima o infra petita). Todo ello, claro está,

salvando los pronunciamientos oficiosos que la ley procesal de la materia

atribuye al Juzgador, y que como tal, no podrían calificarse como incongruentes.

En esos términos, este Órgano Decisor ha indicado que: “(…) para determinar

la existencia de este vicio, ha de confrontarse, en primer término, la parte

resolutiva de la sentencia con las pretensiones aducidas en la demanda y su

contestación, y en las demás oportunidades -audiencias indicadas- que la ley

contempla, a fin de determinar si en realidad existe entre estos dos extremos,

evidente desajuste. En segundo lugar, debe considerarse la potestad oficiosa

del juzgador. El inciso 1) del canon 119 del CPCA, establece que resolverá

sobre todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por el Código.

Esto último, entiende la Sala, son aquellos pronunciamientos que “…deberá

hacer, según corresponda, entre otros,” cuando declare procedente la pretensión,

total o parcialmente, conforme lo establecido en el precepto 122, así como los

contenidos en los numerales siguientes, que dejan en claro los amplios poderes

sentenciadores del Tribunal, en protección de los derechos o intereses del

justiciable, restableciendo o reconociendo su situación jurídica.”

(resolución n.° 258-F-S1-2010 de las 14 horas del 18 de febrero de 2010).

Tomando como base este marco referencial y en lo que a la incongruencia por ultra

petita concierne, la parte actora solicitó: el pago de ₡4.837.848,91

a título de intereses legales desde la firmeza del fallo administrativo (fecha

erróneamente fijada al 13 de noviembre de 1998, dado que lo correcto era el 14

de julio de ese mismo año), hasta la interposición de la demanda y aquellos que

se generen hasta su efectivo pago. Por su parte, el Tribunal en el dispositivo

de la resolución impugnada determinó: reconocer intereses legales sobre el

total resultante de ₡3.597.000,00 contados desde el 13 de noviembre de

1998 y hasta su cancelación. Como puede apreciarse, confrontada la parte

resolutiva de la sentencia recurrida, en lo que a intereses respecta, los

juzgadores no excedieron los limites de lo solicitado en la demanda, lo que

evidencia que no se configura el vicio de incongruencia por ultra petita.

Si bien es cierto, el Tribunal Ambiental Administrativo sancionó a las empresas

co-demandadas únicamente al pago de ₡1.197.465,00 por el daño ambiental

ocasionado y ₡2.400.000,00 a título de obligación compensatoria y

estabilizadora del medio ambiente, yerra la casacionista al estimar que los

jueces, al conceder intereses legales respecto a tales montos, se pronunciaron

sobre aspectos no peticionados. Como se indicó anteriormente, la representación

estatal requirió de forma expresa en la demanda el pago de los intereses

legales sobre las sumas adeudas, los cuales a criterio de los juzgadores

resultaron procedentes a título de perjuicios, en razón de la falta de pago

oportuno de la obligación principal. De manera que, se reitera, al no

observarse disonancia entre lo pedido por la parte actora y lo resuelto en

sentencia, el Tribunal no incurre en el vicio endilgado. En ese sentido, es

claro que el enfoque de la casacionista se orienta a la procedencia o no de ese

extremo, lo que atañe a un aspecto de fondo y no a un vicio de orden procesal

como el reclamado.  Por otra parte, reprocha la recurrente una

incongruencia por infra petita, al no resolverse uno de los alegatos que

formuló en el escrito de contestación, específicamente la no notificación de las

intimaciones de cobro, empero, no coincide esta Cámara con el vicio esgrimido.

Los jueces analizaron el punto es cuestión en la parte considerativa de la

sentencia impugnada, sobre el cual dejaron claro que lo pretendido versaba

sobre un aspecto que en nada variaba el fondo del asunto. Señaló el Tribunal en

el considerando VI que: “(…) la cuestión de si las dos intimaciones de pago

fueron correctamente notificadas o no (…), resultan aspectos que bien pueden

dejarse de lado, sin afectar la decisión de este punto (…).”  Tomando

en cuenta que el objeto de la litis, en lo que a esta Sala interesa, se centró

en el análisis de una posible prescripción para el Estado del derecho a cobrar

la sanción impuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo, así como de la

existencia de actos interruptores del plazo descriptivo, concuerda este Órgano

Decisor con lo indicado por los juzgadores. Es importante destacar que, los

jueces si se refirieron en el dispositivo del fallo a las excepciones opuestas

(rechazaron la falta de derecho, de legitimación activa y pasiva y la de

prescripción), no obstante, es imposible que ese acápite se haga en función de

cada uno de los argumentos invocados, lo cual trasciende de por si el vicio de

incongruencia, mismo que, como se indicó anteriormente, se incurre cuando no

hay conexidad entre lo resuelto en la parte dispositiva del fallo y, las

pretensiones y excepciones formuladas. Aunado a lo expuesto cabe rescatar que,

en la especie no hubo contrademanda a fin de que el Tribunal resultara obligado

a emitir pronunciamiento en la parte resolutiva del fallo impugnado, en torno

al alegato que se acusa de incongruente. Con base en lo expuesto, estima esta

Cámara que la censura deberá ser rechazada.

Casación por violación de normas sustantivas

Como primer

agravio, acusa indebida interpretación de los artículos 874, 876 877 y 879 del

Código Civil (CC). El Tribunal, aduce, a pesar de tener claro que han

transcurrido más de 10 años desde que el acto administrativo adquirió firmeza

hasta la interposición de la demanda, rechazó la excepción de prescripción de

capital, al otorgarle efecto interruptor a la demanda de cobro judicial

entablada en el año 2000, la cual fue declarada sin lugar en razón de que el

título ejecutivo no reunía los requisitos legales para el cobro. Los

juzgadores, reprocha, interpretan erróneamente los cánones 876 y 879 del Código

de cita, por cuanto tales normas se refieren al emplazamiento en los supuestos

en que un proceso llegue a término normal, lo cual no aconteció en la especie.

En su criterio, darle efecto interruptor de la prescripción a los procesos que

no concluyen debidamente (al rechazarse por falta de formalidades en el tótulo

que le sirve de base) trae perjuicio para los administrados, por cuanto se

faculta a que el actor se beneficie de su propia omisión o impericia,

permitiéndole incluso poder ejecutar con títulos ineficaces y con ello, seguir

sumando más plazo e intereses. En el sub examine, afirma, se debió aplicar el

precepto 877 del Código de rito.

El punto fundamental

del recurso estriba en determinar si el proceso ejecutivo, interpuesto por el

representante estatal y debidamente notificado a las co-demandadas, pese a

haber sido rechazado, por ausencia de formalidades en el título ejecutivo que

le sirvió de base, interrumpió o no el plazo de prescripción para que el Estado

pudiera hacer efectivo el derecho sobre las sumas adeudadas. En criterio de la

recurrente, de conformidad al canon 877 del CC no existe interrupción alguna,

debido a que la demanda de cobro fue rechazada por falta de solemnidades

legales. En sentido contrario, estimaron los juzgadores que a tenor de los

artículos 876 y 879 del Código de cita, la gestión judicial formulada para el

cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación impuesta por el Tribunal

Ambiental Administrativo en resolución n.°130-98-TAA, interrumpió la

prescripción, independientemente de haberse declarado sin lugar. Al respecto

manifestaron los jueces que: “(…) el término para la prescripción de

acciones comienza a correr desde el día en que la obligación sea exigible,

según dispone el ordinal 874 del Código Civil (CC), texto legal que agrega:

“Artículo 876.- Toda prescripción se interrumpe civilmente: (...)

2.-

Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o

deudor.” “Artículo 879.- La prescripción negativa se interrumpe también

por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y

cumplimiento de la obligación. Es cierto, como sostienen las accionadas, que el

proceso ejecutivo simple aludido fue desestimado (…). Sin embargo, ello

obedeció a los defectos formales del título ejecutivo aportado en esa

oportunidad. Ninguna de esas resoluciones cuestionó la existencia de la

obligación en sí (…) la circunstancia de que esa acción judicial haya resultado

infructuosa no le sustrae efecto interruptor de la prescripción liberatoria, en

los términos de las disposiciones recién citadas del CC (…).” Con el fin de

abordar de manera más amplia el agravio invocado, resulta esencial referirse al

tema de la prescripción, sobre el cual esta Cámara se ha pronunciado, entre

muchos otros, en el voto n.° 615-F-S1-2010 de las 9 horas del 20 de mayo de

2010, disponiendo al respecto que: “(…) La prescripción ha

sido definida por esta Sala, como el medio para adquirir un derecho o bien para

liberarse del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. Se

le considera: “…un principio, una sanción o pena contra el titular de un

derecho quien, por negligencia, crea una situación de inseguridad censurable en

razón de la cual el legislador veda, salvo renuncia del interesado, la

posibilidad de su ejercicio tardío. Se ha dicho dentro de la doctrina, que la

prescripción encuentra su razón de ser en una presunta renuncia tácita del

derecho por parte de su titular, quien a través de su inactividad, trasunta su

intención de no reclamar lo que le corresponde (…).” La prescripción, como

instituto jurídico que es, puede ser positiva o negativa, para lo que al caso

interesa, se analizarán únicamente las implicaciones de la prescripción

negativa, cuya relevancia dentro del ordenamiento jurídico resulta innegable,

al permitir una tutela eficiente del principio de seguridad jurídica, de los

derechos de terceros, del orden y la paz social. En ese sentido viene a ser una

limitación para quien teniendo la facultad de hacer exigible el cumplimiento de

una obligación, haga un abandono de ese derecho, es decir, al amparo de la

prescripción se exige al titular del derecho su uso razonable, evitando que

prolongue su ejercicio indefinidamente o, que no lo ejercite dentro del plazo

legal estipulado, causando incertidumbre sobre la situación jurídica de la

contraparte. A ese fin, el ordenamiento jurídico ha previsto plazos que de ser

sobrepasados, provocarán la extinción de la obligación, operando de esta manera

su prescripción. Así las cosas, resulta claro que los supuestos de hecho

necesarios para configurar el instituto en cuestión son: la inercia del titular

y el transcurso del tiempo. En el tanto no se establezca jurídicamente un plazo

prescriptivo específico, todo derecho prescribe a los 10 años conforme al canon

868 del CC. Cabe destacar que, en procesos civiles de hacienda, tal y como

establece el artículo 41 del CPCA, no opera la caducidad de la acción, sino

solo por excepción la prescripción del derecho de fondo, para lo cual resulta

aplicable, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley, el

mandato 868 de cita, el cual consagra: “Todo derecho y su correspondiente

acción se prescriben por diez años (…)”. Ahora bien, es importante señalar

que por su naturaleza extintiva, la prescripción solo puede ser interrumpida

por actos a los que la ley confiere ese efecto. En lo que al caso concreto

concierne, califican como tales: el emplazamiento judicial notificado al

deudor, así como cualquier gestión judicial o extrajudicial para el cobro de la

deuda y el cumplimiento de la obligación, según lo preceptúan los mandatos 876

y 879 del CC. Es trascendental traer a colación también, lo estipulado en el

inciso a) del precepto 296 del Código Procesal Civil, cuya aplicación

supletoria es permitida por el canon 9 de la Ley General de la Administración

Pública, norma según la cual uno de los efectos materiales del emplazamiento es

justamente evitar que el plazo prescriptivo continúe su curso. Al amparo de

estas disposiciones, resulta claro que el efecto interruptor viene dado por la

notificación que tiene el deudor del ejercicio del derecho de su acreedor. De

esta manera, se evidencia su intención de recuperar lo adeudado y la inercia o

inactividad se transforma en una acción clara, cuyo efecto inmediato es

despejar cualquier duda o incertidumbre que afecte la seguridad jurídica de la

contraparte. En esta línea, es claro que basta el emplazamiento judicial

notificado al deudor o bien, la gestión judicial o extrajudicial para el cobro

de la deuda, sin que, jurídicamente se establezca disposición o requerimiento

alguno en cuanto a la forma de terminación de dichas gestiones. Por lo tanto,

concuerda este Órgano Decisor con el Tribunal, al estimar que sí se gestionó el

cobro de las sumas debidas por las co-demandadas dentro de los 10 años que

consagra el precepto 868 del CC, dado que: entre la fecha de firmeza del acto

administrativo (14 de julio de 1998) y la notificación del proceso ejecutivo de

cita (21 de junio de 2000) transcurrieron menos de dos años. Y entre esta

segunda fecha (como acto interruptor de la prescripción) y la notificación del

auto de traslado de esta litis (18 de diciembre de 2009 a la Asociación Corp de

San José S.A y el 22 de febrero de 2010 al Club de Golf Los Delfines S.A)

mediaron menos de 10 años. Lo expuesto descarta que, el rechazo de la excepción

de prescripción por parte del Tribunal, implique una indebida interpretación de

normas jurídicas, de ahí que las violaciones acusadas deberán desestimarse.

Como segunda

censura, esgrime errónea interpretación de los artículos 869, 870 del CC y

984 del Código de Comercio Los juzgadores, alega, al considerar que los

intereses cobrados por el actor lo son a título de perjuicios, a pesar de que

la demanda no lo establece así, excluyeron los preceptos indicados para aplicar

la prescripción decenal.

A la luz de lo expuesto en los considerandos anteriores, resulta evidente

que el sub-júdice trata sobre el cobro de una obligación dineraria, surgida a

raíz de la sanción económica impuesta por el Tribunal Ambiental Administrativo

a las sociedades co-demandadas.  En este tipo de obligaciones el dinero es

lo directamente debido, lo que satisface -in natura- el  interés del

acreedor, es decir, lo adeudado se mide (cuantifica) en cantidad de especies

monetarias y se cumple honrando una cantidad líquida. En economías como la

costarricense, el poder adquisitivo de la moneda de curso legal disminuye con

el paso del tiempo, por eso, cuanto más tarde el deudor en honrar la deuda,

menor margen de maniobrabilidad financiera permitirá el dinero que reciba el

acreedor, sino percibe intereses que compensen adecuadamente esa devaluación.

Este es el motivo por el cual en este tipo de deudas, se reconocen intereses,

pues funcionan como paliativos de esa pérdida del poder adquisitivo del dinero.

Cuando la obligación es dineraria, los daños y perjuicios consisten siempre y

únicamente en el pago de los intereses sobre la suma debida. Así lo establece

expresamente el artículo 706 del Código Civil, norma que dispone: "Si

la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten

siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida (…).” El

otorgamiento de intereses busca compensar la indisponibilidad del dinero en el

momento oportuno, y permite reconocer al acreedor de la obligación el factor

deflacionario a fin de que la deuda se cancele a valor presente (siempre que no

se hubieren indexado, pues en tal caso, el interés a reconocer no sería el

legal, sino un interés neto o puro, derivado de la diferencia entre el interés

legal y el índice de inflación). Sobre el tema pueden consultarse las

sentencias de esta Sala n.° 736 de las 14 horas 55 minutos del 8 de octubre de

2007 y 1053 de 13 horas 55 minutos del 8 de octubre de 2009. Partiendo entonces

de esas precisiones, en la especie debe analizarse si los réditos liquidados y

otorgados están prescritos, tal y como lo aduce la recurrente. Del escrito de

demanda se observa que, el Estado requirió el pago de los intereses legales

sobre el monto de la sanción impuesta, contados desde la firmeza de la

resolución administrativa hasta su efectivo pago. Si bien es cierto, las

pretensiones de la parte actora no señalan expresamente, como pretende hacer

ver la casacionista, que los réditos solicitados lo son por concepto de

perjuicios, ello se extrae dentro de un marco de razonabilidad, por cuanto se

peticionan como resultado del incumplimiento de las co-demandadas de pagar el

dinero adeudado. En este sentido, concuerda este Órgano Decisor con los

juzgadores, quienes indicaron que: “(…) es necesario tener en cuenta que los

intereses que se reclama en este asunto lo son a título de perjuicios por el no

pago oportuno de la obligación principal y no de réditos derivados de alguna

clase de inversión lucrativa. En casos como el que aquí interesa, no se aplican

los plazos de prescripción breve establecidos en normas tales como los

artículos 869 y 870 del CC, ni en el 984 inciso b) del Código de Comercio (…).”

Contrario al criterio de la recurrente, en asuntos como el presente, los

intereses legales se generan, a titulo de perjuicios, como una consecuencia

lógica de la obligación dineraria impuesta. Estos réditos carecen de entidad

autónoma, no pueden ser cobrados separadamente de la obligación principal, de

modo que no le resultan aplicables los plazos prescriptivos que prevén los

preceptos 869, 870 del Código Civil y 984 del Código de Comercio. Estas normas,

tal y como se desprende de su contenido, deben actuarse únicamente cuando de

manera previa, las partes convienen contractualmente que el capital genera

intereses, porque al poseer entidad propia (por encontrarse predeterminados en

el acuerdo respectivo tanto su quantum como su fecha de vencimiento), el

cómputo del plazo de prescripción para cobrar estos réditos puede hacerse

separadamente del de la obligación principal, debido a que la actora se

encuentra facultada para incoar acciones independientes para tal fin. No

obstante, en la especie no existe estipulación contractual que condicione el

pago de réditos a tractos, por lo cual, se reitera, no aplican los plazos de

prescripción previstos en los cánones de cita, debiendo acudirse a la norma

general (artículo 868 del CC). Asimismo, cabe afirmar que, si el canon 867 del

CC establece que “Prescrita la acción por el derecho principal, quedan

también prescritas las acciones por los derechos accesorios.”, en igual

sentido se aplica en una situación inversa como ocurre en la especie, es decir,

si no esta prescrita la acción del derecho principal tampoco los estaría la del

accesorio. Al entender el Tribunal que, en el caso concreto se exigía el

cumplimiento de una obligación dineraria no generadora de réditos exigibles

separadamente, de modo que la prescripción del cobro de intereses estaba

sometida al plazo decenal que, como se indicó en el considerando V de esta

resolución, aplica a la obligación principal, no se incurre en las infracciones

normativas endilgadas, por lo que el agravio deberá ser rechazado.

En mérito de

lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso, con sus costas a cargo de

la promovente, conforme al precepto 150 inciso 3) del Código Procesal

Contencioso Administrativo.