Resolución 01143-2012

Con base

en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citaron, los actores

establecieron proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “a)

Con lugar el presente proceso de responsabilidad y se obligue al Estado y al

Consejo Nacional de Vialidad a cancelar la suma de ¢175 000 000 (Ciento setenta

y cinco millones de colones) por concepto de daño moral, que se desglosan de la

siguiente manera: 25 millones de colones para cada uno de los hijos e hijas, a

saber son los siguientes: Jorge Luis , Manuel, L, J, M conocida como M, A, R,

todos de apellidos C, hijos e hijas de la señora CC y el señor JC, por concepto

de indemnización del daño moral ocasionado a raíz del fallecimiento de nuestra

madre y padre, en los accidentes provocados por la falta de alguna medida de

seguridad en la carretera interamericana sur, en la entrada a Barrio Los

Ángeles, lugar en el que residía y falleció la señora CC cuando intentó cruzar

la carretera interamericana sur ampliada a cinco carriles y en e caso de la

muerte del señor JC, en el sector ubicado al frente de la […], lugar en el que

falleció atropellado cuando intentó cruzar la carretera ampliada a cinco

carriles.  b) Solicitamos se condene al Estado y al Consejo Nacional de

Vialidad al pago de las costas personales y procesales de este proceso.

c) Solicito además se reconozcan los intereses y se condene al Estado al CONAVI

al pago de los intereses sobre todas las sumas concedidas hasta su efectivo

pago.  d) Se conceda los intereses sobre las costas de este proceso,

conforme el numeral 11 del

decreto de honorarios."

2.

La

procuradora contestó negativamente la demanda e interpuso la excepción de falta

de derecho y la expresión genérica de “sine actione agit”.

La representación del

Conavi contestó conforme a su escrito de folios 292

al 303 oponiendo las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad

causam pasiva.

La audiencia

preliminar se efectuó a las 9 horas del 25 de octubre de 2010, oportunidad en

que las partes hicieron uso de la palabra.

5.

Se fijó fecha y hora para realizar el juicio oral y público, y el

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, integrado por los

Jueces Grace Emilia Loaiza Sánchez, Priscila Quirós Jiménez y David Fallas

Redondo; en sentencia no. 266-2011 de las 14 horas del 18 de mayo de 2011,

resolvió: “Se rechazan la defensas de falta de derecho y las de falta de

legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés y falta de causa,

comprendidas de la denominación Genérica Actione agit. Se declara CON LUGAR en

todos sus extremos la presente demanda y se condena al ESTADO y al CONAVI, a

pagar por concepto de daño moral a los aquí actores por J, M, L, J, M CONOCIDA

COMO MD, A y R, todos de apellidos C la suma de VEINTICINCO MILLONES DE COLONES

a cada uno de ellos, para un total de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE

COLONES, extremos sobre los que procederán tanto los intereses de ley según la

tasa básica pasiva del Banco Nacional de Costa Rica, como la indexación de

dichas suma a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.

Asimismo se ordena al ESTADO (MOPT) y al CONAVI, la construcción e instalación

frente al Centro Comercial Plaza Monte general, de un Puente Peatonal y un

semáforo vehicular, que garanticen el acceso seguro al citado Centro Comercial

o sus alrededores. Para tales efectos se concede el plazo de 18 MESES, a fin de

que las administraciones encargadas realicen los procesos de licitación, diseño

y construcción de dichas obras. Además, dentro de dicho plazo deberán realizar

los estudios técnicos necesarios, a fin de determinar cuáles de las obras

señaladas por la

Comisión de Seguimiento y Fiscalización de Proyectos de

Infraestructura y Servicios de Pérez Zeledón, en su oficio Ref-CSSPZ-020-06, de

fecha 22 de noviembre de 2006, resultan necesarias para garantizar la seguridad

peatonal, tomando en consideración además los parámetros del artículo 24 de la

ley n° 7798, Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) y la Ley 7600. El control de

cumplimiento se realizará mediante la ejecución de sentencia. Son las costas

procesales y personales a cargo de los demandados, con los respectivos

intereses sobre las mismas.”

6.

Los representantes del

Conavi y el Estado formulan recurso de casación por separado, indicando

expresamente las razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal.

7.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Del matrimonio

conformado por CC y J nacieron sus hijos A; J; J; L; M; MD, conocida como MD y

R, todos C.  El 19 de setiembre de 2005 se inauguró la ampliación de la

carretera Interamericana Sur (desde el centro de San Isidro de Pérez Zeledón

hasta Palmares, incluyendo la entrada a Barrio Los Ángeles y al Centro

Comercial Plaza Monte General), efectuada por el Ministerio de Obras Públicas y

Transportes (MOPT), abriéndose al tránsito vehicular de inmediato.  Se

ensanchó a cinco carriles en un tramo de nueve kilómetros, reduciendo el tiempo

de recorrido de 45 a

ocho minutos, aproximadamente.  Dicho recorrido atraviesa una zona muy

poblada, donde  existen establecimientos comerciales, centros educativos

(universidades, colegios, escuelas), el Consejo de Rehabilitación y Enseñanza

Especial, un mall (Plaza Monte General), salón de patines, la subasta ganadera

y centros de salud.  Esa carretera es el único medio de acceso de los

vecinos de los barrios cercanos a los servicios comerciales, de transporte

público, salud, educativos, de esparcimiento, etc., por lo que es atravesada

constantemente por gran cantidad de personas.  En el sector de la entrada

a Barrio Los Ángeles, el ancho total ampliado fue 20,80 metros, desde la

caseta de espera de los autobuses hasta el lado opuesto, contando pista de

rodaje –que lo fue en 17,20 metros-, caños y aceras; mientras que, frente a

Plaza Monte General y la

Gasolinera Shell, el ensanchamiento total fue de 50 metros.  La

comunidad de Pérez Zeledón, ante la ausencia de medidas de seguridad en el

tramo ampliado, constituyó la denominada “Comisión de Seguimiento,

Fiscalización de Proyectos de Infraestructura y Servicios de Pérez Zeledón”, a

fin de gestionar la colocación de medidas de seguridad vial para la protección de

los peatones.  En la entrada al Barrio Los Ángeles, para el 17 de febrero

de 2006, la Administración Pública no había instalado ningún

dispositivo de seguridad que resguardara la integridad física de los

peatones.  En esa fecha, en la mañana, aproximadamente a las siete horas,

frente a la entrada a dicho barrio, la señora C trató de cruzar la carretera,

pero fue atropellada por el vehículo placas […], conducido por el señor

F.  Debido al percance, la señora C fue trasladada y atendida en el

servicio de emergencias del

Hospital Escalante Pradilla, donde falleció ese mismo día a causa de las

lesiones sufridas, a la edad de 62 años.  Consecuencia de lo anterior, al

señor AA se le siguió causa penal, tramitada con el número 06-000186-064-PE. No

obstante, fue desestimada y archivada por la Jueza Penal de Pérez

Zeledón en resolución de las 7 horas 40 minutos del 5 de marzo de 2005 [aunque

el año correcto debe ser 2006]. Entre los días 23 al 25 de mayo de 2006, fueron

instalados cinco semáforos en el tramo ampliado, concretamente en:  Barrio

María Auxiliadora, Barrio Villa Ligia, Barrio Lourdes, Parque Infantil y

Entrada a la

Revisión Técnica Vehicular (RTV).  Empero, para el 11 de

octubre de 2006, en el sector frente a Plaza Monte General y la Gasolinera Shell

–ambos contiguos- persistía la ausencia de algún medio de protección

peatonal.  Ese día, en ese lugar, aproximadamente a las 20 horas 40

minutos, don JC, viudo de doña C, intentó cruzar la calzada, cuando fue

atropellado por la motocicleta Yamaha DT 200R, placas […], conducida por AC.

Debido al accidente, el señor JC fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla,

donde falleció ese mismo día a causa de las lesiones sufridas, a la edad de 73

años.  En virtud de ese evento, la Fiscalía Adjunta

de la Zona Sur

le abrió causa penal al señor JC por el delito de lesiones culposas, tramitado

con el número 06-001388-0219-PE, el cual fue desestimado y archivado por la Jueza Penal de Pérez

Zeledón, en resolución de las 7 horas 5 minutos del 6 de noviembre de 2006. De

igual manera, la

Fiscalía de Pérez Zeledón, le abrió causa por el delito de

homicidio culposo, seguido con el número 06-000998-064-PE, la cual también fue

desestimada, ordenándose su archivo, por la Jueza Penal de Pérez

Zeledón, en resolución de las 9 horas 40 minutos del 11 de diciembre de

2007.  En el lugar donde fue atropellado don Julio, los semáforos más

cercanos fueron instalados a una distancia de un kilómetro 398 metros, en la

entrada al Barrio Lourdes; y, el otro, a dos kilómetros 920 metros, en la entrada

de RTV.

El 17 de

diciembre de 2009, los hermanos C, a título personal, formularon proceso de

conocimiento en contra del Estado y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi),

a fin de que en sentencia se les condene al pago de ¢175.000.000,00 como indemnización

del daño moral infligido (correspondiéndole ¢25.000.000 a cada uno de los

coactores) a raíz del fallecimiento de sus padres en los accidentes de tránsito

provocados, adjujeron, por la ausencia de medidas de seguridad en la Carretera Interamericana

Sur, tanto a la entrada a Barrio Los Ángeles –lugar donde residía doña C, madre

de los coaccionantes- cuanto en el sector ubicado al frente de la […], sitio

donde falleció don JC –padre de los coactores-.  Asimismo, peticionan el

reconocimiento de los réditos sobre las sumas concedidas hasta su efectivo

pago. Solicitan se les condene al reconocimiento de las costas del proceso, junto con sus intereses, de conformidad con

el artículo 11 del

Decreto de Honorarios. Por último, piden se aplique el instituto de la

indexación a los montos otorgados.  La representación estatal aceptó unos

hechos y rechazó otros.  Interpuso la defensa de falta de derecho; también

adujo la expresión genérica “sine actione agit”.  Por su parte, el

representante del Conavi también contestó afirmativamente unos hechos y de

manera negativa otros.  Formuló las excepciones de falta de:  derecho

y legitimación ad causam pasiva.  El Tribunal, en sentencia emitida en

forma oral no. 266-2011 de las 14 horas 10 minutos del 18 de mayo de 2011,

declaró con lugar la demanda.  Condenó al Estado y al Conavi a reconocerle

a los coactores la suma de ¢ 25.000.000,00 a cada uno, para un total de ¢

175.000.000,00; sumas sobre las que, según señaló, procede el reconocimiento

tanto de los intereses legales, conforme a la tasa básica pasiva del Banco

Nacional de Costa Rica, como la indexación, a partir de la firmeza de la

sentencia y hasta su efectivo pago.  De igual manera, le ordenó al Estado,

representado por el MOPT y al Conavi, la construcción e instalación, frente al

Centro Comercial Plaza Monte General, de un puente peatonal y un semáforo

vehicular que garanticen su acceso seguro o a sus alrededores.  Para tales efectos, concedió el plazo de 18 meses, a fin

de que las Administraciones encargadas realicen los procesos de licitación,

diseño, y construcción de las obras.  Además, dispuso que, dentro del

plazo concedido, deberán efectuar los estudio técnicos necesarios, a fin de

determinar cuáles de las obras señaladas por la Comisión de

Seguimiento y Fiscalización de Proyectos de Infraestructura y Servicios de

Pérez Zeledón, en el oficio Ref-CSSPZ-020-06, de fecha 22 de noviembre de 2006,

son necesarias realizar para garantizar la seguridad peatonal, tomando en

consideración los parámetros del artículo 24 de la Ley no. 7798, Ley de Creación

del Conavi; así como la Ley

no. 7600.  Dispuso que el control de cumplimiento se realizará mediante la

ejecución de sentencia.  Le impuso el pago de las costas del proceso, y los respectivos intereses, a

los codemandados.  Inconformes, tanto la representación estatal como el apoderado especial

judicial del Conavi formulan sendos recursos de casación.  No obstante,

respecto del segundo, en auto número 806 de

las 8 horas 25 minutos del

5 de julio de dos mil doce, esta Sala lo admitió

parcialmente.

Documentos

presentados con los recursos.  Los recurrentes aportan prueba para

mejor resolver ante esta instancia.  El apoderado especial judicial del

Conavi, copias fotostáticas de:  1) el expediente de la Gerencia de Construcción

de Vías y Puentes; 2) del

oficio no. DIE-09-11-1385 del 27 de abril de 2011 de la Dirección Ejecutiva

del Conavi; 3) de los oficios de la Secretaría de actas del Conavi, no. ACA

01-11-0272 y ACA 01-11-0273, ambos, del 25 de mayo de 2011; y  4) del

informe denominado “Informe Técnico – Plan Integral de Seguridad Vial en

carretera Interamericana Sur ´San Isidro-Palmares´”, con sus anexos.

También, acompaña certificaciones de la personería y cédula jurídicas del

Conavi, de su representante y domicilio; así como

de la cédula de identidad del

ingeniero Carlos Acosta Monge.  Por su parte, la representante del Estado

aporta copia del

“Informe Técnico – Plan Integral de Seguridad Vial en carretera Interamericana

Sur ´San Isidro-Palmares´”.  Al respecto, es menester indicar lo

siguiente.  El artículo 145 del CPCA, en

lo de interés, dispone:  “1) Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba

documental que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y

posteriores a la sentencia recurrida.

De ellos se dará audiencia a las

partes por el plazo de tres días y su admisión o rechazo será resuelta en forma

motivada en sentencia. […]”  En torno a la documentación presentada

por el apoderado del Conavi, exceptuando la fotocopia del denominado “Informe

Técnico – Plan Integral de Seguridad Vial en carretera Interamericana Sur ´San

Isidro-Palmares´” con sus anexos, resulta inocua o intrascendente para la

solución de esta lite.  Con ella se pretendía combatir la orden emitida

por el Tribunal de construir un puente peatonal en dicha vía; sin embargo, en

ninguno de los documentos se alude a esa situación.  Tanto es así que ni

el propio proponente, ni la señora Procuradora, aluden a ella en sus

respectivos recursos de casación.  Consecuentemente, se impone su

rechazo.  Respecto a la fotocopia del

susodicho informe y sus anexos, copia del cual

es ofrecida por la representante del Estado, debe indicarse que el inciso 2) del precepto 82 íbid

señala: “Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por

el Derecho público y el Derecho común.”  En este sentido, la Ley General de la Administración

Pública (LGAP), en la norma 298, preceptúa:  “1. Los

medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el derecho

públicos, aunque no sean admisibles por el derecho común. /

Salvo

disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las

reglas de la sana crítica.”; asimismo, el artículo 221 indica:  “En

el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de

motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el

órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o

necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la

voluntad de éstas últimas.”  Al amparo de esas disposiciones, la

fotocopia o la simple copia de un documento público, configuran medios

probatorios no prohibidos por el derecho público.  Incluso, en el derecho

común también resultan admisibles.  En este sentido, el inciso 3) del precepto 318 del

Código Procesal Civil dispone:  “Medios de prueba.

Son medios de prueba los siguientes: / […]

Documentos e informes.”

Por su parte, el numeral 368 ibídem indica:  “Distintas clases de

documentos.  Son documentos los escritos, los impresos, los

planos, los dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las

radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las grabaciones magnetofónicas

y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o

declarativo.”  De conformidad con lo anterior, tanto la fotocopia como la copia de un documento público tienen la

connotación de documento y, por ende, de medios probatorios, los cuales deberán

ser valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica.  En mérito de las razones

expuestas, procede la admisión de esos elementos de convicción presentados por

los recurrentes.

RECURSO DEL ESTADO

En el primer motivo

de disconformidad, alega la señora Procuradora quebranto de normas sustantivas,

al tenerse por indemostrado un hecho en contradicción con la prueba que consta

en el proceso.  Señala que la sentencia cuestionada tuvo por no probado

que la señora C hubiera sido imprudente al cruzar el tramo de la carretera

Interamericana Sur, porque, según se indica, no se aportó prueba al

efecto.  No obstante, manifiesta, se aportó un elemento de convicción que

determinaba la existencia de un actuar imprudente de doña C, el cual, junto con

la omisión de los demandados, afirma, configura la existencia de una culpa

concurrente en el hecho que provocó su muerte.  Esa probanza, acota, es la

declaración rendida por don JG –visible a folios 54 y 60-, testigo que estuvo

presente en el momento y lugar cuando y donde se produjo el accidente; así como

la resolución de desestimación del Juzgado Penal de Pérez Zeledón de las 7

horas 50 minutos del 5 de marzo de 2005 (folios 69-70).  Ambas probanzas,

señala, fueron ofrecidas y admitidas oportunamente.  Los juzgadores,

indica, respecto de la primera, arguyeron que es una simple manifestación

rendida en un proceso investigativo, mas no dentro de un proceso

jurisdiccional, con las garantías y obligaciones que impone la declaración de

un testigo, denegándole fuerza probatoria para tener por demostrada la dinámica

del

accidente.  Tal valoración, comenta, carece de sustento normativo.

Conculcó, en detrimento del

derecho de defensa de su representado, el principio de búsqueda de la verdad real,

en razón de un formalismo. Esa prueba, alega, también fue ofrecida por la parte

actora, quien nunca la desmintió o aportó contraprueba.  Tocante a la

resolución judicial, apunta, se indica que no se le da valor por cuanto no

emite pronunciamiento a favor o en contra de la persona que provocó el

accidente, disponiendo, únicamente, el archivo, lo cual no es cierto.  En

ese documento, manifiesta, se indica que, respecto a la causa no.

06-000186-064-PE, por homicidio culposo, el hecho investigado se produjo por

las acciones imprudentes de las víctimas, razón por la cual se desestimó.

Se desprende, acota, que existió imprudencia de la señora C al cruzar la

carretera, por lo que la sentencia violentó el derecho de su representado al

derecho de defensa y al principio del

debido proceso, previstos en el numeral 39 de la Constitución

Política.

En torno a lo

afirmado por la señora Procuradora, es menester indicar que a folio 52 consta

la certificación de la información policial rendida a la Fiscalía Auxiliar

de Pérez Zeledón a las 10 horas del 22 de febrero de 2006 por el señor V,

investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en torno al

accidente donde perdió la vida la señora C.  En lo de interés, se

indica:  “ENTREVISTA A TESTIGOS:  Se dialogó con

el señor JG, cédula […], vecino de [...].  El cual manifestó que el

que el día de los hechos al ser aproximadamente las seis horas con cincuenta

minutos, se encontraba cruzando la carretera interamericana, propiamente frente

a la entrada al Barrio Los Ángeles, al encontrarse en el carril del centro o de

viraje de la carretera, cuando iba a cruzar llegó un bus de estudiantes, en ese

momento del frente del bus salió una señora y no observó un vehículo que

viajaba a una velocidad normal, el cual la atropelló y la lanzó hacia el lado

izquierdo, quedando ella en el carril del centro de la carretera, en cuanto al

vehículo el mismo se parqueo [sic] en el carril derecho a una distancia

de cinco metros de la señora.  No cree que la señora se haya bajado del bus, pero sí

aprovechó que el bus paró para cruzar la carretera sin percatarse que venía

otro vehículo. manifestó [sic] que cree que el conductor del vehículo no tiene

culpa en los hechos. Que había observado en el sitio que la señora trataba de

levantarse pero no podía, por lo que llamó al 911.” La declaración del señor JG, rendida ante el investigador

del OIJ, aparece visible a folio

Asimismo, a folio 69, consta la copia

certificada de la resolución emitida por el Juzgado Penal de Pérez Zeledón a

las 7 horas 40 minutos del

5 de marzo de 2005 [sic, el año correcto es 2006], en la cual, en lo conducente

se indica:  “Presente en este Despacho el Lic. Fernando Oses Arias,

Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de este cantón y manifiesta:  En

las presentes causas que luego se detallaran [sic], con fundamento en

los numerales 282 y 299 del Código Procesal Penal, solicito en forma oral se

desestime [sic] las mismas.  Analizado cada uno de los expedientes

se concluye la desestimación con fundamento en lo siguiente: […] las

causas 3- 06-000186-064-PE […] por HOMICIDIO CULPOSO, el hecho

investigado se produjo por las acciones imprudentes de las víctimas […] La

suscrita Jueza Penal habiendo escuchado la petición del representante del

Ministerio Público al indicar que en todos los legajos de investigación antes

detallados procede la desestimación, de conformidad con lo que establece el

ordinal 282 con relación al 299, ambos del Código Procesal Penal, se ordena la DESESTIMACIÓN

de las presentes diligencias por no existir elementos de resolución

suficientes para encausar este proceso contra persona alguna y en otros por no

existir delito, conforme lo describe el señor Fiscal en su petición. Agréguese

una copia de la presente acta a cada uno de los Legajos de Investigación, lo

cual [sic] será firmada por el representante del Ministerio Público

quedando en este acto debidamente notificado.”  En torno a esos dos

documentos, en los que se alude al accidente sufrido por la señora C, el

Tribunal, en la sentencia cuestionada, señaló: “[…] La representación

del Estado como del Conavi alegan, para ambos casos [se refiere los

accidentes sufridos por la señora C y su esposo, don JC], que el actuar de

las víctimas fue imprudente. En el primero de ellos, doña C, indica el Estado,

que la misma no tuvo la prudencia debida al intentar cruzar la calle.

Fundamentan su dicho, los representantes de los demandados, en que el

informe  elaborado, a causa del accidente de tránsito en sede penal por

parte del Organismo de Investigación judicial, en que en dicho informe se

plasman las manifestaciones de una persona que, en apariencia, presenció los

hechos; así también, como la resolución por medio de la cual se desestima el

proceso penal. Tales argumentos, y luego de ser analizados y confrontados con la

prueba traída al proceso, no son compartidos, ni de recibo por esta Cámara.

Pretende probar un hecho que lo exime de responsabilidad, según la línea de

defensa de la representación estatal, por medio de una prueba que tan solo

constituye una manifestación rendida por una persona en un proceso

investigativo; no en sede jurisdiccional, con las garantías y obligaciones que

impone la declaración de un testigo en sede jurisdiccional y en un juicio oral

y público. Tal manifestación dada por la representación del Estado,

concretamente, no tiene la fuerza probatoria para tener, efectivamente por

demostrada la dinámica del accidente, tal y como lo ha venido sosteniendo la

representante del Estado.  Prueba que, valorada conforme a las reglas de

sana crítica, no puede otorgársele el valor pretendido por la parte.

Aunado a esto, la representación del Estado, tuvo la oportunidad, situación que

no hizo, de traer, que se atendiera como prueba la manifestación de una persona

que, en apariencia, presenció los hechos.  Tuvo la oportunidad, en otra

etapa, de traerlo al proceso, de ofrecerlo como testigo; sin embargo, esta

diligencia no se hizo.  Respecto a la resolución de desestimación, de

igual forma este Tribunal, no puede darle el valor que pretenden ambos

demandados.  Debe tenerse claro que aquella resolución no emite un

pronunciamiento ni a favor ni en contra.  No constituye una absolutoria o

una condenatoria de la persona, en análisis de los presupuestos del delito, contrastados

con los hechos que ocurrieron ese día; no hay un análisis en la resolución de

desestimación.  Tan solo se dispone el archivo de una serie, ni siquiera

fue una desestimación individual, por caso; se hace una desestimación donde se

incluye gran cantidad de procesos penales, alegando un mismo motivo casi para

todos.”  (Véase grabación del video del dictado de la

sentencia a las 15:02:35). Esta Sala comparte las consideraciones de las

juzgadoras y el juzgador de instancia.  En torno a lo manifestado por el

señor JG, su dicho fue emitido ante un investigador del OIJ, sin las garantías del debido proceso para

la parte aquí actora.  Es decir, se trató, como se indica en los documentos visibles a

folios 54 y 60, de una simple entrevista informal.  Como lo estima el Tribunal, es una

manifestación emitida en un proceso investigativo, sin formalidad alguna.

No hubo participación de ninguno de los coactores. Por ende, no tuvieron la

oportunidad de cuestionar su dicho.  Ergo, otorgarle algún valor

probatorio a lo ahí consignado implicaría quebrantar el aludido principio del debido proceso,

específicamente, en su vertiente de defensa de los actores.  Esta Cámara

también comparte el criterio externado en la sentencia, en el sentido de que,

si para la parte demandada resultaba trascendental el aserto de esa persona,

debió traerlo a este proceso, a fin de que emitiera su declaración,

brindándosele la oportunidad a los demandantes para que lo interrogaran; empero

no lo hizo.  Por otro lado, la resolución emitida por el Juzgado Penal de

Pérez Zeledón –a folio 69-, como

acertadamente lo indica el Tribunal, es ayuna de cualquier análisis específico

al caso de la señora C.  En ella, debido a la petición formulada

verbalmente por el Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, y sin mayor

cuestionamiento, se desestimó la causa no. 06-000186-064-PE porque “[…] se

produjo por las acciones imprudentes de las víctimas […]”.  No se

profundizó en el análisis del

porqué se dio esa circunstancia.  Consecuentemente, esta Sala es del criterio de que no

erraron las juzgadoras y el juzgador, al negarle el valor que la representación

estatal pretende darle a esos elementos de convicción.  Por ende, se

impone el rechazo del

agravio de mérito.

En el segundo

cargo, recrimina la casacionista falta de motivación y quebranto de los

principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad en cuanto al monto

otorgado por concepto de indemnización del

daño moral subjetivo.  El Tribunal, apunta, condenó a los codemandados al

pago de ¢25.000.000,00 para cada uno de los actores por concepto del daño moral

subjetivo, en virtud de la muerte de ambos padres.  El monto concedido,

señala, ¢12.500.000,00 por la muerte de cada uno de los progenitores, es

violatorio de los principios señalados.  Con antelación, afirma, se

tramitaron dos procesos judiciales por responsabilidad del Estado y el Conavi

por la omisión de colocar dispositivos de seguridad vial en la carretea

Interamericana Sur; situación que provocó la muerte de personas.  En los

juicios, agrega, también había pretensiones indemnizatorias por daño moral

subjetivo.  El primero, tramitado con el no. 8-1298-1027-CA, interpuesto

por don B y sus hijos, en virtud de la muerte de su esposa y madre; se rechazó

la tesis de la culpa concurrente, otorgándose un monto prudencial, de

¢10.000.000,00.  En el segundo, no. 9-2761-1027-CA, alega, formulado por M

y sus hijos, debido a la muerte de su esposo y padre, de nuevo, se otorgó la

cantidad de ¢10.000.000,00 como indemnización del daño moral subjetivo.

En este proceso se reconoció la existencia de culpa concurrente.  Al

comparar el monto de la condenatoria de esos dos procesos, con el concedido en

esta lite, comenta, se concluye que se aumentó en la suma de ¢2.5000.000,00,

siendo que, para cada hijo, se concede la suma de ¢12.500.000,00 por la muerte

de cada padre, para un total de ¢25.000.000,00.  En la sentencia

cuestionada, indica, no se brinda el fundamento que justifica la suma

concedida, siendo que la línea

que venía siguiendo la misma sección del Tribunal era otorgar ¢10.000.000,00

para cada actor.  Al no brindarse esa justificación, refiere, se conculca

el ordenamiento jurídico por falta de motivación, quebrantando el artículo 155 del Código Procesal

Civil.  También, en su criterio, se violaron los principios de

razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, por cuanto el juez debe conducirse

en forma prudente, guiado por esos postulados, para no propiciar

indemnizaciones abusivas.

La recurrente,

en el agravio en estudio, no objeta la existencia del daño moral reclamado por los coactores,

sino el monto concedido por ese rubro.  Su alegato lo centra en pretender

establecer la vinculatoriedad de precedentes emitidos por la misma sección del

Tribunal que dictó la sentencia combatida. Es decir, en una estandarización del monto del

daño moral subjetivo, cuando los hechos generadores son similares. Al respecto,

cita los procesos no. 08-1298-1027-CA y 09-2761-1027-CA, en los cuales, según

afirma, a pesar de ser coincidentes con esta lite, pues en ambos se reclama el

daño moral originado por la muerte trágica de la esposa o esposo, madre o

padre, producto del atropello sufrido en la carretera Interamericana Sur, el

monto concedido por daño moral subjetivo fue inferior al otorgado en este

proceso.  Al respecto, es menester señalar lo siguiente.  Esta Sala,

desde vieja data, ha indicado que ese tipo de daño permite un amplio margen de

discrecionalidad al juzgador. Sin embargo, el prudente arbitrio debe tener en

cuenta las circunstancias del caso, los

principios generales del

derecho y la equidad. No procede cuantificar el valor de la honra y dignidad de

un sujeto, al ser bienes inapreciables. De lo que se trata, es de fijar una

compensación monetaria a su lesión, único mecanismo del cual puede hacer uso el derecho, para

reparar, aun cuando sea parcialmente, su ofensa. Para tal efecto, han de

valorarse los principios fundamentales del

derecho, entre ellos, los de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales

tienen rango constitucional. A la luz de dichos postulados, resulta

indispensable atender la posición de las partes, la naturaleza, objeto y

finalidad del

resarcimiento, sin llegar a constituir situaciones absurdas, dañinas o

gravemente injustas. El mesurado arbitrio a emplear por el juzgador, entonces,

implica el estricto apego a parámetros ineludibles, insertos en un amplio

espectro como la prueba indiciaria, las circunstancias propias de cada caso

concreto, los principios generales del derecho, la equidad, la posición de las

partes, la naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, así como los

principios de razonabilidad y proporcionalidad. La prudente apreciación del

juez, aún con la realización del hecho generador (principio “in re ipsa”),

requiere de las consideraciones o parámetros aludidos en torno a ese daño,

para, con arreglo a ellos, establecer su monto conforme a todas las

circunstancias expuestas que pueden variar en uno y otro asunto. Al respecto,

pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias de esta Sala números 552

de las 14 horas del 4 de agosto de 2005, 469 de las 14 horas 35 minutos del 4

de julio y 844 de las 11 horas 18 minutos del 18 de diciembre, ambas del año

2008.  Al amparo de esa línea jurisprudencial, no resulta de recibo lo

argumentado por la representación estatal.  Cada proceso resulta

independiente y diferente, en virtud de los aspectos que deben analizarse para

determinar la existencia y cuantía del

daño moral subjetivo, aun cuando el hecho generador de la indemnización sea

parecido. Como bien lo señaló el Tribunal, en el considerando VI, el juzgador,

en cada caso, debe analizar una serie de aspectos (verbigracia,

socio-económicos, afectivos de los perjudicados): “[…] Se pretende por los

actores una indemnización por daño moral subjetivo, mismo que, como lo ha

establecido reiteradamente la jurisprudencia nacional, constituye una lesión a

un derecho extrapatrimonial, una perturbación injusta en las condiciones

anímicas y emotivas del individuo.  Este daño, moral subjetivo, no puede

ser valorado, por lo menos en esta materia, en la materia Contenciosa, a

diferencia de otras, no puede ser demostrado, ni debe ser cuantificado, por un

técnico.  La jurisprudencia ha establecido claramente que la fijación

de este daño moral debe hacerla el juez bajo los indicios y parámetros que

pueda desprender del proceso y del análisis de cada caso concreto; y del

sujeto que requiere el daño moral que dice haber sufrido, y que esa valoración

la debe hacer el juez "in re ipsa". Esto significa que es

exclusivamente el juez, con esa valoración y análisis de esos elementos, el que

debe fijar esa indemnización, de acuerdo a cada caso concreto.  Si

bien, es importante decir, que el daño moral no sustituye en forma alguna, en

este caso, la pérdida de un ser querido, ni la cuantificación de una vida, ni

se puede cuantificar la angustia, la tristeza, la afectación de una persona por

la pérdida de una madre, de un padre, o ambos, como en este caso concreto, no

se le puede dar un valor monetario a una vida humana; estos son bienes

inapreciables.  Sin embargo, el derecho, la única forma de aplicar el

derecho para paliar, en parte, la lesión sufrida, porque hay parte de esa

lesión que es exclusivamente en el ámbito personal, emocional, individual y

espiritual de quien lo vive, y el derecho no puede entrar ahí para poder curar

o tratar esa lesión.  El único mecanismo que nos brinda es, precisamente,

el resarcimiento económico que es el que vienen pidiendo los aquí actores.”

(Véase grabación del audio y video del dictado de la

sentencia a las 15:31:25). Consecuentemente, no se puede establecer una especie

de regla inflexible para la determinación del

monto del daño moral, como parece pretenderlo la recurrente.

Asimismo, las juzgadoras y el juzgador, distinto a lo señalado por la

casacionista, en el indicado considerando de la sentencia recurrida, en un

prolijo análisis, brindaron las razones del porqué, en su criterio, debía

otorgarse la indemnización en los términos solicitados: “En el caso

concreto, el Tribunal se tomó el tiempo para hacer un análisis de la prueba, de

los indicios, de los parámetros en que se está fundamentando el daño

moral.  Este Tribunal, en el juicio oral y público, tuvimos la oportunidad

de escuchar a dos de los hijos de doña C y don J. Dos de los aquí actores. Doña

L nos relató que ellos son ocho hermanos; que sus padres eran personas amorosas,

sencillas, comprensivas.  Que desde que ella abandonó su casa y se casó

vive a 300 metros

de la casa donde vivían anteriormente sus padres.  Manifestó cómo, a lo

largo de toda su vida, la experiencia de juventud, de niñez, de ella y sus

hermanos.  Cómo su madre, en algunas ocasiones le cuidada a sus hijos, que

siempre estaba pendiente de ella, de sus hermanos, de sus hijos, de sus nietos,

y que a su madre siempre le gustaba estar en la casa.  Y que cada vez que

ella tenía la oportunidad hacía empanadas, hacía “arepa salada”, nos dijo doña

Luz María aquí; y llamaba a todos sus hijos para que fueran a tomar café.

Para que fueran a compartir con ella y con su esposo, don J, con sus hijos a la

casa.  De esta forma, lograba reunir a todos sus hijos dentro de su casa y

todos acudían.  Todos sus hermanos, al igual que ella, se reunían junto

con sus hijos, y compartía, semana a semana, tanto con doña C como con don J.  Nos narra, además, que

lo que recuerda de ella, con relación a sus padres, es una relación de amor, una

relación cercana, una relación sí con limitaciones económicas, pero siempre le

proveyeron lo necesario, lo hicieron con amor, junto con sus hermanos.

Nos narra el día que su madre muere.  Nos relata, doña Luz María, que

luego del

atropello a ella le avisan.  Ella se traslada al hospital y donde ella

aguarda junto con sus hermanos, fuera del

consultorio donde la están atendiendo. Una doctora sale y le dice, ese día, que

su madre entró en paro.  La doctora vuelve a entrar, y en dos ocasiones

más sale y, en la tercera, le dice "lo siento, no pudimos hacer nada por

su madre". Después de haber entrado en paro doña C, una tercera vez, sale

la doctora y le dice a ella y sus hermanos que se encontraban con ella, que su

madre había muerto.  Nos indica que ese día su madre salió muy temprano de

la casa, el atropello fue alrededor de las siete de la mañana, y que su madre

salió temprano de la casa porque iba a ir a la feria a comprar las verduras

para tener en su casa, y que fue en ese momento en que fue atropellada.

Relata un detalle, en un relato lloroso, afectado, a evidencia de este

Tribunal, de forma transparente y real, cómo la afectación anímica severa por

la muerte de sus padres.  El juicio oral y público le permitió a este

Tribunal apreciar no solamente sus palabras, sino sus gestos y su conmoción, lo

pudimos ver y apreciar de esa forma.  Relata que cuando llegaron al

hospital, lo que recuerda es la escena de una vecina con los zapatos de su

madre en la mano.  Respecto a su padre, nos dice que el día de la muerte

de su padre, ella anda en el centro comercial con su esposo, y cuando se va a

montar al carro, el paso está cerrado en la calle y que no pueden ver

dónde.  Que como consecuencia de eso, su esposo se baja del carro y va a

averiguar qué pasa en la calle, y cuando él se devuelve, lo que le dice es que

la persona a quien atropellaron era su padre, tan solo ocho meses

después.  Ocho meses después su esposo le da la noticia de que su padre

acaba de ser atropellado en uno de los sectores, específicamente, frente a la Plaza, frente al Centro

Comercial, a la entrada del Centro Comercial.  Dice que ahí tuvo que

revivir todo lo que pasó con su madre. Lo recogió la ambulancia, lo llevó al

hospital y esperar.  Una persona, un médico, salió para decirles que,

efectivamente, su padre había muerto.  Lo que significó para ella, ocho

meses después revivir, no solamente sufrir la muerte de su padre, sino revivir

toda la circunstancia de la muerte de su madre, la muerte de su madre y la

circunstancia como se dio la muerte de su madre.  Afirma, en forma sentida

que, manifestación que tuvo en cuenta este Tribunal, manifestación muy personal

de doña L, que "si uno tuviera dos vidas, a ella se le murió

una".  Esta fue la manifestación con la que, prácticamente cerró,

doña L, sus manifestaciones en este juicio oral y público.  Manifiesta

también que, a raíz de la muerte de sus padres, un hermano de ella que estaba

en Estados Unidos perdió todo contacto con él, dejó de hablar con ellos; ya no

están sus padres, dejó de hablar con ellos. Ya no se reúnen, dejó de reunirse

en sus casas porque tienen la imposibilidad de hablar de los eventos que se

dieron a raíz de la muerte de su padre y de su madre.  Que eso ha

distanciado a sus hermanos y la familia porque no toleran hablar de esa situación

entre ellos. [...] Tuvimos también la declaración, en el juicio, de don

JC, hijo de doña C y don J, quien nos dice que es uno de los mayores, el

Dice que recuerda que su padre y su madre lo educaron con amor,

que le enseñaron respeto, que le enseñaron buenas costumbres y que siempre lo

que sintió fue la ayuda de ellos hacia él y sus hermanos.  Siempre, don

Julio y doña C fueron padres que estuvieron presentes para sus hijos y siempre

los ayudaban. Indica, muy emocionado también, frente a este Tribunal, que

cuando escucha sirenas de las ambulancias "se suelta en un temblor",

esa fue la manifestación, "se suelta en un temblor", y empieza a

llamar a todos sus hermanos para saber si están bien.  Lo que teme es que

se dé otra desgracia en la familia, con sus hermanos, al igual que con su padre

y su madre. Indica, de igual forma, y ratifica la declaración de doña L, que la

muerte de sus padres ha significado la separación de su familia.  La

separación de sus hermanos. Que no quieren hablar de ellos, que cada uno se

aisla como familia, que no han logrado reunirse nuevamente.  Y,

espontáneamente, le dijo a este Tribunal "que pese al tiempo que ha

transcurrido desde la muerte de sus padres, al sufrimiento no se le pone

fin".  Ha tratado de acercarse un poco a sus hermanos, pero que es

muy difícil. Relata que el día que su madre murió llegó al hospital, de igual

forma le dicen que su madre entró en paro y, posteriormente, un médico sale y

le dice que no pudieron hacer nada para revivirla.  Que el día de la

muerte de su padre, su padre venía de visitarlo, fue a su casa, estuvo un rato

con él, don J se va hacia su casa, y dice que al rato lo llama su hermano T, y

TO le dice por teléfono "J, otra vez" y él pregunta "¿otra vez

qué?" y, entonces, su hermano le responde "otra vez, nos mataron a

papá, lo atropellaron".  Dice que, en ese momento, él siente que se

vuelve loco, que siente impotencia, que siente una gran impotencia y que la

muerte de sus padres lo marcó en su vida.  Se volvió, durante mucho

tiempo, una persona amargada, de difícil trato.  Nos dice que no es fácil

asimilar la muerte de sus padres, cuando los pierde en el mismo año, con tan

solo ocho meses de diferencia.  Dice que, cuando muere su madre, tratan de

cuidar a su padre porque está solo, tenían el temor de perderlo, en razón de

que había perdido a su mamá, a su compañera, y que tratan de cuidar a su padre;

sin embargo, no les fue posible, por razón de que la muerte le sobrevino a los

ocho meses de haber muerto su mamá.  Nos indica que él se dedica a ser

taxista en la comunidad de San Isidro

de Pérez Zeledón.  Nos relata que, efectivamente, la carretera está muy

mal iluminada y que, donde sus padres murieron, no había semáforos ni medidas

de seguridad peatonales. Termina su declaración con la siguiente manifestación:

"la carretera que fue ampliada es un legítimo matadero de gente",

palabras textuales.” Video del

dictado de la sentencia a las 15:34:36. Asimismo que, “[…] de las anteriores

declaraciones, deduce claramente este Tribunal que tanto don J como doña C eran

personas sencillas, de nivel sencillo, trabajadores, sanas, que mantenían una

relación cercana y amorosa con sus hijos, a los cuales los visitaban

regularmente.  De esas declaraciones se puede extraer, no solamente de las

manifestaciones verbales, sino de sus expresiones corporales, de su emotividad

y la afectación, que a criterio de este Tribunal, efectivamente, hay un daño

moral que sufrieron, no solamente los dos aquí actores, que son dos de los

siete que vienen reclamando y declararon aquí; sin embargo, las declaraciones

de ellos resultan para este Tribunal representativas respecto a los otros

actores, los otros hijos de doña C y de don Julio, la afectación que ha

significado el no tener a sus padres, el haber perdido a sus padres de forma

inesperada, de forma violenta en un mismo año. Aquí mismo, para este Tribunal,

quedó claro el temor que prevalece en ellos, respecto a la situación de cruzar

la calle; las manifestaciones respecto al sonido de las sirenas y el llamarse

mutuamente para ver si están bien o ha ocurrido alguna desgracia en algún otro

miembro de su familia.  También considera este Tribunal, a efecto de la

fijación del daño moral, que si bien los actores todos son mayores de edad,

eran mayores de edad al momento de la muerte de sus padres en el 2006, doña C y

don J eran elementos esenciales en la vida de su familia y para cada uno de

ellos.  Efectivamente, la existencia de una situación de angustia, de

sufrimiento, de impotencia, para cada uno de los actores.  En el presente

caso, el Tribunal ha tenido claro que perdieron a ambos padres en idéntica

situación, en el mismo año, con una diferencia de tan solo ocho meses, lo que

provocó, inevitablemente, afectación a sus hijos, y es evidente y lógico que el

sufrimiento causado a los actores después de la muerte de doña C, se acrecentó

al revivir las mismas circunstancias en el fallecimiento de su padre, de un

forma violenta, inesperada y en idéntica situación a la de doña C.

Conforme a esta valoración que ha realizado el Tribunal, de la señalización de

esta prueba, este órgano colegiado considera que debe indemnizarse el daño

moral pretendido por los actores, que esa indemnización debe ser justa y

conforme a la intensidad de la conducta lesiva que pudo apreciar este Tribunal

y en este caso concreto por la existencia de un vínculo afectivo muy intenso,

considerando que se sufrió la pérdida de ambos padres, en circunstancias

violentas, resulta razonable, para este Tribunal, acordar una indemnización

para cada uno de los actores, en la suma pretendida, de ¢25.000.000,00, para un

total de ¢175.000.000,00.  Sumas sobre las cuales procederá el pago de los

intereses conforme el numeral 1163 del Código Civil, así como la indexación

dispuesta en el numeral 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

ambos a partir de la firmeza de la sentencia.”  Video y audio del dictado de la

sentencia a las 15:44:56.

En el mismo

orden de ideas del Tribunal, este órgano jurisdiccional ha estimado, tratándose

del daño

moral subjetivo, que al suponer una perturbación injusta de las condiciones

anímicas, no requiere prueba directa, sino que puede inferirse a partir de

presunciones humanas. En este sentido, en el voto no. 96 de las 16 horas del 29

de enero de 2009 se indicó: “XIII.- En lo referente a la prueba del daño

moral el principio es el siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad,

carga que le corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido que tal

prueba se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de los

indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño

moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el

honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la

prueba del daño moral existe "in re ipsa". Desde vieja data, ha

manifestado que en materia de daño moral"[…] basta, en algunas

ocasiones, con la realización del hecho culposo para que del mismo surja el

daño, conforme a la prudente apreciación de los Jueces de mérito, cuando les es

dable inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios." (Resolución

no. 114 de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979). En la misma línea, ha

dicho: “[…] La determinación y cuantificación del daño moral subjetivo entonces, queda a la equitativa

y prudente valoración del Juzgador, quien acude para ello a presunciones del ser humano inferidas

de los hechos comprobados. La presunción humana es un juicio lógico del juez,

en virtud del cual se considera probable un hecho, con fundamento en las

máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal como

suceden las cosas y los hechos…” (Sentencia no. 878-F-2007 de las 8 horas

15 minutos del 14 de diciembre de 2007). Como ya se indicó, la conjugación de

los lineamientos que se derivan de estos antecedentes, permite afirmar que la

indemnización que se conceda por concepto de daño moral subjetivo ha de ser

justa, proporcionada y racional, lo que supone, no debe ser excesiva, para lo

cual es necesario ponderar, en cada caso en particular, las circunstancias

individuales, tales como el tipo de lesiones inflingidas, la intensidad de la

conducta lesiva, evitando que, al amparo de un derecho de reparación del daño,

se conceda a las víctimas un beneficio irracional. En este sentido establece el

canon 196 de la LGAP

que “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e

individualizable en relación con una persona o grupo.”, artículo que, unido

a lo expuesto, permite rechazar la tesis que sostiene la recurrente, en cuanto

a la supuesta violación al principio de igualdad, al no haberse fallado, en el

caso en estudio, en la misma línea que lo hizo el Tribunal en los otros dos

procesos. Para este tipo de casos, se insiste una vez más, tal y como sucedió

en la especie, los jueces deben analizar el cuadro fáctico en forma integral,

sus circunstancias particulares, las condiciones económicas y familiares del

fallecido, y de los coactores, a fin de extraer, en su justa dimensión, el

deber compensatorio que recae, en este caso, en la parte demandada. A partir de

lo dicho hasta el momento, considera esta Sala que los montos concedidos por el

Tribunal resultan razonables y proporcionados, en virtud de lo padecido por la

familia C, como mecanismo de compensación del daño irrogado en su

esfera interna emocional. Ciertamente, es una experiencia dolorosa la muerte

sorpresiva de un familiar tan cercano, con mucha más razón, la de los dos

progenitores con tan solo ocho meses de diferencia y en la misma forma

trágica.  Esto, sin lugar a dudas, genera sentimientos de toda

índole:  incredulidad, negación ante lo sucedido, dolor, desesperación,

tristeza, angustia y depresión. De ahí que la indemnización fijada por este

concepto no es irrazonable o desproporcionada, pues si bien no compensa el

padecimiento y el dolor causados por la pérdida de un ser querido, es el único

medio con el que cuenta el derecho para reparar la lesión causada. En

consecuencia, no se configuran las infracciones invocadas.  Por demás,

debe indicarse que existen diferencias objetivas evidentes entre este proceso y

los otros dos. En este sentido, como

ya se ha indicado, en esta lite, los actores reclaman el daño moral por la

muerte de su madre y padre con tan solo ocho meses de diferencia.  En

cambio, en los otros, la persona fallecida era solo una; en el primero, no.

08-1298-1027-CA (resuelto por esta Sala en la sentencia no. 1426 de las 9 horas

30 minutos del 25 de noviembre de 2010) doña Trifina Mora Marín –esposa y madre

de los actores-; en el segundo, no. 09-2761-1027-CA (decidido por esta Cámara

en el fallo no. 1084 de las 8 horas 35 minutos del 8 de septiembre de 2011) don

M –esposo y padre de los actores-.  Además, en este último, se determino

la existencia de una eximente parcial de responsabilidad: el hecho de un

En mérito de lo expuesto, débese rechazar el presente

agravio.

En la tercera

censura, invoca quebranto, por falta de aplicación, de los artículos 4 de la Ley de Creación del Conavi; 2

del Reglamento sobre Clasificación Funcional de Caminos Públicos –Decreto Ejecutivo

no. 13041-T y 16 de la Ley

General de la Administración

Pública (LGAP).  En la sentencia cuestionada, anota, de

conformidad con el numeral 122 inciso g) del CPCA, se condenó a los

codemandados a construir e instalar un puente peatonal que garantice el acceso

seguro al Centro Comercial Monte General y sus alrededores.  Se otorgó el

plazo de 18 meses para que se realizaran los procedimientos licitatorios,

diseño y construcción.  Dicha orden, afirma, violenta el ordenamiento

jurídico, en virtud de que deja de aplicar normativa relacionada con las

competencias legales tanto del Conavi como del MOPT.

Transcribe el artículo 4 de la Ley

no. 7798 del 30 de abril de 1998, Ley de

Creación del

Conavi. De conformidad con esa norma, comenta, las funciones legales del

Conavi, respecto a la red vial nacional, se realizarán en concordancia con los

programas que elabore la

Dirección de Planificación del MOPT. De igual manera, agrega,

la orden judicial se dictó inaplicando el precepto 2 del Reglamento sobre

Clasificación Funcional de Caminos Públicos, Decreto Ejecutivo no. 13041-T, el

cual reproduce.  A la luz de esa disposición, anota, las obras

relacionadas con la red vial nacional –tales como el mejoramiento-, deben realizarse con

base en criterios técnicos por parte de los órganos competentes. Indica,

resulta importante determinar qué significa el término “mejoramiento”,

definición que la brinda el Decreto Ejecutivo 30263, denominado “Reglamento

al artículo 5 inciso b) de la Ley

de Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública

en la Red Vial

Cantonal “, el que copia, aunque no está vigente, porque contenía su

significado. De esta manera, comenta, la construcción de puentes es parte del

mejoramiento de la red vial, el cual debe ser realizado por los departamentos

técnicos, por lo que resulta claro que la orden emitida en la sentencia no fue

formulada de conformidad con ningún criterio técnico, sino subjetivo del

Tribunal.  La pertinencia de construir un puente peatonal, debe emanar,

por ley, de los órganos técnicos tanto del

MOPT como del

Conavi.  Asimismo, argumenta, con la orden de construir el puente en un

determinado punto, es inaplicado el artículo 16 de la LGAP, conculcándose el

principio de razonabilidad técnica, pues la orden, reitera, no se basó en

criterios técnicos, sino en una valoración subjetiva, por lo que no se puede

asegurar que la construcción del puente sea la solución adecuada al problema de

seguridad vial que se presenta en la carretera Interamericana Sur.  En el cuarto

y último agravio, alega la recurrente quebranto de principios

constitucionales en torno a la orden de construir el puente.  Insiste, se

dictó sin considerar el elemento de la razonabilidad técnica, el cual se deriva

del postulado

constitucional de razonabilidad.  El construir un puente peatonal en

determinado lugar de la carretera Interamericana Sur, se fundamenta en la

valoración subjetiva efectuada por los juzgadores, desconociendo las

implicaciones técnicas de su decisión.  En virtud de lo anterior, y ante

la decisión jurisdiccional, el Consejo de Administración del Conavi, en sesión

no. 828-11 del 24 de mayo de 2011, artículo IV, le solicitó a la Dirección de

Ingeniería de Tránsito del MOPT colaboración para emitir un informe técnico

referente al plan integral de seguridad vial, a fin de implementarlo en la

carretera Interamericana Sur, en el sector San Isidro-Palmares. Fue con base en

esa cooperación interinstitucional, acota, que se emitió el “Informe Técnico

– Plan Integral de Seguridad Vial en Carretera Interamericana Sur – San Isidro

– Palmares”, en el cual se tomaron en cuenta los estudios técnicos sobre

seguridad realizados por la Dirección General de Ingeniería Tránsito del MOPT

(DGIT) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR),

a fin de resolver el problema de la seguridad vial en dicha vía de manea

integral, lógica y razonable.  En ese estudio, agrega, se presentan

recomendaciones técnicas armonizadas, para dar solución al problema de una

manera integral, razonable y lógica. Ambas instituciones coinciden en la

implementación de medidas para la adecuación y construcción de obras de

infraestructura vial a lo largo de los 7,6 kilómetros

de la

Carretera Interamericana Sur; empero, no se recomienda la

construcción de puentes peatonales como medidas de mitigación para alcanzar la

seguridad vial de los peatones.  Transcribe las recomendaciones y acciones

concretas contenidas en el primer informe. El costo económico de la

construcción del puente peatonal, en las condiciones señaladas por el Tribunal,

estima, afectarían los recursos presupuestarios del Conavi, destinados a

ejecutar una solución integral del problema en todo el sector de la carretera

donde está presente el peligro para los peatones, y no solo quienes transiten

en el punto definido por los juzgadores.  Por lo anterior, señala, la

orden contenida en la sentencia, si bien pretende resolver parte del problema

de seguridad vial, violenta los principios constitucionales de razonabilidad y

lógica, al pretender dar una solución puntual al problema, basada no en

criterios de razonabilidad técnica y un plan lógica y técnicamente orquestado,

sino con fundamento en criterios subjetivos, ajenos de conocimientos y estudios

en la materia.  Además, agrega, se le niega al MOPT y al Conavi, como

órganos técnicos, la oportunidad de poner en práctica la ejecución de una

solución integral, razonable y lógica.  De conformidad con el postulado de

razonabilidad, concluye, lo prudente hubiera sido que el Tribunal ordenara a

los demandados, en un plazo razonable, realizar los estudios y acciones

necesarias para la concretización de medidas integrales de solución de los

problemas de seguridad vial en la Carretera Interamericana

Sur y no la construcción de un puente peatonal.

Por la estrecha relación

entre las dos censuras antes indicadas, se analizarán conjuntamente.  El

meollo de lo alegado por la casacionista estriba en que, a su entender, el

Tribunal quebrantó los artículos 4 de la

Ley de Creación del Conavi; 2 del Reglamento sobre Clasificación

Funcional de Caminos Públicos –Decreto Ejecutivo no. 13041-T- y 16 de la LGAP, porque no se

consideraron las competencias tanto del Conavi como del MOPT.  De

conformidad con esa normativa, indica, el Conavi ejecutará sus funcionares en

concordancia con los programas que elabore la Dirección de

Planificación del

MOPT.  De igual manera, afirma, acorde con esas disposiciones, las obras

relacionadas con la red vial nacional –tales como el mejoramiento, lo cual

incluye la construcción de puentes-, deben efectuarse de conformidad con

criterios técnicos, por parte de los órganos competentes.  Por el hecho de

que en el sector donde se ordena construir el puente peatonal, comenta, se

produjeron dos muertes, no significa que necesaria y técnicamente, ese sea el lugar

idóneo para construirlo.  Con dicha orden, estima, los juzgadores

quebrantaron el principio de razonabilidad técnica, al no estar sustentada en

criterios técnicos.  Al respecto, debe indicarse lo siguiente, el artículo

4 de la Ley no.

7798 del 30 de abril de 1998, Ley de Creación del Consejo Nacional de

Vialidad,  preceptúa:  “Serán objetivos del Consejo Nacional de

Vialidad los siguientes: / a) Planear, programar, administrar,

financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red

vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de

Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. / b) Administrar

su patrimonio. / c)         Ejecutar,

mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el

proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional.

/ d) Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el

control de la calidad. / e)         Promover

la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de

la construcción y conservación vial. / f) Celebrar contratos o prestar

los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.”

Por su parte, el numeral 2 del Decreto Ejecutivo no. 13041-T del 20 de octubre

de 1981, preceptúa: “El diseño, la construcción, el mejoramiento y el

mantenimiento de la Red Vial

Nacional estarán a cargo de los departamentos técnicos de la División de Obras

Publicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”  Por último,

el precepto 16 de la LGAP,

indica: “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas

unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia,

lógica o conveniencia. /

El Juez podrá controlar la conformidad con estas

reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del

acto, como si

ejerciera contralor de legalidad.”  Es cierto que de esas normas se

determina que el competente para efectuar el mejoramiento de la Red Vial Nacional

(entendido, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Creación del Conavi, como las: “Mejoras

o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas

con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin

de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar

la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la

ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie

("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y

la construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o

intersecciones.”), es el Conavi, en concordancia con los programas que

elaboren los órganos técnicos del MOPT.  No obstante, también lo es que en

esta lite, lo cual no fue impugnado por la recurrente, se acreditó tanto el

peligro que representa la carretera Interamericana Sur (en el trayecto ampliado

San Isidro – Palmares), especialmente para los peatones; como la omisión o

atraso de la Administración Pública en efectuar las obras necesarias

para garantizar la seguridad vial que le impone el ordenamiento jurídico. En

relación, las juzgadoras y el juzgador tuvieron por acreditado lo siguiente,

véase grabación del dictado de la sentencia a partir de las 14:18:10:

“[…]

Que en el año 2005 el Ministerio de Obras Públicas y

Transportes amplió la carretera Interamericana Sur, en un tramo de 9 kilómetros, a

cinco carriles, reduciendo el tiempo de recorrido de cuarenta y cinco minutos a

ocho minutos aproximadamente, en San Isidro desde el centro de Pérez Zeledón

hasta Palmares.  Dicha ampliación fue inaugurada el 19 de septiembre de

2005, por el entonces presidente de la República Dr. Abel Pacheco de la Espriella, momento en

el cual la comunidad solicitó la construcción de puentes peatonales.

[…]

Que la vía ampliada fue abierta al tránsito

vehicular de inmediato en el año 2005, sin que existiera señalización,

puentes peatonales, aun cuando su diseño fue dispuesto para tránsito rápido.

[…]

Que en la construcción de dicha carretera, no se contemplaron

acciones de prevención, por lo que desde su inauguración hasta el 07 de

diciembre de 2006, fallecieron más de cuarenta personas por accidentes de

tránsito en el tramo ampliado. […]

Que en la

comunidad de Pérez Zeledón, ante la ausencia de medidas de seguridad en el

tramo ampliado de la carretera, se constituyó la Comisión de

Seguimiento, Fiscalización de Proyectos de Infraestructura y Servicios de Pérez

Zeledón, a fin de gestionar la colocación, en el tramo ampliado de la

carretera, medidas de seguridad vial para la protección de los peatones.

[…]

Que la Comisión de Seguimiento, Fiscalización de

Proyectos de Infraestructura y Servicios de Pérez Zeledón solicitó: 1)  el

29 de junio de 2006, al Conavi, la colocación de puentes peatonales como medida

de prevención en el tramo ampliado de la carretera;  2) el 12 de octubre

de 2006, a

la Ministra

de Obras Públicas y Transportes, le solicitó la ampliación de los puentes

vehiculares sobre los ríos San Isidro y Jilguero de Pérez Zeledón y la construcciones

de puentes peatonales en los sitios de mayor afluencia del tramo ampliado de la

carretera, así como la construcción de un boulevard, la señalización vertical y

re-demarcación horizontal en varias zonas y la colocación de semáforos en

varias zonas peatonales, entre ellas, la entrada a Barrio los Ángeles; 3)

también, el 25 de octubre de 2006,

a la

Dirección de Ingeniería de Tránsito la colocación de

dispositivos de seguridad como semáforos y demarcación del sitio, frente al

centro Comercial Plaza Monte General; 4) el 22 de noviembre de 2006, se

solicita también a la

Ministra de Obras Públicas y Transportes el estudio y posible

instalación de puentes vehiculares en varias comunidades que comprenden parte

del tramo ampliado; 5) el 6 de mayo de 2008, también se solicita al

viceministro de Obras Públicas y transportes la colocación de medidas de

seguridad en el tramo ampliado de la carretera, informando que ya para ese

momento son más de 100 las personas fallecidas por accidentes de tránsito en el

mencionado trayecto; y 6) se solicita, finalmente, el 11 de agosto de 2008, a la Dirección General

de Tránsito la colocación de medidas de seguridad peatonal en varias

comunidades entre ellas la entrada a barrio los Ángeles. […]

Que

los vecinos de los barrios aledaños al tramo ampliado de la carretera, han

manifestado la necesidad de la instalación y aumento de los dispositivos de

seguridad, tales como puentes vehiculares, puentes peatonales, demarcación,

iluminación, denunciando la gran cantidad de personas fallecidas a causa de los

accidentes de tránsito en el referido trayecto, el cual han llegado a denominar

"Tramo o paso de la muerte".  […]

Que

la velocidad a la que viaja el tránsito vehicular, sobre dicha carretera

usualmente supera en demasía los 40 kilómetros por hora, que  es el límite

permitido, sin que se hayan tomado medidas de seguridad vial por parte de

las autoridades encargadas, para atender tal circunstancia. […]

26-

Que en el lugar donde ocurrió el atropello de doña Cecilia como el de don

Julio, el grado de peligrosidad era inevitable, por no contar con dispositivos

de seguridad peatonal, lo que impedía que pudiesen cruzar la carretera de modo

seguro. […]

Las muertes de doña Cecilia y la de don

Julio fueron producto del impacto sufrido en los accidentes de tránsito,

al intentar ambos cruzar la carretera, por no existir dispositivos de seguridad

peatonal que les permitiera hacerlo de forma segura.  […] 31-Para

el 17 de febrero y 11 de octubre  ambas fechas del año 2006, cuando

ocurrieron los accidentes y muertes de C y J, padres de los aquí actores, las

autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo

Nacional de Vialidad, tenían pleno conocimiento de que  el tramo ampliado

de la carretera de Pérez Zeledón hasta Palmares, se diseñó, construyó,

inauguró, y se puso en funcionamiento de los conductores y peatones, sin

contemplar acciones de prevención vial, iluminación, puentes peatonales o zonas

de seguridad peatonal. […]” Ante la situación de inseguridad vial descrita –no

solo para los choferes, sino, en especial, para los peatones-, y la tardanza de

la

Administración en ejecutar las medidas correctivas necesarias

a fin de evitar la pérdida de más vidas humanas en la carretera Interamericana

Sur (trayecto San Isidro-Palmares), el Tribunal, al amparo de las potestades

concedidas por el ordenamiento jurídico costarricense (artículo 122 inciso g)

del CPCA), en el considerando VIII de la sentencia cuestionada, véase acta de

grabación a las 15:50:21, dispuso: “Este Tribunal se permite, de conformidad

con el artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordenar a

las Administraciones demandadas, lo siguiente. El numeral 122 del Código

Procesal Contencioso Administrativo establece que, cuando en la sentencia se declare

procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá hacer, según

corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos, en concreto el

inciso g, establece: “Condenar a la Administración a realizar cualquier conducta

administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico.” De los hechos

tenidos por demostrados por este Tribunal, se extrae que, a consecuencia de

la gran cantidad de accidentes de tránsito, acaecidos en el tramo ampliado de

la carretera, esto a causa de la falta de instalación de medidas de seguridad

peatonal, lo cual ha provocado la muerte de gran cantidad de personas.

Esto se extrae de las mismas manifestaciones de la Jefa Regional del

Ministerio de Obras Públicas, cuando en fecha 7 de diciembre de 2006, reconoce

que, para ese momento, han muerto más de 40 personas; asimismo, de las

múltiples gestiones hechas a las autoridades encargadas, por parte de la Comisión de

Seguimiento y Fiscalización de la

Comunidad de Pérez Zeledón, en las que también se informa de

la gran cantidad de personas fallecidas consecuencia de accidentes de tránsito,

por la falta de medidas de seguridad peatonal; como también se desprende del

video de noticias Repretel, que ya citamos hoy aquí y fue proyectado en el

juicio. También se tiene por demostrado que ha habido requerimiento reiterado,

por parte de las autoridades locales y representantes de la comunidad, para la

instalación de las citadas medidas de seguridad, y la evidente y actual inercia

de las Administraciones Públicas encargadas. En razón de lo anterior, este

Tribunal, con las potestades que le otorga el artículo 122, le ordena al Estado

(MOPT) y al Conavi, en razón de la gran afluencia de personas y vehículos

al centro comercial Plaza Monte General, la construcción e instalación, en

dicho sector, de un Puente Peatonal, y un semáforo vehicular, que garanticen el

acceso seguro al citado Centro Comercial  y sus alrededores.  Para

tales efectos, se concede el plazo de 18 meses, a fin de que las

Administraciones encargadas realicen los procesos de licitación, diseño y

construcción de dichas obras. Asimismo, dentro de dicho plazo, deberán realizar

los estudios técnicos necesarios, a fin de determinar cuáles de las obras

señaladas por la

Comisión de Seguimiento y Fiscalización de Proyectos de Infraestructura

y Servicios de Pérez Zeledón, en su oficio Ref­-CSSPZ-020-06 de fecha 22 de

noviembre de 2006, dirigido y recibido el 23 de noviembre de ese mismo año en

el despacho de la Ministra

de Obras Públicas y Transportes de aquel entonces, señora K –visible a folio

139 del expediente-, resultan necesarias realizar para garantizar la seguridad

peatonal, tomando en consideración, además, los parámetros del artículo 24 de

la ley n° 7798, Ley de Creación del Consejo  de Vialidad (Conavi)  y la Ley 7600.”  Más

adelante, a las 15:53:57 del

video de grabación, la señora presidenta del Tribunal agregó: “Me permito

darles una explicación, a fin de que quede totalmente comprendido, para los

aquí presentes.  El numeral 122 faculta a los jueces, a fin de ordenarle a

la

Administración ya bien sea se abstenga o, dependiendo del

presupuesto, realizar conductas, o bien, se le ordene la realización de

conductas, que en criterio y en análisis del caso concreto, sean

necesarias.  Precisamente, por esta potestad que la ley le otorga a este

Tribunal, es que ha decidido, para lo cual se encuentra totalmente facultado,

ha decidido ordenarle a las Administraciones demandadas que realicen la

construcción de lo que se ha dicho.  Sin bien es cierto, han habido, como

el mismo representante del Conavi lo indicó al inicio, para efectos de la

recusación del compañero David Fallas, hay varios procesos, uno de ellos ya fue

confirmado por la Sala,

hay varios procesos pendientes, algunos ya fallados y otros pendientes de ser

conocidos por este Tribunal.  Si bien es cierto, este Tribunal debe

pronunciarse en cada caso concreto, con la valoración de la prueba que deba

hacer, y la posible indemnización que proceda o no a cada uno de los actores,

en este y otros procesos, debe dársele una solución a un problema tan grave que

las Administraciones demandadas no han atendido.  Desde el 2005, desde el

momento de su construcción hasta la fecha, se han hecho múltiples

gestiones.  La

Administración tiene conocimiento de la gran cantidad de

accidentes de tránsito que han ocasionado la muerte de innumerables

personas;  para diciembre de 2006, cuando comunica la Jefa Regional del

MOPT de Pérez Zeledón, 40 personas, a diciembre de 2006. De la prueba recabada

en el proceso, tenemos innumerables reportes periodísticos que dan la noticia

de la muerte de gran cantidad de vecinos de Pérez Zeledón. Vecinos que día a

día deben cruzar esa carretera a fin de llevar a cabo su vida, su trabajo, sus

necesidades de salud, de servicios, etc., lo que significa que este Tribunal no

puede quedarse ausente y ordenar a la Administración, como debe ser, que cumpla con una

obligación que tiene, y que debía cumplir desde el momento en que inauguró esa

carretera.  Aún más, desde el momento, como lo establece el artículo 24 de

la Ley Orgánica

del Consejo de Vialidad, para la construcción de las carreteras, previo a esta

construcción, deben realizarse los estudios de densidad poblacional, la

ubicación de centros de salud; la ubicación de la carretera, con respecto a la

población y una serie de elementos técnicos que echa de menos este Tribunal,

pues no se trajo prueba a este proceso, se pronuncia con respecto a la prueba

que tenemos en este proceso, y este Tribunal ha tomado la decisión de ordenarle

a la

Administración, precisamente, a fin de detener esta

situación, que se haga en el plazo de 18 meses la construcción de las medidas

de seguridad ya establecidas.”

Es menester

indicar que la normativa vigente, no solo al momento de dictarse la sentencia,

sino cuando se construyó la ampliación de la indicada carretera, le imponían el

deber a los órganos respectivos del MOPT de establecer las medidas necesarias

en aras de la seguridad en esa vía.  En este sentido, la Ley no. 6324 del 24 de mayo de

1979, Ley de Administración Vial, en lo conducente, dispone: “Artículo

1º.- La presente ley regulará lo concerniente al tránsito de

personas, vehículos y bienes en la red de caminos públicos, así como todos los

aspectos de seguridad vial y de la contaminación ambiental causada por los

vehículos automotores. / […] Artículo

La

administración vial estará constituida por los órganos que determine el

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el apoyo del Cosevi. / […] Artículo

4º.- Créase el Consejo de Seguridad Vial como dependencia del Ministerio de Obras

Publicas y Transportes el cual tendrá independencia en su funcionamiento

administrativo y personalidad jurídica propia. / […] Artículo 9º.-

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: / a) Conocer los análisis de

los asuntos referentes al tránsito, para identificar problemas de seguridad

vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes. / b) Conocer y

aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas de promoción de

la seguridad vial; / c) Administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar

las sumas necesarias para los programas y proyectos de seguridad vial que

requieran las Direcciones Generales de Ingeniería de Tránsito, de Transporte

Público y de la Policía

de Tránsito; y / ch) Conocer, tramitar y resolver cualquier otro asunto que le

someta el Ministro de Obras Públicas y Transportes. / ( Así reformado conforme

al artículo 249 de la Ley Nº

7331 de 13 de abril de 1993). / […] Artículo

La Dirección

de Ingeniería de Transito tendrá a su cargo el estudio de los problemas de

tránsito y de sus consecuencias ambientales y sociales, así como el diseño

y la ejecución de medidas y norma técnicas para controlarlas. Para

tales fines tendrá a su cargo el señalamiento vial y la planificación de

servicios de transporte público. / […] Artículo

La Dirección de

Ingeniería de Tránsito tendrá las siguientes funciones: / a) Estudiar y

analizar los problemas de tránsito y formular las políticas de administración

de tránsito; / b) Estudiar y analizar las consecuencias ambientales y sociales

del tránsito, tales como contaminación y accidentes, y formular estrategias

para resolverlas; / c) Elaborar normas, especificaciones y

procedimientos, así como preparar diseños y planos operacionales, para resolver

los problemas de tránsito, reducir al máximo, sus consecuencias ambientales y

resolver los problemas de seguridad vial; / ch) Elaborar políticas, normas

y procedimientos sobre educación vial para todo el país, e implantar el

ordenamiento del tránsito que sea necesario con el fin de que haya una

reducción de los accidentes, para ello coordinará lo que corresponda con el

Ministerio de Educación Pública y formulará las normas de capacitación técnica

para la policía de tránsito. / d) Diseñar y poner en ejecución programas

referentes a la instalación de semáforos, señales viales, marcas sobre el

pavimento y otros dispositivos para el control del tránsito, así  como

programas de operación de tránsito para incrementar la capacidad y la seguridad

viales; / e) Revisar los programas, planos y diseños para la construcción o

mejoramiento de la infraestructura del transporte vial, para garantizar su

conformidad con las políticas y estrategias de la administración del tránsito y

con las normas técnicas de la Ingeniería de Tránsito; / f) Planificar las rutas

y servicios de transporte público, sobre la base del análisis de la demanda, y

formular recomendaciones para la organización y regulación de tales servicios;

/ g) Preparar y presentar a conocimiento del Consejo de Seguridad Vial los

presupuestos de ingresos y egresos relativos al Fondo contemplado en el

artículo 10 de la presente ley; y / h) Todas aquellas otras relativas a la

ingeniería de tránsito que sean asignadas por el Ministro de Obras Públicas y

Transportes.” (Lo subrayado es suplido). Asimismo, el Decreto Ejecutivo no.

27917-MOPT del 31 de mayo de 1999, Reforma Organizativa y Funcional de

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en lo de interés señala: “Artículo

1º- Estructura y Niveles. Modifíquese la estructura orgánica,

organizativa y funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para

que en adelante se determine constituida de la siguiente manera: / 1.1 NIVEL

SUPERIOR: / DESPACHO DEL MINISTRO / DESPACHOS DE LOS VICEMINISTROS / OFICIALIA

MAYOR / SECRETARIA SECTORIAL / CONSEJO DIRECTIVO / AREAS O UNIDADES ASESORAS /

UNIDAD DE SEGURIDAD Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS / INSTITUTO GEOGRAFICO

NACIONAL / CONSEJO PORTUARIO NACIONAL / COMISION TECNICA DE TRANSPORTES / 1.2

NIVEL DE UNIDADES COORDINADORAS Y EJECUTORAS: / DIVISION DE TRANSPORTES /

DIVISION DE OBRAS PUBLICAS / CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO Y FERROCARRILES /

DIVISION DE PUERTOS / 1.3 NIVEL DE CONSEJOS SUBSECTORIALES / CONSEJO NACIONAL

DE VIALIDAD / CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES / CONSEJO DE AVIACION CIVIL /

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL / […] Artículo

División de

Transportes. La

División de Transportes ejercerá la relación jerárquica

propia, sobre los órganos establecidos en este Capítulo y mantendrá sus labores

de asesoría y coordinación con los Despachos del Ministro y Viceministros. / Artículo

30.-Dependencias. Para el cumplimiento de sus atribuciones y

funciones en materia de transportes, en sus diversas modalidades, la División de

Transportes tendrá la siguiente estructura: / a. La Dirección de

Ingeniería de Tránsito. / b. La Dirección de Policía de Tránsito. / c. La Dirección de

Transporte Público y Ferrocarriles. / d. La Dirección de

Educación Vial. / e. La

Dirección de Planeamiento de Transportes. / f. La Asesoría

Técnico-Legal. / […] Artículo

Ingeniería

de Tránsito. De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Tercero de la Ley de Administración Vial y la Ley de Tránsito por Vías

Públicas Terrestres, la

Dirección de Ingeniería de Tránsito, tendrá como objetivo

procurar que las vías públicas del país cuenten con los requerimientos técnicos

adecuados en materia de seguridad vial. / Tendrá entre sus funciones: / a. Estudiar

las consecuencias ambientales y sociales de los problemas de tránsito tales

como contaminación y accidentes, formulando estrategias para resolverlos. /

b. Elaborar normas, especificaciones y procedimientos, así como preparar

diseños y planes operacionales para resolver los problemas de tránsito, reducir

al máximo sus consecuencias ambientales y de seguridad vial. / c. Implantar

el ordenamiento del

tránsito que sea necesario a fin de reducir los accidentes y la congestión

vial, estableciendo entre otros, rótulos frente a las vías públicas y accesos a

estas debidamente autorizados. / d. Formular normas y programas de

capacitación técnica para la

Policía de Tránsito en materia de su competencia. / e.

Elaborar y actualizar la normativa para la señalización vial vertical y

horizontal, así como para otros dispositivos de control de tránsito, y

coordinar con el Consejo Nacional de Vialidad la incorporación de dicha

normativa en sus proyectos. / f. Realizar las tareas necesarias para que se

respeten los derechos de vía.” (Lo subrayado es suplido). De igual manera,

el numeral 24 de la Ley

de Creación del Conavi, luego de la reforma introducida en el año 2008,

dispone: “Artículo

Toda obra pública financiada por el

Consejo Nacional de Vialidad se realizará con fundamento en un sistema de

administración de construcción y mantenimiento de carreteras y caminos. Las

especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos serán establecidos

por el Consejo Nacional de Vialidad y aprobados por el MOPT. / En todas las

labores de planificación, diseño, conservación, mantenimiento rutinario,

mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y en la construcción de

obras viales nuevas de la red vial nacional o cantonal, que realicen el Consejo

Nacional de Vialidad, el MOPT y las municipalidades, de acuerdo con sus

respectivas competencias, se deberá considerar e incorporar el componente de

seguridad vial antes de su ejecución, de conformidad con el detalle que se

efectuará de manera reglamentaria y en forma coordinada entre órganos y entes.

/ Como parte de la seguridad vial deberán incorporarse prevenciones para el

paso seguro de peatones, incluidos aquellos a nivel y a desnivel, la protección

para el tránsito seguro de peatones longitudinal a la vía, las bahías para las

paradas de transporte público, las ciclorutas, en los casos que corresponda, y

la adecuada visibilidad de las vías, incluida la eliminación de obstáculos en

ellas y en el derecho de vía de estas y cualquier otro que disponga el

Reglamento. / Para salvaguardar la seguridad vial, deberá tomarse en

consideración el entorno urbano que atraviesen las vías, los planes

reguladores, las directrices del Ministerio de la Vivienda , del Instituto

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Ley N.º 7600, las condiciones para vías con

accesos restringidos o no restringidos, así como todos los otros elementos, las

especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos que garanticen la

mejor seguridad vial de los peatones y conductores. / Asimismo, es obligación

del Estado mantener la infraestructura vial nacional en buen estado; para tal

fin, deberá invertir anualmente los recursos necesarios y deberá realizar las

gestiones necesarias para reestablecer el funcionamiento de la red ferroviaria

nacional, procurando, en esta forma, detener el deterioro que sobre la red vial

nacional ocasiona el flujo de vehículos de carga pesada. / (Así reformado por

el artículo 9° de la Ley N°

8696 de 17 de diciembre de 2008). A pesar de ese deber competencial, la Administración,

como bien lo indica el Tribunal, no actuó de la

manera célere como

se esperaba.  Esta omisión también fue puesta en evidencia en octubre del

año 2010, en el denominado “Informe de auditoría técnica externa LM-AT.134-10”, elaborado por el LanammeUCR), el cual constituye el

anexo 2 del “Informe técnico-plan integral de seguridad vial en

carretera Interamericana Sur ´San Isidro-Palmares´”, en donde, en el acápite

de conclusiones –folio 638- se afirma:  “Al efectuar el análisis de las

observaciones relacionadas con la seguridad vial del tramo San Isidro-Palmares,

con base en los documentos revisados, visitas realizadas y normas de ingeniería

de seguridad vial, se emiten las siguientes conclusiones en aras de evidenciar

las condiciones actuales en que se encuentra la sección auditada: […]

2.

Las obras necesarias para garantizar la seguridad vial del

tramo evaluado, no se han implementado, a pesar de que ya han pasado 5 años

desde la ampliación del

tramo y desde que se evidenció que éste presentaba problemas graves de

seguridad vial.” Precisamente esa omisión o tardanza, fue lo que motivó al

Tribunal ha emitir los pronunciamientos al amparo de las potestades conferidas

en el artículo 122 inciso g) del CPCA. Es claro que la Administración

Pública tiene la obligación de efectuar los estudios

pertinentes relacionados con la seguridad vial, e implementar las acciones

necesarias para prevenir o reducir los accidentes en las carreteras;

particularmente, en lo que respecta a los peatones. Sin embargo, en lo que

respecta al tramo ampliado de la carretera Interamericana Sur no se ha

cumplido. Debido a ello, se reitera, el Tribunal le ordenó a la Administración

efectuar una serie de acciones, entre ellas la que se objeta, la construcción

de un puente peatonal frente al Centro Comercial Plaza Monte General.

Esta decisión, se insiste, es tomada en virtud de las potestades que le otorga

el ordenamiento jurídico costarricense. Es decir, la Administración

está compelida a dar cabal cumplimiento de la orden dada por las juzgadoras y

el juzgador, en virtud de lo dispuesto en la normativa procesal contencioso

administrativa; sin que ello signifique la inobservancia de las competencias

del MOPT y del Conavi; por el contrario, se repite, se debió a que no actuaron

esa competencia en un plazo razonablemente rápido. Consecuentemente, el

Tribunal no conculcó las disposiciones señaladas por la casacionista de la Ley de Creación del Conavi y del

Reglamento de Clasificación Funcional de Caminos Públicos.

En esta misma línea,

tampoco transgredieron los principios de lógica y razonabilidad técnica y, por

ende, el artículo 16 de la LGAP.

La parte demandada tenía el deber procesal de demostrar que la orden impartida

por el Tribunal, de construir el puente peatonal en el lugar señalado,

resultaba técnicamente inadecuada.  Empero no lo hizo.  De los

documentos que esta Sala admitió no se determina esa situación; más bien, se

comprueba que la opción de construir puentes peatonales siempre ha estado

presente y que no ha sido descartada. En este sentido, el denominado “Informe

técnico-plan integral de seguridad vial en carretera Interamericana Sur ´San

Isidro-Palmares´” se sustenta, a su vez, en otros dos:

Informe de

Auditoría Técnica Externa LM-AT-134-10, elaborado por el LanammeUCR, “Evaluación

de Seguridad Vial, seguimiento a las acciones correctivas recomendadas por la Auditoría de

Seguridad Vial del Lanamme-UCR al tramo en servicio: San Isidro-Río Convento,

sección 0.000 a

7.600.” y

Informe técnico de la Dirección General

de Ingeniería de Tránsito del MOPT, denominado “Propuesta para mejorar la

seguridad vial en la

Ruta Nacional No. 2, sección San Isidro-Palmares”. En el

primero, el confeccionado por el LanammeUCR, a folio 626, en lo de interés se

indica:  “[…] En el año 2005 se empezó la gestión para la colocación de

puentes peatonales que permitieran dar mayor seguridad a los peatones que

diariamente transitaban por esta vía.  En ese momento la Contraloría General

de la República

(CGR) aprobó un presupuesto extraordinario para la construcción de esos

puentes, previa presentación del

diseño y ubicación de los mismos.  Posteriormente, la Unidad de Planeamiento y

Control del CONAVI planteó que era necesario dar una solución integral al tema

de la seguridad vial, ya que los puentes peatonales per se no solucionarían el

problema de accidentalidad en la zona.”  Lo anterior implica que la

idea de instalar puentes peatonales se dio desde que la carretera fue

inaugurada, pero se desechó, no porque fuera técnicamente inviable, sino porque

el puente peatonal, por sí solo, no solucionaba el problema de la seguridad

vial en dicha vía.  En otras palabras, el puente peatonal no deja de ser

una opción válida, junto con otras medidas, dentro de un proyecto integral para

mejorar la seguridad vial de la carretera aludida.  En el punto 6 “RECOMENDACIONES”,

se indica: “A la Dirección Ejecutiva y al Consejo de

Administración del CONAVI: / Se recomienda acelerar el proceso de mejoramiento

de la seguridad vial del tramo San Isidro-Río Convento, debido a que existe un

riesgo potencial de que sigan ocurriendo accidentes en la zona y especialmente

con los usuarios más vulnerables (peatones y ciclistas). / Las recomendaciones

dadas en el informe de asesoría LM-AT-064a-07 ´Evaluación del Tramo en

Servicio: San Isidro-Río Convento, Sección 0+000 a 7+600´, siguen siendo

válidas y corresponden  a posibles medidas de mitigación, las cuales deben

ser valoradas mediante análisis de todas las posibles alternativas de solución

que identifique la

Administración.  Las recomendaciones son las

siguientes: Incorporación de obras que permitan un cruce más seguro de los

peatones, obras que permitan disminuir la velocidad del flujo vehicular, la

canalización de tránsito por rutas marginales, facilidades para el tránsito de

ciclistas, mejoramiento de las protecciones laterales en zonas con desniveles y

mejoramiento de la señalización horizontal y vertical existente. / Adicionalmente,

es importante considerar la propuesta elaboradas por la DGIT, la cual plantea las

siguientes recomendaciones: / Sustitución del carril central de giros por un bulevar.

/ Construcción de una ciclovía. / Construcción de tres rotondas. / Reubicación

de paradas de transporte público. / Señalización horizontal y vertical

adecuada.”  De este estudio, es importante rescatar que el LanammeUCR

recomienda la incorporación de obras que permitan un cruce más seguro de los

peatones, sin puntualizar cuáles pueden ser, pero que, una de ellas, sin lugar

a dudas, es el puente peatonal, como se había proyectado desde un inicio.

En el segundo, el elaborado por la

DGIT, en lo de interés se indica (folio 608):  “En la

primera mitad del 2006 la Dirección General de Ingeniería de Tránsito

instaló cinco sistemas de semáforos peatonales en los sitios donde se determinó

que más peatones cruzaban la vía; sin embargo, esta medida deja aún al

descubierto la mayor parte de la sección de carretera, con el consiguiente

riesgo y exposición de los peatones a sufrir atropellos. / Bajo este escenario

y como complemento a la instalación de los semáforos, a inicios del año 2007 la DGIT realizó una serie de

inspecciones en el sitio para proponer soluciones a los graves problemas de

seguridad vial que aún persisten. […] Con base en las características

antes mencionadas, la DGIT

recomendó modificar algunas características geométricas y funcionales de la vía

y su entorno, a saber: /

Realizar una serie de cambios en los sentidos de

las vías en las calles o tramas viales que se pueden aprovechar a ambos lados

de la carretera, de tal manera que se pueden eliminar algunos giros a la

izquierda desde y hacia la

Ruta Nacional; de esta forma se estará  aprovechando el

carril actual de giros como carril exclusivo de giro izquierdo únicamente en

aquellos sitios donde sea realmente necesario, reduciendo la longitud de este

carril central y aprovecharlo para otros fines como se explica en el siguiente

punto. /

Aprovechar el actual carril de giro, donde las condiciones viales

lo permitan, para construir un separador físico entre los sentidos de vía, que

podría convertirse en una isla medianera con vegetación y acondicionamiento

paisajístico que sirva a su vez como refugio peatonal para quienes crucen la

vía a pie en sectores alejados de los semáforos peatonales.  Esta

propuesta evitará el uso del carril central como carril de adelantamiento, se

ofrece un elemento de seguridad adicional al peatón para cruzar la calle, y en

cierta medida se restringe la velocidad por el efecto óptico de restricción

lateral. /

Construir tres rotondas pequeñas a lo largo de la sección, las

que servirían como puntos de retorno al restringirse algunos giros izquierdos

pues los conductores deberán continuar hasta la rotonda siguiente para realizar

la maniobra de giro izquierdo o en “U” y girar a la derecha en el sitio de su

interés.  Además, otro efecto de estas rotondas será el de disminuir la

velocidad promedio de los vehículos por la realización de tales maniobras. /

4.

Reubicación e algunas paradas de transporte público. /

Construir una

ciclovía para separar a los ciclistas de los vehículos motorizados que circulan

en la vía principal, dándole una mayor seguridad a este grupo de usuarios

vulnerables.  Para la construcción de dicha infraestructura, se deberán

entubar o colocar una losa de concreto sobre las cunetas existentes. / La

propuesta elaborada por la DGIT,

de manera esquemática, fue entregada a la Dirección de Ingeniería del Consejo Nacional de

Vialidad para su diseño final y futura implementación. / Luego de una primera

revisión por parte del CONAVI, se trasladó la propuesta con algunas

observaciones de nuevo a la DGIT

para que se definieran los detalles, especialmente de señalización y sitios

donde se permitirían los giros a la izquierda desde y hacia la Ruta Nacional, así

como los retornos y rotondas propuestos. En junio del

2010 se hace entrega de las correcciones y observaciones solicitadas por el

CONAVI para la elaboración del

cartel de licitación respectivo y su posible implementación. / Dentro de

este cartel de licitación, con el objetivo de mejorar la seguridad

vial del corredor, se deben incluir como mínimo los siguientes

aspectos: /

La construcción de una isla medianera a lo largo del [sic] todo el

tramo. Esta isla debe estar diseñada en concreto o con elementos paisajísticos

que no pongan en riesgo la seguridad de los conductores ante una eventual

salida de la vía. / La isla central debe tener al menos dos metros de ancho y

entre 15 y 20

centímetros de alto, su superficie debe ser

antideslizante y en los puntos específicos donde exista o se coloquen nuevos

semáforos peatonales o vehiculares con fase peatonal, debe contar con las

rampas o accesos adecuados para personas con movilidad limitada.  Esta

isla medianera será interrumpida únicamente donde se permitan maniobras de giro

izquierdo o retornos. /

A

cada ciento cincuenta metros (150) metros [sic]  y en todos los

sitios donde haya o se coloquen nuevos semáforos peatonales o semáforos

vehiculares con fase peatonal, se deberá incluir una rampa o dispositivo

similar que permita al peatón salvar la distancia entre la acera y la

calzada.  En estos puntos también se deben incluir rampas accesos

adecuados para personas con movilidad limitada.  A la vez, estas rampas no

deben convertirse en un obstáculo rígido para algún vehículo que por alguna

situación especial se salga de la vía, por lo que deberá diseñarse de manera

que pueda ser salvado por el vehículo o protegerlo de manera adecuada. /

Se

deberá [sic] revisar todos los radios de giro en las intersecciones de la Ruta Nacional N° 2

con las calles marginales que se proponen para facilitar los retornos. /

Se

debe incluir el diseño estructural del

pavimento de todas aquellas calles marginales que se están proponiendo para

facilitar los retornos en la vía principal. Además, se debe incluir toda

señalización, construcción de aceras y análisis de la estabilidad de los

taludes considerando las nuevas cargas a las que estarán sometidos. /

En las

calles marginales se debe diseñar e implementar el sistema de contención

vehicular que prevenga la caída de vehículos desde ellas hasta la ruta

principal. /

Todas las calles marginales que se usarán para realizar los

retornos, así como las tres rotondas que se construirán, deberán contar con un

diseño adecuado de la iluminación, que permita tanto a conductores como a

peatones y ciclistas, tener una buena visibilidad cuando circulen por ellas en

horas de poco [sic] luz natural. /

La ciclovía que se implementará

deberá contar con el diseño conveniente para la cantidad de ciclistas que se

espera, y deberá contar con doble sentido de circulación. Además, se deberá

realizar el diseño de toda la señalización vertical y horizontal que se

requiera.” (Lo subrayado es suplido). En este informe, si bien se hacen una

serie de recomendaciones para mejorar la seguridad vial de la aludida

carretera, sin incluir la construcción de puentes peatonales; también lo es que

de él se infiere que se trata de un mínimo de soluciones, pues expresamente se

indicó que en el respectivo cartel de licitación “se deben incluir como

mínimo los siguientes aspectos”; pero, más importante aún, no señala, de

manera expresa, que la construcción de puentes peatonales resulte técnicamente

inadecuada para lograr el objetivo de mejorar la seguridad vial de esa vía, por

lo que esa opción no puede ser descartada.  En el indicado “Informe

Técnico – Plan integral de seguridad vial en carretera Interamericana Sur ´San

Isidro-Palmares´”, luego de transcribir parcialmente los informes de la DGIT y del Lanamme-UCR, en el

acápite de consideraciones finales, en lo de interés, se afirma:  “Es

importante resaltar, que los criterios técnicos de las dos instituciones antes

mencionadas coinciden directamente en la implementación de medidas para la

adecuación y construcción de obras de infraestructura vial a lo largo de los 7.6 kilómetros

de la

Carretera Interamericana Sur, San Isidro-Palmares, de manera

integral y no puntual.  En ninguno de estos dos informes técnicos se

recomienda la construcción de puentes peatonales, como medidas de mitigación en búsqueda de la

seguridad vial, principalmente dirigida a los peatones.” Es cierto lo que

se indica en este informe, como ya se ha

apuntado, ninguno de los dos estudios en que se sustenta aluden a la

construcción de puentes peatonales; sin embargo, como también se anotó, tampoco contienen

criterios técnicos que los excluyan.  Por el contrario, como se ha

indicado, de su análisis se llega a una conclusión contraria:  que la

construcción de puentes peatonales en la carretera Interamericana Sur, trayecto

San Isidro-Palmares, es una opción válida y complementaria de otras que puedan

tomarse, en aras de lograr la seguridad vial, fundamentalmente, para protección

de los peatones.  Corolario, la parte demandada no demostró que la orden

emitida por el Tribunal, de construir un puente peatonal en la aludida vía,

resulte contraria a criterios técnicos y que, por ese motivo, sea inadecuada

como solución complementaria para lograr la seguridad vial en esa carretera.

Por último, en

cuanto al sitio en donde se ordenó su construcción, en el sector del Centro

Comercial Plaza Monte General, la parte demandada no cuestionó el hecho probado

antecedido con el número 30, en el cual se indica: “Que el Centro Comercial

Plaza Monte General, ubicado dentro del sector ampliado de la carretera,

comenzó su construcción en el mes de mayo de 2005,  e inició sus

operaciones el día 30 de noviembre de 2005.  Centro Comercial que lo

visitan, regularmente de lunes a viernes, 1800 personas diarias, para un

aproximado de 9000 personas, incrementándose la afluencia de personas los días

sábados y domingos, a un promedio de 3000 personas cada uno de esos días, y el

número asciende cuando se realizan actividades especiales, y que cuentan con un

espacio para 225 vehículos.”, esas cifras de visitantes determinan que el

sitio seleccionado no resulte irrazonable; todo lo contrario, se constituye en

un lugar razonablemente adecuado para esa edificación. Ergo, a tenor de lo

expuesto, débense rechazar las censuras analizadas.

RECURSO DEL CONAVI.

En la única objeción

admitida, denominada “Sobre los montos de la indemnización”, el

recurrente alega quebranto de normas sustantivas, por la indebida aplicación de

principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad.  Ello por

cuanto, según afirma, la sentencia impugnada condenó a su poderdante al pago de

¢175.000.000,00 por concepto de daño moral para los actores.  Ese monto

resulta exagerado, afirma.  El cuadro fáctico, comenta, debe ser valorado

a la luz de los principios aludidos, así como

el de equidad.  No cabe otorgar indemnizaciones exorbitantes que den lugar

a un enriquecimiento ilícito del

demandante.  Transcribe, en lo de su interés, la sentencia de esta Sala

no. 689 de las 9 horas del 27 de setiembre de 2006.  Además, arguye, en

este proceso, la parte actora no aportó prueba alguna que sustente su

pretensión indemnizatoria.  Reproduce, en lo conducente, la sentencia no.

368-2006 de las 14 horas 30 minutos del 19 de setiembre de 2006, emitida por la Sección Tercera

del Tribunal Contencioso Administrativo y la ya indicada de esta Cámara.

El Tribunal, estima, no usó ningún parámetro o pauta de evaluación al momento

de definir el quántum indemnizatorio, lo que desemboca, concluye, en un monto

arbitrario, irracional y desproporcionado.

El análisis

sobre la existencia y cuantificación del

daño moral subjetivo, otorgado por las juzgadoras y el juzgador, ya fue

efectuado por esta Sala en los considerandos VII y VIII de esta sentencia, por

lo que, para evitar reiteraciones innecesarias, se remite a lo ahí

consignado.  En consecuencia, al amparo de los argumentos ahí dados, se

impone desestimar del

agravio en estudio.

En mérito de las

razones expuestas, se impone el rechazo de los recursos interpuestos, con sus

costas a cargo de quienes lo formularon (artículo 150 inciso 3 del CPCA).

Por la trascendencia

que reviste esta resolución para los habitantes del

cantón de Pérez Zeledón, se ordenará ponerla en conocimiento tanto del Concejo

Municipal  como

de la Alcaldesa.