Resolución 01471-2011

1.-

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, los actores

establecieron demanda ordinaria, cuya cuantía se estimó en la suma de diez

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “a-) Con lugar en

todos sus extremos la presente demanda ordinaria, declarándose que

efectivamente la servidumbre de paso se encuentra debidamente inscrita en el

Registro Público y por lo tanto los demandados deberán respetar y abstenerse de

forma definitiva de perturbar o privar del derecho de paso que los suscritos

hemos ejercido desde el año de mil novecientos setenta y cuatro. b-) Que los

suscritos actores somos los legítimos propietaria y única poseedora de la

servidumbre de paso la cual tiene una medida de seis metros de ancho

aproximadamente, constituida a favor de los fundos propiedad de los aquí

actores, desde hace más de cuarenta años, como consta en el plano catastrado N°

A-375784-79 de fecha 21 de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.- c-)

Que los demandados desde que adquieren su finca del partido de Alajuela sistema

de folio real matrícula doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y

seis, derecho cero cero uno y cero cero dos y su respectivo plano catastrado N°

A-832336-89, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, hace más de

dieciocho años, conocían de la existencia de la servidumbre y así adquieren su

finca soportando dicho gravamen. D) que dicha servidumbre de paso existente

desde hace más cuarenta años y que forman parte o bien, afecta la finca del

partido de Alajuela sistema de folio real matrícula doscientos noventa y nueve

mil ochocientos setenta y seis, derecho cero cero uno a nombre de Marcial

Jiménez Rodríguez conocido como Edgar Jiménez Rodríguez y el derecho cero cero

dos inscrito a nombre de la codemandada Zoila María Mejías Ugalde, misma que

corresponde a la servidumbre existente en el plano catastrado N° A-832336-89

propiedad de los aquí codemandados.- e-) Deberá ordenarse igualmente al

demandado Marcial Jiménez Rodríguez, la inmediata remoción de cualquier

obstáculo que impida el libre acceso de los suscritos y nuestros familiares a

nuestras fincas, como contrario se autorizará a los suscritos su remoción a

costa de los demandados. f-) Para el supuesto de que al momento de resolverse

el presente asunto se hubiere ejecutado cualquier acto de desposesión de la

servidumbre o cierre de ésta, pedimos se ordene la inmediata reivindicación a

los suscritos como poseedor que somos. PRETENSIÓN ACCESORIA: “Para el caso de

no acoger la pretensión principal, en este acto solicitamos se declare con

lugar la demanda en todos sus extremos, concediéndose en sentencia que en razón

de ser poseedores de buena fe de la franja de terreno que atraviesa la finca

del partido de Alajuela sistema de folio real matrícula doscientos noventa y

nueve mil ochocientos setenta y seis –cero cero uno y cero cero dos, misma que

consta en el plano catastrado N° A-832336-89 propiedad de los demandados, que

corresponde a la servidumbre de paso descrita en el plano catastrado N°

A-832336-89, y en razón de haber operado el plazo de prescripción positiva en

nuestro favor que nos otorga el derecho a usucapir el bien en razón de que los

suscritos somos poseedor y por haber cumplido con los requisitos ad usucapionem

nos asiste total derecho de usucapir por lo que deberá declararse que la

prescripción positiva ha operado a nuestro favor, y para el caso de que dicha

servidumbre no esté inscrita en el Registro Público, deberá ordenarse su

inmediata inscripción en dicho Registro a nombre de los suscritos o nuestros

fundos.-”

Los codemandados

contestaron negativamente y opusieron las excepciones de falta de derecho y

falta de legitimación ad causan activa y pasiva.

La Jueza Roxana

Hernández Araya, en sentencia n° 37-2010 de las 14 horas del 21 de abril de

2010, resolvió:  “De conformidad con lo expuesto, artículos 1, 2, 221,

317 del Código Procesal Civil, Artículos 379 al 400, 308, 383 del Código Civil,

se declara SIN LUGAR en todos sus extremos petitorios, la presente

demanda ORDINARIA CIVIL promovida por OVED, HEIDY, HILDA, VIANNEY E

ISABEL todos JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, contra MARCIAL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Y ZOILA MARÍA c.c. ANA LORENA JIMÉNEZ UGALDE. Se acogen las excepciones

de Falta de Derecho, Falta de Legitimación Activa y pasiva. Se condena a los

actores al pago de ambas costas de éste proceso.”

El apoderado especial

judicial de los actores apeló; y el Tribunal Civil y de Trabajo, Primer

Circuito Judicial de Alajuela, integrado por la Jueza Deyanira Martínez

Bolivar, los Jueces Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y Oscar Cruz Conejo, en

sentencia n° 190-2010 de las 11 horas del 30 de setiembre de 2010, dispuso: “En

lo que es objeto de recurso, se confirma la sentencia apelada.”

El licenciado Calvo

Venegas, en su expresado carácter, formula recurso de casación indicando las

razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

Para efectuar la vista

se señalaron las 8 horas 30 minutos del 6 de julio de 2011, oportunidad en que

hicieron uso de la palabra el licenciado Miguel Alberto Calvo Venegas y la

licenciada María Mayela Lara Calvo, representantes de ambas partes.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones

de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

Oved, Heydy, Hilda e

Isabel todas de apellidos Jiménez Rodriguez y Vianney Rodríguez Núñez, exponen,

en 1974 don Aquiles Jiménez Solórzano y Emilia Rodríguez Pérez compraron las

fincas de Alajuela números 119.877, 116.047 y 116.051 las que una vez reunidas

conformaron el inmueble del Partido de Alajuela, matrícula de folio real

165.710-000, con plano catastrado n° A-375787-79, en el que se describe una

servidumbre que aún se mantiene. Luego, explican, la mitad de la heredad se

segregó en lotes, en los que consta la existencia de tal gravamen, que indican,

está inscrito registralmente. Agregan, pese a que todas las fincas tienen

salida a calle pública, se mantuvo la servidumbre de paso por lo quebrado del

terreno. Además, ese gravamen se trasladó al inmueble de Alajuela n° 299.876

derechos 001 y 002, que pertenece a Marcial Jiménez Rodríguez conocido como

Edgar Jiménez Rodríguez y Zoila María Mejías Ugalde conocida como Ana Lorena

Mejías Ugalde. Enfatizan, el 27 de julio de 2007, estos últimos sin razón

alguna colocaron un candado a la entrada de la servidumbre y se reservaron la

llave. En razón de lo anterior, interpusieron demanda en la que pretenden se

declare, que la servidumbre de paso que atravesaba la mitad de la finca, se

encuentra inscrita en el Registro Público por lo que deben respetarla y

abstenerse de perturbarlos o privarlos del derecho que han ejercido desde 1974;

son los titulares de la servidumbre que tiene un ancho de seis metros, según

consta en el plano catastrado n° A-832336-89; cuando los codemandados

adquirieron la finca de Alajuela, matrícula de folio real 299.876 derechos 001

y 002, soportaba dicho gravamen, que corresponde a la servidumbre que consta en

el plano catastrado n° A-832336-89; se remueva de manera inmediata todo

obstáculo que impida su libre acceso y uso, caso contrario se les autorice a su

remoción. De modo “accesorio” solicitan de no acogerse la pretensión principal,

como poseedores de buena fe de la franja de terreno que atraviesa la finca de

Alajuela folio real n° 299.870 derechos 001 y 002, y al haber operado el plazo

de prescripción positiva se les otorgue el derecho a usucapirla, en

consecuencia, si la servidumbre no estuviera inscrita en el Registro Público,

se ordene hacerlo de inmediato. Los co-demandados, por su parte, contestaron

negativamente, opusieron las excepciones de falta de: derecho, legitimación

activa y pasiva. Aducen, no es cierto que don Aquiles y doña Emilia

constituyeran un gravamen de paso sobre la propiedad n° 165.710-000, de la que

proceden los fundos de los intervinientes en el proceso; recalcan, no se

acredita la existencia de un fundo sirviente y otro (s) dominante (s), de modo

que no existe una servidumbre legalmente constituida a favor de  las

fincas de los co-accionantes. Adicionan, cuando sus progenitores decidieron

segregar para traspasarles un lote a cada uno, previeron que todos los predios

tuvieran frente a calle pública; en medio del fundo, señalan,  lo que

atravesaba era un callejón, que se usaba para sacar el café, cuando conformaba

un solo inmueble, pero que al dividirse en fincas independientes perdió su

utilidad.  Asimismo, refieren que, tampoco se constituyó servidumbre

alguna, ni los terrenos son quebrados, al punto de no tener fácil acceso a la

vía pública. Apuntan, la servidumbre trasladada que se menciona proviene de un

gravamen inscrito al folio 443 del tomo 151, sobre la finca de Alajuela n° 10.044,

que se originó en una información posesoria, y luego fue dividida, motivo por

el cual sobre los inmuebles resultantes de las segregaciones pesa la

servidumbre, aunque en la materialidad no los afecte. El Juzgado acogió las

excepciones de falta de: derecho, legitimación activa y pasiva, y declaró sin

lugar la demanda en todos sus extremos. El Tribunal confirmó lo resuelto.

Inconformes los codemandantes interponen recurso de casación, en el que invocan

un motivo procesal y otro de fondo, este último fue rechazado de plano por esta

Cámara en auto n° 214 de las 15 horas 5 minutos del 3 de marzo de 2011, de ahí

solo se admitió por razones adjetivas.

Único: acusan el vicio de

incongruencia y conculcadas las normas 99, 102, 104, 106 y 153 párrafo primero

e inciso 3) del Código Procesal Civil (CPC). Señalan, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 104 citado, los codemandantes tienen interés legítimo

en el proceso, ya que resultan afectados de modo directo por las actuaciones de

los accionados. Recriminan, el fallo recurrido excluye a Oved, Heidy e Hilda

todas de apellidos Jiménez Rodríguez sin fundamento alguno. Objetan, el

Tribunal infringió el debido proceso y el derecho de defensa al resolver la

omisión del Juzgado relativa a la falta de legitimación activa de dichos

coactores; ya que dicen, lo pertinente era anular la sentencia de primera

instancia al contener el vicio de incongruencia de conformidad con el precepto

99 del CPC, por omitir pronunciamiento respecto a la relación jurídica en que se

encontraban. Apuntan, estas personas son parte de la situación fáctica y poseen

pretensiones debidamente deducidas en el proceso, por lo que debieron ser

resueltas, y no que el Ad quem tratara de llenar el vacío del A quo dictando

una falta de legitimación. Insisten, lo expuesto conlleva el quebranto al

principio de congruencia.

En lo que comporta al

vicio acusado esta Cámara ha expresado: “…RECURSO POR LA FORMA.-…Determinados

errores procedimentales, por su trascendencia, son susceptibles de determinar

un fallo injusto.  Esos errores pueden ocurrir en la constitución de la

litis, en el desenvolvimiento de ella o al pronunciarse la sentencia. La

incongruencia es precisamente un vicio propio de este último estadio. Implica

un irrespeto a normas de orden procesal que le imponen al juzgador un

determinado comportamiento al proferir el fallo. Particularmente el que nos

ocupa atenta contra la que dispone que el Juez, al dirimir la litis, no puede

rebasar los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la

controversia (Art. 155 del Código Procesal Civil). Al fallador, en efecto,

le está vedado pronunciarse sobre puntos que no han sido sometidos a su

decisión.  La incongruencia se produce, por lo mismo, cuando hay

disonancia manifiesta y trascendente entre lo peticionado, o sea lo rogado en

la demanda o en las excepciones, y lo resuelto. La falta de conformidad

puede producirse porque se conceda más, porque se conceda cosa distinta o

porque se omita resolver peticiones. Por su orden, se estaría en los supuestos

que la doctrina conoce como ultra petita, extra petita y mínima petita. La

incongruencia ha de buscarse confrontando la parte resolutiva de la sentencia

con las pretensiones de las partes, para determinar si existe o no el

desacoplamiento ostensible constitutivo del vicio. En este menester, desde

luego, hay que tener en cuenta también los hechos aducidos como sustento de la

petición, porque ésta se entiende sólo en función de la causa que en ellos se

expresa; no así el fundamento legal, porque es al Juez y no a las partes a

quien corresponde decir el derecho (Jura (sic) novit curia). Y es que

resulta obvio que el Juez no podría variar en el fallo la causa petendi sin

lesionar el derecho de defensa de la persona afectada con ese cambio. Ahora

bien, la inconsonancia está referida a declaraciones que el tribunal no puede

hacer sino a gestión de parte. (Doctrina del art. 99 del Código Procesal

Civil)… …(Lo subrayado no es del original.  Sentencia número 125 de las 14

horas 40 minutos del 27 de noviembre de 1996.  En igual sentido, pueden

consultarse, entre otros, los fallos 85 de las 15 horas 35 minutos del 24 de

enero del 2001 y 127 de las 8 horas 30 minutos del 22 de febrero del 2008)”.

N° 181 de 8 horas 45 minutos del 13 de marzo de

2008.

IV.-

De lo expuesto, es evidente no se está ante el yerro aducido; ha de hacerse

notar, no aluden a que se hayan desbordado los límites de la controversia, ni

exponen disconformidad alguna entre lo propuesto y lo resuelto en la

sentencia recurrida. La incongruencia como causal adjetiva de casación, reside

en la falta de relación entre lo pedido en la demanda y contrademanda y sus

respectivas contestaciones, con lo dispositivo del fallo, de conformidad con los

términos previstos en el inciso 3) de la disposición 594 del CPC. En la

especie, de lo desarrollado en el agravio, pese a resultar confuso e impreciso,

es factible concluir que la inconformidad radica en lo resuelto por el

Tribunal, en cuanto “excluyó” a las coactoras Oved, Heidy e Hilda; ya que en

opinión de los demandantes, corrigió la omisión del Juzgado, en cuanto no había

brindado los motivos por los que había acogido la excepción de falta de

legitimación activa respecto a aquellas tres accionadas. Para dilucidar lo

argüido en el reparo han de hacerse las siguientes precisiones. Primera, pese

al yerro que se acusa por parte del juzgador de primera instancia, los actores

no pidieron adición del fallo en el momento procesal oportuno, según

correspondía. Segunda, la legitimación es un presupuesto material de la

relación procesal revisable de oficio. Así, sobre el particular, esta Cámara ha

dispuesto: “Según ha estimado en forma reiterada este Órgano

Colegiado (véase entre otras: sentencias no. 8, de las 15 horas 45 minutos del

5 de enero de 2000 y no. 6, de las 14 horas 30 minutos del 6 de febrero de

1998), en los asuntos sometidos a su conocimiento, el Juez está obligado a

analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda

pretensión, demanda y en su caso reconvención, a saber: derecho, legitimación e

interés. Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia

estimatoria, por lo que deben conservase durante todo el proceso. De modo que

si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá

pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en

doctrina se conoce como sentencia inhibitoria”.  N° 546

de las 8 horas 55 minutos del 6 de mayo de 2010. Por consiguiente, no hay

incongruencia cuando como en el subexamine, el superior en grado entró al

examen de la legitimación activa, pues, se trata de uno de estos presupuestos

que pueden ser revisados sin petición de parte. Por ende, no se produjo

quebranto alguno al principio de congruencia cuando el Ad quem, expresó: “De

acuerdo a la prueba recibida en el presente asunto, tenemos que de la finca

matriz, o sea la número ciento sesenta y cinco mil setecientos diez-cero cero

cero del Partido de Alajuela, cuyo plano catastrado corresponde al número

A-trescientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y siete, la cual

pertenecía a los padres de los contendientes (Aquiles Jiménez Solórzano y

Emilia Rodríguez Pérez) derivaron las propiedades de los actores Isabel Jiménez

Rodríguez y Vianey Rodríguez Núñez así como los demandados Marcial Jiménez

Rodríguez y Zoila María Mejías Ugalde. Señalamos solamente a esos dos actores,

por cuanto los co-demandados Oved, Heidy y Hilda todos de apellidos Jiménez

Rodríguez, no demostraron que a la fecha de la interposición de la presente

demanda, fueran dueños de alguna propiedad, proveniente de la finca matriz del

Partido de Alajuela número ciento sesenta y cinco mil setecientos diez,

careciendo en ese sentido de legitimación activa”. Es evidente, la

actuación del Tribunal se ciño a las facultades proporcionadas por el

ordenamiento jurídico. De ahí, lo pertinente es el rechazo del motivo de

inconformidad.

Acorde con lo expuesto

al no producirse el quebranto acusado habrá de rechazarse el recurso, con sus

costas a cargo de los promoventes. Artículo 611 del Código Procesal Civil.