Resolución 09521-2018

Por

escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:48 horas del 28 de mayo

de 2018, el recurrente presenta recurso de amparo contra la CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, y

manifiesta que, el 24 de noviembre de 2016 ingresó al Hospital San Juan de Dios

por una fractura de columna L1. Acota que fue intervenido, quirúrgicamente,

pero no puede dormir, sentarse, estar de pie, caminar mucho, debido al dolor

que sufre. Sostiene que labora en un matadero de ganado y le han solicitado una

epicrisis o dictamen médico con la indicación de las funciones que puede

realizar, con el fin de ser reubicado de su puesto de trabajo. En fecha

indeterminada, solicitó una epicrisis ante las autoridades del hospital

recurrido, no obstante, le han indicado que la entrega está prevista para hasta

el 24 de julio de 2018. Estima que, lo anterior, es violatorio de sus derechos

fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

Por

resolución de Presidencia de las 10:38 horas del 1° de junio de 2018, se le dio

curso al presente amparo.

Por

medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 8 de junio de 2018, Ileana

Balmaceda Arias, Directora General y Adriana Mora Chavarría, Jefa de Consulta

Externa ambas del Hospital San Juan de Dios, informan que, el 28 de mayo de

2018, el amparado solicitó el documento en disputa y se le brindó un

comprobante de retiro para el 24 de julio de 2018. Indican que, en aras de

cumplir con los 10 días hábiles, la documentación solicita por el recurrente

está disponible desde el 8 de junio de 2018. Solicitan que se declare sin lugar

el recurso.

En

memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 13 de junio el recurrente

manifiesta que la epicrisis que se le entregó no es aceptado por su patrono

para una reubicación laboral.

En los

procedimientos seguidos se han observado las prescripciones

legales.

Redacta el

Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

Objeto del

recurso. Alega el accionante que fue operado de la

columna por una fractura y tiene mucho dolor. Agrega que labora en un matadero

de ganado y en su trabajo le pidieron una epicrisis, para reubicarlo según las

funciones que pueda realizar. No obstante, en el Hospital recurrido le

indicaron que la entrega está prevista para hasta el 24 de julio de 2018, plazo

que considera excesivo. Estima lesionados sus derechos fundamentales.

II.-

Hechos probados. De importancia para la decisión de

este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)

El 28 de mayo de 2018, el amparado solicitó una epicrisis

ante las autoridades del hospital recurrido. Según el comprobante de

trámite la entrega está prevista para el 24 de julio de 2018 (hecho no

controvertido);

b)

La Directora General del Hospital San Juan de Dios, fue

notificada del auto de curso de este amparo a las 9:56 horas del 4 de junio de

2018 (ver acta de notificación);

c)

La epicrisis solicitada estuvo disponible para ser

retirada el 8 de junio de 2018 (ver informe rendido bajo fe de juramento).

Hecho no

probado: No se tiene como demostrado el siguiente

hecho de importancia para la resolución de este asunto:

Único) Que

el recurrente haya señalado en su solicitud, algún número de teléfono o correo

electrónico a fin de que se le comunicara la fecha en que podía retirar la

epicrisis solicitada (ver documentación).

Sobre el

fondo. De las pruebas aportadas al expediente y el informe

rendido bajo juramento al Tribunal, se ha tenido por demostrado que el 28 de

mayo de 2018, el amparado solicitó una epicrisis ante las autoridades del

hospital recurrido, para efectos laborales, y le indicaron que se le

entregarían hasta el 24 de julio de 2018, plazo que considera excesivo. Al

respecto, la autoridad recurrida indicó que la información solicitada puede ser

retirada por el recurrente a partir del 8 de junio de 2018. La Sala aprecia que

la Directora General del Hospital San Juan de Dios fue notificada del auto de

curso de este amparo el 4 de junio de 2018, por lo que la pretensión del

recurrente fue satisfecha con posterioridad a ello. De allí que se verifica la

lesión a los derechos fundamentales del amparado, y en consecuencia, el

recurso debe ser declarado con lugar por la infracción del derecho de petición

del amparado, con fundamento en el artículo 52.1 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional. En cuanto a su disconformidad con

el contenido de la epicrisis entregada, debe alegarla ante el recurrido o bien

en la vía jurisdiccional ordinaria.

Sobre la

condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor

ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera

ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo

52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si,

estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial,

que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar

el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y

perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto

expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se

declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo

primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta

“únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren

procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”,

lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y

costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En

casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al

desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no

cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las

consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del

expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la

conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales

menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al

menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada

obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia

de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías,

corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia

en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas

conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al

respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley

de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que

acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y

perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su

liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural

o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo

del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos

fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho

Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del

Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de

la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los

demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e

interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr .

artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador

estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el

artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la

lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho,

las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de

la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un

ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de

riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las

presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver

este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios.

Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias

económicas derivadas de declarar con lugar este recurso.

Coincido

con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de

una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida

con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su

decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha

declaratoria.

La

jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y

hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial

porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre

dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público,

y su objetivos es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de

sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por

actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de

autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa

vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño

procesal también peculiar,célere y gratuito en donde se impone a la autoridad

pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado

en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se

trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala

Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o

de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a

otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba

que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la

jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas

enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de

las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas

procesales como el civil, el contencioso o el laboral.

En lo

que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus

artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función

jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a)

el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la

existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el

segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal

para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos

fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49

y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre

las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de

manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una

restauración del disfrute de tales derechos y, además,una efectiva indemnización

de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia

efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por

las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos

de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin

disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que

dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la

ley de la Jurisdicción Constitucional.

En este último

aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “ toda

resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de

los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…” .

Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para

los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de

terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y

reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”;

en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la

Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una

condenatoria en costas daños y perjuicios,que se apoya en el concepto antes

citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de

que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que

ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por

el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los

efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte

integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y

perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha

constatado la violación.

Dentro

de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como

lo afirma la mayoría- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja

perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en

que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es

decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación

anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances

para decretar esa forma de conclusión están delimitados con suma precisión por

parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la

aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe

comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa

o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que

en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o

la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente

acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado

restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en

derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias

de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el

derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial

frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En

conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el

Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus

alcances,estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de

condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces-

nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos

o no.

En este

caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo

52 de LJC, pues,por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del

asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y

determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación

anormal del proceso” . Por otra

parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya

que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente

emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto

que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es

procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y

disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria

en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas

del proceso.

Pero

incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y

costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos

probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una

afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que,

como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de

daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la

Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para

exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las

consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto

expresamente en la ley.

VII.-

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como

objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas

tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30

días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de

este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente

Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión

N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado

por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el

3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.