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Sala Tercera Materia Penal Juvenil
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Documento judicial
Voto Salvado del Magistrado Suplente
Segura Bonilla.-
“Con
el respeto que merecen cada uno de nuestros compañeros Magistrados, el suscrito me permit o disentir del
criterio de mayoría, siendo que consider o , que si bien corresponde a esta Sala de
Casación Penal entrar a conocer el conflicto de competencia, lo cierto es que
el órgano competente para seguir conociendo de esta causa es el Juzgado Penal
Juvenil de l II Circuito
Judicial de la Zona Atlántica y esto en razón de las siguientes
circunstancias: 1- nos encontramos frente a un proceso donde participa como
infractor una persona menor de edad y el argumento que la competencia de
conformidad con la Ley de Tránsito la confiere al Juez Penal Juvenil, es por
aplicación del principio de especialidad, el cual parafraseando a esta misma
Sala de Casación Penal: “…, se encuentra regulado en los artículos 7, 41 y
48 de la Constitución Política; 1, 3, 37.d) y 40.3 de la Convención sobre
Derechos del Niño; 1.4, 1.6 y 7 de las Reglas de Beijing adoptadas por la Asamblea
General en su resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985; y 52 de Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de RIAD) Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de
diciembre de 1990; Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de libertad. Adoptadas por la Asamblea General en su
resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990; las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de
Tokio) adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110 del 14 de
diciembre de 1990; directrices de acción sobre el Niño en el Sistema de
Justicia Penal del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, resolución
1997/30; observación general N.º 10 CRC/C/GC/10, del
25 de abril de 2007. Los derechos del niño en la justicia de menores, del
Comité de los Derechos del Niño. Observación General N.º
12, del 25 de mayo al 12 de junio, del 2009. Derecho a ser escuchado. Opinión
consultiva OC-17-2002 de 28 de agosto de 2002,
solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño. La Convención Iberoamericana de los
Derechos de los Jóvenes (Ley N.º 8612, Gaceta N.º 231
del 30 de noviembre de 2007) y las Reglas y 5.5 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Asimismo, el principio en estudio se encuentra en los
numerales 4, 9, 10, 12 y 28 de la Ley de Justicia Penal Juvenil; 1, 2, 3, 4, 5,
10, 13, 105, 107 inciso i), 108; 113, 114, 115 y 118 del Código de la Niñez y
la Adolescencia. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
el caso Mendoza y otros vs. Argentina (Sentencia del 14 de mayo del 2013),
reconoció la importancia del principio de especialidad en materia penal juvenil,
indicando en lo pertinente que: “144. [ … ] Entre estos valores
fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de
seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial
en que se encuentran. En razón de su nivel de desarrollo y
vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos
dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado. Estas
consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procesos, judiciales
o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en
su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllos. 145.
Si bien los niños cuentan con los mismos derechos humanos que los adultos
durante los procesos, la forma en que ejercen tales derechos varía en función
de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar
las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre
quienes participan en un proceso. Lo anterior corresponde al principio de
trato diferenciado que, aplicado en el ámbito penal, implica que las
diferencias de los niños y los adultos, tanto por lo que respecta a “su
desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y
educativas”, sean tomadas en cuenta para la existencia de un sistema separado
de justicia penal juvenil. 146. En definitiva, si bien los derechos
procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en
el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones
especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas
específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y
garantías (…)” (ver Voto 823-2014, de las 9:49 horas del día 23 de mayo del
año 2014)
La Ley de Justicia Penal Juvenil establece la competencia del Juez
Penal Juvenil, circunscrita a conocer de la comisión de un hecho tipificado
como delito o contravención en el Código Penal o en leyes especiales. Además,
la Ley de Tránsito, en su artículo 176, por disposición del legislador, le
estableció otra competencia al Juez Penal Juvenil, como lo es, el conocimiento
de los accidentes de tránsito en donde esté involucrado una persona menor de
edad, siendo que dicho numeral reza expresamente: “Si alguno de los
imputados es menor de dieciocho años, el juzgado remitirá el testimonio de
piezas al juzgado penal juvenil, antes de que transcurran seis meses de la
fecha consignada en la boleta y continuará con el procedimiento respecto de quienes
sean penalmente imputables. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
civil objetiva directa del propietario del vehículo o los vehículos
involucrados, de conformidad con el artículo 198 de esta ley.”
Ahora
bien, en materia procesal penal sólo es de aplicación la Ley de Justicia Penal
Juvenil, única legislación que ha establecido un procedimiento especializado
para el juzgamiento de las personas que han cometido un ilícito penal durante
su minoridad. Bajo esa tesitura, consideramos necesario destacar que lo
único que regula la normativa especial de tránsito es lo correspondiente a
determinar el órgano competente en tratándose de menores de edad, pero no con
respecto al procedimiento, el cual incluso permite el juzgamiento en ausencia,
lo que contraviene el corpus iuris de niñez y
adolescencia.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la ley establece
que el juez penal juvenil es competente para definir y garantizar el principio
de especialización, en consecuencia, debe regirse por el procedimiento
especializado que regula la materia penal juvenil en la tramitación de este
tipo de causas. Así en el Voto 2015-00228 del Tribunal de Apelación de la
Sentencia Penal Juvenil de las once horas diecisiete minutos, del ocho de junio
de dos mil quince, el cual a su vez menciona una consulta de constitucionalidad
que se había hecho a la Sala Constitucional, se estableció en lo que interesa: “Si
la Ley de Tránsito reconoce expresamente la competencia de los juzgados penales
juveniles para conocer de la contravención de tránsito en que incurre la
persona menor de edad que participa en un accidente de tránsito, sin establecer
procedimiento especial alguno al respecto, como sí lo hizo para el supuesto de
las demás infracciones (artículo 177), no se comprende por qué no resulta
aplicable el procedimiento regulado por la Ley de Justicia Penal Juvenil para
el juzgamiento de las contravenciones y los delitos atribuidos a las personas
menores de edad. Si alguna duda o problemática se presentaba al respecto, eran
los jueces los llamados a determinar la vía procesal aplicable, tal y como lo
resolvió la Sala Constitucional en el voto N°
8683-2005 de las 10:04 horas del 1 de julio de 2005, y no el Consejo Superior y
menos instancias o comisiones integradas por operadores de la materia. En dicha
resolución la Sala Constitucional se pronunció en relación a una consulta de
constitucionalidad planteada por una Jueza Penal Juvenil de San José, en donde
se exponía que, al no haber establecido el numeral 164 de la Ley de Tránsito el
procedimiento que debía seguir el Juzgado Penal Juvenil, debía aplicar el
proceso de la Ley de Tránsito en el que no estaban presentes las garantías
típicas del proceso penal juvenil. Si bien el Tribunal Constitucional rechazó
la consulta formulada, expuso algunas pautas claras y precisas con respecto a
las facultades de las autoridades jurisdiccionales para determinar el proceso
aplicable en el supuesto de comentario. Al respecto se dijo: "
Objeto
de la consulta. La Jueza Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial de San
José tiene dudas de la constitucionalidad del artículo 164 de la Ley de
Tránsito, No. 7331, reformado por Ley No. 8431 de diciembre del 2004, que
textualmente dice: «Artículo 164.- Si alguno de los imputados es menor de
dieciocho años, en lo que a él concierne, el juzgado remitirá el testimonio de
piezas al juzgado penal juvenil, antes de seis meses de la fecha consignada en
la boleta, y continuará con el procedimiento respecto de quienes sean penalmente
imputables». Sostiene que esta norma tiene vicios de inconstitucionalidad
porque no establece el procedimiento a seguir en este tipo de asuntos. Si, ante
este vacío, se aplica el procedimiento establecido en la Ley de Tránsito, se
producirían las siguientes consecuencias inconstitucionales: a. Desaparecería
la figura del juez de garantías, para convertirse en un juez de tránsito
especial para conocer sobre las infracciones atribuidas a personas menores de
edad. b. Se aplicaría a menores el mismo procedimiento que se aplica a adultos.
c. Se impondrían las multas contenidas en la Ley de Tránsito, cuyos fines son
retributivos y no educativos. d. Desaparecería la figura del Ministerio Público
como garante más del respeto de los derechos de los menores. Por otra parte,
dice que la norma también es inconstitucional porque no establece un
procedimiento de apelación en caso de multas fijas. En virtud de todo lo
anterior —dice la Jueza Penal—, «las garantías y derechos procesales del menor
infractor se verían afectados total y absolutamente».
II.-
Improcedencia de la consulta: materia de tránsito en sede Penal Juvenil.
El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a los
Jueces a consultarle a esta Sala cuando tuvieren dudas fundadas sobre la
constitucionalidad de una norma que deban aplicar. Por lo general, el Juez
consultante pretende que la Sala declare la inconstitucionalidad de la norma
cuestionada y —al igual que en una acción de inconstitucionalidad— la anule, de
conformidad con lo que dispone el artículo 107 de la Ley citada al referirse a
los efectos de la sentencia recaída en este tipo de consultas. En el caso
concreto, no está claro qué procura la Jueza consultante. En un primer término
puede entenderse que la Jueza pretende que la Sala anule el artículo 164 de la
Ley de Tránsito, que sustrae de la jurisdicción de Tránsito las causas en que
sea parte un menor para remitirlas a la jurisdicción Penal Juvenil. La
consultante parte de que la falta de indicación expresa de un procedimiento
convierte en inconstitucional la competencia que la norma otorga a los Jueces
Penales Juveniles. O la norma otorga la competencia y establece el
procedimiento o no debe otorgar nada —parece razonar la Jueza—, ya que la falta
de procedimiento desvirtúa la figura de Juez de garantías. Sin embargo, es muy
claro que independientemente del procedimiento, los menores tienen mayores
garantías si el Juez que conoce las causas contra ellos es especialista en
materia Penal Juvenil que si los conociera el Juez de Tránsito. No se ve cómo,
en aras de la defensa de las personas menores de edad, se pueda pretender tal
anulación. En todo caso, la duda sobre si la competencia, en sí misma, otorgada
por el artículo 164 es inconstitucional no es admisible. En efecto, la Jueza
consultante no expone ninguna razón por la que sea inconstitucional que un Juez
Penal Juvenil conozca de la materia de Tránsito o de las contravenciones en
general, como incluso lo dispone el artículo 1° de la Ley de Justicia Penal
Juvenil. Sus reparos giran en torno al procedimiento.
III.-
Improcedencia de la consulta: el procedimiento. Ahora bien, puede
entenderse que la Jueza consultante pretende que la Sala le indique, ante la
supuesta ausencia de un procedimiento específico, cuál debe seguir. Sin embargo,
es claro que la consulta es, también en cuanto a esto, inadmisible. En
sentencia No. 1185—95, de las 14:33 horas del 2—3—95, la Sala dijo: «… el
ofrecer la posibilidad de que los jueces consulten al Tribunal Constitucional,
cuando tengan verdadera y fundada duda sobre la constitucionalidad de la norma
que deban aplicar en un caso concreto, antes que debilitarlo, fortalece
el papel de la jurisdicción común en la aplicación y concreción de los
principios y normas constitucionales. Por eso mismo, consider
o que se daría una contradicción insalvable, si concluyéramos en que
el juez del orden común tiene la posibilidad de formular consulta judicial, si
él también pudiera resolver por sí mismo el punto, …» En
este caso, no solo los Jueces Penales Juveniles tienen la posibilidad de
decidir sobre el proceso, sino que están en la obligación de hacerlo. La
ausencia de un proceso específico, no tiene la consecuencia —como parece creer
la consultante— de eximir al Juez, mucho menos al Penal Juvenil, de la obligación
de observar los principios rectores de la materia. La falta de indicación
expresa de un procedimiento, no significa que no exista ninguno, ni mucho menos
autoriza al Juez a seguir un procedimiento que él mismo considera lesivo para
los derechos del menor de edad. En el fondo la Jueza parece simplemente
plantear la siguiente hipótesis: ¿si al conocer asuntos de Tránsito el Juez
Penal Juvenil decide dejar de lado las garantías procesales propias de la
jurisdicción Penal Juvenil, actúa inconstitucionalmente? Es claro que sí y que
también sería inconstitucional una norma que le prescribiera tal cosa, pero en
ningún momento el artículo 164 le ordena hacerlo. Todo lo contrario, los
asuntos de Tránsito se remiten a la jurisdicción Penal Juvenil precisamente con
el fin de que el juez especializado haga valer esas garantías. Así, si un
procedimiento no se ajusta a los principios rectores de la materia Penal
Juvenil, el Juez puede —y debe— observar los preceptos legales —e incluso de
mayor rango— que rigen esa materia. Igual debe actuar, si considera que alguna
sanción en particular se aparta de esos principios. En todo caso, la
determinación en abstracto sobre qué penas o procedimientos se deben aplicar es
una cuestión de legalidad que no le corresponde definir a esta Sala.
Conclusión. En conclusión, no hay en realidad
en esta consulta ningún problema de constitucionalidad que deba resolver esta
Sala. Como tal, la competencia de los Jueces Penales Juveniles en materia de
tránsito está fuera de duda. La Jueza consultante no ofrece ninguna razón para
cuestionarla, excepto que acusa la falta de procedimiento específico. Si
embargo, como se analizó, esa falta, que es aparente, no convierte el asunto en
un problema de índole constitucional, ya que le corresponde al Juez Penal
Juvenil dirimir él mismo esa carencia, ajustándose a los principios rectores de
esa materia. Finalmente, la Jueza alegó que no existe, en caso de multas
fijas, un recurso de apelación ante el Juzgado Penal Juvenil. Sobre este punto
simplemente no está legitimada para formular la consulta, puesto que la sumaria
que origina esta gestión no gira en torno a este tipo de multas, sino que versa
sobre una colisión. No se trata de un supuesto en que la Jueza consultante deba
aplicar la norma, por lo que no se ajusta a los requisitos el artículo 102 de
la Ley de la Jurisdicción Constitucional" (el destacado fue suplido). Debe
recalcarse, que aun y cuando se rechazó la consulta, la misma Sala IV, propugnó algunos elementos orientadores a fin de
determinar que el tema era competencia del Juzgado Penal Juvenil. En
razón de lo anterior, se declara competente para continuar con la tramitación
del presente asunto al Juzgado Penal Juvenil del II
Circuito Judicial Zona Atlántica. Comuníquese lo resuelto a los Juzgados en
conflicto.”