Resolución 00587-2017

DEL MAGISTRADO SUPLENTE SEGURA BONILLA.

“Con el respeto que merecen cada uno de mis compañeros

Magistrados, los suscritos nos permitimos disentir del criterio de mayoría,

siendo que consideramos, que si bien corresponde a esta Sala de Casación Penal

entrar a conocer el conflicto de competencia, lo cierto es que el órgano

competente para seguir conociendo de esta causa es el Juzgado Penal Juvenil de

San José y esto en razón de las siguientes circunstancias: 1- nos encontramos

frente a un proceso donde participa como infractor una persona menor de edad y

el argumento que la competencia de conformidad con la Ley de Tránsito la confiere al

Juez Penal Juvenil, es por aplicación del principio de especialidad, el cual

parafraseando a esta misma Sala de Casación Penal: “…, se encuentra regulado

en los artículos 7, 41 y 48 de la Constitución Política;

1, 3, 37.d) y 40.3 de la

Convención sobre Derechos del Niño; 1.4, 1.6 y 7 de las

Reglas de Beijing adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 del 29 de

noviembre de 1985; y 52 de Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la

delincuencia juvenil (Directrices de RIAD) Asamblea General en su resolución

45/112 del 14 de diciembre de 1990; Reglas de las Naciones Unidas para la

protección de los menores privados de libertad. Adoptadas por la Asamblea General

en su resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990; las Reglas mínimas de las

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de

Tokio) adoptadas por la

Asamblea General en su resolución 45/110 del 14 de diciembre

de 1990; directrices de acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal

del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, resolución 1997/30;

observación general N.º 10 CRC/C/GC/10, del 25 de abril de 2007. Los derechos

del niño en la justicia de menores, del Comité de los Derechos del Niño.

Observación General N.º 12, del 25 de mayo al 12 de junio, del 2009. Derecho a

ser escuchado. Opinión consultiva OC-17-2002 de 28 de agosto de 2002,

solicitada por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Condición

Jurídica y Derechos Humanos del Niño. La Convención Iberoamericana

de los Derechos de los Jóvenes (Ley N.º 8612, Gaceta N.º 231 del 30 de

noviembre de 2007) y las Reglas y 5.5 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos. Asimismo, el principio en estudio se encuentra en los

numerales 4, 9, 10, 12 y 28 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 105,

107 inciso i), 108; 113, 114, 115 y 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Recientemente, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, en el caso Mendoza y otros vs. Argentina (Sentencia del 14

de mayo del 2013), reconoció la importancia del principio de especialidad en

materia penal juvenil, indicando en lo pertinente que: “144. [ … ] Entre

estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su

condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la

situación especial en que se encuentran. En razón de su nivel de

desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de

sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado.

Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procesos,

judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los

niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan

aquéllos. 145. Si bien los niños cuentan con los mismos derechos humanos

que los adultos durante los procesos, la forma en que ejercen tales derechos

varía en función de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, es indispensable

reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de

situación, entre quienes participan en un proceso. Lo anterior corresponde al principio

de trato diferenciado que, aplicado en el ámbito penal, implica que las

diferencias de los niños y los adultos, tanto por lo que respecta a “su

desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y

educativas”, sean tomadas en cuenta para la existencia de un sistema separado

de justicia penal juvenil. 146. En definitiva, si bien los derechos

procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en

el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones

especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas

específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y

garantías (…)” (ver Voto 823-2014, de las ):49 horas del día 23 de mayo del

año 2014)

La Ley

de Justicia Penal Juvenil establece la competencia del Juez Penal Juvenil,

circunscrita a conocer de la comisión de un hecho tipificado como delito o

contravención en el Código Penal o en leyes especiales. Además, la Ley de Tránsito, en su

artículo 176, por disposición del legislador, le estableció otra competencia al

Juez Penal Juvenil, como lo es, el conocimiento de los accidentes de tránsito

en donde esté involucrado una persona menor de edad, siendo que dicho numeral

reza expresamente: “Si alguno de los imputados es menor de dieciocho años, el

juzgado remitirá el testimonio de piezas al juzgado penal juvenil, antes de que

transcurran seis meses de la fecha consignada en la boleta y continuará con el

procedimiento respecto de quienes sean penalmente imputables. Lo anterior, sin

perjuicio de la responsabilidad civil objetiva directa del propietario del

vehículo o los vehículos involucrados, de conformidad con el artículo 198 de

esta ley.”

Ahora bien, en materia procesal penal sólo es de aplicación la Ley de Justicia Penal Juvenil,

única legislación que ha establecido un procedimiento especializado para el

juzgamiento de las personas que han cometido un ilícito penal durante su

minoridad.  Bajo esa tesitura, consideramos necesario destacar que lo

único que regula la normativa especial de tránsito es lo correspondiente a

determinar el órgano competente en tratándose de menores de edad, pero no con

respecto al procedimiento, el cual incluso permite el juzgamiento en ausencia,

lo que contraviene el corpus iuris de niñez y adolescencia.

Aunado a

lo anterior, es preciso señalar que la ley establece que el juez penal juvenil

es competente para definir y garantizar el principio de especialización, en

consecuencia,  debe regirse por el procedimiento especializado que regula

la materia penal juvenil en la tramitación de este tipo de causas. Así en el

Voto 2015-00228 del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal

Juvenil de las once horas diecisiete minutos, del ocho de junio de dos mil quince,

el cual a su vez menciona una consulta de constitucionalidad que se había hecho

a la Sala

Constitucional, se estableció en lo que interesa: “Si la Ley de Tránsito reconoce

expresamente la competencia de los juzgados penales juveniles para conocer de

la contravención de tránsito en que incurre la persona menor de edad que

participa en un accidente de tránsito, sin establecer procedimiento especial

alguno al respecto, como sí lo hizo para el supuesto de las demás infracciones

(artículo 177), no se comprende por qué no resulta aplicable el procedimiento

regulado por la Ley

de Justicia Penal Juvenil para el juzgamiento de las contravenciones y los

delitos atribuidos a las personas menores de edad. Si alguna duda o

problemática se presentaba al respecto, eran los jueces los llamados a

determinar la vía procesal aplicable, tal y como lo resolvió la Sala Constitucional

en el voto N° 8683-2005 de las 10:04 horas del 1 de julio de 2005, y no el

Consejo Superior y menos instancias o comisiones integradas por operadores de

la materia. En dicha resolución la Sala Constitucional

se pronunció en relación a una consulta de constitucionalidad planteada por una

Jueza Penal Juvenil de San José, en donde se exponía que, al no haber

establecido el numeral 164 de la

Ley de Tránsito el procedimiento que debía seguir el Juzgado

Penal Juvenil, debía aplicar el proceso de la Ley de Tránsito en el que no estaban presentes

las garantías típicas del proceso penal juvenil. Si bien el Tribunal

Constitucional rechazó la consulta formulada, expuso algunas pautas claras y

precisas con respecto a las facultades de las autoridades jurisdiccionales para

determinar el proceso aplicable en el supuesto de comentario. Al respecto se

dijo: "

Objeto de la consulta. La Jueza Penal Juvenil

del Primer Circuito Judicial de San José tiene dudas de la constitucionalidad

del artículo 164 de la Ley

de Tránsito, No. 7331, reformado por Ley No. 8431 de diciembre del 2004, que

textualmente dice: «Artículo 164.- Si alguno de los imputados es menor de dieciocho

años, en lo que a él concierne, el juzgado remitirá el testimonio de piezas al

juzgado penal juvenil, antes de seis meses de la fecha consignada en la boleta,

y continuará con el procedimiento respecto de quienes sean penalmente

imputables». Sostiene que esta norma tiene vicios de inconstitucionalidad

porque no establece el procedimiento a seguir en este tipo de asuntos. Si, ante

este vacío, se aplica el procedimiento establecido en la Ley de Tránsito, se

producirían las siguientes consecuencias inconstitucionales: a. Desaparecería

la figura del juez de garantías, para convertirse en un juez de tránsito

especial para conocer sobre las infracciones atribuidas a personas menores de

edad. b. Se aplicaría a menores el mismo procedimiento que se aplica a adultos.

c. Se impondrían las multas contenidas en la Ley de Tránsito, cuyos fines son retributivos y

no educativos. d. Desaparecería la figura del Ministerio Público como garante

más del respeto de los derechos de los menores. Por otra parte, dice que la norma

también es inconstitucional porque no establece un procedimiento de apelación

en caso de multas fijas. En virtud de todo lo anterior —dice la Jueza Penal—, «las

garantías y derechos procesales del menor infractor se verían afectados total y

absolutamente».

Improcedencia de la consulta: materia de tránsito en

sede Penal Juvenil. El artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional faculta a los Jueces a consultarle a esta Sala

cuando tuvieren dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma que

deban aplicar. Por lo general, el Juez consultante pretende que la Sala declare la

inconstitucionalidad de la norma cuestionada y —al igual que en una acción de

inconstitucionalidad— la anule, de conformidad con lo que dispone el artículo

107 de la Ley

citada al referirse a los efectos de la sentencia recaída en este tipo de

consultas. En el caso concreto, no está claro qué procura la Jueza consultante. En un

primer término puede entenderse que la

Jueza pretende que la

Sala anule el artículo 164 de la Ley de Tránsito, que sustrae

de la jurisdicción de Tránsito las causas en que sea parte un menor para

remitirlas a la jurisdicción Penal Juvenil. La consultante parte de que la

falta de indicación expresa de un procedimiento convierte en inconstitucional

la competencia que la norma otorga a los Jueces Penales Juveniles. O la norma

otorga la competencia y establece el procedimiento o no debe otorgar nada

—parece razonar la Jueza—,

ya que la falta de procedimiento desvirtúa la figura de Juez de garantías. Sin

embargo, es muy claro que independientemente del procedimiento, los menores

tienen mayores garantías si el Juez que conoce las causas contra ellos es

especialista en materia Penal Juvenil que si los conociera el Juez de Tránsito.

No se ve cómo, en aras de la defensa de las personas menores de edad, se pueda

pretender tal anulación. En todo caso, la duda sobre si la competencia, en sí

misma, otorgada por el artículo 164 es inconstitucional no es admisible. En

efecto, la Jueza

consultante no expone ninguna razón por la que sea inconstitucional que un Juez

Penal Juvenil conozca de la materia de Tránsito o de las contravenciones en

general, como incluso lo dispone el artículo 1° de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Sus reparos giran en torno al procedimiento.

Improcedencia de la

consulta: el procedimiento. Ahora bien, puede entenderse que la Jueza consultante pretende

que la Sala le

indique, ante la supuesta ausencia de un procedimiento específico, cuál debe

seguir. Sin embargo, es claro que la consulta es, también en cuanto a esto,

inadmisible. En sentencia No. 1185—95, de las 14:33 horas del 2—3—95, la Sala dijo: «… el ofrecer la

posibilidad de que los jueces consulten al Tribunal Constitucional, cuando

tengan verdadera y fundada duda sobre la constitucionalidad de la norma que

deban aplicar en un caso concreto, antes que debilitarlo, fortalece el

papel de la jurisdicción común en la aplicación y concreción de los principios

y normas constitucionales. Por eso mismo, consideramos que se daría una contradicción

insalvable, si concluyéramos en que el juez del orden común tiene la

posibilidad de formular consulta judicial, si él también pudiera resolver por

sí mismo el punto, …» En este caso, no solo los Jueces Penales Juveniles

tienen la posibilidad de decidir sobre el proceso, sino que están en la

obligación de hacerlo. La ausencia de un proceso específico, no tiene la

consecuencia —como parece creer la consultante— de eximir al Juez, mucho menos

al Penal Juvenil, de la obligación de observar los principios rectores de la

materia. La falta de indicación expresa de un procedimiento, no significa que

no exista ninguno, ni mucho menos autoriza al Juez a seguir un procedimiento

que él mismo considera lesivo para los derechos del menor de edad. En el fondo la Jueza parece simplemente

plantear la siguiente hipótesis: ¿si al conocer asuntos de Tránsito el Juez

Penal Juvenil decide dejar de lado las garantías procesales propias de la

jurisdicción Penal Juvenil, actúa inconstitucionalmente? Es claro que sí y que

también sería inconstitucional una norma que le prescribiera tal cosa, pero en

ningún momento el artículo 164 le ordena hacerlo. Todo lo contrario, los

asuntos de Tránsito se remiten a la jurisdicción Penal Juvenil precisamente con

el fin de que el juez especializado haga valer esas garantías. Así, si un

procedimiento no se ajusta a los principios rectores de la materia Penal

Juvenil, el Juez puede —y debe— observar los preceptos legales —e incluso de

mayor rango— que rigen esa materia. Igual debe actuar, si considera que alguna

sanción en particular se aparta de esos principios. En todo caso, la

determinación en abstracto sobre qué penas o procedimientos se deben aplicar es

una cuestión de legalidad que no le corresponde definir a esta Sala.

Conclusión.

En conclusión, no hay en realidad en esta consulta ningún problema de

constitucionalidad que deba resolver esta Sala. Como tal, la competencia de los

Jueces Penales Juveniles en materia de tránsito está fuera de duda. La Jueza consultante no ofrece

ninguna razón para cuestionarla, excepto que acusa la falta de procedimiento

específico. Si embargo, como se analizó, esa falta, que es aparente, no

convierte el asunto en un problema de índole constitucional, ya que le

corresponde al Juez Penal Juvenil dirimir él mismo esa carencia, ajustándose a

los principios rectores de esa materia. Finalmente, la Jueza alegó que no existe,

en caso de multas fijas, un recurso de apelación ante el Juzgado Penal Juvenil.

Sobre este punto simplemente no está legitimada para formular la consulta,

puesto que la sumaria que origina esta gestión no gira en torno a este tipo de

multas, sino que versa sobre una colisión. No se trata de un supuesto en que la Jueza consultante deba

aplicar la norma, por lo que no se ajusta a los requisitos el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional" (el destacado fue suplido). Debe

recalcarse, que aun y cuando se rechazó la consulta, la misma Sala IV, propugnó

algunos elementos orientadores a fin de determinar que el tema era competencia

del Juzgado Penal Juvenil. En razón de lo anterior, se declara

competente para continuar con la tramitación del presente asunto al Juzgado

Penal Juvenil de San José. Comuníquese lo resuelto a los Juzgados en

conflicto.”