Resolución 00400-2020

El licenciado Guido Núñez Jarquín en su condición de defensor particular de la persona menor acusada [Nombre 001]., en escrito de folio 709 a 711, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia 2019-0323, de las 09:00 horas, del 12 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, Sección Primera, del Segundo Circuito Judicial de San José, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

PRIMER MOTIVO. Violación de los artículos 1, 3, 5, 7, 9, 72, 142, 181, 184, 361 inciso b), 363 inciso c) y 465 del Código Procesal Penal, 27, 39 y 41 de la Constitución Política por valorarse de forma sesgada de la prueba. Argumenta el recurrente, que en la resolución del Tribunal de Apelación, se tuvo como hecho no controvertido, que la causa de muerte del ofendido fue homicida. Sin embargo, no se estableció en la resolución de dónde los juzgadores lograron extraer que el ofendido y el acusado eran vecinos, tuvieron una relación de amistad que se convirtió en una de negocios, cómo descartaron la hipótesis de que los hechos se dieron producto de un robo y que las personas que cometieron los mismos tenían pleno conocimiento geográfico de la zona, de las costumbres de la víctima, la planeación previa y el fin de dar muerte. Asegura, que existe un error de análisis de la prueba testimonial; la madre y hermana de la víctima no mencionaron que el ofendido tuviera la costumbre de estar fuera de su casa en horas de la madrugada, tampoco que por trabajo de inteligencia del menor acusado se generó la oportunidad de darle muerte. No se tomó en cuenta los alegatos de la defensa en cuanto a la declaración de la madre del afectado, quien informó que el mismo día de los hechos había visto al menor infractor y que todo estaba arreglado con él, no se cuenta con prueba alguna que acredite el hecho que se tuvo por demostrado según el análisis efectuado por el Tribunal de Apelación. Explica, que desde los 14 años de edad el menor acusado mantenía una relación de amistad con la familia de la víctima y de noviazgo con la hermana mayor de edad de éste y, conforme a las declaraciones de [Nombre 005], ellos estaban dedicados al robo de vehículos panameños, los cuales el ofendido [Nombre 004] trasladaba a San José para su venta, durante el tiempo cercano a su muerte. Aunque el Tribunal afirmó que por los hechos de narcotráfico, proceso en el cual estuvo detenido, no se tuvo noticia de amenazas por los grupos criminales que manejaban el negocio ilícito en la zona involucrara. Lo cierto es que, de la declaración de [Nombre 005] se determinó que la víctima estaba involucrada en delitos de carácter internacional y organizado –robo de vehículos-, y, en criterio del recurrente, descalificar las implicaciones y riesgos de ello, obedece a una errónea valoración del Tribunal en cuanto al análisis de la prueba, al señalar como más peligroso y cierto, que el menor de edad amenazó a su mentor, el cual tenía antecedentes de crímenes de carácter internacional. En contraposición el menor acusado es una persona sin antecedentes, de familia, honesto y trabajador, de escasos recursos, por lo que le tocó trabajar para ayudar a su familia, siendo sus hermanos, uno profesional y otro estudiante. Expone el recurrente que el menor acusado fue atraído por relaciones inconvenientes e impropias de los hermanos [Nombre 006] y, que el análisis de los indicios es insuficiente para determinar su culpabilidad, ya que en el tiempo en que se generaron las amenazas analizadas, no hubo materialización contra la familia de [Nombre 004], lo cual nos permite afirmar sin duda alguna, que las mismas si se lograron concretar contra la víctima, aspecto que no analizó el Tribunal de Apelación. Agrega, que aún dejando subsistente las amenazas no existe elemento alguno que vincule la acción de dar muerte con su representado y, el ad quem tampoco analizó la duda razonable que surge sobre la participación del menor encausado en los hechos. En el análisis del Tribunal de Apelación sobre el temor que infundía el menor sobre la víctima no se analizó probanza alguna, porque es inexistente su peligrosidad. Reclama, que la sentencia en ese sentido, es carente de fundamentación e incomprensible, porque no se observan las condiciones del menor, como persona en estado vulnerabilidad ante una víctima con carrera delincuencial de carácter internacional comprobada, mayor de edad, con lo que, en criterio del impugnante, se violenta la “ley sustantiva” (sic) en cuanto a la obligación de fundamentar. El motivo es inadmisible: Del estudio de los argumentos expuestos por el recurrente en el presente reclamo, se desprende que el mismo no reúne los requisitos contemplados en los artículos 469 y 471 del Código Procesal Penal, para admitir la queja por falta de fundamentación. El recurrente reclama que se valoró de forma sesgada la prueba, y que la resolución carece de fundamentación porque:

No establecieron los juzgadores de dónde derivaron la conclusión sobre la relación existente entre el ofendido y el menor acusado, 2) cómo se descartó que los hechos se produjeron como consecuencia de un robo, 3) no se tomó en consideración los alegatos de la defensa, 4) hubo una errónea valoración del tribunal sobre la prueba en cuanto al riesgo que implicaba la actividad ilícita que estaba llevando a cabo la víctima, 5) el análisis de los indicios –amenazas- fue insuficiente,

El temor de la víctima no se fundó en prueba alguna, porque es inexistente y; 7) no se tomó en cuenta las condiciones de vulnerabilidad del menor de edad. Como primera acotación, es necesario recordar que esta Sala ha sido enfática en señalar que con respecto a los vicios de fundamentación, únicamente son atendibles aquellos que se configuran ante la ausencia absoluta de fundamentación, es decir, cuando existan puntos impugnados y no resueltos por el ad quem, o los razonamientos empleados ostentan un grave error en su construcción lógica, que generan la ineficacia de la resolución, por tratarse de aspectos esenciales. (Sentencia 1541-2012, de las 11:26 horas, del 28 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados Arroyo, Ramírez, Chinchilla y las Magistradas Pereira y Arias). En ese sentido, no es procedente que si la parte resulta inconforme con lo resuelto por el Tribunal de Apelación, pueda replantear su alegato en sede de casación, donde es improcedente revisar directamente el material probatorio. Es claro que la pretensión del recurrente, se encuentra dirigida a que esta Cámara efectúe una revaloración de la prueba (tanto documental como testimonial), lo cual no es procedente, dado que el desacuerdo respecto al valor probatorio otorgado, así como la particular apreciación sobre la credibilidad y alcance, que en el entender del recurrente, debe otorgarse a los elementos de convicción no constituyen un yerro admisible en esta Sede. Por otra parte, en un ejercicio de constatación, verifica esta Cámara que el Tribunal de Apelación, sí conoció todos los extremos que fueron cuestionados ante apelación, referidos a las quejas de falta de fundamentación intelectiva, la determinación de los hechos, la incorporación y la valoración de los elementos probatorios,  para lo cual, retomó el análisis de la prueba documental, testimonial y material, ponderando el fallo y aprobando el camino lógico a través del cual se acreditó la relación de amistad y negocios entre el ofendido y la persona menor acusada, la comprobación de las amenazas y el temor fundado de la víctima previo al homicidio, la ausencia de conflictos del afectado con otras personas y organizaciones criminales, el uso y portación de arma de fuego por parte de la persona menor imputada, así como el planeamiento previo a la comisión del delito y la selección de medios para cometer el mismo, todo lo cual llevó al ad quem a descartar las quejas formuladas. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 468, 469 y 471 del Código Procesal Penal se declara inadmisible el motivo planteado.

SEGUNDO MOTIVO: Inobservancia de los artículos 25, 121, 122, 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por violación de principios de razonabilidad, proporcionalidad, idoneidad y necesidad, como garantía para una correcta determinación de la sanción y respeto a sus fines. Afirma el recurrente, que el criterio subjetivo que debe imperar al momento de fijar la pena, corresponde a las condiciones personales del autor, tales como: historia de vida del menor antes del hecho punible, circunstancias personales, familiares y sociales, las que en el presente asunto se encuentran en las valoraciones de trabajo social y psicología, que ubican al menor infractor como una persona estable, dentro de una familia trabajadora y, que por la tardía en el proceso ya es mayor de edad, por lo cual la valoración efectuada por el Tribunal, es contradictoria, al establecer que el menor es una persona peligrosa, pero es de limpios antecedentes. Por otra parte, advierte que el elemento objetivo de la pena, se orienta al hecho delictivo y la participación, por lo que es necesario comprobar la culpabilidad, que permite los fines de la prevención general con la prevención especial. Agrega, que el Tribunal dejó de lado que la finalidad de la sanción penal juvenil es, primordialmente, educativa, donde debe prevalecer los fines preventivos especiales en favor de la persona menor de edad, lo cual fue quebrantado por el Tribunal. Además, teniendo en cuenta el criterio de flexibilidad, a diferencia del proceso penal de adultos, que generalmente establece una pena de prisión, en materia penal juvenil, se busca una sanción, en combinación de factores, alternativas, entre otros, menos gravosa de conformidad con el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, siendo el último recurso las sanciones privativas de libertad. La fundamentación brindada por el Tribunal de Apelación es contraria a la norma especial, carece del fundamento necesario, al no indicar por qué debe ser el internamiento en centro especializado la única sanción posible en el caso de su representado. No se valoró, conforme a los parámetros normados y las reglas de Tokio en materia especial Penal Juvenil, que no es posible sentenciar a un menor como si se estuviera aplicando la ley penal de adultos, porque debe prevalecer el derecho de una respuesta judicial acorde a su condición. Acusa, que la resolución no aplicó la normativa que, como menor de edad, se debió usar, ni se señalan las razones por las que no se podía imponer una sanción menos gravosa. Transcribe el recurrente un extracto de la resolución impugnada e indica, que es absolutamente claro, que no se da sustento del por qué no se opta por otra sanción, que precisamente corresponde al reclamo por violentar el ordenamiento jurídico especial y los fines del mismo. Agrega, que su representado debido a un accidente de tránsito tiene una condición médica inestable, padece de ataque epilépticos porque tiene una lesión en la cabeza que le afecta y, es peligroso cualquier golpe que el mismo reciba, situación que se encuentra documentada e informada y, solicita se tome en consideración dado que la vida del menor en un centro penal correría riesgo. Como agravio general, señala que la situación de su representado genera un “desconsuelo” (sic) al continuar en proceso penal, por la falta de fundamentación y el quebranto de la ley procesal, al no aplicar la ley especial a efectos de valorar los medios probatorios y determinar la culpabilidad y sanción correspondiente, truncando las posibilidades educativas y de orientación que permitirían una resocialización adecuada. Solicita, el dictado de una absolutoria por no ajustarse la decisión a los parámetros de la materia especial, ser incomprensible y contradictoria y por quebrantar la ley sustantiva en cuanto a la determinación de los hechos, con un análisis inapropiado y escaso al momento de fijar la sanción sin valorar otra alternativa como lo exige la norma. Además, se mantuvo al menor sometido a un proceso en el que fue absuelto inicialmente y por un reenvío se le condenó a 10 años de internamiento en un centro especializado, imponiéndosele como medida cautelar el internamiento por dos meses, que fue revocado por la apelación formulada, pero aún debe conocerse los alegatos en contra de la sentencia. Subsidiariamente, pide se ordene el reenvío de la causa, para que se realice una valoración adecuada de los elementos subjetivos y objetivos de su representando para una sanción menos gravosa, tomando en cuenta su patología crónica y, se señale hora y fecha para exponer de forma oral las razones y fundamentos del recurso. El motivo es inadmisible: Verificados los alegatos formulados por el recurrente, se determina que incumplen con los requisitos legales exigidos por el artículo 469 del Código Procesal Penal, que dispone en cuanto a la interposición del recurso de casación que: “Deberá indicarse, por separado, cada motivo con sus fundamentos”. En ese sentido, se denota que los argumentos expuestos son poco claros e imprecisos, porque tratan diversos temas. Como supuesto de impugnación se invoca la inobservancia de los artículos 25, 121, 122, 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, al considerar, el recurrente, que los juzgadores vulneraron el principio de proporcionalidad, como garantía para una correcta determinación de la sanción y sus fines. No obstante, en el desarrollo del reclamo refiere que existe una omisión en la resolución porque no se establecieron las razones por las cuáles no se podía imponer una sanción diferente al internamiento -menos gravosa-, lo que constituiría un motivo de naturaleza procesal y no sustantiva. Por lo anterior, los extremos impugnados pertenecen a supuestos diferentes que autorizan el recurso de casación, conforme el artículo 468 del Código Procesal Penal, lo que pone en manifiesto el error en la formulación recursiva, al entremezclar argumentos y no desarrollar el vicio específico en el que supuestamente incurrió el Tribunal de Apelación, lo cual a su vez impide que se tenga claridad respecto al mismo. De esta manera, se evidencia la simple disconformidad del recurrente con lo resuelto, lo cual no legitima la interposición de un alegato en casación, por tratarse de un recurso de carácter técnico y extraordinario. En otras palabras, no compartir las conclusiones del Tribunal de Apelación, en cuanto a la fijación y el quantum de la pena, no es razón suficiente para dar sustento a un motivo de casación y tampoco lo es, la exposición particular del impugnante sobre la forma en que se debió ponderar las circunstancias personales del menor acusado al momento de imponer la sanción. Por consiguiente, el reproche es inadmisible por incumplir con los requerimientos de ley.