Resolución 00561-2018

Mediante sentencia N° 2017-661 dictada a las once horas treinta y cinco minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela Sección Primera resolvió: “

Mediante resolución Nº 2018-0110, de las 10:23 horas, del 28 de febrero de 2018 (cfr. folios 139 a 140), esta Sala admitió para su trámite el recurso de casación interpuesto por la licenciada Fernanda María Morales Mora, en su condición de abogada de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

En el único motivo, con base en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1 y 103 del Código Penal, 1, 142, 266, 267, 363, 368, 369 inciso d), 437, 440, 443 a 445, 458, 467, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, aduce la existencia de precedentes contradictorios. Estima que la sentencia recurrida es contradictoria con las resoluciones 2015-1336, de las 15:30 horas, del 28 de setiembre de 2015, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea y la N°. 2010-0105, de las 11:00 horas, del 17 de febrero de 2010, de la Sala Tercera, indicándose en estas últimas que en el supuesto en que el proceso haya llegado a juicio y se dicta un sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, existiendo una acción civil resarcitoria (habiéndose admitido la prueba en la etapa intermedia), debe resolverse lo relativo a la responsabilidad civil, por lo que el Tribunal debe realizar el contradictorio para resolver sobre dicho extremo. Manifiesta que, en el caso concreto, se declaró con lugar la excepción de prescripción de la acción penal interpuesta y se procedió a dictar sobreseimiento definitivo, “archivándose” la acción civil resarcitoria (remitiéndose a la ofendida a la vía correspondiente si a bien tiene hacer valer sus derechos), sin concederle la posibilidad de realizar el juicio para resolver los aspectos civiles del proceso, pese a que la prescripción en esta materia es de diez años. Alega que, en el presente asunto, el ad quem consideró que no se le negó al ofendido y actor civil su derecho indemnizatorio, por lo que, darle la oportunidad de continuar con el reclamo en otra vía y solicitar al Tribunal Penal conocer lo referente a los extremos civiles, sería extenderle la competencia al a quo. Considera que en este asunto, tomando en cuenta que la parte actora civil llevó adelante sus reclamos, ofreció prueba y cumplió con todos los requisitos legales que le eran exigibles, merecía un pronunciamiento jurisdiccional en juicio sobre sus pretensiones, siendo que esta denegatoria contraviene lo indicado en el artículo 41 de la Constitución Política. En su criterio, el agravio radica en que la resolución que se impugna obligó a su representado a acudir a la vía civil para hacer valer sus derechos, pese a que la acción civil resarcitoria se estableció dentro del proceso penal por razones de economía procesal, pretendiéndose la indemnización a favor de la víctima por los daños que se le ocasionaron, intereses morales o de índole patrimonial, negándosele el derecho a que su pretensión se resolviera oportunamente por medio del contradictorio. Solicita se declare con lugar el recurso de casación y se ordene el reenvío para que el Tribunal de Juicio realice el contradictorio, a fin de que, con la prueba ofrecida en su oportunidad por la parte actora civil, se discuta la acción civil resarcitoria.

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto . Aprecia esta Cámara, que el tema central del alegato interpuesto radica en la posibilidad de que aún y cuando se proceda con la extinción de la acción penal, al dictaminarse un sobreseimiento definitivo por prescripción del ilícito, si dicho pronunciamiento es acordado cuando el proceso ya se encuentra en la fase de juicio, tal circunstancia no impide al Tribunal celebrar el debate y pronunciarse respecto de los aspectos civiles demandados y ya admitidos previamente para la celebración del contradictorio. En este entendido, es que es tratado el tema en los precedentes contradictorios reseñados por la petente. Por su parte, el fallo impugnado por la gestionante, indica lo opuesto, es decir que la posibilidad de que un Tribunal de Juicio conozca de las pretensiones civiles queda supeditado a la existencia de una persecución penal, en su criterio no es permisible en estos casos que se realice el debate únicamente para conocer las pretensiones del actor civil, procediendo a remitir a los interesados a la vía jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, como punto de partida en el estudio del presente recurso de casación, tiene por establecida esta Sala, que tal y como lo referencia la representante de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, existen pronunciamientos anteriores que establecen la posibilidad de que se proceda con la realización del debate sobre los extremos civiles, al ya encontrarse la discusión de los autos en la fase propia del contradictorio. En este sentido, citando al Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José, en su pronunciamiento jurisdiccional N°. 2015-1336, de las 15:30 horas, del 28 de setiembre de 2015, se estableció que: “[…] Además, la Jueza penal ordenó la remisión de la causa a la fase de juicio, admitiéndose la demanda civil incoada por el representante del ofendido. Esto implica que, al encontrarse en esta etapa, toda resolución que ponga fin al proceso, necesariamente debe pronunciarse, tanto en el aspecto penal, como en cuanto a lo resarcitorio”. Con lo cual se parte de una circunstancia particular, la cual es, que cuando la remisión de los autos ya se haya hecho efectiva ante el Tribunal encargado de la celebración del juicio oral y público, éste está en la obligación de emitir pronunciamiento tanto de los aspectos penales como -en el presente caso- de los aspectos civiles. Siguiendo con lo referenciado, en el pronunciamiento N°. 2015-1336 antes citado, se acotó que: “[…] No podría decirse, como lo hizo el a quo, que debe remitirse a la vía ordinaria para hacer su reclamo, pues, no solo había seleccionado la jurisdicción penal para formularlo cuando la acción penal se encontraba vigente, sino que, además, este había superado los controles de admisibilidad hechos por el juez penal de la etapa intermedia, quien había determinado que se cumplían con todos los requerimientos de ley, enviando la discusión de lo penal y lo civil a la fase del contradictorio. Al existir una autorización legal, a través del numeral 340 del Código Procesal Penal, el Tribunal de juicio no requiere hacer el debate para determinar que la causa penal está prescrita, mas no ocurre lo mismo con la pretensión civil, la cual no ha fenecido -debido a que deben transcurrir diez años sin interrupción para ello, conforme al artículo 868 del Código Civil- y, al encontrarse en esta etapa del proceso, necesariamente debe someterse al plenario, de manera que el juzgador pueda emitir una resolución al respecto, en atención al principio de acceso a la justicia previsto por el artículo 41 de la Carta Magna.”. En este mismo orden de ideas, y a efectos de visualizar los precedentes contradictorios expuestos por la gestionante, se debe de traer a colación que ya esta Sala de Casación Penal se pronunció al respecto del tema. Mediante pronunciamiento N°. 2010-0105, de las 11:00 horas, del 17 de febrero de 2010, se estableció que: “ […]la decisión respecto de la acción penal no implicaba a esta altura del proceso , que los juzgadores pudieran desentenderse del mismo y darlo por concluido, pues aún pendía en esa sede de juicio, la discusión de la acción civil resarcitoria, legítimamente ejercida por la víctima, constituida desde la audiencia preliminar como parte y con una demanda que debió ser atendida y resuelta en el contradictorio. Ya se ha señalado en forma reiterada por la jurisprudencia de esta Sala y existen además normas expresas que así lo prevén, que la extinción de la acción penal por prescripción e incluso la absolutoria del acusado, no impiden el análisis y el pronunciamiento sobre la responsabilidad civil e incluso está previsto que los Tribunales penales puedan y deban realizar audiencias (por ejemplo, en juicios de reenvío) únicamente para definir los extremos civiles, una solución novedosa y justa que se implementó con el Código Procesal Penal de 1996 (numerales 40 in fine, 116, 359 in fine,  451 bis, todos del Código Procesal Penal). Las normas que regulan la participación del actor civil dentro del proceso penal, si bien resaltan su carácter accesorio, le asignan una serie de obligaciones procesales, de requisitos que debe cumplir, según las etapas en las que el proceso se encuentre, se le imponen sanciones en caso de incumplimiento (desistimiento tácito, por ejemplo) y, finalmente, se le asignan derechos (a impugnar resoluciones, a formular sus pretensiones, a obtener un pronunciamiento e incluso a recurrir en casación). Todas estas regulaciones significan que se legitima su intervención, permitiéndole avanzar hasta constituirse en parte cuando es admitida su demanda para ser discutida en el contradictorio. Ya en esta sede, salvo la muerte del acusado, que extinguiría la acción penal e implicaría la posibilidad de dictar el sobreseimiento sin realizar el juicio,  la prescripción de la acción penal no autoriza al Tribunal de Juicio a no realizar la audiencia, pues existe, como se indicó, una parte legítimamente constituida, que ha ofrecido prueba y ha instado durante el proceso y cuyas pretensiones pueden y deben dilucidarse en el contradictorio, que puede realizarse a esos fines únicamente. Solamente esta lectura es posible, si se considera el derecho de acceso a la justicia y de justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política), los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, que hacen irrazonable e ilegítima la decisión de no pronunciarse sobre la acción civil a las puertas del debate o bien de remitir a la parte a otra sede y no resolver su pretensión y demanda, legítimamente constituida. Adicionalmente, tal interpretación riñe con la normativa recientemente aprobada para reforzar los derechos y la participación de  las víctimas en el proceso penal, siendo que el reclamo por el resarcimiento es uno de los que adquiere una dimensión importante para ella. […] Encontrándose la causa ya en fase de juicio, si existe acción civil resarcitoria y se plantea la discusión respecto de la prescripción de la acción penal, como ocurrió en este caso, el Tribunal estará obligado a considerar la situación de la víctima y actora civil, como un factor que hace necesario celebrar el juicio (en los términos del numeral 340 del Código Procesal Penal), bien difiriendo para sentencia la discusión de la vigencia de la acción, o bien, declarándose prescrita la acción penal pero continuando el trámite hasta sentencia en lo que se refiere a la acción civil. Solamente esta lectura es posible en consideración a los derechos de acceso a la justicia antes señalados. En este caso, el Tribunal ni siquiera se pronunció sobre la acción civil resarcitoria al declarar prescrita la acción penal, lo que hizo en una adición posterior  (folio 379)  evidenciándose la violación a los derechos de la víctima que en este caso se constituyó en querellante y actora civil y que cumplió con todos los requisitos que le eran exigibles y ya en fase de juicio, tenía derecho a obtener un pronunciamiento respecto de sus pretensiones. Así como la prescripción de la acción penal no implica la de la acción civil, por tener regímenes distintos, así también la declaratoria de prescripción de aquélla, en sede de juicio, no autoriza a los juzgadores a desvincularse del proceso y no realizar el contradictorio para resolver el tema de la responsabilidad civil.  En este largo proceso, la víctima ha llevado adelante sus reclamos, ha propuesto prueba y, como se indicó, cumplió con todos los requisitos legales que le eran exigibles. En juicio merecía, en consecuencia, un pronunciamiento jurisdiccional sobre el mérito de sus reclamos. Al no haber actuado así el Tribunal, a propósito de los reclamos del representante del actor civil, esta Sala de oficio, dispone anular el fallo únicamente en cuanto resolvió (mediante la adición señalada) remitir a las partes a la vía ordinaria para el reclamo de sus pretensiones civiles y se dispone el reenvío para que el Tribunal de Juicio realice el contradictorio, para la discusión únicamente de la acción civil resarcitoria, con la prueba ofrecida en su oportunidad por la parte actora civil.” (el subrayado es suplido). Sobre el particular, esta Sala de Casación Penal estima necesario realizar las siguientes precisiones: Accesoriedad de la demanda civil en el proceso penal. El derecho a la reparación del daño causado es independiente a la comisión de una conducta delictiva. Únicamente se establece para que las pretensiones civiles sean conocidas de forma paralela en la jurisdicción penal, que debe de existir como requisito sine qua non la promoción de una acción penal, siendo que la accesoriedad tiene una vinculación de carácter procesal y no sustantivo. Desde una perspectiva procesal, el requisito para accionar la jurisdicción penal se origina al existir una conducta delictiva inicial, como lo es la existencia del ilícito acusado originalmente por parte del Ministerio Público, verbigracia la supuesta agresión con arma cometida por el imputado Nombre01 en perjuicio del ofendido [Nombre02 001]. La eventual responsabilidad civil peticionada por el demandante, se estableció como una consecuencia derivada de la dinámica fáctica acaecida en relación al delito investigado; por lo que existe plena competencia para discutir las pretensiones civiles en esta vía jurisdiccional, con base en la accesoriedad de la demanda civil en el proceso penal y el derecho de elección de vía que le asiste al actor civil. Es factible que se pretenda la reparación mediante demanda en la sede civil, lo cual es una de las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico a los ciudadanos, como escogencia de la vía en estos casos. Lo anterior se deriva del artículo 103 del Código Penal relacionado con el 109 del mismo texto normativo, pues de ellos se extrae que son las normas civiles de responsabilidad las que se aplican a las obligaciones de reparación de los daños y perjuicios que resulten como consecuencia del hecho delictivo. No obstante, aún y cuando la accesoriedad dispuesta en el artículo 40 del Código Procesal Penal está referida única y exclusivamente a la necesidad de que exista un proceso penal para que la acción civil pueda incoarse en dicha sede, más en ningún momento se establece una relación de dependencia del derecho a la reparación (ni de la obligación de reparar) respecto de la persecución del delito. La responsabilidad civil como ya se ha indicado de forma abundante por parte de la Jurisprudencia de esta Cámara, es independiente de la comisión de un ilícito. Es decir, cuando los hechos son suficientes para demostrar la existencia de responsabilidad civil, sin necesidad de que la norma sustantiva que genera la obligación de indemnizar el daño proceda del Derecho Penal. En este entendido, respecto al principio de accesoriedad de la demanda civil, esta Sala de Casación Penal ha indicado que: “El principio de accesoriedad de la acción civil en relación con la acción penal implica una dependencia de carácter formal y no sustantiva, es decir, se requiere de la existencia de la segunda para que deba resolverse el problema de restitución o reparación civil. Una vez que se ha celebrado el juicio oral y público el principio de accesoriedad desaparece, pues las partes han tenido oportunidad de discutir sobre los hechos de la demanda, presentar las pruebas y formular los argumentos jurídicos que sustentan sus pretensiones. Además, debe tomarse en cuenta que no siempre la solución del problema penal coincide con el civil. Esto es así porque mientras en la acción penal se discute si estamos o no ante de una acción, típica, antijurídica y culpable, en lo civil lo importante es determinar, de oficio, la presencia de los presupuestos materiales, a saber: a) El derecho: lo que implica demostrar la existencia de un daño, moral o patrimonial; una relación de causalidad entre el evento y el daño y, finalmente, un criterio de imputación civil: subjetivo (dolo o culpa: art. 1045 del Código Civil), o de responsabilidad objetiva (riesgo creado: art. 1048.5 del Código Civil; de protección al consumidor de productos o servicios: art. 35 de la Ley 7472; de responsabilidad de la Administración: arts. 190 y ss. de la Ley General de la Administración Pública, entre otros, o incluso que al final de juicio se demuestre que lo que se ha producido es un incumplimiento contractual, lo que también debe ser resuelto por los jueces de juicio en sentencia. b) La legitimación activa y pasiva y c) El interés actual. […] Los criterios para resolver el conflicto penal y el civil son diversos y sólo hay alguna coincidencia cuando en la acción civil se discute la aplicación de una responsabilidad fundada en imputación subjetiva: dolo y culpa. […] Es obligación del Tribunal de Juicio entrar a valorar si están o no presentes los citados presupuestos civiles materiales, para decidir lo que corresponda, sin que sea suficiente afirmar que existe una dependencia de la acción civil de la penal. Incluso, en el caso que se llegara a estimar que hay un incumplimiento contractual, también es un deber del Tribunal resolver lo que corresponda sobre la reparación que se pide.” (Resolución 902-2012, de las 14:05 horas, del 10 mayo de 2012, el subrayado es suplido). En el presente caso la legitimación que debe de existir para poder proceder con la demanda civil resarcitoria, delimitando la posibilidad de ampliar la competencia penal si la restitución del bien objeto del ilícito o el resarcimiento de los daños y perjuicios, le son reprochables a los autores del hecho punible y partícipes en él, así como en contra del civilmente responsable; siempre y cuando exista un criterio de imputación que defina su responsabilidad patrimonial. Por cuanto, debe de tomarse en cuenta que el legislador instauró la posibilidad de que se tramiten en un solo proceso, tanto el procedimiento penal como el procedimiento civil, mediante el ejercicio de la acción civil resarcitoria; y lo hizo atendiendo no solo a razones de economía (tanto para las partes como para el propio Estado, que se beneficia con el uso más racional de sus recursos, al financiar la tramitación de los procesos en las sedes jurisdiccionales, por lo que sería innecesario un doble procedimiento jurisdiccional para conocer de la responsabilidad del demandado civil que se deriva de una dinámica fáctica producto y como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito), así como parte del principio de celeridad procesal. Así que tal y como se aprecia en la presente, una vez que el proceso ya ha alcanzado la etapa de juicio, la jurisdicción penal se subrogó la competencia para dilucidar el reclamo por los daños y perjuicios derivados a consecuencia del hecho punible; respetándose el derecho de elección de vía que le asiste al demandado para dilucidar su conflicto. Además, nuestra Constitución Política en su ordinal 41 asegura como derecho fundamental de todas las personas la justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, al establecer que: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Por consiguiente, resulta incuestionable que uno de los derechos básicos de la persona está constituido por la posibilidad de acceder a la justicia. No basta con que el ordenamiento jurídico contemple una serie de derechos y garantías, sino que resulta necesario que los órganos o funcionarios estatales actúen de forma tal que permitan el ejercicio de esos derechos. Sólo de esta manera se cumple verdaderamente con una de sus obligaciones básicas que el Estado asume frente al administrado. Asimismo el numeral 7 del Código Procesal Penal, establece la obligación de los Tribunales de buscar la solución del conflicto surgido como consecuencia del hecho delictivo y conforme al principio establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, y 4 del Código Procesal Penal, donde se referencia que los jueces están obligados a hacer justicia pronta y cumplida, es que la causa debe de ser resuelta en la jurisdicción penal con base en el principio de accesoriedad de la demanda civil, esto al ya encontrarse los autos en una fase propia de la celebración del juicio oral y público. Dado que la parte actora civil escogió la vía penal para buscar un resarcimiento por los hechos acaecidos en su contra, y es en esta vía, en donde debe finalizar el proceso. Enviar a la parte actora civil a iniciar un proceso en una jurisdicción distinta, después de haber transcurrido aproximadamente 4 años desde que ocurrieron los hechos (año 2014. cfr. f. 43 vto), atenta contra el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Y no solo ello, sino que además el ejercicio de los derechos resarcitorios de la víctima en la presente sumaria, han sido delegados en la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, que como bien se sabe es una dependencia cuya finalidad es la de asistir de forma gratuita a las víctimas que no puedan costear el pago de un abogado particular para que defienda los derechos pecuniarios que consideran haber sufrido a casusa del ilícito investigado penalmente. Por lo que remitir al actor civil, a una vía jurisdiccional diferente, tomando en consideración que el nexo causal reclamado deviene de un comportamiento penal acusado y elevado a juicio, contiene implícitamente una erogación económica para la víctima, por cuanto, ya en la vía ordinaria civil, no va a tener la asistencia estatal brindada a través de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. En otras palabras, la víctima en el presente proceso no sólo soportaría la inercia del sistema penal, que desembocó la extinción de proceso por la prescripción del delito, sino que además, al no resolvérsele su pretensión civil y ser  remitir do a una jurisdicción distinta, en la cual, si desea continuar con la discusión del derecho resarcitorio que le asiste, deberá de contratar a un abogado particular que lo represente en el proceso, son aspectos que considera esta Cámara no deberían  de   ser trasladado s  y soportados por el mismo usuario  del Sistema, ya que, con base a todo lo anteriormente expuesto, se debe de realizar el respectivo debate para que se conozca en la vía penal de la demanda civil interpuesta, máxime que esta última ya se encontraba lista para la celebración del juicio oral y público. Cabe agregar, que incluso a nivel doctrinario se ha establecido, en lo que respecta al tema en cuestión, que: “No resulta acorde con el principio de justicia pronta y cumplida enviar a las víctimas a un proceso civil, luego de que han escogido una vía, autorizada por la ley, para dirimir sus conflictos. Es decir, habría que empezar un nuevo proceso, generando mayores gastos y un evidente atraso en la decisión. Si los jueces penales deben manejar la materia civil para resolver las acciones civiles, no hay inconveniente en que se continúe con el proceso para alcanzar el fallo respectivo.” (Nombre03, RAFAEL ANGEL. Reparación Civil en el Proceso Penal. Editorama S. A. Segunda edición, San José, Costa Rica. 2013, pp. 52). En vista de las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la licenciada Fernanda María Morales Mora, en su condición de abogada de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. Se unifican los criterios expuestos por los Tribunales de Apelaciones de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, así como de esta Sala de Casación Penal, en el entendido de que el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, dictaminado cuando el proceso se encuentra en fase de juicio, no impide al Tribunal celebrar el debate y pronunciarse respecto de los aspectos civiles demandados. Razón por la cual, se anula la resolución impugnada Nº 2017-00661, de las 11:35 horas, del 14 de setiembre de 2017, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, y de forma parcial, la sentencia oral N° 307-2017, de las 14:40 horas, del 17 de mayo de 2017, dictaminada por el Tribunal Penal de Juicio del I Circuito Judicial de Alajuela, únicamente en cuanto a la determinación de que los aspectos civiles incoados en la presente deberán de ser conocidos en la vía civil correspondiente. En consecuencia, se ordena el juicio de reenvío con la finalidad de que se discuta de este extremo, ante el Tribunal Penal de Juicio del I Circuito Judicial de Alajuela, que por competencia conoció la causa penal, para que con una integración distinta se proceda con la celebración del debate en lo referente a los aspectos civiles demandados. Notifíquese.-