Resolución 00599-2013

Con base en los hechos que

expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda ordinaria,

cuya cuantía se fijó en la suma de doscientos veintidós millones cuatrocientos

treinta y seis mil quinientos colones, para en sentencia se declare: “PRETENSION

PRINCIPAL (sic)

Que se valoren y acepten

como válidas las PRUEBAS DOCUMENTALES ofrecidas anteriormente.

SEGUNDO:

Que se nombre un PERITO a efecto de poder probar los HECHOS SEXTO y DUODECIMO (sic)

de la presente demanda.

Que se efectúe un RECONOCIMIENTO JUDICIAL

sobre el inmueble descrito en el HECHO PRIMERO de la presente demanda, a efecto

de probar los hechos SEXTO, SETIMO (sic) y OCTAVO de la presente

DEMANDA.

Que se evacúen (sic) las pruebas TESTIMONIAL y

CONFESIONAL ofrecidas para probar los hechos SEXTO y OCTAVO de la presente

demanda.

Que en virtud del hecho DECIMO (sic) QUINTO, se

notifique de la presente demanda a la Procuraduría General de la República, de

conformidad con el artículo 262 del Código Procesal Civil.

Que de

conformidad con el artículo mencionado en el subpárrafo anterior, se lleve a

cabo el procedimiento establecido en el artículo 262 del Código Procesal Civil,

se ordene la PUBLICACIÓN DE EDICTO correspondiente en el Boletín

Judicial, y se le nombre un CURADOR PROCESAL a los señores MING-TAR

HO LIU, CHEN YOU-FU CHEN, KAI-DO LEE WEI, KUN CHUNG LIN YU,

YUN-YIN CHEN LEE y YONG-MING CHAN CHANG. SETIMO: (sic)

Que de conformidad con el artículo mencionado e el subpárrafo anterior, se

fijen de oficio los honorarios del CURADOR PROCESAL de los

señores MING-TAR HO LIU, CHEN YOU-FU CHEN, KAI-DO LEE WEI,

KUN CHUNG LIN YU, YUN-YIN CHEN LEE y YONG-MING CHAN CHANG,

para proceder a depositar los mismos en el momento procesal oportuno. OCTAVO

– PRETENSION (sic) PRINCIPAL (ACCION) (sic): QUE

SE DECLARE PROPIETARIA A LA SUCRITA (sic) Y A MIS HIJOS,

MARIA (sic) PAOLA FERRARO FLOREZ-ESTRADA, portadora de la cédula de

identidad número 1-1133-478 y ROBERTO JOSE (sic) FERRARO FLOREZ-ESTRADA,

portador de la cédula de identidad 1-1260-517, DE LA TOTALIDAD DE LA FINCA DE

LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ, MATRÍCULA DE FOLIO REAL NÚMERO 1-208508 Y QUE SE

DECLAREN NULOS LOS DERECHOS QUE SOBRE ESTA FINCA PUEDAN TENER LOS SEÑORES

MING-TAR HO LIU, CHEN YOU-FU CHEN, KAI-DO LEE WEI, KUN CHUNG LIN YU, YUN-YIN

CHEN LEE y YONG-MING CHAN CHANG.

Que se

mande a inscribir mi Derecho de Propiedad sobre el INMUEBLE descrito en el

HECHO PRIMERO de la presente demanda ante el Registro de Bienes Inmuebles del

Registro Público. DECIMO: (sic) Que se proceda a condenar

en las costas personales y procesales provocadas por el presente proceso judicial

a los señores demandados. PRETENSION SUBSIDIARIA (sic) De

resultar IMPROCEDENTE  los PUNTOS OCTAVO y NOVENO de la PETITORIA

PRINCIPAL, siendo la posesión ejercida por mi hasta la fecha, de BUENA FE, de

coformidad (sic) con los hechos mencionados y la prueba aportara (sic),

solicito se me reconozcan las MEJORAS UTILES (sic)

realizadas de BUENA FE sobre el INMUEBLE descrito en la cláusula primera de la

presente demanda (la construcción de la casa de habitación), de conformidad con

los artículos 328, 332, 505, 508 y 509 del Código Civil. En virtud de lo

anterior, de resultar procedente acoger esta PRETENSION (sic)

SUBSIDIARIA e improcedente la PRETENSION (sic)

PRINCIPAL, solicito se DECLARE EMBARGO

sobre las fincas de la provincia de San José, matrícula de folio real

1-208508-001, 1-208508-002, 1-208508-003, 1-208508-004, 1-208508-005 y

208508-006, a efecto de cubrir y garantizar el precio de las mejores (sic) útiles

realizadas por mi personas DE BUENA FE y en posesión de la finca en disputa.”

Los curadores procesales de los

demandados contestaron negativamente he interpusieron las excepciones previas

de prescripción y caducidad (las que fueron resueltas interlocutoriamente) y

litis consorcio activo necesario (la que fue acogida por medio de resolución

de las 14 horas 5 minutos del 19 de junio de 2006); así como las excepciones de

falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de

interés actual.

A la audiencia de conciliación

señalada a las 15 horas del 7 de mayo de 2007 no asistieron las partes.

El Juez Manuel Hernández

Casanova, en sentencia no. 53-11 de las 10 horas 15 minutos del 20 de junio de

2011, resolvió: “…Se acoge (sic) la excepciones de falta de

legitimación, falta de interés y falta de derecho opuestas por los accionados.

Se declara SIN LUGAR la demanda, tanto en su pretensión principal como en la

pretensión subsidiaria, entablada por ISABEL FLOREZ-ESTRADA PIMENTEL y por

ROBERTO y MARÍA PAOLA, ambos de apellidos FERRARO FLOREZ-ESTRADA; contra CHEN

YOU-FU CHEN, KAI-PO LEE WEI, KUN CHUNG LIN YU, YONG MIG (sic) CHANG

CHANG, YUN-YIN CHEN LEE y contra MING TAR HO LIU. Se falla sin especial

condenatoria en costas.”

El apoderado de la

actora apeló, y el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, integrada por los

Jueces Juan Carlos Brenes Vargas, Abel Jiménez Obando y Jorge Olaso Álvarez, en

voto no. 329 de las 11 horas del 28 de octubre de 2011, dispuso: “En lo que

es objeto de recurso, se confirma la sentencia recurrida.”

El

representante de la actoraformula recurso de casación indicando las razones en

que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

La señora Isabel

Florez-Estrada Pimentel junto con Roberto y María Paola Ferraro Florez-Estrada

presentan este proceso para que se les declare propietarios de la finca ubicada

en la provincia de San José, matrícula de folio real 208508 la cual se

encuentra inscrita a nombre de los codemandados. Esto por cuanto alegan que el

señor Juan Ferraro Dobles, suegro de la primera y abuelo de los segundos, les

donó verbalmente y en fecha anterior a 1990, el área de terreno que comprende

la propiedad mencionada por cuanto creía que le pertenecía. Aducen, además, que

han ejercido la posesión sobre el inmueble en forma ininterrumpida, exclusiva,

pública y pacífica. Por ello, en lo medular, solicitan se inscriba a su nombre

y se condene a los codemandados a cubrir las costas del proceso. Como

pretensión subsidiaria, requiere el reconocimiento de las mejoras útiles

realizadas de buena fe sobre el inmueble, las cuales consisten en la

edificación de una casa de habitación. Los accionados, excepto Ming Tar Ho Liu

que fue declarado rebelde, contestaron en forma negativa y opusieron las

defensas de falta de derecho, legitimación activa y pasiva y de interés actual

a través de los curadores procesales nombrados al efecto. El Juzgado acogió las

anteriores excepciones, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos,

fallando sin especial condenatoria en costas, decisión que fue confirmada por

el Tribunal, por lo que acude ante esta instancia extraordinaria la

representación legal de los actores.

En el presente asunto,

el recurrente plantea agravios tanto por el quebranto de normas adjetivas como

por la aplicación del derecho de fondo (normas sustantivas) en el caso

concreto. Si bien la técnica casacional supone valorar primero los vicios

procesales, en el presente asunto se da la particularidad que la incongruencia

alegada es respecto de la petición subsidiaria, mientras que los restantes

agravios, con la excepción que se dirá, versan sobre el ruego principal. Así,

es preciso reordenar los cargos iniciando por estos últimos, siguiendo la

estratificación realizada por la parte actora –aquí recurrente- de su

pretensión al incoar la demanda. Por último, dentro de los reproches de fondo

realizados, se reitera el tema de la incongruencia, por lo que únicamente se

analizará desde la óptica procesal.

Casación por violación de normas sustantivas

III.-

En lo que constituye su único agravio de esta naturaleza, cuestiona lo

indicado por el Tribunal en cuanto a que los actores conocían de la inscripción

registral, y alega que el hecho primero de la demanda debe entenderse en el

sentido de que no es sino hasta que se plantea el proceso que se conoce de esta

situación, sin que se mencione que supieran de esto cuando empezó su posesión

de buena fe sobre la propiedad. Afirma que los hechos noveno, décimo y undécimo

indican que durante la posesión decenal estaban bajo la impresión de que el

terreno había sido propiedad de sus exsuegros, quienes habitaban la casa

contigua. Por ello, dice, existe un yerro en la apreciación de la prueba que deriva

en el quebranto de los artículos 853 y 854 del Código Civil, ya que se

consideró que no existía buena fe. Agrega que no se hizo un análisis de todas

las cuestiones de fondo fijadas en el escrito de apelación, específicamente en

cuanto a la existencia del justo título, aspecto que aduce no fue valorado en

forma correcta. Explica, a pesar de que el Tribunal no se refiere a este punto,

en la sentencia de primera instancia rechazó la existencia de este requisito.

Aduce, los testigos confirmaron que el suegro de la señora Florez-Estada donó

la posesión de la finca sobre la cual se construyó la casa. Contrario a lo

dispuesto por el juez de primera instancia, señala que la carga de la prueba

sobre la existencia del justo título está invertida en virtud de lo dispuesto

en el artículo 854 del Código Civil, por lo que fueron los demandados quienes

debían acreditar que el título no puede calificarse como justo, lo que no ha

ocurrido en el caso concreto. Por ello, concluye, existe el título traslativo

(donación de la posesión), buena fe, justo título y posesión decenal, lo que se

desprende de los hechos dos y cuatro de la resolución del A quo.

IV.-

Las inconformidades del recurrente se dirigen a cuestionar la valoración del

justo título y la buena fe, es decir, la valoración de los requisitos

necesarios en esta disciplina para que se dé una usucapión. Empero, el

argumento central en virtud del cual el Tribunal declaró sin lugar dicho

extremo no se relaciona –aunque sí se refiere a ellos- con la concurrencia o no

de tales aspectos. Por el contrario, gira en torno a la improcedencia de la

prescripción positiva en la especie por cuanto se pretende ejercer frente a un

derecho de propiedad debidamente inscrito. En palabras del Ad quem: “En el

sub-júdice, las pretensiones de la demanda se fundamentan en el hecho de que,

como supuesto poseedor y supuesta poseedora por más de veinte años del terreno

inscrito a nombre de los demandados, pueden vencer el derecho de propiedad de

ellos. Tal hipótesis, conforme lo hemos venido explicando, resulta incorrecta.

De seguir la tesis del recurrente en el sentido de la posesión decenal vence al

derecho de propiedad, se violentaría el principio de seguridad jurídica, puesto

que toda persona interesada en adquirir un bien inmueble debería investigar

aspectos extra regístrales [sic], como por ejemplo, quien ostenta la

posesión del bien a adquirir, lo cual provocaría un impedimento a la rapidez

que debe, imperar en las negociaciones de bienes. Por ende, todos los

argumentos de la parte recurrente, en torno a que su derecho de posesión debe

ser tutelado por encima del de propiedad, carecen de contenido jurídico.”

(el subrayado es suplido) A lo anterior, y con mayor precisión, agrega: “Tal

y como lo señalamos supra, no resulta posible por vía de la prescripción

positiva vencer el derecho de propiedad debidamente inscrito, ya que

nuestro ordenamiento jurídico le otorga una validez superior a la inscripción

registral de la propiedad, en aras del principio de seguridad jurídica

(artículos 267, 455 y 456 del Código Civil)”. (el subrayado es suplido). De

lo recién transcrito, resulta claro que el rechazo de la demanda –en cuanto al

extremo que se reclama- deriva, no del incumplimiento de los requisitos fijados

en el ordenamiento sino de la imposibilidad jurídica de adquirir la propiedad

de un bien inmueble mediante la usucapión cuando el bien se encuentra inscrito

registralmente. Se trata, como se puede observar, de la improcedencia de la

pretensión adquisitiva en el caso concreto, criterio que no fue cuestionado en

el recurso. De ahí que, aún bajo la hipótesis de que efectivamente se incurrió

en un yerro de apreciación probatoria, ello a nada conduciría, pues la razón

recién indicada subsistiría incuestionada, por lo que el cargo debe rechazarse.

Casación por violación de normas procesales

En el primer

agravio de esta índole, aduce una incongruencia debido a que el Tribunal

confirmó el rechazo del ruego subsidiario al interpretarse según el concepto

doctrinario estricto de “mejoras útiles” incluido en su redacción. Afirma,

todos los elementos que componen la demanda (hechos, derecho y pretensión)

deben ser tomados en cuenta al momento de fallar y reprocha que no se tomara en

cuenta el cuadro fáctico esbozado en la demanda. Transcribe el ruego subsidiario,

y explica que fue declarado sin lugar debido a que las mejoras útiles son un

derecho que surge a la vida jurídica como consecuencia de la liquidación del

estado posesorio en virtud de la restitución del inmueble a favor del

propietario reivindicante. Dado que esta acción no se está ejerciendo por los

demandados, agrega, el Tribunal considera que no se pueden conceder. Además,

sintetiza, en la sentencia impugnada se indicó que la edificación en cuestión

es nueva, por lo que debe regularse por la accesión, la cual no fue pedida.

Recrimina al Ad quem realizar una interpretación muy restrictiva de la

petitoria, la relación de hechos y el derecho invocado. Cita resoluciones de

esta Sala de las cuales destaca que el juzgador no está limitado por la denominación

dada al proceso. Dice, se solicitó que se concediera lo que se conoce en

general como “mejoras útiles”, que en lenguaje técnico legal pueden ser

“mejoras necesarias, útiles, de puro adorno” o inclusive “accesión”. Expone, se

invocaron los artículos 508 y 509 del Código Civil relativos a esta última y

además se pidió que la construcción de la casa de habitación sea resarcida, sin

hacer referencia a una mejora de una estructura existente. Acota, lo anterior

demuestra que lo pretendido era la accesión. Agrega, “la lógica nos dice que

dado que mi representada es la parte actora y fue la que de forma activa

solicitó la usucapión y de forma subsidiaria solicitó las “mejoras útiles”, que

estaba incluyendo la accesión ya que no podía suponer, como ocurrió en este

proceso, que la parte demandada no fuera a contrademandar y solicitar la

restitución de la posesión sobre la propiedad en disputa.” Refiere, además,

al hecho décimosexto de la demanda, el cual afirma, está redactado de forma tal

que se ajusta a lo prescrito en la oración final del numeral 508 del Código

Civil.

En el cargo en

cuestión, se recrimina una incongruencia por infra petita respecto de la

pretensión subsidiaria, la cual no fue analizada debido a que, tanto el A quo

como el Ad quem consideraron que para conocer tales extremos, en vez de

solicitar las mejoras, la parte actora debió peticionar la accesión, lo que el

recurrente califica de una interpretación restrictiva de su ruego. La sentencia

de primera instancia indicó al respecto, luego de hacer la distinción entre

ambos conceptos, lo siguiente: “En el presente caso, los accionantes mismos

son contestes en que lo que emprendieron en el inmueble de interés aquí fue la

construcción de la casa de habitación en la que incluso actualmente habitan y

cuyo valor (de construcción) asciende según el dictamen del perito nombrado en

autos a la suma de ciento dieciocho millones setenta y seis mil setecientos

siete colones. Trátase lo anterior, por ende, no de una simple mejora útil sino

de una obra nueva construida en finca inscrita a nombre de terceros, cuya

regulación es propia de las normas que rigen la accesión (artículos  508 y

509 del Código Civil), pero este tema –accesión de muebles a inmueble por

incorporación- fue ajeno en la causa de pedir en este proceso. En atención a lo

aquí esbozado, en los términos en que fue formulada esta demanda es

improcedente estimar la petición subsidiaria formulada.” En la misma línea,

el Tribunal manifestó: “En el sub-júdice, la parte accionante, sostiene la

hipótesis de que, dentro de los hechos de la demanda –específicamente el número

dieciséis-, se hizo referencia al supuesto de la accesión. No obstante, el

Tribunal difiere de ese argumento, dado que, si analizamos ese hecho junto con

el planteamiento de las pretensiones de la demanda, vemos que de ninguna manera

se pide la aplicación de esa figura jurídica, la que permitiría justipreciar

que el valor de lo construido supera el valor del inmueble, pero la parte

actora nunca pidió esto. De la literalidad de la pretensión subsidiaria extrae

que siempre se menciona el reconocimiento de “mejoras útiles” realizadas de

buena fe, lo que engloba un concepto distinto al de la accesión. Claro está,

ahora que la parte actora se ve sorprendida con el argumento del a-quo, pretende

afirmar que la accesión si fue solicitada dentro de su pretensión subsidiaria,

pero una sola lectura de lo indicado ahí permite concluir que esa afirmación no

es correcta." A efectos de dilucidar este punto, resulta indispensable

analizar, tal y como lo alega el recurrente, tanto el cuadro fáctico esbozado

en la demanda así como la pretensión deducida. En cuanto a esta última, a folio

126 del expediente judicial se encuentra la redacción utilizada al formular la

demanda, la cual se consignó en los siguientes términos: “De resultar

IMPROCEDENTE los PUNTOS OCTAVO y NOVENO de la PETITORIA PRINCIPAL, siendo la

posesión ejercida por mi hasta la fecha, de BUENA FE, de conformidad con los

hechos mencionados y la prueba aportada, solicito se me reconozcan las MEJORAS

UTILES realizadas de BUENA FE sobre el INMUEBLE descrito en la cláusula

primera de la presente demanda (la construcción de la casa de habitación), de

conformidad con los artículos 328, 332, 505, 508 y 509 del Código Civil.”

No cabe duda que el concepto utilizado de “mejoras”, entendido este en su

acepción técnico-jurídica, resulta improcedente en la especie por las razones

indicadas por los juzgadores de instancia. Empero, el cuestionamiento que puede

realizarse es si, con base en el texto recién transcrito, puede entenderse

incluido el tema de la accesión, como lo alega el casacionista. Sobre el

particular, la Sala considera que la  respuesta a dicha interrogante debe

ser afirmativa. El acceso a la justicia es un derecho de raigambre constitucional,

manifestado en el principio de la tutela judicial efectiva, y consagrado en el

artículo 41 de la Carta Magna. No otra cosa puede colegirse de dicho precepto

cuando indica que ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación,

tarea que se le encomienda al Poder Judicial al indicarse que le corresponde a

este el juzgamiento de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo,

contencioso administrativas y cualquier otra que por ley se establezca,

apegados únicamente al ordenamiento jurídico (artículos 153 y 154 de la

Constitución Política). De esta relación de normas se puede extraer, a su vez,

el principio “pro actione”, de conformidad con el cual, dentro de los límites

que la normativa procesal imponga, se debe procurar aquella interpretación que

sea más favorable a la admisión de la acción. Aplicando lo anterior al caso

concreto, de la simple lectura de la pretensión subsidiaria se tiene claro que,

a pesar de que el empleo de los términos jurídicos no es el más adecuado, lo

pedido es que se le reconozca el valor de la edificación realizada. No puede

obviarse que tanto las mejoras como la accesión, si bien son institutos

distintos, tutelan situaciones similares; procuran evitar un empobrecimiento

sin causa de quien, a través de obras, incrementó el valor de un inmueble, y es

precisamente esto lo que pretende la parte actora. De hecho, y a manera de

hipótesis, si se sustituyera “mejoras útiles” por la palabra “obras” o

“edificaciones”, posiblemente la presente discusión devendría baladí. Lo resuelto

en las instancias es una interpretación sumamente restrictiva del ruego del

actor, sin tomar en cuenta cuál es la finalidad buscada a través del proceso.

Ciertamente, la demanda no plantea este punto de la mejor manera, limitándose

en el elenco de hechos a indicar “que la casa construida sobre el inmueble

tiene un valor sumamente alto, por lo que se puede acreditar que he hecho una

inversión sumamente alta para comprobar que la estructura y la edificación

tienen un valor superior al terreno sin dicha edificación.” No obstante, en

criterio de esta Sala, lo anterior, junto con la pretensión ya transcrita,

resulta suficiente para conocer del tema de la accesión. Así las cosas, se debe

acoger el cargo planteado.

VII.-

De conformidad con las razones expuestas, el recurso se debe acoger

parcialmente en lo que atañe a la incongruencia en que incurrió el Juzgado y el

Tribunal respecto de la pretensión subsidiaria. Dado que en ninguna de las dos

instancias se realizó pronunciamiento sobre el ruego en cuestión, se deben

anular ambas sentencias únicamente respecto de este punto, subsistiendo el

pronunciamiento realizado en cuanto al tema de la usucapión. Cabe aclarar que

la cosa juzgada que se genera respecto de este último extremo por el fallo de

esta Sala no prejuzga sobre la concurrencia o no de buena fe por parte de los

actores –aspecto que, si bien fue aducido, no fue objeto de análisis por la

informalidad apuntada-, el cual deberá ser analizado al momento de estudiar la procedencia

o no de la accesión por los juzgadores de instancia.