Resolución 01389-2013

La parte articulante,

presentó incidente de prescripción de la sentencia no. 795-F-2008 de las 10

horas 15 minutos del 27 de noviembre de 2008.

La parte incidentada

contestó conforme a su escrito de folios 2945 al 2950.

La jueza Alejandra

Vargas Cruz, en sentencia no. 58-2011 de las 8 horas 45 minutos del 5 de

setiembre de 2011, resolvió: “Con base en lo expuesto y la normativa citada,

RECHAZA EL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA formulado

por las sociedades demandadas. Por tratarse de prescripción, se resuelve sin especial

condenatoria en costas"

Los incidentistas

apelaron y el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, integrada por los jueces

José Rodolfo León Díaz, Laura María León Orozco y Luis Fernando Fernández

Hidalgo, en sentencia número 050 de de las 10 horas 30 minutos del 29 de

febrero de 2012, dispuso: “En el objeto de la apelación, se revoca la

resolución impugnada, en cuanto rechaza la prescripción pedida. En su defecto,

se acoge la prescripción de la sentencia y se ordena el archivo del expediente.”

El licenciado Danilo Camacho Benavides formula recurso de casación

indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del

Tribunal.

Para efectuar la vista se señalaron las 8 horas 30 minutos del 6 de

febrero de 2013, Asistieron en representación de las partes, el licenciado

Carlos José Carrera Castillo y la licenciada Tatiana Brenes Arias; quienes

hicieron uso de la palabra.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

En este proceso

interpuesto Centro Cars S.A. contra las empresas  Automotriz CR/CA S.A.,

Interamericana Transport Industries Inc. y Wolswagen A.G., mediante resolución

no. 143-05 del 9 de noviembre de 2005, el Juzgado Primero Civil de San José,

emitió sentencia de primera instancia.  Posteriormente, a través de la

resolución no. 291 de las 10 horas 20 minutos del 6 de octubre de 2006, el

Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria, dictó el fallo de segunda

instancia. Esta Sala, por intermedio del voto no. 795-F-S1-2008 de las 15 horas

20 minutos del 27 de noviembre de 2008, resolvió los recursos de casación

interpuestos tanto por la empresa actora como por las demandadas. Esa resolución

fue notificada a todas las partes el 20 de enero del año 2009. En términos

generales, en el proceso se condenó a las accionadas, al pago de la

indemnización legal que establece la Ley de Protección al Representante de

Casas Extranjeras, Ley 6209, a favor de Centro Cars, en virtud del rompimiento

unilateral del contrato de distribución de vehículos de la marca

Wolswagen que mantenían con la actora. El 4 de julio de 2011, el representante

de las tres empresas condenadas, amparado en el artículo 8 ibídem, interpuso

incidente de prescripción de sentencia firme, ya que Centro Cars no solicitó la

ejecución del fallo, ni realizó gestiones en el expediente durante más de dos

años, al punto, afirmó, que el expediente fue remitido al Archivo Judicial. El

Juzgado lo rechazó, al estimar que “…el plazo de prescripción aplicable, es

el plazo ordinario de cuatro años que menciona el Código de Comercio…”. En

virtud del recurso vertical presentado por las demandadas, el Tribunal revocó

lo resuelto, en consecuencia, acogió la prescripción de la sentencia, al

aplicar el plazo de dos años previsto en el cardinal 8 de la Ley 6209;

asimismo, ordenó el archivo del expediente.

La incidentada

interpone recurso de casación por razones de fondo. Invoca tres motivos

relacionados entre sí por violación directa.

Acusa indebida

aplicación e interpretación del ordinal 8 de la Ley 6209, ya que de la relación

de los artículos 986 y 984 del Código de Comercio, enuncia, no resulta

jurídicamente admisible o viable la aplicación del primer numeral para resolver

el problema de prescripción. Explica, según el canon 986 ibídem, una vez

recaída la sentencia, el plazo de prescripción será el que conforme al articulo

984 corresponda a la obligación que se trata, es decir, el ordinal 986

analizado remite única y exclusivamente al numeral 984 ibídem, que regula la

prescripción mercantil y no a otras normas comerciales generales o especiales.

No hay en el Código de Comercio, alega, alguna disposición que materialmente

prevea el plazo de dos años, como el de prescripción aplicable a los derechos

derivados u obtenidos en una sentencia donde haya sido aplicada la Ley 6209.

Apunta, el Código Mercantil ha resuelto el punto, al establecer que luego que

haya recaído sentencia para el reclamo de una obligación comercial, se debe

aplicar el plazo que prevé el canon 984 del citado cuerpo normativo. De esta

forma, ratifica, salvo las excepciones taxativamente previstas en sus cinco

incisos o en los otros capítulos, el plazo regulado y aplicable en el cardinal

984 del Código es el de cuatro años. Sostiene, esa es la norma que

necesariamente prevalece para solucionar el caso concreto y no el ordinal 8 de

la Ley 6209. En relación con esta norma, aclara, lo que se ha admitido es que

el citado plazo bienal está previsto para presentar, interponer o promover los

reclamos, dado que superado ese lapso, los derechos y obligaciones originales

en la ley “prescriben”. Ese tiempo, comenta, está previsto para iniciar

o promover la demanda o reconvención, no para los supuestos en que se haya

dictado sentencia. Tratándose del instituto de la prescripción de derechos,

dice, se requiere norma expresa e indubitable, no debe el operador jurídico

acudir a una interpretación laxa o amplia, ni tampoco a los criterios de integración

analógica. La prescripción, asegura, debe ser “típica legal… cristalina y

explícita”. El numeral 8 de la Ley 6209, reitera, regula un supuesto de

hecho diferente, sea el plazo en el cual se debe interponer la reclamación para

obtener la indemnización prevista en la misma ley. Resume, son dos las razones

por las cuales se lesionó el ordinal 8 ibídem, primero, porque en él se regula

el instituto de la caducidad y no el de la prescripción; segundo, porque esa

norma no está prevista para definir o determinar la aplicación de la

prescripción después de haber recaído sentencia. Analizados los artículos que

componen la Ley 6209, agrega, no existe una norma jurídica que regule la

situación fáctica de la prescripción de la sentencia, ya que esos contenidos quedaron

previstos en los Códigos que regulan en general la materia mercantil, siendo

que el legislador estableció un procedimiento sencillo y de fácil

interpretación. Dictada la resolución para el reclamo de la obligación

mercantil y una vez que adquirió firmeza, asevera, empieza a correr el plazo

para el cómputo de la prescripción comercial que es de cuatro años según el

artículo 984 del Código de Comercio. Cuestiona, para el Tribunal, si la

obligación se origina de la Ley 6209, entonces el plazo prescriptivo de la

sentencia es el establecido en ese mismo texto normativo; pero ese

razonamiento, refuta, sería válido, si el precepto 986 no remitiera al artículo

984 ambos del Código de Comercio, únicos supuestos aplicables a la materia, ya

que no hay relación de especialidad. Esa norma, considera, es de estructura

cerrada o taxativa, al regular los tres supuestos de prescripción mercantil.

Cita fallos de esta Sala en respaldo de su alegato.

Endilga

indebida aplicación del cardinal 2 del Código de Comercio. El artículo, aduce,

regula las fuentes del derecho mercantil, estableciendo una jerarquización. En

este asunto, subraya, no es necesario acudir a su aplicación, ya que en el

propio Código existe normativa que regula el caso de la prescripción de la sentencia,

sean los ordinales 984 y 986 ibídem. El numeral 2 citado, esgrime, únicamente

se aplica en ausencia de solución normativa, es decir, cuando hay que integrar

el “Código Mercantil” por falta de previsión normativa, o sea, cuando hay un

vacío o laguna legislativa. Insiste, el artículo ha sido mal aplicado por los

jueces en la pieza recurrida, dado que en el Código se encuentran normas

suficientes que solucionan el problema y no era necesario acudir a leyes

especiales como la del ordinal 8 de la Ley 6209.

Acusa

violación de los artículos 869 y 873 del Código Civil (CC) en relación al

capítulo de costas personales de la sentencia judicial de conocimiento, en

tanto se condenó a la parte demandada y reconventora al pago de las costas a

favor de la actora. La prescripción de las costas personales, añade, está

prevista y regulada en el articulo 869 inciso 2) del CC que estipula un plazo

prescriptivo de tres años para reclamar sueldos, honorarios o emolumentos de

servicios profesionales. Dentro de ese concepto, expone, deben incluirse las

costas personales. De este modo, estima, si los derechos derivados de la

sentencia judicial se declararían prescritos por el transcurso de dos años como

lo dispuso el Tribunal, las costas personales prescribirían en un plazo bienal

y no trienal como lo regula el canon 869 del CC, por lo que se presentaría una

contradicción e incongruencia entre los numerales 8 de la Ley 6209 y 869 del

CC. Por este motivo sostiene, para evitar este tipo de contradicciones, el

precepto aplicable para solucionar el tema del plazo prescriptivo de las

obligaciones comerciales es el previsto en el cardinal 984 del Código de

Comercio. Igualmente, señala, resultaría quebrantado y lesionado por falta de

aplicación, el numeral 873 del CC, ya que ese artículo dispone que cuando recae

sentencia en aquellos supuestos de prescripciones cortas (869, 870 y 871) no se

prescribirán en los plazos cortos, sino en el lapso común (10 años) que se

comenzará a contar desde el día de la sentencia ejecutoria. En el sub-examine,

recrimina, siendo que la sentencia firme de la fase de conocimiento condenó a

las demandadas al pago de las costas personales de la reconvención, en

aplicación del ordinal 873 del CC, el plazo para que prescriban las costas no

es de tres años, sino de

Concluye, esa es la interpretación procedente de

las normas 869 y 873 del CC.

Previo al análisis de

los reparos, es dable precisar que esta Sala, mediante auto no. 550-A-2005 de

las 13 horas 30 minutos del 4 de agosto de 2005, se avocó al análisis de la

prescripción como motivo de casación invocado después de que la sentencia

adquirió firmeza, sea en la etapa de ejecución de sentencia. Sobre el

particular, la mayoría estimó: “…debe considerarse que el reconocimiento de

la existencia de un derecho de crédito, que se obtenga a través de una

sentencia en litigio abreviado u ordinario, no permite,  sin más trámite,

la ejecución coactiva del deudor. En este sentido, es menester que el

interesado formule el reclamo a través de la vía correspondiente, esto es, la

ejecución del fallo. El juez, en esta disciplina, no puede hacer efectiva, de

oficio, una condena, si el acreedor no lo peticiona, eso supone, naturalmente,

que entre la firmeza del fallo que declara o reconoce el derecho, y la

solicitud de parte para hacerlo efectivo, puede correr tanto tiempo como demore

el interesado en reclamar. Justamente por esta razón, es que toman sentido

normas como los ordinales 873 del Código Civil y 986 del Código de Comercio.

Ambos se ocupan de regular la prescripción de las obligaciones –civiles o

mercantiles respectivamente- luego de que recaiga sentencia condenatoria

reconociendo el derecho debatido. Ello quiere decir que la declaratoria

judicial abre un nuevo plazo de prescripción, ahora, para reclamar el transcurso

de tiempo desmesurado entre el fallo condenatorio y la ejecución de lo

decidido. Se trata de una circunstancia sobreviniente, pues, aunque resulte

obvio, no se debate la prescripción de las pretensiones debatidas –y

concedidas- en la fase declarativa, sino del decaimiento, sobrevenido, del

derecho a cobrar las partidas concedidas en ese proceso declarativo. Esto

facultaría al ejecutado, si el ejecutante ha dejado transcurrir el plazo

correspondiente, a oponerse, a través del recurso o remedio procesal oportuno,

alegando el perecimiento del derecho a ejecutar. Bajo esta tesitura, debe

admitirse el recurso de casación, en supuestos como el descrito, cuando éste

sea el reclamo, todo lo anterior, al abrigo de lo ordenado en el numeral 165 de

consuno con el inciso 2) del canon 591, ambos,  del Código Procesal Civil,

el cual –se reitera- reconoce el derecho a debatir la prescripción resuelta en

procesos diversos del ordinario y abreviado. Lo anterior, debe señalarse, no

contraviene, en modo alguno, la cosa juzgada que busca resguardar el ordinal

704 supra relacionado, pues lo que se resuelve en esta oportunidad es una

situación novedosa y no resuelta con antelación, cual es la inercia del titular

de un derecho declarado en pronunciamiento jurisdiccional al ejercitarlo y no

los importes que al amparo del fallo ejecutado conviene reconocer o

denegar.  Por ello, no podría ese ordinal encontrarse como límite para la

admisibilidad de este tipo de recursos, pues las situaciones que regula, son

diversas, en tanto se ocupa, únicamente, de que lo concedido en la ejecución,

no contravenga lo otorgado en la fase de conocimiento, no así, que el derecho a

ejecutar el fallo, esté –o no- prescrito…”.

Sobre la

prescripción. Para esta Cámara, su pilar fundamental se encuentra en la

seguridad jurídica, en tanto, procura eliminar situaciones de incerteza

generadas ante el no uso del derecho por parte de su titular en el transcurso

del tiempo. Es así como, por su medio se favorece la seguridad y la certeza

jurídica, frente al desinterés del titular de un derecho de hacerlo valer. La

posición dominante, en la actualidad, atribuye el fundamento de la prescripción

a la necesidad de crear un estado de seguridad jurídica ante una situación

objetiva de incertidumbre, producida por el no ejercicio oportuno del derecho.

Puede afirmarse, por ende, que el valor tutelado por el derecho en estos casos

es la seguridad jurídica, por lo cual se pretende evitar el ejercicio

sorpresivo de un derecho. Al respecto, esta Sala ha manifestado lo siguiente: “…En

todo caso, la prescripción emerge como un medio para crear seguridad, lo cual

propende al orden y a la tranquilidad social. Empero, no resulta difícil

imaginar situaciones en las cuales la prescripción pueda servir, en cierto

modo, para tutelar injusticias e impedir el ejercicio de derechos los cuales

verdaderamente existieron. Al respecto, es de señalar, que el derecho, como

vehículo para la realización de la justicia, precisa actuar, necesariamente,

dentro de un marco de certeza y seguridad. De no ser así, el fin último

enunciado, se vería frustrado, en su dimensión práctica o funcional. La

justicia no puede operar en medio de situaciones de incertidumbre e

inestabilidad. Es por ello que la seguridad se yergue, inevitablemente, junto

con la justicia, como valor esencial del derecho. Ninguno de los dos, como fin

de éste, es absoluto en el quehacer jurídico. En algún momento, uno de ellos,

en aras de la supervivencia del otro, tiene que ceder. Eso ocurre en el caso de

la prescripción cuando, en favor de la seguridad, cede la justicia. De no ser

así, ésta, como fin esencial del derecho, peligraría, al entronizarse la

incertidumbre y el desorden en el medio social, factores que la tornan

inalcanzable. Tal fenómeno significa no ignorar la justicia, sino fijar un

plazo por parte del legislador, dentro del cual la tutela de ella halla cabida;

pero, una vez transcurrido éste, y en obsequio a la seguridad, cede ante la

necesidad de evitar litigios y controversias suscitados a destiempo, y por ende

de difícil solución, cuya posible incidencia mantendría una enervante sensación

de incertidumbre en las relaciones humanas…” (sentencia no. 120-F-92 de las

15 horas del 29 de julio de 1992). En suma, la prescripción extintiva, como

reiteradamente ha sostenido este órgano decisor, también denominada negativa o

liberatoria, es una institución creada para tutelar el orden social y la

seguridad en las relaciones jurídicas. El ejercicio oportuno de las acciones y

los derechos, podría decirse, está asistido de un interés social. Por tal

motivo, la postergación indefinida acarrea duda y zozobra en los individuos y

amenaza la estabilidad patrimonial. El instituto de mérito propende,

precisamente, a eliminar las situaciones de incerteza, producidas por el

transcurso del tiempo, en las relaciones jurídicas. Ahora bien, en Costa Rica,

la prescripción ordinaria en materia civil, es la decenal, en tanto que en lo

mercantil, conforme lo dispone el numeral 984 del Código de Comercio, se reduce

a cuatro años, con las salvedades que ahí se contemplan o las que

establezcan otras leyes especiales en materia comercial. El plazo general

de cuatro años, se potencia como el propio y común de las obligaciones de esa

naturaleza y a la vez residual, en el tanto resulta aplicable para los casos

cuando no se establezca uno distinto. Ahora bien, una vez que se dicta

sentencia, acorde con el artículo 986 ibídem, el plazo prescriptivo será el que

conforme al citado precepto 984, corresponde a la obligación de que se

trate, el cual se computa a partir de su firmeza (sobre el tema, entre

otras, se pueden consultar las resoluciones no. 789-F-2005 de las 9 horas 10

minutos del 27 de octubre de 2005; no. 59 de las 9 horas 15 minutos del 30 de

enero de 2004 y no. 45 de las 9 horas 45 minutos del 12 de enero de 2001).

En este asunto, para el

Tribunal: “ El artículo 986 del Código de Comercio establece la posibilidad

de decretar la prescripción de la sentencia, por haber dejado transcurrir un

plazo igual al que corresponde, para la extinción de la obligación respectiva,

por transcurso del tiempo, con remisión al artículo 984. El período respectivo

comienza a correr desde la firmeza del fallo… En la última disposición

antedicha, se estatuye el término general de la prescripción que rige para los

derechos mercantiles y su correspondiente acción, que es de cuatro años y fija

el término de un año para algunas relaciones jurídicas específicas. Aunque el

canon 986 remite al 984, esto debe interpretarse en forma sistemática con el

resto del Código de Comercio, específicamente con el artículo 2… En el presente

caso, hay una ley especial, que organiza las disposiciones sobre las relaciones

jurídicas entre el representante y el distribuidor con las casas extranjeras,

que son de típico contenido mercantil, al estar la regulación general en el

Código de Comercio (artículos 360 a 366). Debe recordarse, que se atribuye

mercantilidad, según el criterio objetivo, que acoge nuestro ordenamiento

jurídico, a los actos y contratos incluidos en el Código antedicho (doctrina del

numeral 1 de ese cuerpo normativo). También, el contrato, objeto de estudio, es

mercantil por el criterio subjetivo, al tratarse de una relación jurídica entre

sociedades mercantiles. En consecuencia, conforme lo expuesto debe aplicarse el

plazo prescriptivo que establece, en forma especial, la Ley de Protección al

Representante de Casas Extranjeras, número 6209 y según su artículo 8 es de dos

años. No procede aplicar, contrario al criterio de la Jueza de primera

instancia, el plazo general del Código de Comercio, sino el plazo especial para

la relación jurídica del representante o distribuidor de una casa extranjera,

por el principio general del derecho de la especialidad, según el cual la regla

especial prevalece sobre la general…” (folios 3024 y 3025).

En los dos primeros reparos,

los representantes de la incidentada aducen que se aplicó indebidamente el

artículo 8 de la Ley 6209, consecuentemente los preceptos 2, 984 y 986 del

Código de Comercio, porque el plazo de prescripción de la sentencia objeto del

incidente es de cuatro años. El artículo 8 de la Ley 6209 establece: “Los

derechos y obligaciones originados en esta ley prescribirán en el término de

dos años, contados a partir del hecho que motiva el reclamo.” En criterio

de esta Sala, el plazo que establece el cardinal 8 de la Ley 6209 es de

prescripción y no de caducidad como parece entenderlo el recurrente, no solo

porque así lo establece la propia norma, sino también porque es el periodo que

el legislador dispuso para que el comerciante exija el derecho de fondo que ese

régimen especial le otorga, incluso si fue obtenido mediante sentencia firme.

Estas normas complementan el Código de Comercio, específicamente los numerales

360 y 366, Capítulo VII, referente a los representantes de casas extranjeras,

por lo que de antemano se debe dejar claro que forman parte del ordenamiento

jurídico mercantil, máxime que regulan actos de comercio típicos, en razón del

objeto y el sujeto, al tenor de lo establecido en los cánones 1 y 5 ibídem.

Ahora bien, para analizar el reparo, habrá que indicar que en efecto, el

ordinal 986 ibídem, menciona que el plazo de prescripción para el cobro de una

obligación comercial recaída en sentencia, será el que establezca el artículo

984 del mismo cuerpo normativo, el cual comienza a correr desde la firmeza del

fallo. Ese artículo dice literalmente: “Si para el cobro de una obligación

comercial se planteare demanda y en ésta recayere sentencia, el término de la

prescripción será el que conforme el artículo 984 corresponda a la obligación

de que se trate, comenzando a correr desde la firmeza del fallo”. Por su

lado el artículo 984 como se indicó anteriormente, establece que la regla

general es el plazo de cuatro años, con las excepciones de sus cinco incisos

que son por un año. Sin embargo, no debe obviarse que el numeral 986 citado, si

bien remite al 984, lo hace bajo la advertencia que es para “la obligación

de que se trate”, lo cual habrá que analizar en cada caso concreto, sobre

todo cuando el ordinal 984, indica que también existen las salvedades

establecidas en el propio Código y no solo el lapso de uno y cuatro años. En

este predicado, debe entenderse que en la norma mercantil de estudio, existen

no solo actos de comercio, sino también comerciantes que los realizan, ejemplo

de esto, son los cardinales 360 y 366 ibídem, los cuales mencionan expresamente

a los representantes y distribuidores de casas extranjeras. Para lograr su

protección, existe un ordenamiento jurídico especial que el legislador dispuso

para esos factores del comercio, a saber, la Ley 6209, la cual, se repite,

complementa el Código de Comercio en esa materia específica. Por lo tanto, el

operador jurídico debe determinar si en esta Ley, existe algún plazo que regule

la prescripción de la sentencia firme, según lo permite los cardinales 986 y

984 del Código de Comercio. Lo que aquí se dice, debe ser entendido en

consonancia con el ordinal 10 del CC, pero especialmente con el precepto 2 del

propio Código de Comercio, el cual indica: “Cuando no exista en este Código,

ni en otras leyes mercantiles , disposición concreta que

rija determinada materia o caso, se aplicarán, por su orden y en lo pertinente,

las del Código Civil, los usos y costumbres y los principios generales de

derecho. En cuanto a la aplicación de los usos y costumbres, privarán los

locales sobre los nacionales; los nacionales sobre los internacionales; y los

especiales sobre los generales” (lo resaltado no proviene del texto

original). La interpretación de esta última disposición no solo establece las

fuentes del derecho mercantil, sino que también permite la aplicación directa

de otras normas especiales y complementarias en la materia, como la Ley no.

6209. Esto lo entendió correctamente el Tribunal, al interpretar el artículo en

comentario “a contrario sensu”, pues en efecto, había otra ley mercantil

que prevalecía en el caso concreto, sea la Ley de Protección al Representante

de Casas Extranjeras, en la cual existe un plazo de prescripción especial y que

regula el derecho de fondo discutido, entendido como el plazo para reclamar los

derechos que se extraigan de ese texto legal, entre los cuales se encuentran

los concedidos en un fallo judicial. Entender lo contrario, sería desconocer el

plazo prescriptivo ahí contemplado, el cual se repite, no solo es especial y

priva sobre el general, sino que también es posterior a los postulados del

Código de Comercio; todo lo anterior, según el principio de vigencia y

aplicación normativa ampliamente conocido. Aunque los plazos prescriptivos sean

más cortos en ese texto legal, ello no es óbice para que sean aplicados, ya que

fueron concebidos para dar seguridad jurídica a las relaciones y conflictos

entre representantes nacionales y casas extranjeras, sea que obedecen a un

interés público particular, en donde el legislador optó por el interés de ese

grupo económico, con el fin  en evitar discusiones sorpresivas

perturbadoras del orden social y la seguridad jurídica. En todo caso, es

conocido que en materia comercial, existen otros factores relevantes, a tenerse

en cuenta al momento de interpretar esta normativa, cuales son la celeridad y

seguridad propias de las relaciones mercantiles, lo cual permiten entender con

mayor claridad, la naturaleza jurídica del plazo analizado. El mundo

comercial está caracterizado por una mayor agilidad en la formación y extinción

de los negocios. La movilización acelerada y masiva de bienes, debe verse

respaldada por un sistema normativo que auspicie la seguridad en las relaciones

y evite la inmovilización de capitales en espera de reclamos tardíos, pues esto

último perjudicaría los fines perseguidos por el ordenamiento mercantil. El

comercio actual es célere entre los países, por tal motivo, los conflictos que

surjan en las  relaciones comerciales entre empresas nacionales y extranjeras,

requieren una solución expedita a sus necesidades. Es por todas estas razones,

que en la interpretación de los artículos 984 y 986 del Código de Comercio, no

puede prescindirse de la naturaleza y función de la prescripción establecida

para otros actos de comercio regulados con mayor precisión en leyes especiales,

ya que ello iría en contra de la adecuación a las situaciones propias del

derecho mercantil que dispuso el legislador. Se repite, este análisis debe

realizarse en una forma integral, como lo preceptúa el artículo 10 del Código

Civil y que de una u otra manera viene a contemplar el ordinal 2 del Código de

Comercio. A propósito del tema discutido, en otro fallo de esta Sala se

estableció: “IV.-  El Derecho, como producto de

ideologías culturalmente condicionadas, se entreteje sobre principios o valores

que, llevados a sus últimas consecuencias, podrían conducir a antinomias, por

lo cual deben ser armonizados con el fin de poder cumplir con la aspiración de

un plexo normativo orgánico, sistemático y sin contradicciones internas. De

este modo, aún cuando, en principio, el ideal de justicia se cierne como

materia prima de todas las normas jurídicas, en algunas oportunidades cede a

favor de otras aspiraciones, tales como la seguridad jurídica. Es bajo el

influjo de esta última que el instituto de la prescripción encuentra sentido,

porque rehusa brindar tutela a aquél que ostentando un derecho subjetivo, ha

dejado que el tiempo corra, sin ocuparse en gestionar, en modo alguno, su

cumplimiento. El juzgador, ante protesta del transcurso del tiempo sin

ejercicio del derecho, una vez constatado, debe declarar prescrito el reclamo.

Por ello, esta defensa permite al deudor, o a quien, al menos, es recriminado

de tal, eludir el cumplimiento pretendido, merced a que el solicitante ha

permitido que el tiempo habilitado para reclamar corra sin intentar que se le

pague. Así las cosas, junto al paso del tiempo, se conjuga la inercia del

titular de un derecho para dar sentido a esta forma de fenecimiento de las

obligaciones. Su conteo, por mandato del ordinal 874 del Código Civil, inicia

el día en que el débito es exigible . Esta regla se repite, con

ligeras modificaciones de estilo, en el ordinal 969 del Código de Comercio, el

cual, además, señala que para los casos en que el Ordenamiento autoriza

ejercitar un determinado derecho, la prescripción corre desde el día en que

pudo hacerse valer. La Ley de Protección al Representante de Casas

Extranjeras cuenta con norma especial que regula el plazo de prescripción

aplicable y el momento a partir del cual debe computarse…” (resolución no.

985-f-06 de las 8 horas 20 minutos del 19 de diciembre de 2006). Con base en

este análisis, se puede establecer que lleva razón el Tribunal en su

resolución, ya que la empresa actora victoriosa parcial, disponía del plazo de

dos años para solicitar la ejecución de la sentencia firme, la cual adquirió

esta connotación desde el 20 de enero de 2009, cuando el fallo de esta Cámara

no. 795-F-2008 fue notificado a todas las partes. Empero, a partir de esa

fecha, los representantes de Centro Cars ni siquiera realizaron alguna gestión

dentro del expediente, lo cual viene a ratificar lo que aquí se expuso. Esta

Sala ha establecido respecto al artículo analizado: “… el numeral 8 de la

Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, aplicado a la luz de

los principios fundamentales que rigen la figura de la prescripción, implica

que el plazo comienza a contarse desde que el titular del derecho está en

condiciones de hacerlo valer, pues justamente el efecto extintivo de esta

figura se produce como una consecuencia a la inercia en reclamar…”

(sentencia no. 1248-F-S1-2009 de las 10 horas 45 minutos del 3 de diciembre de

2009). La  empresa actora debía hacer valer su derecho desde que el fallo

en casación quedó firme con su notificación a todas las partes; sin embargo,

esa actuación por parte de Centro Cars nunca se presentó. No es sino hasta el 4

de julio de 2011, que el apoderado especial judicial de las tres empresas

demandadas se apersonó al proceso, para plantear el incidente de prescripción

de sentencia que ahora se analiza. En otros términos, en el sub exámine, se han

presentado los tres elementos necesarios para la formación de una prescripción

negativa: el transcurso del tiempo previsto por la ley, la falta de ejercicio

por parte del titular del derecho y la voluntad del favorecido por la

prescripción de hacerla valer, sea a través de un incidente. Ello dice, que los

artículos 8 de la Ley 6209, 2, 982 y 986 todos del Código de Comercio han sido

debidamente aplicados, por lo que la violación directa de esa normativa debe

ser desestimada.

Finalmente, el casacionista en

su último agravio, plantea violación directa de los artículos 869 y 873 del CC

ya que en su criterio, el plazo prescriptivo para cobrar costas personales es

de tres años y si se aplicara el período prescriptivo de dos años de la Ley

6209 para ejecutar el fallo, habría un conflicto entre ambos institutos

(numerales 8 de la Ley 6209 y 869 del CC). Por esta razón insiste, debió aplicarse

el lapso dispuesto en el ordinal 984 del Código de Comercio. Resalta, también

se lesiona el precepto 873 del CC, ya que ese artículo dispone que cuando recae

sentencia en aquellos supuestos de prescripciones cortas (cardinales 869, 870 y

871 ibídem) no se prescribirán en los plazos cortos, sino en el lapso común (10

años) que se comenzará a contar desde el día de la sentencia ejecutoria. En

este punto, cabe advertir que, el objeto de control casacional lo establecen

los numerales 594 y 595 del Código Procesal Civil, limitando de ese modo, el

ámbito competencial de la Sala. En esa inteligencia, el canon 608 ibídem,

dispone: “No podrán ser objeto del recurso de casación cuestiones que no

hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes. La

sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos que no sean los que

hubieren sido objeto del recurso.” La normativa transcrita limita, por un

lado, al recurrente a plantear agravios solo sobre cuestiones propuestas y

discutidas de forma oportuna en el proceso, imposibilitando, de esa manera, la

exposición de cargos extraños al debate. Además, permite que no se vea

sorprendida la parte contraria ni la Sala, con argumentos novedosos que

afectarían los principios de lealtad, probidad y buena fe. Por su parte, el

órgano jurisdiccional, debe circunscribirse a los motivos concretos del

recurso. En ese sentido, la ley exige claridad y precisión en las censuras. La

restricción de la disposición aludida, impone que las razones sometidas a

análisis de la Sala, hayan sido expuestas y analizadas cuando se planteó el

incidente y en su contestación. En autos consta que en ningún momento, el tema

referente a la pretensión accesoria de costas y el plazo aplicable al respecto

fuera objeto del debate. Como bien lo establece el Tribunal: “La parte actora

al contestar la petición de prescripción de la sentencia no alegó ese extremo…”

(folio 3035). Se pretende ahora, en este estadio procesal, debatir sobre otros

fundamentos por los que no fue acogida la prescripción, sea, aspectos que en

definitiva no fueron propuestos en el momento procesal oportuno –cuando se

opuso y se contestó el incidente-, lo cual, según quedó expuesto, impide a que

esta Sala entre a su conocimiento, debiendo rechazarse el reparo.

En mérito de lo anteriormente

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso formulado, con sus costas a

cargo de la empresa recurrente (artículo 611 del Código Procesal Civil).