Resolución 00894-2012

1.-

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el

actor estableció demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de once

millones setecientos veinticinco mil colones, a fin de que en sentencia se

declare: “…se nos exonere de dar paso a Don  (sic) F. y su

familia por nuestras propiedades, se cancele totalmente la inscripción de la

servidumbre ante el Registro Público, se clausuren los portones propiedad de

Don (sic) F. y que dan acceso a la servidumbre y por consiguiente a

nuestras propiedades, que se obligue al demandado a buscar otro acceso a

su cochera techada que bien podría se (sic) en el lugar donde se ubica

la seudo pared y el portón indicados anteriormente y que se condene al

demandado por el pago de ambas costas. Así mismo solicito se sirva anotar la

presente demanda al margen de la propiedad del señor F., cuyos datos fueron

aportados en esta demanda.”

El demandado no

contestó dentro del

plazo otorgado al efecto, por lo que se le declaró rebelde y por contestados

afirmativamente los hechos de la demanda.

A la audiencia de conciliación

fijada a las 9 horas del 12 de agosto de 2009, no se presentó ninguna de las

partes, por lo que se declaró fracasada.

El Juez Christian López Mora, en sentencia no. 038-2010 de las 15 horas 30 minutos del

2 de junio de 2010, resolvió: “se DECLARA SIN LUGAR En todos sus

extremos el presente proceso ORDINARIO establecido por C. y L.

en contra de F.. De conformidad con el artículo 221, son las costas de

esta acción a cargo de C. y L..”

Los

actores apelaron; y el Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria,

integrado por los Jueces Manuel Hernández Casanova, Juan Carlos Sánchez

Benavides y José Javier Miranda Jiménez, en voto no. 142 de las 14 horas 20

minutos del 22 de diciembre de 2010, dispuso: “Se acoge el recurso

interpuesto por los actores. Se revoca la resolución recurrida, en cuanto

declara sin lugar en todos sus extremos el presente proceso ordinario. En

consecuencia, se declara con lugar, parcialmente, la demanda interpuesta por

los accionantes C. y L. contra el demandado F., entendiéndose denegada en

aquello de lo que no se haga pronunciamiento. Se ordena la cancelación de la

servidumbre de paso inscrita en el Registro Público al tomo […], asiento […],

subsecuencias […] que afecta las fincas número […] propiedad de C. y la finca […]

propiedad de L., ambas del PARTIDO DE [...] y que beneficia la finca también

del Partido de [...] matrícula número […] propiedad de F.. Por haber resultado

vencido el demandado se le condena al pago de las costas procesales y

personales a favor de la actora…”

El demandado

formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la

tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos ante esta Sala se han

observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

I.-

La

señora C. y el señor L., son propietarios, respectivamente, de los inmuebles

del partido de [...], matrícula de folio real […], sobre los cuales pesa una

servidumbre a favor del fundo inscrito en el sistema de folio real […],

perteneciente a F.. Dicho gravamen fue constituido al momento de la donación de

las fincas realizada por G.. La propiedad del señor C.,

al momento cuando se inscribió la servidumbre, tenía unas peñas y zanjas

grandes que impedían tener acceso a la calle pública, las cuales fueron

eliminadas y se aprovechó el espacio para construir un portón. Los actores,

alegando que el paso sobre sus propiedades devino en innecesario, establecieron

este proceso y solicitaron que se cancele la inscripción de la servidumbre, se

clausuren los portones que dan acceso a esta, se le obligue a buscar otro

acceso a su cochera techada así como al pago de ambas costas. El demandado se opuso a las pretensiones y planteó las defensas de

falta de derecho, de legitimación y de “acción”. En primera instancia,

el A quo declaró sin lugar en todos sus extremos el proceso, decisión que fue

revocada por el Tribunal, el cual acogió parcialmente la demanda, ordenó la

cancelación de la servidumbre de paso inscrita e impuso ambas costas al

vencido, quien acude ante esta instancia extraordinaria.

II.-

En su

único agravio, el recurrente endilga el quebranto del artículo 381 del Código

Civil, el cual establece, en forma taxativa, las causales de extinción de las

servidumbres. Critica que el Tribunal la hubiere cancelado por cuanto construyó

otra entrada distinta, lo cual no se ajusta a lo

regulado en el precepto mencionado. Manifiesta que el numeral 399 del Código

Civil regula el tema de los fundos enclavados, el cual es aplicado por analogía

para acoger la demanda, como si se tratara de un cambio de acceso sobre el cual

hubo obligación de paso, lo cual recrimina como un segundo motivo por indebida

aplicación. Cita jurisprudencia de esta Sala sobre la figura de la analogía y

los supuestos para que se pueda acudir a esta, y concluye que, debido a lo

dicho en cuanto a la enumeración de los motivos que dan lugar a la extinción de

las servidumbres, en este caso no cabe la aplicación

analógica del

precepto 399 previamente mencionado. Por ello también se vulnera el artículo 12

del

mismo cuerpo normativo.

III.-

Por la importancia que presenta para la solución de la inconformidad planteada,

y previo a conocer los alegatos formulados, resulta imprescindible referirse a

la distinción entre la obligación de paso (referida en algunos casos como

servidumbre forzosa) y las servidumbres voluntarias. Para tales efectos,

conviene realizar un recuento sobre el tratamiento que la jurisprudencia de

esta Sala le ha dado al punto en cuestión, iniciando con lo indicado en el voto

26-F-91 de las 8 horas 30 minutos del 15 de marzo de 1991 (el cual retoma

criterios expuestos en una sentencia anterior de 1927), en el que se apuntó que

las primeras (reguladas en el Código Civil como obligación de paso) surgen por

disposición directa de ley y se constituyen por decisión de órganos

jurisdiccionales mientras que las segundas nacen a la vida jurídica a partir de

un acuerdo de voluntades. Así, dicha resolución planteó las siguientes

diferencias: “a) en cuanto a la constitución, la voluntaria lo es por

negocio jurídico inter vivos o mortis causa, en tanto la forzosa lo es por

declaración judicial; b) las voluntarias pueden ser establecidas en favor de un

fundo enclavada [sic] o no, en la forzosa favorece a predio enclavados o

que no tengan salida bastante a la vía pública (art. 395); la indemnización es

un elementos [sic] inherente a la servidumbre forzosa de paso no siendo

indispensable en la otra; d) la servidumbre voluntaria, estaría regulada por la

normativa genérica de las servidumbres, en tanto la forzosa le está por la ley

(Sala de Casación de 15 horas 30 minutos del 27 de diciembre de 1927, II sem,

II tomo, p. 1048).” Posteriormente, en el voto 706-F-03 de las 11 horas 15

minutos del 22 de octubre de 2003 (mencionado en la resolución impugnada), la

actual integración de este Órgano, por mayoría, detalló aún más la diferencia,

incorporando algunas matizaciones importantes a los anteriores planteamientos.

En dicha ocasión se indicó: “La Sala en reiterados fallos ha reconocido la

distinción entre servidumbres forzosas y voluntarias (voto No. 26-91 de las 8

horas 30 minutos  del 15 de marzo de 1991; 17-99

de las 14 horas 35 minutos del 20 de enero de 1999; 750-02 de las 16 horas 30

minutos del 2 de diciembre de 2002), restringiendo la aplicación de los

numerales 395 a

400, a

las primeras.  Además ha afirmado que las segundas

se constituyen por negocio jurídico inter vivos o mortis causa, en tanto

que las forzosas por una declaración judicial con sustento en un reconocimiento

legal (en especial el primero de los votos recién citados).  Cabe ahora

precisar esa línea jurisprudencial, pues tal y como se

ha citado, puede llevar a confusiones.  Es forzosa, efectivamente, la

servidumbre impuesta por un juez con base en una norma

que la establece como

necesaria y voluntaria la derivada de un negocio jurídico.   Sin

embargo, el reconocimiento de paso que hace el dueño de un fundo con salida a

la vía pública, en razón del enclave del fundo vecino, no la convierte, por el

solo hecho de la aceptación voluntaria, en una servidumbre querida. Hay que

desplazar ese criterio diferenciador para circunscribirlo a

la directa imposición que de ella haga la ley, por las circunstancias

fáctico-jurídicas atinentes al supuesto.  El artículo 400 ibidem, ratifica

este criterio, pues regula un supuesto de servidumbre forzosa de paso, derivada

de su reconocimiento por parte del dueño del fundo sirviente (ver en este

sentido el voto de esta Sala No. 380-00 de las 16 horas 45 minutos del 19 de

mayo de 2000).  De ello no cabe duda, pues a la letra la norma es clara, y su localización en el Título V: De las

Cargas o Limitaciones de la Propiedad Impuesta por la Ley, Capítulo III: De la

Obligación del Paso, lo confirma.”

IV.-

Siguiendo la línea trazada en la última resolución, se puede señalar que la

distinción en cuanto a la obligación de paso (servidumbres forzosas) y las

servidumbres voluntarias no se puede deducir del sujeto que comparece a

constituirlas, es decir, no sería jurídicamente correcto generalizar que la

única forma mediante la cual pueden surgir las primeras es por orden judicial

mientras que, cuando exista un acuerdo de voluntades, automáticamente debe

inferirse que se trata del segundo supuesto. Esta afirmación desconocería el

cumplimiento voluntario de las disposiciones legales por las partes y partiría

de la errónea premisa de que ante un fundo enclavado, los propietarios no

tienen la legitimación para actuar conforme lo preceptúan los artículos 385 a 400 del Código Civil.

Por el contrario, la naturaleza forzosa o no de una servidumbre no debe

derivarse de los sujetos que intervengan en su constitución (juez vs.

propietarios) sino de la constatación de que esta sea obligatoria por la

concurrencia de los presupuestos fácticos de las normas aplicables según el

caso concreto, aún y cuando se haya inscrito por un acto proveniente del dueño.

Nótese que en este caso no se trata de una

liberalidad, un acuerdo puro y simple de voluntades, sino del cumplimiento de un mandato jurídico. Lo

afirmado tanto en las líneas precedentes como en el voto 706-F-2003 citado en

el considerando anterior, resulta aún más diáfano al cuestionarse si, en aquellos

supuestos cuando las partes establecen la servidumbre por existir un fundo

enclavado existe realmente una voluntad negocial, ya que no se trata de una

materia disponible. El surgimiento de este gravamen

sobre el fundo sirviente no es, en el fondo, una liberalidad, ni se trata de

una decisión discrecional de propietario como

consecuencia del ejercicio de sus facultades

de dominio, como

sí sucede en las servidumbres voluntarias.

V.-

En la especie, el Tribunal consideró que la servidumbre se constituyó debido a

que, a pesar de que colindaba con vía pública, su propiedad no tenía acceso

efectivo a esta por cuanto esa zona presentaba peñas y zanjas grandes. Esto se

desprende de los hechos probados sétimo y octavo que agregó la sentencia de segunda

instancia, así como de lo indicado en la parte considerativa de del fallo, en

donde se expuso: “si bien la servidumbre se constituyó en el fundo de la

actora como sirviente fue voluntaria, su constitución –de acuerdo con lo

expuesto en el considerando anterior- obedeció a una necesidad que tenía la

propiedad del demandado, en ese momento, al no tener un acceso fácil a calle

pública para vehículo –porque fue acreditado que cuando se hizo la donación ese

fundo tenía acceso a calle pública-. Sin embargo, cuando el demandado –como él

mismo lo reconoció- bajó las peñas que había por el costado norte de su

propiedad y le construyó un acceso a calle pública a la misma, esa necesidad

por la que se creó el gravamen en el cual la propiedad de la demandada es fundo

sirviente dejó de existir, de manera que lleva razón la recurrente cuando

indica que no es posible que el ese gravamen se perpetúe en el tiempo solo por

la liberalidad de las partes en constituirlo, sin importar que las condiciones

del inmueble hayan variado.” El anterior cuadro fáctico, el cual no fue

cuestionado por el recurrente, y por lo tanto, debe ser tomado en cuenta como

punto de partida para la solución del reparo, confrontado con el análisis

realizado en los considerandos precedentes, permite concluir que la servidumbre

que es objeto de análisis en este proceso se trata de una obligación de paso,

en la medida en que su constitución respondió a las características del

inmueble (aspecto que no ha sido cuestionado en el recurso), y en ese tanto, devino

en obligatoria. Esto implica que, si desaparecen las razones por las cuales se

impuso tal limitación sobre el fundo sirviente, igual

suerte debe correr el gravamen, siendo este el fundamento de lo resuelto por el

Ad quem al revocar la sentencia de primera instancia. Sobre el particular se

indicó: “[…] se desprende de las pruebas aportadas, que la servidumbre que

se le concedió al fundo del demandado lo fue en vista de que el mismo no tenía

un acceso fácil a calle pública, situación que varió en forma posterior, en

donde ha sido acreditado que la propiedad del demandado tiene en este momento,

acceso fácil, con vehiculo desde su propiedad a calle pública, razón suficiente

para poder afirmar que la necesidad que tenía el demandado del gravamen que

tiene a su favor el inmueble que le pertenece desapareció.” De esto se

sigue que, aun y cuando el Tribunal haya justificado su decisión aplicando una

analogía, en realidad se trata de la aplicación directa del numeral 399 del

Código Civil, que al efecto dispone: “Si obtenido el derecho de paso en

conformidad con los artículos precedentes, deja de ser indispensable para el

predio enclavado porque el dueño adquiera acceso cómodo al camino, el obligado

a dar el paso tendrá derecho a pedir que se le exonere de la obligación,

restituyendo lo que al establecerse se hubiere pagado por el valor del terreno.”

Lo anterior encuentra justificación, no solo en el derecho positivo, sino

además en la naturaleza misma de este tipo de

servidumbres, las cuales constituyen limitaciones al derecho de propiedad que

ostenta el dueño del

fundo sirviente. Como tal, se encuentra afecta

al cumplimiento de la función por la cual se impuso, de tal forma que, al

desaparecer su necesidad, debe optarse por favorecer el derecho de propiedad del fundo sirviente.

Ello, a efectos de potenciar, como es debido, el ejercicio de los derechos

fundamentales, y dentro de ellos el de propiedad, cuyas limitaciones deben

ajustarse en todo momento a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Con base en lo anterior, no se da el quebranto del artículo 381 del Código Civil, ya que el supuesto de

hecho que se analiza no se puede subsumir en dicha norma, sino en el ya citado

precepto 399. De igual forma, según se explicó al inicio de este

considerando, en el presente asunto no se da una aplicación analógica, por lo

que entrar a valorar estos argumentos resulta ocioso.

Por las razones expuestas, se debe rechazar el cargo,

y con él, el recurso interpuesto. En aplicación de lo preceptuado en el Código

Procesal Civil, precepto 611, las costas correspondiente a este

mecanismo extraordinario de casación deberán ser impuestas a la parte que lo

incoó.