Resolución 00031-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda

ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de quince millones de colones, para

en sentencia se declare: “a- (sic) Que P R.L. ha incumplido

los acuerdos y convenios suscritos con mí representada y por lo tanto debe de

reintegrar la totalidad del dinero entregado por mí representada a partir del

año 1997 y los intereses generados hasta su efectivo pago. B- Debe de

pagar los pagar (sic) daños y perjuicios ocasionados con su incumplimiento

contractual los cuales se liquidarán en la ejecución de la sentencia. Los Daños

(sic) consisten en el dinero entregado a la Cooperativa  para

financiar la totalidad del proyecto, la construcción de una Planta Procesadora

de Palmito de Pejibaye que permitiera una alternativa rentable para pequeños

productores de la zona, así como la adquisición de equipo de proceso y capital

de trabajo, entregado mediante las operaciones N°900-16-21200002,

N°900-16-21200022, N°900-16-21210025, N°900-16-21200026 y N°900-16-21200060 por

un monto total de ¢505.577.377.00. Los Perjuicios (sic) causados

consisten en los intereses dejados de cancelar por parte de la Cooperativa,

provenientes de los recursos reembolsables y no reembolsables otorgados a la Cooperativa para

financiar la totalidad de l proyecto y la estimación de los mismos asciende a

la suma de ¢166.314.6770.06 (Ciento sesenta y seis millones trescientos catorce

mil seiscientos setenta y siete colones con seis céntimos (sic). C- Se condena a Coopropalmito al pago de ambas costas de

esta acción.”

El representante de la

sociedad demandada contestó negativamente e interpuso las excepciones de

contrato no cumplido, falta de derecho y prescripción del principal y de los intereses.

La demandada planteó

reconvención en contra del

actor, sin embargo, fue presentada en forma extemporánea.

A la audiencia de

conciliación señalada a las 8 horas del 17 de

julio del

2008, asistieron los representantes de las partes, pero no se logró llegar a

ningún acuerdo conciliatorio.

El Juez Ronald

Rodríguez Cubillo, en sentencia 50-09 de las 16 horas 15 minutos del 30 de

junio de 2009, resolvió: “…se rechaza la excepción de prescripción

interpuesta por la accionada y se declara CON LUGAR la presente

demanda presentada por el Consejo Nacional de Producción contra la P R.L. Se declara que la P R.L. ha incumplido los

acuerdos y convenios suscritos con el Consejo Nacional de Producción.  Se

le ordena a Coopropalmito que una vez firma le presente sentencia debe de (sic)

reintegrar la totalidad del dinero entregado por dicho Consejo a partir del

año mil novecientos noventa y siete, sea la suma de quinientos cinco millones

quinientos setenta y siete mil trescientos setenta y siete colones, así como

los intereses que se han generado y se puedan generar hasta su efectivo pago. Los cuales al día de hoy la actora liquida y por ende limita a la

fecha en la suma de ciento sesenta y seis millones trescientos catorce mil

seiscientos setenta y siete colones con seis céntimos. Se rechaza lo concerniente a los daños y perjuicios solicitados

toda vez que éstos consisten en los mismos rubros cobrados en la primera parte

de su petitoria. Se resuelve el presenta asunto sin

especial condenatoria en costas.”

El apoderado de la demandada apeló, y el Tribunal Agrario

del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las Juezas Damaris

Vargas Vásquez, María Rosa Castro García y el Juez Carlos Bolaños Céspedes, en

voto 0700-F-10 de las 13 horas 45 minutos del 26 de julio de 2010, dispuso: “…Se

revoca la sentencia únicamente en cuanto rechaza la excepción de prescripción

de intereses interpuesta contra la liquidación de éstos, generados con

antelación al veintidós de abril de dos mil siete. En su lugar, se declara con

lugar la excepción de prescripción, sólo en cuanto a los intereses liquidados,

generados antes del

veintidós de abril de dos mil siete, inclusive. En lo demás, objeto de

apelación, deberá confirmarse la sentencia.-”

El representante de la demandada, formula

recurso de casación indicando las razones en que se apoya para  refutar la

tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

Desde 1997, el Consejo

Nacional de Producción (referido en lo sucesivo como CNP) suscribió diversos contratos con la P R.L. (en adelante, la Cooperativa), mediante

los cuales le otorgaba facilidades crediticias, ya sea constituyendo nuevos

desembolsos o ampliando los anteriores. En el convenio de fecha 6 de abril de

2000, además de las condiciones particulares del préstamo, se acordó, haciendo

referencia a los anteriores convenios, que el inicio del plazo de pago para

cada una de las obligaciones sería el tres de abril de 2001. Posteriormente,

el 20 de setiembre de 2001 se amplió nuevamente el monto girado. La suma

total estaba compuesta por recursos reembolsables y no reembolsables. El CNP

plantea esta demanda para que se declare que la Cooperativa incumplió

los acuerdos y convenios, por lo que debe reintegrar el monto total que le fue

girado que corresponde a ¢505.577.377,00 a título de

daños, más los intereses correspondientes, los cuales liquida en

¢166.314.677,06 más las costas del

proceso. La demandada se opuso a la demanda y formuló una reconvención, sin

embargo, ambas resultaron extemporáneas, tal y como se declaró mediante el auto de las 13 horas del 19 de mayo de 2008.

Dentro de las excepciones incluyó la de prescripción, la cual rechazó el A quo,

quien, luego de analizar los presupuestos de fondo de la sentencia, declaró con

lugar la demanda, resolviendo sin especial condenatoria en costas. El Tribunal

revocó parcialmente el fallo apelado solo para acoger la defensa de

prescripción respecto de los intereses generados antes del 22 de abril de

2007. Acude en casación el representante legal de la demandada.

II.-

En su primer

agravio, cuestiona que se haya rechazado la defensa de prescripción. Explica

que la Cooperativa

demandada, como consecuencia de su actividad, es comerciante, por lo que en la

especie resulta aplicable el plazo de prescripción cuatrienal y no el decenal,

ya que esto último implicaría el quebranto de los artículos 1, 5 inciso a) y

438 inciso a) del Código de Comercio. Agrega, de conformidad

con el numeral 15 de la Ley

no. 4179, no se excluye el concepto de cooperativa comerciante al señalar que

estas pueden ser de comercialización. Menciona algunas sentencias de

esta Sala sobre el giro de estas personas jurídicas, así como en relación con

el crédito agrario concedido para la industrialización y comercialización de

productos agrarios. Recrimina el quebranto, además, de los preceptos 968 y 984

párrafo primero del Código de Comercio así como la aplicación indebida del

artícul 868 del

Código Civil. Critica los motivos por los cuales el Tribunal consideró que

debía aplicarse la prescripción decenal de la siguiente manera: a) cuestiona

que los créditos no fueron otorgados para producir palmitos sino para construir

una planta para procesar el producto de los asociados, enlatarlo y

comercializarlo; b) el carácter público del prestamista no les otorga a dichas

operaciones carácter civil; c) recrimina además, la afirmación de que la

normativa comercial no era la aplicable por cuanto esta tiene un fin esencial

de lucro, señalando que el CNP cobró la respectiva tasa de interés, y por ende,

los créditos eran lucrativos. Con base en lo anterior, apunta, se vulnera, por

inaplicación, el numeral 495 del Código de Comercio.

El eje central del recurso estriba en

determinar el plazo de prescripción aplicable en la especie, a saber, el

cuatrienal que alega la recurrente o el decenal que consideró el Tribunal. La

decisión adoptada en la sentencia impugnada se sustenta en que: “al haber

sido otorgado el crédito como parte del programa de reconversión productiva a

fin de apoyar financieramente a la Cooperativa demandada para que desarrollara una

actividad empresarial de producción de palmito, derivando dicho crédito de un

programa especial a cargo actualmente del CNP, la normativa aplicable no es la

mercantil cuyo fin esencial es el lucro. En este caso, ciertamente, las

personas organizadas por medio de la figura asociativa cooperativista tienen

como fin lograr un lucro; sin embargo, el interés principal es el estatal de

apoyar la producción nacional a través del CNP mediante créditos cedidos por el

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Por ende, el plazo de prescripción

aplicable es el dispuesto por el numeral 868 del

Código Civil de diez años …” Contra esta argumentación, el recurrente

plantea que el plazo aplicable es el cuatrienal previsto en el Código de

Comercio por cuanto la cooperativa realiza una actividad mercantil. Empero, si

bien este es un elemento que debe ser valorado para

justificar la aplicación del

régimen mercantil, no es el único, ya que por el solo hecho de que una de las

partes ejerza actividades de comercio, no debe entenderse que todas las

relaciones jurídicas en que participe adquieren esta naturaleza. Por el

contrario, debe atenerse a las características propias de esa relación jurídica

a efectos de determinar cuál es la normativa que regula ese

vínculo particular. Cabe destacar que el ordinal primero del Código de

Comercio pone de relieve este aspecto, al señalar que dicho cuerpo normativo

regirá “los actos y contratos en él determinados, aunque no sean

comerciantes las personas que los ejecuten” (el subrayado es suplido). Como se logra colegir de

lo anterior, resulta claro que el ámbito de aplicación está ligado a la

existencia de un acto de comercio, y no a la

naturaleza de quienes intervengan en ese negocio jurídico. En este orden de ideas, resulta fundamental analizar la

relación jurídica en cuestión para así determinar las reglas de

prescriptibilidad con base en las cuales se debe resolver el conflicto.

Contrario a lo que postula el recurrente, no puede

entenderse que la relación entre el CNP y la Cooperativa demandada

sea de naturaleza comercial. Como ya se ha

dicho, el que una de las partes sea comerciante no permite sustentar esa

afirmación. Analizando en detalle el objeto de la relación, se concluye

que esta es, precisamente, de naturaleza administrativa (no comercial), en

ejecución de una actividad de fomento encomendada a la Administración

mediante la cual se pretendía brindar ayuda al sector agropecuario a través del

otorgamiento de facilidades crediticias directamente por parte del Estado

(artículos 6, 49 y 49 bis de la

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, los dos

últimos derogados en el 2008 mediante Ley no. 8634). Dentro de la triada

clásica de actividad administrativa, el fomento se caracteriza por ser un

mecanismo de intervención, por lo general de índole económica, en donde el

Estado, a través de sus entes u órganos, procura promover o proteger una

determinada actividad, que se considera de interés general, sin recurrir a

potestades de imperio. Se busca incidir en la iniciativa en el comportamiento

de los particulares, mediante el otorgamiento de beneficios o incentivos, a

condición de que se cumpla con el fin mediato perseguido por el Poder Público.

Si bien la forma más usual mediante la que se manifiesta es la subvención o la

ayuda pública, lo cierto es que no se restringe a estas, criterio que ha

informado la jurisprudencia de esta Sala, como se puede extraer, entre otros,

del voto 1051-F-S1-2009 de las 13 horas 45 minutos del 8 de octubre de 2009. Lo

fundamental, a efectos de afirmar que se trata de una

actividad de esta naturaleza, consiste en el ya mencionado carácter

teleológico. En virtud de lo anterior, aún y cuando se trate de un crédito que genere intereses, lo expuesto en las líneas

precedentes descarta que se trate de un acto de comercio, ya que la operación

crediticia sirve como

instrumento para la consecución de un fin público definido, a saber, el

fortalecimiento de ciertos sectores productivos. Por ello,

tampoco es dable afirmar que se trata de una típica actividad de empresa

pública. Teniendo claro que el derecho mercantil no

resulta adecuado para definir el plazo de prescripción de la obligación, resta

definir cuál es, entonces, el que debe ser aplicado. En este sentido, a

pesar de la naturaleza administrativa a que se ha hecho referencia, la Ley General de la Administración Pública

no contiene ninguna disposición que permita llenar ese vacío, toda vez que su

numeral 198 se refiere a la responsabilidad patrimonial de la Administración por

cuestiones “extracontractuales”. Por ello, al no existir norma

que permita integrar dicha laguna, lo procedente es acudir a la disposición

genérica contenida en el precepto 868 del

Código Civil, tal y como

lo dispuso el Tribunal. De esta forma, y según lo apreció el Ad quem, “si el

primer pago debió efectuarse el 3 de abril de 2001, y conforme lo señala la

parte actora, no se ha hecho pago alguno desde los desembolsos efectuados en el

año 1997, pero las condiciones de pago dispuestas en esta fecha fueron

variando, debe considerarse que si para el 3 de abril de 2001 no consta en

autos se hayan hecho pagos –conforme al compromiso asumido por la demandada- y

la demanda se notificó a P R.L. el 23 de abril de 2008 (folio 189), no ha

operado la prescripción pues no transcurrieron diez años entre una fecha y

otra.” En virtud de lo anterior, el cargo debe ser

rechazado.

En su segundo

reparo, el recurrente se muestra inconforme con el rechazo de la excepción de

prescripción y el que no se haya declarado la nulidad absoluta de todos los

contratos de crédito otorgados por el CNP. Esto por cuanto, alega, los

convenios no fueron aprobados por la Asamblea de la Cooperativa, como

lo exige la legislación aplicable y los estatutos de la Cooperativa. Su

planteamiento, dice, se basa en los artículos 835 inciso primero y 837 del

Código Civil. Arguye que de la certificación del 100% de las actas de la Asamblea General

de la Cooperativa

se debe tener por acreditado que sus gerentes nunca fueron autorizados a firmar

los créditos en cuestión, por lo que son nulos. Esto, argumenta, por cuanto

carecen de uno de los requisitos esenciales de las obligaciones, como

lo es la capacidad legal de actuar en atención al monto de las obligaciones.

Explica que la señora PC no cuenta con las facultades de apoderada generalísima

sin límite de suma que se hizo constar en el convenio de fecha 28 de abril de

1999 ni el señor U ostentaba las facultades suficientes que se indican en los

convenios del 6 de abril y 11 de febrero de 2000. Explica que según la cláusula

44 inciso e) del

Estatuto de la Cooperativa

la Junta Directiva podía suscribir o autorizar préstamos y hacer negociaciones

siempre y cuando dichos compromisos no fueran superiores al 50% del capital pagado de la

persona jurídica. Por su parte, la cláusula 46 indica cuáles son las facultades

del gerente, las que se limitan a la representación legal, la ejecución de los

acuerdos del consejo de administración y la administración de los asuntos de la

cooperativa. Arguye, el artículo 627 del Código Civil

establece que para la validez de las obligaciones es requisito indispensable la

capacidad jurídica de quien se obliga, lo que no está presente en ninguno de

los convenios indicados. Considera de aplicación en la especie lo preceptuado

en el numeral 837 del

cuerpo normativo citado, según el cual la nulidad absoluta puede ser declarada

en forma oficiosa. Por ello, dice, no importa si la

contestación a la demanda y la reconvención fueron presentados en forma

extemporánea. Por último, critica las afirmaciones de la sentencia de

primera instancia según la cual se está actuando en forma abusiva al pretender

desconocer la existencia de los contratos, ante lo cual afirma que se trata de

una nueva administración y que la conducta reprochable era la de los gerentes y

los funcionarios del

CNP.

En esencia, en el

anterior cargo se alega que, debido a que los gerentes que concurrieron a la

firma de los contratos no tenían facultades suficientes para obligar a la Cooperativa, estos son

nulos y, al margen de la extemporaneidad de la reconvención, de conformidad con

el artículo 837 del Código Civil, este extremo se debió analizar en forma

oficiosa. Dicho precepto dispone: “La nulidad absoluta puede alegarse por

todo el que tenga interés en ella y debe, cuando

conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no

puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un

lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria.”

Si bien es cierto esta norma obliga al juez a prescindir del principio

dispositivo, tal y como lo reconoció esta Sala en el voto 549-2007 de las 8

horas 45 minutos del 3 de agosto de 2007, reiterando un antiguo precedente de

la anterior Sala de Casación  (sentencia de las

10 horas 40 minutos del 24 de diciembre de 1947), también lo es que esta

establece, como presupuesto para su aplicación, que se trate de una nulidad

absoluta. Así las cosas, en un orden lógico, resulta

fundamental determinar en forma previa si el vicio alegado puede ser catalogado

dentro de esta patología. En virtud de lo anterior, y sin entrar a analizar la validez o no de los contratos, de los mismos

alegatos de la parte actora se logra desprender que el vicio acusado es una

eventual extralimitación respecto de las facultades legales de los

representantes de la

Cooperativa. Así las cosas, no es cierto, como alega el recurrente, que esto implique la

inexistencia de una condición esencial para la formación o existencia del acto o contrato,

específicamente, la capacidad legal para contratar. Por el contrario, aún en la

hipótesis de que tuviera razón en cuanto a la limitación apuntada (aspecto que

se insiste no se está valorando en esta sentencia), lo cierto es que el

casacionista no desconoce que las personas que comparecieron a suscribir los

contratos ostentaban, en ese momento, el cargo de gerentes, y que como tales

ejercían la representación legal. En consecuencia, la falta de autorización por

parte de la Asamblea

de Asociados vendría a constituir una imperfección, y por lo tanto, se

subsumiría dentro de los supuestos de nulidad relativa previstos en el artículo

836 del

Código Civil. Así las cosas, no resulta procedente aducir que

el pronunciamiento sobre la nulidad de los contratos era de carácter oficiosa.

Así, lleva razón el Tribunal cuando indicó que debido a la

extemporaneidad a que ya se ha hecho referencia, la excepción de nulidad de los

contratos se tuvo por no puesta. De igual manera, el A quo destacó en

forma acertada que, al no existir una pretensión sobre este

extremo por la razón ya apuntada, no era factible jurídicamente realizar

pronunciamiento alguno. En todo caso, y a mayor abundamiento de razones, es

importante señalar que el derecho costarricense proscribe a cualquiera de las

partes aprovecharse de su propio dolo, por lo que, no le es dable a la Cooperativa, luego de

haber utilizado los recursos provenientes de esos contratos, alegar un vicio en

su propia voluntad de contratar. Por otro lado, aún de admitir esa afirmación,

de anularse el contrato, por disposición expresa del numeral 844 del Código

Civil, habría que restituir a las partes al estado en que se hallarían si no

hubiese existido el acto, lo que conllevaría al mismo resultado que se deriva

de la sentencia que se impugna en cuanto al capital, esto es, la devolución de

la sumas entregadas con ocasión del contrato cuya nulidad se alega. Por las razones expuestas, lo procedente es rechazar el recurso.

VI.-

En

virtud de lo indicado en los anteriores considerandos, deberá rechazarse el

recurso interpuesto y confirmar la sentencia impugnada.