Resolución 00196-2012

Con base en el fallo de la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia, n.° 2008-13431 de las 9 horas 38 minutos del 2 de

setiembre de 2008, la actora presenta la respectiva

liquidación para que se apruebe: HONORARIOS POR OPINIÓN JURÍDICA: $500,

HONORARIOS POR LA ATENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO $3.125,00.

COSTAS DE RECURSO DE AMPARO ¢75.000,00.  HONORARIOS POR LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD:  $500,00.  HONORARIOS POR CONSULTAS MÉDICAS Y

PSICOLÓGICAS:  ¢150.000,00.  COMPRA DE MEDICAMENTO: ¢150.000,00.

RETIRO DE AHORRO DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA: ¢420.701,66.

INTERESES SOBRE ESE MONTO: ¢49.057,78. INTERESES SOBRE LOS HONORARIOS

LIQUIDADOS: ¢271.263,07.

El

representante de la Junta de Protección Social contestó conforme a su escrito

de folios 98 al 110.

El Juez Dyan Monge Alfaro, en sentencia n.° 193-2011 de

las 11 horas 55 minutos del 1° de febrero de 2011, resolvió: “De conformidad

con los hechos que informan el proceso, citas legales y jurisprudenciales

mencionadas, se

La señora S., labora en la Junta de Protección Social (en

lo sucesivo JPS) y como profesora en el Colegio Nocturno de [...]. Mediante la

resolución RH-89 P.A.D.O. 04-2008 emitida por la JPS, se le comunicó la

apertura de un procedimiento ordinario administrativo, para determinar si

vulneró el canon 17 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito

en la Función Pública (en adelante Ley 8422), por desempeñar dos cargos

públicos simultáneamente, lo que podría generar el despido sin responsabilidad

patronal. La ejecutante, acudió a la Sala Constitucional, la cual, mediante el

fallo nº 2008-13431 de las 9 horas 38 minutos del 2 de setiembre de 2008,

resolvió a su favor y anuló la resolución administrativa indicada, condenando a

la JPS, al pago de las costas, daños y perjuicios causados. En razón de lo

anterior, la vencedora del recurso, acudió a proceso de ejecución de sentencia,

liquidando los extremos concedidos en sede constitucional de la siguiente

manera: $500,00 de honorarios por la opinión jurídica, $3.125,00 de honorarios

por la atención del procedimiento administrativo, ¢75.000,00 de costas del

recurso de amparo, $500,00 de honorarias por la interposición de acción de

inconstitucionalidad, ¢150.000,00 por honorarios de consultas médicas y

psicológicas, ¢150.000,00 de compra de medicamentos, ¢420.701,66 por concepto

de ahorro personal retirado de la asociación solidarista, ¢49.057,78 de

intereses sobre el monto de dicho ahorro por el periodo que va del 2 de

setiembre de 2008 al 3 de noviembre de 2009 y ¢271.263,07 de intereses sobre

los honorarios liquidados y por el mismo período lapso de tiempo, más los que

se generen a futuro y hasta su efectivo pago. Asimismo, requiere el pago de

¢10.000.000,00 por concepto de daño psicológico y de ¢20.000.000,00 por daño

moral, así como ambas costas de la ejecución. La JPS contestó en forma

negativa, y solicitó se declaren sin lugar las pretensiones aducidas. El

Juzgado Contencioso declaró parcialmente con lugar la ejecución, condenando

únicamente, al pago de ¢1.060.000,00 por concepto de daño moral subjetivo

y  ¢75.000,00 por costas personales, así como los intereses legales sobre

dicha suma, a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Condenó

también al pago en costas de la JPS. Acuden en casación ambas partes.

RECURSO DE LA

PARTE EJECUTANTE

CASACIÓN POR VIOLACIÓN A NORMAS SUSTANTIVAS: Alega,

violación de las normas 1025 del Código Civil, 53 del Decreto de Honorarios

32493-J y 328 de la LGAP. También invoca, falta de aplicación de los cardinales

9 y 41 de la Constitución Política, 190, 191, 194, 196 y 197 de la Ley General

de la Administración Pública  (en adelante LGAP) en relación con los

cánones 1045 y 1048 del Código Civil. En este sentido, reclama el juzgador

rechazó lo peticionado tanto por daño material como por daño moral.

Primero:

Respecto del daño material, explica: 1) el Juzgador de instancia, no

admitió los honorarios cancelados por una opinión jurídica (asesoría legal)

utilizada para enfrentar las consecuencias legales producto del procedimiento

administrativo iniciado por la JPS. Manifiesta, el juez no consideró el nexo de

causalidad entre la necesidad de una consulta jurídica y su situación, que en

definitiva no se hubiere presentado, si la JPS no hubiere iniciado ese ilegal

procedimiento. Explica, el juzgador tampoco valora su posición de educadora, su

nivel económico y su desconocimiento en materia legal. No es de recibo, aduce,

la aplicación del numeral 1025 del Código Civil por parte del juez. La

interpretación que realiza de ese precepto, critica, es inapropiada y omite

desarrollar con mayor abundamiento su aplicación al caso en concreto. Cita

normativa, doctrina y jurisprudencia  constitucional,  para

fundamentar su recurso, concretamente en que se refiere a la responsabilidad

administrativa. Alega, en el caso bajo análisis, opera la responsabilidad

objetiva por los daños causados en virtud del procedimiento administrativo

iniciado en su contra.

Reprocha el rechazo de la liquidación de los

honorarios profesionales correspondientes al procedimiento administrativo.

Acusa aplicación indebida del artículo 53 del Decreto de Honorarios 32493-J y

del numeral 328 de la LGAP, por cuanto, en su juicio, la defensa se pactó

conforme los honorarios por hora, autorizados por dicho Arancel. Los honorarios

pretendidos, argumenta, tienen relación con los daños y perjuicios causados, ya

que a través de la defensa legal contratada, logró la suspensión y archivo del

procedimiento administrativo en su contra. Reitera y resalta, lo que liquida en

el proceso, son los daños originados por la JPS, no las costas de ese

procedimiento administrativo como erróneamente colige el juzgador. En apoyo de

su reproche, cita extractos de las resoluciones nº 0074-F-2007 de esta Sala y

la nº 00036-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo.

Protesta,

el rechazo de los honorarios liquidados por la acción de inconstitucionalidad.

Indica, debido a la actividad desplegada por la JPS en su contra, se vio

obligada, asevera, a pagar abogados en diversas instancias, entre ellas, ante

la Sala Constitucional. Cataloga esos gastos como daños a su patrimonio, que no

está obligada a asumir.

Arguye, tuvo que disponer del ahorro personal

que tenía en la Asociación Solidarista de Empleados de la JPS (ASEJUPS), con el

objetivo de cancelar los gastos incurridos en su defensa. El juez no concedió como

parte del lucro cesante, los intereses que le hubieran correspondido en razón

del dinero que tuvo que retirar de la Asociación y que fueron debidamente

liquidados en ejecución de sentencia. Asimismo, en relación a este extremo del

agravio, la ejecutante aduce una valoración indebida de la prueba documental y

preterición de la prueba testimonial. Respectivamente, una certificación

emitida por la ASEJUPS y la declaración del señor P.. Su valoración, explica,

no es conforme las reglas de la sana crítica, según el canon 330 del Código

Procesal Civil.

Finalmente, recrimina, no se concedieron los intereses

sobre las diferentes partidas de daños liquidadas.

Respecto del

daño moral y sicológico, argumenta, no estar conforme con el monto concedido en

sentencia por ese concepto. Señala y narra, a su sentir, cada una de las

situaciones de angustia vividas durante la existencia del procedimiento

administrativo en su contra. La suma de ¢5.047,00 diarios concedidos por el

juez por este extremo, advierte, no cumple con la función indemnizatoria del

verdadero daño moral objetivo y subjetivo ocasionado. Por lo anterior, solicita

sea revisado el rubro concedido,  conforme los criterios de razonabilidad

y proporcionalidad que le son debidos y se fije un nuevo monto por daño

sicológico y moral entendido el primero como subjetivo y el segundo como objetivo

y no subsumidos ambos en uno como erróneamente resolvió el juez de manera que

acusa: 1) aplicación errónea  de los numerales 190, 191, 194, 196 y

197 de la LGAP y 1045 y 1048 del Código Civil, en el tanto se omitió conceder

por separado ambos daños y; 2) se atribuyó a la prueba testimonial y

documental que sustentaba el daño, una indebida valoración de conformidad con

los preceptos 330, 368, 351, 352 y 353 del CPC.  En sustento de su

manifestación, cita jurisprudencia de la Sala Primera.

RECURSO DE LA

PARTE EJECUTADA

CASACIÓN POR VIOLACIÓN A NORMAS SUSTANTIVAS. ÚNICO.

El representante legal de la institución demandada, reprocha la condenatoria en

daño moral. Endilga errónea aplicación del artículo 17 de la Ley nº 8422, al

considerar que JPS, causó un daño moral subjetivo a la ejecutante. Cuestiona,

el juez no tomó en consideración pronunciamientos de la Procuraduría General de

la República  (PGR) y oficios de la Contraloría General de la República

(CGR), que obligaban a la JPS, a realizar un procedimiento administrativo, por

desempeñar simultáneamente, dos cargos en la Administración Pública. Cita

extractos de los dictámenes C-194-2005 del 20 de mayo de 2005 y C-433-2006 de

la PGR y el oficio nº 00360, DAGJ 81-2005 del 12 de enero de 2005 del órgano

contralor. Insiste, la JPS no efectuó una interpretación antojadiza de la norma

analizada, sino que se basó en criterios vinculantes y de control externo, a

pesar de la interpretación dada por la Sala Constitucional. Critica, el

Juzgador resolvió únicamente con las apreciaciones esgrimidas por la Sala

Constitucional en el voto que se ejecutaba, sin valorar elementos jurídicos y

jurisprudenciales que obligaron a la JPS a iniciar un procedimiento

administrativo contra la señora S.. El daño, tratándose de las ejecuciones de

sentencias constitucionales, arguye, debe ser cuantificado y demostrado, no

obstante, el juez de ejecución, no apreció el acervo probatorio aportado,

puesto que únicamente fundamentó su fallo en las apreciaciones de la Sala

Constitucional. Finalmente, en relación a la ejecución de votos

constitucionales, el casacionista invoca en apoyo de su posición, la resolución

nº 48-2008 de las 8 horas del 29 de enero de 2008 también del Juzgado

Contencioso.

En primer término, es importante referirse a la

naturaleza sui generis de los procesos de ejecución de sentencias en

recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad, ya que es un aspecto

insito en el análisis de las censuras planteadas. En sede constitucional, dada

la especialidad de la materia, lo que se ventila es, únicamente, si se generó

una lesión a un derecho fundamental, no así la existencia de daños y

perjuicios, aún y cuando se realice una condena en abstracto para su

indemnización. Como consecuencia de lo anterior, le corresponde a la

jurisdicción Contencioso Administrativa determinar la existencia del daño

efectivo, evaluable e individualizable sufrido (artículo 196 de la Ley General

de la Administración Pública), en este caso, por el amparado, así como la

existencia de un nexo de causalidad entre la conducta violatoria de los

derechos fundamentales, y la lesión que pretende ser reparada. Desde esta

perspectiva, la ejecución de este tipo de sentencias no se agota en la

cuantificación de los rubros, sino que resulta un elemento esencial el

determinar los aspectos antes señalados, los cuales son constitutivos del deber

de reparar. Por ello, aún y cuando exista una condena en abstracto al pago de

daños y perjuicios, ello no implica, per se, que estos se produjeron, lo

cual debe ser debidamente acreditado por el ejecutante, en este proceso,

mediante los medios de prueba dispuestos por el ordenamiento jurídico. Lo

anterior ya ha sido indicado en ocasiones anteriores por este órgano, para lo

cual pueden ser consultados los votos 490 de las 8 horas del 14 de julio de

2005 y 966 de las 14 horas 25 minutos del 11 de diciembre de 2006, entre otros.

Respecto del recurso de la actora. El reclamo

gira en torno al rechazo de los extremos peticionados por concepto de daños

materiales así como la suma concedida por daños morales.  Conviene de

previo a resolver lo que en derecho corresponde, analizar las pretensiones del

ejecutante. En ese sentido se pretende primero el daño material

consistente en lo pagado por a) defensa legal del procedimiento

disciplinario seguido en su contra desglosado así: $500 de honorarios por

consulta jurídica, $3.125,00 de honorarios por atención del procedimientos

disciplinario, ¢75.000,00 por costas del recurso de amparo, y $500,00 de

honorarios por la interposición de la acción de inconstitucionalidad, b)

por concepto de consultas médicas y sicológicas la suma de ¢150.000,00 e igual

cantidad por compra de medicamentos, c) un total ¢420.701,66

correspondientes al retiro de ahorro personal de la Asociación Solidarista de

Empleados de la JPS y a título de perjuicios ¢49.057,78 de los intereses

dejados de percibir del ahorro y ¢271.263,07 de los intereses correspondientes

a los honorarios liquidados.

El daño sicológico valorado en

¢10.000.000,00 y daño moral subjetivo estimado en ¢20.000.000,00. Así como el

pago de ambas costas de la ejecución. Vistas la petitoria de la ejecutante, lo

cual cotejado con lo resuelto por la Sala Constitucional, en el voto que se

pretende ejecutar y otorgado en la resolución impugnada,  estima este

Órgano Decisor, no lleva la razón la parte recurrente en sus alegatos, tal y

como a continuación se detalla. La sentencia que se recurre condenó

parcialmente con lugar la ejecución del recurso de amparo, fundamentado en que

tuvo por no probado lo siguiente:1) los gastos por consultas médicas y

sicológicas, 2) el nexo de causalidad entre la salida de la ejecutante de la

Asociación Solidarista y la conducta sancionada por la Sala Constitucional.

Además en lo referido al resto de los extremos materiales, dispuso: “(…) a)

La opinión jurídica que rola a fs. 18-74 del expediente judicial no deja de ser

eso un simple criterio expuesto por un profesional en derecho, que no era

necesario a efectos de entablar el recurso de amparo, cuyos efectos aquí se

ejecutan, ni para ejercer una adecuada defensa en sede administrativa; ello sin

llegar a constituir elemento probatorio alguno en lo que respecta a este

proceso de ejecución. Razones por las que los $500,00 que se reclaman por dicho

concepto, resultan improcedentes; siendo que, en todo caso y conforme a lo

previsto por el numeral 1025 del Código Civil  lo acordado dentro de la

relación profesional-cliente (sea, entre contratantes) no puede imponerse o

hacerse valer ante terceros en este caso a la JPS-. Que de paso no han sido

partícipes del convenio.- b) Los honorarios del procedimiento administrativo

($3.125,00), pues a parte de no ajustarse al decreto ejecutivo 32493-J y a lo

dispuesto por el artículo que precede, en ese caso tan solo existe una

condenatoria en costas y están referidas al recurso de amparo que se ejecuta;

en igual sentido, se encuentra el hecho que, de acuerdo al ordinal 328 de la

Ley General de la Administración Pública, no deben reconocerse costas dentro de

los procedimientos administrativos.- d) Los honorarios relacionados con la

acción de inconstitucionalidad ($500,00), pues al igual que el anterior

extremo, se encuentra fuera de la condena ejecutoriada; es decir, no están

incluidas dentro del voto constitucional en ejecución. (…) e) y f) Pues si bien

se tuvo por acreditado que la señora S. asistió a consultas médicas y

psicológicas privadas, no se acreditaron los gastos que ello le deparó, ni que

haya desembolsado suma alguna por concepto de medicamentos, incumpliendo así la

ejecutante, con la carga probatoria que le correspondía (…). g) Dado que como

bien refirió el representante institucional, la afiliación y desafiliación de

una asociación solidarista es una decisión meramente personal; aparte que, no

se logró engarzar la salida de doña S. de aquella, como producto del proceder

sancionado por la Sala, extrañándose, así el nexo causal antes referido. Nótese

en ese sentido que, la deposición del testigo P. en cuanto al punto lo es por

referencia de la señora S., y no porque le conste dicha situación; lo cual en

asocio al incumplimiento del artículo 196 de la Ley General de la

Administración Pública <al no evidenciarse el monto efectivo, evaluable e

individualizable que presuntamente se retiró por concepto de ahorro personal

(420.701,66)> hacen que la partida deba rechazarse (…) h) con relación a los

intereses requeridos <a excepción de los referentes a las costas del amparo,

que se analizarán por separado> y dada la forma en que se resolvieron los

anteriores extremos, los mismos deberán rechazarse; téngase presente que, éstos

resultan ser accesorios al principal, y per se, deben correr su misma suerte.-…”

Concuerda esta Sala con lo resuelto por el juez de instancia. La sentencia

ejecutada prevé el pago de las costas del recurso de amparo, no así los gastos

incurridos por motivo del procedimiento administrativo como lo son los

honorarios por la  defensa jurídica del proceso disciplinario y menos los

erogados por la consulta legal realizada o los referidos a la acción de

inconstitucionalidad interpuesta, pues la condena del recurso de amparo no los

comprende. La consulta legal desplegada era no era necesaria para la

presentación del recurso constitucional que ahora se ejecuta, siendo que lo

único que en efecto permite la ley, es el pago de costas del amparo las cuales

se fijaron en la suma de ¢75.000,00. Es importante rescatar que  la

condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta juzgada

como contraria a la Constitución Política en un recurso de amparo, implica que

aquellos que fueren reclamados en sede de ejecución, deberán derivarse, en un

vínculo de causa-efecto, del quebranto concreto de sus derechos

constitucionales violentados. Así  pues, pese que la ejecutante pretenda

el reconocimiento de éstos gastos legales como daños materiales, en criterio de

esta Sala constituyen honorarios, siendo que las únicas costas que se pueden

recuperar son las vinculadas con el recurso de amparo y su ejecución y siendo

que en la resolución recurrida se condenó a la parte ejecutada al pago de

¢75.000,00 por concepto de costas del amparo dicho rubro ya fue cubierto,

debiendo rechazarse en consecuencia, el resto de gastos legales pretendidos.

En lo que se refiere al daño moral y sicológico, la

ejecutante advierte no estar de acuerdo en lo concedido, por cuanto la angustia

vivida durante el procedimiento administrativo, el cual podía resultar en el

despido, supera la suma otorgada de ¢5.047,00 diarios.  El juzgador,

estableció que lo reclamado por daño moral y sicológico, peticionados por

separado, constituyen una sola lesión moral subjetiva y justificó el monto de

¢1.060.000,00 conferido por ese concepto, en que es lógico pensar que ante una

situación como la que se vio expuesta la ejecutante, se haya generado estrés,

desesperación, incertidumbre, angustia, zozobra entre otros. Afecciones

emocionales que duraron siete meses y fracción, todo lo cual fue confirmado por

los testigos P. y C., así como el certificado del médico M.. En suma, tuvo por

acreditado el daño moral manifestado en nerviosismo, tristeza, estrés, ansiedad

y depresión, por ello consideró el juzgador, proporcional y razonable la

fijación del  daño moral subjetivo en ese monto. Para efectos de

indemnización, como reiteradamente lo ha señalado esta Sala, debe distinguirse

entre los dos tipos de daño moral, a saber, el objetivo y el subjetivo o de

afección. También, es necesario precisar, contrario a lo indicado por el juez,

que el daño moral subjetivo y el sicológico son distintos “…el primero,

afecta los sentimientos en cuanto el dolor, congoja o sufrimiento que

experimenta la persona ofendida como consecuencia del agravio; mientras que el

segundo, es constatable científicamente por los síntomas que se exteriorizan

mediante diferentes formas, pero que evidencian siempre una situación

traumática.” (fallo de esta Sala nº 662-F-S1-2010 de las 14 horas 20

minutos del 23 de mayo de 2011). Ahora bien, tomando en cuenta el tema central del

reparo, resulta conveniente realizar algunas precisiones en relación al daño

moral subjetivo, que se produce respecto de un derecho extrapatrimonial, sin

repercusión en el patrimonio, pues sus secuelas se agotan en las condiciones

anímicas del afectado. Considerando que la prueba de este tipo de lesión es “in

re ipsa”, el monto debe fijarse de acuerdo con el prudente arbitrio y con

base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, es

importante recordar que la valoración del juez dentro de ese marco inexorable,

permite que su cuantificación sea acorde a Derecho y no lleve a indemnizaciones

desproporcionadas que beneficien o perjudiquen injustificadamente a una de las

partes. Es decir, deben guardar un justo equilibrio derivado del cuadro fáctico

específico. “…No se trata, entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es

inapreciable, sino de fijar una compensación monetaria a su lesión, único

mecanismo al cual puede acudir el derecho, para así reparar, al menos en parte,

su ofensa.”. …” (resolución no. 537 de las 10 horas 40 minutos del 3

de setiembre del 2003. En los mismos términos, las números 845-F-2007 de las 10

horas 5 minutos del 23 de noviembre de 2007 y 001-F-S1-2009 de las 9 horas 5

minutos del 6 de enero de 2009). También, ha dicho esta Sala: “…La

determinación y cuantificación del daño moral subjetivo entonces, queda a la

equitativa y prudente valoración del Juzgador, quien acude para ello a

presunciones del ser humano inferidas de los hechos comprobados. La presunción

humana es un juicio lógico del juez, en virtud del cual se considera probable

un hecho, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que

indican cuál es el modo normal como suceden las cosas y los hechos.…”

(resolución no. 878-F-2007 de las 8 horas 15 minutos del 14 de diciembre de

2007. En el mismo sentido, la no. 001-F-S1-2009 de las 9 horas 5 minutos del 6

de enero de 2009). Acudiendo a este argumento lógico, el juzgador en el hecho

probado quinto, tuvo por acreditado que producto de la situación vivida, la

amparada presentó problemas gástricos, así como de nerviosismo, tristeza,

estrés, ansiedad, depresión y llanto.  En sus consideraciones, se apoyó,

en la prueba testimonial y el certificado médico aportado, y pese a que la

ejecutante alega una indebida valoración de esa prueba, la cual, dicho sea de paso

no precisa, se desprende que la suma fijada por el juez fue establecida dentro

de los presupuestos y parámetros de proporcionalidad y razonabilidad indicados,

en tanto su determinación se encuentra justificada y acorde con lo ocurrido. Es

claro que la lesión sufrida provocó a la actora perturbaciones en sus

condiciones anímicas, que en los aspectos indicados en las consideraciones del

fallo, justifican la condena por el daño moral subjetivo causado en ese monto.

Ahora bien, aún y cuando, debe fijarse un monto por daño moral subjetivo y otro

por daño sicológico, lo cierto es que para la determinación de éste último, se

precisa prueba en concreto que lo demuestre, así por ejemplo un dictamen de un

sicólogo, pues solo él puede diagnosticar lesiones sicológicas. Una vez

comprobados científicamente esos traumas en la psique de la persona afectada,

se podría valorar una indemnización diferente a la concedida por el daño moral

subjetivo. En el caso en concreto la prueba que se estima mal valorada,

concierne a la deposición de testigos que en criterio de la ejecutante,

presenciaron su estrés, sufrimiento y angustia, padecimientos que se enmarcan

dentro de la lesión moral subjetiva no así la sicológica y un dictamen médico,

que solo puede referirse a las dolencias físicas, en criterio de esta Sala fue

correctamente apreciada por el juzgador, para la determinación del daño moral

subjetivo. Ahora bien, pese que juez estimó en forma errada, que el daño moral

subjetivo y el sicológico eran uno mismo y por ello condenó a la JPS al pago de

¢1.060.000,00, cuando su conocimiento y resolución debe ser por separado,

estima esta Sala, el monto concedido deberá mantenerse, por cuanto, es

proporcional y racional a la perturbación en las condiciones anímicas

irrogadas, considerando que se solicitó una condena de 20 millones de

colones.  Es decir la condena económica por ese concepto, compensa la

angustia y sufrimiento que dice haber vivido durante el tiempo que se mantuvo

el procedimiento administrativo.  Conforme a lo anterior, no se aprecia

la indebida valoración de prueba acusada, siendo procedente el rechazo de los

agravios expuestos por la parte ejecutante.

Respecto

del recurso de la parte ejecutada: En términos generales se muestra inconforme con la condenatoria en daño

moral subjetivo, por cuanto en su criterio actuaron apegados a derecho por lo

que acusa errónea interpretación del artículo 17 de la Ley nº 8422, ya que no

hicieron una interpretación antojadiza de dicha norma, sino que se basaron en

criterios vertidos por la PGR y la CGR. Al respecto resolvió el juez de

instancia: “… a efectos de valorar esta lesión, carece de interés el hecho

de que la aquí ejecutada haya actuado en estricto apego al bloque de legalidad

al instaurar el procedimiento en contra de doña S. y/o que durante el mismo se

le haya garantizado el debido proceso, pues nos encontramos ante la ejecución

de efectos pecuniarios de una condenatoria de la Sala Constitucional, donde se

estimó errónea la interpretación del término “simultánea” otorgado por la J.P.S.,

y violatorio de los derecho de aquella...” Concuerda esta Cámara con lo

resuelto por el juzgador de instancia. La condena de la Sala Constitucional fue

clara en el sentido de que la interpretación dada por la JPS al artículo 17 de

la Ley nº 8422, violentaba el derecho constitucional al trabajo, por cuanto

dicha norma, lo que prohíbe es el desempleó en dos cargos públicos en forma

simultánea, lo que implica una superposición horaria. El propósito de la norma

fue evitar un abuso en el manejo de los fondos públicos y en el caso de la

ejecutante, no hay trasposición horaria, ya que su desempeño en la JPS es

diurno mientras que en el Colegio es nocturno, de ahí que la interpretación de

la norma fue errada en detrimento del derecho fundamental al trabajo.

Lo anterior, motivó la declaratoria con lugar del recurso de amparo y la

correspondiente condena a la Junta al pago de los daños, perjuicios y costas,

que se ejecutan. En ese sentido, estima esta Cámara, no corresponde en la etapa

de ejecución, mucho menos mediante el extraordinario recurso de casación,

analizar si la JPS actuó o no apegada a derecho, como pretende ante esta

instancia la representación de la ejecutada, sino que tanto el juez de

instancia como esta Sala se deben constreñir en la etapa de ejecución de

sentencia y de casación respectivamente, al análisis y demostración de los

daños y perjuicios declarados a favor de la ejecutante por la Sala

Constitucional. Así las cosas,  al no incurrir la sentencia en ningún

vicio, el recurso de la parte demandada debe ser rechazado.

Corolario de lo expuesto, ambos recursos deberán

declararse sin lugar. Son las costas generadas con su ejercicio a cargo de

quienes los formularon conforme lo establece el canon 150.3 del CPCA.